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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02729-01

Fecha
10 de octubre de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02729-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase la sentencia de 1º de agosto de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la empresa Aseo Total S.A. ESP, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-02729-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

10 de octubre de 2024

Demandante: Aseo Total S.A. ESP
Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02729-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02729-01
Demandante: ASEO TOTAL S.A. ESP
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Revoca y declara falta de
relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por el accionante, contra la providencia
del 1º de agosto de 2024, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante la cual se negó la solicitud de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La empresa ASEO TOTAL S.A. ESP, por conducto de apoderado judicial, interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado Décimo
Administrativo de Neiva, con el fin de que le sean amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Consideró vulneradas dichas garantías con ocasión de la providencia del 13 de
febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que confirmó el
proveído del 12 de mayo del año 2023 dictado por el Juzgado Décimo
Administrativo de Neiva, mediante el cual rechazó la demanda por caducidad.

1.2. Pretensiones

En concreto, solicitó lo siguiente:

«1º. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia desconocidos a la sociedad ASEO TOTAL, S.
A., E. S. P. por el Juzgado Décimo Administrativo del Huila y el Tribunal
Administrativo de Neiva.

2º. En consecuencia, dejar sin efectos el auto del 12 de mayo de 2023,
proferido por el Juzgado Décimo Administrativo de Circuito de Neiva y
confirmado por el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del
Huila mediante providencia del 13 de febrero de 2024; en su lugar
DECLARAR NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD en el
proceso de acción de reparación directa, bajo radicado
N°41001333300420220057900, incoada por Aseo total S.A E.S.P. contra
las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.»1

1 Transcripción original con posibles errores.

1

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Demandante: Aseo Total S.A. ESP
Demandados: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02729-01

La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes:

1.3. Hechos

La parte demandante indicó que, a través del medio de control de reparación
directa, presentó demanda contra Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva S.A.
E.S.P., en la cual solicito el reconocimiento, liquidación y pago de los perjuicios
materiales sufridos a causa del enriquecimiento sin justa causa y retención a través
de los actos administrativos contenidos en las resoluciones No. 2094 y 3074 del 11
de agosto y 28 de octubre de 1999, al imponerle una multa que fue retirada del
ordenamiento jurídico colombiano en sentencia del 19 de junio de 2020 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

En primera instancia, el Juzgado 10 Administrativo del Circuito Judicial de Neiva,
mediante providencia del 12 de mayo de 2023, rechazó la demanda en mención por
obedecer al fenómeno jurídico de la caducidad.

Por lo anterior, el extremo activo interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto
en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Neiva que, mediante
providencia del 12 de febrero de 2024, confirmó la decisión de primera instancia y
se abstuvo de condenar en costas.

1.4. Sustento de la vulneración

El accionante en su escrito de tutela señaló que las autoridades accionadas violaron
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

Afirmó que se configuró el defecto sustantivo, puesto que, los elementos de la
demanda descritos evidencian de forma precisa e inequívoca la actuación de la
administración, la cual provocó un daño antijuridico, de manera que, se persigue un
resarcimiento y es la indemnización por la no devolución de los dineros retenidos a
través de los actos administrativos declarados nulos y que de acuerdo al artículo
177 del C.C, tenían 18 meses para devolverlos; cumplido ese término se configura
la ilegalidad y da inicio al termino de caducidad del medio de control de reparación
directa.

De igual manera, precisó que se encuentra configurado el defecto fáctico, en razón
a una indebida valoración probatoria, ya que se contabilizó el termino de caducidad
desde la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia y no desde el vencimiento
del término que la entidad disponía legítimamente para pagar, esto es, pasado los
18 meses

Adicional a ello, argumentó que los defectos en comento afectaron gravemente el
derecho al acceso a la administración de justicia.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 3 de julio de 20242, la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo de Huila y al Juzgado 10° Administrativo del Circuito de Neiva, así
como tercero con interés en las resultas de este proceso a las Ceibas Empresas

2 Ver en SAMAI, índice 0012.

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Públicas de Neiva E.S.P.

1.6. Intervenciones

Efectuadas las notificaciones respectivas, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Huila

Mediante escrito remitido al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo
de Estado, el magistrado ponente de la decisión solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, dado que, carece de relevancia constitucional y subsidiariedad y,
en todo caso, porque a la parte demandante se le han garantizado los derechos
fundamentales en cada etapa que se ha surtido en la reparación directa referida, sin
que el Tribunal haya incurrido en un defecto factico ni sustantivo que le vulnere sus
derechos fundamentales.

1.6.2. Juzgado Décimo Administrativo De Neiva

Adujo que, en el caso en estudio no se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, fijados por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular, los de: i) Defecto
procedimental absoluto, ii) Defecto fáctico, iii) Defecto material o sustantivo, iv)
Decisión sin motivación, v) Desconocimiento del precedente o, vi) Violación directa
de la Constitución.”

Por lo anteriormente expuesto, expuso que las actuaciones se encuentran ajustadas
y amparadas en derecho, tomándose decisiones conforme a las normas legales
vigentes y al precedente jurisprudencial actual. Por tanto, no se ha vulnerado por
acción, ni omisión, los derechos fundamentales objeto de amparo.

1.7. Sentencia de primera instancia

La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante providencia del 1. º de
agosto de 20243, denegó la acción de tutela porque no se configuró el defecto
factico y sustantivo, de manera que, no se vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Consideró que si bien se declaró la nulidad de las Resoluciones 2094 del 11 de
agosto de 1999 (confirmada por la Resolución 3077 de esa anualidad) y 149 del 28
de febrero de 2000 (confirmada por la Resolución 388 del 28 de mayo siguiente), lo
cierto es que en dicha providencia no se condenó a las Empresas Públicas de
Neiva, E. S. P., a la devolución de los dineros pagados o descontados por concepto
de la multa impuesta a través de dichos actos administrativos, en favor de la
empresa Aseo Total, S. A., E. S. P.

Precisó que, para efectos del conteo del término de caducidad del medio de control
de reparación directa por enriquecimiento sin justa causa no se debe tener en
cuenta el término de los 10 meses previsto en el artículo 197 del CPACA o, en su
defecto, los 18 meses del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, ya
que estos plazos solo son aplicables en los casos en los cuales se ha ordenado
expresamente el pago o la devolución de una cantidad líquida de dinero.

Por consiguiente, debió acudir ante la jurisdicción a través del medio de control de

3 Ver SAMAÍ índice 0026, envió de notificación el 27 de agosto de 2024.

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reparación directa dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia del
19 de junio de 2020, es decir, desde el 23 de septiembre de ese mismo año y hasta
el 23 de septiembre de 2022.

1.8. Impugnación

Mediante escrito enviado al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo
de Estado el 29 de agosto de 2024, la accionante impugnó la sentencia de primera
instancia, en el sentido de manifestar que la caducidad debe de analizarse desde el
punto de vista de derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y
no como el mero cómputo prescriptivo, que favorece a un extremo procesal y
desfavorece al otro, lo que conlleva a una análisis acuoso en pro de salvaguardar el
citado derecho.

Así mismo, afirmó que los términos otorgados para el cumplimiento de los fallos
judiciales no obedecen a plazo para el cumplimiento de la obligación, sino al tiempo
necesario para que el ente obligado adelante las gestiones administrativas y
presupuestales para su cumplimiento, encontrándose acorde a los tiempos justos y
prudenciales a los cuales los administrados se deben acoger en armonía con la
relación ciudadano- Estado.

Indicó que, conforme a la sentencia del Consejo de Estado, en la cual se decretó la
nulidad de unos actos administrativos que generan restablecimiento automático de
un derecho subjetivo favor de su representado; los términos de cumplimiento no son
de nulidad simple sino de la nulidad y restablecimiento de derecho, por lo tanto, se
avocan a los términos de los 10 meses previstos en el articulo 192 del CPACA, en
su defecto los 18 meses del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

Por lo anterior, afirmó que los términos de caducidad están mal contabilizados,
debido a que, si se suman los 30 días, se encuentran bajo los años que exige la
norma.

En lo referente a la obligación tácita a la que se hace alusión, manifestó que, no
puede ser al día siguiente de la ejecutoria de la sentencia, ya que sería ilógico
imponer una obligación sin un plazo para su pago; luego del cual entraría en mora.
Ante esta dicotomía se deben buscar los lineamientos del CPACA, inciso primero
del artículo 92.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer la impugnación presentada por la parte
demandante contra la sentencia impugnada, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo adoptado en primera instancia, que declaró improcedente la acción de tutela.

Para el efecto, se estudiará: i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) la relevancia constitucional y, iii) el caso concreto.
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2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20124,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción contra providencias judiciales6.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

2.4 Estudio sobre la relevancia constitucional

En relación con la relevancia constitucional, la Sala cita como antecedente la
sentencia de tutela del 29 de septiembre de 20228, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia constitucional
ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la trasgresión de algún
derecho fundamental y lo que pretendía era someter nuevamente a discusión lo que
analizó el juez natural de la causa.

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-573 del 2019, al momento de estudiar
los requisitos de procedibilidad en sede de revisión, encontró que la acción de tutela
carecía de relevancia constitucional.

En el citado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial “…el juez de tutela debe limitarse
a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una
providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo
teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…”.

4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN

DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto

de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01.
Demandante: Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.
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El tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. Por
lo que, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para
discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se
zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito
son las siguientes:

“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal9” (Énfasis de la Sala).

El alto órgano de cierre, luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud
de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la
relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este
postulado, puesto que:

i) No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política
o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,

ii) involucraba un debate eminentemente legal,

iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,

iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

2.5. Caso concreto

La parte actora cuestionó la providencia del 13 de febrero de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila que confirmó la decisión del Juzgado Décimo
Administrativo de Neiva, en la que se rechazó la demanda, toda vez que, había
operado el fenómeno procesal de la caducidad.

En primera instancia, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia del
1. º de agosto de 2024 denegó la acción de tutela, en vista de que no se
configuraron los defectos alegados.

Tras revisar el escrito de tutela presentado por la parte actora, la Sala advierte que
esta carece de la carga mínima argumentativa. A su vez, recurre al amparo bajo el
argumento de falta de valoración de los hechos de la demanda con las cuales se
acredita la contabilización del término de caducidad, así como, un error en la
interpretación de la norma legal pertinente, específicamente en lo relacionado con la
regla de la caducidad de la acción, cuando lo cierto es que pretende reabrir el
debate del proceso, controversia ya definida por los jueces naturales, lo que implica

9 Sentencia SU 573 de 2019.

6

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convertirla en una tercera instancia.

El requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de la acción
de tutela tiene tres finalidades, a saber:

“… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional10 y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad11; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales12 y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces13”.

Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de tutela
debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario, el juez
constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan su competencia
y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial de la solicitud de
amparo.

En el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por la empresa
Aseo Total S.A. ESP, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que las inconformidades planteadas no
contienen la carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del
porqué el asunto requiere la intervención del fallador de esta sede.

Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional señaló que la simple
enunciación de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

A juicio del máximo Tribunal de lo Constitucional es indispensable que el caso en
cuestión.

«(i) tenga la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el
alcance de la controversia “[…] no se limite a una discusión meramente
legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.» (Resaltado por la Sala)

En efecto, si bien alegó la configuración del defecto fáctico y sustantivo, lo cierto es
que la actora no satisfizo la carga desde la perspectiva constitucional, según lo
establecido en la referida sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU-215
de 2022. No basta con mencionar una vulneración a los derechos fundamentales,
sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el

10 “Sentencia C-590 de 2005.”
11 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
12 “Sentencia C-590 de 2005.”
13 “Sentencia T-102 de 2006.”

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requisito general de procedencia de relevancia constitucional.14

El debate planteado en esta instancia tiene como objetivo refutar la conclusión de la
autoridad judicial accionada, más allá de exponer como se materializó la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales. Resulta evidente en todo el sustento
del mecanismo constitucional de la tutela la inconformidad de la accionante, frente a
la decisión tomada por la Tribual Administrativo del Huila.

Además de lo anterior, para la Sala, el accionante planteó una afectación de sus
derechos fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente
legal, el cual ya fue expuesto dentro del proceso ordinario y fue decidido por el juez
natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de
autonomía e independencia judicial, y desnaturalizaría el mecanismo constitucional
convirtiéndolo en una instancia adicional.

Los argumentos propuestos en la acción de tutela pretenden reabrir el debate
surtido ante el juez natural, en relación con el fenómeno procesal de la caducidad.
Por ende, no es suficiente con enunciar la inconformidad respecto de la decisión
adoptada, toda vez que, no conduce a que el juez de tutela pueda abordar el fondo
del asunto, ya que esta autoridad no actúa como instancia adicional o de revisión
del proceso.

De esa manera, se requiere un desarrollo argumentativo tendiente a demostrar la
configuración de las causales específicas de procedibilidad. Frente a la existencia
de una falencia argumentativa, no se puede llevar acabo un examen de fondo del
caso.

En similar sentido, la sección ha señalado lo siguiente.

«[I]indica la Sala que la parte actora no identificó, individualizó ni
precisó, cuáles fueron las pruebas del proceso que supuestamente
fueron indebidamente valoradas por el juez contencioso administrativo,
toda vez que se limitó a hacer un reproche genérico y señaló
simplemente la vulneración de derechos fundamentales la vulneración a
los principios de cosa juzgada, juez natural y presunción de inocencia.
(…) Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa
razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el
caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego
valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la
cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y
los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.»15

Por lo anterior, la Sala revocara la sentencia del 1º de agosto de 2024, proferida por
la Sección segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, que negó las
pretensiones. En su lugar, declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no
cumple con el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

14 “sentencia U- 215 DE 2022”
15 Sentencia del 16 de septiembre del 2021. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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FALLA

PRIMERO: Revócase la sentencia de 1º de agosto de 2024, proferida por la
Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado.

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la empresa
Aseo Total S.A. ESP, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

TERCERO: Notifíquese esta providencia en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los 10 días siguientes al de la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

9

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