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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02785-00

Fecha
11 de julio de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02785-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR la cosa juzgada constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: RECHAZAR por temeridad el amparo solicitado por el actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 13 Decreto Ley 2591 de 1991. “ARTICULO 38.-Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.” (Negrillas fuera del texto). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02785-00 Actor: HUGO RAFAEL GUZMÁN FONSECA providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02785-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

11 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02785-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: HUGO RAFAEL GUZMÁN FONSECA

TESIS: SE DECLARA LA COSA JUZGADA Y SE RECHAZA EL AMPARO
SOLICITADO POR CONFIGURARSE LA TEMERIDAD. IDENTIDAD DE
PARTES, HECHOS Y PRETENSIONES.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO,
A LA IGUALDAD, A LA DEFENSA Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la

COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE

BOLÍVAR1 y la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA

JUDICIAL2.

1
En adelante la COMISIÓN SECCIONAL.
2
En adelante la COMISIÓN NACIONAL.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02785-00
Actor: HUGO RAFAEL GUZMÁN FONSECA

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor HUGO RAFAEL GUZMÁN FONSECA, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, a la

defensa y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su

juicio, le fueron vulnerados por la COMISIÓN SECCIONAL y la

COMISIÓN NACIONAL al haber proferido las providencias de 31 de

enero de 2019 y 22 de febrero de 2023, respectivamente, dentro del

proceso disciplinario identificado con el número único de radicación

13001-11-02-000-2013-00743-02.

I.2.- Hechos

Indicó que la señora DORIS ROSARIO BETANCOURT TINOCO

formuló ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la

Judicatura de Bolívar3 queja en su contra, por haber incurrido en la

3
Ahora Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar.

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falta prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007,

a título de dolo, mientras se encontraba en calidad de mandatario de

la quejosa y de la señora VALERIA AYOLA BETANCOURT en el

trámite de un proceso ejecutivo que cursaba en el Juzgado Octavo

Civil Municipal de Cartagena.

Adujó que al proceso le fue asignado el número único de radicación

2013-00743-00 y fue conocido en primera instancia por la

COMISIÓN SECCIONAL que, en sentencia de 31 de enero de 2019,

lo declaró responsable y lo sancionó con 2 años de suspensión en el

ejercicio profesional y multa de 12 SMLMV, por incumplir el deber

previsto en el numera 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 e

incurrir en la falta establecida en el numeral 4 del artículo 35, ibidem,

en la modalidad dolosa.

Señaló que inconforme con lo anterior interpuso recurso de

apelación, el cual fue resuelto por la COMISIÓN NACIONAL que,

en providencia de 22 de febrero de 2023, confirmó la decisión del a

quo.

Relató que, con anterioridad a la presente solicitud de amparo,

promovió una acción de tutela “por diferentes hechos” que fue

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declarada improcedente por falta de requisitos generales de

procedencia, lo que conlleva que no se hubiese estudiado de fondo

ni analizado los derechos fundamentales invocados, por lo que no

existe temeridad en el asunto.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus

derechos fundamentales invocados, toda vez que la sentencia de

primer grado no tuvo en cuenta la solicitud de la prueba grafológica,

ni la declaración de la señora VALERIA BETANCOURT, la cual fue

ocultada sin sustentación alguna.

Adujo que la COMISIÓN SECCIONAL omitió interrogar a la señora

VALERIA BETANCOURT, quien había manifestado que “[…] para la

fecha del poder no había firmado por no encontrarse en el país […]”,

por lo que se ignoraron sin razón alguna tales pruebas y se

admitieron solo los hechos manifestados por la quejosa y no los que

le favorecían.

Aseguró que las irregularidades procesales advertidas consistentes

en no apreciar las pruebas conjuntamente de acuerdo con las reglas

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de la sana crítica ni valorar de manera razonada la totalidad de ellas

en ninguna de las instancias, impidieron que se profiriera un fallo en

derecho.

Afirmó que la acción de tutela de la referencia resulta procedente,

pues ha demostrado los hechos y derechos fundamentales

vulnerados al suspenderlo de su trabajo, “[…] afectándome de forma

injusta en el ejercicio de la abogacía por 2 años […]”, toda vez que

su profesión deriva su sustento y el de su familia, lo que perjudica

en igual forma su derecho al buen nombre personal y profesional.

I.4.- Pretensiones

La Sala advierte que pese a que no se plantearon de manera expresa

las pretensiones de la demanda, del escrito de tutela se puede inferir

que el actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales

al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, a la defensa y al acceso

a la administración de justicia y, en consecuencia, que se dejen sin

efecto las providencias de 31 de enero de 2019 y 22 de febrero de

2023, proferidas por la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN

NACIONAL, respectivamente, dentro del proceso disciplinario

identificado con el número único de radicación 2013-00743-02.

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I.5.- Defensa

I.5.1.- La COMISIÓN SECCIONAL solicitó declarar improcedente

la solicitud de amparo, toda vez que no se cumple con el requisito

general de procedibilidad de relevancia constitucional, toda vez que

lo pretendido es reabrir un debate legal sobre aspectos que fueron

resueltos dentro de los procesos de instancia.

Indicó que la acción de tutela de la referencia carece del requisito de

la inmediatez, comoquiera que la solicitud de amparo fue promovida

1 año y 3 meses después de haberse proferido la sentencia de

segunda instancia, sin que se hubiese presentado justificación alguna

para ello.

Afirmó que no se cumplió con la carga mínima argumentativa para

demostrar y acreditar en qué consistió la vulneración de los derechos

fundamentales invocados, de tal forma que el actor se limitó a

reiterar los argumentos expuestos en la actuación disciplinaria, sin

ofrecer un sustento probatorio que respalde lo señalado, lo que

conduce a declarar la improcedencia de la acción de tutela.

I.5.2.- La COMISIÓN NACIONAL destacó que el mecanismo

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constitucional impetrado no cumple con ninguno de los requisitos

generales, específicamente el de la inmediatez, además, los aspectos

acá ventilados ya fueron objeto de análisis dentro del proceso

disciplinario, de tal forma que no es dable usar la acción de tutela

para reabrir procesos judiciales concluidos.

Adujo que el actor no anunció defectos que presuntamente se

pudieran haber configurado con la decisión judicial proferida en

segunda instancia, encontrándose a su vez poca carga

argumentativa que demuestre la presunta vulneración de los

derechos fundamentales invocados.

Aunado a lo anterior, afirmó que el actor ya promovió una acción de

tutela por los mismos hechos, la cual fue declarada improcedente por

la Sección Tercera -Subsección “C”- del Consejo de Estado en

sentencia de 6 de octubre de 2023; además, el accionante el 28 de

noviembre, 11 y 18 de diciembre de 2023, 12 de enero, 26 de febrero

y 1o. de abril de 2024, presentó solicitud de revisión ante esa

instancia, siendo proferido auto de 10 de abril de 2024 por medio del

cual le fue negada su petición.

Así las cosas, sostuvo que el actor pretende con sus actuaciones

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revivir una discusión que ya fue objeto de pronunciamiento tanto por

el juez natural como por el juez constitucional.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

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tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En

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consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se dejen sin efectos

las sentencias de 31 de enero de 2019 y 22 de febrero de 2023,

proferidas por la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN

NACIONAL, respectivamente, dentro del proceso disciplinario

identificado con el número único de radicación 2013-00743-02, en el

cual se sancionó al actor con 2 años de suspensión en el ejercicio de

la profesional y multa de 12 SMLMV.

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La controversia tiene origen en la queja formulada por la señora

DORIS ROSARIO BETANCOURT TINOCO contra el actor, por

haber incurrido presuntamente en una falta contra la honradez del

abogado, prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de

2007, a título de dolo, mientras se encontraba en calidad de

mandatario de la quejosa y de la señora VALERIA AYOLA

BETANCOURT en el trámite de un proceso ejecutivo que cursaba en

el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena.

El actor estima que al proferir las sentencias cuestionadas las

autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos

fundamentales invocados, toda vez que no se analizó en debida

forma el material probatorio allegado al expediente.

En el presente asunto sería del caso entrar a determinar si se cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la

COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL vulneraron

los derechos deprecados, al haber proferido las sentencias de 31 de

enero de 2019 y 22 de febrero de 2023; no obstante, la Sala en

primer lugar deberá resolver si el señor HUGO RAFAEL GUZMÁN

FONSECA incurrió en una actuación temeraria al solicitar el amparo

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de los derechos fundamentales deprecados dentro de la presente

acción de tutela.

Sea lo primero advertir que el señor HUGO RAFAEL GUZMÁN

FONSECA actuó como accionante dentro de la acción de tutela

identificada con el número único de radicación 11001-03-15-000-

2023-04290-014, con el fin de controvertir las sentencias de 31 de

enero de 2019 y 22 de febrero de 2023 proferidas por la COMISIÓN

SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL, respectivamente, dentro

del proceso disciplinario identificado con el número único de

radicación 13001-11-02-000-2013-00743-02.

Cabe señalar que la acción de tutela 2023-04290-01, fue conocida

en primera instancia por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN

“C”- DEL CONSEJO DE ESTADO que, mediante sentencia de 6 de

octubre de 20235, declaró improcedente el amparo solicitado,

decisión que fue confirmada en segunda instancia por la SECCIÓN

QUINTA de esta Corporación mediante sentencia de 1o. de febrero

de 2024, por considerar que no se cumplía el requisito general de la

4
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202304
290011100103
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290001100103

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relevancia constitucional.

Es por lo anterior, que la Sala analizará si el actor incurrió en una

actuación temeraria al actuar como parte demandante en dos

acciones de tutela distintas, a través de las cuales pretende

controvertir las mismas situaciones fácticas y jurídicas ante

diferentes autoridades judiciales.

La temeridad y la cosa juzgada en acciones de tutela

La presentación sucesiva6 o simultánea7 de varias acciones de tutela

sobre un mismo asunto ha sido objeto de análisis de manera

reiterada por la Corte Constitucional, aspecto sobre el cual ha

estudiado la existencia de dos figuras a saber: la cosa juzgada y la

temeridad.

Al respecto, en sentencia T-560 de 2009, con ponencia del

magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Corte Constitucional

precisó que la cosa juzgada constitucional se configura en aquellos

6
La presentación sucesiva de una acción de tutela se entiende en aquellos eventos en que después de
haberse decidido una solicitud de amparo, la misma es presentada nuevamente.

7
La acción de tutela es simultánea cuando la persona la interpone ante varios jueces.

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eventos en que de manera sucesiva se presentan acciones de tutela

que guardan identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre

que frente a una de ellas ya hubiese un pronunciamiento definitivo e

inmutable por parte del juez constitucional.

Dicho fenómeno opera, cuando: i) quede ejecutoriada la sentencia

emitida por la Corte Constitucional en atención a la revisión que esta

realiza en virtud del artículo 33 del Decreto 2591 de 19 de noviembre

de 19918; o ii) esté ejecutoriado el auto por medio del cual se decide

no seleccionar para revisión el asunto9.

Por su parte, el juez debe entender por temerarias las acciones de

tutela que se presenten, ya sea de manera sucesiva o simultánea,

con identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre que

considere que dicha actuación:

“[…] (i) resulta amañada, en la medida en que el actor se reserva
para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus
pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la
eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias,

8
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

9
Al respecto, ver la Sentencia T-137 de 2014, entre otras.

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pudiera resultar favorable; (iii) deje al descubierto el abuso del
derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se
instaura la acción; o finalmente (iv) se pretenda a través de
personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores
de justicia […]”.10

Adicionalmente, el alto Tribunal Constitucional ha previsto unos

supuestos en los cuales, de manera excepcional, puede concluirse

que no se configura la temeridad ante el ejercicio simultáneo o

sucesivo de acciones de tutela con identidad de partes, hechos y

pretensiones. Así en sentencia T-614 de 2015, con ponencia del

magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, dicha Corporación reiteró11 los

eventos en que no hay lugar a declarar el fenómeno referido, así:

“[…] ”(i) la condición del actor que lo coloca en estado de
ignorancia o indefensión, propio de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema
de defender un derecho y no por mala fe; (ii) en el asesoramiento
errado de los profesionales del derecho; (iii) en la consideración de
eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la
misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como
base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la
necesidad de proteger los derechos fundamentales del
demandante: y por último (iv) se puede resaltar la posibilidad de
interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte profiere
una sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente
extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad

10
Estas subreglas se puntualizaron en la Sentencia SU-713 de 2006, las cuales se reiteraron, entre
otras, en las Providencias T-560 de 2009, y recientemente, en la SU-439 de 2017.

11
Al respecto, ver las sentencias T-433 de 2006, T-507 de 2011.

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de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia
presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma
pretensión;[…]” (Destacado fuera de texto).

De todo lo anterior, resulta evidente que la valoración de la

temeridad exige la estimación de un factor subjetivo, de tal forma

que el juzgador logre advertir que la presentación sucesiva de una

acción de tutela tiene una justificación, como lo sería el hecho de que

la parte actora, en estado de ignorancia o indefensión, obre por

miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un

derecho y no por mala fe.

Es por lo anterior, que la Sala analizará si en el presente caso se

observa identidad de partes, hechos y pretensiones en relación con

la acción de tutela identificada con el número único de radicación

2023-04290-01 y, en consecuencia, si nos encontramos ante la

existencia de la cosa juzgada y/o temeridad.

Que exista fallo ejecutoriado: el cual se entiende en aquellos

eventos en que la Corte Constitucional emite sentencia y esta queda

en firme o cuando decide no seleccionar el fallo de tutela para

revisión.

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La Sala advierte que en la acción de tutela identificada con el número

único de radicación 1100103150002023-04290-01, la Corte

Constitucional a través del auto proferido el 30 de abril de 202412,

decidió no seleccionarla para revisión.

Identidad de partes: La acción de tutela de la referencia fue

instaurada por el señor HUGO RAFAEL GUZMÁN FONSECA contra

la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL.

Por su parte, la solicitud de amparo radicada bajo el número

110010315000-2023-04290-01 también fue incoada por el señor

HUGO RAFAEL GUZMÁN FONSECA contra la COMISIÓN

SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL, razón por la cual la Sala

considera que hay identidad de partes en las solicitudes de amparo

referidas.

Identidad de pretensiones: Sobre este punto, la Sala encuentra

que las pretensiones en las acciones de tutela son idénticas y

https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=rad_actor&date3
12

=2019-01-01&date4=2024-07-
04&radi=Radicados&palabra=guzm%C3%A1n+fonseca&radi=radicados&todos=%25

https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=NumeroUnico&date
3=2019-01-01&date4=2023-02-
06&radi=Radicados&palabra=11001031500020220052300&radi=radicados&todos=%25

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persiguen exactamente lo mismo, esto es, controvertir las sentencias

de 31 de enero de 2019 y 22 de febrero de 2023, proferidas por la

COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL,

respectivamente, dentro del proceso disciplinario identificado con el

número único de radicación 13001-11-02-000-2013-00743-02, por

medio del cual se sancionó al actor con 2 años de suspensión en el

ejercicio de la profesional y multa de 12 SMLMV.

Identidad de Hechos: En este aspecto, la Sala advierte que en la

acción de tutela radicada bajo el número 2023-04290-01, así como

en la presente, el sustento fáctico de las pretensiones subyace de la

misma situación, esto es, que las autoridades judiciales accionadas

omitieron realizar un correcto análisis del material probatorio obrante

en el proceso disciplinario.

Igualmente, en ambas solicitudes de amparo el señor HUGO

RAFAEL GUZMÁN FONSECA afirmó que el propósito de incoar la

acción constitucional era obtener la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, a la

defensa y al acceso a la administración de justicia.

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En ese orden de ideas, la Sala advierte que se encuentra demostrada

la triple identidad entre la solicitud de amparo de la referencia y la

acción de tutela identificada con el número único de radicación 2023-

04290-01.

Ahora, la Sala pasará a definir si se está en presencia del fenómeno

de cosa juzgada y/o ante una actuación temeraria.

Precisado lo anterior, la Sala advierte la existencia de la cosa

juzgada, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante

auto de 30 de abril de 2024, decidió no seleccionar para revisión el

expediente 2023-04290-01, razón por la que será declarada, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

Ahora bien, en relación con la actuación temeraria, la Sala al analizar

en su conjunto la intervención del señor HUGO RAFAEL GUZMÁN

FONSECA, encuentra que aun cuando este presentó como

justificación para nueva solicitud de amparo “diferentes hechos”, no

se evidencia de que forma o cuales son estos nuevos hechos, máxime

cuando los argumentos expuestos en la acción de tutela de la

referencia guardan identidad con los expuestos en la solicitud de

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amparo identificada con el número único de radicación 2023-

04290-01, lo que demuestra que no está debidamente justificado el

ejercicio de una segunda acción por los mismos hechos y

pretensiones.

Siendo ello así, a juicio de la Sala, la actuación del señor HUGO

RAFAEL GUZMÁN FONSECA resulta temeraria, si se tiene en

cuenta que no se configura ninguna de las circunstancias

excepcionales a que hace referencia la Corte Constitucional en la

sentencia analizada en precedencia para enervar la actuación

temeraria ante el ejercicio simultáneo o sucesivo de una acción de

tutela.

En cuanto a la procedencia de la sanción, la Sala la considera

innecesaria dado que no se evidencia un comportamiento desleal o

de mala fe por parte del actor, máxime cuando fue aquel quien puso

en conocimiento la existencia de una acción de tutela promovida con

anterioridad a la presente, por lo que aun cuando se configuran los

elementos para calificar esta segunda solicitud de amparo como

temeraria, ello no necesariamente conduce a la imposición de una

sanción.

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Así las cosas, en atención a que el actor ya había presentado una

acción de tutela que tiene identidad de partes, hechos y pretensiones

respecto de la acción de la referencia, la Sala considera que en el

presente caso se configuró la temeridad, por lo que en atención al

artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 199113, la solicitud de amparo

de la referencia será rechazada, como en efecto se dispondrá en la

parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la cosa juzgada constitucional, por las

razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: RECHAZAR por temeridad el amparo solicitado por el

actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

13
Decreto Ley 2591 de 1991. “ARTICULO 38.-Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.”
(Negrillas fuera del texto).

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providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de julio de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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