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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02711-00

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02711-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la demandante para pedir la protección de los derechos fundamentales de los habitantes de la subregión de La Mojana. 2. Denegar las solicitudes de desvinculación de este trámite constitucional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, del municipio de Ayapel, de Corpomojana, del Departamento Nacional de Planeación, del Fondo de Adaptación y de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Interior, de Salud y Protección Social y de Vivienda, Ciudad y Territorio, conforme a lo indicado en la motivación. 3. Denegar las pretensiones relacionadas con extender los efectos de la sentencia T- 123 de 2024, proferida por la Corte Constitucional, con la mora judicial y con la protección de su derecho de petición, de acuerdo con la parte motiva. 4. Declarar improcedente la acción de tutela frente a las demás súplicas formuladas por la actora, en atención a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 7. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02711-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

25 de julio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02711-00
Demandante: Marta Rocío Martínez Palencia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02711-00
Demandante: MARTA ROCÍO MARTÍNEZ PALENCIA Y COMO AGENTE
OFICIOSA DE LOS HABITANTES DE LA SUBREGIÓN DE LA
MOJANA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN A, Y OTROS

Tema: Medidas orientadas a superar las inundaciones en la subregión de
La Mojana, provocadas por el rompimiento del Jarillón Caregato

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Marta Rocío Martínez Palencia, quien
también actúa como agente oficiosa de los habitantes de la subregión de La Mojana,
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, y
otros.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 24 de mayo de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado
judicial, Marta Rocío Martínez Palencia, quien dice actuar en nombre propio y también
como agente oficiosa de los habitantes de la subregión de la Mojana, pidió la protección
de los derechos fundamentales «de los niños, educación, vida, dignidad humana, vivienda
digna, salud, trabajo, familia, igualdad, libertad de locomoción, medio ambiente sano y
petición».

A juicio de la parte actora, la vulneración de las garantías superiores se presenta con
ocasión de la omisión de adoptar medidas efectivas orientadas a superar la crisis que
ocasionó en la subregión de La Mojana el rompimiento del dique Caregato, lo cual
provoca inundaciones en los predios y repercusiones negativas en los ámbitos
agropecuario, salud, entre otros.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
[1] Que se APLIQUE el precedente establecido por la HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL en
la Sentencia T-123 de 2024 a favor de mi poderdante y de los habitantes de la subregión de La
Mojana.

[2] ORDENAR a la parte accionada que en el término que ustedes establezcan, procedan a adoptar
conforme a sus respectivas competencias, funciones, deberes y/o obligaciones todas y cada
una de las medidas que en su sabiduría su Honorable Corporación Judicial determine
necesarias para que cese lo más pronto posible la vulneración de los derechos fundamentales

1 Índice 1 de Samai.

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02711-00
Demandante: Marta Rocío Martínez Palencia

y colectivos de los habitantes de la subregión de La Mojana a causa del notorio desastre de
inundación que están padeciendo; y especialmente las siguientes:

[2.1 Efectúen] de forma INMEDIATA Y URGENTE […] las respectivas obras de mitigación mediante
las cuales logren cerrar el boquete del Dique, Terraplén y/o Jarillón que existe en el sector
denominado como “Cara de Gato” o “Caregato” del corregimiento de Bermúdez de jurisdicción del
Municipio de San Jacinto del Cauca del Departamento de Bolívar.

[2.2] REALICEN el censo de las personas y familias damnificadas, así como de los predios requeridos
para adelantar las intervenciones necesarias […]

[2.3] Que […] REALICEN y ADOPTEN las medidas estructurales a que haya lugar para que se
ejecuten las respectivas obras de diseño, prevención, adecuación hidráulica, mantenimiento y/o
reparación en la subregión de La Mojana, para evitar y/o mitigar que la población de La Mojana
nuevamente resulte afectada por una inundación.

[2.4] Que […] determinen mediante un estudio detallado, el nivel de riesgo y vulnerabilidad en que se
encuentra la subregión de La Mojana y establezcan si dicho riesgo puede mitigarse […].

[2.5] Que […] en el evento que se establezca que el precitado riesgo de inundación es mitigable, el
estudio con el nivel de riesgo y el plan de obras de mitigación deben ser puestos a disposición de la
accionante y las comunidades afectadas para que puedan tomar una decisión informada respecto de
si desean o no retornar a sus predios […].

[2.6] Que […] le presten apoyo y acompañamiento a la accionante y a la comunidad de afectados
para el desarrollo de cultivos y actividades agropecuarias similares a las que tenían en sus predios
antes de la emergencia que llevó al abandono de estos.

[2.7] Que […] en el evento de que no sea posible mitigar el riesgo de inundación en la subregión de
La Mojana o en caso de que la accionantes y cualquier miembro de la comunidad o afectado con el
precitado desastre de inundación que padece La Mojana, no deseé retornar a su respectivo predio,
identifiquen los programas de vivienda que existen en el respectivo municipio de su residencia […]

[2.8] Que […] garanticen una fuente de ingresos que se adecúe a las necesidades y a la identidad
cultural de la accionante y de las comunidades afectadas, mientras que se lleva a cabo la reubicación.

[3] Que le ORDENE al accionado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
PRIMERA – SUBSECCIÓN “A”, que en el ejercicio de sus competencias y prioritariamente, proceda
a TRAMITAR Y DECIDIR DE FONDO la acción popular que se tramita ante esa corporación judicial
bajo el radicado numero 25-000-23-41-000-2023-00865-00, con ponencia de la magistrada doctora
Claudia Elizabeth Lozzi Moreno.

[4] Que le ORDENE a las accionadas PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, que en el ejercicio de sus competencias, procedan
a TRAMITAR Y DECIDIR LO ANTES POSIBLES las investigaciones que están llevando a cabo sobre
la inundación que padece la subregión de La Mojana desde el 27 de agosto del año 2021 a causa del
colapso del Dique, Terraplén y/o Jarillón que existe en el sector denominado como “Cara de Gato” o
“Caregato” del corregimiento de Bermúdez de jurisdicción del Municipio de San Jacinto del Cauca del
Departamento de Bolívar.

[5] Que le ORDENE a la parte accionada que en el término que ustedes les concedan, procedan a
responder de fondo y de manera clara, precisa, congruente y de fondo las peticiones que mi defendida
les presentó […].

3. Hechos

Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en estas diligencias, la Sala destacan los
siguientes hechos relevantes:

3.1. Problemática de la subregión de La Mojana

La subregión de La Mojana es una «gran planicie de inundación, la de mayor complejidad
del mundo, dado que allí convergen las aguas de los tres principales ríos del país: el Cauca, el
San Jorge y el Magdalena»2, y comprende 11 municipios ubicados en los departamentos

2 Documento Conpes 4076 de 29 de marzo de 2022.

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Demandante: Marta Rocío Martínez Palencia

de Bolívar3, Sucre4, Antioquia5 y Córdoba6. Ella cuenta con una menor elevación a la
de los causes de los ríos, por lo que se inunda con gran facilidad al «recib[ir] los excesos
de caudal y más aún cuando se presentan desbordamientos en los distintos períodos de
lluvias»7, situación por la que «en los últimos 20 años se han registrado aproximadamente
500 eventos de origen hidrometeorológico»8.

En el documento Conpes 4076 de 29 de marzo de 2022 se consignó que una de las
principales problemáticas que enfrenta la subregión de La Mojana y que influye en las
constantes inundaciones, es la pérdida de su capacidad de amortización hidráulica,
derivada de «la alteración de los humedales y de las ciénagas del territorio por la intensiva
actividad agropecuaria y la ampliación de su frontera, alterando el uso del suelo pasando de
ecosistemas endémicos a cultivos y pastos […]. En la mayoría de los casos, una importante
problemática se presenta por las alteraciones de los flujos de agua superficial entre los ríos,
caños y las mismas ciénagas y por la transformación de las coberturas naturales hacía cultivos
y actividades pecuarias».

En atención a esa complicación fueron adoptadas varias medidas para mitigar las
condiciones adversas de la geografía de La Mojana, como la construcción del terraplén
conocido como Caregato, que impedía desbordamientos, pero el 27 de agosto de 2021
se rompió, lo que provocó que las aguas del Río Cauca inundaran la subregión,
emergencia en virtud de la cual la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD) celebró el contrato 7-2021 de 8 de septiembre de ese año con el
Consorcio Protección La Mojana, cuyo objeto consistió en ejecutar obras que
protegieran la «marguen izquierda del Río Cauca a la altura del sector de Cara de Gato del
corregimiento Bermúdez del municipio de San Jacinto del Cauca».

Con el fin de vigilar la debida ejecución del contrato 7-2021, el 8 de septiembre de 2021,
la UNGRD suscribió contrato de interventoría con el Consorcio Interventor Mojana
2021, no obstante, el 7 de septiembre de 2022 la entidad contratante suspendió los
precitados contratos, con el argumento de que no habían solucionado los
inconvenientes.

Lo anterior que conllevó a que el 25 de enero de 2023 la comunidad bloqueara la vía
que comunica a los departamentos de Antioquia y Córdoba, a la altura del municipio de
La Apartada.

La protesta se superó con la firma de un acuerdo entre la comunidad y el Gobierno
Nacional, en el que este se comprometió a iniciar los trabajos pertinentes para atender
las inundaciones e iniciar la estructuración de diseños con el Fondo de Adaptación para
construir «un vertedero». En cumplimiento de lo pactado, la UNGRD suscribió el contrato
GS-SMD-BM-004-2023 con la empresa Khalela SAS, con la finalidad de que
suministrara una «draga multipropósito anfibia» y adelantara las adecuaciones a que
hubiere lugar.

El 14 de noviembre de 2023 la UNGRD, por conducto de la Fiduprevisora SA, celebró
el contrato de obra con el Consorcio RCG, por el objeto de recuperar la margen
izquierda del dique Caregato, pero pese a las intervenciones, ello aún no ha acontecido.

El 28 de abril de 2024 la Procuraduría General de la Nación realizó una visita técnica
en el lugar en que se ejecutan respectivas obras en el Jarillón Caregato, y allí determinó
que los diseños de este no eran adecuados para evitar el desbordamiento del Río

3 San Jacinto del Cauca, Achí y Magangué.
4 Guarandá, Majagual, San Marcos, Sucre, San Benito de Abad y Caimito.
5 Nechí.
6 Ayapel.
7 Documento Conpes 4076 de 29 de marzo de 2022.
8 Ibidem.

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Cauca, lo que se corroboró el 6 de mayo de 2024, cuando colapsó parte de las
construcciones que se realizaban.

3.2. Acción popular 25000-23-41-000-2023-00865-00

Ante la problemática de la subregión de La Mojana, la Defensoría del Pueblo promovió
acción popular contra la UNGRD, entre otras entidades (a la que se le asignó el número
de radicación 25000-23-41-000-2023-00865-00), con el propósito de obtener la
protección de los derechos colectivos de los habitantes de dicho lugar y se ordenara la
ejecución de las obras necesarias para superar las inundaciones, asunto del que
conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
que el 12 de julio de 2023 lo admitió y dispuso vincular a los municipios que integran la
subregión.

Dentro de la acción popular, el 27 de febrero de 2024 la referida Corporación decretó
como medidas cautelares las de (i) instalar una mesa de trabajo en aras de evaluar la
situación de la subregión de La Mojana, (ii) continuar con el suministro de las ayudas
humanitarias a la población damnificada por las inundaciones, (iii) realizar un censo de
las personas damnificadas y de los bienes afectados por la problemática, (iv) adelantar
las obras de dragado en el municipio de San Jacinto del Cauca. Contra es decisión el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros interpusieron recursos de
apelación, que fueron concedidos en el efecto devolutivo y aún no se han desatado9.

El 12 de febrero de 2024 la tutelante pidió ser aceptada como coadyuvante en la acción
popular 25000-23-41-000-2023-00865-00, a lo que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A. accedió el 16 de mayo siguiente.

3.3. Peticiones presentadas por la demandante

El 23 de febrero de 2023 la demandante pidió a los Ministerios de Ambiente y Desarrollo
Sostenible; Agricultura y Desarrollo Rural; Vivienda, Ciudad y Territorio; a la UNGRD,
al Fondo de Adaptación, a la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, a la
gobernación de Bolívar y al municipio de San Jacinto del Cauca, que surtieran las
intervenciones necesarias para superar las inundaciones que causó el rompimiento del
Jarillón Caregato, y se ejecutaran obras de prevención.

El 24 de abril de 2023 y el 13 de febrero de 2024 la tutelante presentó peticiones ante
la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, en su
orden, en aras de que le suministrara copias de todos los expedientes que adelantaban
por hechos relacionados con las inundaciones de la subregión de La Mojana acaecidas
a partir del 27 de agosto de 2021.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La demandante indicó que habita en la vereda Los Negritos del municipio de Ayapel
(Córdoba) y que las medidas cautelares decretadas por el Tribunal Administrativo del
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, dentro de la acción popular 25000-23-
41-000-2023-00865-00, resultan ineficaces para salvaguardar los derechos de las
personas afectadas por el rompimiento del Jarillón Caregato, tal como lo evidencia el
hecho de que aún no se ha realizado el censo ordenado por esa Corporación.

Que no se le ha suministrado copia del expediente 25000-23-41-000-2023-00865-00 y
la interposición de los recursos contra el auto que decretó las medidas cautelares « lo
que generado que el proceso se extienda en el tiempo y la decisión de fondo se vuelva una
ilusión para superar el desastre de inundación».

9 El expediente fue asignado el 4 de julio de 2024 a la Sección Primera del Consejo de Estado, para que decida las

mencionadas alzadas.
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Señaló que la acción popular 25000-23-41-000-2023-00865-00 no es el instrumento
adecuado para obtener soluciones efectivas ante las inundaciones provocadas por el
dique Caregato, toda vez que los habitantes de la subregión de La Mojana se
encuentran en situaciones de debilidad manifiesta que imponen adoptar medidas de
protección urgentes, máxime cuando las autoridades accionadas han sido omisivas en
adelantar las obras necesarias para superar la emergencia.

Que la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación no
le han respondido las peticiones que les formuló, en las que le solicitó copia de todos
los expedientes relacionados con el rompimiento del dique Caregato el 27 de agosto de
2021, entes estatales que, a su juicio, han sido «permisivos» frente a la vulneración de
derechos que sufren los habitantes de la subregión de La Mojana.

5. Trámite procesal

Por auto del 31 de mayo de 2024, el Despacho sustanciador inadmitió la acción de la
referencia y requirió a la demandante para que allegara el poder especial que le
concedió al abogado Manuel Navarro Manchego, lo cual aconteció mediante memorial
de 6 de junio del año en curso, motivo por el cual el 19 de junio se admitió. Entre otras
cosas, allí se ordenó notificar a las autoridades accionadas y publicar el proveído en la
página electrónica del Consejo de Estado, para que conocieran del asunto las personas
que pudieren tener interés, y si a bien lo tenían, intervinieran en los 2 días siguientes
en este trámite constitucional.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de
Estado (i) publicó el auto admisorio de la tutela en la página electrónica de la
Corporación el 19 de junio de 2024 y practicó las notificaciones correspondientes por
correos electrónicos enviados el 21 de los mismos mes y año.

6. Intervenciones

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi señaló que carece de legitimación en la
causa por pasiva, dado que no ha incurrido en acción u omisión alguna que vulnere los
derechos fundamentales de la demandante y las pretensiones no están relacionadas
con las funciones previstas en el Decreto 846 de 2021.

Que la tutela resulta improcedente pues no cumple el requisito de subsidiariedad, ya
que la actora pretende la protección de derechos colectivos sin advertir que para ello el
ordenamiento jurídico prevé la acción popular, y si bien la jurisprudencia constitucional
ha indicado que es dable obtener la protección de esas prerrogativas por medio del
amparo, para ello debe evidenciarse vulneración de garantías fundamentales, lo cual
no acontece en el sub lite.

El municipio de Ayapel (Córdoba) adujo que no tiene legitimación en la causa por
pasiva, dado que dentro de sus atribuciones no se encuentra la de mitigar el daño
causado por el rompimiento del Jarillón Caregato, pues ello le compete a la UNGRD, a
los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Agricultura y Desarrollo Rural y al
Fondo de Adaptación.

Que la actora cuenta con otro mecanismo judicial para superar la problemática
expuesta en el escrito de tutela, que es el incidente de desacato dentro de la acción
popular 25000-23-41-000-2023-00865-00, con el cual puede deprecar el cumplimiento
de las medidas cautelares ordenadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A.

El departamento de Bolívar pidió que se declarara improcedente la solicitud de
amparo por no cumplir con el requisito general de subsidiariedad pues el ordenamiento
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jurídico prevé la acción popular para obtener medidas encaminadas a minimizar la
problemática que desencadenó el rompimiento del Jarillón Caregato, la cual ya se
tramita bajo el número de radicación 25000-23-41-000-2023-00865-00 en el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.
Que de los hechos expuestos en la solicitud de amparo se advierte que el departamento
ha adelantado una labor efectiva para superar las inundaciones en la subregión de La
Mojana, como la celebración del convenio interadministrativo con el departamento de
Sucre, para dragar el Río Cauca y evitar más desbordamientos. Asimismo, los
encargados de surtir las actuaciones urgentes son los municipios afectados, dado que
tienen la condición de primera autoridad policiva.

La Contraloría General de la República afirmó que los hechos expuestos en el escrito
de tutela no se relacionan con «la gestión fiscal de la administración y de los particulares o
entidades que manejen fondos o bienes públicos del orden nacional, sino que se trata de una
controversia netamente administrativa», y el ente de control no tiene competencia para
inmiscuirse en el cumplimiento de las funciones de los entes estatales concernientes a
desbordamientos de ríos.

Que la petición a la que hace referencia la actora fue respondida a través de oficio
80011 de 8 de mayo de 2023, en el que se le informó que con ocasión de «la contratación
para contrarrestar las consecuencias del rompimiento del Jarillón del Rio Cauca ubicado en el
sector denominado como Caregato en La Mojana, así como las inundaciones de los municipios
que conforman el sector de La Mojana ocurridas en el año 2021”, otorgando competencia a la
Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, por lo que, se procedió a abrir la
indagación preliminar Nro. 80011-2023-43320» y no era dable entregarle copia de las
diligencias, porque tienen la condición de reservadas, de acuerdo con el artículo 20 de
la Ley 610 de 2000.

La Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y el San Jorge
(Corpomojana) dijo que el colapso de parte del Jarillón de Caregato ocurrió por un
hecho de la naturaleza, es decir, por fuerza mayor, y no por alguna omisión que le sea
atribuible, situación por la que no ha incumplido de funciones que le impone la Ley 99
de 1993, por ende, carece de legitimación en la causa por pasiva, máxime si se tiene
en cuenta que no maneja los recursos «para realizar mega obras», pues dentro de sus
competencias no se encuentra la de efectuar gestiones financieras.

Que la acción de tutela no es el mecanismo previsto en el sistema normativo para
abordar problemas como los aludidos por la demandante o salvaguardar derechos
colectivos, pues para ello procede «la acción de grupo». Además, la actora no demostró
la afectación de sus derechos fundamentales, sino que se refiere únicamente a daños
hipotéticos.

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge señaló que
no es la responsable de las dificultades acontecidas en la subregión de La Mojana por
el rompimiento del dique Caregato y ha brindado asesoría técnica necesaria a las
entidades territoriales bajo su jurisdicción, en aras de superar la emergencia y en
cumplimiento de las tareas que le asigna la Ley 1523 de 2012, ya que son ellas las
primeras responsables de garantizar la atención a los damnificados.

Que el mencionado Jarillón se encuentra ubicado en San Jacinto del Cauca (Bolívar),
esto es, por fuera de su jurisdicción, de ahí que no le asista el deber de adoptar medidas
en ese punto. Por último, señaló que la acción de tutela es improcedente para proteger
derechos colectivos, por cuanto para ello está instituida la acción popular, y no se
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

El departamento de Córdoba indicó que el 10 de mayo de 2024 concurrió a la mesa
de trabajo convocada por la Defensoría del Pueblo, en la que se discutió la necesidad
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Demandante: Marta Rocío Martínez Palencia

de adoptar medidas para superar los estragos que vive la subregión de La Mojana, y el
30 de mayo siguiente participó en la entrega de 700 ayudas humanitarias gestionadas
por el municipio de Ayapel, ente al que le giró $400.000.000 destinados a gestionar la
emergencia a través de la implementación del «plan de acción específico».

Que la acción de tutela deviene en improcedente, porque la acción popular 25000-23-
41-000-2023-00865-00 se encuentra en trámite y es allí en donde se deben ordenar
medidas orientadas a superar la problemática desencadenada por el rompimiento del
dique Caregato.

La Defensoría del Pueblo aseveró que promovió la acción popular 25000-23-41-000-
2023-00865-00 y en ella deprecó la protección los derechos de los habitantes de la
subregión de La Mojana, trámite en el que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, decretó unas medidas cautelares encaminadas a
salvaguardar las prerrogativas de dichas personas, dentro de las que se destacan la de
adelantar las obras de dragado necesarias para enfrentar la emergencia y elaborar el
correspondiente censo de damnificados, las cuales son de cumplimiento inmediato.

Que el 7, 8 y 10 de mayo de 2024 presidió mesas de trabajo en las que se discutió la
situación calamitosa y se concluyó que era necesario cerrar prontamente el boquete
del dique de Caregato, y aunque de ello se informó al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, «no se ha obtenido una respuesta rápida
y contundente» de esa Corporación.

El Departamento Nacional de Planeación señaló que la tutela de la referencia es
improcedente, en razón a que por los hechos en ellas expuestos se adelanta la acción
popular 25000-23-41-000-2023-00865-00, por ende, ese es el escenario adecuado
para pedir medidas encaminadas a enfrentar las inundaciones de la subregión de La
Mojana, cuanto más si para ejecutarlas se necesita la concurrencia de varias entidades
estatales, articulación que no es dable lograr por conducto de la acción de amparo.

Que la entidad carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que no ha incurrido
en acción u omisión alguna que vulnere los derechos fundamentales de la tutelante,
pues sus funciones no abarcan la construcción de obras para evitar el desbordamiento
de ríos (lo que les compete a las entidades territoriales, conforme a la Ley 1523 de
2012), sino que se limitan a coordinar el diseño de políticas públicas y la ejecución de
presupuesto nacional.

El Fondo de Adaptación adujo que no tiene legitimación en la causa por pasiva, toda
vez que las tareas que le otorga el Decreto 4819 de 2010 está relacionadas con la
recuperación de las zonas afectadas por el fenómeno de la niña, por ende, no está en
la obligación de atender las fases de «atención humanitaria y rehabilitación», que son las
primeras que deben surtirse en la subregión de La Mojana.

Que la acción de tutela es improcedente, (i) porque el marco jurídico prevé otros
instrumentos10 para estudiar la controversia de fondo, (ii) no se acreditó la existencia
de un perjuicio irremediable y (iii) no se cumple la exigencia de inmediatez, dado que
las inundaciones a las que alude la actora se iniciaron en el 2020 y solo hasta el 2024
se promovió este mecanismo constitucional.

El departamento de Antioquia, por conducto del Departamento Administrativo para la
Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, indicó que las pretensiones de la
demandante deben atenderlas las respectivas alcaldías, toda vez que son las
encargadas de gestionar las emergencias que surjan en su jurisdicción, conforme lo
señala la Ley 1523 de 2012.

10 No señala cuáles.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02711-00
Demandante: Marta Rocío Martínez Palencia

Que el desbordamiento del Río Cauca en la subregión de La Mojana ha afectado el
municipio de Nechí, por lo que ha adelantado un plan de atención a la población, en
coordinación con la administración local, sin embargo, la problemática desborda sus
competencias, por lo que la UNGRD debe asumir las tareas en aras de garantizar la
reparación del Jarillón Caregato.

El municipio de Magangué señaló que, si bien varias de sus veredas se han visto
afectadas por las inundaciones provocadas por la ruptura del dique Caregato, la
administración local no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados en la
solicitud de amparo, pues ese suceso acaeció por hechos que no le son atribuibles.
Además, la tutela deviene en improcedente, porque el marco jurídico contempla la
acción popular como el instrumento adecuado para proteger derechos colectivos y
adoptar medidas que los salvaguarden.

El Ministerio de Agricultura afirmó que el 27 de enero de 2024 se instaló un puesto
de mando unificado, se dispuso entre los diferentes entes territoriales un aplicativo para
recolectar información de los afectados y se entregaron a 6639 kits agropecuarios a los
damnificados, cuyo valor ascendió a «42.000 millones de dólares». Además, a los
campesinos afectados se les subsidió hasta el 50% del valor de los insumos
agropecuarios.

Que el 17 de mayo de 2024 dio a conocer el plan de acción para la recuperación de la
subregión de La Mojana, el cual contiene acciones orientadas a mitigar el
desbordamiento del Rio Cauca y garantizar la seguridad alimentaria y la productividad.
Asimismo, que ante la problemática desencadenada por el rompimiento del Jarillón
Caregato se han reubicado los animales en sitios seguros, se suministraron 2000 dosis
de vacunas contra la encefalitis equina venezolana, se han comprado las cosechas a
los campesinos y se han ofrecido créditos flexibles a ellos.

Concluyó que la tutela es improcedente, ya que la controversia planteada debe ser
abordada en una acción popular, escenario en el cual es dable fijar medidas
estructurales encaminadas a superar las inundaciones y salvaguardar los derechos
colectivos.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pidió que se denegara la solicitud
de amparo. Explicó que las afirmaciones de la tutelante carecen de respaldo técnico y
científico, de lo que se colige que son apreciaciones subjetivas que no acreditan la
vulneración de derechos fundamentales.

Que esa cartera no ha tenido incidencia alguna en los hechos que motivaron la
presentación de la tutela, de ahí que no sea posible atribuirle quebranto de garantías
superiores, máxime cuando no es la autoridad llamada a adoptar medidas para
enfrentar la emergencia en la subregión de La Mojana, pues ello le corresponde a los
entes territoriales, conforme a la Ley 1523 de 2012.

Que el mecanismo adecuado para tratar la presunta vulneración de los derechos es la
acción popular de que trata la Ley 472 de 1998, en la que el juez puede emitir órdenes
que articulen a diferentes autoridades administrativas en aras de lograr un objetivo
común, como lo es superar la problemática derivada del colapso del dique Caregato,
mecanismo que, dijo, se tramita ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, bajo el número de radicación 25000-23-41-000-2023-
00865-00, circunstancia que hace improcedente la tutela promovida por la actora, por
no cumplir el requisito de subsidiariedad.

Adujo que la demandante carece de legitimación en la causa por activa para pedir la
protección de los derechos fundamentales de los habitantes de la subregión de La
Mojana, dado que no se satisfacen los presupuestos de la agencia oficiosa, por cuanto
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Demandante: Marta Rocío Martínez Palencia

no se identificaron a los afectados y tampoco se acreditó su imposibilidad de asumir la
defensa de sus prerrogativas.

La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar indicó que (i) ha emitido los
conceptos y recomendaciones dentro del ámbito de sus competencias, previstas en el
Ley 99 de 1993, para tratar la crisis en la subregión de La Mojana y (ii) ha asistido a las
diferentes mesas de trabajo instaladas con el fin de articular las decisiones
administrativas que se deban ejecutar, motivo por el cual no ha incurrido en
desconocimiento de los derechos fundamentales invocados en la solicitud de amparo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que carece de facultades para
involucrarse en cuestiones relacionadas con la atención de emergencias, como la que
se presenta en la subregión de La Mojana, por lo que no ha vulnerado los derechos
fundamentales referidos por la demandante, cuanto más si se tiene en cuenta que
tampoco ha sido convocado a la acción popular 25000-23-41-000-2023-00865-00.

El Ministerio del Interior señaló que las funciones que le concede el ordenamiento
jurídico no están relacionadas con la situación fáctica debatida en el asunto
constitucional de la referencia, en consecuencia, no es posible imputarle trasgresión de
los derechos fundamentales de los habitantes de la subregión de La Mojana, situación
que, dice, impone declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva.

El Ministerio de Salud y Protección Social adujo que son los departamentos y
municipios los encargados de ejecutar acciones destinadas a salvaguardar la salud
pública en sus territorios, por lo tanto, deben tratar los quebrantos de salud que puedan
afectar a los habitantes de la subregión de La Mojana a causa de las inundaciones, de
ahí que carezca de legitimación en la causa por pasiva, máxime cuando las empresas
prestadoras de salud son las encargadas de brindar la asistencia médica necesaria, las
cuales están sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de
Salud.

Que desde que se presenta la emergencia ha suministrado medicamentos. Asimismo,
la acción de tutela resulta improcedente para obtener la protección de los derechos
colectivos invocados por la demandante, dado que para ello está instituida la acción
popular, dentro de la cual es posible dictar medidas cautelares con el fin de evitar la
afectación de aquellos.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio pidió que se declarara la falta de
legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que sus funciones no conciernen a
emergencias derivadas por desbordamientos de ríos y no ha sido vinculada a la acción
popular 25000-23-41-000-2023-00865-00, por tanto, no ha incurrido en la vulneración
de los derechos fundamentales invocados por la demandante.

Que la tutela es improcedente porque la adopción de medidas para superar la
problemática de la subregión de La Mojana debe darse dentro del expediente de la
acción popular y no en el trámite de la acción de tutela.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República aseveró que el
presidente de la República no es competente para revocar las decisiones que emitan
las autoridades accionadas, como las adoptadas en la acción popular 25000-23-41-
000-2023-00865-00, y aunque es la máxima autoridad administrativa del país, la gestión
gubernamental la ejerce a través de los diferentes entes estatales, como los ministerios,
departamentos administrativos, entre otros, de ahí que sean ellos los llamados a
responder ante presuntos incumplimientos de funciones por parte del nivel central.

La Procuraduría General de la Nación sostuvo que contestó la petición que formuló
la demandante, en el sentido de indicarle las diligencias que adelantaba por la
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Demandante: Marta Rocío Martínez Palencia

problemática de la subregión de La Mojana, las cuales son de carácter reservado, de
acuerdo con el artículo 19 (letra d) de la Ley 1712 de 2014, por lo tanto, no se ha
vulnerado el derecho de petición.

Que el ente de control tiene una función de vigilancia, pero no «coadministra las funciones
de otras entidades», motivo por el que no está en la obligación de implementar medidas
orientadas a superar la crisis causada por el rompimiento del Jarillón Caregato.

La empresa GEON Construcciones SAS señaló que han cumplido sus obligaciones
derivadas del contrato 7-2021 de 8 de septiembre de 2021, que celebró con la UNGRD,
consistentes en dragar el Río Cauca en el sector de Caregato y construir un dique
alterno «tipo oreja», y no incidió en el colapso del correspondiente muro, sino que sus
actividades se han encaminado a enfrentar la emergencia.
Que es en la acción popular 25000-23-41-000-2023-00865-00 (que cursa en el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A) en la que se deben
ordenar las medidas tendientes a superar la crisis en la subregión de La Mojana,
circunstancia por lo que la acción de la referencia no satisface el requisito de
procedibilidad de subsidiariedad.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
solicitó que se denegara la solicitud de amparo. Indicó que los hechos expuestos en la
tutela son similares a los consignados en la acción popular 25000-23-41-000-2023-
00865-00, promovida por la Defensoría del Pueblo, en la que el 27 de febrero de 2024
decretó medidas cautelares con la finalidad de conjurar la emergencia que se presenta
en la subregión de La Mojana.

Que las actuaciones surtidas en el aludido asunto, en la que la actora fue admitida como
coadyuvante el 16 de mayo de 2024, se ajustan al ordenamiento jurídico y no ha
incurrido en inactividad injustificada, de ahí que no haya vulnerado los derechos
constitucionales fundamentales aludidos en la solicitud de amparo.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres pidió que se denegara
lo pretendido por la actora. Adujo que la emergencia derivada del rompimiento del
Jarillón Caregato se produjo por múltiples factores climáticos y ambientales, y aunque
la actora señala que hay una omisión de la entidad en gestionar la emergencia acaecida
en la subregión de La Mojana pero no allega pruebas de esa aseveración.

Que la Ley 1523 de 2012 prevé el procedimiento que debe surtirse para hacerle frente
a las inundaciones, que inicia con los actos urgentes del parte de los respectivos
municipios y la posterior intervención de la Nación, etapa en la que la entidad estatal
ha cumplido sus tareas al contratar las obras necesarias para cerrar el dique.

El Instituto Nacional de Vías (Invías); el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (Ideam); el departamento de Sucre; los municipios de Nechí,
San Jacinto del Cauca, San Marcos, Guarandá, Sucre, Caimito, San Benito de
Abad y Majagual; la Fiduprevisora SA y los representantes legales del Consorcio
Protección La Mojana, de CFD Ingeniería SAS, del Consorcio Interventores La
Mojana 2021, de Construcciones y Diseños Nacionales SAS, de Interventores de
Proyectos SAS, de Interventores e Ingeniería SAS, del Consorcio RCG, de
Petroblain SAS, de Valco Holding SAS, de EBM Construcciones e Interventorías
SAS y de Construsego SAS, guardaron silencio pese a que, como se vio, fueron
notificados del auto admisorio de la acción de tutela.

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Demandante: Marta Rocío Martínez Palencia

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestiones previas.

1.1. Legitimación en la causa por activa
Con la finalidad de establecer si la accionante cuenta con legitimación en la causa por
activa para pedir la protección de los derechos fundamentales de los habitantes de la
subregión de La Mojana, resulta oportuno señalar que el artículo 86 de la Constitución
Política prevé que la tutela puede ser promovida por cualquier persona, « por si misma o
por quien actúe en su nombre», en aras de obtener la protección de sus derechos
fundamentales.

Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 estipula:
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada
o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.

También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.

De la mencionada disposición se colige que una de las formas en que es factible
promover la tutela es por conducto de la agencia oficiosa, entendida como una figura
procesal en virtud de la cual una persona asume la defensa de los derechos de otra
que no está en la posibilidad de exigir su protección, sin necesidad de poder.

La jurisprudencia constitucional11 ha indicado que para que opere la agencia oficiosa
en sede de tutela, es necesario acreditar las siguientes exigencias: (i) la manifestación
expresa de que el demandante actúa como agente oficioso, (ii) la individualización del
titular de las garantías superiores presuntamente desatendidas, (iii) la imposibilidad del
agenciado de exigir la salvaguarda de sus prerrogativas y (iv) la ratificación de los
hechos expuestos en la tutela por parte de este, siempre que ello no constituya una
carga desproporcionada.

Efectuada las anteriores precisiones jurídicas, en el sub lite se evidencia que la actora
dice actuar como agente oficiosa de los habitantes de la subregión de La Mojana,
porque se han visto afectados por las inundaciones provocadas por el colapso del
Jarillón Caregato. No obstante, la Sala constata que la demandante no individualizó a
los supuestos agenciados y tampoco acreditó que ellos estén en imposibilidad de
ejercer la defensa de sus derechos fundamentales.

En ese orden de ideas, no es dable inferir que (i) los habitantes de la mencionada
subregión estén en situaciones que les impidan promover la acción de amparo y (ii) que
sea su intención acudir al juez de tutela, lo que impide tener certeza de su voluntad,
que en últimas es lo que salvaguarda esas exigencias, tal como lo dijo la Corte
Constitucional12, en los siguientes términos:
[…] Así las cosas, […] este Tribunal ha dicho que [el requisito de imposibilidad del agenciado de
ejercer la defensa de sus derechos] encuentra respaldo en el hecho de preservar la autonomía y
voluntad de una persona mayor de 18 años, quien es titular de la capacidad legal o de ejercicio, por
virtud de la cual se le reconoce su plena aptitud para acudir ante los jueces, en defensa de sus
derechos, cuando considere que estos están siendo amenazados o vulnerados. Por esta razón, un
agente oficioso sólo podrá actuar por otro cuando se pruebe una circunstancia física o mental que
le impida al interesado interponer una acción de tutela directamente.

11 Sentencia T-144 de 2019, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
12 Sentencia T-072 de 2019, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

11

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Demandante: Marta Rocío Martínez Palencia

Así las cosas, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa de Marta
Rocío Martínez Palencia para pedir la protección de los derechos fundamentales de los
habitantes de la subregión de La Mojana, pero continuará con el estudio de las
pretensiones presentadas también en nombre propio por la accionante.

1.2. Legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y, excepcionalmente,
contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional13 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el municipio de Ayapel,
Corpomojana, el Departamento Nacional de Planeación, el Fondo de Adaptación y los
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Interior, de Salud y Protección Social
y Vivienda, Ciudad y Territorio señalaron que carecen de legitimación en la causa por
pasiva, dado que los hechos expuestos en la tutela no están relacionados con las funciones
que le otorgan el ordenamiento jurídico.

La Sala constata que las mencionados entes estatales tienen la condición de
demandados en este trámite constitucional y al analizar la acción popular 25000-23-41-
000-2023-00865-00, se constata que allí los Ministerios de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Salud
y Protección Social, y el Fondo de Adaptación, entre otras entidades, también son
accionados, por ende, sí cuentan con legitimación en la causa por pasiva en el asunto
constitucional de la referencia, dado que aquí también se cuestiona la supuesta
ineficacia de ese mecanismo judicial, de manera que lo que se decida repercute en la
acción popular y, por consiguiente, en esos organismos, de ahí que esté justificada su
comparecencia a la tutela.

En lo que concierne al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y al Departamento Nacional
de Planeación, se advierte que integran el Comité Nacional para el Conocimiento del
Riesgo, conforme al artículo 20 de la Ley 1523 de 201214, el cual es el encargado de
«orientar la formulación de los planes de acción específicos para la recuperación posterior a
situación de desastre»15, entre otras funciones íntimamente relacionadas con la atención
de desastres naturales, como el acontecido en la subregional de La Mojana, motivo por
el cual los referidos entes estatales sí tienen incidencia en los hechos aquí debatidos,
por ende, gozan de legitimación en la causa por pasiva.

Respecto al municipio de Ayapel, se anota que como es uno de los afectados por el
desbordamiento del Río Cauca, su alcalde «es el responsable directo de la implementación
de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la
reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción»16, en
consecuencia, su participación en esta acción de tutela es indispensable porque sus
funciones se relacionan con el rompimiento del dique Caregato, por lo que sí tiene
legitimación en la causa por pasiva.

13 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella

Ortiz Delgado.
14 «Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional

de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones».
15 Numeral 13 del artículo 21 de la Ley 1523 de 2012.
16 Artículo 14 de la Ley 1523 de 2012.

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Frente a Corpomojana se evidencia que integra el respectivo consejo territorial, de
acuerdo con el artículo 28 de la Ley 1523 de 2012, que comporta una «instanci[a] de
coordinación, asesoría, planeación y seguimiento, destinad[a] a garantizar la efectividad y
articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo
de desastres en la entidad territorial correspondiente». En ese orden de ideas, sus funciones
sí atañen a la controversia debatida en esta acción de tutela, por ende, cuenta con
legitimación en la causa por pasiva.

En lo concerniente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se constata que sus
funciones establecidas en el artículo 2 del Decreto 3570 de 201117 conciernen a la
problemática que se discute en este trámite constitucional, como las de «[o]rientar, en
coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, las acciones
tendientes a prevenir el riesgo ecológico» (que acontece en subregión de La Mojana por la
pérdida de amortización de las aguas), y «[e]jercer la inspección y vigilancia sobre las
Corporaciones Autónomas Regionales», de ahí que sí tenga legitimación en la causa por
pasiva.

En cuanto al Ministerio del Interior, se evidencia que el numeral 7 del artículo 2º del
Decreto 2893 de 201118 prevé que a esa cartera le asiste el deber de «[s]ervir de enlace
y coordinador de las entidades del orden nacional en su relación con los entes territoriales y
promover la Integración de la Nación con el territorio y el desarrollo territorial», lo cual resulta
indispensable para superar las inundaciones en la subregión de La Mojana, por tanto,
sí le atañe la problemática discutida en esta acción de tutela.

En ese orden de ideas, se denegará la desvinculación de la acción de tutela de la referencia
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, del Departamento Nacional de Planeación, del
municipio de Ayapel, de Corpomojana y de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, del Interior, de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Salud y Protección Social,
habida cuenta de que gozan de legitimación en la causa por pasiva y cuentan con un
interés en las resultas del proceso.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Marta
Rocío Martínez Palencia para extenderle los efectos de la sentencia T-123 de 2024,
emitida por la Corte Constitucional, y ordenar a las autoridades accionadas que (i)
adopten medidas orientadas a superar la problemática desencadenada por el
rompimiento del Jarillón Caregato el 27 de agosto de 2021, (ii) realicen un censo de las
personas damnificados por ese suceso y (iii) brinden asistencia a los afectados.

Además, también debe establecerse si es dable ordenarles (i) al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que tramite prontamente la acción
popular 25000-23-41-000-2023-00865-00; (ii) a la Contraloría General de la República
y a la Procuraduría General de la Nación que decidan de manera expedita las
actuaciones fiscales y disciplinarias que adelantan por la emergencia acontecida en la
subregión de La Mojana; y (iii) a estas que decidan las peticiones que formuló la
demandante.

La Sala anticipa que negará las pretensiones de extender los efectos de la sentencia
T-123 de 2024, las relacionadas con el derecho de petición y la supuesta tardanza del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A. Además,
declarará improcedente la tutela en lo que respecta a ordenarles a las autoridades

17 «Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se

integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible».
18 «Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el

Sector Administrativo del Interior».
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accionadas que implementen medidas para superar la problemática en La Mojana,
realicen el censo de damnificados y brinden asistencia a estos.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i)
generalidades de la acción de tutela, (ii) subsidiariedad, (iii) improcedencia general de
la acción de tutela cuando el proceso judicial se encuentra en curso, (iv) naturaleza de
las acciones populares, (v) mora judicial, (vi) el derecho de petición y (vii) la solución al
caso concreto.

3. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo
caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.

4. Subsidiariedad

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela «solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». Eso quiere decir
que la subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza
excepcional de este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción
de tutela debe ser el último recurso, no el primero.

5. Improcedencia general de la acción de tutela cuando el proceso judicial se
encuentra en curso

En sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que « si el proceso se
encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como
se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar
necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos
fundamentales». Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que «no es dable
la intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia ordinaria sino
cuando se presentan unas especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo».

Adicionalmente, en sentencia T-511 de 2020, la Corte Constitucional manifestó que en
lo que respecta a la tutela contra autos, para determinar su procedencia, era necesario
diferenciar si se trataba de autos de trámite o interlocutorios. Recordó que la
jurisprudencia constitucional, respecto de los últimos, ha señalado que la solicitud de
amparo procede en los siguientes eventos: «i) cuando “se evidencie una vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales de las partes que no puede ser reprochada mediante
otros medios de defensa judicial”; ii) si “a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan
idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados”; o iii) si “la protección
constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable». En cualquier caso, el juez
debe verificar el cumplimiento de «los requisitos generales de procedencia y presentarse al
menos una de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales que han sido fijados por esta [Corte]».

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En ese sentido, consideró que la procedencia de la acción de tutela en contra de autos
interlocutorios era estricta, puesto que: (i) no se trataba de decisiones definitivas; (ii) la
persona tenía a su disposición distintos recursos jurídicos para controvertir el auto, en
el marco del proceso judicial en el cual fue emitido y, además, (iii) tenía la posibilidad
de recurrir la decisión final. Ese criterio restrictivo, expuso, encontraba justificación en
que la acción de tutela no podía ser utilizada por la actora para «controvertir una decisión
adversa a los intereses» en el marco de un proceso judicial en el cual «no se ha proferido
ningún fallo definitivo» y en el que, por tanto, la parte interesada tenía a su disposición
otros medios de defensa judicial.

La Corte también indicó que la acción de tutela no procede contra autos interlocutorios,
cuando el interesado «i) “no ha hecho uso de todos los mecanismos ordinarios de defensa a
su alcance […] y, por ende, se encuentran pendientes los recursos procedentes contra la
decisión definitiva”; y ii) no “demuestra la existencia de un perjuicio irremediable”».

6. Naturaleza de las acciones populares

El artículo 88 de la Constitución Política señala que el Congreso de la República debe
regular lo concerniente a las acciones populares, mandato que acató con la expedición
de la Ley 472 de 199819, en cuyo artículo 2º las definió como «los medios procesales para
la protección de los derechos e intereses colectivos, [la cual se emplea] para evitar el daño
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e
intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible».

La referida acción tiene un carácter público, por ende, puede ser instaurada por cualquier
persona que estime vulnerados o amenazados sus derechos colectivos y está sujeto a
los principios de eficacia, primacía del derecho sustancial, publicidad, oficiosidad, entre
otros, de ahí que el juez que la conozca deba impulsarla20 y adoptar las medidas que
considere adecuadas para salvaguardar las referidas prerrogativas, para lo cual, dicho
sea de paso, cuenta con la posibilidad de emitir fallos ultra o extra petita, tal como lo dijo
el Consejo de Estado21, en los siguientes términos:

[…] es posible que los jueces a la hora de decidir analicen aspectos no planteados por las partes o
que decidan más allá de lo pedido, eventos en los cuales se está frente a las figuras de los fallos extra
y ultra petita, respectivamente, decisiones que en principio se encuentran prohibidas salvo las
excepciones fijadas por la ley y la jurisprudencia. Es decir, si bien es cierto los parámetros de una
decisión judicial deben ser las pretensiones de la demanda y la oposición a las mismas -según lo
indica el principio procesal de la congruencia-, dicha regla se atenúa en algunos tipos de procesos,
dada la naturaleza especial de los mismos […]

Ahora bien, en materia de acciones populares, la misma ley ha otorgado al juez la facultad de impartir
las órdenes necesarias para garantizar el núcleo esencial de los derechos colectivos que se pretenden
salvaguardar con el ejercicio de la misma, no sólo en la sentencia sino también desde el inicio y en
cualquier momento del proceso a través del decreto de medidas cautelares, sin enmarcar
específicamente a aquellas en lo pedido por el actor popular en la demanda.

Ahora bien, como se advirtió en la cita, el inciso 3º del artículo 17 de la Ley 472 de 1998
señala que «[e]n desarrollo del principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el
procesal, el juez competente que reciba la acción popular tendrá la facultad de tomar las
medidas cautelares necesarias para impedir perjuicios irremediables e irreparables o
suspender los hechos generadores de la amenaza a los derechos e intereses colectivos», las

19
«Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las
acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones».
20 Artículo 5.º de la Ley 472 de 1998: «[…]

Promovida la acción, es obligación del Juez impulsarla oficiosamente y producir decisión de mérito so pena de incurrir
en falta disciplinaria, sancionable con destitución.
[…]».
21 Sala Seis Especial de Decisión, providencia de 5 de junio de 2018, M. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente

15001-33-31-001-2004-01647-01.
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cuales podrá ordenar en cualquier etapa de la acción, como lo dispone el artículo 2522
ibidem.

Cabe advertir que es dable exigir el cumplimiento de las medidas cautelares por conducto
del incidente de desacato previsto en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998, que estipula:

La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad competente en los procesos
que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos
mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conmutables
en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite
incidental y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá en el término de tres (3) días si debe
revocarse o no la sanción. La consulta se hará en efecto devolutivo.

En atención a lo expuesto, se concluye que la acción popular es el mecanismo previsto
por el ordenamiento jurídico para obtener la protección de derechos colectivos y emitir
órdenes encaminadas a evitar un daño contingente o restituir las cosas a su estado
anterior, siempre que ello sea posible, para lo cual el juez cuenta con la posibilidad de
decretar las medidas cautelares que estime pertinentes, cuyo cumplimiento es dable
exigir mediante el incidente de desacato.

7. Mora judicial

La mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado de los plazos legales
por parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre que se cumplan los
siguientes presupuestos: (i) la inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para
adelantar la actuación judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique
la demora, y (iii) la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión
sistemática de los deberes por parte del juez23.

El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o corporación
judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial
genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas
imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces
cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Por ejemplo, se
presentan condiciones estructurales, como la excesiva carga laboral, la falta de una
infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios
judiciales adopten decisiones oportunas.

Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de conexidad
necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, a
tal punto que esos son los criterios que deben analizarse para establecer si se configuró
o no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso a la administración de
justicia. De modo que el funcionario incumplido debe demostrar el agotamiento de todos
los medios posibles para evitar el detrimento de dichos derechos y, por ende, la mora
judicial solo estará justificada cuando:

i) Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende,

22 «Antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso podrá el juez, de oficio o a petición de

parte, decretar, debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente
o para hacer cesar el que se hubiere causado […]».
23 Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052 de

2018 y T-441 de 2020.
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ii) Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga
laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e
ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en
los que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su
comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.

Asimismo, expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se deben
tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida la
afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv) la
valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el trámite24.

8. Derecho de petición

El artículo 23 de la Constitución Política prevé que el derecho de petición es
fundamental y faculta a toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las
autoridades y a obtener una respuesta oportuna, clara, precisa, de fondo y congruente
con lo solicitado.

El derecho a recibir una respuesta de fondo implica que la autoridad que recibió la
solicitud, según su competencia, se pronuncie completa y detalladamente sobre todos
los asuntos expuestos por el solicitante. La autoridad no puede responder con evasivas
o con razones que no guarden relación con los temas planteados en la solicitud.

El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la
posibilidad de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o los
particulares, según sea el caso; (ii) la garantía de que se entregue respuesta oportuna,
es decir, en las oportunidades que prevé el ordenamiento jurídico; (iii) la respuesta de
fondo o contestación material, esto es, la decisión que, en el ámbito de su competencia,
debe entregar el destinatario de la petición, sin importar que la decisión sea o no
favorable al solicitante; (iv) la comunicación oportuna de lo decidido, y (v) la falta de
competencia para pronunciarse sobre la totalidad o parte de la petición presentada no
significa que el destinatario quede exento de pronunciarse.

El desconocimiento de cualquiera de esos elementos trae como consecuencia la
vulneración del derecho de petición.

Por su parte el artículo 1425 de la Ley 1437 de 2011 fijó los términos para resolver las
distintas modalidades de peticiones, así:

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince
(15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las
siguientes peticiones:

Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

24
La Corte Constitucional se ha apoyado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH), en la que se establecieron criterios objetivos para determinar bajo qué circunstancias se configura la
violación al plazo razonable por parte de las autoridades judiciales o administrativas, tales como: a) la complejidad
del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. (Caso Motta Vs
Italia, sentencia de 19 de febrero de 1991: Caso Ruiz Mateos Vs España, sentencia de 23 de junio de 1993; Caso
Genie Lacayo Vs Nicaragua, sentencia de 29 de enero de 1997).
25 La Ley 1755 de 2015 reguló el Derecho Fundamental de Petición y sustituyo un título del CPACA, que comprendió

el artículo 14.
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2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.

Ahora bien, cuando la petición verse sobre la entrega de información reservada, la
administración debe indicar las disposiciones normativas que le otorgan esa condición26
y el peticionario cuenta con la posibilidad de formular el recurso de insistencia de que
trata el artículo 2627 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).

9. Análisis del caso concreto

9.1. Imposibilidad de extender los efectos de la sentencia T-123 de 2024 al caso
objeto de estudio

La demandante solicita que se le extiendan los efectos de la sentencia T-123 de 2024,
en la que la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de una pareja
de campesinos de la tercera edad del municipio de Saravena (Arauca), quienes
pidieron las ayudas humanitarias previstas en la Ley 1448 de 2011 para los
desplazados forzados producto del conflicto armado interno, comoquiera que tuvieron
que dejar sus tierras con ocasión de la inundación provocada por el desbordamiento
del Río Bojabá, pero las entidades demandadas en esa tutela se las negaron.

Allí la Corte Constitucional indicó que la legislación colombiana tiene un vacío sobre
los desplazados por catástrofes naturales y ordenó al departamento de Arauca, al
municipio de Saravena y a la UNGRD realizar un estudio encaminado a determinar el
riesgo que representaban para los demandantes sus predios y les brindaran las ayudas
necesarias de vivienda. Además, extendió la «fórmula jurídica adoptada en esta
providencia y la ruta establecida para resolver este caso, por medio de los efectos inter
comunis a toda la población que se encuentre desplazada por el desbordamiento del Río
Bojabá».

En el sub lite, la Sala encuentra que no es dable extenderle a la tutelante los efectos
de la sentencia T-123 de 2024, comoquiera que los supuestos fácticos allí debatidos
son diferentes a los de la referencia, pues los allí actores eran personas de la tercera
edad, condición que no tiene la demandante, y no se surtía una acción popular, como
sí acontece en los hechos que aquí se discuten. Además, la única facultada para
modular las sentencias de la Corte Constitucional es esa Corporación, conforme lo
señala su jurisprudencia, y en ese pronunciamiento solo se extendieron los efectos de
esa providencia a los desplazados por el desbordamiento del Río Bojabá. Sobre este
aspecto, el alto tribunal precisó:

[…] en razón de la misión encomendada por el artículo 241 de la Constitución consistente en
salvaguardar la integridad del ordenamiento superior, esta Corporación ha desarrollado dos

26 Artículo 25 del CPACA: «Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada,

indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes
[…]».
27 «Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca

la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos,
si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se
trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente
la petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el
cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes […]».
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dispositivos específicos de extensión de las consecuencias de las órdenes que adopta en las
providencias de amparo, los cuales ha denominado efectos inter comunis e inter pares28.

7.2. Al respecto, cabe resaltar que los efectos inter comunis son un dispositivo de amplificación de la
decisión que este Tribunal utiliza cuando advierte que, en razón de las particularidades fácticas del
caso, el accionante pertenece a un grupo de personas cuyos intereses son:

(i) Inversamente proporcionales, por lo que las órdenes que imparta pueden afectarlas en distinto
grado y, por ello, resulta necesario tomar las medidas correspondientes para atender adecuadamente
dicha tensión29; o

(ii) Paralelos y, en virtud de consideraciones relacionadas con el principio de igualdad, la economía
procesal o la especial protección constitucional que gozan ciertos sujetos, se torna imperioso que las
consecuencias del fallo se extiendan a todos los miembros de la respectiva colectividad 30.

[…] la Sala advierte que la jurisprudencia en vigor autoriza a la Corte para que, en los casos en que
lo estime pertinente con el propósito de salvaguardar la supremacía del orden superior y ante ciertos
supuestos específicos31, pueda por medio de los efectos inter comunis e inter pares dejar sin valor
decisiones judiciales adoptadas frente a ciertos problemas jurídicos específicos, para en su lugar: (i)
reconocer prerrogativas a determinadas personas que previamente habían acudido ante las
autoridades jurisdiccionales y habían recibido un respuesta negativa, o (ii) revocar derechos
reconocidos a individuos que los habían obtenido en fallos expedidos dentro de otros procesos de
tutela u ordinarios.

Así las cosas, esta Sala no puede para darle efectos inter comunis a los
pronunciamientos de la Corte Constitucional y, por lo tanto, la pretensión de la
demandante de que se le extiendan las consideraciones consignadas en la sentencia
T-123 de 2024 resulta inadecuada, por ende, debe denegarse esa pretensión.

Sin embargo, el análisis continuará respecto de las demás pretensiones planteadas
por la accionante.

9.2. Improcedencia de la tutela para ordenar medidas orientadas a superar la
problemática de la subregión de La Mojana

En la solicitud de amparo la actora pide que se ordene la adopción de medidas
orientadas a superar la problemática que desencadenó el rompimiento del Jarillón
Caregato en la subregión de La Mojana y advierte que si bien se adoptaron unas
medidas cautelares al respecto en la acción popular 25000-23-41-000-2023-00865-00,
estas no son eficaces.

Al revisar la información registrada en el expediente de la acción popular, la Sala
encuentra que fue promovida por la Defensoría del Pueblo el 23 de junio de 2023 y en
ella pidió la protección de «los derechos e intereses colectivos de los habitantes de La
Mojana: (i) al goce de un ambiente sano, (ii) a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, (iii) la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, (iv) salud y seguridad alimentaria y (v) la salubridad pública».

En la demanda se indicó que el 7 de agosto de 2021 se rompió el Jarillón Caregato, lo
que produjo inundaciones en la subregión de La Mojana, y a pesar de las
intervenciones de las autoridades administrativas competentes, no se había logrado
superar la emergencia, lo que hacía necesaria la adopción de un plan integral de
28
Cfr. Providencias SU-1023 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), A-071 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa) y C-461 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
29 Cfr. Sentencias SU-1023 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), SU-913 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez),

SU-254 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y SU-011 de 2018 (M.P. Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz
Delgado).
30 Cfr. Sentencias SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), SU-389 de 2005 (M.P. Jaime Araújo

Rentería) y SU-214 de 2016 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
31 Supra II, 7.2. y 7.5.

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intervención. Además, allí se pidieron medidas cautelares, consistentes en ordenar (i)
la entrega de asistencia alimentaria, (ii) la recuperación «con obras de dragado con al
antiguo canal de la esperanza», (iii) la actualización del censo de damnificados, y (iv) la
convocatoria al Comité Nacional para la Reducción del Riesgo, en aras de que
elaborara estudios de prefactibilidad.

La acción popular fue admitida el 12 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que vinculó (i) como demandados a
los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Agricultura y Desarrollo Rural,
a la UNGRD y al Fondo de Adaptación; y (ii) como terceros interesados a los Ministerios
de Hacienda y Crédito Público, de Salud y Protección Social y del Interior; al
Departamento Nacional de Planeación, a la Procuraduría General de la Nación, a la
Fiduprevisora SA; a los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia; a los
municipios de San Marcos, Guarandá, Majagual, Sucre, Caimito, San Benito de Abad,
Magangué, San Jacinto del Cauca, Achín, Ayapel y Nechí; a las Corporaciones
Autónomas Regionales del Canal del Dique (Cardique), de Sucre (Carsucre), del
Centro de Antioquia (Carantioquia), para el Desarrollo de la Mojana y el San Jorge
(Corpomojana), del Sur de Bolívar y de los Valles del Sinú y del San Jorge.

El 27 de febrero de 2024 la referida autoridad judicial decretó las siguientes medidas
cautelares:

PRIMERO. - DECRÉTASE MEDIDA CAUTELAR, respecto a la vulneración y amenaza de los
derechos e intereses colectivos determinados en los literales a, c, l, g del artículo 4 de la Ley 472 de
1998 de los habitantes de la región de la Mojana, y en consecuencia,

SEGUNDO. - ORDÉNASE: las entidades accionadas NACIÓN – MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL,
UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EL FONDO ADAPTACIÓN y vinculadas
LA NACIÓN -MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – FONDO ADAPTACIÓN,
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO DEL INTERIOR,
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
FIDUPREVISORA S.A, GOBERNACIÓN DE SUCRE, GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA,
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, (ALCALDIAS DE LOS
MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, GUARANDA, MAJAGUAL, SUCRE, CAIMITO, SAN BENITO
ABAD, MAGANGUÉ, SAN JACINTO DEL CAUCA, ACHÍN, AYAPEL, NECHÍ), CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE, CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE SUCRECARSUCRE, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQUIA COARNTIOQUIA, CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA EL DESARROLLO DE LA
MOJANA Y EL SAN JORGE – CORPOMOJANA, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
SUR DE BOLIVAR, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL
SAN JORGE en el marco de sus competencias, en el término de treinta (30) días:

i) Realicen una mesa de trabajo con la participación de las entidades accionadas y vinculadas cuya
coordinación estará en cabeza de la parte actora tendiente a la revisión integral y evaluación actual
de la situación de la región de la Mojana.

ii)A partir de lo anterior, en el marco de competencias asignadas a cada ente se continúen ejecutando
de manera inmediata las fases de respuesta a la emergencia como entrega de Asistencia Humanitaria
de Emergencia y Subvenciones en el marco de funciones de la UNRGD como entidad coordinadora
del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y subvenciones del sector del Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual se deberá
disponer de los recursos necesarios, mientras se restablecen las condiciones de normalidad en la
zona.

iii) Se proceda a actualizar el censo de las personas y familias damnificadas, así como de los predios
requeridos para adelantar las intervenciones necesarias, identificando afectaciones, necesidades y
modos de vida previos a la emergencia a efectos de que se atienda en el marco de los planes de
acción dispuestos por los entes accionados a dicha población.

iv)A través de la mesa de trabajo se proceda a convocar al Comité Nacional para la Reducción del
Riesgo, para que se evalúe los relacionado a la elaboración de los estudios de fondo de prefactibilidad
y diseño adecuados, que deben estar plasmadas en el Plan de Acción específico (Rehabilitación y
Reconstrucción) de la misma.
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v) Se proceda a adelantar o dar continuidad a las acciones de la fase de recuperación con obras de
dragado por el antiguo canal que pasa por el corregimiento de México (municipio de San Jacinto del
Cuca) denominado “canal de la esperanza” a fin de disminuir la presión y velocidad de la corriente
obre los rompederos abiertos y procedan al cierre de estos.

TERCERO.- OTÓRGASELE a las entidades accionadas y vinculadas, el término de treinta (30) días
para que garanticen los derechos e intereses colectivos invocados en esta demanda a través de las
medidas cautelares dispuesta en la presente decisión.

CUARTO.- ORDÉNASE a las entidades accionadas y vinculadas, en el término de treinta (30) días
vencido el plazo de las medidas ordenadas, rindan un informe sobre el cumplimiento de las órdenes
impartidas en esta decisión.

Contra la anterior decisión, el departamento de Antioquia, el Fondo de Adaptación, la
UNGRD, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Corpomojana, interpusieron
recursos de reposición y, en subsidio de apelación, toda vez que en aquella no se
analiza las competencias de las entidades estatales que allí concurren, son los
municipios los llamados a adoptar medidas para enfrentar la emergencia y las pruebas
en las que se fundaron las medidas «estaban desactualizadas».

Mediante auto de 24 de junio de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, confirmó la decisión inicial, al considerar que la
problemática en la subregión de La Mojana amerita la concurrencia de diferentes
entidades para superarla y las vinculadas tienen incidencia en «los procesos de gestión
del riesgo». Asimismo, concedió las apelaciones en el defecto devolutivo y remitió el
expediente al Consejo de Estado, Sección Primera, donde arribó el 4 de julio de 2024.

El 26 de mayo de 2024 la señora Martínez Palencia fue admitida como coadyuvante
por ser damnificada por el desbordamiento del Río Cauca en el Jarillón Caregato, por
lo que se ordenó remitirle copia de las actuaciones procesales, lo cual aconteció el 18
de junio del año en curso.

En el presente asunto, como se advirtió en precedencia, la demandante pide que se
ordene a las autoridades accionadas que surtan actuaciones orientadas a superar la
problemática desencadenada por el colapso del dique Caregato y advierte que si bien
en la acción popular 25000-23-41-000-2023-00865-00 se decretaron unas medidas
cautelares, ese instrumento judicial carece de eficacia.

Sea lo primero advertir que la acción de tutela, en principio, deviene en improcedente
cuando sobre el asunto objeto de controversia se adelanta un proceso que aún no ha
terminado, salvo que se evidencie la existencia de un perjuicio irremediable, situación
en la que el amparo procedería como mecanismo transitorio.

En el sub lite, la Sala verifica que las medidas que pide la actora en la acción de tutela
de la referencia son casi idénticas a las medidas cautelares decretadas en la acción
popular 25000-23-41-000-2023-00865-00 (en la que la tutelante fue admitida como
coadyuvante), y si bien contra la providencia que las decretó se interpusieron recursos
de apelación que no han sido desatados por del Consejo de Estado, Sección Primera,
esa determinación es de inmediato cumplimiento porque los recursos de apelación se
concedieron en el efecto devolutivo.

En ese orden de ideas, la Sala constata que no es procedente la acción de tutela para
ordenar en esta instancia judicial las medidas reclamadas por la actora, dado que sobre
la problemática de la subregión de La Mojana se adelanta la acción popular 25000-23-
41-000-2023-00865-00 y en ese trámite se decretaron medidas cautelares
encaminadas a superar la difícil situación desencadenada por el colapso del dique
Caregato.

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Además, si bien la gravedad de la problemática de la subregión de La Mojana exige
prontas medidas, como las que la tutelante pide ordenar, la Sala encuentra que ya
fueron decretadas en la acción popular 25000-23-41-000-2023-00865-00, que se
constituye en la herramienta judicial idónea y efectiva para salvaguardar los derechos
de la actora, dado que en ella el juez goza de amplias facultades para obtener una
protección efectiva, como se analizó en líneas precedentes, y su trámite es preferente,
de acuerdo con el artículo 6º32 de la Ley 472 de 1998.

Así las cosas, se evidencia que la acción de tutela no cumple la exigencia de
subsidiaridad frente a las pretensiones de la actora relacionadas con ordenar medidas
orientadas a superar la emergencia, realizar un censo de los damnificados y brindar
ayuda humanitaria, pues sobre la actual situación que se presenta en la subregión de
la Mojana se encuentra en trámite la acción popular 25000-23-41-000-2023-00865-00
que es un instrumento de defensa idóneo, eficaz y efectivo para garantizar los derechos
de la tutelante, máxime cuando en ese trámite es dable exigir el acatamiento de las
correspondientes medidas cautelares a través del incidente de desacato estipulado en
el artículo 41 de la Ley 472 de 1998, que es una herramienta efectiva, conforme lo ha
señalado la Corte Constitucional33.

En virtud de lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de tutela de la
referencia, en lo concerniente a las pretensiones de brindar ayudas, elaborar un censo
y adoptar medidas encaminadas a superar la emergencia desencadenada por el
rompimiento del Jarillón Caregato.

9.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, no ha incurrido en tardanza en el trámite de la acción popular 25000-23-41-000-
2023-00865-00

En la solicitud de amparo la accionante también pide que se ordene al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, tramitar de manera
expedida la acción popular 25000-23-41-000-2023-00865-00.

Al analizar el referido cargo, la Sala constata que en el mencionado asunto
constitucional no se evidencia una situación de tardanza injustificada por parte de las
autoridades judiciales accionadas, pues se promovió el 23 de junio de 2023 y ellas (i)
lo admitieron el 12 de julio siguiente, (ii) corrieron traslado el 27 de noviembre de ese
año de las nulidades formuladas por el Departamento Nacional de Planeación y la
Procuraduría General de la Nación; (iii) resolvieron estas el 7 de diciembre de 2023;
(iv) decretaron medidas cautelares el 27 de febrero de 2024; (v) admitieron como
coadyuvante a la tutelante el 16 de mayo siguiente, (vi) decidieron el 24 de junio del
año en curso los recursos de reposición interpuestos contra el auto 27 de febrero de
2024; y (vii) concedieron el 24 de junio de 2024 las alzadas interpuestas contra dicho
proveído.

Además, el expediente ingresó nuevamente al despacho el 3 de julio de 2024 para que
se continuara con el trámite pertinente.

Así las cosas, no se evidencia que en la acción popular 25000-23-41-000-2023-00865-
00 hayan trascurridos lapsos considerables de inactividad de los señores magistrados
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por el
contrario, se observa diligencia por parte de ellos en adelantar las etapas procesales
correspondientes, circunstancia de que la que se concluye que no acontece una mora

32 «Las acciones populares preventivas se tramitarán con preferencia a las demás que conozca el juez competente,

excepto el recurso de Habeas Corpus, la Acción de Tutela y la Acción de cumplimiento».
33 Sentencia T-055 de 2021, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo:«[…] el trámite del incidente de desacato el juez

de la acción popular, como el de la acción de tutela, puede valerse de sus poderes disciplinarios para buscar y
alcanzar el cumplimiento de sus decisiones […]».
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judicial.

Ahora bien, la demandante también indica que la acción popular resulta ineficaz para
tratar la problemática de la subregión de La Mojana, no obstante, debe advertirse que
el ordenamiento jurídico prevé un instrumento judicial adecuado para obtener el
acatamiento de las medidas cautelares decretadas en la precitada acción popular,
como lo es el incidente de desacato consignado en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998,
el cual no ha sido promovido por la tutelante.

9.4. Improcedencia de la acción de tutela para ordenarle a la Procuraduría
General de la Nación y a la Contraloría General de la República que surtan de
manera expedita las investigaciones relacionadas con la problemática de La
Mojana

En el escrito de tutela la demandante pide que se ordene a la Procuraduría General de
la Nación y a la Contraloría General de la República que decidan de manera expedita
las diligencias disciplinarias y fiscales, en su orden, que surten con ocasión de las
inundaciones provocadas por el rompimiento del Jarillón Caregato y la presunta
negligencia en repararlo.

Sobre el particular la Sala considera que la tutela es improcedente, comoquiera que la
actora no cumplir una carga argumentativa que permita identificar los interés que tiene
en esas diligencias (pues no demostró que sea denunciante en ellas) y la manera en
que sus derechos fundamentales pueden resultar afectados por la presunta demora de
los mencionados entes de control en adelantar los procedimientos disciplinarios y
fiscales concernientes a la problemática de la subregión de La Mojana, omisión que
impide tener certeza de la vulneración de sus garantías superiores, lo que es
indispensable para acceder al amparo deprecado, como lo señaló la Corte
Constitucional34, así:
[…] esta Corporación ha establecido que el amparo es procedente cuando existe el hecho cierto,
indiscutible y probado de la violación o amenaza del derecho fundamental alegado por quien la ejerce.
Por consiguiente, el juez no puede conceder la protección solicitada simplemente con fundamento en
las afirmaciones del demandante […].

En ese orden de ideas, la Corte ha señalado que la decisión judicial “no puede ser adoptada con base
en el presentimiento, la imaginación o el deseo, sino que ha de obedecer a su certidumbre sobre si
en efecto ha sido violado o está amenazado un derecho fundamental, si acontece lo contrario, o si en
el caso particular es improcedente la tutela.” 35

Así las cosas, la Sala constata que la actora no cumplió una carga argumentativa
suficiente que permita identificar su interés en los procesos fiscales y disciplinarios
derivados de los problemas acaecidos por la ruptura del dique Caregato y que la
presunta tardanza en el trámite de ellos vulnera sus derechos fundamentales, de ahí
que la tutela sea improcedente para decidir la pretensión estudiada.

9.5. Tutela frente al supuesto quebranto del derecho fundamental de petición

Aunque en el escrito de tutela la demandante pide que se ordene que « procedan a
responder de fondo y de manera clara, precisa, congruente y de fondo las peticiones que mi
defendida les presentó», al estudiar la tutela la Sala observa que las únicas solicitudes
que allí se consignan sin respuesta, son las que presentó en la Procuraduría General
de la Nación y la Contraloría General de la República.

En lo que atañe a la Procuraduría General de la Nación, se evidencia que el 13 de febrero
de 2024 la demandante pidió a ese ente estatal que le suministrara copia de los procesos

34 Sentencia T-620 de 2017, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
35 Sentencia T-264 de 11993; M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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que se iniciaron con ocasión del colapso del Jarillón Caregato en 2021.

Mediante Oficio S-2024-008006 de 29 de febrero de 2024, la Coordinación del Grupo
de Administración y Soporte Funcional de Sistemas de Información Misional de la
Procuraduría General de la Nación le informó a la demandante que por los hechos por
ella aludidos se adelantaban los procesos disciplinarios IUS E-2023-090400 IUC D-
2023-2811060 y IUS D-2021-473840 IUC D-2021-2067240, pero no era dable
entregarle copia de ellos, toda vez que tenían la condición de información reservada,
conforme a la letra d del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014.

Ese oficio fue notificado a la tutelante a través de correo electrónico enviado al buzón
martinezpalenciamartarocio553@gmail.com, que corresponde al señalado en la
respectiva solicitud.

En virtud de lo expuesto, la Sala constata que la Procuraduría General de la Nación no
vulneró el derecho fundamental de petición de la accionante, pues contestó el
requerimiento que le hizo el 13 de febrero de 2024, y le indicó los motivos por los que
no era posible entregarle las copias deprecadas, decisión notificada correctamente y
contra la cual la actora no formuló el recurso de insistencia de que trata el artículo 2636
del CPACA.

Por otra parte, en lo que respecta a la Contraloría General de la República, se observa
que la demandante presentó petición el 24 de abril de 2023, orientada a que se le
entregara copia de los procesos de responsabilidad fiscal que adelantaba por la
problemática de la subregión de La Mojana y con oficio 80011 de 8 de mayo de 2023,
la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción del ente de control le
indicó a la accionante que esas diligencias eran reservadas, de acuerdo con el artículo
20 de la Ley 610 de 2000, por tanto, no era posible entregarle las copias requeridas.
Esa decisión fue notificada ese mismo día al correo electrónico
martinezpalenciamartarocio553@gmail.com.

Así las cosas, la Sala evidencia que tampoco no existe vulneración del derecho
fundamental de la actora frente a la Contraloría General de la República, porque su
petición se contestó y la respuesta se comunicó en debida forma.

En virtud de lo anterior, comoquiera que los requerimientos de la tutelante fueron
contestados por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la
República y las respuestas se comunicaron correctamente, se negará el amparo
deprecado sobre el particular.

Por lo expuesto, la Sala negará el amparo deprecado en cuanto a las pretensiones de
la demandante concernientes a extenderle los efectos de la sentencia T-123 de 2024,
emitida por la Corte Constitucional, a la mora judicial y al derecho de petición, y
declarará improcedente la tutela, frente a las demás súplicas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

36 «Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca

la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos,
si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se
trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente
la petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el
cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes […]».
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Demandante: Marta Rocío Martínez Palencia

III. FALLA

1. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la demandante para
pedir la protección de los derechos fundamentales de los habitantes de la subregión
de La Mojana.

2. Denegar las solicitudes de desvinculación de este trámite constitucional del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, del municipio de Ayapel, de Corpomojana, del
Departamento Nacional de Planeación, del Fondo de Adaptación y de los Ministerios de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Interior, de Salud y Protección Social y de
Vivienda, Ciudad y Territorio, conforme a lo indicado en la motivación.

3. Denegar las pretensiones relacionadas con extender los efectos de la sentencia T-
123 de 2024, proferida por la Corte Constitucional, con la mora judicial y con la
protección de su derecho de petición, de acuerdo con la parte motiva.

4. Declarar improcedente la acción de tutela frente a las demás súplicas formuladas
por la actora, en atención a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

7. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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