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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02808-00

Fecha
11 de julio de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02808-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia de la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a la parte motiva de esta providencia. 2. Dejar sin valor ni efecto el auto del 23 de mayo de 2024, dictado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-33-33-010-2019-00076-00/01. 3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Bolívar que, en el término de 10 días, contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte providencia de reemplazo, en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas. 4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispones el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02808-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

11 de julio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02808-00
Demandante: Superintendencia de Industria y Comercio

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02808-00
Demandante: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR Y OTRO

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Superintendencia de Industria y
Comercio contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado 10 Administrativo
de Cartagena.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 31 de mayo de 2024, en ejercicio de la acción de tutela, la Superintendencia de
Industria y Comercio, por conducto de apoderado, pidió la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, a la defensa y a la igualdad.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de los autos del 5
de diciembre de 2023 y del 23 de mayo de 2024, dictados por el Juzgado 10
Administrativo de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, respectivamente,
por medio de los cuales resolvieron los recursos de reposición y queja presentados
por la Superintendencia de Industria y Comercio contra la decisión de rechazar el
recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia proferida en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-33-33-010-
2019-00076-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

En virtud de lo expuesto, respetuosamente solicito TUTELAR mis derechos constitucionales al
debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia, a la igualdad, al derecho de
defensa y a la primacía del derecho sustancial sobre las formas, los cuales han sido vulnerados por
el Juzgado 10 Administrativo de Cartagena y por el Tribunal Administrativo de Bolívar, al decidir
rechazar y confirmar el rechazo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia
dictada al interior del proceso bajo radicado 13001333301020190007600.

En consecuencia, ordenar al Juzgado 10 Administrativo de Cartagena a conceder el recurso de
apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia proferida el 29 de mayo de
2023 dentro del expediente adelantado bajo radicado 13001333301020190007600.

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Demandante: Superintendencia de Industria y Comercio

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
La sociedad Eléctricos e Iluminaciones S.A.S. presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Superintendencia de Industria y
Comercio, con el objeto de que se revocara una sanción pecuniaria impuesta por esa
autoridad. La demanda se adelantó bajo el radicado 13001-33-33-010-2019-00076-00
ante el Juzgado 10 Administrativo de Cartagena que, por sentencia del 29 de mayo
de 2023 accedió a las pretensiones.

La sentencia fue notificada por correo electrónico del 31 de mayo de 2023 a las partes
y el 15 de junio siguiente, la entidad demandada interpuso recurso de apelación.

El 7 de julio de 2023, el Juzgado 10 Administrativo de Cartagena rechazó el recurso
de apelación porque el abogado no acreditó su condición de apoderado judicial de la
Superintendencia de Industria y Comercio.

Contra la anterior decisión, el 11 de julio de 2023, el apoderado de la superintendencia
presentó recurso de reposición y en subsidio de queja. Advirtió que sí contaba con
poder que lo habilitaba para interponer el recurso de apelación en representación de
la entidad y que al parecer había ocurrido un error en el cargue del documento – poder-
en el correo por medio del cual remitió el recurso, en consecuencia, pidió que se diera
primacía al derecho sustancial sobre las formas y se concediera el recurso de
apelación.

También señaló que la autoridad judicial antes de rechazar de plano el recurso de
apelación debió requerirlo para que aportara el respectivo poder.

El 5 de diciembre de 2023 el Juzgado 10 Administrativo de Cartagena decidió no
reponer el auto del 7 de julio de 2023, al estimar que con el recurso de reposición
antes de presentar una controversia, el abogado reconoce que el fundamento del auto
recurrido es cierto, esto es que, no aportó el poder que lo acreditaba para interponer
el recurso de apelación en representación de la Superintendencia de Industria y
Comercio. Adicionalmente, concedió el recurso de queja.

El 23 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Bolívar tuvo por bien denegado
el recurso de apelación, al considerar que el abogado no acreditó el derecho de
postulación al momento de presentar el recurso de apelación. Asimismo, dijo que no
existe ninguna norma que exija a la autoridad judicial requerir previamente al abogado
para que subsane este tipo de irregularidades en actuaciones posteriores a la
admisión de la demanda.

Por último, señaló que, según lo informado por el abogado, el poder había sido
conferido desde el 18 de mayo de 2022, por lo que concluyó que se tardó más de un
año en aportarlo al proceso. Además, que en el texto del recurso de apelación no se
hizo referencia a que se aportaba el poder en la relación de los anexos.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo
cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que las decisiones
cuestionadas incurrieron en los siguientes vicios de fondo:

Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto porque las providencias
controvertidas aplicaron de forma irrestricta y superficial el artículo 160 de la Ley 1437
de 2011, pues considera que se debió requerir al apoderado para que aportara el

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poder antes de rechazar de plano el recurso de apelación, garantizando el derecho
sustancial.

Sostuvo que las autoridades judiciales demandadas renunciaron a adoptar cualquier
medida en procura de los derechos fundamentales de la entidad y, en su lugar,
tomaron decisiones que trasgreden sus garantías constitucionales, porque se le
impidió el trámite de un recurso ordinario, con base en razones procesales y formales
que pudieron ser subsanadas con un requerimiento, que permitiría dar prevalencia al
derecho sustancial sobre las formas.

Que el recurso de apelación fue remitido desde un correo institucional de la
Superintendencia de Industria y Comercio y que en el correo electrónico enviado se
indicó el remitente y la dependencia desde la que se remitía el recurso, por ello,
considera que se podía inferir el interés legitimó de la entidad para impugnar la
sentencia de primera instancia.

Finalmente, manifestó que las autoridades judiciales demandadas debieron tener por
subsanado el yerro con la aportación del poder en el recurso de reposición y en
subsidio de queja, de acuerdo con una providencia del 6 de abril de 2010, dictada por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el expediente con radicado
05001-23-31-000-2010-00002-01, que, a juicio de la parte actora, indico que <<no
resulta ajustado a los mandatos Constitucionales que se impida el acceso a la administración
de justicia con fundamento en un requisito que se encuentra acreditado al momento de
resolver el correspondiente recurso en contra de la providencia de rechazo>>.

Defecto sustantivo porque las autoridades judiciales demandadas realizaron una
interpretación exegética y limitada del artículo 160 de la Ley 1437 de 2011 y omitieron
realizar una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, que supone la
aplicación de los artículos 29 y 228 de la Constitución y los artículos 11 y 12 del Código
General del Proceso, normas que imponen la prevalencia de lo sustancial sobre las
formas.

Señaló que la ausencia del poder constituía una causal de nulidad procesal y las
autoridades judiciales no le dieron el trámite correspondiente, que, en todo caso, esa
nulidad fue saneada con posterioridad, lo anterior, de acuerdo con la sentencia de
tutela dictada el 19 de marzo de 2021 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C.

Finalmente citó las sentencias C-037 de 1996 y C- 183 de 2007 proferidas por la Corte
Constitucional, que, a juicio de la parte actora, desarrollan el derecho de acceso a la
administración de justicia y la interpretación sistemática del ordenamiento jurídico,
respectivamente.

5. Trámite procesal

Por auto del 7 de junio de 2024, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar, en calidad de parte demandada, a los magistrados del
Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado 10 Administrativo de Cartagena, y,
vinculó, en calidad de terceros con interés, a la sociedad Eléctricos e Iluminaciones
S.A.S.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 12 y 13 de
junio de 2024.

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6. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar, ponente del auto del 23 de
mayo de 2024, pidió que se denegara el amparo solicitado.

Argumentó que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, porque la parte actora lo que pretende es reabrir un debate sobre
aplicación e interpretación de normas procesales que ya fue culminado en el proceso
ordinario. Que, además, la demandante no es un sujeto de especial protección
constitucional.

Afirmó que no existe norma que prevea la facultad de subsanar yerros relacionados
con la carencia absoluta de poder en actuaciones posteriores a la admisión de la
demanda y no es posible aplicar una norma que no esté contemplada la Ley 1437 de
2011. Por último, que el abogado tardó más de un año en aportar el correspondiente
poder de sustitución que le fue conferido, por lo que considera que no se le puede
reprochar a la autoridad judicial que lo requiriera para que lo aportara.

El Juzgado 10 Administrativo de Cartagena envió el enlace del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 13001-33-33-010-2019-00076-00, sin
embargo, no se pronunció sobre el fondo del asunto.

La sociedad Eléctricos e Iluminaciones S.A.S. no se pronunció pese a que, como
se vio, fue debidamente notificada.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

La Sala empieza por precisar que, si bien la parte demandante cuestiona los autos del
5 de diciembre de 2023 y del 23 de mayo de 2024, dictados por el Juzgado 10
Administrativo de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, respectivamente,
el análisis de los cargos propuestos se centrará en la última providencia por ser la que
decidió de manera definitiva sobre el asunto.

Siendo así, Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela
interpuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio para dejar sin efectos el
auto del 23 de mayo de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por
medio del cual tuvo por bien denegado el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 13001-33-33-010-2019-00076-00/01.

La Sala anticipa que, de manera excepcional, accederá al amparo deprecado,
comoquiera que en el proveído cuestionado la autoridad judicial demandada incurrió
en un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la
acción de tutela contra providencias, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, (iii) del
defecto procedimental absoluto y, finalmente, (iv) analizará el caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los

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requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se
estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los
requisitos específicos2 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se
analizan cuando se han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por la
Superintendencia de Industria y Comercio cumple los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que de
encontrarse demostrado los defectos alegados por la parte actora se estarían
afectando sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, pues dice, lo resuelto en el auto cuestionado le impide
garantizar el derecho a la doble instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.

La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo
con la verificación del expediente ordinario, el auto cuestionado fue notificado por
estado del 24 mayo de 2024 y la tutela fue presentada el 31 de mayo, esto es, 7 días,
término que no supera los seis meses fijados por la Sala plena de esta Corporación
para presentar acciones de tutela.

Asimismo, los demandantes agotaron los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, dado que presentaron recurso de reposición y en subsidio de queja
en contra del auto que rechazó el recurso de apelación presentado en contra de la
sentencia de primera instancia.

También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto
es, expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la existencia de los supuestos defectos procedimental y
sustantivo.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, los actores cuestionan
una providencia dictada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

4. Del defecto procedimental absoluto

El defecto procedimental hace referencia a aquellos casos en que el funcionario
judicial actúa completamente al margen del procedimiento legalmente establecido. En
palabras de la Corte Constitucional, el defecto procedimental se configura cuando el
funcionario judicial: (i) sigue un trámite completamente ajeno al que corresponde
(desvío del cauce del asunto)1; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento,
circunstancia que automáticamente conlleva al desconocimiento de las garantías de
defensa y contradicción, que hacen parte del derecho al debido proceso2, o (iii) incurre
en exceso ritual manifiesto, es decir, cuando concibe los procedimientos como un
obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, y, por esta vía, sus actuaciones
afectan el derecho de acceso a la administración de justicia3.

1 Sentencia T-1049 de 2012.
2 Ibídem.
3 T-386 de 2010.

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5. Análisis del caso concreto

Para la parte actora, la providencia cuestionada incurrió en los defectos procedimental
por exceso ritual manifiesto y sustantivo, por declarar bien rechazado el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, pues dice esa situación
le impide el acceso a un recurso ordinario que asegura la doble instancia.

La Sala empieza por precisar que, si bien la parte actora propone los cargos de defecto
procedimental y sustantivo, el análisis se circunscribirá a la eventual configuración de
un defecto procedimental pues los argumentos están encaminados a demostrar la
materialización de un exceso ritual manifiesto.

Para resolver, la Sala realizará un recuento de las actuaciones relevantes en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por sentencia del 29 de mayo de 2023, el Juzgado 10 Administrativo de Cartagena
accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento presentada
la sociedad Eléctricos e Iluminaciones S.A.S. para que se revocara una sanción
pecuniaria impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La sentencia fue comunicada por correo electrónico del 31 de mayo de 2023 y el 15
de junio siguiente el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, a
través de su correo institucional, remitió recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, sin embargo, no anexó el correspondiente poder que lo facultaba
para interponer el recurso en representación de la entidad.

Del texto del recurso de apelación se puede leer lo siguiente: << (…) respetuosamente
manifiesto al Honorable Magistrado que, conforme al poder debidamente otorgado, que se
adjunta a este escrito, mediante el presente escrito procedo a interponer recurso de
apelación, en los siguientes términos>> negrilla fuera del texto.

El 7 de julio de 2023, el Juzgado 10 Administrativo de Cartagena rechazó el recurso
de apelación porque el abogado no acreditó su condición de apoderado judicial de la
Superintendencia de Industria y Comercio.

El 11 de julio de 2023, el abogado de la superintendencia presentó junto con el recurso
de reposición y en subsidio de queja, el poder de sustitución que se le había concedido
para actuar en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Con relación a
los recursos informó que por un error no se anexó al correo electrónico en el que envió
el recurso de apelación, el correspondiente poder de sustitución que se le había
otorgado desde el 18 de mayo de 2022. En razón a lo anterior, pidió que se concediera
la apelación y se le diera primacía al derecho sustancial sobre las formas.

El 5 de diciembre de 2023 el Juzgado 10 Administrativo de Cartagena confirmó su
decisión de rechazar el recurso de apelación, básicamente, por las mismas
consideraciones y concedió el recurso de queja.

El 23 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Bolívar tuvo por bien denegado
el recurso de apelación, al estimar que con la interposición del recurso de apelación
no se acreditó el derecho de postulación y porque, a su juicio, no existe norma que
exija requerir al abogado para que subsane ese error.

Visto lo anterior, para la Sala los argumentos empleados por las autoridades
demandadas configuran un exceso ritual manifiesto pues, si bien, el apoderado de la
Superintendencia de Industria y Comercio, en principio, no acreditó su derecho de
postulación, lo cierto es que con el recurso de reposición y en subsidio de queja saneó
esa irregularidad.

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De las pruebas aportadas al expediente se advierte que, desde el 18 de mayo de
2022, el apoderado principal de la superintendencia, que fue reconocido en el proceso
ordinario, le sustituyó poder al profesional del derecho que interpuso el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia.

Asimismo, que el abogado sustituto, en el escrito del recurso de apelación informó que
anexaría el correspondiente poder que lo facultaba para el efecto, pero por un error
no lo anexó.

A partir de lo anterior, la Sala encuentra que la decisión del Juzgado 10 Administrativo
de Cartagena de rechazar el recurso de apelación (auto del 7 de julio de 2023) estuvo
acertadamente fundada en los documentos aportados con el recurso de apelación en
cumplimiento de lo previsto en los artículos 160 del CPACA4 y 75 del CGP5.
Sin embargo, la Sala no puede pasar por alto que con el recurso de reposición y en
subsidio de queja interpuesto en contra del auto de rechazo se acreditó la calidad de
abogado sustituto de quien actuó en representación de los intereses de la
Superintendencia de Industria y Comercio. De modo que, la razón del rechazo del
recurso de apelación se superó antes de que el auto cobrara ejecutoria 6.

En ese orden, para la Sala el análisis realizado por el Tribunal Administrativo de
Bolívar configura un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto que
vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia de la parte actora y le
impide continuar con el trámite del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho para asegurar la doble instancia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala debe advertir que de acuerdo con lo previsto en el
artículo 28, numeral 10 de la Ley 1123 de 20077, son deberes profesionales del
abogado, entre otros, atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, por
lo que el apoderado de la parte actora no puede excusarse en su falta de diligencia al
ejercer su profesión y defender los derechos de la entidad que representada, por no
cerciorarse que remitió el recurso de apelación sin los correspondientes anexos, y
trasladar a las autoridades judiciales demandadas el deber de requerirlo para que
aportara la totalidad de los documentos necesarios para acreditar la calidad de
apoderado de la entidad.

4 Artículo 160. Derecho de Postulación. Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de
abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.
Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos contenciosos
administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria, o mediante delegación general o particular
efectuada en acto administrativo.
5
Artículo 75. Designación y Sustitución De Apoderados. Podrá conferirse poder a uno o varios abogados.
Igualmente podrá otorgarse poder a una persona jurídica cuyo objeto social principal sea la prestación de servicios
jurídicos. En este evento, podrá actuar en el proceso cualquier profesional del derecho inscrito en su certificado de
existencia y representación legal. Lo anterior, sin perjuicio de que la persona jurídica pueda otorgar o sustituir el
poder a otros abogados ajenos a la firma. Las Cámaras de Comercio deberán proceder al registro de que trata
este inciso.
En ningún caso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona.
El poder especial para un proceso prevalece sobre el general conferido por la misma parte.
Si se trata de procesos acumulados y una parte tiene en ellos distintos apoderados, continuará con dicho carácter
el que ejercía el poder en el proceso más antiguo, mientras el poderdante no disponga otra cosa.
Podrá sustituirse el poder siempre que no esté prohibido expresamente.
El poder conferido por escritura pública, puede sustituirse para un negocio determinado, por medio de memorial.
Quien sustituya un poder podrá reasumirlo en cualquier momento, con lo cual quedará revocada la sustitución
6 En similar sentido la Sala se ha pronunciado en procesos ordinarios. Revisar auto del 24 de mayo de 2018

proferido en el proceso con radicado 25000-23-37-000-2016-01816-01.
7 Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(…)
10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados
suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al
suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo.

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Adicionalmente, la Sala debe señalar que, de acuerdo con lo manifestado por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, no existe fundamento legal que obligue al juzgador
a requerir a los apoderados para que subsanen este tipo de irregularidades.

Por lo anterior se insiste en que la razón excepcional del amparo de los derechos
fundamentales de la Superintendencia de Notariado y Registro obedece a que el yerro
en el que incurrió el apoderado de esa entidad fue subsanado antes de que el auto
que rechazó el recurso de apelación (por no cumplir con el requisito del derecho de
postulación) cobrara ejecutoria, es decir, porque el poder de sustitución fue aportado
junto con la presentación del recurso de reposición y en subsidio de queja que
presentó en contra esa providencia.

Finalmente, la Sala se releva del estudio de los demás cargos formulados, pues con
el amparo a ordenar se encuentran garantizados los derechos fundamentales de la
parte actora, máxime cuando los demás argumentos se encontraban encaminados a
demostrar la configuración del defecto procedimental.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Amparar los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia de
la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a la parte motiva de esta
providencia.

2. Dejar sin valor ni efecto el auto del 23 de mayo de 2024, dictado por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 13001-33-33-010-2019-00076-00/01.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Bolívar que, en el término de 10 días,
contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte providencia de reemplazo,
en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas.

4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispones el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991

5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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