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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02659-00

Fecha
27 de junio de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02659-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Fiduprevisora S.A., vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del FOMAG. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Adriel Antonio Zubiria Miranda contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión. TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02659-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

27 de junio de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2024 02659 00
Accionantes: Adriel Antonio Zubiria Miranda

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02659 00
Demandante: ADRIEL ANTONIO ZUBIRIA MIRANDA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
CUARTA DE DECISIÓN

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado
por el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Adriel Antonio
Zubiria Miranda, actuando por intermedio de apoderada, contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El señor Adriel Antonio Zubiria Miranda solicitó el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia y el “principio de gratuidad”, que estima vulnerados con
ocasión de la sentencia del 20 de octubre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, que revocó
el fallo del 31 de marzo de 2023, dictado por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Medellín, y en su lugar denegó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la
Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales

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Accionantes: Adriel Antonio Zubiria Miranda

del Magisterio (FOMAG), y el Municipio de Medellín, y condenó en costas
a la parte actora1.

1.2. En la referida demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el
señor Adriel Antonio Zubiria Miranda solicitó el reconocimiento de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, establecida en la
Ley 50 de 1990.

1.3. El Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín, mediante sentencia del
31 de marzo de 2023, declaró la nulidad del acto administrativo a través
del cual se denegó la sanción moratoria por la consignación tardía de las
cesantías y en consecuencia, condenó al FOMAG a pagar al señor Adriel
Antonio Zubiria Miranda un día de salario por cada día de retardo, a partir
del 15 de febrero de 2021 y hasta que se haga la consignación.

1.4. El FOMAG apeló la anterior decisión y, mediante fallo del 20 de
octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Decisión, la revocó y en su lugar denegó las pretensiones de la demanda,
en aplicación del precedente fijado por la Sección Segunda de esta
corporación en la sentencia del 11 de octubre de 2023, bajo el radicado
66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022), que unificó el criterio
sobre la materia en el sentido de determinar que2:

“Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio
activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por
ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal.

(…)
Cuarto. Advertir a la comunidad en general que la presente decisión es de
aplicación inmediata a todos los procesos que se encuentren en curso y en los
que se pretenda la aplicación de la normativa que fue objeto de interpretación,
de manera que las consideraciones expuestas en esta providencia en relación
con el tema objeto de unificación constituyen precedente obligatorio en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos
en discusión tanto en vía administrativa como judicial”.

1
Proceso que se adelantó bajo el radicado 05001 33 33 004 2022 00144 00/01.
2
Cita tomada de la página 8 de la sentencia objeto de tutela.

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1.4.1. Además, condenó en costas a la parte actora, con fundamento en
el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), que señala que “salvo en los
procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas”.

1.5. Contra la anterior decisión, la apoderada del demandante alegó en la
tutela que, cuando se interpuso la demanda, no existía sentencia de
unificación sobre el reconocimiento de la sanción moratoria para los
docentes oficiales afiliados al FOMAG. Por lo tanto, el actor actuó de
acuerdo con los principios de buena fe y confianza legítima, pues en ese
momento la demanda tenía todo el fundamento legal, si se tiene en
cuenta que varios pronunciamientos del Consejo de Estado venían
reconociendo el derecho reclamado.

Sostuvo que, si bien el numeral 4º del artículo 365 del Código General del
Proceso (CGP) establece que “cuando la sentencia de segunda instancia
revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a
pagar las costas de ambas instancias”, el Tribunal pudo haber realizado
un análisis de ponderación subjetiva sobre la conducta procesal asumida
por las partes, de conformidad con el artículo 79 ibidem, previa imposición
de la condena, para dar una aplicación razonable a la norma. Y, entonces,
como el actor no actuó con temeridad o mala fe, la autoridad judicial
habría concluido que no había lugar a la condena en costas.

En el mismo sentido, alegó que el artículo 188 del CPACA no impuso la
obligación perentoria de condenar en costas y agencias en derecho, sino
únicamente de emitir un pronunciamiento al respecto, lo cual debe
efectuarse en atención al discurrir del debate procesal. Por tanto, resulta
válido prescindir de imponer tal condena, dando prevalencia al derecho
de acceso a la administración de justicia.

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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. La coordinadora de tutelas de la Dirección de Gestión Judicial de la
Fiduprevisora S.A., quien actúa en calidad de vocera y administradora
del Patrimonio Autónomo del FOMAG, autoridad vinculada como tercera
interesada, manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva
en el asunto, pues su función se restringe a la administración de los
recursos dispuestos para el pago de las prestaciones sociales de los
docentes adscritos al Magisterio, y no tiene la facultad para expedir,
modificar o revocar providencias judiciales.

2.2. El titular del Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín remitió
la copia digital del expediente del proceso ordinario.

2.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Decisión, guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. El señor Adriel Antonio Zubiria Miranda interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el FOMAG, con la finalidad
de obtener el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías, establecida en la Ley 50 de 1990.

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3.2.2. El Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín, mediante sentencia
del 31 de marzo de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda.

3.2.3. El FOMAG apeló la anterior decisión y, mediante fallo del 20 de
octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Decisión, la revocó y en su lugar denegó las pretensiones de la demanda,
con fundamento en el precedente de unificación fijado sobre la materia
por la Sección Segunda de esta corporación en la sentencia del 11 de
octubre de 2023. Además, condenó en costas a la parte actora.

3.2.6. El señor Adriel Antonio Zubiria Miranda interpuso acción de tutela
al considerar vulnerados sus derechos fundamentales por la condena en
costas que le impuso la anterior providencia.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1. De la legitimación en la causa por pasiva

La sala estima que no es procedente declarar la falta de legitimación en
la causa por pasiva alegada por la Fiduprevisora S.A., quien actúa en
calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del FOMAG,
pues esta última entidad actuó como demandada en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho en el que se dictó la providencia debatida,
razón por la cual las decisiones que resulten del presente trámite
constitucional pueden incidir en sus intereses.

3.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

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3.3.2.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación3,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20224, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar
de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos
mencionados. […]”.

En este caso, el accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y el “principio de gratuidad”, que estima vulnerados con ocasión de la
sentencia del 20 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, que revocó el fallo
del 31 de marzo de 2023, dictado por el Juzgado Cuarto Administrativo
de Medellín, y en su lugar denegó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra el FOMAG y
condenó en costas a la parte actora.

3
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
4
M. P. Natalia Ángel Cabo.

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Accionantes: Adriel Antonio Zubiria Miranda

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para el
efecto.

3.3.2.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la

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sentencia SU–573 de 20195, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 6.

3.3.2.3. La competencia e independencia jurisdiccional

La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o con un marcado
contenido económico. La Corte Constitucional ha conceptualizado así este
segundo elemento de la relevancia7:

“[…] La controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las
discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole
económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos
para su trámite, dado que ‘le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de
forma imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario’, so
pena de ‘involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras
jurisdicciones’. En tales términos, un asunto carece de relevancia constitucional,

5
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
6
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
7
Sentencia SU–573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

8
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según lo ha considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera
determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta
interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o legal”,
salvo que de esta ‘se desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes
constitucionales’ o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés general”
[…]”.

En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado
por la parte actora es de naturaleza meramente legal y/o económica. Sin
embargo, en la reciente SU-215 de 2022, al respecto se señaló que:

“no significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición y
aplicación judicial de normas de rango legal se incumple el requisito de
relevancia constitucional […] en la labor judicial la indebida aplicación de normas
de rango legal puede derivar en una violación de derechos fundamentales.
Justamente esa situación es la que sustenta la existencia, caracterización y
definición del defecto sustantivo. En todo caso, la relevancia constitucional exige
que el accionante vincule la discusión legal con la violación de una garantía
fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia el por qué la
interpretación o aplicación de una norma de rango legal afectó garantías
constitucionales. […]”.

Y, para precisar aún más el alcance de este planteamiento, el referido
fallo de unificación advirtió:

“[…] Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias
en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de
casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por
ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las
que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones
de reparación directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de anulación; (iv)
procesos ejecutivos, entre otras materias que implican pretensiones
económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto
siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión
definida ante los jueces ordinarios. […]”.

En suma, el asunto debe trascender al plano constitucional, y ello se logra
cuando la argumentación no se limita a buscar la protección de los
intereses económicos y/o legales que identifican particularmente a la
parte actora, sino que justifica razonablemente la afectación
desproporcionada de los derechos fundamentales que se invocan.

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3.3.3. Caso concreto

3.3.3.1. En cuanto al segundo requisito de la relevancia constitucional,
relacionado con la competencia e independencia jurisdiccional, conviene
recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
este implica que “la controversia debe versar sobre un asunto
constitucional, pero no meramente legal y/o económico”8. En esa medida,
la Corte señaló que un asunto carece de relevancia cuando “(i) la
discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma ‘de
rango reglamentario o legal’, salvo que de ésta ‘se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales’ o (ii) cuando sea
evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, ‘que no representen un interés general’ (…)” 9.

En este caso, el señor Adriel Antonio Zubiria Miranda se encuentra
inconforme con la providencia judicial del 20 de octubre de 2023,
proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, porque, al denegarle las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió
contra el FOMAG, le impuso condena en costas de ambas instancias.

En tal sentido, la controversia propuesta por el actor en la tutela gira en
torno a la forma como, a su juicio, debían ser interpretados y aplicados
los artículos 79 y 365 del CGP y 188 del CPACA, pues estima que el
Tribunal estaba obligado a realizar un análisis previo sobre la conducta
procesal asumida por él a lo largo del trámite, para concluir que, como
había actuado de buena fe, no debería imponérsele tal condena,
particularmente porque, cuando se interpuso la demanda, no existía la
postura jurisprudencial unificada que finalmente llevó a que se le
denegaran las pretensiones.

8
Sentencia SU–573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
9
Ibidem.

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Siendo así, es claro para la Sala que, si bien el actor invoca la protección
de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, lo cierto es que la discusión que propone en
esta acción constitucional, por un lado, se relaciona con aspectos de mera
legalidad, concretamente, con la aplicación de las normas que rigen la
condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y,
por otro lado, tiene alcance y repercusiones de contenido meramente
económico, pues lo que busca es que se le exima de la obligación de pagar
los gastos y expensas en los que haya incurrido la parte contraria,
discusiones que escapan de la órbita de la competencia del juez
constitucional.

La Sala observa que en el caso de autos el debate traído por la parte
actora es ajeno al derecho constitucional y no guarda relación con los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, sino que, se insiste, es de contenido legal y económico, pues
lo que se busca es que se descarte la procedencia de la condena en costas
y agencias en derecho en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió contra el FOMAG, aspecto que debe ser valorado
de manera exclusiva por el juez natural del asunto.

Por lo tanto, es evidente que la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional en relación con el segundo de los presupuestos
estudiados, razón por la cual resulta completamente innecesario el
estudio sobre el posible cumplimiento de los restantes requisitos
generales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales.

3.4. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela, al constatar la ausencia del requisito de
relevancia constitucional respecto de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR no probada la falta de legitimación en la causa
por pasiva alegada por la Fiduprevisora S.A., vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo del FOMAG.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el señor Adriel Antonio Zubiria Miranda contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión.

TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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