RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05796-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05796-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05796-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada, para en su lugar: 2. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. 3. Dejar sin valor ni efecto los autos del 29 de agosto y 17 de octubre de 2024, dictados por el Tribunal Administrativo del Meta, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nº 50001-33-33-006-2019-00220-00/01. 4. Ordenar al Tribunal Administrativo del Meta que, en el término de 10 días, contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte providencia de reemplazo sobre la admisibilidad del recurso de apelación, en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas. 5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispones el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 7. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05796-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

20 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05796-01
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05796-01
Demandante: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO

Temas: Contra providencias judiciales dictadas en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Rechazo del recurso de apelación.
Ampara.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 12
de diciembre de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró
improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 25 de octubre de 2024, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – Casur, pidió la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de los autos del 29 de
agosto de 2024 y del 17 de octubre de 2024, dictados por el Tribunal Administrativo del
Meta en el proceso de nulidad y restablecimiento con radicado nº 50001-33-33-006-
2019-00220-00/01, a través de los cuales tuvo por no presentado un recurso de
apelación contra la sentencia del 22 de marzo de 2024 proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de San José del Guaviare.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO. - Que el H. Consejo de Estado tutele la protección los derechos fundamentales de mi
prohijada a la Igualdad (Articulo 13 C.N.), al acceso a la Administración de Justicia (artículo 229 Ibidem)
y al debido proceso (artículo 29 Ibidem).

SEGUNDO. - Se deje sin efectos la providencia de 29 de agosto de 2024, mediante la cual se tiene por
no presentado el recurso de apelación de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional instaurado
contra la sentencia del 22 de marzo de 2024 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de San
José del Guaviare y se deje sin efectos la providencia del 17 de octubre de 2024 que resuelve NO
REPONER el auto del 29 de agosto de 2024, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del
derecho con radicado 50001333300620190022001, Demandante: JIM MADRIGAL JURADO
Demandada: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL (CASUR), emanada por
el Tribunal Administrativo del Meta, Despacho No.005, M.P. Dra. CLAUDIA PATRICIA ALONSO
PÉREZ.

TERCERO. - Se le ordene a la M.P. Dra. CLAUDIA PATRICIA ALONSO PEREZ, del Despacho No.005
del Tribunal Administrativo del Meta o a quien la remplace al momento del cumplimiento del fallo de
amparo, dictar nueva providencia en la que se ordene tener por presentado el recurso de apelación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05796-01
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

instaurado contra la sentencia del 22 de marzo de 2024 proferida por el Juzgado Primero Administrativo
de San José del Guaviare y como consecuencia de lo anterior se dé la admisión del recurso de
apelación, conforme a las pautas y criterios que señale el Juez de amparo constitucional y/o la
Honorable Corte Constitucional, en el evento en que decida la acción de tutela en sede de revisión.

CUARTO. - Que el Juez de tutela dicte providencia de remplazo en el evento que la accionada sea
renuente en el cumplimiento de la orden constitucional.

QUINTO. - Que se impartan las demás órdenes, previsiones y comunicaciones conforme lo exija la
naturaleza de esta acción de tutela.

SEXTO. - Se adopten las decisiones que en derecho correspondan, en aras de proteger los derechos
constitucionales aquí señalados y otros que el Juez de tutela evidencie vulnerados, en virtud del
principio lura Novit Curia.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El señor Jim Madrigal Jurado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (en adelante CASUR),
para que se declarara la nulidad del oficio con radicado nº E-0001-201906216- Casur del
20 de marzo de 2019 y se ordenara la reliquidación de su asignación de retiro.

La demanda se adelantó bajo el radicado 50001-33-33-006-2019-00220-00 y
correspondió al Juzgado Primero Administrativo de San José del Guaviare que, por
sentencia del 22 de marzo de 2024: declaró la nulidad del acto administrativo
demandado, accedió parcialmente a las pretensiones, declaró probada de oficio la
prescripción de las diferencias causadas en las mesadas del demandante anteriores al
19 de febrero de 2015 y ordenó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
reliquidar la asignación de retiro del demandante.

Explicó que las liquidaciones de las partidas computables de prima de navidad, de
servicio y de vacaciones estaba bien liquidadas, de acuerdo con el Decreto 1091 de
1995. Que, sin embargo, la entidad demandada solo había aplicado el principio de
oscilación al sueldo básico y la prima de retorno a la experiencia, pero que no advertía
el incremento anual de los otros factores que integraba la asignación de retiro, tales como
la prima de navidad, de servicio, de vacaciones y el subsidio de alimentación.

Inconforme, la abogada Mónica Andrea Sanabria Torres, apoderada de CASUR,
presentó recurso de apelación y argumentó que el reajuste de la asignación de retiro del
demandante se hacía a partir del 1 de enero de 2013, pero que el pago se debía realizar
a partir de la fecha de la prescripción trienal de las mesadas dejadas de reclamar, que
para el caso del señor Jim Madrigal Jurado era el 19 de febrero de 2016.

El 30 de mayo de 2024, el Juzgado Primero Administrativo de San José del Guaviare
concedió el recurso de apelación y reconoció personería a la abogada Sanabria Torres,
quien había intervenido desde los alegatos de conclusión y había aportado poder para
actuar en representación de la entidad demandada.

Por auto del 25 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta requirió a la abogada
Sanabria Torres para que, en el término de cinco días contados a partir de la notificación
de esa providencia, allegara el poder debidamente otorgado para la época de
presentación del recurso de apelación, junto con los soportes correspondientes, que, de
guardar silencio o allegar un poder conferido con posterioridad a la presentación del
recurso se tendría como no presentado.

Señaló que el poder aportado por la abogada no contaba con presentación personal
como lo dispone el artículo 74 del CGP y que no se allegó el mensaje de datos del
poderdante que confiriera el poder, de acuerdo con el artículo 5º de la Ley 2213 de 2022.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05796-01
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

El 31 de julio de 2024, la apoderada de la CASUR allegó memorial con el que, a su juicio,
cumplía la orden impartida en el auto anterior.

El 29 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta tuvo por no presentado el
recurso de apelación contra la sentencia del 22 de marzo de 2024 porque la apoderada
no cumplió con la carga procesal impuesta.

Explicó que fueron aportados dos poderes conferidos a la abogada Sanabria Torres. El
primero, con fecha de presentación personal del 14 de enero de 2020, que no fue
incorporado en esa fecha al expediente, mientras que el 24 de febrero de 2020 se le
había reconocido personería a otra abogada, Joyce Maricel Contreras Mora, para que
actuara en representación de la entidad, por lo que estimó que el mandato con el que
fue interpuesto el recurso de apelación se entendía revocado por el posterior que sí había
actuado en el proceso.

Con relación al segundo mandato, dijo que había sido conferido con posterioridad a la
presentación del recurso de apelación, el 31 de julio de 2024.

El 3 de septiembre de 2024, la abogada Sanabria Torres presentó recurso de reposición
y en subsidio de apelación contra el auto del 29 de agosto de 2024 y argumentó que ya
había actuado en el proceso, porque había presentado los alegatos de conclusión de
primera instancia y que el juzgado de primera instancia le había reconocido personería
en el auto del 30 de mayo de 2024.

Que desde el año 2020 contaba con poder debidamente conferido por la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional, que, adicionalmente, allegó poder con el que le
ratificaron el mandato conferido. Que el auto del 29 de agosto de 2024 vulneraba sus
derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso.

Que la entidad contaba con ánimo conciliatorio y proponía una fórmula a través del acta
nº 15 del 25 de enero de 2024, que anexó a los recursos.

El 17 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta no repuso el auto del 29
de agosto de 2024 y rechazó por improcedente el recurso de apelación. Por un lado,
reiteró las consideraciones expuestas en el auto recurrido y, por otro lado, dijo que el
proceso se encontraba en segunda instancia y que el recurso de alzada solo era
procedente contra decisión de primera instancia, de acuerdo con el artículo 243 del
CPACA.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que los autos acusados incurrieron en el
siguiente vicio de fondo:

Defecto sustantivo porque la exigencia de que el poder cuente con presentación
personal o que se demuestre que fue conferido por mensaje de datos, constituye un
requisito formal que puede ser subsanado dentro del trámite del proceso judicial, como,
según dijo, ocurrió.

Manifestó que, a través del auto del 22 de marzo de 2024, el Juzgado Primero
Administrativo de San José del Guaviare le había reconocido personería jurídica, que
ese auto no había sido declarado nulo ni había sido objeto de recursos, por lo que esa
decisión estaba debidamente ejecutoriada.

Que cuenta con poder legalmente conferido desde el año 2020, que también allegó otro
poder con el que le ratificaron el mandato conferido.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05796-01
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Que la exigencia de la autoridad judicial demanda es excesiva y desproporcionada, que
limita injustificadamente el acceso a la administración de justicia. Que, además, es
contraria a la jurisprudencia de la Corte Constitucional1, relacionada con el derecho al
debido proceso.

Que la consecuencia de no presentar el correspondiente poder conforme con el artículo
74 de la Ley 1564 de 2012 y el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, no puede ser el no
tener por presentado el recurso de apelación, porque, a su juicio, esos son requisitos
formales que podían ser subsanados posteriormente.

Que no se podía tener por no presentado el recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 50001-33-33-006-2019-00220-00, porque ya se le había reconocido personería
jurídica para actuar en nombre de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

5. Intervenciones

La magistrada del Tribunal Administrativo del Meta, ponente de las decisiones
cuestionadas, señaló que desde el auto del 25 de julio de 2024 concedió a la apoderada
la oportunidad de aportar el poder ajustado a las normas que rigen la materia, sin que la
abogada cumpliera con el requerimiento efectuado.

Que el poder debía ser aportado con las formalidades requeridas por tratarse de una
representación como apoderada principal, que no era admisible aplicar las
informalidades que se predican de los poderes de sustitución.

Que la abogada no presentó recurso contra el auto que la requirió ni alegó o justificó que
estuviera ejerciendo como agente oficiosa de la entidad.

El Juzgado Primero Administrativo de San José del Guaviare compartió el enlace del
expediente con radicado 50001-33-33-006-2019-00220-00/01, sin embargo, no se
pronunció sobre el fondo del asunto.

El señor Jim Madrigal Jurado no se pronunció, pese a que fue debidamente notificado.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró improcedente la acción de tutela, al
estimar que no cumplía con el requisito de relevancia constitucional, debido a que, a su
juicio, se empleaba para reabrir una controversia que ya había sido resuelta por el juez
ordinario.

7. Impugnación

La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.

Dijo que no se trataba de un desacuerdo sobre las conclusiones de la autoridad judicial
demandada, que, las decisiones cuestionadas trasgredían el derecho a la doble
instancia, previsto en los artículos 29, 31 y 86 de la Constitución Política.
Reiteró los argumentos del escrito de tutela y señaló que la relevancia constitucional se
encontraba acreditada porque agotó todos los medios judiciales que tenía a su
disposición para pedir la protección de sus derechos fundamentales.

1 Jurisprudencia que no identificó.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05796-01
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, resulta procedente revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la solicitud de amparo.

La Sala anticipa que revocará la decisión impugnada, para en su lugar, amparar los
derechos fundamentales de la parte actora, puesto que la autoridad judicial demandada
incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al proferir las decisiones
cuestionadas.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por CASUR cumple los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La relevancia constitucional del asunto está acreditada, toda vez que, el asunto no
trata sobre una instancia adicional, debido a que se cuestiona la decisión de la autoridad
judicial de mandada de tener por no presentado un recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, no alude a una discusión de orden legal o económico y
cumple con la carga argumentativa de señalar que, si existiera los errores que alega la
parte actora, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo
con la verificación del expediente ordinario, el auto del 17 de octubre de 2024 fue
notificado por estado del 18 de octubre de 2024, y la demanda de tutela fue radicada el
25 de octubre de 2024, esto es, siete días después, término que no supera los seis meses
fijados por la Sala plena de esta Corporación para presentar acciones de tutela.

Con relación al requisito de subsidiariedad, la Sala lo entiende superado, no sin antes
precisar que, aunque la parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación contra el auto del 29 de agosto de 2024, que tuvo por no presentado el recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia, y que, la autoridad judicial
demandada en el auto del 17 de octubre de 2024 no repuso su decisión y rechazó por
improcedente el recurso de apelación, lo cierto es que, de acuerdo con el artículo 246
del CPACA, lo correcto era presentar recurso de súplica, sin embargo, a pesar del deber

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05796-01
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

de adecuar el recurso que le asistía al magistrado ponente, para dar trámite a los
argumentos de la parte actora, lo que hizo fue proceder a rechazar la apelación por
improcedente.

Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es,
expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
proviene de advertir que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto sustantivo,
al proferir los autos del 29 de agosto de 2024 y del 17 de octubre de 2024.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
una sentencia de segunda instancia de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho

4. Análisis del caso concreto

La parte actora alegó que la autoridad judicial demandada incurrió Defecto sustantivo,
al exigirle que el poder con el que acompañó los alegatos de conclusión de primera
instancia contara con presentación personal o que demostrara que fue conferido por
mensaje de datos, puesto que, a su juicio, esa exigencia constituye un requisito formal
que fue subsanado posteriormente. Además, dijo que contaba con un poder
debidamente conferido desde el año 2020 y que tener por no presentado el mencionado
recurso de apelación vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

Para resolver tal cargo, la Sala estima necesario referirse a las actuaciones y pruebas
aportadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nº
50001-33-33-006-2019-00220-00/01.

El señor Jim Madrigal Jura presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra CASUR, para que se declarara la nulidad del oficio con radicado nº E-0001-
201906216- Casur del 20 de marzo de 2019 y se ordenara la reliquidación de su
asignación de retiro.

La demanda se adelantó bajo el radicado 50001-33-33-006-2019-00220-00 y
correspondió al Juzgado Primero Administrativo de San José del Guaviare que, por auto
del 19 de febrero de 2024, entre otros, corrió traslado a las partes para que presentaran
sus alegatos de conclusión.

El 11 de marzo de 2024, la abogada Mónica Andrea Sanabria Torres, en representación
de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, presentó los alegatos de
conclusión y aportó poder conferido para el efecto, sin embargo, el mandato no contaba
con nota de presentación personal y no se anexó el mensaje de datos a través del cual
se le confería el poder.

Por sentencia del 22 de marzo de 2024, el Juzgado Primero Administrativo de San José
del Guaviare accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por el
señor Jim Madrigal Jura contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y,
entre otras, ordenó a la entidad demandada reliquidar la asignación de retiro del
demandante.

En la sentencia fueron considerados los alegatos de conclusión presentados por la
abogada Sanabria Torres, sin embargo, no se le reconoció personería.

Inconforme, la abogada Mónica Andrea Sanabria Torres presentó recurso de apelación
contra la sentencia del 22 de marzo de 2024. Luego, el 30 de mayo de 2024, el Juzgado
Primero Administrativo de San José del Guaviare concedió el recurso de apelación y
reconoció personería a la nombrada abogada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05796-01
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

El 25 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta requirió a la abogada Mónica
Andrea Sanabria Torres para que, el término de cinco días contados a partir de la
notificación de esa providencia, allegara poder debidamente conferido para la época de
presentación del recurso de apelación, junto con los correspondientes soportes. Dijo que
en caso de guardar silencio o allegar un poder conferido con posterioridad a la
presentación del recurso, tendría por no presentado el recurso de alzada.

Explicó que el poder especial conferido a la abogada Mónica Andrea Sanabria Torres
carecía de presentación personal, de acuerdo con el artículo 74 del CGP. Que, si bien el
artículo 5 de la Ley 2213 de 2022 señalaba que se podía conferir poder mediante
mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, y que aquellos se
presumirían auténticos y que no requería de ninguna presentación personal o
reconocimiento, a su juicio, el poder conferido a la mencionada abogada no cumplía con
esos requerimientos, puesto que no allegó el mensaje de datos del poderdante que le
confería el poder.

El 31 de julio de 2024, la abogada Mónica Andrea Sanabria Torres allegó memorial con
el que, según dijo, daba cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en el auto
del 25 de julio de 2024. Aportó poder especial con nota de presentación personal del 14
de enero de 2020 y anexó mensaje de dato del poder con el que presentó los alegatos
de conclusión de primera instancia, pero con fecha del 31 de julio de 2024.

Por auto del 29 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta tuvo por no
presentado el recurso de apelación presentado por la profesional del derecho Sanabria
Torres y le concedió personería, conforme con el mensaje de datos del 31 de julio de
2024.

Señaló que la abogada no había cumplido con la carga procesal impuesta. Que si bien
se habían aportado dos mandatos conferidos a la señora Sanabria Torres, por un lado,
el primero tenía fecha de presentación personal del 14 de enero de 2020, pero no había
sido allegado al expediente, que el 24 de febrero de 2020 se le había reconocido
personería a otra abogada como apoderada de la entidad, quien había contestado la
demanda y tuvo su última actuación el 7 de diciembre de 2021, con posterioridad al
mandato conferido a la abogada Sanabria Torres, por lo que entendía como revocado el
poder con el posterior mandato ejercido.

Por otro lado, con relación al otro poder, sostuvo que fue conferido con posterioridad a
la presentación del recurso de apelación presentado contra la sentencia del 22 de marzo
de 2024, el 31 de julio de 2024.

El 3 de septiembre de 2024, la abogada Mónica Andrea Sanabria Torres presentó
recurso de reposición, y en subsidio de apelación, contra el auto del 29 de agosto de
2024. Manifestó que desde el año 2020 contaba con poder debidamente conferido para
representar a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, que, además, allegó
otro poder posterior que ratificaba el mandato que se le había conferido.

Que ya había sido reconocida como apoderada de la entidad en el auto del 30 de mayo
de 2024, dictado por al Juzgado Primero Administrativo de San José del Guaviare.

El 17 de octubre de 2024, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Meta
resolvió no reponer el auto del 29 de agosto de 2024 y rechazar por improcedente el
recurso de apelación formulado el 3 de septiembre de 2024.

Reiteró los argumentos expuestos en el auto del 29 de agosto de 2024 e indicó que el
recurso de apelación debía ser rechazado porque el proceso se encontraba en segunda
instancia y el recurso de alzada solo era procedente contra decisiones de primera
instancia, de acuerdo con el artículo 243 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05796-01
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Visto lo anterior, la Sala advierte que, en principio, la abogada Mónica Andrea Sanabria
Torres no acreditó en debida forma su derecho de postulación, no obstante, con el
memorial del 31 de julio de 2024 saneó esa irregularidad.

De las pruebas aportadas al expediente se advierte que, en efecto, el 11 de marzo de
2024, la abogada Mónica Andrea Sanabria Torres presentó alegatos de conclusión en
primera instancia y aportó un poder para actuar, pero sin nota de presentación personal
y sin el correspondiente mensaje de dato del funcionario de la entidad que le confería el
poder.

Asimismo, que aportó un poder especial con nota de presentación personal del 14 de
enero de 2020.

A partir de lo anterior, la Sala encuentra que la decisión de la autoridad judicial
demandada de tener por no presentado el recurso de apelación contra la sentencia del
22 de marzo de 2024 estuvo acertadamente fundada en los documentos aportados y en
cumplimiento de lo previsto en los artículos 74 del CGP4 y 5 de la Ley 2213 de 20225.

Sin embargo, la Sala no puede pasar por alto que, con el memorial del 31 de julio de
2024, la abogada Mónica Andrea Sanabria Torres acreditó que sí se le había concedido
poder para actuar en representación de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional. De modo que, la razón del rechazo del recurso de apelación se superó con
antelación al rechazo.

En ese orden, para la Sala el análisis realizado por el tribunal demandado configura un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto que vulnera el derecho de acceso a
la administración de justicia de la parte actora y le impide el ejercicio de la doble instancia
para continuar con el trámite del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Ahora bien, la Sala debe precisar que, si bien la abogada Mónica Andrea Sanabria Torres
el 3 de septiembre de 2024 presentó recurso de apelación contra el auto del 29 de agosto
de 2024 y la autoridad judicial demanda lo rechazó por improcedente, porque el proceso
se encontraba en segunda instancia y el recurso de alzada solo es procedente contra
decisiones de primera instancia, lo cierto es que el recurso procedente era el de súplica,
de acuerdo con el artículo 246 del CPACA y lo pertinente era que el Tribunal
Administrativo del Meta adecuara el recurso de apelación a un recurso de súplica, de
acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 318 del CGP6.

4 Artículo 74. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública.

El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los
asuntos deberán estar determinados y claramente identificados.
El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del
conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante
juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas.
Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para
ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 251.
Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar
que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por
establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado
de una persona.
Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital.
Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio.
5 Artículo 5. Poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje

de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna
presentación personal o reconocimiento.
En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la
inscrita en el Registro Nacional de Abogados.
Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la dirección de
correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales.
6 Parágrafo. Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá

tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto
oportunamente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05796-01
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

De hecho, en un caso de contornos fácticos similares, la Sala ya ha realizado estas
precisiones, como por ejemplo en la sentencia del 11 de julio de 2024, dictada en la
acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-02808-00.

Por lo expuesto, la Sala dejará sin efecto los autos del 29 de agosto y 17 de octubre de
2024, y ordenará a la autoridad judicial demandada que dicte una providencia de
reemplazo sobre la admisibilidad del recurso de apelación.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada, para en su lugar:

2. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

3. Dejar sin valor ni efecto los autos del 29 de agosto y 17 de octubre de 2024, dictados
por el Tribunal Administrativo del Meta, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado nº 50001-33-33-006-2019-00220-00/01.

4. Ordenar al Tribunal Administrativo del Meta que, en el término de 10 días, contados
a partir de la notificación de esta decisión, dicte providencia de reemplazo sobre la
admisibilidad del recurso de apelación, en la que tenga en cuenta las consideraciones
aquí expuestas.

5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispones el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991

6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

7. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.