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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02703-00

Fecha
4 de julio de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02703-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGASE la solicitud de desvinculación formulada por el Fondo de Adaptación. Segundo.- DECLÁRASE la falta de legitimación en la causa por activa del señor Wilder de Jesús Velásquez Tapia, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Tercero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por los señores Rodrigo Miguel Arcia Colón y Jaime Enrique Jiménez Torres, quienes actúan en nombre propio, por las razones aquí expuestas. Cuarto.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02703-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

4 de julio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02703-00
Demandantes: Rodrigo Miguel Arcia Colón y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02703-00
Demandantes: RODRIGO MIGUEL ARCIA COLÓN, WILDER DE JESÚS
VELÁSQUEZ TAPIA Y JAIME ENRIQUE JIMÉNEZ TORRES
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
“B” Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Medio de control de reparación de los
perjuicios causados a un grupo. Supuesta tardanza en proferir
sentencia de segunda instancia

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Rodrigo Miguel Arcia Colón, Wilder de Jesús
Velásquez Tapia y Jaime Enrique Jiménez Torres1, quienes actúan en nombre
propio, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” y el Tribunal
Administrativo de Bolívar, en la que piden el amparo constitucional de sus
derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, mínimo vital y vida digna, que
consideran vulnerados por la supuesta mora judicial injustificada en proferir
sentencia de segunda instancia en el medio de control de los perjuicios causados
a un grupo radicado bajo el No. 13001-23-33000-2018-00529-01.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La parte accionante manifestó que con ocasión a la construcción del puente Yatí,
ubicado en el tramo que cruza el río Magdalena, se eliminó el transporte fluvial y
con ello la producción de botes en madera, fibra de vidrio y hierro, y cesó la
movilización de cargas en la región fluvial, circunstancias que, según relataron,
dejaron sin trabajo al gremio de coteros.

Indicó que, en vista de lo anterior, en ejercicio del medio de control de los
perjuicios causados a un grupo por parte de la Corporación Constructores
Fluviales Yaticeros y los socios se presentó demanda contra el Instituto Nacional
de Vías -INVÍAS, el Consorcio Nacional Yati y el Fondo de Adaptación.

Señaló que el 12 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió
sentencia de primera instancia en la que negó las pretensiones de la demanda,

1
Presentada el 28 de mayo de 2024.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02703-00
Demandantes: Rodrigo Miguel Arcia Colón y otros

decisión que fue notificada el 12 de abril de 2021 y contra la cual interpuso recurso
de apelación el 16 del mismo mes y año.

Por último, refirió que, por auto del 20 de febrero de 2024, la Subsección “B” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado dio traslado por el término de cinco días
de la sustentación del recurso de apelación, y dispuso que una vez vencido el
proceso ingresaría al despacho para proferir sentencia de segunda instancia.

2. Fundamentos de la acción

La parte accionante promovió acción de tutela en defensa de los derechos
fundamentales al debido proceso, trabajo, mínimo vital y vida digna, que considera
vulnerados por la tardanza en proferir sentencia de segunda instancia en el medio
de control de los perjuicios causados a un grupo radicado bajo el No. 13001-23-
33000-2018-00529-01.

Hizo referencia al artículo 86 de la Constitución Política y a los artículos 33, 34 y
35 de la Ley 472 de 1998, y citó un aparte de la sentencia C-215 de 1999 de la
Corte Constitucional relacionada con el fin de la acción de grupo.

Señaló que la acción de tutela es procedente por las siguientes razones:

“PRIMERA: Porque los Derechos Vulnerados son TODOS DERECHOS
FUNDAMENTALES, y por la relación de CONEXIDAD que enlaza aquellos que
no son de la primera generación fundamental, PERO QUE A SU VEZ SON
DERECHOS SUSTANCIALES.-

SEGUNDA: Porque los hechos ocurridos están dentro de la Jurisdicción de su
Despacho por ser el Superior Jerárquico numérico dentro de la Estructura del
Honorable, Consejo de Estado.-

TERCERA: Porque LAS ENTIDADES DEMANDADOS SON DE CORTE
ESTATAL.-

CUARTA: Porque TODAS LAS ETAPAS PROCESALES ESTÁN AGOTADAS,
y asimismo los términos de Ley para proferir el fallo, y el H. Consejero ha
mantenido silencio desde el día seis (6) de Marzo, fecha en la cual ingresó al
Despacho el Expediente respectivo para proferir sentencia, PERO NO HA
HABIDO PRONUNCIAMIENTO del H. Señor Consejero que lleva el caso”.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“1.- Reconózcansenos, Señor Consejero, la Personalidad Jurídica.

2.- Que conmine al Consejero DR. MARTÍN BERMUDEZ MUÑOZ para que
Decrete LA REVOCATORIA DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA proferido por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 12 de Febrero de 2021.-

2.- Que se conmine al Señor Consejero de Conocimiento, Dr. MARTIN
BERMUDEZ MUÑOZ, a que profiera el fallo y proceda a dar traslado para el
Despacho de Origen en el Tribunal Administrativo de Bolívar, para que el
Magistrado José Rafael Guerrero Leal finiquite la parte que a partir de ahí le
corresponde”.

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Demandantes: Rodrigo Miguel Arcia Colón y otros

4. Pruebas relevantes

Con el informe rendido, el Tribunal Administrativo de Bolívar remitió copia del
expediente digitalizado del medio de control de los perjuicios causados a un grupo
promovido por la Corporación Constructores Fluviales Yaticeros -Construfluya
ESAL, y los socios de la misma contra el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS, el
Consorcio Nacional Yatí y el Fondo de Adaptación (rad. No. 13001-23-33000-
2018-00529-00).

5. Trámite procesal

Por auto de 30 de mayo de 2024, la magistrada sustanciadora dispuso la admisión
de la acción de tutela y ordenó notificar el contenido de esa providencia a la parte
demandante, a las autoridades judiciales demandadas -Subsección “B” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, Tribunal Administrativo de Bolívar, y al
Instituto Nacional de Vías -INVÍAS, a la Corporación Constructores Fluviales de
Yati, al Fondo de Adaptación, al Consorcio Nacional Yati, a la sociedad Chubb
Seguros Colombia S.A., a la sociedad Liberty Seguros S.A. y la Compañía Mundial
de Seguros S.A.-, en calidad de terceros con interés, así como a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a quienes se les remitió copia de la
solicitud de amparo.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones Nos. 212449 a
212460 de 4 de junio de 2024, con el fin de poner en conocimiento de las partes y
terceros con interés la precitada providencia2.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado

El magistrado ponente del asunto del que se alega la mora judicial injustificada
hizo un recuento de las actuaciones procesales que se han surtido en el medio de
control de los perjuicios causados a un grupo, y agregó que “es evidente que el
proceso entró al despacho para elaborar proyecto de fallo el 5 de marzo de 2024. Se
resalta que, desde la admisión del recurso de apelación, y hasta la fecha, el despacho ha
proferido varias providencias resolviendo cada una de las solicitudes de la parte
demandante y las necesarias para sanear la nulidad procesal por indebida notificación de
los integrantes no demandantes del grupo”.

Informó que el despacho está evacuando los asuntos por orden de ingreso para
fallo y que, a pesar de que se están tramitando los ingresados en 2016, el caso de
los accionantes cuenta con proyecto de sentencia que será discutido en la próxima
Sala de Subsección que se llevará a cabo en el mes de julio del presente año.

2
Las partes y terceros con interés fueron notificadas a las siguientes direcciones de correo electrónico:
ces3secr@consejodeestado.gov.co, construfluya@hotmail.com, corficor@gmail.com, enaltobi01@gmail.com,
notifemontana@consejodeestado.gov.co, despacho004s3@consejodeestado.gov.co, lsanchez@consejodeestado.gov.co,
notifmbermudez@consejodeestado.gov.co, suruetar@consejodeestado.gov.co, lsierrae@consejodeestado.gov.co,
mherrerar@consejodeestado.gov.co, notififibarra@consejodeestado.gov.co, notiftutelas@consejodeestado.gov.co,
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co, agencia@defensajuridica.gov.co, servicioalcliente.co@chubb.com,
notificacioneslesgales.co@chubb.com, chundecolobia@gmail.com, defensoriachubb@ustarizabogados.com,
rafaelariza@arizaygomez.com, atención.cliente@libertyseguros.co, notificacionesjudiciales@libertycolombia.com,
mundial@segurosmundial.com.co, consumidorfinanciero@segurosmundial.com.co, notificaciones@mincivil.com,
slopez@mincivil.com, notificaciones@morenoqabogados.com, construfluya2002@hotmail.com, obrayat@gmail.com,
ventanillaunica@fondoadaptacion.go.co, notificacionesjudiciales@fondoadaptacion.gov.co, njudiciales@invias.gov.co,
stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co
3
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Demandantes: Rodrigo Miguel Arcia Colón y otros

Para finalizar, indicó que el expediente digital puede ser consultado en la
herramienta digital SAMAI, y manifestó que “no participaré en la acción de tutela de la
referencia como parte ni como tercero y acataré estrictamente las disposiciones que se
adopten en ella”.

6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Bolívar

El magistrado ponente que conoció en primera instancia el medio de control de los
perjuicios causados a un grupo solicitó declarar improcedente la acción de tutela,
por no cumplir con los requisitos establecidos para su estudio de fondo.

Mencionó que el 12 de febrero de 2021, la Sala de Decisión No. 003 profirió
sentencia en el sentido de negar las pretensiones de la demanda promovida por la
Corporación Construfluya y los socios de la misma contra INVIAS, Fondo de
Adaptación y el Consorcio Nacional YATI, en la que se perseguía la declaratoria
de responsabilidad patrimonial del Estado, como consecuencia del daño
antijurídico alegado por los demandantes con ocasión de la construcción del
puente de interconexión Yatí- Bodega.

Por último, señaló que la anterior decisión tuvo como fundamento que de las
pruebas allegadas se estableció que no existía certeza de la existencia del daño
antijurídico causado a los demandantes.

7. Terceros vinculados

7.1. Respuesta del Fondo de Adaptación

El delegado de la entidad solicitó relevar al Fondo de Adaptación de cualquier
responsabilidad en relación con lo pretendido en el mecanismo constitucional, con
sustento en la falta de legitimación en la causa por pasiva de la misma. De manera
subsidiaria, pidió declarar improcedente la acción de tutela.

Indicó que, conforme al objeto de la entidad, encaminado a recuperar, construir y
reconstruir las zonas afectadas por el fenómeno de “La Niña”, en concordancia
con lo previsto en el Decreto 4819 de 2010, la Ley 1450 de 2011 y la sentencia de
constitucionalidad C-251 de 2011, el asunto que se pretende discutir ya fue
valorado en la instancia correspondiente y el Fondo de Adaptación no es la
autoridad competente para atender el caso.

Mencionó que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario que no se cumple
en el asunto en concreto, puesto que no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que haga impostergable el amparo a través del mecanismo
constitucional, y en relación con ello citó un aparte de la sentencia T-241 de 2019
de la Corte Constitucional.

Refirió que tampoco se cumple el requisito de inmediatez debido a que los hechos
en los que se sustenta la vulneración alegada datan del año 2018, oportunidad en
la que se interpuso la acción de grupo, e hizo referencia a la sentencia SU-961 de
1999 de la Corte Constitucional.

Finalmente, solicitó decretar de oficio cualquier excepción que resulte probada
dentro del proceso.

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7.2. El Instituto Nacional de Vías -INVÍAS, la Corporación Constructores
Fluviales de Yatí, el Consorcio Nacional Yatí, la sociedad Chubb Seguros
Colombia S.A., la sociedad Liberty Seguros S.A. y la Compañía Mundial de
Seguros S.A.-, aun cuando fueron notificados en debida forma del auto admisorio
de la acción de tutela, guardaron silencio.

8. Pronunciamiento parte actora

El 11 de junio de 2024, la parte accionante presentó escrito por medio del cual
solicitó tener en consideración los siguientes aspectos al momento de resolver el
asunto: i) al 5 de marzo de 2024 se habían agotado todas las etapas procesales
en el medio de control de los perjuicios causados a un grupo, ii) conforme a lo
dispuesto en los artículos 33, 34 y 35 de la Ley 472 de 1998, el término para
proferir sentencia de segunda instancia feneció con antelación a la presentación
de la acción de tutela, iii) “las razones fácticas probatorias” presentadas en la
acción de grupo por parte de la apoderada prestan mérito para emitir un fallo
favorable a los demandantes, y la dilación los mantiene sometidos a calamidades
alimentarias por la pérdida del empleo y por la falta de ingresos, y iv) en vía
administrativa el Fondo de Adaptación compensó a 538 personas pertenecientes a
organizaciones que decidieron realizar un acuerdo, sin embargo, las
compensaciones son insuficientes y de manejo restringido.

Manifestó que la acción de tutela se “Interpuso ENFOCADA ESPECIFICAMENTE EN
MOTIVAR que el MP Dr. MARTIN BERMUDEZ MUÑOZ, le ponga fin a la Dilación del
Fallo” y señaló que con la misma se persigue que “ESTÁ ACCIÓN DE TUTELA, se
ENFOQUE EN IMPULSAR QUE SE PRODUZCA EL FALLO RESPECTIVO, DE LA
ACCIÓN DE GRUPO”, a lo que agregó que no está encaminada a requerir a las
demandadas en el medio de control de los perjuicios causados a un grupo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Cuestión previa

El Fondo de Adaptación solicitó que se le desvincule del presente trámite
constitucional, debido a que considera que carece de competencia para resolver lo
pedido en la solicitud de tutela.

Del análisis del medio de control de los perjuicios causados a un grupo, la Sala
observa que el Fondo de Adaptación actúa en calidad de demandado, lo que
resulta razón suficiente para vincularlo como tercero con interés en el resultado del
presente trámite, en el que se pretende que se ordene a la autoridad judicial
accionada proferir el fallo de segunda instancia que resuelva el fondo del asunto.

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Así las cosas, la Sala negará la solicitud de desvinculación atendiendo a que su
vinculación se basa en motivos fundados que evidencian que tiene interés en el
resultado del presente asunto.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la Subsección “B” de la Sección Tercera
del Consejo de Estado vulneró a la parte accionante los derechos fundamentales
al debido proceso, trabajo, mínimo vital y vida digna, con la supuesta mora judicial
en la que ha incurrido en proferir sentencia de segunda instancia en el medio de
control de los perjuicios causados a un grupo radicado bajo el No. 13001-23-
33000-2018-00529-01.

4. De la mora judicial y la noción de plazo razonable

La mora judicial fue definida por esta Corporación como la conducta dilatoria del
juez en resolver sobre un determinado asunto que conoce dentro de un proceso
judicial. Tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca los términos de ley
y carezca de motivo probado y razonable, evento en el cual constituiría un
obstáculo para el acceso a la administración de justicia3.

En efecto, de acuerdo con la sentencia C-279 de 20134 de la Corte Constitucional,
el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia comprende
distintos aspectos de cada proceso judicial: (i) el derecho a la acción o de
promoción de la actividad jurisdiccional; (ii) la existencia de mecanismos para la
resolución de conflictos; (iii) la posibilidad de fundamentar las peticiones; (iv) la
obtención de una respuesta de fondo; (v) procedimientos adecuados, idóneos y
efectivos; y (vi) que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin
dilaciones injustificadas y en observancia del debido proceso.

Para determinar si existe mora judicial, es preciso analizar la razonabilidad del
plazo y establecer el carácter injustificado en el incumplimiento de los términos.
La Corte Constitucional ha puntualizado que, no obstante, los análisis que se
hagan sobre la justificación del funcionario sobre la mora judicial, “el derecho a un
debido proceso sin dilaciones injustificadas no pierde efectividad ni siquiera en aquellos
supuestos en que los retrasos se deben a los defectos estructurales de la organización y
funcionamiento de la rama judicial.” En tales eventos, para establecer que el retraso
es justificado es necesario, además, mostrar que se han intentado agotar todos los
medios que las circunstancias permitan para evitarlo5.

Reiterando el anterior precedente judicial, la Sala Plena de la Corte Constitucional
en la sentencia SU-394 de 20166 indicó que la acción de tutela es procedente
cuando las autoridades judiciales incurren en mora judicial injustificada, teniendo
en cuenta que, en estos casos, es posible que el derecho a un debido proceso se
lesione a causa del incumplimiento de los términos procesales, por lo que puede
materializarse un daño que genere perjuicios no subsanables7. La mora judicial
injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un incumplimiento
objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la

3
Sentencia del 11 de octubre de 2012, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Exp. 2012-00052-01(AC).
4
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
5
Sentencia T-030 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
7
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
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dilación y (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial8.

Así mismo, expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida
la afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes;
(iv) la valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el
trámite.

En sentencia T-441 de 20209, la Corte Constitucional acogió dicha postura e indicó
que “el derecho de acceso a la administración de justicia es un bastión del Estado social
de derecho, en cuanto garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución. Sin embargo, esta prerrogativa no se agota en la mera
facultad de presentar solicitudes ante las autoridades judiciales, pues también se extiende
a la salvaguarda de obtener decisiones de fondo en las controversias, las cuales deben
ser adoptadas en un término razonable de tal forma que la respuesta judicial sea
oportuna”, lo que implica para el juez de tutela que en caso de verificar la
existencia de mora judicial pueda ordenar la resolución del asunto en un término
perentorio o con observancia de los plazos previstos en la ley.

La Corte Constitucional se ha apoyado en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 10, en la que se establecieron
criterios objetivos para determinar bajo qué circunstancias se configura la violación
al plazo razonable por parte de las autoridades judiciales o administrativas.

En efecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José de Costa Rica), consagra en su artículo 8.1 (garantías judiciales) el derecho
de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente dentro de un plazo
razonable y con las garantías debidas, lo que se complementa con el artículo 25.1
en el que se reconoce el derecho al recurso judicial efectivo.

La Corte IDH interpretó en conjunto dichas normas, particularmente en el Caso
Genie Lacayo contra Nicaragua11, donde retomó la postura de la Corte Europea de
Derechos Humanos (Corte EDH), que afirma que la razonabilidad del plazo debía
valorarse atendiendo los siguientes criterios: “a) la complejidad del asunto; b) la
actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales”12

Estos tres requisitos fueron complementados posteriormente en el Caso Valle
Jaramillo y otros vs Colombia13, en el cual se agregó un último criterio para
determinar la razonabilidad del plazo, al considerar que se debe “tomar en cuenta la
afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la
persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto
de controversia”.

8
En este aspecto, la Corte Constitucional reiteró los criterios enunciados en la Sentencia T-230 de 2013, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
9
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
10
Caso Genie Lacayo vs Nicaragua, Sentencia de 29 de enero de 1997, (Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Valle
Jaramillo y otros vs Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Kawas
Fernández vs Honduras, sentencia de 3 de abril de 2009 (Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Mémoli vs Argentina,
sentencia de 22 de agosto de 2013, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
11
Corte IDH, sentencia de 29 de enero de 1997, (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 77.
12
Cfr. Ibídem, Corte EDH; Caso Motta Vs Italia, sentencia de 19 de febrero de 1991, Series A Nº 195-A, párrafo 30; Caso
Ruiz Mateos vs España, sentencia de 23 de junio de 1993, Series A Nº 262, párrafo 30.
13
Corte IDH, sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 155.
7
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En conclusión, para identificar si la autoridad judicial incurre en mora judicial, se
debe realizar una valoración de los aspectos objetivos y subjetivos que rodean la
tardanza. Los primeros se relacionan con la complejidad del asunto y la urgencia
de darle solución. Los segundos se refieren a la actitud de los interesados y la
conducta de los funcionarios judiciales dentro del proceso. De esta forma, el
simple hecho de sobrepasar los términos legales dispuestos para fallar no
configura la mora judicial, ya que deben analizarse otras circunstancias
particulares.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. Los señores Rodrigo Miguel Arcia Colón, Wilder de Jesús Velásquez Tapia y
Jaime Enrique Jiménez Torres, quienes actúan en causa propia, promovieron
acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” y
el Tribunal Administrativo de Bolívar, en la que piden el amparo constitucional de
sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, mínimo vital y vida digna,
que consideran vulnerados porque ha incurrido en mora judicial injustificada en
proferir sentencia de segunda instancia en el marco de una demanda presentada
en ejercicio del medio de control de los perjuicios causados a un grupo.

5.2. El titular del despacho judicial accionado, en el informe rendido en este trámite
constitucional, señaló que el asunto ingresó para fallo de segunda instancia el 5 de
marzo de 2024, y cuenta con proyecto de decisión que será discutido en la Sala
de Subsección programada para julio de la presente anualidad. Agregó que se han
surtido distintas actuaciones procesales encaminadas al saneamiento por la
indebida notificación de los integrantes no demandantes del grupo.

5.3. De manera previa a resolver el fondo del asunto, la Sala anticipa que
declarará la falta de legitimación en la causa por activa del señor Wilder de Jesús
Velásquez Tapia, en razón a que no demostró la calidad de demandante en el
medio de control de los perjuicios causados a un grupo, del cual alega la
vulneración a sus derechos fundamentales, debido a que, según se vio el asunto
con radicado No. 13001-23-33000-2018-00529-00, fue admitido mediante auto de
2 de octubre de 2018, en el que se tuvieron como demandantes a la Corporación
Constructores Fluviales Yaticeros -Construfluya ESAL, y los socios José Ines
Bustamante García, Juan Carlos Díaz Moreno, Enrique Hoyos Peñaloza, Jaime
Enrique Jiménez Torres, Miguel Osorio Martínez, Wilson Bustamante García,
Evelio Pérez Arcia, Wilberto Ramírez Payares, Elder Enrique Cruz Moreno,
Manuel del Cristo Bustamante, Walberto Rosales Agosta, Carlos España Durán,
Francisco Sabaye Vanegas, Nabor Cárcamo Bustamante, Jorge Rosales
Martínez, Aníbal Rojas Cera, Rolando Pérez Arcia, Carlos Martínez Arrieta, Evelio
Pérez España, Rodrigo Arcia Colón, dentro de los cuales no se encuentra el señor
Velásquez Tapia, quien tampoco allegó providencia en la que se advierta que fue
vinculado al proceso en calidad de demandante, o en alguna otra condición.

En ese contexto, no está demostrado el requisito indispensable la legitimación e
interés del señor Wilder de Jesús Velásquez Tapia, de acuerdo como lo estipula el
artículo 10º del Decreto 2591 de 199114 para obtener una decisión sobre las

14 “Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por

cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
8
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garantías constitucionales de las que pide protección a través de este mecanismo
constitucional.

5.4. Precisado lo anterior, la Sala procede a establecer si la Subsección “B” de la
Sección Tercera, del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales de
los señores Rodrigo Miguel Arcia Colón y Jaime Enrique Jiménez Torres, por la
tardanza en proferir sentencia de segunda instancia en el medio de control de los
perjuicios causados a un grupo.

De acuerdo con las razones esbozadas en el escrito de contestación de la acción
de tutela por la autoridad judicial accionada y la información suministrada en el
expediente digitalizado que reposa en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI,
se destacan las siguientes actuaciones:

• El 4 de julio de 2018, la Corporación Constructores Fluviales Yaticeros -
Construfluya ESAL, y los socios de la misma promovieron el medio de control de los
perjuicios causados a un grupo contra el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS, el
Consorcio Nacional Yati y el Fondo de Adaptación, que le correspondió por reparto al
Tribunal Administrativo de Bolívar (radicado No. 13001-23-33000-2018-00529-00).

• Por auto de 2 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo de Bolívar decidió
admitir el asunto.

• El 12 de febrero de 2021, la Sala de Decisión No. 003 del Tribunal Administrativo
de Bolívar profirió sentencia de primera instancia en la que resolvió i) rechazar de
plano la nulidad incoada por INVIAS, ii) declarar no probada la excepción de
caducidad de la acción, y iii) negar las pretensiones de la demanda, sin condena en
costas. Dicha decisión fue notificada el 12 de abril de 2021.

• Mediante escrito presentado el 16 de abril de 2021, la apoderada judicial de la
Corporación Constructores Fluviales Yaticeros -Construfluya ESAL presentó recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia.

• Por auto de 27 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de concedió el recurso
de apelación interpuesto contra el fallo de 12 de febrero de 2021.

• Por medio de oficio No. 1176-JRGL-D005 de 27 de mayo de 2021 se remitió el
proceso al Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación. En ese orden, el
asunto fue repartido a la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado
el 21 de junio de 2021 e ingresó al despacho el 30 del mismo mes y año para lo
correspondiente.

• Por auto de 10 de septiembre de 2021, la Subsección “B” de la Sección Tercera
del Consejo de Estado resolvió admitir el recurso de apelación.

• Con memoriales allegados los días 11 de octubre de 2021, 19 de noviembre de
2021, 12 de enero de 2022, 1 de febrero de 2022, 2 de marzo de 2022 y 14 de marzo
de 2022, la parte demandante aportó información, solicitó correr traslado para
presentar alegatos de conclusión y que se impulse el proceso.

• Por auto del 21 de abril de 2022, se resolvió negar una solicitud probatoria por no
adecuarse en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 327 de la Ley
1564 de 2012.

• Por medio de memorial presentado el 25 de abril de 2022, la apoderada de la parte
actora presentó informe sobre el avance hacia el cumplimiento de las reparaciones a

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terceros. Con posterioridad, el 3 de mayo de 2022, el apoderado judicial de Chubb
Seguros Colombia S.A., solicitó la remisión del expediente digital, la cual fue atendida
por la Secretaría de la Sección Tercera el 17 de mayo de 2022.

• A través de memorial de 27 de mayo de 2022, la apoderada judicial de
Construfluya solicitó información sobre el estado actual del proceso y aportó copia de
algunas pólizas de seguro orientadas a la reparación de daños derivados de la
naturaleza de la acción de grupo.

• Por auto de 31 de mayo de 2022, se resolvió negar algunas pruebas solicitadas y
se requirió al Tribunal Administrativo de Bolívar para que remitiera unas piezas
procesales.

• Por comunicado de 24 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de Bolívar
atendió el requerimiento efectuado.

• Mediante memoriales allegados el 12, 14, 15, 19 y 29 de julio de 2022, la
apoderada judicial de la parte demandante solicitó explicar “a qué se debe la excesiva
prolongación del silencio y la retardada definición del proceso” y solicitó el impulso del
proceso.

• Por auto del 25 de octubre de 2022, se ordenó comunicar la existencia de la
acción de grupo a los integrantes del gremio que no fungieron como demandantes,
esto por encontrar configurada una causal de nulidad. Y como informó a la parte
actora que el expediente no había ingresado para fallo debido a las múltiples
peticiones elevadas, y que el asunto se encontraba en etapa de saneamiento.

• Mediante escritos presentados el 1, 3 y 18 de noviembre de 2022, la apoderada
judicial de la parte actora allegó copia del auto por medio del cual se resolvieron
excepciones previas en la acción de grupo con radicado No. 13001-23-33000-2021-
00192-00 y precisó que se trata de un grupo distinto. Por otro lado, allegó copia de
los oficios dirigidos a las emisoras con el fin de atender los avisos ordenados en la
providencia del 25 de octubre de 2022, y presentó un archivo en formato Power Point
con el audio transmitido en el medio radial, y solicitó que se profiera sentencia y que
se indique el turno para fallo asignado.

• Por auto del 29 de noviembre de 2022, la autoridad judicial accionada (i) requirió a
la apoderada de los actores para que allegara los certificados de publicación de la
comunicación en el medio radial; (ii) se informó que el expediente no ha sido
ingresado para fallo y, por ende, no cuenta con un turno asignado dado que está en
etapa de saneamiento y (iii) reiteró que la formulación del llamamiento en garantía en
la etapa procesal en la que se encuentra la acción de grupo no es procedente. En
relación con el requerimiento, el 7 de diciembre de 2022 la parte actora allegó
certificado expedido por el medio radial correspondiente.

• Por auto del 18 de enero de 2023, se corrió traslado de la acción de grupo a los
miembros que no figuraban como demandantes y se reiteró que el proceso no había
sido ingresado al despacho para fallo.

• A través de memorial presentado el 6 de marzo de 2023, la apoderada judicial de
la parte demandante solicitó información sobre el estado del proceso y la fecha en
que se proferirá la sentencia de segunda instancia.

• Por auto del 24 de marzo de 2023, se resolvió declarar saneado el proceso, se
reiteró que el proceso no ha ingreso al despacho para fallo, debido a que de manera
previa se debía establecer si el grupo de demandantes de la acción de grupo con
radicado No. 13001-23-33000-2021-00192-00 que cursa en el Tribunal Administrativo

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de Bolívar, se encuentra integrado en la acción de grupo con radicado No. 13001-23-
33000-2018-00529-00.

• Con memoriales allegados el 29 de marzo, 24 de abril, 8 de mayo, 3 y 14 de
agosto, 28 de septiembre, 10 y 25 de octubre, 9, 14 y 28 de noviembre de 2023, la
parte actora solicitó el impulso procesal de la acción de grupo.

• A su vez, por escritos elevados el 6 de junio y 20 de noviembre de 2023, la
Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado pidió impulso del asunto y
traslado de las solicitudes allegadas por la apoderada judicial de los demandantes.

• Por auto de 7 de diciembre de 2023, la Sección Tercera, Subsección “B” del
Consejo de Estado resolvió dar por terminada la acción de grupo, con radicado No.
13001-23-3000-2021-00192-00 al encontrarse que el grupo demandante era el mismo
que el integrado en la acción de grupo con radicado No. 13001-23-33000-2018-
00529-00, y se informó a la parte actora y a la Procuraduría Primera Delegada ante el
Consejo de Estado, que con ocasión a las múltiples solicitudes el expediente no
había ingresado para fallo. Dicha decisión fue notificada el 23 de enero de 2024.

• Por auto de 5 de febrero de 2024, se requirió al Tribunal Administrativo de Bolívar
para que remitiera el enlace del expediente digital de primera instancia completo, el
cual fue atendido el 13 de febrero de 2024.

• Por auto de 20 de febrero de 2024, se corrió traslado de la sustentación del
recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la Corporación
Constructores Fluviales Yaticeros -Construfluya ESAL contra la sentencia de 12 de
febrero de 2021.

• El 5 de marzo de 2024, el proceso ingresó al despacho para proferir sentencia de
segunda instancia.

5.5. De conformidad con lo expuesto, la Sala debe indicar, en primer término, que
con la presente acción constitucional los accionantes pretenden que se ordene a
la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferir sentencia
de segunda instancia dentro del medio de control de los perjuicios causados a un
grupo radicado bajo el No. 13001-23-33000-2018-00529-01.

Bajo ese contexto, según se aprecia de las actuaciones que se han surtido en el
proceso, se advierte que los derechos fundamentales invocados por los
demandantes no han sido vulnerados, en la medida en que desde que el asunto
fue asignado por reparto a la autoridad judicial accionada -21 de junio de 2021-,
luego de proferirse sentencia de primera instancia, se encuentra demostrado que
la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha proferido
diversas actuaciones, muchas de ellas provocadas por la propia parte actora.

En efecto, se ha dictado el auto admisorio del recurso de apelación, la verificación
de la existencia de alguna causal nulidad, se comunicó la existencia de la acción
de grupo a los demás integrantes del gremio de coteros que no fungían como
demandantes, se resolvió el saneamiento del proceso, así como la terminación de
la acción de grupo promovida por el mismo gremio, la resolución de las solicitudes
probatorias elevadas por la apoderada judicial de la parte demandante y,
finalmente, el traslado del precitado recurso, actuaciones que se han adelantado
dentro de un plazo razonable y que condujeron a que el asunto ingresara al
despacho para fallo el 5 de marzo de 2024. Para la Sala, esas circunstancias
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justifican la tardanza en proferir la sentencia de segunda instancia, pues como se
vio la autoridad judicial resolvió las solicitudes presentadas por la apoderada
judicial de la parte actora y profirió las demás actuaciones propias del trámite
judicial.

En ese orden de ideas, si bien el medio de control de los perjuicios causados a un
grupo fue repartido a la autoridad judicial accionada el 21 de junio de 2021, lo
cierto es que se encuentra demostrado que en el mismo se han proferido distintas
actuaciones judiciales, sin que de las mismas se advierta un actuar negligente o
tardío. Por el contrario, conforme se aprecia de las fechas en que fueron
proferidas las diferentes actuaciones, el proceso ha surtido su trámite con
diligencia, lo que ha llevado a una constante revisión y pronunciamientos ante las
diferentes solicitudes formuladas por la parte actora y los trámites procesales que
debían agotarse con antelación a proveer sobre el traslado del recurso de alzada
interpuesto por la parte actora.

En lo que hace relación con el desconocimiento de la noción de plazo razonable,
la Corte Constitucional en sentencia T-099 de 202115 señaló que “El
desconocimiento del plazo razonable viola la garantía de acceso oportuno a la
administración de justicia. No obstante, si bien la administración de justicia debe ser en
tiempo, como un elemento esencial de la garantía efectiva de un debido proceso, no todo
retardo en la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la
Constitución. Para que esto ocurra, se debe probar que la dilación injustificada tuvo
origen en la falta de diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus
deberes o que el plazo del proceso sea irrazonable. Como ya se ha advertido, el concepto
de plazo razonable es indeterminado, pero determinable y procura acudir al análisis de las
especificidades de cada caso en particular”.

Si bien en la demanda de tutela la parte actora indicó que la autoridad judicial
accionada ha desconocido el término establecido en la Ley 472 de 1998, la Sala
resalta que no cualquier retardo en proferir una decisión judicial genera una
infracción a las garantías constitucionales, puesto que para que ello suceda debe
demostrarse que la dilación no fue justificada y derivó de la falta de diligencia del
funcionario judicial.

Para el caso bajo examen, como se dijo en líneas anteriores, la tardanza en
proferir la sentencia de segunda instancia se encuentra ligada a las solicitudes
realizadas por la parte demandante en el medio de control de los perjuicios
causados a un grupo, la falta de conformación del grupo, que conllevó el
saneamiento del proceso y la existencia de otra acción de grupo promovida por el
mismo gremio.

Así las cosas, si bien en el caso se presenta una tardanza en proferirse la
sentencia de segunda instancia, la misma es justificada, sumado a que no puede
pasarse por alto que la autoridad judicial le informó a la parte actora que el asunto
sería decidido en la Sala del mes de julio de 2024, lo que supone la indicación
cierta de que el medio de control de los perjuicios causados a un grupo se
resolverá prontamente, lo cual se torna razonable desde el momento en que le
proceso ingresó al despacho para fallo -5 de marzo de 2024-.

15 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela
porque existen motivos razonables que justifican la tardanza de la autoridad
judicial accionada en proferir la sentencia de segunda instancia en el medio de
control de los perjuicios causados a un grupo.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- NIÉGASE la solicitud de desvinculación formulada por el Fondo de
Adaptación.

Segundo.- DECLÁRASE la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Wilder de Jesús Velásquez Tapia, por lo expuesto en la parte motiva de esta
decisión.

Tercero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por los
señores Rodrigo Miguel Arcia Colón y Jaime Enrique Jiménez Torres, quienes
actúan en nombre propio, por las razones aquí expuestas.

Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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