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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-02716-01

Fecha
13 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-02716-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 27 de junio de 2024 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR improcedente el amparo de conformidad con las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-02716-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

13 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-02716-01
Accionante: José Ricardo Arteta González
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada en contra del fallo proferido el 27 de junio
de 2024 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 28 de mayo de 20241 el señor José Ricardo Arteta González, en nombre propio,
interpuso acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los que
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 15 de febrero de 2024
por la Sección Quinta del Consejo de Estado que revocó la decisión adoptada por
el Tribunal Administrativo del Tolima el 13 de diciembre de 2023, la que, en su
momento, negó las pretensiones de la demanda en el marco de la acción de
cumplimiento elevada en contra del Ministerio de Educación Nacional y, en su lugar,
rechazó la demanda respecto del cumplimiento del Decreto 1468 de 2002 por no
agotar en debida forma la renuencia frente al cumplimiento de la norma cuyo
acatamiento se pretende y, en lo demás, declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento por no superar el requisito de subsidiariedad (rad. 73001-23-33-000-
2023-00412-00/01).

1 Índice 1, expediente de tutela digital de primera instancia.
2 Obra en el certificado 121A929E9C06FC9B 2375FB427CF8A774 2001405D58DEDE02 02565CEA8475D786,

índice 2, expediente de tutela digital de primera instancia.

2

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02716-01
Accionante: José Ricardo Arteta González
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta y otro

1.1. Hechos

1.1.1. El señor José Ricardo Arteta González, el 8 de noviembre de 20233, promovió
acción de cumplimiento4 consagrada en el artículo 87 de la C. Pol., reglamentada
por la Ley 393 de 1997, en contra del Ministerio de Educación Nacional por
desconocer lo consagrado en la Ley 596 de 2000 y el Decreto 1468 de 2002, en
consonancia con la sentencia C-202 de 2001, al negarse a convalidar el título de
maestría en educación otorgado por la Universidad Montrer – México, a través de
las resoluciones 002395 del 1 de marzo de 2022, 13304 del 11 de julio de 2022 y
005675 del 11 de abril de 2023.

1.1.2. El asunto correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del
Tolima que, a través de sentencia del 13 de diciembre de 20235, resolvió negar “por
improcedente” las pretensiones de la demanda. El a quo consideró que el actor
disponía de otro mecanismo de defensa judicial para controvertir la legalidad de los
actos administrativos que negaron la convalidación solicitada.

1.1.3. La anterior decisión fue apelada por la parte demandante. La alzada fue
resuelta por la Sección Quinta del Consejo de Estado que, por medio de providencia
del 15 de febrero de 20246, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
rechazó la demanda respecto al Decreto 1468 de 2002 por no agotar en debida
forma la renuencia y, respecto a la Ley 596 de 2000, declaró la improcedencia de la
acción por no superar el requisito de subsidiariedad.

El ad quem comenzó por indicar que, en relación con el Decreto 1468 de 2002, la
renuencia se planteó de manera general sin indicar el artículo incumplido. Respecto
a la Ley 596 de 2000, encontró que la acción no cumplía con el presupuesto de
subsidiariedad, dado que se buscaba convalidar el título de maestría en educación,
lo que conlleva un cuestionamiento a las resoluciones 002395 del 1 de marzo de
2022, 13304 del 11 de julio de 2022 y 005675 del 11 de abril de 2023 proferidas por

3 Obra auto admisorio en el archivo 006_AUTOADMITEDEMANDA, certificado C7F5023C948BCAB6
341A5310296E5028 E649F4CA17EFDFE3 FC46059212B4ABAA, índice 8, expediente de tutela digital de
primera instancia.
4 Obra a folios 48-61, certificado 121A929E9C06FC9B 2375FB427CF8A774 2001405D58DEDE02

02565CEA8475D786, índice 2, expediente de tutela digital de primera instancia.
5 Obra en el archivo 016_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA, certificado C7F5023C948BCAB6
341A5310296E5028 E649F4CA17EFDFE3 FC46059212B4ABAA, índice 8, expediente de tutela digital de
primera instancia.
6 Obra a folios 36-46, certificado 121A929E9C06FC9B 2375FB427CF8A774 2001405D58DEDE02

02565CEA8475D786, índice 2, expediente de tutela digital de primera instancia.

3

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02716-01
Accionante: José Ricardo Arteta González
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta y otro

el Ministerio de Educación, para lo cual contaba con otros medios ordinarios
previstos por el ordenamiento jurídico.

1.2. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que las autoridades judiciales accionadas, en las
decisiones objeto de cuestionamiento, incurrieron en defectos sustantivo y fáctico,
de acuerdo con los argumentos que se exponen a continuación.

Defecto Sustantivo. El accionante alegó que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en una indebida interpretación de la Ley 596 de 2000, el Decreto 1648
de 2002 y la sentencia C-202 de 2001 proferida por la Corte Constitucional, teniendo
en cuenta que la acción de cumplimiento sí reunía los requisitos contemplados en
la Ley 393 de 1997, por lo que se debió decretar la convalidación del título de
maestría en educación, expedido por la Universidad Montrer de México.

Defecto fático. El actor adujo que se presentó un error ostensible en atención al
principio de congruencia en la valoración probatoria.

1.3. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“A- Se proceda a la protección de los derechos fundamentales del debido proceso y el acceso a
la administración de justicia conforme a los hechos de la presente acción.

B- De conformidad con lo anterior se proceda a dejar sin efectos la sentencia proferida por El
Honorable Consejo de Estado, con ponencia del Honorable Magistrado Dr. Omar Joaquín Barreto
Suarez, del día 15 de febrero de 2024, y la sentencia de Primera Instancia proferida por el
Honorable Tribunal Administrativo del Tolima, del día 13 de diciembre de 2023, dentro de la
Acción de Cumplimiento contra el Ministerio de Educación Nacional.

C- y en su lugar, se profiera sentencia dando cumplimiento de conformidad con lo consagrado
en la Ley 596 de 2000 y Decreto 1468 de 2002, en congruencia con la Sentencia C-202 de 2001,
convalidando el título de MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, cursado y aprobado por quien esto
escribe, debidamente otorgado por la Universidad de Montrer México, quien se encuentra
debidamente acreditada y reconocida por la secretaria de Educación del Gobierno del Estado de
Michoacán de Ocampo – México, según expediente No. MAES -053.069, acuerdo No. MAES
150907 del 3 de septiembre de 2015.”7.

7 Folio 16, certificado 121A929E9C06FC9B 2375FB427CF8A774 2001405D58DEDE02 02565CEA8475D786,

índice 2, expediente de tutela digital de primera instancia.

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Accionante: José Ricardo Arteta González
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta y otro

2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

Mediante auto del 30 de mayo de 20248 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a la Sección Quinta del Consejo de Estado, al Tribunal Administrativo del
Tolima, así como al Ministerio de Educación Nacional.

2.1. Contestaciones

2.1.1. El Tribunal Administrativo del Tolima9 rindió informe en el que presentó un
resumen de las decisiones objeto de tutela y solicitó negar el amparo invocado.

2.1.2. El Ministerio de Educación Nacional10 pidió declarar improcedente la acción
de tutela, dado que no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Aunado
a ello, sostuvo que no hubo vulneración de los derechos fundamentales invocados.

3. Fallo de tutela de primera instancia

El 27 de junio de 202411 la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado
negó el amparo al indicar que las consideraciones de la Sección Quinta accionada
no obedecieron a un capricho o arbitrariedad, ni se fundamentaron en su simple
voluntad, sino que, por el contrario, obedecieron a un estudio lógico y plausible de
lo contemplado en la Ley 393 de 1997 y del precedente judicial aplicable al asunto.

4. Razones de la impugnación

Inconforme con la decisión tomada por el juez constitucional de primera instancia,
la parte accionante presentó escrito de impugnación12, en el que reiteró los
argumentos expuestos en el escrito de tutela y adujo que, en su momento, se solicitó
la renuencia como lo establece la Ley 393 de 1997, sin embargo, el juez de primera
instancia y la accionada la desnaturalizaron, al exigir un presupuesto que se había
agotado en debida forma, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.

8 Obra en el certificado F81FD5E81A5CB905 6998109CC091A7F0 8CCF40D705DFC892
2851FB6E4D1F098F, índice 4, expediente de tutela digital de primera instancia.
9 Obra en el certificado CC5DDB2D1CEDE888 4DB63CB8A4386DCE E276CA92ACB5C584
2CB05E706B98EFA7, índice 10, expediente de tutela digital de primera instancia.
10 Obra en el certificado 11B5E1D6D10628D0 4F2AE6654361751E BDFDB2034E592CC4
56BEA865D60257C9, índice 9, expediente de tutela digital de primera instancia.
11 Obra en el certificado D090EB7BBB196F57 966F52583ECFB9E5 50C6FCE067CE1180
A6B771E1A6E1C118, índice 15, expediente de tutela digital de primera instancia.
12 Obra en el certificado 8BB23AF9E1BD3709 739022F16B04D80E A587F57F84A16C47
81C29DE9A901002D, índice 19, expediente de tutela digital de primera instancia.

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5. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante auto del 23 de julio de 202413 el a quo concedió la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada.

2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
determinará si se incurrió en las causales específicas o defectos denunciados.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad14 y de procedencia15 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

13 Obra en el certificado 26B68EA028783E78 266A867190768552 A1E9457F1D40A1CE 5384098504435223,

índice 21, expediente de tutela digital de primera instancia.
14 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al

cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
15 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;

defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.

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4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

4.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”16.

En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber17: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa
y justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el
cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial
constitucional está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-215 de 202218,
advirtió que para analizar si una acción de tutela cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, era necesario verificar

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra
de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio advertir,
además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales.”.

4.2. Para la Sala se torna evidente que el amparo impetrado no satisface el requisito
de relevancia constitucional, pues se advierte como un medio dirigido a revivir el
análisis efectuado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el marco del

16 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
17 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001 03 15 000 2012 02201 01, C.P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez.
18 Sentencia del 16 de junio de 2022.

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trámite adelantado con ocasión de la acción de cumplimiento interpuesta en contra
del Ministerio de Educación Nacional bajo el radicado 73001-23-33-000-2023-
00412-00/01, como si este mecanismo fuera una instancia adicional, según se
explicará.

4.3. José Ricardo Arteta González alegó, en esencia, que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en defectos sustantivo y fáctico, debido a que adelantaron
una indebida interpretación de la Ley 596 de 2000, del Decreto 1648 de 2002 y de
la sentencia C-202 de 2001, toda vez que la acción de cumplimiento reunía los
requisitos contemplados en la Ley 393 de 1997 para ser decidida de fondo.

4.4. Ahora bien, al verificar los argumentos vertidos en la providencia del 15 de
febrero de 2024 que puso fin al trámite de cumplimiento, dictada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, se dilucidan las siguientes consideraciones en
relación con la constitución de la renuencia, así:

“La parte accionante allegó copia del escrito del 4 de octubre de 2023, en el que solicitó al
Ministerio de Educación Nacional el cumplimiento de los artículos I y II de la Ley 596 de 2000, el
Decreto 1468 de 2002 con el fin de obtener la convalidación del título de «Maestría de
Educación» reconocido por la Universidad de Montrer, (México) el 9 de julio de 2021.

Mediante Oficio del 12 de octubre de 2023, la cartera ministerial negó la convalidación al
encontrar que el programa de maestría no cumple con las condiciones mínimas en la formación
investigativa para programas de nivel de formación en el campo de la educación colombiana.

De acuerdo con lo anterior, no hay duda que previo a acudir al ejercicio de la presente acción de
cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el requisito de renuencia, pero solo respecto
de los artículos I y II de la Ley 596 de 2000.

Ahora, en relación con el Decreto 1468 de 2002, se evidencia que, si bien fue mencionada en la
demanda y su escrito de renuencia, se hizo de manera general sin indicar en cuál artículo radica
el deber que se considera incumplido, por lo que no se agotó en debida forma el requisito de
procedibilidad, razón por la que frente a esta disposición se rechazará la demanda, conforme
con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 393 de 1997.”19.

En relación con la procedencia de la acción de cumplimiento en punto a la
subsidiariedad, en la referida providencia se indicó:

“[D]e conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997, este mecanismo
constitucional no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa
judicial para lograr el efectivo obedecimiento de las disposiciones, salvo que se cause un perjuicio
grave e inminente para el accionante. Igualmente, esta Sección en reiterada jurisprudencia 20 ha
desarrollado «la existencia de otro mecanismo judicial», como causal de improcedencia.

19 Folio 43, certificado 121A929E9C06FC9B 2375FB427CF8A774 2001405D58DEDE02 02565CEA8475D786,

índice 2, expediente de tutela digital de primera instancia.
20 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067- 01(ACU), MP. Alberto

Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000- 23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P.
Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU).
MP. Mauricio Torres Cuervo.

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En este asunto, la Sala advierte que el accionante busca que en atención a los artículos I y II de
la Ley 596 de 2000 se le ordene al Ministerio de Educación Nacional que le convalide el título de
«Maestría Educación Especial e Inclusión» reconocido por la Universidad de Montrer, (México)
el 9 de julio de 2021.

Al impugnar la decisión que negó las pretensiones de la demanda, el actor considera que tiene
derecho a que se le convalide el título de maestría en educación especial e inclusión, toda vez
que está acreditado curso en la Universidad de Montrer (México), solicitud que fue negada por
el ente ministerial demandado a través de la Resolución 002395 del 1.º de marzo de 2022 y
confirmada mediante las Resoluciones 13304 del 11 de julio de 2022 y 005675 del 11 de abril de
2023.

Sin embargo, la Sala considera que lo perseguido por el demandante no está limitado
simplemente al acatamiento de las normas que se dicen incumplidas, sino a que se ordene a la
demanda que convalide el título de maestría en educación especial e inclusión.

Es decir, no basta con que los preceptos legales que se dicen desatendidos por parte de la
cartera demandada supere el juicio de procedibilidad para que esta Corporación analice de fondo
sus pedimentos, pues lo que el accionante busca es controvertir las decisiones que negaron la
convalidación del título de maestría en educación especial e inclusión otorgado por la Universidad
de Montrer (México), que a juicio del Ministerio de Educación Nacional no es posible, hasta tanto
no se cumpla con los requisitos establecidos en la Resolución No. 10687 de 2019.

En este orden de ideas, se advierte que surge una controversia jurídica planteada por la parte
actora en torno a establecer el alegado incumplimiento y determinar si sus disposiciones pueden
aplicarse a su caso. Adicionalmente, ya se expidieron actos administrativos que negaron la
convalidación requerida por el demandante, que están en firme y que no pueden desconocerse,
pues se presumen legales. En ese orden escapa al ámbito propio del juez constitucional, hacer
un estudio de fondo que corresponde al juez natural resolver, para lo cual el accionante tenía a
su alcance el mecanismo ordinario de defensa judicial que estimara procedente ejercer conforme
con sus pretensiones.

Puede concluirse, entonces, que la acción es improcedente21 porque no está circunscrita a
determinar el posible incumplimiento de los artículos I y II de la Ley 596 de 2000, sino que
demanda que se convalide el título de Maestría en Educación Especial e Inclusión, lo que
conlleva un cuestionamiento a las Resoluciones 002395 del 1.º de marzo de 2022, 13304 del 11
de julio de 2022 y 005675 del 11 de abril de 2023 que no puede hacerse en el curso de esta
acción sino de los medios ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, la causal de improcedencia de la acción de cumplimiento, opera siempre y cuando
no estemos ante el escenario de un perjuicio irremediable; sin embargo, no debe obviarse que
el mismo tiene que ser aducido y demostrado por la parte actora desde la propia demanda, el
cual no se alegó no se encuentra probado y, en todo caso, las manifestaciones del actor no
permiten que sea satisfecho, máxime que como ya se indicó contaba con las acciones ordinarias
para debatir la legalidad de los actos administrativos contrarios a sus intereses y eventualmente
haber solicitado las medidas cautelares pertinentes.”22.

4.5. Luego de lo relatado, se observa que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por
el juez natural del asunto, los que se centran en la forma en que se deben interpretar
los presupuestos de procedencia de la acción de cumplimiento, en específico, de
cara a lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley 393 de 1997.

Se advierte que al momento de decidir sobre la procedencia de la acción de
cumplimiento, la Sección Quinta del Consejo de Estado explicó que: (i) al

21 En un caso similar, esta Sección se pronunció en el mismo sentido. Ver la sentencia del 25 de enero de 2024,

Rad 73001-23-33-000-2023-00392-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
22 Folios 44-46, Ibídem.

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invocarse el desconocimiento del Decreto 1468 de 2002, el Ministerio de
Educación no fue constituido en renuencia frente al cumplimiento de la norma,
pues se hizo alusión a esta normatividad de manera general, sin indicar en cuál
artículo radicaba el deber que se consideraba incumplido; (ii) la acción de
cumplimiento resultaba improcedente, ante la falta de subsidiariedad, dado que la
demanda no estaba enfocada a determinar el posible incumplimiento de los
artículos I y II de la Ley 596 de 2000, sino a que se convalidara el título de maestría
en educación obtenido por el actor en la Universidad de Montrer (México), lo que
implica cuestionar las Resoluciones 002395 del 1 de marzo de 2022, 13304 del
11 de julio de 2022 y 005675 del 11 de abril de 2023 proferidas por el Ministerio
de Educación, para lo cual, el accionante contaba con otro medio de defensa
judicial en el ordenamiento jurídico; y (iii) el accionante no alegó ni demostró la
existencia de un perjuicio irremediable.

A partir de las referidas consideraciones, esta Subsección encuentra que través del
escrito de tutela y el recurso de impugnación, la parte actora no presenta
argumentos con relevancia constitucional que permitan entrar al análisis de fondo
del presente asunto, más allá de su inconformidad con la decisión adoptada por el
juez natural de la causa.

4.6. Resulta claro que la parte accionante pretende utilizar la acción de tutela como
si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, las críticas contenidas
en el escrito tuitivo buscan reabrir el debate que tuvo lugar en el trámite, con el fin
de que prevalezca la interpretación de la parte tutelante sobre la acogida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, así, el asunto sale de la competencia del
juez constitucional.

4.7. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y
no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada23, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en
el curso del proceso24.

23 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
24 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.

10

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02716-01
Accionante: José Ricardo Arteta González
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta y otro

5. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

6. En suma, se modificará el fallo impugnado y, en su lugar, se declarará
improcedente el amparo.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 27 de junio de 2024 por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR
improcedente el amparo de conformidad con las razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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