Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02785-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02785-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02785-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
11 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02785-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: HUGO RAFAEL GUZMÁN FONSECA
TESIS: SE DECLARA LA COSA JUZGADA Y SE RECHAZA EL AMPARO
SOLICITADO POR CONFIGURARSE LA TEMERIDAD. IDENTIDAD DE
PARTES, HECHOS Y PRETENSIONES.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO,
A LA IGUALDAD, A LA DEFENSA Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la
COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE
BOLÍVAR1 y la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL2.
1
En adelante la COMISIÓN SECCIONAL.
2
En adelante la COMISIÓN NACIONAL.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02785-00
Actor: HUGO RAFAEL GUZMÁN FONSECA
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor HUGO RAFAEL GUZMÁN FONSECA, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, a la
defensa y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su
juicio, le fueron vulnerados por la COMISIÓN SECCIONAL y la
COMISIÓN NACIONAL al haber proferido las providencias de 31 de
enero de 2019 y 22 de febrero de 2023, respectivamente, dentro del
proceso disciplinario identificado con el número único de radicación
13001-11-02-000-2013-00743-02.
I.2.- Hechos
Indicó que la señora DORIS ROSARIO BETANCOURT TINOCO
formuló ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura de Bolívar3 queja en su contra, por haber incurrido en la
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Ahora Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar.
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Actor: HUGO RAFAEL GUZMÁN FONSECA
falta prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007,
a título de dolo, mientras se encontraba en calidad de mandatario de
la quejosa y de la señora VALERIA AYOLA BETANCOURT en el
trámite de un proceso ejecutivo que cursaba en el Juzgado Octavo
Civil Municipal de Cartagena.
Adujó que al proceso le fue asignado el número único de radicación
2013-00743-00 y fue conocido en primera instancia por la
COMISIÓN SECCIONAL que, en sentencia de 31 de enero de 2019,
lo declaró responsable y lo sancionó con 2 años de suspensión en el
ejercicio profesional y multa de 12 SMLMV, por incumplir el deber
previsto en el numera 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 e
incurrir en la falta establecida en el numeral 4 del artículo 35, ibidem,
en la modalidad dolosa.
Señaló que inconforme con lo anterior interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto por la COMISIÓN NACIONAL que,
en providencia de 22 de febrero de 2023, confirmó la decisión del a
quo.
Relató que, con anterioridad a la presente solicitud de amparo,
promovió una acción de tutela “por diferentes hechos” que fue
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declarada improcedente por falta de requisitos generales de
procedencia, lo que conlleva que no se hubiese estudiado de fondo
ni analizado los derechos fundamentales invocados, por lo que no
existe temeridad en el asunto.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales invocados, toda vez que la sentencia de
primer grado no tuvo en cuenta la solicitud de la prueba grafológica,
ni la declaración de la señora VALERIA BETANCOURT, la cual fue
ocultada sin sustentación alguna.
Adujo que la COMISIÓN SECCIONAL omitió interrogar a la señora
VALERIA BETANCOURT, quien había manifestado que “[…] para la
fecha del poder no había firmado por no encontrarse en el país […]”,
por lo que se ignoraron sin razón alguna tales pruebas y se
admitieron solo los hechos manifestados por la quejosa y no los que
le favorecían.
Aseguró que las irregularidades procesales advertidas consistentes
en no apreciar las pruebas conjuntamente de acuerdo con las reglas
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de la sana crítica ni valorar de manera razonada la totalidad de ellas
en ninguna de las instancias, impidieron que se profiriera un fallo en
derecho.
Afirmó que la acción de tutela de la referencia resulta procedente,
pues ha demostrado los hechos y derechos fundamentales
vulnerados al suspenderlo de su trabajo, “[…] afectándome de forma
injusta en el ejercicio de la abogacía por 2 años […]”, toda vez que
su profesión deriva su sustento y el de su familia, lo que perjudica
en igual forma su derecho al buen nombre personal y profesional.
I.4.- Pretensiones
La Sala advierte que pese a que no se plantearon de manera expresa
las pretensiones de la demanda, del escrito de tutela se puede inferir
que el actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales
al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, a la defensa y al acceso
a la administración de justicia y, en consecuencia, que se dejen sin
efecto las providencias de 31 de enero de 2019 y 22 de febrero de
2023, proferidas por la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN
NACIONAL, respectivamente, dentro del proceso disciplinario
identificado con el número único de radicación 2013-00743-02.
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I.5.- Defensa
I.5.1.- La COMISIÓN SECCIONAL solicitó declarar improcedente
la solicitud de amparo, toda vez que no se cumple con el requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional, toda vez que
lo pretendido es reabrir un debate legal sobre aspectos que fueron
resueltos dentro de los procesos de instancia.
Indicó que la acción de tutela de la referencia carece del requisito de
la inmediatez, comoquiera que la solicitud de amparo fue promovida
1 año y 3 meses después de haberse proferido la sentencia de
segunda instancia, sin que se hubiese presentado justificación alguna
para ello.
Afirmó que no se cumplió con la carga mínima argumentativa para
demostrar y acreditar en qué consistió la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, de tal forma que el actor se limitó a
reiterar los argumentos expuestos en la actuación disciplinaria, sin
ofrecer un sustento probatorio que respalde lo señalado, lo que
conduce a declarar la improcedencia de la acción de tutela.
I.5.2.- La COMISIÓN NACIONAL destacó que el mecanismo
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constitucional impetrado no cumple con ninguno de los requisitos
generales, específicamente el de la inmediatez, además, los aspectos
acá ventilados ya fueron objeto de análisis dentro del proceso
disciplinario, de tal forma que no es dable usar la acción de tutela
para reabrir procesos judiciales concluidos.
Adujo que el actor no anunció defectos que presuntamente se
pudieran haber configurado con la decisión judicial proferida en
segunda instancia, encontrándose a su vez poca carga
argumentativa que demuestre la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
Aunado a lo anterior, afirmó que el actor ya promovió una acción de
tutela por los mismos hechos, la cual fue declarada improcedente por
la Sección Tercera -Subsección “C”- del Consejo de Estado en
sentencia de 6 de octubre de 2023; además, el accionante el 28 de
noviembre, 11 y 18 de diciembre de 2023, 12 de enero, 26 de febrero
y 1o. de abril de 2024, presentó solicitud de revisión ante esa
instancia, siendo proferido auto de 10 de abril de 2024 por medio del
cual le fue negada su petición.
Así las cosas, sostuvo que el actor pretende con sus actuaciones
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revivir una discusión que ya fue objeto de pronunciamiento tanto por
el juez natural como por el juez constitucional.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
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tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
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consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, el actor pretende que se dejen sin efectos
las sentencias de 31 de enero de 2019 y 22 de febrero de 2023,
proferidas por la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN
NACIONAL, respectivamente, dentro del proceso disciplinario
identificado con el número único de radicación 2013-00743-02, en el
cual se sancionó al actor con 2 años de suspensión en el ejercicio de
la profesional y multa de 12 SMLMV.
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La controversia tiene origen en la queja formulada por la señora
DORIS ROSARIO BETANCOURT TINOCO contra el actor, por
haber incurrido presuntamente en una falta contra la honradez del
abogado, prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de
2007, a título de dolo, mientras se encontraba en calidad de
mandatario de la quejosa y de la señora VALERIA AYOLA
BETANCOURT en el trámite de un proceso ejecutivo que cursaba en
el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena.
El actor estima que al proferir las sentencias cuestionadas las
autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales invocados, toda vez que no se analizó en debida
forma el material probatorio allegado al expediente.
En el presente asunto sería del caso entrar a determinar si se cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la
COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL vulneraron
los derechos deprecados, al haber proferido las sentencias de 31 de
enero de 2019 y 22 de febrero de 2023; no obstante, la Sala en
primer lugar deberá resolver si el señor HUGO RAFAEL GUZMÁN
FONSECA incurrió en una actuación temeraria al solicitar el amparo
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de los derechos fundamentales deprecados dentro de la presente
acción de tutela.
Sea lo primero advertir que el señor HUGO RAFAEL GUZMÁN
FONSECA actuó como accionante dentro de la acción de tutela
identificada con el número único de radicación 11001-03-15-000-
2023-04290-014, con el fin de controvertir las sentencias de 31 de
enero de 2019 y 22 de febrero de 2023 proferidas por la COMISIÓN
SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL, respectivamente, dentro
del proceso disciplinario identificado con el número único de
radicación 13001-11-02-000-2013-00743-02.
Cabe señalar que la acción de tutela 2023-04290-01, fue conocida
en primera instancia por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN
“C”- DEL CONSEJO DE ESTADO que, mediante sentencia de 6 de
octubre de 20235, declaró improcedente el amparo solicitado,
decisión que fue confirmada en segunda instancia por la SECCIÓN
QUINTA de esta Corporación mediante sentencia de 1o. de febrero
de 2024, por considerar que no se cumplía el requisito general de la
4
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202304
290011100103
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relevancia constitucional.
Es por lo anterior, que la Sala analizará si el actor incurrió en una
actuación temeraria al actuar como parte demandante en dos
acciones de tutela distintas, a través de las cuales pretende
controvertir las mismas situaciones fácticas y jurídicas ante
diferentes autoridades judiciales.
La temeridad y la cosa juzgada en acciones de tutela
La presentación sucesiva6 o simultánea7 de varias acciones de tutela
sobre un mismo asunto ha sido objeto de análisis de manera
reiterada por la Corte Constitucional, aspecto sobre el cual ha
estudiado la existencia de dos figuras a saber: la cosa juzgada y la
temeridad.
Al respecto, en sentencia T-560 de 2009, con ponencia del
magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Corte Constitucional
precisó que la cosa juzgada constitucional se configura en aquellos
6
La presentación sucesiva de una acción de tutela se entiende en aquellos eventos en que después de
haberse decidido una solicitud de amparo, la misma es presentada nuevamente.
7
La acción de tutela es simultánea cuando la persona la interpone ante varios jueces.
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eventos en que de manera sucesiva se presentan acciones de tutela
que guardan identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre
que frente a una de ellas ya hubiese un pronunciamiento definitivo e
inmutable por parte del juez constitucional.
Dicho fenómeno opera, cuando: i) quede ejecutoriada la sentencia
emitida por la Corte Constitucional en atención a la revisión que esta
realiza en virtud del artículo 33 del Decreto 2591 de 19 de noviembre
de 19918; o ii) esté ejecutoriado el auto por medio del cual se decide
no seleccionar para revisión el asunto9.
Por su parte, el juez debe entender por temerarias las acciones de
tutela que se presenten, ya sea de manera sucesiva o simultánea,
con identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre que
considere que dicha actuación:
“[…] (i) resulta amañada, en la medida en que el actor se reserva
para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus
pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la
eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias,
8
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
9
Al respecto, ver la Sentencia T-137 de 2014, entre otras.
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pudiera resultar favorable; (iii) deje al descubierto el abuso del
derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se
instaura la acción; o finalmente (iv) se pretenda a través de
personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores
de justicia […]”.10
Adicionalmente, el alto Tribunal Constitucional ha previsto unos
supuestos en los cuales, de manera excepcional, puede concluirse
que no se configura la temeridad ante el ejercicio simultáneo o
sucesivo de acciones de tutela con identidad de partes, hechos y
pretensiones. Así en sentencia T-614 de 2015, con ponencia del
magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, dicha Corporación reiteró11 los
eventos en que no hay lugar a declarar el fenómeno referido, así:
“[…] ”(i) la condición del actor que lo coloca en estado de
ignorancia o indefensión, propio de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema
de defender un derecho y no por mala fe; (ii) en el asesoramiento
errado de los profesionales del derecho; (iii) en la consideración de
eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la
misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como
base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la
necesidad de proteger los derechos fundamentales del
demandante: y por último (iv) se puede resaltar la posibilidad de
interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte profiere
una sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente
extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad
10
Estas subreglas se puntualizaron en la Sentencia SU-713 de 2006, las cuales se reiteraron, entre
otras, en las Providencias T-560 de 2009, y recientemente, en la SU-439 de 2017.
11
Al respecto, ver las sentencias T-433 de 2006, T-507 de 2011.
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de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia
presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma
pretensión;[…]” (Destacado fuera de texto).
De todo lo anterior, resulta evidente que la valoración de la
temeridad exige la estimación de un factor subjetivo, de tal forma
que el juzgador logre advertir que la presentación sucesiva de una
acción de tutela tiene una justificación, como lo sería el hecho de que
la parte actora, en estado de ignorancia o indefensión, obre por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un
derecho y no por mala fe.
Es por lo anterior, que la Sala analizará si en el presente caso se
observa identidad de partes, hechos y pretensiones en relación con
la acción de tutela identificada con el número único de radicación
2023-04290-01 y, en consecuencia, si nos encontramos ante la
existencia de la cosa juzgada y/o temeridad.
Que exista fallo ejecutoriado: el cual se entiende en aquellos
eventos en que la Corte Constitucional emite sentencia y esta queda
en firme o cuando decide no seleccionar el fallo de tutela para
revisión.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02785-00
Actor: HUGO RAFAEL GUZMÁN FONSECA
La Sala advierte que en la acción de tutela identificada con el número
único de radicación 1100103150002023-04290-01, la Corte
Constitucional a través del auto proferido el 30 de abril de 202412,
decidió no seleccionarla para revisión.
Identidad de partes: La acción de tutela de la referencia fue
instaurada por el señor HUGO RAFAEL GUZMÁN FONSECA contra
la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL.
Por su parte, la solicitud de amparo radicada bajo el número
110010315000-2023-04290-01 también fue incoada por el señor
HUGO RAFAEL GUZMÁN FONSECA contra la COMISIÓN
SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL, razón por la cual la Sala
considera que hay identidad de partes en las solicitudes de amparo
referidas.
Identidad de pretensiones: Sobre este punto, la Sala encuentra
que las pretensiones en las acciones de tutela son idénticas y
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=rad_actor&date3
12
=2019-01-01&date4=2024-07-
04&radi=Radicados&palabra=guzm%C3%A1n+fonseca&radi=radicados&todos=%25
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=NumeroUnico&date
3=2019-01-01&date4=2023-02-
06&radi=Radicados&palabra=11001031500020220052300&radi=radicados&todos=%25
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Actor: HUGO RAFAEL GUZMÁN FONSECA
persiguen exactamente lo mismo, esto es, controvertir las sentencias
de 31 de enero de 2019 y 22 de febrero de 2023, proferidas por la
COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL,
respectivamente, dentro del proceso disciplinario identificado con el
número único de radicación 13001-11-02-000-2013-00743-02, por
medio del cual se sancionó al actor con 2 años de suspensión en el
ejercicio de la profesional y multa de 12 SMLMV.
Identidad de Hechos: En este aspecto, la Sala advierte que en la
acción de tutela radicada bajo el número 2023-04290-01, así como
en la presente, el sustento fáctico de las pretensiones subyace de la
misma situación, esto es, que las autoridades judiciales accionadas
omitieron realizar un correcto análisis del material probatorio obrante
en el proceso disciplinario.
Igualmente, en ambas solicitudes de amparo el señor HUGO
RAFAEL GUZMÁN FONSECA afirmó que el propósito de incoar la
acción constitucional era obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, a la
defensa y al acceso a la administración de justicia.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02785-00
Actor: HUGO RAFAEL GUZMÁN FONSECA
En ese orden de ideas, la Sala advierte que se encuentra demostrada
la triple identidad entre la solicitud de amparo de la referencia y la
acción de tutela identificada con el número único de radicación 2023-
04290-01.
Ahora, la Sala pasará a definir si se está en presencia del fenómeno
de cosa juzgada y/o ante una actuación temeraria.
Precisado lo anterior, la Sala advierte la existencia de la cosa
juzgada, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante
auto de 30 de abril de 2024, decidió no seleccionar para revisión el
expediente 2023-04290-01, razón por la que será declarada, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
Ahora bien, en relación con la actuación temeraria, la Sala al analizar
en su conjunto la intervención del señor HUGO RAFAEL GUZMÁN
FONSECA, encuentra que aun cuando este presentó como
justificación para nueva solicitud de amparo “diferentes hechos”, no
se evidencia de que forma o cuales son estos nuevos hechos, máxime
cuando los argumentos expuestos en la acción de tutela de la
referencia guardan identidad con los expuestos en la solicitud de
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02785-00
Actor: HUGO RAFAEL GUZMÁN FONSECA
amparo identificada con el número único de radicación 2023-
04290-01, lo que demuestra que no está debidamente justificado el
ejercicio de una segunda acción por los mismos hechos y
pretensiones.
Siendo ello así, a juicio de la Sala, la actuación del señor HUGO
RAFAEL GUZMÁN FONSECA resulta temeraria, si se tiene en
cuenta que no se configura ninguna de las circunstancias
excepcionales a que hace referencia la Corte Constitucional en la
sentencia analizada en precedencia para enervar la actuación
temeraria ante el ejercicio simultáneo o sucesivo de una acción de
tutela.
En cuanto a la procedencia de la sanción, la Sala la considera
innecesaria dado que no se evidencia un comportamiento desleal o
de mala fe por parte del actor, máxime cuando fue aquel quien puso
en conocimiento la existencia de una acción de tutela promovida con
anterioridad a la presente, por lo que aun cuando se configuran los
elementos para calificar esta segunda solicitud de amparo como
temeraria, ello no necesariamente conduce a la imposición de una
sanción.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-02785-00
Actor: HUGO RAFAEL GUZMÁN FONSECA
Así las cosas, en atención a que el actor ya había presentado una
acción de tutela que tiene identidad de partes, hechos y pretensiones
respecto de la acción de la referencia, la Sala considera que en el
presente caso se configuró la temeridad, por lo que en atención al
artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 199113, la solicitud de amparo
de la referencia será rechazada, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR la cosa juzgada constitucional, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: RECHAZAR por temeridad el amparo solicitado por el
actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
13
Decreto Ley 2591 de 1991. “ARTICULO 38.-Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.”
(Negrillas fuera del texto).
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Actor: HUGO RAFAEL GUZMÁN FONSECA
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de julio de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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