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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02661-00

Fecha
27 de junio de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02661-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Fiduciaria La Previsora S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 22 Núm. único de radicación: 110010315000202402661-00 Actora: Paula Andrea Tamayo Villada SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó la actora contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02661-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

27 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202402661-00
Actora: Paula Andrea Tamayo Villada
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia y
ii) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Paula Andrea Tamayo Villada
contra la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderada1, presentó acción de tutela contra la Sala
Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 25 de octubre de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folios 10 y 11 del documento denominado “1_DemandaWeb_Demanda(.pdf)

NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202402661-00
Actora: Paula Andrea Tamayo Villada

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 050013333004202200114-01, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
Departamento de Antioquia, con el fin de que: i) se declarara la nulidad del acto
administrativo identificado con el núm. ANT2021EE039340 de 23 de septiembre de
2021, a través del cual le fue negado el reconocimiento y pago de la sanción por
mora pretendida por la consignación no oportuna de las cesantías, así como la
negativa a la indemnización por el pago tardío de las cesantías; y ii) a título de
restablecimiento del derecho, se ordenara el reconocimiento y pago la sanción por
mora establecida en la Ley 50 de 28 de diciembre de 19902 y la indemnización por
el pago tardío de los intereses a las cesantías.

4. Señaló que, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Medellín
profirió sentencia, en primera instancia, el 31 de marzo de 2023, mediante la cual
concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

5. Sostuvo que, la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio presentó recurso de apelación, el cual le
correspondió conocer a la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia que, mediante sentencia de 25 de octubre de 2023, resolvió:

“[…] PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín el día treinta y uno (31) de marzo
de dos mil veintitrés (2023) y, en su lugar SE NIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA
DEMANDA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”

3

Núm. único de radicación: 110010315000202402661-00
Actora: Paula Andrea Tamayo Villada

SEGUNDO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante y a
favor de la demandada, las cuales serán liquidadas por el A Quo fijándose en ellas
las Agencias en Derecho. […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró:

“[…] Es así que no existe fundamento legal y ni si quiera (sic) jurisprudencial que
consagre obligación de consignación en una cuenta individual de cada docente, en
tanto los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
proceden de diferentes fuentes, además de que se encuentran sometidos al principio
de unidad de caja3, con subcuentas independientes, una de las cuales se encuentra
destinada a las cesantías, lo cual significa que no existen cuentas individuales o
independientes, tal como funcionan los fondo privados, haciéndolas diametralmente
opuestas a los lineamientos y presupuestos establecidos para abrir paso a la sanción
por no consignación oportuna de dichos conceptos, que se encuentra regulada en la
Ley 50 de 1990 y que suponen los siguientes elementos: a)una afiliación a un fondo
privado de cesantías, lo cual no sucede con el FOMAG y b) la obligación de
consignación.

Además, lo decidido por el a-quo, se considera por la Sala vulnerador al principio de
inescindibilidad normativa, pues en este caso la aplicación de las Leyes 50 de 1990 y
344 de 1996 no deviene de la inexistencia de una disposición que delimite la
consignación de las cesantías a los docentes. El H. Consejo de Estado, ha
manifestado que la inescindibilidad se estructura con fundamento en el principio de
favorabilidad, según el cual, no es viable desmembrar las normas legales, de manera
que quien resulte beneficiario de un régimen debe aplicársele en su integridad y no
parcialmente tomando partes de uno y otro ordenamiento, puntualizado en la
sentencia con radicado 63001-23-33-000-2017-00320- 01(2432-18) […]”.

[…]

“[…] El reporte de cesantías corresponde a los docentes activos y retirados, el cual
se liquida a través de los sistemas internos convenidos entre el Fondo y la entidad
territorial, motivo por el cual a juicio de la Sala no existe obligación a cargo de las
Secretarias (sic) de Educación Territoriales, ni de la Nación de consignar, en los
términos pedidos por la parte demandante, el valor de las cesantías que corresponda
a cada uno de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, como lo dispone la Ley 50 de 1990 en los artículos 98 y 99. […]”.

[…]

“[…] Corolario de lo anterior, mediante sentencia de unificación proferida el once (11)
de octubre de dos mil veintitrés, por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
dentro del radicado 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022), precisó que los
docentes estatales afiliados al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO, no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral
3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, toda vez que no es compatible con el sistema
de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Empero, los docentes
en servicio activo que no estén afiliados al FOMAG, les será aplicable la Ley 50 de
1990, y por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección
social a favor del docente. […]”.

[…]

3 artículo 16 del Decreto 111 de 1996

4

Núm. único de radicación: 110010315000202402661-00
Actora: Paula Andrea Tamayo Villada

“[…] En este orden de ideas, a partir del análisis normativo y jurisprudencial expuesto,
particularmente, la sentencia de unificación proferida el once (11) de octubre de dos
mil veintitrés, por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del radicado
66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022), la Sala revocará la Sentencia de
Primera Instancia que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, en
tanto el régimen de las cesantías e intereses a las cesantías de los docentes afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es el contenido en la Ley
91 de 1989, reglamentado por el Acuerdo 039 de 1998 expedido por la Nación –
Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el
cual resulta incompatible con las regulaciones contenidas en el artículo 90 de la Ley
50 de 1990 y el artículo 1 de la Ley 52 de 1975. […]”.

[…]

“[…] 5. SOBRE LA CONDENA EN COSTAS EN ESTA INSTANCIA. Precisa la Sala
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA (Ley 1437 de
2011), deberá disponerse en la sentencia sobre la condena en costas, a menos que
se trate de un asunto de interés público, dándosele el trámite consagrado para tal
efecto en el Código General del Proceso. […]”.

[…]

“[…] De acuerdo con lo expuesto, la condena en costas obedece a un criterio objetivo
valorativo que tiene en cuenta, entre otros asuntos, la acreditación de haberse
causado las mismas en el proceso, se puede disponer de la fijación de agencias en
derecho y dependerá de la posición en la que se encuentren los sujetos procesales.

En este caso en particular, encuentra la Sala procedente imponer costas en ambas
instancias, motivo por el cual se condenará en tal sentido a la parte demandante y a
favor de la demandada lo cual incluye la fijación de Agencias en Derecho por el A
Quo, pues conforme el numeral 4° del artículo 365 del CGP, “Cuando la sentencia de
segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias.” […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. La actora solicitó en su escrito de tutela4:

“[…] Solicito que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, ACCEDO A LA
ADMINITRACION DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD, y conforme a esto se
REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA MAGISTRADO PONENTE
MARTHA CECILIA MADRID ROLDAN radicado: 05001333300420220011401 el
numeral segundo donde condena en costas en ambas instancias […]”.

7. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente5:

4 Transcripción literal del texto.
5 Idem pie de página núm. 4 supra.

5

Núm. único de radicación: 110010315000202402661-00
Actora: Paula Andrea Tamayo Villada

“[…] Cabe resaltar que no Existía sentencia de unificación al momento de la
presentación de las demanda sobre el tema en estudio bajo los mismos fundamentos
y pretensiones y tampoco a la notificación de la sentencia en primera instancia que
fue el día 31 DE MARZO DE 2023, en este sentido se actuó bajo el principio de buena
fe y confianza legítima teniendo de presente siempre que la demanda tenía todo el
fundamento legal y jurídico para su existencia como lo venía fallando en reiteradas
ocasiones el Consejo de Estado.

CUARTO: El día 13 de octubre el consejo de estado notifica sentencia de unificación
No. SUJ032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 Radicado Interno 5746-2022
Demandante: Julián David Quintero Agudelo, en la que ante las DOS (2) posturas
establecidas en la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, donde las
Tribunales del Valle del Cauca y Antioquia y algunos juzgados del Valle del Cauca,
Chocó, Norte de Santander, Santander, Bogotá, Risaralda, Sucre y Antioquia
accedían a las pretensiones de la demanda; mientras que los juzgados y Tribunales
de Santander, Huila, Quindío, Sucre y Boyacá tenían una postura diferente, se decidió
UNIFICAR el criterio en el sentido de precisar que la Ley 50 de 1990.

QUINTO: Sin embargo, el día 25 de octubre de 2023 el tribunal administrativo de
Antioquia sala cuarta de oralidad REVOCA la sentencia de primera instancia emitida
por el Juzgado 4 Administrativo Oralidad.

SEXTO: En este caso concreto Donde en PRIMERA INSTANCIA CONCEDE LAS
SUPLICAS DE LA DEMANDA, y posterior a la misma revoca la totalidad de las
prestaciones, la sala manifiesta que respecto al numeral 4 del artículo 365 del CGP,
“cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias, si bien es cierto lo
pretendido no es que se prevalezca la jurisprudencia por sobre el precepto normativo,
dicha sala si pudo realizar un análisis de ponderación subjetiva respecto de la
conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan
el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la
norma. Estimo que la argumentación que debió sustentar la decisión de abstenerse
de imponer condena en costas debió sustentarse en que no se evidenció que la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe y por consiguiente tampoco aparecen
probados gastos judiciales sufragados por la entidad demandada por tratarse este de
un asunto de pleno derecho.

OCTAVO: Es claro que la entidad judicial omitió dar un DEBIDO PROCESO al curso
que tomo el tema de la sanción Ley 50 de 1990 y no se tuvo de presente el caso
objeto de revisión en dicha sentencia de unificación y donde no se condenó en costas
a la parte demandante, A SU VEZ EXISTIO UN DESCONOCIMIENTO DE
ORDENAMIENTOS JUDICIALES FRENTE AL TEMA DE LA CONDENA EN COSTAS
POR PARTE DEL CONSEJO DE ESTADO, Cabe resaltar que esta apoderada
siempre ha actuado con buena fe, y la entidad judicial desconoció que la transición
jurisprudencial fue desfavorable para la demanda en mención, en igual sentido la
sentencia de unificación si bien es cierto es negativa para nuestras pretensiones
también menciona la NO CONDENA EN COSTAS. […]”.

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 30 de mayo de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Cuarta de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia; y iii) vinculó al Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito de Medellín, a la Nación – Ministerio de Educación

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Núm. único de radicación: 110010315000202402661-00
Actora: Paula Andrea Tamayo Villada

Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al
Departamento de Antioquia y a la Fiduciaria La Previsora S.A.6, en calidad de
terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. La Fiduciaria La Previsora S.A., solicitó i) declarar la improcedencia de la
acción de tutela; y ii) su desvinculación, al considerar que carece de legitimación en
la causa por pasiva, por las siguientes razones:

“[…] El ejercicio de la acción de tutela por vía de hecho exige para el accionante la
fundamentación de causales genéricas y específicas de procedibilidad, las cuales no
están llamadas a ser deducidas por el juez de tutela y por eso, deben ser expuestas
de manera nítida por el accionante. De ahí la importancia de poner de presente a los
Honorables Magistrados que la argumentación de la accionante es exigua en relación
con la configuración de dichas causales porque el mecanismo tutelar se está
utilizando con el ánimo invalidar actuaciones procesales realizadas con anterioridad,
mediante el ejercicio de la presente acción. […]”.

[…]

“[…] Con base en lo anteriormente señalado, es preciso anotar que la accionante
dirige la acción de tutela en contra del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
y la Sentencia del 25 de octubre de 2023, por lo que del libelo de tutela y sus anexos
no se encuentra prueba alguna que a través de la cual se pueda establecer que
Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora Del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales Del Magisterio (FOMAG) se encuentre vulnerando sus
derechos fundamentales, toda vez que las pruebas allegadas en el escrito de tutela
no guardan relación entre FIDUPREVISORA S.A. y el actor. […]”.

[…]

“[…] La entidad Fiduciaria en ningún momento puede proceder a realizar
reconocimientos, modificaciones, correcciones, adiciones u otros de actos
administrativos, ni proceder a realizar pago alguno mientras no exista el acto
administrativo que así lo determine, teniendo en cuenta que se trata del respaldo
contable de la erogación de los dineros del erario público. En ese orden de ideas y
atendiendo las consideraciones expuestas, se puede concluir que no existe ninguna
conducta concreta, activa u omisiva que pueda concluir con la supuesta afectación de
los derechos fundamentales del accionante en relación con Fiduciaria La Previsora
S.A., entidad que para los efectos actúa en nombre y representación del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). […]”.

10. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Medellín allegó copia
digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de

6 Como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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Núm. único de radicación: 110010315000202402661-00
Actora: Paula Andrea Tamayo Villada

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
050013333004202200114-01.

11. La Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Antioquia
guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19917, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20218 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 9, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las
autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados.
Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

14. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por

7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
8 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actora: Paula Andrea Tamayo Villada

pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.

15. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

16. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 200610, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos

10 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Núm. único de radicación: 110010315000202402661-00
Actora: Paula Andrea Tamayo Villada

fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[11].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

17. La Sala advierte que Fiduciaria La Previsora S.A., solicitó su desvinculación,
por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva.

18. Al respecto, es preciso indicar que Fiduciaria La Previsora S.A. fue vinculada
al proceso de tutela de la referencia como tercero con interés legítimo, como vocera
y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; es
decir, que a dicha entidad le asiste interés en el resultado del proceso de la
referencia.

19. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Fiduciaria La
Previsora S.A., le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.

20. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por la Fiduciaria La Previsora S.A.

Problema jurídico

21. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de la relevancia constitucional.

22. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho

11 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202402661-00
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fundamental de acceso a la administración de justicia; iv) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; y v) resolver
el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se
satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

23. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena12, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

24. Esta Sección adoptó13 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200514, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

25. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.

María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
14 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Núm. único de radicación: 110010315000202402661-00
Actora: Paula Andrea Tamayo Villada

causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

26. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”15 que encaje en dichos parámetros.

27. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

28. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

29. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
como requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, dispuesto por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte
Constitucional17.

15 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
17 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Núm. único de radicación: 110010315000202402661-00
Actora: Paula Andrea Tamayo Villada

Acerca del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

30. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de
agosto de 201418, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedencia tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [19]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[20].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [21].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [22].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de

18 Ut supra página 6.

[19] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[20] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[21] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[22] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50
(“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón
de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la
interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del
contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC),
respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

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Núm. único de radicación: 110010315000202402661-00
Actora: Paula Andrea Tamayo Villada

tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [23]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [24].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [25]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedencia y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).

31. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha considerado26:

[23] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[24] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[25] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
26 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto objeto
de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto puesto a
consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”27

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”28

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

32. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, y
esa presunta afectación no tiene su origen en un debate estrictamente legal,
económico o probatorio, ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con
satisfacer una carga argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por
las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales
especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; y iii)

27Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
28 Ibidem.

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cuando se demuestra que el amparo presentado no se utiliza como una instancia
procesal adicional.

33. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202229 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia

29
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

34. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

35. Atendiendo a que, la Corte Constitucional30 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

30 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

36. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

37. Atendiendo a que, la Corte Constitucional31 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Análisis del caso concreto

38. La actora, a través de apoderada, presentó acción de tutela contra la Sala
Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 25 de octubre de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

31 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Actora: Paula Andrea Tamayo Villada

número único de radicación 050013333004202200114-01, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.

39. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

40. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

41. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

41.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 050013333004202200114-01.

Solución al caso en concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

42. Para la Sala, el presente asunto tampoco se encuentra comprendido dentro
de los que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional, toda vez que, según lo expuesto en el escrito de tutela, lo que la
actora controvierte es que la autoridad judicial no debió condenar en costas, en la
medida en que, “[…] no se evidenció que la parte vencida actuase con temeridad o
mala fe y por consiguiente tampoco aparecen probados gastos judiciales sufragados
por la entidad demandada por tratarse este de un asunto de pleno derecho […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202402661-00
Actora: Paula Andrea Tamayo Villada

43. Para la Sala, la actora plantea una afectación de derechos fundamentales
que tiene su origen en un asunto de contenido económico, como lo es la condena
en costas, el cual ya fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le
corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que
ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.

44. Al respecto, es preciso indicar que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para plantear una discusión sobre la aplicación de los artículos 361, 365 y
366 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201232, que regulan el tema de las costas
procesales, por cuanto se trata de un asunto de carácter legal y económico que no
le corresponde decidir al juez de tutela, sino al juez natural del proceso.

45. Asimismo, se resalta que, en ese mismo sentido, la Sección Primera de esta
Corporación, en reiterados pronunciamientos33, y en especial, en la sentencia
proferida el 11 de diciembre de 202034 consideró lo siguiente:

“[…] Del anterior recuento, se advierte que la providencia que pretende cuestionarse
resolvió condenar en costas al actor teniendo en cuenta la referida normativa , por cuanto
si bien se revocó parcialmente la decisión de primer grado, la parte accionada dentro del
proceso ordinario actuó en el trámite de la segunda instancia, por lo que para la Sala no
es viable que el señor ECHEVARRÍA PARRA pretenda usar este mecanismo
constitucional para controvertir un asunto de contenido económico, como lo es la
condena en costas procesales, en el que no se vislumbra una vulneración que
amerite la intervención del juez constitucional, en los términos del artículo 86
Superior.

Bajo esas premisas, se concluye que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para cuestionar asuntos ya resueltos por el juez de conocimiento o plantear una
discusión sobre la aplicación de los artículos 365 y 366 del CGP, que regulan el
tema de costas procesales, pues constituyen un asunto de carácter legal que no
le compete al juez de tutela, sino al operador natural, ello, en aras de evitar que se
convierta en una tercera instancia, conforme lo manifestó el a quo.

32 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de diciembre

de 2018, exp. núm. 11001-03-15-000-2018-03770-00 (AC). Actor: Ariel Ramiro Novoa Vargas.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de noviembre de
2018, exp. núm. 11001-03-15-000-2018-03772-00 (AC). Actor: María Eugenia García Chaparro y otro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018,
exp. núm. 11001-03-15-000-2018-00808-00 (AC). Actor: Jaime Alfonso Castro Martínez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de junio de 2018,
exp. núm. 11001-03-15-000-2018-01143-00 (AC). Actor: E.S.E. Hospital María Inmaculada.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de diciembre

de 2020, exp. núm. 11001-03-15-000-2020-04214-01 (AC). Actor: Carlos Enrique Echevarría Parra. C.P. Dra.
Nubia Margoth Peña Garzón.

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Cabe señalar que en el mismo sentido la Sala se pronunció en sentencia de 5 de
diciembre de 2019, en la que el demandante pretendía a través del mecanismo de
amparo controvertir una decisión proferida dentro de una acción popular en la que no se
condenó en costas a la parte vencida. En dicha oportunidad se dijo:

“[…] Para resolver es necesario realizar un análisis de los requisitos generales y
especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, con el fin de
verificar si se cumplieron a cabalidad, en especial con el de relevancia constitucional.

Cumplimiento del requisito de relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2015, definió los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en particular, al
referirse al de relevancia constitucional, señaló lo siguiente […]”.

[…]

“[…] Luego de revisar la jurisprudencia en torno a la relevancia constitucional como
requisito de procedencia, es menester recordar que las costas procesales constituyen
aquella erogación económica que debe asumir la parte que resulte vencida en un
proceso judicial, conformada por las expensas, que corresponden a los gastos
necesarios para tramitar el proceso y las agencias en derecho que obedecen a la
suma que el juez debe condenar en beneficio de la parte favorecida con la condena
en costas, con el fin de reconocerle los costos afrontados por la representación
de un abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo
y el esfuerzo dedicados a la causa […]”.

[…]

“[…] Del anterior recuento, se advierte que la providencia que pretende
cuestionarse resolvió no condenar en costas o agencias en derecho, al no
evidenciarse temeridad en la actuación procesal, por lo que, para la Sala, no es
viable que el actor pretenda usar este mecanismo constitucional para controvertir
un asunto de contenido económico, como lo es la no condena en costas
procesales, en el que no se vislumbra una vulneración que amerite la intervención
del juez constitucional, en los términos del artículo 86 Superior […]”.

De lo precedente, la Sala concluye que en el caso bajo examen no se cumple con
el requisito de procedencia de la acción de tutela, cuando se erige contra
providencias judiciales, como lo es el de relevancia constitucional, lo que da lugar
a confirmar la decisión adoptada por la Sección Quinta en el fallo de 5 de
noviembre de 2020, mediante el cual declaró improcedente el trámite
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia. […]”. (Resaltado por la Sala)

46. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]”; (ii) que el alcance de la controversia “[…]

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no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el
escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.

47. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de
tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes
transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
se encuentra limitado a asuntos meramente legales y económicos cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

48. Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza
puramente legal y económica; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los
derechos fundamentales indicados supra.

49. De conformidad con lo expuesto, para la Sala no se cumple con el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de la acción
de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora enuncia
la trasgresión de derechos fundamentales, esa presunta afectación tiene su origen
en un asunto de contenido económico que tiene como fundamento para su
reconocimiento un debate estrictamente normativo y de interpretación judicial.

Conclusiones de la Sala

50. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela que presentó la actora contra la autoridad judicial accionada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Fiduciaria La Previsora S.A., por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó la
actora contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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