Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05646-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05646-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05646-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
13 de febrero de 2025
Demandante: Sami Arcia Viloria
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05646-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05646-00
Demandante: SAMI ARCIA VILORIA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia
por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de la corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La abogada Sami Arcia Viloria presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar y la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la dignidad humana, así como a la “protección de personas
vulnerables, que carecen del mínimo vital, están en lucro cesante, y viviendo
en calamidad alimentaria por no tener trabajo digno, desde que el puente de
interconexión vial Yatí Bodega causó…afectaciones.”
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Demandante: Sami Arcia Viloria
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B y otro
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Tales garantías las consideró vulneradas con la expedición de la sentencia
del 2 de agosto de 2024, con la cual la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado confirmó el fallo que negó las pretensiones de la
demanda, al interior del proceso de acción de grupo radicado 13001-23-33-
000-2018-00529-00.
Para tal efecto, señaló que actuaba en calidad de apoderada judicial en la
acción de grupo instaurada por la Corporación Construfluya contra el Instituto
Nacional de Vías (Invías), el Fondo Adaptación y los miembros del Consorcio
Nacional Yatí, identificada con el radicado 13001-23-33-000-2018-00529-01
(67100).
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora solicitó en su escrito inicial lo siguiente:
PRIMERO: Que se Admita la Presente Acción y se le d[é] el respectivo
tramite dentro de los términos y plazos de Ley.-
SEGUNDO: Que el Magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar
Requerido, CONCERTE con el MP que emitió el Fallo objeto de esta
Acción en el Consejo de Estado, y en consenso, PROCEDAN A
CONCEDER LAS PETICIONES DE LA DEMAMDA DE ACCIÓN DE
GRUPO, Y SEA ESTA POR LA CUANTÍA DE LOS DOS (2) GRUPOS
INTEGRADOS, TAL COMO ESTÁN ESTABLECIDAS EN EL
EXPEDIENTE.-
TERCERO: Que teniendo en cuanta que el Lunes DIEZ (10) de Septiembre
de 2024, quedó ejecutoriado el fallo de Sentencia de Segunda instancia en
cuestión, proferido por el Consejo de estado, SE SUSPENDA LA ORDEN
DE CONDENA POR COSTAS decretadas en dicho fallo contra la parte
demandante, CONSERVANDO EL DICTAMEN DE NO CONDENA QUE
EN EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA el Magistrado Guerrero Leal
ESTABLECIÓ.-
CUARTO: Que Ambos Funcionarios Judiciales TOMEN CONCIENCIA que
la parte demandante, en la ACCIÓN DE GRUPO que motivó el fallo en
referencia, NO CUENTA CON FORTALEZA ECONOMICA PARA ASUMIR
SEMEJANTE CONDENA, pues, ni los demandantes, ni su Representante,
ni sus familias tienen dinero en semejante cuantía.-
QUINTO: Que como resultado de atender EN JUSTICIA ESTAS
PETICIONES, se DECRETE LA EXONERACIÓN DEL PAGO DE ESA
INJUSTA CONDENA a la parte demandante, con ALCANCE A TODOS Y
CADA UNA DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN.-
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SEXTO: Que se decrete que queda EXIMIDA de condena por costas, LA
PARTE DEMANDANTE, Y EN CONSECUENCIA, NO TENDRÁ QUE
PAGAR nada POR ESE CONCEPTO A NADIE.-
SEPTIMO: Que se Revise NO SOLO lo de la condena Injusta refutada,
SINO TAMBIÉN LA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES, Y SE
CONCEDAN LAS PETICIONES DE LA ACCIÓN DE GRUPO, SIN MÁS
DILACIONES.
OCTAVO: Que el problema se resuelva con base en esta Acción
Constitucional, Y NO HAYA NECESIDAD DE INTERPONER EL
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.-
A su vez, en el escrito de subsanación, la parte actora solicitó:
5.- ESTO QUE SE HA EXPUESTO EN EL PRESENTE ESCRITO, es lo
que amerita:
PRIMERO: Que dicho fallo de segunda instancia sea Revisado, Y
MODIFICADO.-
SEGUNDO: Que se realice un estudio serio de fondo EN TODO EL
AMPLIO CONTEXTO DEL EXPEDIENTE, porque sin eso, no se estaría
haciendo JUSTICIA, NI SE ESTARÍA ACATANDO EL DEBIDO PROCESO,
NI SE TENDRÍA CERTEZA DE OBRAR ACORDE CON LA
CONSTITUCIÓN, NI ACORDE CON LA LEY SUSTANCIAL.-
TERCERO: Que se mantengan VIGENTE; 1) El Reconocimiento de
Amparo de pobreza; 2) Que ese derecho concedido a los Coteros, POR
EXTENSIÓN POR HOMOGENIDAD, y POR EL DERECHO DE
IGUALDAD, SEA IMPUTADO FAVORABLENTE TAMBIÉN LOS
Calafateros; 3) Que se condene a las Aseguradoras que tienen los fondos
de las Pólizas de SEGUROS EXTRACONTRACTUAL A QUE PAGUEN
LAS INDEMNIZACIONES A MIS DEFENDIDOS; 4) Que la Condena sea
extendida AL CONSORCIO NACIONAL NATÍ, y el Fondo Adaptación
COMO QUIERA QUE ELLOS ESTÁN ASEGURADOS, por cuanto SE
SUBROGARON en dichas pólizas, PERO SE HAN NEGADO A
RESPONDER, y sin son condenados TIENEN EL DERECHO
CONTRACTUAL DE REPETIR CONTRA LAS ASEGURADORAS.
Esos Retro seguros GARANTIZAN a las entidades del estado, valga
decir INVÍAS Y EL FONDO ADAPTACIÓN, ventajas
PRIVILEGIADAS, mientras que a los VULNERABLES QUE
DEFIENDO, se está dejando EN LA INHUMANA SITUACIÓN QUE
SE HA DESCRITO en las demandas y en este memorial.
QUINTO: Por último, solicito con el más alto respeto a esta Respetable
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Corporación Judicial, QUE POR FAVOR, LIBERE ESTE PROCESO DE
EXCESO RITUAL en el trámite.-
…
5.- Que se suspenda la condena por costas en el fallo cuestionado de
segunda instancia por cuanto eso sería AGRAVAR TODAVIA MÁS CON
UN DAÑO IRREMDIBLA MÁS GRANDE A L0S YA SUFRIENTES
CIUDADANOS AFECTADOS como se ha descrito en este escrito, pues,
habría que distribuir EQUITATIVAMENTE A PRORRATA ENTRE TODOS
LOS DEMANDANTES, EL TOTAL DE LA CUANTÍA QUE RESULTARA
POR DICHA CONDENA, A TODAS LUCES INCOHERENTE E INJSUTA
EN ESTE CASO. y SEIS ARCHIVOS DE RELEVANCIA.
¿Cómo es posible que UN GRUPO ALTAMENTE VULNERABLE QUE
RECLAMA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES LEGÍTIMOS,
TERMINEN SIENDO CONDENADOS A PAGAR ELLOS A LAS
OPULENETAS ENTIDADES DEMANDADAS DEL ESTADO Y EL
CONSORCIO NACIONLA YATÍ.-
1.3. Hechos
1.3.1. Proceso 13001-23-33-000-2018-00529-01 (67100)
Agregó que, la Corporación Construfluya promovió una demanda de
reparación de los perjuicios causados a un grupo contra el Fondo de
Adaptación, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Consorcio Nacional
Yatí, en la que solicitó que se declarara la responsabilidad de las entidades
demandadas por los daños causados con la construcción del puente de
interconexión vial Yatí – Bodega.
Adujo que, la construcción de la obra impactó negativamente a los
“calafateros”, transportadores fluviales, braceros, coteros y trabajadores de
embarque y desembarque de semovientes en el puerto de Yatí, ubicado en el
municipio de Magangué. Esto, porque con la construcción del puente
vehicular se reducirían los ingresos por las labores relacionadas con
transporte fluvial que se realizaban en el puerto, afectando el derecho al
trabajo de los integrantes de la corporación.
Mencionó que, en sentencia del 12 de febrero de 2020, el Tribunal
Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda, pues
consideró que: i) el daño alegado no estaba acreditado, pues en el
expediente no obran pruebas que demuestren que los demandantes hayan
perdido sus ingresos con la construcción de la obra; y ii) desde el inicio de la
obra se realizó un proceso de asesoría y acompañamiento a los trabajadores
del puerto teniendo en cuenta las posibles afectaciones que causaría su
construcción, pero la corporación demandante no participó en dichas
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asesorías.
Indicó que, la parte actora recurrió la decisión anterior porque en la sentencia
de primera instancia se ignoró el derecho al trabajo dispuesto en el artículo
26 de la constitución; además violó el derecho al debido proceso, pues
aunque la decisión es del 12 de febrero de 2020, fue notificada el 21 de abril
del mismo año, por lo que no se tuvo en cuenta que la construcción de la
obra afecto el mínimo vital de los demandantes, además se desconoció el
efecto nocivo que tuvo la obre en los actores, que les causó un lucro cesante.
Finalmente, adujo que se desconoció el principio de la prevalencia de la
realidad sobre la formalidad.
Mencionó que, el 8 de abril de 2021 la misma apoderada del proceso 13001-
23-33-000-2018-00529-01 instauró otra demanda de acción de grupo contra
el Invías, el Fondo Adaptación, el Consorcio Nacional Yatí y sus integrantes
(Mincivil S.A., Latinco S.A., H.B. Estructuras Metálicas S.A.S. y Concreacero
Ltda.), que se tramitaba ante el Tribunal Administrativo de Bolívar bajo el
radicado 13001-23-33-000-2021-00192-00. En esta ocasión precisó que el
grupo de afectados estaba conformado por las personas que vivían de la
actividad de cargue y descargue de diversos productos en los puertos de Yatí
y Magangué.
Precisó que, durante el trámite de segunda instancia, el magistrado ponente
de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el doctor
Martín Bermúdez Muñoz mediante providencia del 7 de diciembre de 2023
ordenó la terminación de la acción de grupo que actualmente tramita el
Tribunal Administrativo de Bolívar bajo el radicado 13001-23-33-000-2021-
00192-00. Esto pues ambas demandas tenían como causa el mismo hecho
generador del daño reclamado, a saber, la construcción del puente de
interconexión Yatí – Bodega y, en consecuencia, los demandantes de esa
acción de grupo ya se encuentran integrados a la presente acción de grupo.
Al respecto, en dicha providencia se señaló:
10.- Así las cosas, el despacho concluye que la acción de grupo de la
referencia integra y subsume la acción de grupo que se tramita ante el
Tribunal Administrativo de Bolívar bajo el radicado 13001-23-33-000-2021-
00192-00, y que la apoderada de ambos grupos, al ser la misma persona,
tenía conocimiento de la existencia de la presente acción de grupo y aun
así decidió instaurar una segunda acción, a pesar de que, por expreso
mandato legal, en este proceso se encuentran representadas todas las
personas (subgrupos) que fueron afectadas por la construcción del puente
de interconexión vial Yatí – Bodega…
11.- Por lo anterior, no resultaba procedente instaurar una nueva acción de
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grupo por la construcción del puente de interconexión Yatí – Bodega
porque para cuando se radicó la segunda demanda el 8 de abril de 2021,
ya se había proferido sentencia de primera instancia en este proceso y no
hay ninguna prueba que acredite que los demandantes de la segunda
acción de grupo hubieran solicitado su exclusión de la presente acción de
grupo.
Afirmó que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
mediante providencia del 2 de agosto de 2024 confirmó la sentencia apelada
y condenó en costas, por los siguientes motivos:
E. Decisión
8.- La Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda porque la apoderada de la corporación
demandante no formuló reparos ni controvirtió los fundamentos de la
sentencia del tribunal, y dicha circunstancia impide un pronunciamiento de
fondo. Según el artículo 328 del CGP, norma vigente al momento de la
interposición del recurso de apelación, la competencia del juez de segunda
instancia está supeditada a los argumentos expuestos por el apelante.
9.- En la sentencia se señaló claramente que no había lugar acceder a las
pretensiones de la demanda porque no se demostraron los daños
reclamados y por el contrario, se acreditó que al realizar la obra se tomaron
acciones dirigidas a no perjudicar a los demandantes. En su recurso, la
demandante se limita a señalar que la decisión de primera instancia
desconoció los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital, sin
controvertir los argumentos jurídicos y probatorios expuestos por el tribunal
para negar las pretensiones de la demanda.
10.- Además de lo anterior, el hecho de que la notificación de la sentencia
se haya realizado dos meses después de la fecha de la providencia no
constituye una violación al debido proceso ni, mucho menos, es una razón
para revocar la decisión apelada.
Esta decisión se notificó mediante correo electrónico y estado del 4 de
septiembre de 2024.
1.3.1. Expediente 13001-23-33-000-2021-00192-00
La parte accionante señaló que en representación de varios miembros del
gremio de Braceros Coteros de Yatí y Magangué promovió otra demanda de
reparación de los perjuicios causados a un grupo contra el Fondo de
Adaptación, el Invías y el Consorcio Nacional Yatí, la cual se promovió por
los perjuicios causados por la construcción de la mega obra denominada
“puente de interconexión Yatí - Bodega”. En esta ocasión precisó que el
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grupo de afectados estaba conformado por las personas que vivían de la
actividad de cargue y descargue de diversos productos en los puertos de Yatí
y Magangué.
Señaló que, el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante auto del 24 de
junio de 2021 admitió la demanda, por lo que, se ordenaron las notificaciones
correspondientes y, entre otros asuntos, se le reconoció personería a la
abogada Sami Arcia Viloria para actuar en nombre y representación del
grupo actor.
Indicó que se surtió el trámite procesal incluso hasta la celebración de la
audiencia de conciliación que trata el artículo 61 de la Ley 472 de 1998, que
se llevó a cabo el 2 de noviembre de 2023, la cual se declaró fallida.
Expuso que, no obstante, con auto del 29 de febrero de 2024, el mencionado
tribunal obedeció y cumplió lo ordenado por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, C.P. Martín Bermúdez Muñoz, en auto del 7 de diciembre de 2023
(dictado en el proceso 13001-23-33-000-2018-00529-01 (67100), en el que
se resolvió:
“PRIMERO: DESE POR TERMINADA la acción de grupo identificada con
el radicado 13001-23-33-000-2021-00192-00 que se tramita ante el
Tribunal Administrativo de Bolívar, dirigida contra el Invías, el Fondo
Adaptación, el Consorcio Nacional Yatí y sus integrantes (Mincivil S.A.
Latinco S.A., H.B. Estructuras Metálicas S.A.S. y Concreacero Ltda.),
porque los demandantes de dicha acción ya se encuentran integrados en
la acción de grupo de la referencia.
SEGUNDO: Por Secretaría INFÓRMESE el contenido de la presente
providencia al Tribunal Administrativo de Bolívar para lo de su cargo”.
Precisó que, por lo anterior, se archivó el expediente.
1.4. Sustento de la petición
En el escrito de subsanación de la demanda, la parte actora indicó que se
lesionaron sus derechos fundamentales con la expedición de la sentencia del
2 de agosto de 2024, con la cual la mencionada autoridad judicial negó las
pretensiones de la demanda, al interior del proceso de acción de grupo
radicado 13001-23-33-000-2018-00529-00, pues a su juicio con dicha
decisión se incurrió en las siguientes omisiones:
a) El reconocimiento y concesión del amparo de pobreza a los coteros;
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b) La negación del Tribunal de Bolívar a las excepciones previas y de mérito
que presentaron las entidades demandadas, decisiones que obran a favor de
los coteros, y el Consejo de Estado en el citado fallo ignoró y menoscabó
todos esos avances favorables que logró la demanda;
c) El reconocimiento que hace el Fondo Adaptación del daño causado,
demostrado con el hecho de indemnizar a otros grupos afectados, en vía
administrativa, todo lo cual consta en el memorial de tutela motivo de esta
subsanación;
d) La existencia de seguros para proteger e indemnizar a terceros bajo el
concepto de seguro extracontractual.
Destacó que también se transgredieron sus garantías porque por más de
veinte (20) años, tanto los “calafateros” como los coteros, vivieron los
primeros de la construcción de botes para embarcaciones menores en el
corredor fluvial que el puente Yatí – Bodega remplazó el transporte fluvial,
por transporte terrestre, con lo cual cesó la demanda de construcciones de
botes y también la movilización de pasajeros, y carga en ese corredor que
fue fluvial hasta el 30 de marzo de 2020, como bien lo certifica el Ministerio
de Transportes en el oficio que adjuntó.
Señaló que, al cambiarse la modalidad de transporte en ese corredor fluvial a
transporte terrestre, de inmediato, en aquel mes de marzo de 2020, ya no
hubo más movilización de carga y pasajeros en esa ruta y, por ende, la
demanda de construcción de botes cesó totalmente.
Mencionó que, las afectaciones anotadas en los dos incisos anteriores no
han sido reparadas por el Consorcio Nacional Yatí, ni por el fondo
adaptación, ni por el Invías, ni por las aseguradoras que tienen las pólizas de
seguros, que se han negado a pagar las indemnizaciones, realidades estas
que fueron desconocidas por el fallo demandado.
Hizo referencia a la caracterización del defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, así como a los presupuestos para la configuración del
defecto sustantivo y citó un aparte de la sentencia SU041/22 de la Corte
Constitucional cuya referencia es “acción de tutela contra providencias
judiciales en asunto laboral-vulneración del debido proceso y acceso a la
administración de justicia…”.
Finalmente, también cuestionó la condena en costas que dispuso la
autoridad judicial demandada.
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1.5. Trámite
Con providencia del 25 de octubre de 2024 se inadmitió la demanda puesto
que la mencionada profesional del derecho no especificó en favor de qué
parte ejercía su representación y tampoco aportó el poder especial que le
facultara para instaurar esta acción de tutela.
Adicionalmente, porque en el acápite de pretensiones no especificó a cuál
proceso se refiere su demanda, ni identificó en dicho aparte los datos
precisos que permitieran establecer las providencias objeto de demandada,
puesto que, si bien al inicio del escrito refirió el proceso 13001-23-33-000-
2018-00529-01 (67100), en la documental también aporta decisiones de otro
expediente de la misma naturaleza identificado con el radicado 13001-23-33-
000-2021-00192-00. Para tal efecto, se le concedió el término de 3 días.
La referida abogada mediante escrito remitido vía electrónica el 31 de
octubre de 2024, señaló que obraba en calidad de apoderada judicial dentro
del proceso colectivo identificado con el radicado 13001-23-33-000-2018-
00529-01 y también del expediente 13001-23-33-000-2021-00192-00,
procesos estos integrados en una sola demanda por decisión expresa del
magistrado Martín Alonso Bermúez Muñoz, conformando así un solo
proceso. A su vez, aclaró su representación y los procesos que representa.
Mediante auto del 14 de noviembre de 2024 se admitió la acción de tutela y
ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de
Bolívar y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
A su vez, se vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso a
los miembros de Braceros Coteros de Yatí y Magangué, al señor Rafael
Antonio Alfaro Jiménez y al listado total de accionantes del proceso 13001-
23-33-000-2021-00192-00, al Fondo de Adaptación, el Instituto Nacional de
Vías (INVIAS), al representante legal del Consorcio Nacional Yatí y a quienes
lo conforman (integrado por las sociedades: Mincivil S.A., HB Estructuras
Metálicas S.A., Latinco S.A., Concreacero LTDA y Concrearmado LTDA), a
las compañía aseguradoras Seguros Mundial y Ace Seguros S.A. (hoy
Chubb Seguros de Colombia); así como al señor Wilberto Enrique Ramírez
Payarez, al representante legal y a quienes conforman la Corporación
Constructores Fluviales Yaticeros ESAL (corporación Construfluya) y demás
intervinientes del proceso 13001-23-33-000-2018-00529-01 (67100).
Por lo anterior, se dispuso lo siguiente:
Para efectos de notificar a las demás personas que conformaron la parte
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demandante, demandadas e intervinientes dentro del proceso 13001-23-
33-000-2018-00529-00/01 y 13001-23-33-000-2021-00192-00, el cual
corresponde al medio de control objeto de demanda, líbrese oficio a la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar para que fije un aviso,
dejando la respectiva constancia y anotación en el citado expediente, en el
que les comunique sobre la existencia de la presente acción.
De igual forma, por conducto de la Secretaría General de esta
Corporación, efectúese una publicación en la que se informe sobre la
existencia de esta acción a la parte demandante, demandadas e
intervinientes en los mencionados procesos, objeto de la demanda
constitucional.
Finalmente, se le reconoció personería a la abogada Sami Arcia Viloria, para
actuar en representación del señor Wilberto Enrique Ramírez Payarez,
conforme al poder allegado con la demanda.
1.6. Informes
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
El magistrado ponente de la providencia demandada presentó su informe en
los siguientes términos: “… no participaré en la acción de tutela de la
referencia como parte ni como tercero y acataré estrictamente las
disposiciones que se adopten en ella. Además, se aclara que el expediente
del proceso 13001-23-33-000-2018-00529-01 (67100) fue remitido al tribunal
de origen el 25 de septiembre de 2024, según se advierte en el índice 00177
del expediente digital en SAMAI.”
1.6.2. Tribunal Administrativo de Bolívar
Esta autoridad judicial se opuso a la prosperidad de lo solicitado, al
considerar que, su decisión se soportó en las sentencias debidamente
señaladas en la providencia bajo análisis y en las normas aplicables al
asunto, ello en atención a los múltiples precedentes emanados del Consejo
de Estado, en los cuales se ha señalado que la norma que de conformidad
con lo expuesto en el marco normativo y jurisprudencial.
Consideró que, no le asiste razón a los demandantes al pretender la
declaratoria de responsabilidad del Estado y del Consorcio Nacional Yatí, por
los perjuicios acaecidos como consecuencia de la construcción del puente de
Interconexión vial Yatí – Bodega; toda vez que, del material probatorio
allegado al proceso no se logró demostrar el daño antijurídico alegado.
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Indicó que, a partir de las pruebas y las debidamente practicadas consistente
en las testimoniales recibidas llevaron a concluir que en el presente asunto
no se encontró demostrado el daño alegado por los demandantes.
Manifestó que, en la demanda presentada y la cual fue objeto de análisis por
esta corporación se perseguía la reparación patrimonial con el argumento de
que la construcción del puente de interconexión vial Yatí- Bodega, eliminó su
fuente de ingresos y el transporte fluvial de modalidad de moto canoas y
otras actividades.
Agregó que, también llegó a la conclusión de que, el Consorcio Nacional Yatí
cumplió su carga de notificar por diferentes medios acerca de los impactos
que tendría la construcción de la obre objeto del litigio, así como de brindar
los espacios necesarios para que la comunidad pudiera acercarse a aclarar
sus dudas, presentar quejas, y prestarles un servicio de atención, y en dicho
espacio la corporación demandante no se hizo presente.
Señaló que, por las razones que en extenso se exponen en la sentencia del
12 de febrero de 2020, proferida por el tribunal, se resolvió negar las
pretensiones de la demanda al considerar como se ha indicado previamente
que los demandantes no lograron acreditar el alegado daño causado por las
demandadas.
Solicitó declarar improcedente la acción de tutela, en atención al carácter
excepcional de este mecanismo contra providencias judiciales las cuales se
encuentran amparadas bajos los valores de cosa juzgada y seguridad
jurídica.
1.7. Trámite posterior
1.7.1. Con escrito del 20 de noviembre de 2024, la parte actora aportó los
buzones electrónicos, un certificado de existencia y representación, así como
“otros breves asuntos”, que consideró pertinentes, así:
QUE LA ACCIÓN DE TUTELA OBJETO, PUNTUALIZA LO QUE CON
ELLA SE PERSIGUE:
1.- Lograr que el Fallo proferido por la Sección Tercera del Consejo de
estado, Subsección B en fecha DOS (2) de Agosto de 2024, RE VISE Y SE
MODIFIQUE.
2.- Que la Revisión y Modificación dicha en el inciso anterior es necesaria
por las siguientes Razones:
2.1 La Sala que lo emite manifiesta que “TUVO DEFICULTAD PARA EL
PRONUNCIAMIENTO DE FONDO, por cuanto no tuvo a la mano, todo lo
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Cesario para darle esa categoría” . QUEDÓ CLARO ALLI MISMO, QUE
NO ES UN FALLO DE FONDO.
2.1 Asiendo así, CARECE DE EFICACIA para producir los Efectos que
pretende.
a.-) Por FALTA DE RIGOR EN LA INVESTIGACIÓN en el amplio contexto
del Expediente.
b.-) SE CONTRADICE, cuando afirma que “CONSIRMA LA SENTENCIA
DE PRIEMRA INSTANCIA, y a la vez, PRETENDE IMPONER CONDEDA
por costas a la parte demandante” CONTRADIENCO DE ESE MODO LO
DICHO EN LA SENTANCIA DE PRIMERA INSTANCIA, pues, SI
CONFIRMÓ LA SENTENCIA EN SU IENTEGRIDAD, no debió pretender
IMPONER CONDENA, poque aquella, LA SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA NO LA IMPUTO. Eso CONSTITUYE CONTRADICCIÓN, e
invalida al tal fallo.- c.-) DESCONOIO LOS DERECHO VUNDAMENTALES
VULNERAS A MIS DEFENDISO, COMO SON: El Mínimo Vital – Derecho
al Trajo Digno – Afectación POR LUCRO CESANTE A MIS DEFENDIDOS,
causado por el puente Yatí/ Bodega.-
d.-) OMITIO TODO LO RELACIONADO con el gremio de Coteros, proceso
que fue integrado, Y CON ELLO FRENÓ EL TRAMITE Y LOS AVANCES
FAVORABLES QUE EL MISMO HABÍA LOGRADO EN EL TRIBUNAL
ADMINSITRATIVO de Bolívar, Despacho 03, Regentado por el MP. Dr.
OSCAR IVÁN CASTALLEDA DAZA.-
e.-) Integró las DOS )2) acciones de GRUPO PARA LUEGO
MENOSCABAR LOS DERECHOS DE ESE GRUPO DE COTEROS.-
…
Por todas las r[a]zones aquí expuestas, UNA RECTA
ADMINSITRACIÓNDE JUSTICIA, impone al Servidor Judicial de cualquier
NIVEL:
1.- Decretar Condena A FAVOR DE LA PARTE DEMANDANTE, Y
ORDENAR EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES PEDIDAS EN LAS
CUANTÍAS QUE ESTÁN DICHAS EN DEMANDA OBJETO DE ESTE
DEBATE.-
CUANTÍA GLOBAL CALAFATEROS: $$3.000.876.400; Individual:
$1.136.696 CADA DEMANDANTE.-
$ $45.963.520.-
CUANTÍA GLOBAL: $2.068.358.400; Individual:$45.963.520.-
Adicionalmente, con escrito de la misma fecha, la parte accionante se refirió
al requerimiento efectuado al tribunal para que remitiera el expediente
completo de las acciones de grupo objeto de debate. Al respecto, agregó:
2.- De lo anterior se desprende que muy probablemente se han retenido en
los Citados despacho del Tribunal, ARCHOVS CLAVE QUE NO FUERON
REPORTADOS AL CONSEJO DE ESTADO, POR ERROR O
INTENCIONALMENTE.-
3.- Es llamativo que en el fallo del 2 de Agosto de 2024 la sala plena de
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Subsección B y otro
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Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, DICE QUE TUVO
DIFUCULTAD para producir un dictamen de fondo, por falta precisamente,
de contenidos en el expediente.
Posteriormente, con escrito del 11 de diciembre de 2024, la parte actora
solicitó se le informara sobre el trámite de la acción de tutela puesto que no
se había dictado el fallo correspondiente.
A su vez, hizo referencia al numeral 1 del artículo 355 del Código General del
Proceso, para destacar que sus argumentos y la documentación aportada
permite “restarle mérito a los fallos emitidos”.
1.7.2. Mediante providencia del 20 de enero de 2025, se ordenó a la
Secretaría General que diera cumplimiento al auto admisorio de la demanda
en relación con las notificaciones de la totalidad de los intervinientes de los
procesos 13001-23-33-000-2018-00529-00/01 y 13001-23-33-000-2021-
00192-00, objeto de la acción de tutela, de conformidad con la información
suministrada por la parte accionante.
A su vez, se requirió a la mencionada dependencia para que se aporte en el
expediente digital la constancia de la publicación en la que se informe sobre
la existencia de esta acción que también se ordenó el auto admisorio de la
demanda.
Y se requirió nuevamente a las autoridades judiciales accionadas para que
aporten copia digital de la totalidad de los expedientes 13001-23-33-000-
2018-00529-00/01 y 13001-23-33-000-2021-00192-00, de no haberse
aportado en su integridad.
Cumplido lo anterior, se recibió copia digital del expediente
13001233300020180052900 por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la primera instancia de la acción
de tutela adelantada contra la decisión judicial demandada, según lo previsto
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20151, así como en el Acuerdo 80
de 12 de marzo de 2019.
2.2. Problema jurídico
1
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
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Subsección B y otro
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Corresponde a la Sala verificar si el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante con
la expedición de la sentencia del 2 de agosto de 2024, que confirmó el fallo
que negó las pretensiones de la demanda, al interior del proceso de acción
de grupo radicado 13001-23-33-000-2018-00529-00.
Al respecto, resulta del caso precisar que, si bien la parte demandante hizo
referencia a la sentencia de primera instancia dictada en dicho proceso, lo
cierto es que, el siguiente análisis solo recaerá en la providencia
confirmatoria, puesto que fue la decisión que puso fin a la instancia.
Por lo anterior, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) el estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y,
finalmente, de encontrarse superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 20122, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia,
que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.3
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
2
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. Negrilla fuera de texto.
3
Ibídem.
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fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela
constituye un mecanismo residual y excepcional para la protección de
derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por
ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.4
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 26 de junio de
4
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
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2022 explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa
juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional
contra una decisión judicial «...el juez de tutela debe limitarse a analizar los
yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante,
pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada’.»
En ese sentido, el alto tribunal Constitucional consideró que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias
o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
(ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.5
Así las cosas, para la Sala el asunto carece de relevancia constitucional
puesto que lo pretendido por la parte actora es cuestionar la sentencia de
segunda instancia que determinó que la demandante no formuló reparos ni
controvirtió los fundamentos de la decisión del tribunal, lo cual impedía un
pronunciamiento de fondo, conforme con lo establecido en el artículo 328 del
Código General del Proceso.
Así, se encuentra que, la autoridad judicial demandada precisó en su
decisión que en la sentencia recurrida se señaló que no había lugar acceder
a las pretensiones de la demanda porque no se demostraron los daños
reclamados y, por el contrario, se acreditó que al realizar la obra se tomaron
acciones dirigidas a no perjudicar a los demandantes.
5
Destacado por la Sala.
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Mientras que, en el recurso de apelación formulado en su contra, la
demandante se limitó a señalar que la decisión de primera instancia
desconoció los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital, sin
controvertir los argumentos jurídicos y probatorios expuestos por el tribunal
para negar las pretensiones de la demanda.
Adicionalmente, en la sentencia acusada se indicó que el hecho de que la
notificación de la sentencia se haya realizado dos meses después de la fecha
de la providencia no constituye una violación al debido proceso ni, mucho
menos, es una razón para revocar la decisión apelada.
A su vez, se observa que la parte actora cuestiona la imposición de costas
que dispuso la autoridad judicial demandada, lo cual corresponde a un
asunto netamente económico, frente al que, tampoco se cumple con el
presupuesto de relevancia constitucional.
Al respecto, debe indicarse que, la inconformidad planteada por la parte
actora en el escrito de tutela está encaminadas a cuestionar la condena en
costas, cuyo contenido es estrictamente económico. Por lo tanto, no se
cumple con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en los
términos de los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, por referirse a una disputa que tiene su origen en
una controversia de orden económico, y no en el alcance de un derecho
fundamental ni la interpretación, aplicación o desarrollo de la Constitución
Política.
En ese orden, la Sala se permite destacar que la acción de tutela contra
providencias judiciales no debe ser vista como una tercera instancia para
traer a colación nuevamente los argumentos expuestos dentro del proceso
ordinario, sino que es un medio excepcionalísimo por medio del cual se
revalúan decisiones que recaen en la arbitrariedad, al sobrepasar los
principios rectores de la autoridad judicial.
De modo que, no se satisface el requisito de relevancia constitucional, en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las sentencias de
unificación 573 de 2019, 103 y 215 de 2022.
Adicionalmente, debe recordarse que a través de la acción de amparo no es
admisible la pretensión orientada a revivir términos concluidos u
oportunidades procesales vencidas por la negligencia o inactividad
injustificada de la parte actora, como lo es no sustentar en debida forma un
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recurso de apelación. Tampoco se encuentra instituida como el “último
recurso de defensa judicial” o como una “instancia adicional” para proteger
los derechos presuntamente vulnerados.
Por consiguiente, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela toda
vez que carece de relevancia constitucional, en atención a que lo pretendido
es convertir este mecanismo de amparo en una instancia adicional al proceso
reparación de los perjuicios causados a un grupo para que se resuelva una
controversia que se reduce a un debate estrictamente legal y económica.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la
señora Sami Arcia Viloria, por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
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Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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