Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2018-00529-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2018-00529-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2018-00529-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-23-33-000-2018-00529-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
2 de agosto de 2024
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00529-01 (67100)
Demandante: Corporación Construfluya
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., dos (2) de agosto dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de grupo
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00529-01 (67100)
Demandante: Corporación Construfluya
Demandados: Instituto Nacional de Vías – Invías y otros
Tema: Reparación de los perjuicios causados a un grupo por la
construcción de una obra pública. Se confirma la decisión que negó
las pretensiones de la demanda porque la demandante no formuló
reparos contra los fundamentos de la sentencia de primera
instancia.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia dictada el 12 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar que negó las pretensiones de la demanda.
Esta Subsección es competente para conocer del recurso de apelación según lo
dispuesto en el artículo 150 CPACA1. A su vez, el Tribunal Administrativo de
Bolívar era competente para conocer el proceso en primera instancia por la
naturaleza de las entidades demandadas, de acuerdo con el numeral 16 del
artículo 152 del mismo código2.
El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 10 de septiembre
de 20213. Mediante auto del 13 de febrero de 2023, en los términos de los
artículos 67 y 68 de la Ley 472 de 1998 y del artículo 14 Decreto 806 de 2020, se
dispuso correr traslado del recurso de apelación4. El Fondo de Adaptación5 y el
1 <<El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos>>.
2 <<16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a
un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro
de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas>>.
3 SAMAI, índice No. 12.
4 Samai, índice No. 146.
5 SAMAI, índice No. 152.
1
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00529-01 (67100)
Demandante: Corporación Construfluya
Consorcio Nacional Yatí6 descorrieron oportunamente el traslado del recurso. El
Ministerio Público y el Instituto Nacional de Vías - Invías guardaron silencio.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1.- El 4 de julio de 2018 la Corporación Construfluya (en adelante, la
«demandante» o la «Corporación») presentó demanda de acción de grupo contra
el Fondo de Adaptación (en adelante, el «Fondo»), el Instituto Nacional de Vías
– Invías (en adelante el «Invías») y el Consorcio Nacional Yatí (en adelante el
«Consorcio») en la que solicitó que se declarara la responsabilidad de las
entidades demandadas por los daños causados con la construcción de una obra
pública. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
<<1.- Condénese al Estado Colombiano al pago de la suma de tres mil millones
ochocientos setenta y seis mil cuatrocientos pesos ($3.000.876.400), a favor de la
Corporación Constructores Fluviales Yaticeros, a título de indemnización para que
con esa suma de dinero mis defendidos puedan reingeniar (sic) sus sistemas de
trabajo, en una actividad que sea consecuente con sus vocaciones y pertinente
con el entorno en el cual ellos se han desempeñado históricamente como
constructores de botes en madera, fibra y hierro.
Son: tres mil millones ochocientos setenta y seis mil cuatrocientos pesos
($3.000.876.400) suma equivalente a 3841 salarios mínimos mensuales vigentes
de 2018, lo que en términos per cápita resulta en $136.043.473 para cada una de
las 22 familias que representa cada asociado. 120 meses indemnizados a razón
de $1.136.696 pesos mensuales por familia para que gocen de una calidad de vida
digna mientras recomponen sus sistemas ocupacionales>>.
2.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:
2.1.- El 15 de agosto de 2014 el Fondo de Adaptación dio apertura a la
convocatoria para la contratación del proyecto de interconexión vial entre los
municipios de Magangué y Cicuco en el departamento de Bolívar, que consistía
en un puente vehicular.
2.2.- La construcción de la obra impactó negativamente a los calafateros,
transportadores fluviales, braceros, coteros y trabajadores de embarque y
desembarque de semovientes en el puerto de Yatí, ubicado en el municipio de
Magangué. Esto, porque con la construcción del puente vehicular se reducirían
los ingresos por las labores relacionadas con transporte fluvial que se realizaban
en el puerto, afectando el derecho al trabajo de los integrantes de la Corporación.
6 SAMAI, índice No. 153.
2
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00529-01 (67100)
Demandante: Corporación Construfluya
B. Posición de la parte demandada
3.- El Fondo contestó la demanda, se opuso a las pretensiones y argumentó que:
(i) la acción caducó, pues el término de dos años debía contarse a partir de la
fecha en que se dio apertura a la convocatoria para la construcción de la obra;
(ii) la acción es improcedente, pues el grupo no cumple con las condiciones de
uniformidad exigidas por la ley; (iii) la parte demandante no determinó los hechos
y omisiones que atribuye a la entidad ni el respectivo título de imputación, lo cual
hace imposible una declaratoria de responsabilidad; y (iv) en todo caso, tampoco
se probó el daño alegado.
4.- El Invías contestó la demanda, se opuso a las pretensiones y formuló la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Afirmó que la entidad
únicamente participó en el proyecto para la obtención de la licencia ambiental,
que después fue cedida al Fondo. Esta última entidad fue quien fungió como
contratante de la obra de interconexión vial, por lo cual el Invías no puede ser
llamado a responder por los daños reclamados.
5.- El Consorcio también contestó la demanda y argumentó que: (i) al contrario
de lo afirmado en la demanda, los grupos de comerciantes y trabajadores del
puerto se han beneficiado por la construcción de la obra; y (ii) no es cierto que en
la ejecución de la obra no se hubieran tenido en cuenta las eventuales
afectaciones a los demandantes, pues el contratista realizó planes de
acompañamiento y asesoría.
C. Sentencia recurrida
6.- En sentencia del 12 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo de Bolívar
negó las pretensiones de la demanda. Señaló que: (i) el daño alegado no está
acreditado, pues en el expediente no obran pruebas que demuestren que los
demandantes hayan perdido sus ingresos con la construcción de la obra; y (ii)
desde el inicio de la obra se realizó un proceso de asesoría y acompañamiento a
los trabajadores del puerto teniendo en cuenta las posibles afectaciones que
causaría su construcción, pero la Corporación demandante no participó en dichas
asesorías.
D. Recurso de apelación
7.- La demandante apela y argumenta que la sentencia de primera instancia: (i)
ignora el derecho al trabajo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución; (ii) viola
el derecho al debido proceso, pues aunque la decisión es del 12 de febrero de
2020, fue notificada el 21 de abril del mismo año; (iii) no tiene en cuenta que la
construcción de la obra afectó el mínimo vital de los demandantes; (iv)
desconoció el efecto nocivo que tuvo la obra en los demandantes, que les causó
un lucro cesante; (v) desconoce el principio de prevalencia de la realidad sobre
la formalidad.
3
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00529-01 (67100)
Demandante: Corporación Construfluya
II. CONSIDERACIONES
E. Decisión
8.- La Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda porque la apoderada de la corporación demandante no formuló
reparos ni controvirtió los fundamentos de la sentencia del tribunal, y dicha
circunstancia impide un pronunciamiento de fondo. Según el artículo 328 del
CGP, norma vigente al momento de la interposición del recurso de apelación, la
competencia del juez de segunda instancia está supeditada a los argumentos
expuestos por el apelante.
9.- En la sentencia se señaló claramente que no había lugar acceder a las
pretensiones de la demanda porque no se demostraron los daños reclamados y
por el contrario, se acreditó que al realizar la obra se tomaron acciones dirigidas
a no perjudicar a los demandantes. En su recurso, la demandante se limita a
señalar que la decisión de primera instancia desconoció los derechos
fundamentales al trabajo y al mínimo vital, sin controvertir los argumentos
jurídicos y probatorios expuestos por el tribunal para negar las pretensiones de
la demanda.
10.- Además de lo anterior, el hecho de que la notificación de la sentencia se
haya realizado dos meses después de la fecha de la providencia no constituye
una violación al debido proceso ni, mucho menos, es una razón para revocar la
decisión apelada.
F. Costas
11.- Como el recurso de apelación no prosperó, la apelante debe ser condenada
en costas y agencias en derecho, las cuales serán tasadas y liquidadas por el
tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 12 de febrero de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Bolívar que negó las pretensiones de la demanda.
4
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00529-01 (67100)
Demandante: Corporación Construfluya
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte demandante, las cuales se fijarán
y liquidarán por el tribunal de primera instancia de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
5
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.