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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-02646-00

Improcedente el amparo: no cumple con el requisito general de procedencia

Fecha
13 de junio de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-02646-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-02646-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

13 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02646-00
Accionante: MANUEL JOSÉ DELGADO DOMÍNGUEZ
Accionados: SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO – No cumple con el requisito general de procedencia
de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Tribunal
Administrativo de La Guajira y la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Manuel José Delgado Domínguez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia en conexidad con los principios de confianza legítima y buena fe, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 28 marzo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, dentro del medio de control de nulidad con
el número de radicación 44-001-33-40-004-2021-00039-00/01, y a la providencia
de 8 de febrero de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
dentro del recurso extraordinario de revisión con el número de radicación 11001-
03-27-000-2023-00002-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02646-00
Accionante: Manuel José Delgado Domínguez

2.1. Manifestó que promovió la demanda de nulidad número 44-001-33-40-004-2021-
00039-00/01 en contra del Municipio de Barrancas, para que se anulara el artículo
107 del Acuerdo núm. 024 de 22 de diciembre de 20201.

2.2. Señalóque el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Riohacha, autoridad judicial que, mediante providencia
de 13 de septiembre de 2021, declaró la nulidad del acto administrativo
mencionado.

2.3. Indicó que el Municipio de Barrancas interpuso recurso de apelación contra la
anterior decisión y, mediante providencia de 28 de marzo de 2022, el Tribunal
Administrativo de La Guajira revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar
negar las pretensiones de la demanda.

2.4. Sostuvo que contra el fallo de segunda instancia presentó el recurso extraordinario
de revisión núm. 11001-03-27-000-2023-00002-00 y que, mediante sentencia de 8
de febrero de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de Estado lo declaró infundado
porque los argumentos estaban dirigidos a reabrir el debate jurídico zanjado dentro
del proceso de nulidad simple.

2.5. Argumentó que en las decisiones cuestionadas se incurrió en defecto sustantivo
porque se tuvo en cuenta el artículo 14 de la Ley 1333 de 25 de abril de 19862, el cual
no era aplicable al caso en concreto, y se dejó de fallar conforme con el artículo 231
de la Ley 685 de 15 de agosto de 20013.

2.6. Agregó que las sentencias proferidas por las autoridades judiciales accionadas
violaron los artículos 1º, 2º, 4º, 29, 83, 283, 287 y el numeral 3 del artículo 313 de la
Constitución Política, porque son decisiones “caprichosas” que no tuvieron en cuenta
el ordenamiento jurídico.

2.7. Afirmó que se desconoció el precedente jurisprudencial de la sentencia “[…] 15—
001-23-31-006-2003-02916-021(182-13), proferida por el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta C.P. DRA MARTA BRICEÑO
VALENCIA, en la que al resolver la situación fáctica, con anterioridad, acerca del
impuesto de industria y comercio sobre explotación de recurso natural no renovable,
concluye, que la accionada opto por una hermenéutica, de la minimacion [sic] o
reducción de los derechos fundamentales, en vez de propugnar a la maximización de
los mismos […]”.

1
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA, ACTUALIZA Y COMPILA LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA EN EL MUNICIPIO
DE BARRANCAS (LA GUAJIRA) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". [Mayúscula original del texto]
2
“Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal”.
3
"Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones".

3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02646-00
Accionante: Manuel José Delgado Domínguez

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 4.1: TUTELAR los derechos fundamentales a la VIOLACION [sic] AL
PRECENDENTE [sic] JURISPRUDENCIAL, AL DEBIDO PROCESO, A LA
CONFIANZA JURÍDICA, IGUALDAD, BUENA FE, Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACION [sic] DE JUSTICIA.

4.2: QUE SE, ANULE INVALIDE Y DEJE SIN EFECTOS LA SENTENCIA
JUDICIAL DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EMITIDA POR EL
TRIBUNAL ADMINITRATIVO DE LA GUAJIRA Y CONTRA LA SENTENCIA
DEL CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA, DE FECHA 8 DE
FEBRERO DE 2024, M.P. MILTON CHAVES GARCIA [sic].

4.3: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINITRATIVO [sic] DE LA GUAJIRA Y A
LA SECCION [sic] CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO, que en un término
de 20 dias [sic], contados partir de la ejecutoria de la providencia, se amparen
los derechos Fundamentales Constitucionales invocados, y profieran nueva
sentencia, acorde con los lineamientos establecidos en dicha providencia […]”.
[Negrilla y mayúscula original del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 28 de mayo de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso al Municipio de
Barrancas y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Riohacha.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo de La Guajira solicitó, a través de la magistrada
ponente de la decisión cuestionada, que se declarara improcedente el presente
mecanismo constitucional porque no se cumplió con el requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional, dado que lo perseguido por el
accionante era crear una nueva instancia procesal, para que nuevamente se
discutiera sobre la legalidad del artículo 107 del Acuerdo núm. 024 de 2020.

5.2. Aseguró que la decisión que se profirió no fue arbitraria y estuvo motivada en
los supuestos de hecho y de derecho aplicables al caso en concreto.

5.3. La Sección Cuarta del Consejo de Estado informó, a través del magistrado
ponente de la decisión de 8 de febrero de 2024, que adoptó la decisión que en

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02646-00
Accionante: Manuel José Delgado Domínguez

derecho correspondía sin que se pueda alegar que se vulneraron los derechos
fundamentales invocados.

5.4. Solicitó que se declarara improcedente la presente acción de tutela porque la
intención del señor Manuel José Delgado Domínguez es convertir la tutela en una
instancia adicional para insistir en los argumentos planteados en el proceso
contencioso y en el recurso extraordinario de revisión.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20216, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20197.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en
defecto sustantivo, en desconocimiento del precedente y violación directa de
la Constitución.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02646-00
Accionante: Manuel José Delgado Domínguez

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02646-00
Accionante: Manuel José Delgado Domínguez

vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

16. El señor Manuel José Delgado Domínguez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia en conexidad con los principios de confianza legítima y buena fe, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 28 marzo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, dentro del medio de control de nulidad con
el número de radicación 44-001-33-40-004-2021-00039-00/01, y a la providencia
de 8 de febrero de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
dentro del recurso extraordinario de revisión con el número de radicación 11001-
03-27-000-2023-00002-00.

17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito general de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

18. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando guarda

11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02646-00
Accionante: Manuel José Delgado Domínguez

relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.

19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.

20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto]

21. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige

13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02646-00
Accionante: Manuel José Delgado Domínguez

advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas
contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de
derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos
arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la
Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se
advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la
protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante
los jueces ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subraya fuera del texto]

22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.

18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02646-00
Accionante: Manuel José Delgado Domínguez

23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.

24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia en conexidad con los principios de confianza legítima
y buena fe, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo, en
desconocimiento del precedente y en violación directa de la Constitución.

25. Frente al defecto sustantivo, refirió que las decisiones se basaron en una norma
que no era aplicable al caso concreto, esto es el artículo 14 de la Ley 1333 de 25 de
abril de 198620, y que en su lugar se debió aplicar el artículo 231 de la Ley 685 de
2001.

26. Sobre la violación directa de la Constitución aseguró que se desconocieron los
artículos 1º, 2º, 4º, 29, 83, 283, 287 y el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución
Política, porque son decisiones “caprichosas” que no tuvieron en cuenta el
ordenamiento jurídico, lo cual les quita validez y las convierte en una vía de hecho.

27. Aseguró que se desconoció el precedente de la sentencia “[…] 15—001-23-31-006-
2003-02916-021(182-13), proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta C.P. DRA MARTA BRICEÑO VALENCIA, en la que al
resolver la situación fáctica, con anterioridad, acerca del impuesto de industria y
comercio sobre explotación de recurso natural no renovable, concluye, que la
accionada opto por una hermenéutica, de la minimacion [sic] o reducción de los
derechos fundamentales, en vez de propugnar a la maximización de los mismos […]”.
[Mayúscula original del texto]

28. La argumentación de la parte accionante para acreditar la vulneración de sus
derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia
en conexidad con los principios de confianza legítima y buena fe reitera los
argumentos expuestos dentro del medio de control de nulidad con el número de
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
20
“Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal”.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02646-00
Accionante: Manuel José Delgado Domínguez

radicación 44-001-33-40-004-2021-00039-00/01 y del recurso extraordinario de
revisión con el número de radicación 11001-03-27-000-2023-00002-00.

29. Encriterio de esta Sala de Decisión, la controversia propuesta por el señor
Delgado Domínguez carece de relevancia constitucional porque: i) el caso involucra
un debate jurídico eminentemente legal, y ii) la parte accionante pretende utilizar
este mecanismo como una tercera instancia, con lo que busca reabrir la discusión
que fue resuelta por los jueces naturales.

30. Se resalta que cuando se alega el desconocimiento del precedente es necesario
mencionar la regla que la decisión objeto de la tutela desconoció. En este caso el
accionante no identificó la supuesta regla jurisprudencial desconocida por las
autoridades judiciales accionadas.

31. En este punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada mediante providencia judicial no
conduce a que el juez de tutela pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta
autoridad no actúa como instancia adicional o de revisión del proceso y, es por esto,
que la intervención del juez constitucional se encuentra limitada por los argumentos
que el extremo accionante haya expuesto o planteado en el mecanismo de amparo.

32. Esta falencia argumentativa no puede ser subsanada por el juez de tutela, dado
que la presente acción constitucional se dirige contra unas providencias judiciales
que han hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible el cumplimiento de
una carga mínima argumentativa que habilite un examen de fondo del caso. En
armonía con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022
señaló lo siguiente:

“[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”21. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia […]”. [Negrilla fuera del texto]

33. Por
otra parte, resulta relevante traer a colación lo decidido por el Tribunal
Administrativo de La Guajira dentro del medio de control de nulidad y por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado dentro del recurso extraordinario de revisión, para
evidenciar que lo pretendido es convertir esta acción en una tercera instancia.

34. El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante la sentencia de 28 de marzo
de 2022, señaló lo siguiente:

21
Sentencia SU-074 de 2022.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02646-00
Accionante: Manuel José Delgado Domínguez

“[…] 3.2. El problema jurídico

Acorde con lo antes expuesto, y con el propósito de resolver de fondo el
proceso de la referencia, corresponde a la sala atender el siguiente problema
jurídico:

¿Al establecerse en la disposición demandada, como tarifa del impuesto de
industria y comercio, la actividad industrial de extracción de hulla (carbón de
piedra), extralimitó el concejo municipal de Barrancas las competencias
constitucionales y legales que tiene atribuidas en materia de imposición de
tributos respecto a actividades mineras de explotación de carbón?

3.3. Tesis

Se sustentará como tesis que, de acuerdo a la posición vigente de la Corte
Constitucional, el constituyente no estableció la incompatibilidad de gravar con
impuesto de industria y comercio actividades que generan regalías,
estableciendo el propio legislador, dentro del margen de dicha compatibilidad,
la posibilidad de gravar con industria y comercio la explotación de canteras y
minas diferentes de sal, esmeraldas y metales preciosos, dentro de las
condiciones establecidas en la ley 14 de 1983.
[…]

[L]a competencia de regulación de los entes territoriales en materia tributaria,
se sujeta a que se acaten los lineamientos impuestos por el legislador, al tenor
igualmente de la interpretación realizada por la Corte Constitucional respecto
de las competencias de los órganos de representación popular para la creación
y reglamentación de tributos […].

[S]e infiere que los órganos de representación popular deben fijar directamente
los elementos del tributo, con arreglo al mandato constitucional. Mandato del
cual -acorde con lo esbozado por la jurisprudencia- se desprenden dos de los
principios esenciales del sistema tributario: (i) el de legalidad tributaria y el de
(ii) certeza de los tributos.
[…]

En conclusión, de las anteriores referencias jurisprudenciales relativas a los
principios de legalidad y certeza de la obligación tributaria, se extraen los
siguientes aspectos, que resultan relevantes para la definición del problema
jurídico que plantea la presente demanda: (i) son los órganos de representación
popular quienes directamente deben señalar los sujetos activo y pasivo, el
hecho y la base gravable y la tarifa de las obligaciones tributarias, pues esta
exigencia emana de lo prescrito por el artículo 338 de la Constitución; (ii) al
establecer los elementos del tributo, es necesario que la ley, las ordenanzas o
los acuerdos determinen con suficiente claridad y precisión todos y cada uno
de los elementos esenciales del mismo; (iii) sólo cuando la falta de claridad sea
insuperable, se origina la inconstitucionalidad de la norma que determina los
elementos de la obligación tributaria; (iv) el requisito de precisión y claridad las
normas que señalan los elementos de la obligación tributaria no se opone al
carácter general de dichas normas; (v) no se violan los principios de legalidad
y certeza del tributo cuando uno de los elementos del mismo no está
determinado expresamente en la norma, pero es determinable a partir de ella.
[…]

12

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02646-00
Accionante: Manuel José Delgado Domínguez

3.6. Solución a la causa
[…]

[S]e tiene que dentro de las actividades industriales gravadas, el artículo 34 de
la citada ley 14 de 1983 indicó que se encuentran las de producción, extracción,
fabricación, preparación, transformación de cualquier clase de materiales o
bienes, norma que fue incorporada por el acuerdo 020 [sic] de 2020.

En el presente asunto no cabe duda y tampoco es objeto de discusión que la
explotación de carbón de hulla y lignito constituye una explotación minera,
entendida como “el conjunto de operaciones que tienen por objeto la extracción
o captación de los minerales yacentes en el suelo o subsuelo22”.

En ese orden, es dable inferir prima facie que la explotación minera es una
actividad industrial gravada con el impuesto de industria y comercio –conforme
artículo 34 de la ley 14 de 1983- y que la base imponible del mismo corresponde
a los ingresos brutos generados por la comercialización de la producción.
[…]

[S]e concluye igualmente que el acuerdo 020 [sic] de 2020 no creó el impuesto
de industria y comercio para la explotación minera, pues solo reprodujo lo
establecido por el legislador en la ley 14 de 1983, razón por la cual al determinar
una tarifa en el artículo 107 –norma que se demanda- no es plausible inferir
que violó la reserva legal y mucho menos contravino la prohibición contenida
en el artículo 231 de la ley 685 de 2001, conforme a lo expuesto en el párrafo
inmediatamente anterior.

De acuerdo a lo anterior, no es posible concluir que en abstracto la norma
demandada viole los artículos 6, 287 y 300 -numeral 4°-.de la Constitución
Política y el artículo 231 de la ley 685 de 2001, razón por la cual se revocará la
decisión de primera instancia y se negarán las pretensiones de la demanda, lo
que genera que en firme [sic] la presente sentencia, quede sin efectos la orden
emitida el treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021) por el a quo, de
suspender provisionalmente los apartes normativos acusados del acuerdo
número 024 del 22 de diciembre de 2020 expedido por el concejo municipal de
Barrancas La Guajira […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del
texto].

35. La Sección Cuarta del Consejo de Estado decidió, dentro del recurso
extraordinario de revisión, lo siguiente:

“[…] 4. Caso concreto. La Sala advierte que no prospera la causal de nulidad
originada en la sentencia, por las siguientes razones:

Como se precisó, para el demandante, la sentencia de segunda instancia es
nula, de una parte, por la incongruencia de la decisión, dado que no resolvió
sobre los argumentos que sustentan el concepto de violación de la demanda.
Y, de otra, por transgredir el debido proceso, al interpretar erróneamente el
artículo 34 de la Ley 14 de 1983, pues no se tuvo en cuenta que fue derogado
por el artículo 231 de la Ley 685 de 2001 -Código Minero- en lo referente a la
posibilidad de gravar la explotación minera con el impuesto de industria y
comercio.

22
Definición traída por el artículo 95 de la Ley 685 de 2001.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02646-00
Accionante: Manuel José Delgado Domínguez

Los artículos 280 y 281 del Código General del Proceso consagran el principio
de congruencia como una garantía al debido proceso de las partes, puesto que
el contenido de las providencias está limitado a las pretensiones de la
demanda, los cargos de ilegalidad que se plantean en la demanda y los
argumentos de oposición, con el fin que exista una identidad y correspondencia
entre lo resuelto y los hechos que se plantean en el litigio.

Al respecto, esta Corporación ha señalado que la congruencia debe ser interna
y externa. La primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la
parte motiva y resolutiva de la sentencia. Y, la segunda, esto es la externa,
implica que la decisión contenida en la parte resolutiva se encuentre en
concordancia con lo pedido en la demanda y en su contestación23. Tratándose
de sentencias de segunda instancia debe tenerse en cuenta el objeto de la
apelación y la competencia del superior (artículo 328 del CGP).
[…]

La Sala encuentra que la sentencia del 28 de marzo de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira no viola el principio de congruencia, pues
el juzgador tuvo en cuenta la decisión de primera instancia y los argumentos
del demandante y del recurrente relacionados con si al gravar con el impuesto
de industria y comercio la actividad de extracción de carbón se viola o no el
artículo 231 de la Ley 685 de 2001. Además, la parte motiva guarda armonía
con la parte resolutiva, pues del análisis de la normativa aplicable concluyó, de
manera razonada, que la norma demandada no es nula y, por tanto, debía
revocarse la sentencia apelada.

Contrario al argumento del recurrente, no existe violación al principio de
congruencia. Cosa distinta es que el estudio del argumento del demandante no
se efectuó en los términos que éste deseaba, sin que esa circunstancia pueda
ser calificada como una omisión del juez de instancia.

Es de anotar que los argumentos del recurso relacionados con la violación del
principio de congruencia de la sentencia están dirigidos, en realidad, a reabrir
el debate jurídico clausurado en sentencia definitiva, para así insistir en la
ilegalidad de gravar con el impuesto de ICA, las actividades industriales de
extracción de hulla (carbón de piedra) y de carbón lignito y, en ese orden, hacer
uso del recurso extraordinario de revisión como si se tratara de una tercera
instancia, pese a que esa no es la finalidad de este mecanismo. No prospera
el cargo.

Respecto a la transgresión al debido proceso que alega el recurrente, se
precisa que dicho argumento no fue desarrollado a cabalidad, pues se limita a
controvertir el alcance interpretativo que el Tribunal Administrativo de La
Guajira dio al problema jurídico sobre si en el municipio de Barrancas se puede
gravar con el impuesto de industria y comercio la actividad de extracción de
hulla (carbón de piedra) y de carbón lignito.

Sobre el particular, se reitera que las causales que hacen procedente el recurso
extraordinario de revisión no aluden a errores sustanciales que puedan
derivarse de la falta de aplicación, aplicación indebida o la interpretación

23
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión. Sentencia
del 3 de marzo de 2020, exp. nro. 11001-03-15-000-2019-03970-00(REV) C.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 14 de
noviembre de 2019, exp. nro. 21084, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto

14

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02646-00
Accionante: Manuel José Delgado Domínguez

errónea de una norma sustancial, pues no es un recurso que proceda por
violación de la ley.24

Además, el recurso extraordinario de revisión no es el mecanismo idóneo para
examinar la actividad interpretativa del juez ordinario ni revisar la valoración
probatoria, pues esas son cuestiones que corresponden a la autonomía e
independencia judicial. El recurso en mención, como se vio, es una excepción
al principio de cosa juzgada, que procede por causales específicas previstas
por el legislador.

Al igual que el cargo de nulidad originada en la sentencia por violación al
principio de congruencia, los argumentos de violación al debido proceso por
interpretación errónea del artículo 34 de la Ley 14 de 1983 y 231 de la Ley 685
de 2001 pretenden reabrir el debate jurídico que concluyó con la sentencia de
segunda instancia.

Luego, de manera alguna las afirmaciones en que el recurrente basó el recurso
extraordinario de revisión pueden ser entendidas como verdaderos argumentos
que se enmarquen en los requisitos de la causal de nulidad originada en la
sentencia.

En suma, el cargo no prospera. En consecuencia, se impone declarar
infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el demandante
[…]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]

36. Las transcripciones anteriores permiten evidenciar que, contrario a lo expuesto
por la parte accionante, las autoridades judiciales accionadas garantizaron sus
derechos y principios constitucionales, asimismo es evidente que la razón por la
que se negaron las pretensiones de la demanda se debió a que el señor Manuel
Delgado Domínguez no logró desvirtuar la legalidad del acto administrativo que
demandó.

37. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”25.

lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
38. Significa
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”;
ya que en “el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”26. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara

24
Ibidem.
25
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
26
Ibidem.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02646-00
Accionante: Manuel José Delgado Domínguez

arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”27.

39. Conforme a lo anotado, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

27
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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