RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-04290-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04290-01

Fecha
1 de febrero de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04290-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia de 6 de octubre de 2023, proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, por las razones señaladas en el presente proveído. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-04290-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

1 de febrero de 2024

Demandante: Hugo Rafael Guzmán Fonseca
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04290-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D. C., primero (1°) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04290-01
Demandante: HUGO RAFAEL GUZMÁN FONSECA
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y
OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Confirma falta de
relevancia constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por el accionante contra la
providencia del 6 de octubre de 2023, proferida por la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado mediante la cual se declaró
improcedente la solicitud de tutela impetrada por el señor Hugo Rafael
Guzmán Fonseca contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar.

ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Hugo Rafael Guzmán Fonseca, en nombre propio, interpuso acción
de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, con el fin de que le sean
amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, al trabajo y al de defensa.

Consideró vulneradas dichas garantías con ocasión de la providencia del 23
de febrero de 2023 proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
que confirmó la sentencia del 31 de enero de 2019 dictada por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, dictadas dentro del proceso
disciplinario formulado en su contra con radicado 13001-11-02-000-2013-
00743-00/02.

1.2. Pretensiones

En concreto, solicitó lo siguiente:

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hugo Rafael Guzmán Fonseca
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04290-01

“SOLICITO A LA HONORABLE CORTE TENIEN EN CUENTA MIS
ARGUMENTOS, SE DECRETE LA NULIDAD DE LA SETENCIA DE FECHA
31 DE ENERO DE 2019 PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA POR EL
CONSEJO SECCIONAL DE LA JDICTAURA DE BOLIVAR, POR EXISTIR
SIN LUGAR A DUDAS UNA VIA DE HECHO QUE VIOLA DERECHOS
TALES COMO EL DEBIDO PROCESO, LA DEFENSA, IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y TRABAJO.POR LAS
SIGUIENTES RAZONES……”1

La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes:

1.3. Hechos

La señora Doris Rosario Betancourt Tinoco formuló ante la Sala Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar 2 queja en contra del
abogado Hugo Rafael Guzmán Fonseca, con ocasión de la conducta del
profesional en calidad de mandatario de la quejosa y la señora Valeria Ayola
Betancourt en el trámite del proceso ejecutivo que cursaba ante el Juzgado 8
Civil Municipal de Cartagena.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, en providencia del
31 de enero de 2019 declaró responsable al citado profesional, a quien
sancionó con 2 años de suspensión en el ejercicio profesional y multa de 12
SMLMV, por haber incurrido a título de dolo al no consignar mediante
depósito judicial a órdenes del proceso ejecutivo, la suma recibida en
ejercicio de la gestión profesional.

El disciplinado en el trámite ordinario inicialmente tachó de falsedad los
recibos acompañados por la quejosa en cuantía de 7.620.000, solicitando la
práctica de estudio grafológico; respecto de los cuales en audiencia de
juzgamiento del 16 de marzo de 2017, reconoció su firma en los de fecha 24
de marzo por valor de 1.000.000, 9 de abril por 1.250.000, 27 de abril por
1.000.000, 3 de mayo por 2.000.000, 13 de mayo por 1.000.000 de 2011 y
13 de febrero de 2012 por 300.000, más no su contenido, por haberlos
recibido a título de honorarios y no para abonar a la obligación que se
ejecutaba en contra de las señoras Valeria Ayola Betancourt y Francia
Cecilia Betancourt Tinoco.

Interpuesto recurso de apelación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
confirmó en sentencia del 23 de febrero de 2023, la proferida por el a-quo, al
no encontrar configurada ninguna causal de nulidad, una indebida valoración
probatoria ni el fenómeno jurídico de prescripción de la sanción disciplinaria
alegada por el apelante. Por el contrario, encontró probado que el
disciplinado efectivamente había incurrido en una falta de honradez, dado
que los dineros que le entregó la quejosa nunca fueron devueltos,
convirtiendo su falta en permanente y sin fecha de prescripción.

1
Transcripción literal con posibles errores.
2
Hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hugo Rafael Guzmán Fonseca
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04290-01

1.4. Sustento de la vulneración

El accionante señaló que las autoridades accionadas incurrieron en
vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, al trabajo y a la defensa, como
consecuencia del error de hecho al: - (i) no tener en cuenta la declaración
de la señora Valeria Ayola Betancourt, (ii) desistir de la práctica de la
declaración de la señora Francia Cecilia Betancourt Tinoco, hermana de
la quejosa- , (iii) la falta de prueba grafológica necesaria para desvirtuar lo
presentado por la quejosa (iv) no tener en cuenta que conforme a los
antecedentes ninguna sanción se le había impuesto- , siendo admisible la
censura o multa, pero nunca la suspensión del ejercicio de la profesión
por dos años impuesta-,(v) la declaratoria de prescripción por haber
transcurrido a la fecha de las sentencias de primera y segunda instancia
más de cinco años contados a partir del 4 de septiembre de 2012, fecha
hasta la cual representó a la quejosa por tratarse de falta instantánea y no
permanente como se consideró en las sentencias .

1.5. Trámite de la acción de amparo en primera instancia

Mediante auto del 22 de agosto de 2023, el magistrado ponente de la
Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, negó la medida
provisional solicitada por el accionante, admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; de igual
forma, vinculó como tercera interesada a la señora Doris Rosario Betancourt
Tinoco.

1.6. Intervención

Efectuadas las notificaciones respectivas, se presentó la siguiente:

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Mediante escrito remitido al correo electrónico de la Secretaría General del
Consejo de Estado3, el magistrado ponente de la decisión solicitó declarar
improcedente la tutela por no cumplir ninguno de los requisitos generales ni
especiales para que proceda la acción contra providencia judicial.

Resaltó que los argumentos expuestos por el accionante con relación a los
medios probatorios referidos y reproches en cuanto a la prescripción y
sanción fueron objeto de análisis detallado en la sentencia del 23 de febrero
de 2023, de cuyo estudio se pudo ratificar con certeza la actuación
deshonrosa y engañosa para con su mandante.

3
Enviado el 1 de septiembre de 2023
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hugo Rafael Guzmán Fonseca
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04290-01

Manifestó que el accionante pretende que se reestudien los hechos que
fueron objeto de debate en el proceso disciplinario, lo cual conlleva a
convertirla en una tercera instancia.

A pesar de haber sido debidamente notificados4, la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bolívar y la señora Doris Rosario Betancourt Tinoco, no
se pronunciaron.

1.7 Sentencia de primera instancia

La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado mediante
providencia del 6 de octubre de 2023, rechazó por improcedente la acción de
tutela.

Señaló que la acción de tutela no cumple con el requisito general de la
relevancia constitucional, ya que su objeto es reabrir y continuar el debate
del proceso disciplinario, controversia ya definida por los jueces naturales,
para pretender un resultado que le favorezca; lo cual conlleva a convertirla
en una tercera instancia.

Explicó, que los argumentos planteados en el escrito de tutela son idénticos
a los esbozados en el trámite del proceso disciplinario en primera y segunda
instancia, reproches que de manera pertinente fueron resueltos sin que
constituya una actuación arbitraria, agregó que, por el contrario, es el
resultado de una interpretación razonable de las actuaciones del abogado en
el proceso disciplinario, del material probatorio y las preceptivas legales que
resultaban aplicables al caso.

1.8. Impugnación

Mediante correo electrónico enviado a la Secretaría General del Consejo de
Estado el 14 de noviembre de 2023, el accionante impugnó la sentencia
proferida, indicando que uno de los fundamentos consistió en la falta de
relevancia constitucional por pretender reabrir un debate concluido en las
instancias respectivas, sin indicarse de manera concreta el requisito o
requisitos que no se cumplen, entendiendo que se refiere a la cosa juzgada.

Afirma que no persigue reabrir el proceso, sino que se aplique después de 11
años la prescripción conforme a su tesis, así como también no haberse
llegado a la verdad material al desconocer la prueba reina del dictamen
grafológico, con lo cual se infringe el artículo 13 de la Constitución Política,
los derechos de defensa, debido proceso y acceso a la administración de
justicia.

Así mismo, en escrito del 28 de noviembre del mismo año adicionó los
motivos de impugnación, para indicar que la señora Doris Betancourt Tinoco

4
La Comisión Seccional de Bolívar fue notificada mediante correo electrónico del 30 de
agosto de 2023 y la señora Doris Rosario Betancourt mediante correo del 7 de septiembre
del mismo año. Anotaciones 22 y 30 de Samai.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hugo Rafael Guzmán Fonseca
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04290-01

no sólo incurrió en falsedad con relación a los recibos con los cuales se
acredita la entrega de dineros, sino también en el poder otorgado por Valeria
Ayola Betancourt dirigido al Juzgado Octavo Municipal de Cartagena; tal
como se establece de la certificación expedida por la Notaría Cuarta del
Círculo de Cartagena, prueba que a pesar de ser posterior a la sentencia
determina el perfil deshonesto de la quejosa.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer la impugnación presentada por la
parte demandante contra la providencia del 6 de octubre de 2023, proferida
por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política,
37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o
modificar el fallo adoptado en primera instancia, que declaró improcedente la
acción de tutela.

Para el efecto, se estudiará: i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) estudio sobre la relevancia constitucional y, iii) caso
concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20125, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales7.

5
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN
DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
7
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hugo Rafael Guzmán Fonseca
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04290-01

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.

2.4 Estudio sobre la relevancia constitucional

En relación con la relevancia constitucional, la Sala cita como antecedente la
sentencia de tutela del 29 de septiembre de 20229, mediante la cual se
declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de
relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico
en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía
era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la
causa.

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-573 del 2019, al momento de
estudiar los requisitos de procedibilidad en sede de revisión, encontró que la
acción de tutela carecía de relevancia constitucional.

En el citado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga
un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “…el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo,
enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre…”.

El tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del
fallo cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito
son las siguientes:

8
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01.
Demandante: Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hugo Rafael Guzmán Fonseca
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04290-01

“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal10” (Énfasis de la Sala).

El alto órgano de cierre, luego de abordar los criterios que debe reunir una
solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el
requisito de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de
tutela no cumplía con este postulado, puesto que:

i) No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,

ii) involucraba un debate eminentemente legal,

iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,

iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

2.5. Caso concreto

La parte actora cuestionó la providencia del 23 de febrero de 2023 proferida
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que confirmó la sentencia del
31 de enero de 2019 expedida por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bolívar, dictadas dentro del proceso disciplinario formulado en su
contra con radicado 13001-11-02-000-2013-00743-00/02.

En primera instancia la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado, en providencia del 6 de octubre de 2023 declaró improcedente la
acción de tutela por falta de relevancia constitucional al considerar que el
accionante pretendía reabrir el debate del proceso disciplinario, controversia
ya definida por los jueces naturales, lo que conlleva a convertirla en una
tercera instancia.

Por lo tanto, al no advertir que la decisión cuestionada sea caprichosa o
arbitraria y los argumentos expuestos por el solicitante están encaminados a
volver sobre la controversia decidida por el juez natural, la tutela es
improcedente.

El requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de la
acción de tutela - “…supone justificar razonablemente la existencia de una

10
Sentencia SU 573 de 2019.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hugo Rafael Guzmán Fonseca
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04290-01

restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no
es lo mismo que una simple relación con aquel…”11. De igual manera, se
precisa que dicho requisito tiene tres finalidades, a saber:

“… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional12 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad13; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales14 y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces15”.

Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de
tutela debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario,
el juez constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan
su competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial
de la solicitud de amparo.

Las argumentaciones propuestas en la acción de tutela en cuanto a la
nulidad de la sentencia proferida por la no práctica del estudio grafológico, la
prescripción de la acción disciplinaria por haber transcurrido más de cinco
años contados para las faltas instantáneas y para las de carácter
permanente desde la realización del último acto ejecutivo, son de idéntica
categoría a las expuestas por el disciplinado y su apoderado en el trámite del
proceso disciplinario de primera y segunda instancia, con lo que se advierte
que la situación descrita es “de competencia exclusiva del juez ordinario”, por
lo que al juez de tutela no le corresponde zanjar aspectos como el que aquí
se trata.

La Sala establece que el actor pretende utilizar la acción constitucional como
mecanismo para revivir la controversia ya definida, cuestión que no impacta
la garantía de los derechos fundamentales invocados tras confirmar la
decisión de primera instancia, lo que evidencia convertir el trámite ordinario
en una tercera instancia.

Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 6 de octubre de 2023, por
medio de la cual la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela por carecer de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

11
Sentencia SU573 de 2019.
12
“Sentencia C-590 de 2005.”
13
“Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
14
“Sentencia C-590 de 2005.”
15
“Sentencia T-102 de 2006.”
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Hugo Rafael Guzmán Fonseca
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04290-01

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia de 6 de octubre de 2023, proferida por
la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, por las razones
señaladas en el presente proveído.

SEGUNDO: Notifíquese esta providencia en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los 10 días siguientes al de la ejecutoria de esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.