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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02781-00

Fecha
4 de julio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02781-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo solicitado por la señora Gloria Janeth Molano Jiménez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-02781-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

4 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02781-00
Accionante: Gloria Janeth Molano Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, derecho a la igualdad, y a los principios del derecho laboral consagrados
en el artículo 53 de la Constitución Política, con ocasión de la presunta
configuración de las causales específicas de procedibilidad de desconocimiento
del precedente, defecto sustantivo y violación directa de la Constitución Política.

Decisión: Se niegan las pretensiones de la acción de tutela al no demostrarse la
configuración de los defectos alegados por el accionante.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo decide la acción de tutela
que instauró la señora Gloria Janeth Molano Jiménez, quien actúa por conducto
de apoderada judicial en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, derecho a la igualdad, y a los principios del
derecho laboral consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política, ocurrida
con ocasión de la expedición de la sentencia del 20 de marzo de 2024, adoptada
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado bajo el
radicado 15001-33-33-005-2020-00161-[00-01].

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2.1.1. La señora Gloria Janeth Molano Jiménez nació el 16 de mayo de 1957;
laboró en la Notaría Primera del Círculo de Tunja desde el 1 de febrero
de 1979 hasta el 15 de febrero de 1990, y en la alcaldía de Tunja, desde
el 23 de abril de 1992 hasta el 30 de junio de 2018.

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Accionante: Gloria Janeth Molano Jiménez

2.1.2. Por medio de la Resolución SUB 158247 del 18 de junio de 2018 le fue
reconocida la pensión de vejez, de acuerdo con las disposiciones de la
Ley 797 de 2003, con una tasa de reemplazo del 78,93%.

2.1.3. El 11 de julio de 2019 solicitó a la Entidad demandada que reliquidara
su pensión, aumentando el IBL a un 90%, con fundamento en lo
establecido en el Decreto 758 de 1990, dado que acreditó 1907
semanas de tiempos de servicios y que esta era la norma más
favorable.

2.1.4. A través de la sentencia del 6 de octubre de 2021, el Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito de Tunja negó las pretensiones de la
demanda.

2.1.5. La anterior decisión fue confirmada a través de la sentencia del 20 de
marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

2.2. Fundamento jurídico

La parte accionante pretende que se deje sin efectos la sentencia del 22 de marzo
de 2024, por la configuración de las siguientes causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial:

2.2.1. Desconocimiento del precedente: Al respecto, indicó que se
desconoció lo establecido en las sentencias SU 769 de 2014, SU – 317
de 2021, T – 219 de 2021 de la Corte Constitucional, así como los fallos
del 29 de octubre de 2020, dentro del expediente con radicación
19001-23-33-000-2015-00068-01(2185-17), y de 26 de agosto de
2021, dentro del radicado 25000-23-42-000-2017-02587-01 (3824-18)
del Consejo de Estado en las que se determinó la posibilidad de
acumular el tiempo cotizado en Cajas de Previsión Social con lo
aportado al extinto Instituto de Seguro Social ISS, hoy Colpensiones,
para efectos de aplicar al beneficiario del Régimen de Transición de la
Ley 100 de 1993, de forma integral, el Decreto 758 de 1990.

2.2.2. Defecto sustantivo: al respecto, señaló que se inaplicó el Acuerdo 049
de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.

2.2.3. Violación directa de la Constitución Política: con la decisión objeto de
la acción de tutela se vulneraron directamente los derechos al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a
seguridad jurídica, a la confianza legitima, a la favorabilidad en materia
laboral, a la aplicación del principio in dubio pro operario; se
desconocieron los principios de progresividad y de no regresividad, y a
la seguridad social.

2.3. Pretensiones

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La parte accionante solicitó:

«PRIMERA. Honorables Consejeros, SÍRVANSE DEJAR sin EFECTOS la
siguiente Providencia Judicial:

1.1. Sentencia proferida por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOYACÁ -SALA DE DECISIÓN No. 2- calendada Veinte (20) de Marzo de
Dos mil Veinticuatro (2024), notificada por Correo Electrónico el día
Veintidós (22) de Marzo de Dos mil Veinticuatro (2024), Magistrado
Ponente Dr. LUÍS ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA dentro del proceso de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado No. 150013333005-
2020-00161-01, por medio de la cual CONFIRMÓ la sentencia de Primera
Instancia calendada Seis (06) de Octubre de Dos mil Veintiuno (2021)
proferida por el JUZGADO QUINTO (5) ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE TUNJA -BOYACÁ que NEGÓ la Reliquidación de la
Pensión de Vejez de mi mandante.

Lo anterior, como quiera que, por medio de dicha providencia se incurrió
en una VÍA DE HECHO - DEFECTO por DESCONOCIMIENTO del
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL, DEFECTO SUSTANTIVO por
inaplicar el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990 y
por VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN que redundó en la
violación de los Derechos Fundamentales de mi mandante a la
SEGURIDAD SOCIAL, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA,
DERECHO A LA IGUALDAD, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD,
SEGURIDAD JURÍDICA, INDUBIO PRO OPERARIO, PRINCIPIO DE
PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIVIDAD y DEBIDO PROCESO, de
conformidad con la Constitución Política de 1991.

SEGUNDA. Como consecuencia de lo anterior, Honorables Consejeros,
SÍRVASE ORDENAR al H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ -
SALA DE DECISIÓN No. 2, para que, profiera una Nueva Sentencia dentro
del Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado No.
150013333005-2020-00161-01 en el que actuaba como Dte. Gloria
Janneth Molano Jiménez y como Ddo. Colpensiones, y, se REVOQUE el
Fallo de Primera Instancia, ordenando a la demandada que Reliquide la
Pensión de Vejez a favor de mi mandante, en aplicación por PRINCIPIO
de FAVORABILIDAD y de forma INTEGRAL del Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 de 1990, lo cual le permite acogerse a la Tasa
de Reemplazo y/o porcentaje del 90% sobre el IBL». (sic en toda la cita).

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida por el Despacho sustanciador el 6 de junio de
2024 y se ordenó notificar al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial
de Tunja, al Tribunal Administrativo de Boyacá como accionados y a la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- como tercera
interesada en el resultado del proceso.

2.4.1. El magistrado ponente del proceso de la referencia señaló que no se
vulneró ningún derecho fundamental del accionante, por lo que solicitó se
nieguen las pretensiones de la acción de tutela1.

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2.4.2. La directora de asuntos constitucionales de COLPENSIONES solicitó
que se nieguen las pretensiones porque no le fue vulnerado ningún derecho
constitucional a la accionante2.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección considera que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si en la providencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, se incurrió en las causales específicas de
procedibilidad de desconocimiento del precedente, de defecto sustantivo y de
violación directa de la Constitución Política.

Previamente, es menester determinar si se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

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Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos están correctamente
individualizados, así como los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la ejecutoria de la providencia cuestionada (3 de abril de 2024)
hasta la radicación de la acción de tutela (31 de mayo de 2024).

3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental
como consecuencia de las causales específicas de procedibilidad de
desconocimiento del precedente, defecto sustantivo y violación directa de la
Constitución Política

Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

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3.4. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales

Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde determinar
si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del precedente
vinculante.

En relación con el precedente y su carácter vinculante es necesario indicar que
a pesar de que dicha característica sea más propia del Common Law, inclusive
desde finales del siglo XIX se pretendió buscar cierta uniformidad en la
jurisprudencia y por ello, en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 se consagró la
regla de la doctrina probable.

La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal
disposición3, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior,
los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados
a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y
cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que
justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró
en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del
precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela.

Respecto del precedente vertical4, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el
respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en
especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta
conclusión ha llegado en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es
vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares que
exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por
consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada,
que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y
previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una
ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la
autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión
judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la
eficacia del Estado de Derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima,
que imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las
decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y 5) por
razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de
coherencia a su interior5.

Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el

3
Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
4
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
5
Sentencia C-447 de 18 de septiembre de 1997: magistrado ponente: Alejandro Martínez
Caballero.

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asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso6. De esta forma, la Corte
Constitucional recordó que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica
el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que
analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe
ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella».

Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la
ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de
petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en
el único posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de
armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la
defensa del precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica
de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea
jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos,
quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia
judicial; por tanto no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni
inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún
género de discriminación7.

Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un
juez unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que
un cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del
ordenamiento jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones
sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente una
interpretación del derecho frente al contexto social actual.

De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado
encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación
objeto de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las
decisiones judiciales previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga
de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando
a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección
decisional y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación
del orden jurídico y, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento
en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al
precedente8.

En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera
excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen

6
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
7
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
8
En materia Contencioso Administrativa el reconocimiento del precedente como fuente
importante de estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de
extensión de la jurisprudencia, consagrado en el artículo 102 del nuevo CPACA.; y, el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, artículo 256 y siguientes ibídem.

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manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas
la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a
la Ley.

3.4.1. Análisis acerca de la configuración de la causal específica de
procedibilidad de desconocimiento del precedente en el caso concreto

La parte accionante argumentó que en el caso concreto se configuró la causal
específica de procedibilidad de desconocimiento del precedente, debido a que la
providencia objeto de la acción de tutela se apartó injustificadamente del
precedente contenido en las siguientes providencias: SU 769 de 2014, SU – 317
de 2021, T – 219 de 2021 de la Corte Constitucional, así como los fallos del 29
de octubre de 2020, dentro del expediente con radicación 19001-23-33-000-
2015-00068-01(2185-17), y de 26 de agosto de 2021, dentro del radicado 25000-
23-42-000-2017-02587-01 (3824-18), ambos del Consejo de Estado.

Para el efecto, resulta imprescindible analizar la argumentación expuesta por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, para así determinar si en efecto se configuró,
la causal.

En ese sentido, en la sentencia del 20 de marzo de 2024, el Tribunal
Administrativo de Boyacá señaló:

«Revisado el contenido de la Sentencia SU 769 de 2014, encuentra la Sala
que la Corte Constitucional, previó lo siguiente: (…)

Con base en ese pronunciamiento, considera la Sala que en este caso le
asiste razón al apoderado de la parte demandante, en el sentido de que la
Corte Constitucional ha aceptado la acumulación de tiempos en el sector
público y en el sector privado, pero para efectos del reconocimiento
pensional en aquellos eventos en que los trabajadores cobijados por el
régimen de transición no cumplen requisitos en el sector público para
acceder a la pensión conforme a la Ley 33 de 1985 ni en el sector privado
para acceder al derecho conforme al Acuerdo 049 de 1990, se permite la
acumulación de tiempos cotizados a Cajas o Fondos del sector público
a los cotizados en el ISS, para efectos de obtener el reconocimiento
conforme el Acuerdo ya mencionado.

En efecto, al estudiar los casos relacionados en la sentencia de la Corte
Constitucional, en todos ellos se evidencia casos de personas con
cotizaciones tanto en el sector público y en el sector privado, que,
contabilizándolas por separado, no le permiten acceder a su derecho
pensional, pero al sumarlas, permiten su reconocimiento, luego en
aplicación del principio de favorabilidad laboral, se sumaron los tiempos y se
ordenó al ISS el reconocimiento de la mesada pensional.

Ahora, considera la Sala que dicha sentencia no puede ser interpretada para
que en caso de que los trabajadores cobijados por el régimen de transición
y a quienes les reconocieron su mesada bajo las previsiones de la Ley 33
de 1985 por haber fungido como servidores públicos – en este caso en la
Alcaldía de Tunja y la Notaria Primera del Circuito de Tunja– pidan la
reliquidación de su mesada bajo el monto contemplado en el Decreto 758

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de 1990, que es aplicable a los trabajadores del sector privado, y que para
casos especiales en que no alcanzan al cumplimiento de requisitos con las
cotizaciones al ISS, para garantizar su derecho a la mesada pensional bajo
el entendido de que las cotizaciones se realizan al sistema y no a la entidad
a la que laboran, se realiza la sumatoria de los tiempos.

Así lo ha interpretado también el Consejo de Estado y la Corte Suprema de
Justicia, pronunciamiento en el que, previo a enunciar el contenido del
artículo 12 del Decreto 758 de 1990, estableció:

(…)

«“(…) Ahora bien, en lo que respecta al punto sometido a discusión en
ambos ataques, esto es, la posibilidad de sumar los tiempos laborados en el
sector público a las semanas cotizadas al ISS, para efectos de obtener un
monto de pensión equivalente al 90% de IBL, conforme al parágrafo 2 del
artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, ya ha tenido oportunidad de
pronunciarse la Sala en la sentencia del 23 de agosto de 2006 (rad. 27651),
en donde se señaló, contrario a lo sostenido por el censor, que si el afiliado
era beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, el número de semanas cotizado sería el establecido en el
régimen anterior en donde se encontrare afiliado, esto es, en el presente
caso, al previsto en el Acuerdo 049 de 1990, y a este régimen debía
someterse íntegramente, sin que en él se establezca la posibilidad de
sumar cotizaciones realizadas a entidades diferentes al ISS. Se dijo en
esa oportunidad lo siguiente, que sirve para ilustrar el caso:

“[…] el ad quem determinó que a la demandante por encontrarse afiliada al
I.S.S., en el momento de entrar en vigencia dicha disposición, le era
aplicable el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo
año, para concluir que no era procedente aumentar el número de semanas
con el tiempo de servicios prestados en el sector público, cuando la pensión
reconocida resultaba de la aplicabilidad de dicha normatividad, que no prevé
el computar períodos laborados en el sector oficial, como si lo hace el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el literal f del artículo
13 ibídem, que consagra la pensión de vejez pero dentro del régimen de
prima media con prestación definida, creado por el Sistema General de
Pensiones; no siendo posible escindir las normas para aplicar lo más
favorable de cada una de ellas, pues la preceptiva legal que se aplique debe
serlo en su integridad.

Por su parte la censura sostiene que, por estar la actora inmersa en el
régimen de transición, deben aplicársele las normas pertinentes de la Ley
100 de 1993 y también las del Acuerdo 049 de 1990, sin que esa mixtura
conlleve la violación del principio de la inescindibilidad, como
equivocadamente lo determinó el Tribunal, por lo que es posible y válido que
se sume a las semanas cotizadas al I.S.S., el tiempo servido por ella en el
sector público”.

Así las cosas, considera la Sala que la razón está de parte del juzgador de
segunda instancia, pues si la demandante es beneficiaria del régimen de
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el número de
semanas cotizadas será el establecido en el régimen anterior al cual se
encontraba afiliada, esto es, al I.S.S y por lo tanto dicho requisito, deberá
regirse íntegramente por lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado
por el Decreto 758 del mismo año”.

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“Obviamente, tales cotizaciones deben haber sido efectuadas a esa entidad
de seguridad social, pues en el citado Acuerdo no hay disposición alguna
que permita sumarle otras efectuadas a cajas, fondos o entidades de
seguridad social del sector público o privado, como si lo autoriza la Ley 100
de 1993, en el artículo 33, en armonía con el literal f de su artículo 13, para
las pensiones de vejez que se rijan íntegramente por ella.» (Resalta la Sala).

27. En consecuencia, de acuerdo con tal jurisprudencia, para la
aplicación del Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo 049 de 1990,
se exige que el número de semanas requeridas en dicho régimen sean
cotizadas de forma exclusiva al ISS hoy Colpensiones, por lo que no
es posible la acumulación con los aportes a otras entidades de
previsión social, públicas o privadas.

28. Cabe señalar que en el marco del régimen pensional del Decreto 758
de 1990, la Corte Constitucional, principalmente a través de la sentencia SU-
769 de 2014, validó el reconocimiento de pensiones de vejez con la
acumulación de semanas cotizadas a Colpensiones y a otras entidades
previsionales.

29. Frente a lo anterior, la Sala encuentra que el espectro de protección al
que la Corte orientó su interpretación, fueron los derechos fundamentales a
la seguridad social en conexidad con la vida digna, de quienes alegaron vía
de tutela que en virtud de tales condiciones no habían podido acceder a una
pensión de jubilación, restringiendo ésta opción, es decir computo de
cotizaciones al ISS y otros entes previsionales, a las personas que ya tenían
reconocido el derecho y pudieran en tal virtud lograr una eventual
reliquidación; pues a éstos no se les estaría vulnerando tales prerrogativas.

30. Vale la pena precisar, que la sección segunda del Consejo de Estado
coincide con el criterio de la Corte Suprema de Justicia, en tanto sostiene
que el Decreto 758 de 1990, en su artículo 12 previó como requisitos para
acceder a la pensión de vejez tener 60 años de edad si es varón y 55 si es
mujer y haber cotizado un mínimo de 500 semanas pagadas durante los
últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima o haber
acreditado un total de 1000 semanas de cotización sufragadas en
cualquier tiempo, al anterior Instituto de Seguros Sociales,
actualmente Colpensiones.”

No obstante, el caso de la demandante no tiene que ver con la ausencia de
reconocimiento pensional por falta de acumulación de tiempos en el sector
público y en el privado – además porque como empleada particular solo
acredita 567.86 semanas como trabajador y el resto en el sector público –,
habiendo sido este último suficiente para obtener su reconocimiento
pensional bajo las previsiones de la Ley 33 de 1985.

Se colige entonces que, si la demandante pretende la reliquidación de su
mesada pensional con el 90% conforme a los parámetros de liquidación
establecidos en el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, debió acreditar el
número de aportes requeridos para acceder al 90%, es decir, 1250 semanas
o más cotizadas exclusivamente a Colpensiones.

Sin embargo, en el presente caso, la Sala solo encuentra acreditadas 455,14
semanas cotizadas exclusivamente a Colpensiones, como puede verse en
el certificado de su historia laboral, que reposa en las páginas 41 a 42 del

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documento 00002 del expediente digital, la cuales, conforme al Decreto 758
de 1990, le darían lugar al mismo 75% reconocido con la Ley 33 de 1985, y
los factores salariales sobre los que realizó cotización al sistema de
seguridad social conforme al Decreto 1158 de 1994, luego tampoco se
observa favorabilidad alguna frente a lo ya reconocido.

Así las cosas, al acreditar la demandante que cotizó 455.14 semanas
exclusivamente a COLPENSIONES, ello daría lugar, según las
prescripciones de la Ley 33 de 1985, un IBL del 75% y sobre los factores
que realizó la respectiva cotización conforme lo dispuesto en el
Decreto 1158 de 1994, porcentaje que es inferior al reconocido por la
entidad demandada del 78.93%, razón por la que no avizora esta Sala que,
la aplicación de la norma que pide la actora se le aplique, resulte más
favorable a su caso, porque de una parte – tal y como lo señaló el a quo- no
es aplicable a su caso y porque el porcentaje concedido por la entidad
demandada, COLPENSIONES, supera el mencionado, conforme las
previsiones de la Ley 100 de 1993, modificada por la ley 797 de 2003».

Al analizar la argumentación contenida en la providencia objeto de reproche,
debe partirse del hecho de que en esta se hizo referencia expresa a la sentencia
de unificación en la que se fundamentaron los argumentos de la parte accionante,
y, se desarrollaron las razones conforme con las cuales no procedía acoger las
pretensiones con base en la sentencia SU 769 de 2014. En ese sentido, se adujo
que existía una diferencia fundamental en la parte fáctica, debido a que en el fallo
de la Corte Constitucional se analizó la posibilidad de acumular los períodos
cotizados en el ISS con otras cajas o fondos, mientras que en el caso concreto
se pretendía la aplicación del ingreso base de liquidación consagrado en el
Acuerdo 049 de 1990, para los beneficiarios del régimen de transición.

Por tal razón, se entiende que no se puede predicar el desconocimiento
injustificado del precedente, pues se expusieron razones por las cuales la ratio
decidendi era distinta.

Ahora bien, al analizar las demás providencias citadas en la acción de tutela, que
se considera constituían precedente vinculante, se advierte que ninguna es una
sentencia de unificación.

Por su parte, en el fallo objeto de reproche se citaron las siguientes sentencias
del mismo Consejo de Estado en los cuales no había lugar a extender el ingreso
base de liquidación al caso concreto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 13 de febrero de 2014,
radicación 25000-23-25-000-2012-01566-01(1676-13), magistrado ponente:
Alfonso Vargas Rincón; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 12 de diciembre de 2017,
expediente 4332-2016, magistrado ponente: César Palomino Cortés; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del
13 de febrero de 2020, expediente 4669-2018, magistrada ponente: Sandra
Lisset Ibarra Vélez.

Dada la existencia de pronunciamientos encontrados no es posible considerar

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que se configuró un defecto del precedente, en especial porque en la providencia
del 20 de marzo de 2024, se argumentó y se justificó por qué razón no había
lugar a acoger el precedente contenido en las sentencias del 29 de octubre de
2020, dentro del expediente con radicación 19001-23-33-000-2015-00068-
01(2185-17), y de 26 de agosto de 2021, dentro del radicado 25000-23-42-000-
2017-02587-01 (3824-18).

Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no
es de corrección sino de validez9, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar
los derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el
razonamiento es arbitrario o caprichoso.

Por las razones anteriores, se considera que en la sentencia del 20 de marzo de
2024 no se configuró el defecto de desconocimiento del precedente.

3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»10.

En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya
se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las
normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya
sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto

9
Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina
Pardo Schlesinger.
10
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente:
Eduardo Montealegre Lynett.

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sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien
es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan
con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha
sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v)
porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador»11.

Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presenta un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoce las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría
los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoce la
normativa aplicable o porque se desconoce una sentencia con efectos erga
omnes.

11
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.

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En el caso concreto, de acuerdo con los argumentos presentados por la parte
accionante, se estaría ante el segundo supuesto, esto es, porque se realizó una
interpretación que desconoce la normativa aplicable.

3.5.1. Análisis de la presunta configuración de un defecto sustantivo en el
caso concreto

Al respecto, es necesario señalar que no se presentó el defecto invocado, pues
existe jurisprudencia del Consejo de Estado12 en la que se ha establecido que,
para efectos de establecer el ingreso base de liquidación no es posible acudir al
Acuerdo 049 de 1990, salvo que se cumplan por completo los requisitos
establecidos en este para acceder a la pensión, lo cual no sucede en el caso
concreto, puesto que solo acreditó 567.86 semanas como trabajador privado.

Debe agregarse que a la señora Gloria Janeth Molano le fue reconocida su
pensión de vejez con una tasa de reemplazo del 78.93%, y que de ninguna
manera se desconoció el núcleo esencial del derecho fundamental a la seguridad
social, motivo por el que se debe concluir que no se presentó el defecto sustantivo
alegado en la acción de tutela, puesto que la interpretación no es arbitraria o
irracional.

3.6 La violación directa de la Constitución Política como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial

En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

«Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre otros
eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce
específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los
derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho
defecto se produce cuando se deja de aplicar una disposición constitucional
en un caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una
interpretación claramente contraria a la Constitución; o cuando el juez se
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de los postulados superiores, siempre que se solicite su
declaración por alguna de las partes en el proceso.

Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el
derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que
también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el
ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos
con base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe
señalar que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen
mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y,

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 13
de febrero de 2014, radicación 25000-23-25-000-2012-01566-01(1676-13), magistrado ponente:
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Segunda, sentencia del 12 de diciembre de 2017, expediente 4332-2016, magistrado ponente:
César Palomino Cortés; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia del 13 de febrero de 2020, expediente 4669-2018, magistrada ponente:
Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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en determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente
factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción
de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales
postulados”»13.

3.6.1. Análisis de la configuración de la violación directa de la Constitución
Política en el caso concreto

En el caso concreto la parte accionante invocó la vulneración directa de la
Constitución Política porque en la sentencia objeto de reproche se consideró que
no se debe acceder a la pretensión de reliquidación de la pensión con base en la
normativa invocada.

Al respecto, se advierte que los argumentos expuestos en el escrito de tutela solo
permiten evidenciar una discrepancia con las decisiones judiciales adoptadas en
el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que exista
una real vulneración de la Constitución Política. Al respecto se observa que se
pretendió extender la aplicación de las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, a
pesar de los razonables argumentos expuestos en la sentencia del 20 de marzo
de 2024.

En esa misma línea se observa que no se trata de un caso en el que se haya
dejado de aplicar una disposición constitucional al caso objeto de juzgamiento;
tampoco se trata de un caso en el que la decisión judicial se haya apoyado en
una interpretación evidentemente contraria a la Constitución; ni había lugar a
aplicar una excepción de inconstitucionalidad.

Por las razones expuestas, se concluye que no se configuró la causal específica
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales de violación
directa de la Constitución Política.

En conclusión, la Sala encuentra que hay lugar a negar las pretensiones de la
acción de tutela de la referencia, al no demostrarse la configuración de las
causales específicas de procedibilidad invocadas por la parte accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar el amparo solicitado por la señora Gloria Janeth Molano
Jiménez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

13
Corte Constitucional, sentencia SU 873 de 13 de noviembre de 2014, magistrada ponente:
María Victoria Calle Correa.

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Cuarto: De no ser impugnada la sentencia de tutela remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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