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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06267-00

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-06267-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación planteada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA de la señora Marta Rocío Martínez, como agente oficio de la comunidad de La Mojana en el presente asunto. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional en lo referente a la falta de pronunciamiento dentro del expediente de vigilancia judicial con radicado CSJBTA-SGVJA26-07896, ante la carencia actual de objeto por hecho superado. CUARTO: NEGAR la solicitud de amparo respecto a las demás pretensiones, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia. QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 10 Radicación: 11001-03-15-000-2026-06267-00 Accionante: Marta Rocío Martínez Palencia Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-06267-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (07) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-06267-00
Accionante: Marta Rocío Martínez Palencia
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: Acción de tutela / Niega amparo – mora judicial / Improcedencia – Carencia
actual de objeto y falta de legitimación en la causa por activa – agencia oficiosa en
materia de tutela.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 10 de agosto de 2026, la señora Marta Rocio Martínez Palencia, actuando en
nombre propio y como agente oficiosa de la comunidad de La Mojana 2, promovió
acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, defensa, tutela judicial efectiva y dignidad.

2.
Como sustento de sus pretensiones, expuso que la Defensoría del Pueblo
presentó acción popular contra la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad de Gestión del
Riesgo de Desastres y el Fondo de Adaptación, con el propósito de obtener el
amparo de los derechos colectivos de los habitantes de la región de La Mojana al
goce de un ambiente sano, la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 De acuerdo con lo esgrimido por la accionante, la subregión de La Mojana comprende 11 municipio, a saber:

municipio de Ayapel del departamento de Córdoba, municipio de Nechí del departamento de Antioquia, los
municipios de San Jacinto del Cauca, Achí y Magangué del departamento de Bolívar y los municipios de
Guaranda, Majagual, San Marcos, Sucre, San Benito de Abad y Caimito del departamento de Sucre.

1

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Accionante: Marta Rocío Martínez Palencia
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

racional de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución; a la protección de áreas de especial
importancia ecológica; a la salud y seguridad alimentaria y a la salubridad pública.
Prerrogativas afectadas con ocasión del rompimiento del terraplén construido para
reducir las inundaciones en el sector conocido como “Caregato”, que afectó los
departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre.

3.
En el trámite del referido medio de control, se profirió auto del 27 de febrero de
2024, a través del cual se decretaron diversas medidas cautelares a favor de los
habitantes de La Mojana. Esa decisión fue confirmada por el Consejo de Estado el
12 de septiembre de esa anualidad.

4.
El 8 de agosto de 2024, la accionante solicitó iniciar un incidente de desacato
contra las autoridades obligadas al cumplimiento de las medidas cautelares, petición
a la que se accedió mediante auto del 12 de agosto siguiente.

5.
Posteriormente, en providencia del 13 de marzo de 2025, se declaró en desacato
a varios gobernadores, alcaldes y representantes de las entidades conminadas a
cumplir las cautelas. Sin embargo, mediante auto del 12 de junio del mismo año, el
Consejo de Estado - Sección Primera revocó esa decisión, por la indebida
vinculación de las personas contra quienes se adelantó el trámite. En consecuencia,
ordenó al Tribunal que, de estimarlo procedente, iniciara un nuevo incidente contra
los funcionarios responsables del cumplimiento de las órdenes impartidas en las
providencias del 27 de febrero y 12 de septiembre de 2024.

6.
En atención a lo anterior, el 21 de julio de 2025, la demandante solicitó
nuevamente el inicio del incidente de desacato. En auto del 2 de septiembre del
mismo año, el Tribunal dispuso que antes de resolver sobre su inicio y con el fin de
garantizar el debido proceso, las entidades accionadas y vinculadas identificaran -
dentro de los tres días siguientes- a las personas naturales responsables de su
representación, con indicación de sus nombres, apellidos y correos electrónicos.
Esta determinación atendió a las exigencias formuladas por el Consejo de Estado al
resolver el grado jurisdiccional de consulta.

7.
En esa misma fecha, el Tribunal declaró fallida la audiencia de pacto de
cumplimiento celebrada el 10 de diciembre de 2024. En consecuencia, el 1 de
octubre de 2025 abrió el periodo probatorio y decretó el dictamen pericial solicitado
por la Defensoría del Pueblo, dirigido a establecer el impacto negativo de las
inundaciones en la región de La Mojana

8.
El 8 de octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo interpuso recurso de reposición
y en subsidio apelación en relación con la forma en que se hizo el decreto de esa
prueba. Mediante providencia del 9 de febrero de 2026, se modificaron las
condiciones en las que debía practicarse el dictamen y, por auto del 19 de mayo
siguiente, se negó la solicitud de aclaración presentada contra esa determinación.

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9.
Dada la falta de avances en la práctica de la prueba pericial y en el inicio del nuevo
incidente de desacato, el 9 de julio de 2026, la accionante solicitó al Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá iniciar vigilancia judicial administrativa. El 10
de julio siguiente, esa corporación requirió al Tribunal para que informara sobre el
estado del proceso.

10.
El requerimiento fue atendido el 16 de julio de 2026. El Tribunal sostuvo que no
había incurrido en mora, pues había adelantado las actuaciones necesarias para
recaudar el dictamen pericial e identificar y notificar debidamente a las personas
contra quienes eventualmente se iniciaría el nuevo incidente de desacato. Sobre este
último aspecto, señaló que el 15 de julio de 2026, había requerido por segunda vez
la información necesaria para efectuar las respectivas notificaciones.

11.
La accionante consideró que las autoridades demandadas incurrieron en una
mora injustificada, pues, para la fecha de presentación de la tutela, el Tribunal aún
no había recaudado la prueba pericial decretada el 1 de octubre de 2025 ni dispuesto
el inicio del nuevo incidente de desacato, pese a que las medidas cautelares se
habían decretado hace más de dos años y seguían sin ser cumplidas. De otro lado,
cuestionó que el Consejo Seccional de la Judicatura no hubiera adoptado una
decisión de fondo dentro del trámite de vigilancia judicial administrativa.

12.
Por ende, solicitó que se ordenara a las autoridades accionadas adoptar las
decisiones correspondientes para: (i) resolver la solicitud de vigilancia judicial
administrativa respecto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; (ii) definir el
inicio del incidente de desacato y (iii) recaudar la prueba pericial pendiente.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

13.
Mediante auto de 13 de agosto de 20263, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridades demandadas, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo y se requirió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para que remitiera copia digital del expediente con
radicado 25000-23-41-000-2023-00865-00, y al Consejo Seccional de la Judicatura
para que remitiera copia del expediente de vigilancia judicial con radicado CSJBTA-
SGVJA26-07896.

14.
En la misma providencia, se requirió a la demandante para que identificara
plenamente los sujetos respecto de los cuales afirma ostentar la calidad de agente
oficiosa y expusiera las razones que imposibilitan a los integrantes de la comunidad
de La Mojana para ejercer directamente la defensa de sus derechos fundamentales.

(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca4

3 Notificado el 19 de agosto de 2026.
4 Intervención contenida en 16 folios.

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15.
Solicitó negar el amparo, al considerar que no ha incurrido en mora judicial, dado
que ha impulsado diligentemente tanto el trámite de recaudo de la prueba pericial
como el incidente de desacato. Sobre la experticia, pidió tener en cuenta que, en
providencia del 9 de febrero de 2026 modificó su decreto y requirió a la Defensoría
del Pueblo para que allegara el dictamen dentro de los tres meses siguientes, término
concedido en razón a las dificultades técnicas, económicas y temporales que expuso
la entidad para recaudar esa prueba.

16.
En relación con el incidente de desacato, señaló que el Consejo de Estado en
grado de consulta revocó la sanción inicialmente impuesta a los representantes de
las entidades de dar cumplimiento a las medidas cautelares decretadas en el año
2024, al haberse omitido vincular y notificar de forma individual a los funciones
responsables, por lo que se hace necesario requerir la información que permita su
plena identificación y notificación, y ante la ausencia de todas las respuesta sobre
ello, el 15 de julio de 2026, se presentó un nuevo requerimiento sobre el particular.

17.
Por lo demás, aseguró que la accionante ha presentado reiteradas solicitudes y
acciones judiciales que versan sobre los mismos hechos, conducta que consideró
temeraria. Al respecto, citó lo dispuesto por el Consejo de Estado5 en fallo del 25 de
julio de 2024, proferido en otra acción de tutela promovida por la demandante por
mora judicial.

(ii) Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá6

18.
Pidió ser desvinculado del trámite de la tutela, al considerar que tramitó
oportunamente la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por la
demandante. En concreto, mencionó que, recibida la petición, al día siguiente
requirió a la autoridad judicial para que rindiera informe y, de ser procedente,
adoptara medidas dirigidas a normalizar el trámite de la acción popular. La respuesta
fue recibida el 16 de julio siguiente y, tras verificar que el proceso había sido
impulsado, en sesión del 23 de julio de 2026 se dictó decisión en la que se abstuvo
de iniciar la vigilancia y se dispuso el archivo de la actuación. Esta providencia se
notificó el 20 de agosto del presente año, siendo susceptible de recurso de
reposición.

(iii) Marta Rocío Martínez

19.
En escrito adicional, la accionante dio respuesta al requerimiento efectuado en el
auto admisorio, afirmando de forma general que actuaba como agente oficiosa de la
comunidad de La Mojana, cuyos integrantes se encontraban en situación de
desplazamiento forzado como consecuencia de la inundación ocurrida el 27 de

5 Cita original: “Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta CP Dr Wilson

Ramos Giron. AT Rad 11001-03-15-000-2024-02711-00, decisión de fecha 25 de julio de 2024.”
6 Intervención contenida en 4 folios.

4

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agosto de 2021. Al respecto, citó lo dispuesto en la sentencia T-123 de 2024
proferida por la Corte Constitucional, en la que se definió el desplazamiento forzado
por factores ambientales.

20.
Seguidamente, manifestó que había sido notificada de la decisión adoptada por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá sobre la solicitud de vigilancia
administrativa. Cuestionó que la determinación de abstenerse de dar trámite a su
petición, se haya sustentado en una captura de pantalla en la que consta la búsqueda
en la página de consulta nacional unificada de procesos de la Rama Judicial,
correspondiente a un proceso laboral completamente diferente a la acción popular
en la que es coadyuvante. Además, afirmó que en esa decisión tampoco se valoró
debidamente el informe rendido por el Tribunal, pues de ser así, se hubiera
constatado la mora judicial en la que persiste esa autoridad judicial.

II. CONSIDERACIONES

C. Cuestiones previas

21.
Esta Subsección negará la solicitud de desvinculación formulada por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, pues dicha autoridad fue demandada
directamente, atribuyéndosele una conducta presuntamente vulneradora de los
derechos fundamentales de la accionante. Por ende, la entidad tiene interés legítimo
para intervenir en este trámite.

22.
De otro lado, la Sala descarta la temeridad alegada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca. Si bien esa autoridad afirmó que la señora Martínez ha promovido
múltiples actuaciones procesales y judiciales relacionadas con los mismos hechos,
no identificó en debida forma tales asuntos, ni aportó elementos que permitan
establecer la identidad de partes, hechos y pretensiones necesaria para efectuar el
correspondiente estudio comparativo procesal.

23.
Tampoco resulta suficiente la referencia a la sentencia de tutela del 25 de julio de
2024, proferida por el Consejo de Estado dentro de una acción constitucional
promovida con antelación por la demandante, pues el asunto allí resuelto, no guarda
identidad fáctica con el que ahora ocupa la atención de la Sala. En aquella
oportunidad, se cuestionó la presunta mora en el trámite general de la acción popular
y se concluyó que no existía una tardanza injustificada; mientras que, en el presente
asunto, los reproches se concretan en actuaciones posteriores y específicas, entre
ellas, la falta de obtención de una prueba pericial decretada en octubre de 2025 y la
ausencia de trámite del incidente de desacato relacionado con el presunto
incumplimiento de medidas cautelares, situaciones que tuvieron lugar después de
aquel fallo de tutela. Por consiguiente, no se encuentran acreditados los
presupuestos que permitan concluir que la accionante promovió esta solicitud de
amparo de manera temeraria.

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D. Análisis del caso concreto

24. En primer lugar, se declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no

satisfacer el requisito de legitimación en la causa por activa, en razón a que la
accionante no acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos para actuar como
agente oficiosa de la comunidad de La Mojana.

25. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela

es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona -bien sea por
sí misma o a través de un representante- para reclamar la protección inmediata de
sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad y, excepcionalmente, de
los particulares.

26. En consonancia con dicho mandato, el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991

prevé la posibilidad de que un tercero promueva el mecanismo de amparo en calidad
de agente oficioso, siempre que el titular de los derechos cuya protección se reclama
no esté en condiciones de promover su propia defensa.

27. La Corte Constitucional ha puntualizado que la figura de la agencia oficiosa se

habilita siempre que: (i) se identifique el titular de los derechos que se invocan; (ii)
se manifieste de forma expresa que se actúa en tal calidad y; (iii) se acredite que el
agenciado se encuentra imposibilitado para promover por sí mismo la defensa de
sus derechos7.

28. En el caso objeto de estudio, si bien la señora Marta Rocío Martínez manifestó

expresamente que actuaba en calidad de agente oficioso de la comunidad de La
Mojana, no identificó las personas sobre las que, específicamente, ejercía su
representación en el trámite de tutela. Tampoco acreditó que estas se encontraran
materialmente imposibilitadas para acudir directamente al juez de tutela a reclamar
la protección de sus derechos fundamentales.

29. Téngase en cuenta que, mediante el auto admisorio de la solicitud de amparo se

le requirió para que allegara esa información. Sin embargo, en su respuesta se limitó
a señalar, de forma general e indeterminada, que actuaba en representación de la
comunidad de La Mojana, sin precisar quiénes la integraban para efectos de esta
solicitud de amparo, ni individualizar a alguno de sus miembros.

30. Tampoco expuso razones concretas que permitieran establecer que las personas

agenciadas se encontraban imposibilitadas para ejercer directamente la acción de
tutela. Al respecto, afirmó genéricamente que toda la comunidad estaba en situación
de desplazamiento forzado por la inundación ocurrida el 27 de agosto de 2021 e
invocó la Sentencia T-123 de 2024. No obstante, el reconocimiento jurisprudencial

7 Al respecto, ver sentencias T-940 de 2009, T-025 de 2015, T-471 de 2018, T-003 de 2022, T-415 de 2025 y T-

046 de 2026.
6

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del desplazamiento forzado por factores ambientales no es un argumento válido del
cual se pueda inferir que todos los habitantes de una región estén en esa condición,
o que se encuentren materialmente impedidos para acudir ante el juez
constitucional.

31. Sumado a lo anterior, la Sala precisa que no es posible trasladar a este trámite la

noción de extremo activo difuso propia de la acción popular, toda vez que el objeto
de la tutela es la protección inmediata de derechos fundamentales, que tiene un
carácter de personalísimos y, por tanto, exige identificar a sus titulares y acreditar
las condiciones que justifican la agencia oficiosa.

32. Por demás, se considera relevante explicar que la vulneración alegada en la
solicitud de amparo no se atribuye directamente a las inundaciones padecidas en La
Mojana, sino a un conjunto de omisiones presuntamente cometidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá
dentro del trámite de la acción popular promovida por la Defensoría del Pueblo. Por
ende, no se considera razonable concluir que todas las personas afectadas por el
desastre ambiental, también tengan interés en lo que se alega en la tutela promovida
por la demandante.

33. En consecuencia, la Sala concluye que la señora Marta Martínez carece de
legitimación en la causa por activa para agenciar los derechos de la comunidad de
La Mojana.

34. No obstante, en atención a que la demandante también promovió la tutela en

nombre propio, la Subsección analizará la eventual vulneración de sus derechos
fundamentales. Para tal fin, comenzará por estudiar el reproche relacionado con la
falta de pronunciamiento sobre la solicitud de vigilancia judicial administrativa,
respecto de la cual se anticipa que se está en un escenario de carencia actual de
objeto por hecho superado.

35. En el escrito de tutela, el reproche formulado contra el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá se circunscribió a la falta de decisión sobre la petición de
vigilancia judicial promovida por la tutelante contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Al respecto, afirmó que esa autoridad no había adoptado ninguna
determinación dirigida a establecer la existencia de la mora denunciada, ni procurar
que ésta fuera debidamente superada.

36. No obstante, se acreditó que, una vez se recibió dicha solicitud, el 10 de julio de

2026, el Consejo Seccional requirió a la autoridad judicial denunciada para que
rindiera informe sobre el estado actual de la acción popular y en caso de ser
necesario, adoptara las medidas necesarias para normalizar su trámite. El Tribunal
accionado presentó el informe el 16 de julio siguiente y, luego de verificar las
actuaciones registradas en el proceso, en sesión del 23 de julio de 2026, dictó
proveído en el que se abstuvo de iniciar la vigilancia judicial administrativa y ordenó

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el archivo de la actuación. Decisión que fue notificada a la señora Martínez el 20 de
agosto de 2026.

37. Acorde a lo anterior, la Sala considera que, con independencia del sentido de lo

resuelto, desapareció la omisión que sustentó la solicitud de amparo. En esas
condiciones, se declarará la configuración de la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto de este reproche.

38. Ahora bien, en el escrito adicional presentado por la accionante, se cuestionó el

contenido de la decisión adoptada por el Consejo Seccional demandado. En
concreto, se reprochó que la decisión se hubiera adoptado consultando información
respecto a un proceso judicial completamente diferente, y que no se hubiera
valorado en debida forma el informe rendido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. A juicio de la Subsección, esos planteamientos, exceden el
problema jurídico inicialmente propuesto ante el juez constitucional, pues la tutela
se sustentó en la ausencia de pronunciamiento. Por tanto, no es procedente
examinar y emitir pronunciamiento sobre esos reproches adicionales.

39. Además, debe tenerse en cuenta que la señora Martínez afirmó que interpuso

recurso de reposición contra la decisión adoptada el 23 de julio de 2026, mecanismo
procesal en virtud del cual la autoridad competente deberá pronunciarse de fondo
sobre las objeciones formuladas.

40. Superado lo anterior, corresponde a la Sala pronunciarse sobre la mora judicial

atribuida al Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la supuesta tardanza en el
recaudo de una prueba pericial y en la definición sobre el inicio del incidente de
desacato. Respecto a ese asunto, se negará el amparo, toda vez que no se
evidenció una dilación injustificada atribuible a la referida autoridad judicial y, por
tanto, tampoco se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales de la
accionante.

41. En cuanto a la prueba pericial, debe tenerse en cuenta que, mediante auto del 1

de octubre de 2025, el Tribunal accedió a su decreto, con el propósito de determinar
el impacto negativo ocasionado por las inundaciones en La Mojana y constatar las
amenazas, vulneraciones y daños a los derechos colectivos invocados en la acción
popular. Dada la falta de auxiliares de la justicia para realizar el dictamen, se requirió
a la parte demandante para que, dentro de los cinco días siguientes, aportara tres
hojas de vida de profesionales idóneos.

42. La Defensoría del Pueblo interpuso recurso de reposición, en el que solicitó que

la pericia fuera elaborada por un equipo multidisciplinario, dada la complejidad y el
carácter multifactorial de la problemática a estudiar. Adicionalmente, mencionó
actuaciones que había adelantado ante diversas universidades y entidades
científicas para estructurar la prueba.

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43. Acorde a lo alegado por la entidad accionante en la acción popular, mediante

providencia del 9 de febrero de 2026, el Tribunal demandado modificó la forma en
que inicialmente se decretó la experticia y concedió a la Defensoría del Pueblo un
plazo de tres meses para aportar directamente el dictamen pericial, incluyendo el
diagnóstico de las afectaciones, la formulación de medidas inmediatas para mitigar
la emergencia y de un plan de intervención a largo plazo para solucionar
estructuralmente las diversas problemáticas derivadas de la inundación en La
Mojana.

44. Posteriormente, la Defensoría del Pueblo presentó solicitud de adición y/o
aclaración orientada a precisar si los honorarios de los peritos debían ser asumidos
por las entidades demandadas -específicamente, el Fondo de Adaptación y la
UNGRD- o, subsidiariamente, por el Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos. Petición que fue negada mediante providencia del 19 de mayo
de 2026, con lo que se dejó definida la forma en que debía practicarse, financiarse
y aportarse la prueba pericial.

45. Así, se observa que para la fecha en que se presentó la acción de tutela, no había

transcurrido un lapso superior a tres meses desde la última decisión adoptada
respecto al peritaje. Además, la elaboración y aporte de la prueba no dependen del
actuar del Tribunal accionado, sino de la Defensoría del Pueblo -parte a la que la
ahora accionante coadyuva-, por lo que la falta de incorporación del dictamen, no
puede considerarse como una conducta omisiva de la autoridad judicial, en
detrimento de las partes de la acción popular. Sobre el particular, se aclara que una
vez vencido el término para allegar al plenario ese elemento probatorio, el juez
natural deberá adoptar la determinación que en derecho proceda frente a su falta de
entrega oportuna, si no se cumple con el plazo concedido.

46. Por lo expuesto, la Sala concluye que no se acreditó la mora judicial injustificada

respecto del decreto y/o recaudo de la experticia.

47. En cuanto al incidente de desacato, debe recordarse que el Consejo de Estado –

en grado de consulta-, a través de auto del 12 de junio de 2025, revocó la sanción
inicialmente impuesta a las autoridades conminadas al cumplimiento de las medidas
cautelares porque las personas naturales representantes de las entidades
incumplidas no fueron debidamente individualizadas ni notificadas. Por ende, ordenó
que, de ser procedente, se iniciara un nuevo trámite con observancia de esas
garantías.

48. En cumplimiento de lo anterior, el 2 de septiembre de 2025, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca requirió por primera vez a las entidades
involucradas para que identificaran a los funcionarios responsables y, ante la falta
de algunas respuestas, reiteró el requerimiento mediante auto del 15 de julio de
2026, esto es, un mes antes de la presentación de la tutela.

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49. Estas actuaciones, la Sala considera que no son de simple trámite, sino que

permiten a la autoridad judicial actuar con la diligencia necesaria para garantizar el
debido proceso, la defensa y la contradicción de quienes eventualmente serían
vinculados y sancionados, siguiendo la orden previamente impartida por el Consejo
de Estado. Es indispensable que el Tribunal demandado cuente con la totalidad de
la información de los representantes de las autoridades administrativas que deben
cumplir con las cautelas, para lo cual es su deber tramitar los requerimientos de
información que considere necesarios a fin de obtener la totalidad de los datos de
notificación.

50. Es así como, se considera que la complejidad de la acción popular, el número de

autoridades involucradas y las actuaciones adelantadas para corregir las
irregularidades advertidas por esta Corporación, justifican el tiempo empleado. En
consecuencia, tampoco se acreditó una mora judicial injustificada respecto a la
apertura del nuevo incidente de desacato.

51. En consecuencia, se declarará improcedente el amparo promovido como agente

oficiosa de la comunidad de La Mojana, por falta de legitimación en la causa por
activa; se tendrá por configurada la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto a la solicitud de vigilancia judicial administrativa y se negará el amparo
invocado por la presunta mora atribuida al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
al no demostrarse la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

52.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación planteada por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá.

SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA de la señora Marta Rocío Martínez, como agente oficio de la comunidad de
La Mojana en el presente asunto.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional en lo referente
a la falta de pronunciamiento dentro del expediente de vigilancia judicial con radicado
CSJBTA-SGVJA26-07896, ante la carencia actual de objeto por hecho superado.

CUARTO: NEGAR la solicitud de amparo respecto a las demás pretensiones,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-06267-00
Accionante: Marta Rocío Martínez Palencia
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro

SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

8 VF

11

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