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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02587-01

Prescripción trienal de mesadas pensionales: no operancia

Fecha
26 de agosto de 2021
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02587-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°. Confírmase parcialmente la sentencia de 1° de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección D), que accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora Betty Mora de Cendales contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), de acuerdo con la motivación. 2°. Modifícase el numeral 3 de la parte decisoria de la sentencia de primera instancia, en el sentido de ordenar a Colpensiones reajustar la pensión de vejez de la demandante a partir del 1° de mayo de 2014 (fecha de retiro del servicio), de conformidad con los artículos 12 y 20 del Decreto 758 de 1990, equivalente al 90% del promedio de los factores cotizados durante los últimos 10 años de servicios, conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, además de los previstos en el Decreto 1158 de 1994, por las razones consignadas en la motivación de la presente providencia. 3°. Revócanse los numerales 4 y 5 de la parte dispositiva del fallo impugnado, en los que se ordenó realizar los descuentos sobre los nuevos emolumentos a incluir y se impuso condena en costas a la parte demandada, que incluye las agencias en derecho, respectivamente. 4°. Reconócese personería al abogado José Octavio Zuluaga Rodríguez, con cédula de ciudadanía 79.266.852 y tarjeta profesional 98.660 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a Colpensiones, en los términos del poder conferido. 5°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-02587-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

26 de agosto de 2021

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL -Determinación

A la demandante le fue calculada su pensión de vejez con el promedio de los factores sobre los cuales cotizó durante los últimos 10 años de servicios, en atención a las reglas de interpretación fijadas tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, plasmadas en las sentencias citadas en el acápite precedente, en el sentido de que en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en vigor aquella, por lo que se someten al mandato contenido en tal norma o en el artículo 21 ib, según corresponda, tal como lo hizo Colpensiones en el presente caso; lo que además guarda relación con el artículo 48 superior, en cuanto dispone que «Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones […]», por ende, carece de asidero jurídico la pretensión de computar al IBL el promedio que sirvió de base para los aportes durante las últimas 100 semanas de servicio y, en tal sentido, la sentencia de primera instancia no se ajusta al actual derrotero jurisprudencial.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición pensional del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ver: C. de E, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, rad.: 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013) (IJ), C.P. César Palomino Cortés.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 21 / LEY 33 DE 1985 / LEY 62 DE 1985 / DECRETO 1158 DE 1994 ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 / Decreto 758 de 1990

PENSIÓN DE JUBILACIÓN -Tasa de reemplazo del Decreto 758 de 1990

Por otra parte, en lo concerniente a la tasa de reemplazo reclamada por la actora (90%), se observa que (i) al verificar los tiempos de servicios, alcanzó 1842 semanas cotizadas a Cajanal, al desaparecido ISS, a fondos privados y a Colpensiones, aunque en la Resolución SUB 8636 de 16 de marzo de 2017 se tuvo en cuenta 1155, que fueron las aportadas al segundo y al último de los mencionados entes de previsión; (ii) como se dejó sentado en el acápite anterior, según el criterio adoptado por la Corte Constitucional (sentencias SU-769 de 2014 y T-280 de 20 de junio de 2019), el Consejo de Estado (fallo de 23 de abril de 2020 de la subsección A de esta sección) y la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia (providencia de 1º de julio de 2020), es dable incluir los lapsos aportados por la accionante a distintas cajas de previsión social, puesto que cuenta con cotizaciones realizadas al ISS y a Colpensiones, y esta es la que asume el pago de la prestación; y (iii) en virtud de la tabla de tasas de reemplazo establecida en el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, cuando se satisfacen más de 1250 semanas de aportes, la cuantía de la pensión debe equivaler al 90%, motivo por el cual los actos acusados adolecen de vicio de nulidad en lo que atañe a este aspecto.

FUENTE FORMAL : DECRETO 758 DE 1990 - ARTÍCULO 20

PRESCRIPCIÓN TRIENAL DE MESADAS PENSIONALES – No operancia

Por ser el derecho pensional de carácter imprescriptible, este se causa día a día y se puede solicitar en cualquier época por el interesado. Contrario sensu, para el caso de las diferencias entre las mesadas pensionales canceladas y lo que debió sufragarse, el legislador ha establecido el fenómeno de la prescripción, de manera que se pagan solamente las causadas hasta tres (3) años antes de la fecha en que se haya formulado la correspondiente reclamación ante la entidad de previsión, conforme a los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, sin embargo, no trascurrieron tres (3) años entre la Resolución VPB 40433 de 5 de mayo de 2015 (que desató el recurso de apelación contra el acto que reconoció la pensión de jubilación) y la reclamación administrativa de reajuste pensional (30 de enero de 2017), por lo que tampoco ha operado la prescripción trienal.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 25000-23-42-000-2017-02587-01(3824-18)

Actor: BETTY MORA DE CENDALES

Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES)

Medio de control
:
Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente
:
25000-23-42-000-2017-02587-01 (3824-2018)
Demandante
:
Betty Mora de Cendales
Demandado
:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Tema
:
Reliquidación de pensión de vejez conforme al Decreto 758 de 1990; factores salariales que deben tenerse en cuenta en el ingreso base de liquidación pensional de persona beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y accionada contra la sentencia de 1° de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección D), mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 64 a 96). La señora Betty Mora de Cendales, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones SUB 8636 de 16 de marzo y DIR 4121 de 25 de abril, ambas de 2017, por las cuales Colpensiones reliquidó la pensión de jubilación de la actora.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la accionada reajustar la pensión de jubilación de la demandante con el 90% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante las últimas 100 semanas de servicio, de conformidad con los artículos 12 y 20 del acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, con la totalidad de los factores salariales recibidos; o de manera subsidiaria, con aplicación integral de la Ley 33 de 1985, en armonía con la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 4 de agosto de 2010, cuyas diferencias deberán ser actualizadas desde el 30 de abril de 2014; pagar los intereses moratorios y dar cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 del CPACA. Por último, condenar en costas a la demandada.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la actora que nació el 14 de diciembre de 1951, laboró para la Cooperativa de Trabajo Ferrovial Ltda. (1° de octubre de 1974 a 2 de enero de 1976), Gratamira (1° de marzo de 1976 a 21 de diciembre de 1978), el Ministerio de Transporte (5 de junio de 1981 a 23 de abril de 1986) y la personería de Bogotá (1° de enero de 1996 a 30 de abril de 2014), completó 1404 semanas de cotización y es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero Colpensiones, a través de los actos acusados, le reconoció la pensión de vejez con el 84% del promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicios, sin aplicar en forma integral el Decreto 758 de 1990.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por los actos demandados los artículos 1, 2, 4, 25, 46, 48, 53 y 58 de la Constitución Política; 12 y 20 del Decreto 758 de 1990, 45 del Decreto 1045 de 1978 y 36 (inciso segundo) de la Ley 100 de 1993.

Arguye que le asiste derecho a que la pensión de jubilación le sea liquidada con el universo de factores salariales devengados durante las últimas 100 semanas de servicios, conforme al Decreto 758 de 1990, al ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y colmar los requisitos pensionales contemplados en aquel, en armonía con los principios de favorabilidad e inescindibilidad normativa.

1.5 Contestación de la demanda (ff. 113 a 129). La entidad demandada, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y se refirió a cada uno de los hechos de la demanda, en el sentido de que algunos son ciertos y otros no comportan situaciones fácticas. Aduce que para efectos de la liquidación de las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, ha de aplicarse la regla contenida en el inciso 3° de su artículo 36, de acuerdo con la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional. De igual modo, advierte que la demandante demostró 1142 semanas, cotizadas en forma exclusiva al entonces Instituto de Seguros Sociales (ISS) o a Colpensiones, y de acuerdo con esto se estableció la tasa de reemplazo en virtud del Decreto 758 de 1990.

1.6 La providencia apelada (ff. 167 a 184). El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección D), mediante sentencia de 1° de marzo de 2018, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda (con condena en costas), al considerar que, de conformidad con el criterio del Consejo de Estado, las personas beneficiarias de los regímenes de transición de la Ley 100 de 1993 y pensional del Decreto 758 de 1990, se les liquida su pensión de jubilación con todos los factores salariales de carácter legal devengados durante las últimas 100 semanas (en el caso de la actora, con inclusión de la asignación básica, los gastos de representación, las primas de antigüedad, vacaciones, navidad y semestral; y la bonificación por servicios prestados). Asimismo, explica las razones por las cuales se aparta del derrotero jurisprudencial de la Corte Constitucional contenido en las providencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 y ordenó los descuentos sobre los nuevos emolumentos a incluir en los últimos 5 años.

1.7 Los recursos de apelación:

1.7.1 Entidad demandada (ff. 195 a 200). Inconforme con la anterior decisión, la demandada interpuso recurso de apelación, al estimar que a la accionante le es aplicable, para efectos del ingreso base de liquidación, la regla prevista en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el Decreto 1158 de 1994, reglamentario de aquella, puesto que el régimen de transición solo conservó los requisitos y el monto pensionales bajo la normativa anterior, de acuerdo con las sentencias C-258 de 2013 y SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional. De igual manera, afirma que la pensión de la accionante debe corresponder a una tasa de reemplazo del 81%, al haber alcanzado 1142,26 semanas de cotizaciones exclusivas al extinguido ISS y a Colpensiones, pese a que se le concedió en un monto del 84% del IBL.

1.7.2 Parte actora (ff. 185 a 194). La accionante, por intermedio de apoderado, formula alzada (parcial), por cuanto el a quo excluyó el factor salarial denominado prima técnica, en desconocimiento del Decreto 1045 de 1978 y de los principios de favorabilidad e in dubio pro operario.

II. TRÁMITE PROCESAL.

Los recursos de apelación fueron concedidos mediante proveído de 14 de junio de 2018 (ff. 222 a 224) y admitidos por esta Corporación a través de auto de 12 de febrero de 2020 (f. 228), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitidas las alzadas, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, con auto de 8 de febrero de 2021 (f. 235), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por las primeras.

2.1.1 Entidad demandada. La accionada, por intermedio de apoderada, reitera lo expresado en su memorial de alzada y agrega que resultan obligatorios los fallos de la Corte Constitucional (T-78 de 2014, A-326 de 2014, SU-230 de 2015, T-60 de 2016, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-23 de 2018) y del Consejo de Estado (de unificación de 28 de agosto de 2018) acerca del tema.

2.1.2 Parte accionante. La actora, a través de su apoderado, insiste en los argumentos de demanda, en particular en cuanto al monto pensional del 90%, y de apelación, en lo que dice relación con la inclusión de la prima técnica en el IBL.

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste derecho a la reliquidación de su pensión de vejez, por no habérsele tenido en cuenta el 90% de la totalidad de los factores salariales devengados durante las últimas 100 semanas de servicios (incluida la prima técnica), de conformidad con el régimen ordinario previsto en el Decreto 758 de 1990; o por el contrario, carece de razón, pues para efectos de la liquidación pensional le es aplicable la Ley 100 de 1993 y su Decreto reglamentario 1158 de 1994, y en cuanto a la tasa de reemplazo le correspondía un 81% al haber acreditado 1142,26 semanas, como lo aduce la demandada.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», fue expedida por el Congreso de la República con el fin, entre otros, de unificar la normativa en cuanto a la diversidad de regímenes pensionales especiales existentes.

No obstante lo anterior y con el objetivo de evitar menoscabar derechos a personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicio, se previó el régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la referida Ley 100 de 1993.

En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994) contaran con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de jubilación respecto de la edad, tiempo de servicio y monto se les aplicará el régimen anterior.

En lo que atañe al ingreso base de liquidación (IBL) pensional de tales personas, el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 preceptúa que los beneficiarios del régimen de transición «[…] que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE» (se subraya). Respecto de esta norma, la Corte Constitucional precisó:

[…] En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del Legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal como se desprende del texto de la disposición y de los antecedentes legislativos, fue crear un régimen de transición que beneficiara a quienes tenían una expectativa legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que serían derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del régimen de transición consistiría en una autorización de aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. El Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia claramente en el texto del artículo 36… […]

Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto, el artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para quienes el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a la pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”. (ii) En los demás casos, es decir, en la hipótesis de las personas a quienes el 1° de abril de 1994 les faltaban más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión, a falta de regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta que el inciso segundo ibídem solamente ordena la aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes especiales sobre edad, tiempo de cotización o servicios prestados, y tasa de reemplazo, se les debe aplicar la regla general del artículo 21 de la Ley 100, el cual indica:

“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.”

El precitado derrotero fue acogido por la sala de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado, al estudiar un caso en el que se reclamaba el reajuste de la pensión de jubilación en virtud de la Ley 33 de 1985, mediante sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013), consejero ponente César Palomino Cortés, en la que se fijaron las siguientes reglas de interpretación en torno al tema, así:

[…] Sentar como jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el régimen de transición pensional, lo siguiente:

1. El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.
Lo anterior, al considerar:

A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma.

86. Como se dijo en párrafos anteriores el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión.

87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas.

88. Como toda reforma pensional implica un cambio de las condiciones para acceder a la pensión, es importante que ese cambio no resulte traumático o desafortunado para aquellas personas que, si bien no alcanzaron a consolidar su derecho pensional bajo el régimen anterior, sí estaban próximos a adquirir tal derecho y venían cotizando con la confianza legítima que se pensionarían en las condiciones que los cobijaban.

89. Entonces la razonabilidad de ese cambio legislativo está en poder conciliar la finalidad que motiva la reforma pensional con la confianza y la expectativa de los ciudadanos que están próximos a pensionarse, es decir, garantizar el interés general sin sacrificar del todo el interés particular. Es importante precisar que un cambio en el sistema de pensiones necesariamente implica el establecimiento de requisitos y condiciones, en principio, menos favorables, para adquirir la pensión, por eso se requiere un periodo de transición que permita implementar de manera ponderada y equilibrada el nuevo régimen, concretamente, para aquellas personas que, bajo las condiciones legales anteriores, podrían adquirir su pensión en un corto periodo de tiempo.

De acuerdo con la anterior normativa y la jurisprudencia citada, nótese que en criterio de la Corte Constitucional y la sala de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en vigor aquella; por ende, en virtud del principio de favorabilidad, la correspondiente entidad de previsión social, al momento de la liquidación pensional deberá determinar el ingreso base de liquidación que le fuera más benéfico al pensionado, en la medida en que la Ley 100 de 1993 permite optar por (i) el promedio de lo cotizado durante el tiempo que le hiciere falta entre la entrada en vigor de la Ley 100 (1° de abril de 1994) y la adquisición del estatus pensional, si fuere inferior a 10 años; (ii) el promedio de lo aportado durante todo el tiempo, si el monto es superior, actualizado anualmente con el índice de precios al consumidor (IPC); o (iii) el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años, conforme al artículo 21 ibidem.

Ahora bien, para efectos de determinar los factores sobre los cuales se debieron efectuar cotizaciones, cabe anotar que con el Decreto 691 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993, se incorporaron el sistema general de pensiones a los servidores públicos (i) de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas; y (ii) del Congreso de la República, de la rama judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría General de la República; en cuyo artículo 6° se estableció el salario mensual base para calcular las cotizaciones al sistema de tales servidores, modificado por el Decreto 1158 de 1994, que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.

Por otro lado, en lo pertinente a la normativa a la que se contrae la demanda, la Sala se remite a lo preceptuado en el Decreto 758 de 1990, que en relación con el asunto objeto de examen, en su artículo 12, dispone:

Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y, b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.

A su turno, el artículo 20 (parágrafo 1º) del citado Decreto estableció que «[…] el salario mensual de base se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien (100) semanas», y para su determinación fijó la siguiente tabla:

Números de semanas
% INV. P. TOTAL
% INV. P. ABOLUTA
% GRAN INV
500
45
51
57
550
48
54
60
600
51
57
63
650
54
60
66
700
57
63
69
750
60
66
72
800
63
69
75
850
66
72
78
900
69
75
81
950
72
78
84
1000
75
81
87
1050
78
84
90
1100
81
87
90
1150
84
90
90
1200
87
90
90
1250
90
90
90

En lo atañedero al campo de aplicación de esta normativa, se advierte que cobijaba, en forma forzosa u obligatoria, a (i) los trabajadores nacionales o extranjeros que presten sus servicios a empleadores particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje, (ii) los funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales y (iii) «Los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser compartidas con las pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales o asumidas totalmente por él»; y de manera facultativa, a los trabajadores independientes, los sacerdotes diocesanos y miembros de las comunidades religiosas y los servidores de entidades oficiales que al 17 de julio de 1977 se encontraban registradas como empleadores ante el ISS (artículo 1°).

De igual modo, la Corte Constitucional ha precisado que su «[…] jurisprudencia […] establece la posibilidad de acumular tiempos de servicio cotizado a cajas o fondos de previsión social o que, en todo caso, fueron laborados en el sector público y debieron ser cotizados, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales, para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990. Tal posibilidad opera tanto para acreditar las 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad como las 1000 semanas de tiempo cotizadas en cualquier tiempo. Adicionalmente, las solicitudes de reconocimiento pensional que se realicen con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 deben resolverse computando los tiempos cotizados tanto en el sector público como en el privado, con indiferencia de si la fecha de causación o adquisición del derecho a la pensión de vejez operó con anterioridad a la fecha de la Sentencia SU-769 de 2014», con la que unificó su criterio al respecto.

En lo concerniente a la posibilidad de acumular tiempos cotizados a distintas cajas o fondos de previsión social, además al entonces ISS, hoy Colpensiones, para acreditar los requisitos previstos en el Decreto 758 de 1990, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia se han pronunciado acerca de su procedencia.

Sobre el particular, la sección segunda de esta Corporación, en providencia de 23 de abril de 2020, expediente 25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-2018), C. P. Gabriel Valbuena Hernández, dijo:

Lo anterior, toda vez que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como de esta Sección han establecido la posibilidad de acumular tiempos de servicio cotizado a cajas o fondos de previsión social o que, en todo caso, fueron laborados en el sector público o privado y debieron ser cotizados, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales, indicando que dicha posibilidad opera tanto para acreditar las 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad como las 1000 semanas de tiempo cotizadas en cualquier tiempo.

En similar sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia (sala de casación laboral), en fallo de 1º de julio de 2020, expediente 70918, M. P. Iván Mauricio Lenis Gómez, al advertir:

En efecto, el literal f) del artículo 13 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establecen que para el reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio que se haya prestado en calidad de servidor público, cualquiera que sea el número de semanas o el tiempo de servicio. En el mismo sentido, se reafirma, el parágrafo 1.º del artículo 33 de dicho precepto consagra la validez de los tiempos como servidor público para el cómputo de las semanas.

Esta lectura es acorde justamente con las finalidades propias de la Ley 100 de 1993, como ley del Sistema Seguridad Social Integral, pues esta regulación permitió que las personas pudieran acumular semanas aportadas o tiempos servidos al Estado, indistintamente, para efectos de consolidar su pensión de vejez, bajo el presupuesto de que los aportes a seguridad social tengan soporte en el trabajo efectivamente realizado.

La posibilidad de la sumatoria de tiempos parte también de la propia Ley 100 de 1993, que contempló diversos instrumentos de financiación, tales como los bonos pensionales, los cálculos actuariales o las cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos y cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, sin distinción alguna.

En ese contexto, emerge con claridad que nada obsta para que se puedan acreditar los tiempos aportados por la actora a distintas cajas de previsión social (incluido el ISS y Colpensiones), en la medida en que, en últimas, lo que interesa es que se hayan efectuado cotizaciones al ISS y la prestación deba ser asumida por Colpensiones.

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca:

a) Según cédula de ciudadanía, la actora nació el 14 de diciembre de 1951 (CD en f. 129A).

b) De acuerdo con certificaciones laborales, la demandante laboró en el Ministerio de Transporte del 5 de junio de 1981 al 23 de abril de 1986 y en la personería de Bogotá desde el 9 de julio de 1987 hasta el 30 de abril de 2014 (lapso durante el cual cotizó a la Caja Nacional de Previsión Social, ISS, fondos privados y Colpensiones) [CD en f. 129A, ff. 7 y 8].

c) En certificación de salarios devengados en la personería de Bogotá, se indica que la accionante recibió entre mayo de 2012 y abril de 2014 asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica, semestral, navidad y vacaciones; bonificaciones por servicios y recreación; y reconocimiento permanencia (f. 6).

d) De conformidad con reporte de semanas cotizadas en pensiones emitido por Colpensiones, la actora cotizó desde el 1° de marzo de 1976 hasta el 21 de diciembre de 1978 (212,1429 semanas), como trabajadora de empresas privadas (f. 10).

e) A través de Resolución GNR 6070 de 10 de enero de 2014 (ff. 11 a 17), Colpensiones reconoció pensión vitalicia de vejez a la actora con fundamento en la Ley 797 de 2003, calculada con el 64.4% del promedio de lo aportado durante los últimos 10 años de servicios de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en la suma de $3.112.776. Se advierte que se tuvo en cuenta el tiempo laborado en el Ministerio de Transporte y la personería de Bogotá (1316 semanas); decisión modificada por las Resoluciones GNR 282597 de 12 de agosto de 2014 y VPB 40433 de 5 de mayo de 2015; en esta última liquidada con una tasa de reemplazo del 73.45%, en un monto de $3.818.222 desde el 1° de mayo de 2014 (ff. 17 a 24).

f) Mediante Resolución SUB 8636 de 16 de marzo de 2017, Colpensiones reajustó la pensión de jubilación de la actora a partir del 1° de mayo de 2014 (por solicitud formulada el 30 de enero de 2017), en la suma de $4.194.005, con el 84% de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicios, con inclusión de los emolumentos establecidos en el Decreto 1158 de 1994 (CD en f. 129A).

De igual modo, se señala que la accionante cuenta con un total 1842 semanas de cotización, pero se le incluyeron solo los tiempos trabajados para la Cooperativa de Trabajo Ferrovial Ltda. (1° de octubre de 1974 a 2 de enero de 1976), Gratamira (1° de marzo de 1976 a 21 de diciembre de 1978) y el Distrito de Bogotá (1° de enero de 1996 a 30 de abril de 2014), esto es, 1155 semanas aportadas a Colpensiones.

g) Por medio de Resolución DIR 4121 de 25 de abril de 2017, Colpensiones confirmó el acto administrativo citado en la letra anterior. Asimismo, se informa que la demandante alcanzó 1842 semanas de cotización, pero solo se le tuvieron en consideración 1142 semanas, que fueron las aportadas al desaparecido ISS y a Colpensiones (CD en f. 129A).

Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de advertirse es que la accionante está amparada por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 30 de junio de 1995 tenía más de 35 años de edad y 15 de servicios (nació el 14 de diciembre de 1951 y tiene aportes desde el 1° de octubre de 1974).

Igualmente, de las pruebas enunciadas se desprende que la actora trabajó en el sector privado entre el 1° de octubre de 1974 y el 2 de enero de 1976 y del 1° de marzo de 1976 al 21 de diciembre de 1978, el Ministerio de Transporte desde el 5 de junio de 1981 hasta el 23 de abril de 1986 y la personería de Bogotá del 9 de julio de 1987 al 30 de abril de 2014, esto es, por 1842 semanas.

Colpensiones le reconoció pensión de jubilación con Resoluciones GNR 6070 de 10 de enero de 2014, GNR 282597 de 12 de agosto de 2014 y VPB 40433 de 5 de mayo de 2015, reajustada a través de la SUB 8636 de 16 de marzo de 2017, a partir del 1° de mayo de 2014, de conformidad con los requisitos de edad y tiempo, así como con la tasa pensional, contenidos en el Decreto 758 de 1990, y calculada sobre el 84% (porque acreditó 1155 semanas aportadas al desaparecido ISS y a Colpensiones) del promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicios, con inclusión de los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994.

Los anteriores prolegómenos nos conducen a la conclusión de que a la demandante le fue calculada su pensión de vejez con el promedio de los factores sobre los cuales cotizó durante los últimos 10 años de servicios, en atención a las reglas de interpretación fijadas tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, plasmadas en las sentencias citadas en el acápite precedente, en el sentido de que en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en vigor aquella, por lo que se someten al mandato contenido en tal norma o en el artículo 21 ib, según corresponda, tal como lo hizo Colpensiones en el presente caso; lo que además guarda relación con el artículo 48 superior, en cuanto dispone que «Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones […]», por ende, carece de asidero jurídico la pretensión de computar al IBL el promedio que sirvió de base para los aportes durante las últimas 100 semanas de servicio y, en tal sentido, la sentencia de primera instancia no se ajusta al actual derrotero jurisprudencial.

Cabe anotar que si bien el fallo del Consejo de Estado, en el cual se precisó la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en particular, en lo que dice relación con el ingreso base de liquidación pensional, fue dictado con posterioridad a los actos administrativos acusados y a la presentación de la demanda, la sala plena de esta Corporación advirtió que «[…] por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».

Por otra parte, en lo concerniente a la tasa de reemplazo reclamada por la actora (90%), se observa que (i) al verificar los tiempos de servicios, alcanzó 1842 semanas cotizadas a Cajanal, al desaparecido ISS, a fondos privados y a Colpensiones, aunque en la Resolución SUB 8636 de 16 de marzo de 2017 se tuvo en cuenta 1155, que fueron las aportadas al segundo y al último de los mencionados entes de previsión; (ii) como se dejó sentado en el acápite anterior, según el criterio adoptado por la Corte Constitucional (sentencias SU-769 de 2014 y T-280 de 20 de junio de 2019), el Consejo de Estado (fallo de 23 de abril de 2020 de la subsección A de esta sección) y la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia (providencia de 1º de julio de 2020), es dable incluir los lapsos aportados por la accionante a distintas cajas de previsión social, puesto que cuenta con cotizaciones realizadas al ISS y a Colpensiones, y esta es la que asume el pago de la prestación; y (iii) en virtud de la tabla de tasas de reemplazo establecida en el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, cuando se satisfacen más de 1250 semanas de aportes, la cuantía de la pensión debe equivaler al 90%, motivo por el cual los actos acusados adolecen de vicio de nulidad en lo que atañe a este aspecto.

Por otro lado, por ser el derecho pensional de carácter imprescriptible, este se causa día a día y se puede solicitar en cualquier época por el interesado. Contrario sensu, para el caso de las diferencias entre las mesadas pensionales canceladas y lo que debió sufragarse, el legislador ha establecido el fenómeno de la prescripción, de manera que se pagan solamente las causadas hasta tres (3) años antes de la fecha en que se haya formulado la correspondiente reclamación ante la entidad de previsión, conforme a los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, sin embargo, no trascurrieron tres (3) años entre la Resolución VPB 40433 de 5 de mayo de 2015 (que desató el recurso de apelación contra el acto que reconoció la pensión de jubilación) y la reclamación administrativa de reajuste pensional (30 de enero de 2017), por lo que tampoco ha operado la prescripción trienal.

Por último, respecto de la condena en costas, esta Sala estima que no es dable aplicar de manera restrictiva lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues debe estudiarse aspectos como la temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino que adoptó esa decisión con el único fundamento de que la norma en mención preceptuaba de manera inexorable la imposición de tal condena. En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 2016, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandada, se revocará la condena en costas.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, (i) se confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda; (ii) se modificará el numeral tres (3) de su parte decisoria, en el sentido de ordenar a Colpensiones reliquidar la pensión de vejez a la actora a partir del 1° de mayo de 2014, de conformidad con los artículos 12 y 20 del Decreto 758 de 1990, equivalente al 90% del promedio de los factores cotizados durante los últimos 10 años de servicios, conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, además de los previstos en el Decreto 1158 de 1994; y (iii) se revocarán los numerales cuatro (4) y cinco (5) de su parte dispositiva, en cuanto a la orden de descuentos sobre los nuevos emolumentos a incluir y la condena en costas.

Comoquiera que quien se halla legalmente habilitado para ello confirió poder en nombre de Colpensiones, se le reconocerá personería al profesional del derecho destinatario de este.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°. Confírmase parcialmente la sentencia de 1° de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección D), que accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora Betty Mora de Cendales contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), de acuerdo con la motivación.

2°. Modifícase el numeral 3 de la parte decisoria de la sentencia de primera instancia, en el sentido de ordenar a Colpensiones reajustar la pensión de vejez de la demandante a partir del 1° de mayo de 2014 (fecha de retiro del servicio), de conformidad con los artículos 12 y 20 del Decreto 758 de 1990, equivalente al 90% del promedio de los factores cotizados durante los últimos 10 años de servicios, conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, además de los previstos en el Decreto 1158 de 1994, por las razones consignadas en la motivación de la presente providencia.

3°. Revócanse los numerales 4 y 5 de la parte dispositiva del fallo impugnado, en los que se ordenó realizar los descuentos sobre los nuevos emolumentos a incluir y se impuso condena en costas a la parte demandada, que incluye las agencias en derecho, respectivamente.

4°. Reconócese personería al abogado José Octavio Zuluaga Rodríguez, con cédula de ciudadanía 79.266.852 y tarjeta profesional 98.660 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar a Colpensiones, en los términos del poder conferido.

5°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firmado electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Obrantes en la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones».
Corte Constitucional, sentencia C-258 de 2013.
El artículo 36 indica: “ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. || La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. || El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE” (negrilla fuera del texto).
En virtud del Acto Legislativo No. 1 de 2005, la aplicabilidad del régimen de transición corrió hasta el 31 de julio de 2010, o, excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2014, en el caso que los beneficiarios contaran con 750 semanas de cotización o su equivalente en tiempo de servicios al momento de la entrada en vigencia de dicho Acto Legislativo.
Sentencia T-280 de 20 de junio de 2019, magistrada ponente Gloria Stella Ortiz Delgado.
Ibidem.
Cajanal.
Según el artículo 151 (parágrafo) de la Ley 100 de 1993, «El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental»
Aunque Colpensiones no los discrimina, es un hecho que no controvierte la actora, pero al verificar la operación matemática realizada por la entidad se evidencia que se incluyeron la asignación básica, los gastos de representación, las primas de antigüedad y técnica y la bonificación por servicios.
Régimen más generoso que el consagrado en la Ley 33 de 1985, puesto que establece tasas de reemplazo más altas, según las semanas de cotización.
«ARTICULO 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto».
«ARTICULO 489. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente».
Que regula el término de prescripción en el régimen general.
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.

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