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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2023-00392-01

Fecha
25 de enero de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2023-00392-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1º de diciembre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima que declaró improcedente la acción de cumplimiento por no superar el requisito de la subsidiaridad. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997 TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2023-00392-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

25 de enero de 2024

Demandante: Carlos Alfonso Herrera Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
Radicado: 73001-23-33-000-2023-00392-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00392-01
Demandante: CARLOS ALFONSO HERRERA SERNA
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Tema: Confirma decisión de primera instancia – declara improcedente
por no superar el requisito de la subsidiaridad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala conoce del recurso de impugnación presentado por el demandante contra
la sentencia del 1 de diciembre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del
Tolima. En esa decisión se declaró improcedente la presente acción de
cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito presentado en la ventanilla virtual, el señor Carlos Alfonso
Herrera Serna, a través de apoderado judicial, interpusó acción de cumplimiento
contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional. Esto, con el fin de reclamar el
acatamiento de los artículos I y II de la Ley 596 de 2000 «por medio de la cual se
aprueba el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Certificados de Estudios, Títulos
y Grados Académicos de Educación Superior entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos», en concordancia con el
Decreto 1468 de 2002 «por el cual se promulga el Convenio» y la sentencia C-202
de 2001 que declara exequible la ley en comento.

2. En consecuencia, el accionante solicitó que se ordenara a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional reconocer la convalidación del titulo de la maestría
en Educación Especial e Inclusión otorgado por la Universidad de Montrer – México,
que, en su sentir, no requiere ningún tipo de condicionamiento más allá del título
otorgado por la universidad extranjera, la cual esta reconocida por parte del
gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, según certificación estatal de la

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Demandante: Carlos Alfonso Herrera Serna
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional
Radicado: 73001-23-33-000-2023-00392-01

secretaria de educación del Estado de Michoacan – México.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

3. A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la presente sentencia:

4. El señor Carlos Alfonso Herrera Serna cursó y aprobó la Maestría en
Educación Especial e Inclusión ofrecida por la Universidad Montrer – México. Por
esto, se le otorgó el titulo correspondiente el 9 de julio de 2021.

5. Luego, el accionante presentó solicitud de convalidación del título de Maestro
en Educación Especial e Inclusión ante el Ministerio de Educación Nacional.

6. La entidad demandada, a través de la Subdirección de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior en Resolución No. 017145 del 29 de agosto de
2022, resolvió negar la solicitud de convalidación de título presentada por el
accionante. Esto, al considerar que no se cumplían con las condiciones básicas
para programas de este nivel de formación en el campo de la educación que se
llevan a cabo en Colombia, al no evidenciarse componente de formación de
investigación y porque se encontraron diferencias sustanciales con programas del
mismo nivel y área de los ofertados en Colombia.

7. En contra de la anterior decisión, el señor Carlos Alfonso Herrera Serna
presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

8. La cartera ministerial de educación mediante Resolución No. 009803 del 16
de junio de 2023, resolvió no reponer el acto administrativo que negó la
convalidación de título solicitada por el accionante; y concedió el recurso de
apelación ante la Dirección de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de
Educación, el cual se encuentra pendiente de ser resuelto.

9. Finalmente, el accionante en escrito del 24 de julio de 2023 solicitó al
Ministerio de Educación Nacional el cumplimiento de la Ley 596 de 2000, en
concordancia con el Decreto 1468 de 2002 y la sentencia C-202 de 2001 que
declaró exequible la ley en comento. Específicamente, se afirmó incumplido lo
contemplado en el artículo I y II de estas disposiciones. Esto, con el fin de lograr la
convalidación de su título como maestro en Educación Especial e Inclusión de la
Universidad Montrer – México.

10. El Ministerio de Educación Nacional, mediante oficio del 22 de agosto de
2023, respondió la anterior petición. En aquella, le indicó al accionante que, en
cuanto al Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre México y Colombia, de
conformidad con lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia C-202 de
2001, los títulos obtenidos en el exterior deben someterse al procedimiento de
convalidación, independiente de la existencia de estos convenios internacionales.

11. Además de lo anterior, la entidad demandada le aclaró al accionante que el

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Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) corresponde al permiso o
habilitación que realiza la autoridad educativa para incorporar un plan y/o programa
de estudio al Sistema Educativo Nacional de ese país, esto es, una autorización
para ofrecer un plan o programa, como consecuencia del cumplimiento de requisitos
mínimos de funcionamiento contemplados en la Ley General de Educación de
México, que adicionalmente les otorgan validez legal a dichos estudios.

1.3. Trámite de primera instancia de la acción de cumplimiento

12. Mediante auto del 2 de noviembre de 2023, el magistrado ponente de primer
grado admitió la demanda de cumplimiento. En consecuencia, ordenó notificar como
accionada a la Nación – Ministerio de Educación Nacional.

1.3.1. Contestación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional

13. En el término de traslado, la entidad demandada presentó contestación a la
acción de cumplimiento en la que solicitó que se nieguen las pretensiones de la
demanda, por cuanto no ha incumplido las normas enunciadas. Esto, bajo los
siguientes argumentos:

14. Indicó que de conformidad con el expediente administrativo que reposa en
esa cartera ministerial, el actor obtuvo el título de maestría en Educación Especial
e Inclusión otorgado por la Universidad Montrer de México, pero dicha
documentación no estructura una obligación en cabeza del Ministerio de Educación
de acceder a la convalidación de ese título. Esto, por cuanto en ejercicio del debido
proceso se aplicó las disposiciones contenidas en la Ley 592 de 2000,
correspondientes a las normas internas que deben cumplirse para convalidar títulos
universitarios.

15. Explicó que la decisión de negar la convalidación del título se efectuó
respetando el debido proceso del convalidante y, que su situación fue sometida a
consulta y evaluación académica ante la Sala de Evaluación de Educación de la
Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de Educación
Superior –en adelante CONACES–, sala que recomendó no convalidar el título en
sesión del 29 de septiembre de 2022, al considerar que dicho programa no contenía
una orientación a la formación en investigación en estricto sentido, y por el contrario,
tiene un enfoque centrado en el fortalecimiento de los conocimientos relacionados
con ámbitos de la educación especial y la inclusión, en consonancia con la
legislación colombiana, contrastaba con la formación de los programas de maestría
en educación en Colombia; y además, porque la Universidad de Montrer de México
no se encuentra en las listas publicadas por la Federación de Instituciones
Mexicanas Particulares de Educación Superior, A.C. FIMPES.

16. Además, la cartera ministerial advirtió que se encuentra pendiente de
resolver el recurso de apelación presentado por el accionante en contra de la
decisión que negó la convalidación de título.

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17. Por otro lado, advirtió que la Ley 596 de 2000 no contiene un mandato
imperativo relativo a que deba convalidar todos los títulos universitarios otorgados
en las universidades de México, debido a que la misma disposición establece en su
artículo 4º, la obligación de cumplir con las demás condiciones que, para el ejercicio
de la respectiva profesión exige las normas internas y las instituciones competentes
para cada una de las partes. Así, señaló que el accionante debía cumplir con los
requerimientos previstos en la Resolución No. 10687 de 2019, lo cual no ocurrió en
el caso concreto y por ello se negó la convalidación del título al señor Herrera Serna.

18. Finalmente, la cartera ministerial indicó que la acción de cumplimiento es
improcedente, por cuanto el accionante cuenta con otro mecanismo judicial para
lograr el acatamiento de la norma, como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

1.4. Fallo impugnado

19. En sentencia del 1º de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo del
Tolima declaró improcedente la acción de cumplimiento interpuesta por el
accionante en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional.

20. Como fundamento de su decisión, la autoridad judicial de primer grado
explicó que la Ley 596 de 2000 y el Decreto 1486 de 2002, no contempla obligación
alguna o mandato imperativo relativo a que el Ministerio de Educación deba
convalidar el título adquirido por el señor Carlos Alfonso Herrera Serna hasta tanto
no se cumpla con los requisitos para su convalidación, los cuales están contenidos
en la Resolución No. 10687 de 2019, especialmente, en sus artículos 17 y 18 a
través de los cuales se extrae que uno de los criterios aplicables para efectos de la
convalidación de títulos de educación superior otorgados por instituciones
extranjeras, es el de evaluación académica, la cual es realizada por CONACES.

21. Además de lo anterior, advirtió que en el caso concreto se cuestionan actos
que resolvieron una situación particular y concreta, razón por la que es procedente
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que puede
solicitar la suspensión provisional de los actos demandados como lo prevé el
artículo 230 del CPACA.

22. En ese orden, al no evidenciarse un mandato imperativo e inobjetable en
cabeza de la autoridad demandada y existir un mecanismo judicial para controvertir
las decisiones de convalidación, resolvió declarar la improcedencia de la acción de
cumplimiento.

1.5. Escrito de impugnación

23. El señor Carlos Alfonso Herrera Serna impugnó el fallo del a quo y solicitó su
revocatoria por cuanto en su sentir, el juez de primer grado interpretó indebidamente
la Ley 596 de 2000 en armonía con el Decreto 1468 de 2002 y la sentencia C-202

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de 2001 al considerar que el accionante debe acatar lo dispuesto en la Resolución
No. 10687 de 2019.

24. En punto, indicó que una resolución no puede estar por encima de la Ley 596
de 2000. Máxime cuando dentro del convenio suscrito por cada Estado parte,
quedaron claramente definidas «las obligaciones mutuas, y no se puede asaltar por
parte del Ministerio de Educación, la confianza legítima de que gozan los
administrados, del respeto a la buena fe, si la ley objeto de la presente acción, trae
claramente definidas unas obligaciones mutuas, que, cualquier modificación, debió
haberse realizado por la vía diplomática y no lo hizo».

25. Adicional a ello, señaló que la Ley 596 de 2000, el Decreto 1468 de 2002 y
la sentencia C-202 de 2001 no indican como erróneamente lo advierte el a quo que
deba cumplir unos requisitos para la convalidación del título, ya que las exigencias
que tal norma dispone son para el ejercicio profesional y no para desacreditar el
título de maestría debidamente obtenido por la Universidad de Montrer, México.

26. Finalmente, indicó que si bien es cierto existe el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, en su sentir, este se torna en ineficaz, ya que este
proceso es de largo plazo y puede durar de 3 a 5 años, con los respectivos recursos.
Por ello, la acción de cumplimiento es el medio idóneo, pertinente y expedito para
lograr contrarrestar los perjuicios irremediables causados por la falta de
convalidación del título en mención.

1.6. Trámite posterior

27. El magistrado ponente de primer grado mediante auto del 14 de diciembre de
2023 concedió el recurso de impugnación presentado por el accionante contra el
fallo del 1º de diciembre de 2023 que declaró la improcedencia de la acción.

28. Posterior a ello, el Ministerio de Educación Nacional intervino nuevamente y
solicitó que se confirmara la decisión de primera instancia. Lo anterior, por cuanto
en su sentir la Ley 596 de 2000 no estipula un mandato imperativo de que, todos
los títulos universitarios otorgados en las Universidades de México deban ser
convalidados en Colombia. Además, no debe perderse de vista que las pretensiones
que se debaten son de carácter particular y concreto, motivo por el cual cuenta con
un medio de control expedito para debatir la legalidad de los actos administrativos
a través de los cuales se negó la convalidación del título, como lo es el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

29. Esta Sección es competente para resolver el recurso de impugnación
presentado por el señor Carlos Alfonso Herrera contra la sentencia del 1º de
diciembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima. Lo anterior

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de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437
de 20114. Así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta
Corporación para conocer de «…las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

30. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica, es
hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su
objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente5.

31. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad «la renuencia»
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar la
demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.

32. Para que la demanda proceda, se requiere:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo 1.º)6.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la autoridad
pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado de ello
(artículos 5.º y 6.º).

1
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4
Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado por
el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. [..].
5
En este sentido, en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se estableció que la acción de
cumplimiento es un mecanismo que tiene el particular para hacer efectiva la aplicación de un derecho
o la aplicación el cumplimiento de una ley o un acto administrativo; y que en caso de prosperar, la
sentencia debe ordenar a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. Al efecto, ver:
Gaceta 77 de la Asamblea Nacional Constituyente.
6
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices. Sobre el particular esta Sección ha dicho: «La Sala también ha explicado que
con el fin de constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar
en ejercicio de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber
legal o administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia» (Negrita fuera de texto)

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(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito
«(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda
(artículo 8.º).

(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(v) Pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela (artículo 9.º).

(vi) El acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración (artículo
9.º).

2.3. El cumplimiento del requisito de procedibilidad de renuencia

33. La procedibilidad de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste7 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.

34. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la sala, ha señalado
que «…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8.

35. Sobre este tema, esta Sección9 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de
octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
9
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.

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Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos10.
(Negrillas fuera de texto).

36. En efecto, el inciso 2. ° del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que
el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

37. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

38. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito
de procedibilidad cuando la petición «…tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»11.

39. En el caso concreto, como se mencionó en los antecedentes de esta
providencia, se encuentra acreditado que el 24 de julio de 2023, el señor Carlos
Alfonso Herrera Serna solicitó al Ministerio de Educación Nacional el cumplimiento
de los artículos I y II de la Ley 596 de 2000, en concordancia con el Decreto 1468
de 2002 y la sentencia C-202 de 2001 que declara exequible la ley en comento.
Esto en los siguientes términos:

De conformidad con lo consagrado en el numeral 5 del artículo 10 de la Ley 393
de 1997, en concordancia con el artículo 8 ibídem y numeral 3 del artículo 161 de
la Ley 1437 de 2011, y ante la negativa a la solicitud de convalidación de la
maestría en Educación Especial e Inclusión, cursado por mi representado Carlos
Alfonso Herrera Serna, en la Universidad Montrer – México, la cual se encuentra
debidamente acreditada y reconocida por la Secretaria de Educación del Gobierno
del Estado de Michoacán de Ocampo – México, según expediente No. MAES –

10
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-
2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla
11
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
rad. ACU-25000-23-25-000-2002-2256-01 y del 17 de marzo de 2011, rad. 25000-23-24-000-2011-
00019-00/01.

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053. 069, acuerdo No. MAES 150907 del 3 de septiembre de 2015, de acuerdo al
deber legal de cumplimiento de la Ley 596 de 2000, en concordancia con el
Decreto 1468 de 2002, y obedeciendo igualmente al precedente jurisprudencial de
nuestra Honorable Corte Constitucional, la sentencia C-202 de 2001, del
“reconocimiento mutuo de certificados de estudios, títulos y grados académicos de
educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos; la cual consagran:

“Ley 596 de 2000:

Artículo I

Las partes reconocerán y concederán validez a los certificados de estudios, títulos
y grados académicos de educación superior, reconocidos oficialmente por los
sistemas educativos de cada parte, por medio de sus organismos oficiales. Para
el caso de la República de Colombia, el Instituto Colombiano para el Fomento de
la Educación Superior, Icfes, y en el caso de los Estados Unidos Mexicanos, la
Secretaria de Educación Pública y las autoridades educativas estatales.

Artículo II

Para los efectos de este convenio se entenderá por reconocimiento la validez
oficial otorgada por cada una de las Partes a los estudios realizados en las
instituciones de educación superior reconocidas en el Sistema Educativo Nacional
de la Otra, acreditados por certificados de estudios, títulos o grados académicos.

El Decreto 1468 de 2002, dice:

“por el cual se promulga el Convenio de Reconocimiento mutuo de Certificados de
Estudios, títulos y grados académicos de educación superior entre el Gobierno de
la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito
en la ciudad de México, el siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho
(1998).

(…) Decreta

Artículo 1º. Promulgase el Convenio de Reconocimiento mutuo de certificados de
estudios, títulos y grados académicos de educación superior entre el Gobierno de
la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos suscrito
en la ciudad de México, el siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho
(1998).
(…)
Igualmente, la honorable Corte Constitucional, declaró la exequible la Ley 596 de
2000, que consagra el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Certificados de
Estudios, Títulos y Grados Académicos de Educación Superior entre los Gobiernos
de la República de Colombia y de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la
ciudad de México el siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho
(1998), ley que en la actualidad se encuentra vigente.

La anterior insistencia de la solicitud al cumplimiento de las referidas normas,
corresponde no solo a que el Ministerio de Educación Nacional tenga la
oportunidad de que previo y ser procedente la presentación de la acción de
cumplimiento, la estudie y conteste de forma precisa, porque no es procedente la
aplicación de la Ley 596 de 2000, y el Decreto 1468 de 2002, en concordancia con
la sentencia C-202 de 2001, sino igualmente, para cumplir con el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento de la ley anteriormente
señalada. (SIC a toda la cita)

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40. Además, se encuentra acreditado que el Ministerio de Educación Nacional,
en oficio del 22 de agosto de 2023, emitió una respuesta en la que le indicó al
accionante que sus argumentos serían atendidos en sede de apelación y además
que:

En cuanto a la existencia del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre México y
Colombia, es menester y oportuno recordar que la Corte Constitucional ha
establecido la obligación de evaluar los títulos que fueron obtenidos en el exterior
y se someten al procedimiento de convalidación, independientemente de la
existencia de estos convenios internacionales.
(…)
En segundo lugar, y con respecto a la aplicación del criterio de acreditación o
reconocimiento de alta calidad, se informa que Colombia reconoce los sistemas de
aseguramiento de la calidad establecidos oficialmente por otros países, que
comprenden acciones de certificación de criterios, actividades, procesos y
resultados de alta calidad que son posteriores a la aprobación legal que le brinda
el Ministerio de Educación o la entidad competente, según corresponda.

Ahora bien, es necesario aclarar que el Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios (RVOE) corresponde al permiso o habilitación que realiza la autoridad
educativa para incorporar un plan y/o programa de estudio al Sistema Educativo
Nacional de ese país, esto es, una autorización para ofertar un plan o programa,
como consecuencia del cumplimiento de requisitos mínimos de funcionamiento
contemplados en la Ley General de Educación de México, que adicionalmente les
otorga validez legal a dichos estudios.

En consecuencia, el RVOE es diferente a la acreditación, ya que ésta última implica
un proceso de evaluación y seguimiento sistemático sobre la calidad de los
programas académicos y constituye el reconocimiento formal sobre el
cumplimiento de criterios, indicadores y estándares de calidad, mientras que el
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios es una habilitación para ofertar
planes y programas de estudios que no implica necesariamente el cumplimiento
de estándares de calidad exigidos en dicho país.

Sobre las condiciones que deben observarse para que aplique el criterio de
acreditación o reconocimiento en alta calidad, indica el parágrafo del artículo 14 de
la Resolución 10687 de 2019 que: “la fecha de obtención del título debe estar
comprendida dentro del término de vigencia de la acreditación o del
reconocimiento de la institución o del programa académico”.
(…)

41. Así las cosas, no hay duda de que previo a acudir al ejercicio de la presente
acción de cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el requisito de la
renuencia sobre los artículos I y II de la Ley 596 de 2000, en concordancia con el
Decreto 1468 de 2002 y la sentencia C-202 de 2001 que declara exequible la ley en
comento.

42. En ese orden, se evidencia que le brindó una oportunidad al Ministerio de
Educación Nacional para que cumpliera en su sentir, sus deberes legales que se
desprenden de la disposición antes mencionada. Sin embargo, la entidad
demandada le indicó que no incumplió aquellas, en tanto que considera que, para
otorgarle la convalidación del título al accionante, éste debía acreditar las exigencias
previstas en la Resolución No. 10687 de 2019.

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43. En este punto, es importante reiterar que la renuencia se entiende como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dio respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, resulta contraria al querer del peticionario12, tal como ocurre en el sub judice
como quedó evidenciado en líneas anteriores.

44. Así las cosas, la Sala procede a revisar si en el caso concreto, se cumplieron
los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento respecto de los artículos
I y II de la Ley 596 de 2000, en concordancia con el Decreto 1468 de 2002 y la
sentencia C-202 de 2001 que declara exequible la ley en comento.

2.4. La procedencia de la acción de cumplimiento

2.4.1. Análisis del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad

45. Según el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997, la acción de cumplimiento no
procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa
judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo
que, de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el
accionante.

46. En virtud de lo anterior, esta Sección en reiterada jurisprudencia ha
establecido que cuando existe otro mecanismo judicial, es improcedente la acción
de cumplimiento. Al respecto, ha señalado:

La razón de ser de esta causal de improcedencia es garantizar que la resolución de
las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el
ordenamiento jurídico ha establecido como propio para ello y evitar la alteración de
las competencias que han sido radicadas en las diferentes jurisdicciones. No puede
entenderse que el Constituyente haya creado la acción de cumplimiento como un
instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por ello, la causal señalada,
le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de mecanismo residual y
subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la norma habilita al juez de
la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia de un instrumento judicial,
se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y cuando se
acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del
perjuicio13.

47. De conformidad con lo expuesto, la sala estudiará el requisito de procedencia
de subsidiariedad en el caso concreto.

48. Al efecto, se evidencia que el fin de los accionantes es que el Ministerio de
Educación Nacional de cumplimiento a los artículos I y II de la Ley 596 de 200014

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 8 de
octubre de 2014. Rad. 76001-23-33-000-2014-00304-01.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencias del 24 de
mayo de 2012. Rad. 05001-23-31-000-2010-02067-01; del 23 de agosto de 2012. Rad. 25000-23-
31-000-2012-00425-01; y del 21 de junio de 2012. Rad. 05001-23-31-000-2006-01095-01.
14
Por medio de la cual se aprueba el «Convenio de Reconocimiento Mutuo de Certificados de
Estudios, Títulos y Grados Académicos de Educación Superior entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos», suscrito en la ciudad de México, el 7 de
diciembre de 1998.

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en concordancia con el Decreto 1468 de 200215 y la sentencia C-202 de 2001 que
declara exequible la ley en comento. Estas disposiciones se refieren a la aprobación
y promulgación del Convenio de reconocimiento mutuo de certificados de estudios,
títulos y grados académicos de educación superior entre el Gobierno de Colombia
y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

49. Conforme a estas disposiciones, el accionante considera que tiene derecho
a que se le reconozca la convalidación del título de maestro en educación especial
e inclusión emitido por la Universidad de Montrer – México, pues a su juicio la
existencia de dicho convenio aprobado por la Ley 596 de 2000, habilita el
reconocimiento sin ningún tipo de condicionamiento más allá del título otorgado por
la universidad extranjera.

50. En efecto, esta sala evidencia que el señor Carlos Alfonso Herrera Serna
pretende por este mecanismo judicial que se ordene el reconocimiento de la
convalidación del título antes mencionado, el cual según se encuentra acreditado
en el plenario le fue negado por parte del Ministerio de Educación Nacional mediante
la Resolución No. 017145 del 29 de agosto de 2022 y el acto administrativo 009803
del 16 de junio de 2023 que resolvió la reposición, encontrándose pendiente de la
resolución de la apelación ante la Dirección de Calidad para la Educación Superior
de la cartera ministerial demandada.

51. En otras palabras, esta sección considera que la finalidad del accionante a
través de este mecanismo constitucional es controvertir la negativa por parte del
Ministerio de Educación Nacional de otorgarle la convalidación del título de maestro
en educación especial e inclusión emitido por la Universidad de Montrer – México,
por cuanto, se reitera, en su sentir no se requiere ningún condicionamiento para
acceder a aquel.

52. En consecuencia, lo que persigue el accionante con la presentación de este
mecanismo constitucional es cuestionar la legalidad de la negativa la convalidación
del título antes mencionada, frente a los cuales se reitera, se presentó recurso de
apelación el cual se encuentra aún sin resolver.

53. En este punto, es importante precisar que al juez de cumplimiento le está
vedado realizar un estudio sobre la legalidad de los actos administrativos aludidos

Artículo I. Las Partes reconocerán y concederán validez a los certificados de estudios, títulos y
grados académicos de educación superior, reconocidos oficialmente por los sistemas educativos de
cada Parte, por medio de sus respectivos organismos oficiales. Para el caso de la República de
Colombia, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, y en el caso de
los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas
estatales.
Artículo II. Para los efectos de este Convenio se entenderá por reconocimiento la validez oficial
otorgada por cada una de las Partes a los estudios realizados en las instituciones de educación
superior reconocidas en el Sistema Educativo Nacional de la Otra, acreditados por certificados de
estudios, títulos o grados académicos.
15
«Por el cual se promulga el Convenio de Reconocimiento mutuo de Certificados de Estudios,
Títulos y Grados Académicos de Educación Superior entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos», suscrito en la ciudad de México, el 7 de diciembre
de 1998.

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y que resuelven la situación particular del accionante. Esto, porque aquel análisis le
corresponde al juez contencioso dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento
previsto en el artículo 138 del CPACA16.

54. Así las cosas, la sala considera que ordenar el acatamiento de las
disposiciones en cuestión implicaría realizar interpretaciones, análisis y
declaraciones que escapan de la competencia y órbita de conocimiento de este juez
constitucional.

55. En consecuencia, la sala coincide con el juez de primer grado al advertir que
en este caso es procedente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
prevista en el artículo 138 del CPACA, para controvertir por la vía ordinaria la
negativa por parte del Ministerio de Educación Nacional de otorgarle la
convalidación del título de maestro en educación especial e inclusión emitido por la
Universidad de Montrer – México. Es en ese escenario en el que se debe discutir si
efectivamente el accionante tiene derecho a que se le otorgue aquella convalidación
o no; y eventualmente, si así lo considera el peticionario solicitar la suspensión
provisional de los actos administrativos demandados.

56. Por otro lado, es preciso señalar que el artículo 9º. de la Ley 393 de 1997
estableció que la acción de cumplimiento no procederá cuando el afectado tenga o
haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la
norma, como en efecto ocurre en el caso concreto; salvo que, de no proceder el
juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el accionante, el cual el peticionario
se limitó a indicar que el hecho de que se le negara la convalidación del título, le
acarrearía consecuencias negativas en su vida profesional, sin siquiera advertir
cuáles serían.

57. Lo anterior sumado a que, a este expediente, el accionante tampoco aportó
elemento alguno a partir del cual se pueda establecer que está en indefensión, que
padece un perjuicio irremediable o que carece totalmente de recursos para su
subsistencia, que impliquen que este juez intervenga de alguna medida.

2.5. Conclusión

58. De conformidad con lo expuesto, esta sala confirmará la sentencia del 1º de
diciembre de 2023 del Tribunal Administrativo del Tolima que declaró improcedente
la acción de cumplimiento. Esto, teniendo en cuenta que el señor Carlos Alfonso

16
ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas
en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.

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Herrera Serna cuenta con otro medio de defensa para proponer el debate planteado,
razón por la que no se encuentra superado el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1º de diciembre de 2023, dictada por el
Tribunal Administrativo del Tolima que declaró improcedente la acción de
cumplimiento por no superar el requisito de la subsidiaridad.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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