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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02857-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02857-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 12 de septiembre de 2024 por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado que negó la solicitud de 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2024 02857 01 Accionante: Adriana Patricia Ballena Santos amparo y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las razones señaladas en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-02857-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02857 01
Accionante: ADRIANA PATRICIA BALLENA SANTOS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado
por la parte actora pretende reabrir la controversia resuelta por el juez
natural.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo
de tutela proferido el 12 de septiembre de 2024 por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Adriana Patricia Ballena Santos promovió acción de tutela en contra de
la sentencia proferida el 21 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Sucre dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado nro. 70001 33 33 002 2021 00194 00/01, con el fin que se ampare el
“(…) derecho a la aplicación del principio Constitucional de Primacía de la Realidad
(art.53 C.N.) sobre las formas debido proceso (Art.29 C.N.), derecho de acceso a
la administración de justicia con prevalencia del derecho sustancial (Art. 228 C.N.),
principio de confianza legítima, derecho al respeto de los precedentes judiciales
horizontal en desarrollo a la igualdad infringidos como consecuencia de la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre (…)” y formuló las
siguientes pretensiones1:

“[…] AMPARO CONSTITUCIONAL: Respetuosamente, solicito a los
Honorables Magistrados, la Tutela Constitucional de mis derechos
fundamentales de los arts. 2, 25, 29, 53, 83, 228 y 229 C.N., quebrantados

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del

proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02857 00.

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Accionante: Adriana Patricia Ballena Santos

por la sentenci[a] de fecha 21 de febrero de 2024 del del (sic) Tribunal
Administrativo de Sucre; en esa medida, SOLICITO:

Primero: Se DISPONGA: dejar sin efecto la providencia judicial citada y,
en su lugar, se ORDENE al mismo Tribunal Administrativo de Sucre, en
donde se surtió la segunda instancia, proferir nueva decisión de reemplazo
en la cual se identifique, analice y ponderen el elemento modular de la
subordinación, toda vez que se pudo demostrar dentro del proceso que
desarrolló mis funciones en las instalaciones del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar "ICBF", cumpliendo un horario de trabajo, órdenes
impartidas por sus superiores y acatando el deber de solicitar permiso para
ausentarse del desarrollo de sus labores, como se desprende de los
testimonio[s] de las señoras Katia Marcela Soto Herazo, Rocío Estela Ayazo
Moreno y Luz María Gómez Balmeceda. Y todas las probanzas aportadas,
en conexidad con respeto de la salvaguarda de los derechos y principios
fundamentales arriba enunciados (aplicación del principio Constitucional de
Primacía de la Realidad (art.53 C.N.) sobre las formas debido proceso,
acceso la Administración de justicia, igualdad, derecho al trabajo, confianza
legitima […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que prestó sus servicios como abogada en el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF por más de siete años “(…) en horarios
de trabajo impuestos directamente por la misma entidad (de 8:00 a.m. a 12:30 m y
de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes), en sus instalaciones, con sus propios
equipos, siempre en beneficio del ICBF (…)”2.

Indicó que “(…) [l]a “vinculación” se realizó a través de forma atípica e irregular,
mediante contratos de prestación de servicios, donde atendí estrictamente las
órdenes impartidas por la entidad empleadora de manera eficiente y honrada, en
cuanto a la forma o modo como debía realizar mi trabajo (…)”3.

Sostuvo que “(…) [n]o obstante, la continuidad del servicio subordinado, nunca se
me cancelaron las prestaciones sociales y aportes pensionales a que por ley tenía
derecho, tales como: cesantías definitivas y sus intereses, primas semestrales y de
navidad, vacaciones y los aportes pensionales por los siete (7) años un (1) mes y
ocho (8) días (…)”4.

Manifestó que elevó solicitud ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –
ICBF con el fin de que se reconociera y pagara las precitadas prestaciones sociales,
incluyendo todos los aportes pensionales y la mencionada entidad mediante el oficio
nro. E-2021-58400000008682-1 negó dicha solicitud.

Relató que el 3 de diciembre de 2021, promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del Instituto Colombiano de Bienestar

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.

2

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Accionante: Adriana Patricia Ballena Santos

Familiar – ICBF porque no le pagaron los derechos prestacionales derivados del
contrato de trabajo realidad.

Señaló que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo que, en sentencia del 28 de
septiembre de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda al encontrar probado
los elementos de la relación laboral.

Mencionó que, inconforme con la anterior decisión, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – ICBF interpuso recurso de apelación y que el Tribunal
Administrativo de Sucre, mediante sentencia del 21 de febrero de 2024 la revocó al
considerar que “(…) [e]n efecto, en el caso bajo estudio, no puede hablarse de
subordinación como atrás se explicó si no de coordinación, natural del contrato de
prestación de servicio, habida cuenta de que el desempeño de las funciones de la
demandante no estuvo totalmente dominado por las directrices impartidas por la
demandada tal punto que se ejerciera “… una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual…” (…)”5.

En cuanto a la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
aseveró que su solicitud de amparo cumple con todos los requisitos generales,
comoquiera que (i) el asunto bajo estudio tiene relevancia constitucional debido a
que “(…) la decisión adoptada por el Tribunal Accionado al revocar la sentencia de
primera instancia compromete derechos fundamentales que resultan vulnerados,
tanto más cuanto la afectada es una mujer (…) y mucho más cuando son derechos
laborales de “especial” protección constitucional los que se encuentran en juego
(art. 25 C.N.)y es una persona en circunstancias de “debilidad” la que reclama
justicia (trabajadora) (…)”6; (ii) se agotaron todos los recursos judiciales, ordinario y
extraordinarios que tenía a su alcance, (iii) la sentencia atacada fue proferida el 21
de febrero de 2024 y notificada el 15 de marzo de 2024; (iv) en cuanto a la
irregularidad procesal sostuvo “(…) al no valorarse que la entidad demandada
pretendió regir una relación laboral por las normas propias de “un contrato de
prestación de servicio”, el principio constitucional de la realidad en materia laboral
(…)”7; (v) se identificaron en debida forma los hechos que generaron la vulneración
y (vi) no se trata de tutela contra tutela.

Frente a causales especiales de procedencia de la acción de tutela, precisó que en
la providencia cuestionada se incurrió en defectos sustantivo, fáctico, procedimental
y violación directa de la Constitución.

Frente a la configuración del defecto sustantivo, sostuvo que “(…) [l]a decisión
adoptada por el operador accionado al revocar la sentencia, dando por sentada la
ocurrencia del principio de la coordinación, afectan el principio y derecho
fundamental de Primacía de la Realidad (art.53 C.N.) al Debido Proceso (art.29

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.

3

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C.P.) en conexión lógica con el derecho fundamental de acceso a la Administración
de Justicia (arts.228-229 C.P.), pues cercena a la actora la posibilidad de obtener
una tutela judicial efectiva a través de una decisión con la debida valoración del
material probatorio sobre la controversia planteada. El accionado al dar por
establecido el principio de coordinación, sin revisar si quiera las prueba
documentales y testimoniales que lograron acreditar los elementos que denuncian
la existencia del contrato realidad, que han venido siendo configurados por la
jurisprudencia laboral y estructurados también por la OIT en la Recomendación 198
de 2006 (…)”8.

Añadió que la providencia enjuiciada: i) infringe normas constitucionales que
determinan la obligación de hacer efectivo los derechos (artículos 2 y 228 C.P.) y
hacer prevalecer el derecho sustancial; ii) se aparta del marco constitucional debido
a que se aplica de manera automática el principio de coordinación; iii) se afectan los
derechos y principios constitucionales de buena fe y seguridad jurídica.

Arguyó que se configuró el defecto de violación directa de la Constitución porque
“(…) [e]l Tribunal accionado hace caso omiso del principio pro homine y asume una
posición excesivamente rigurosa, contraria al orden justo que pregona la Carta,
incluso desproporcionada, al terminar afirmando “… no se puede hablar de
subordinación, si no del principio de coordinación…” ; en otros términos, el operador
accionado se enfoca por hacer nugatorios la eficacia pr[á]ctica de derechos
constitucionales fundamentales (…)”9.

Expresó que “(…) [a]terrizado a nuestro caso, si existen dos interpretaciones validas
respecto a la aplicación del principio de realidad sobre las formas, debió el tribunal
adoptar la interpretación más favorable constitucionalmente que hubiese
garantizado de una mejor forma el acceso a la Administración de Justicia (…)”10.

Reprochó que el tribunal accionado “(…) [i]ncurren en un excesivo ritual manifiesto,
que ocurre: “…cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un
obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones
devienen en una denegación de justicia” (T-053/12); en nuestro caso, es
evidentísimo el defecto aludido, en virtud a lo único que permitiría “probar” la
subordinación sería el hecho de que existiera en el desarrollo de la relación
elementos constatable de “ordenes mediante correo electrónico, solicitud para
ausentarse llamados de atención”, es decir, pretende imponer una tarifa probatoria.
Sin conderar (sic) los derechos fundamentales en juego (…)”11.

Por otra parte, frente a la configuración del defecto fáctico, aludió que “(…) [l]as
pruebas dejadas de valorar por el despacho accionado se refieren las pruebas
testimoniales, las cuales resultaron con un mayor grado de fiabilidad -por su

8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.

4

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consistencia y exactitud-, manifestaron constarle los hechos que relata de manera
directa, además, con ocasión de haberse relacionado con la suscrita accionante por
su condición de abogada en el ICBF (…)”12.

Finalmente, resaltó que “(…) [l]as actividades desempeñadas por la suscrita
siempre fueron en las instalaciones del ICBF fue un hecho indiscutido y también
corroborado por los testigos. Asimismo, el objeto social de la empresa, en todo el
tiempo de los servicios personales, el ICBF suministró a la suscrita sus equipos,
instrumentos y materiales de labores (…) [l]as tareas asignadas estuvieron siempre
bajo la vigilancia y control del ICBF: este control se expresaba de varias maneras
los testigos fueron concordantes en cuanto al cumplimiento de las directrices
señaladas por el instituto, sin que le fuera dado a la suscrita fijar por sí misma la
forma o modo como debía realizar las labores que le habían sido asignadas (…)
[e]n efecto, existe de forma fehaciente el cumplimiento de los elementos del
“contrato realidad”: en ningún caso existe la coordinación, tal como supone el
tribunal accionado (…)”13.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 5 de junio de 2024 a través del aplicativo de recepción
de tutela en línea de la página web de la Rama Judicial14 y fue asignada por reparto
a la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación.

3.2. Por auto del 18 de julio de 202415, la Subsección A, Sección Segunda del
Consejo de Estado declaró fundado los impedimentos manifestados por los
Consejeros Luis Eduardo Mesa Nieves y Jorge Iván Duque Gutiérrez.

3.3. Mediante auto del 12 de agosto de 202416 el despacho sustanciador admitió la
tutela y dispuso notificar17 al Tribunal Administrativo de Sucre, como parte
accionada; así como vincular18 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF,
como tercero interesado en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo para que remitiera copia digital o el enlace de consulta del proceso

12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2024 02857 00.
15 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2024 02857 00.
16 Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2024 02857 00.
17 Esta orden se cumplió el 15 de agosto de 2024. Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para

la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02857 00.
18 Ibidem.

5

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 02857 01
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identificado con el radicado nro. 70001 33 33 002 2021 00194 00/01, el cual fue
remitido19.

3.4. La apoderada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF presentó
escrito20 en el que luego de hacer un recuento del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, sostuvo que el elemento de la subordinación del
contrato realidad no se logró probar por ende se debía aplicar el artículo 167 del
Código General del Proceso.

Señaló que “(…) se logró demostrar que la suscrita no desempeñó de manera
subordinada las labores. Por lo tanto Manifiesta el Tribunal “En efecto, en el caso
bajo estudio, no puede hablarse de subordinación como atrás se explicó si no de
coordinación, natural del contrato de prestación de servicio, habida cuenta de que
el desempeño de las funciones de la demandante no estuvo totalmente dominado
por las directrices impartidas por la demandada tal punto que se ejerciera “… una
influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su
objeto contractual, en el proceso no aparecen directrices, ordenes por escrito,
llamados de atención y en general ningún documento que dé sustento al dicho o
afirmaciones de las testigos, ni prueba que Coordinadores impartieran órdenes a la
demandante (…)”.

3.5. La magistrada ponente de la providencia cuestionada rindió informe21 en el que
solicitó que se niegue el amparo deprecado al no existir la vulneración invocada y
manifestó que “(…) la decisión en comento, se fundamentó en las pruebas que
oportunamente fueron allegadas al expediente y en la pauta marcada por la
jurisprudencia contenciosa administrativa sobre la materia, de forma tal que los
argumentos vertidos en ella no obedecen al capricho del juzgador sino a la
valoración probatoria y a la interpretación adecuada de los fundamentos fácticos y
jurídicos puestos de presente en la misma (…)”.

3.6. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo remitió el
expediente22 del proceso de nulidad y restablecimiento derecho solicitado, de
conformidad con lo ordenado en el auto admisorio.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del
12 de septiembre de 202423, negó la solicitud de amparo, al considerar que “(…) la

19 Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2024 02857 00.
20 Visto en los índices 34 y 35 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02857 00.
21 Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2024 02857 00.
22 Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2024 02857 00.
23 Visto en el índice 40 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2024 02857 00.
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providencia del 21 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Sucre, Sala Tercera de Decisión, que revocó el fallo del 28 de septiembre de 2023
dictado por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo, no se
incurrió en los defectos aducidos por la accionante (…)”.

Para ello, inicialmente expuso que el caso objeto de estudio cumple con los
requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial. Puntualmente,
frente al requisito de relevancia constitucional, indicó “(…) que el debate planteado
por la accionante gira en torno a la presunta vulneración de sus derechos al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad (…)”.

Con posterioridad, descendió a estudiar el defecto fáctico invocado por la
accionante, y puso de presente las pruebas que sirvieron de fundamento a la
providencia enjuiciada y anotó que “(…) considera la Sala que la motivación
expuesta por la autoridad demandada para dar solución a la litis no es arbitraria,
pues trajo a colación el caudal probatorio encontrado en el plenario, procedió a su
efectiva valoración y explicó las razones por las cuales estimaba que la accionante
no cumplió con la carga de acreditar que hubo subordinación en el desarrollo de los
contratos que celebró con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),
requisito necesario para declarar la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente (…)”.

Agregó que “(…) no se configura un defecto fáctico, en tanto es justamente en el
ámbito valorativo donde el juez, a partir de los cánones de la sana crítica, cuenta
con una mayor libertad de análisis para alcanzar la verdad de los hechos que
interesan al caso (…) [e]l no estar de acuerdo con las apreciaciones que efectúa el
operador judicial, como ocurre en el sub examine, no justifica el uso de la acción de
tutela para su contradicción como si se tratara de una tercera instancia (…)”.

Resaltó que la accionante “(…) utiliza la acción de tutela para plantear un examen
de las probanzas, que, a su juicio, es el que debe darse, lo cual no puede avalarse
por el juez constitucional no solo porque no es de su competencia realizar este tipo
de valoraciones, sino porque el defecto fáctico está estructurado en específicas
causales referenciadas por la Corte Constitucional y en ninguno de los eventos
previstos se encuentra la posibilidad de estudiar la prueba bajo consideraciones
propias del juez de tutela, so pretexto de desconocimiento de las pautas de la sana
crítica, como lo pretende la parte actora (…)”.

Añadió que el Tribunal Administrativo de Sucre al momento de proferir la sentencia
atacada observó lo dispuesto en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de
2021 dictada por esta Corporación, en lo referente a los criterios, parámetros o
indicios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente
por contratos de prestación de servicios.

Aunado a lo anterior, explicó que “(…) [c]on base en ese examen, indicó el Tribunal
que en el caso de la accionante no se cumplió lo referente a demostrar la
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subordinación, en tanto se desconoció el contenido del artículo 167 del Código
General del Proceso conforme al cual «incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», pues
no acreditó la existencia de los elementos necesarios para concluir la
desnaturalización del vínculo contractual público que desvirtuara la presunción legal
prevista en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (…)”.

Comentó que “(…) la autoridad demandada profirió la providencia objeto de censura
en el ámbito de sus competencias y luego de analizar los requisitos de la relación
contractual que la accionante tenía con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) concluyó que si bien se demostró la celebración de contratos y que
recibía una remuneración, no era posible determinar la configuración de la
subordinación, exigencia indispensable para declarar la existencia de una relación
laboral encubierta como la reclamada; por tanto, no le asistía razón al a quo al
acceder a las súplicas de la demanda (…)”.

Adujo que “(…) la providencia que profirió el Tribunal Administrativo de Sucre, se
encuentra debidamente justificada, según lo dispuesto en las normas legales y
jurisprudenciales en relación con la declaración de la relación laboral encubierta o
subyacente por contratos de prestación de servicios, lo cual, en modo alguno,
constituye transgresión de sus garantías fundamentales, sino que corresponde a las
atribuciones de autonomía e independencia de las que está investido el juez de la
causa y que en forma precisa lo habilitan para aplicar la ley sustancial y fijarle su
verdadero sentido y alcance frente al caso concreto (…)”.

Precisó que “(…) el fallador constitucional no puede tomar posición en juicios de
interpretación, pues ello compete estrictamente al juez natural. El oficio del juez de
tutela, cuando se trata de providencias judiciales, es revisar que la decisión no sea
manifiestamente arbitraria y desproporcionada, lo que no ocurre en el asunto sub
examine (…)”.

Frente a la configuración del defecto procedimental, sostuvo que “(…) la accionante
hace consistir en que el Tribunal al examinar el contenido del libelo aplicó un
excesivo ritual manifiesto al considerar que lo único que permitiría demostrar la
subordinación sería el hecho de que existiera en el desarrollo de la relación
elementos constatables de «órdenes mediante correo electrónico, solicitud para
ausentarse llamados de atención», es decir, pretende imponerle una tarifa
probatoria, sin tener en cuenta los derechos fundamentales quebrantados, no tiene
vocación de prosperidad (…)”.

Lo anterior, toda vez que, “(…) el asunto concluyó con fallo de segunda instancia
que resolvió favorablemente el recurso de apelación impetrado por la parte
demandada y, en consecuencia, a denegar las súplicas incoadas dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió para que se
declarara nulo el acto que le negó el pago de prestaciones sociales y luego de un
estudio exhaustivo del caudal probatorio, de las disposiciones legales y de los
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Accionante: Adriana Patricia Ballena Santos

precedentes judiciales, concluyó que la accionante no cumplió con la carga que le
imponía el artículo 167 del Código General del Proceso, en cuanto le incumbía
probar la existencia de una relación laboral subyacente a través de un contrato de
prestación de servicios (…)”.

Finalmente, frente a la violación directa de la constitución alegada por la accionante,
insistió en que “(…) no se incurrió en violación directa de la Constitución como lo
alega la parte actora, pues se repite, precisamente en obedecimiento a las normas
legales y de los precedentes judiciales de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, se decidió el asunto, lo que de ninguna manera desconoce los artículos 13
y 53 de la Constitución, específicamente los principios de igualdad, primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales y la normativa convencional que sobre derechos laborales ha ratificado el
Estado colombiano ni va en contravía de la supremacía que comporta el artículo 4.º
de la Constitución (…)”.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó24,
manifestando, entre otras cosas, lo siguiente:

“[…] ARGUMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El planteamiento esencial de la demanda y la acción fue:

Las disposiciones citadas se presentaron y explicaron en el “Concepto de
Violación” de la demanda, el fallador las ignoró por completo, produciendo
además la trasgresión del Debido Proceso.

Resulta claro así, la afectación de derechos fundamentales que me asisten,
como: aplicación del principio Constitucional de Primacía de la Realidad
(art.53 C.N.) sobre las formas, el derecho de Acceso a la Administración de
Justicia, el derecho fundamental al Debido Proceso, el derecho a la Igualdad
en la interpretación de la ley y el principio de Confianza Legítima (seguridad
jurídica y. buena fe) en conexidad con la obligatoriedad de los
Precedentes Verticales fijados por el mismo Tribunal Administrativo.

Pese a la claridad de los argumentos con soporte en los cánones
constitucionales, la Subsección A de la Sección Segunda, profiere decisión
un exiguo fallo, sin penetrar ni esclarecer el problema de fondo, declarando
la inexistencia de violación constitucional por parte del operador de
instancia, con lo cual incurre en al menos las siguientes evidentísimas
inconsistencias jurídicas:

-No delimitó el problema jurídico de manera completa, esto es, dejó por fuera
de todo análisis sustancial de las pruebas testimoniales que fueron claras,
contundentes y sobre todo precisas.

24 Visto en el índice 44 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2024 02857 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 02857 01
Accionante: Adriana Patricia Ballena Santos

-Ni siquiera se detuvo la decisión a examinar con detenimiento la
jurisprudencia sobre el alcance de las sentencias constitucionales en las
cuales se ha establecido Precedentes Verticales fijados por el mismo
Tribunal Administrativo. Esos fallos fueron indicados en la acción, pero no
fueron objeto de examen o mención alguna.

-De igual forma, el fallo constitucional que se impugna pasa por alto el
defecto f[á]ctico cometido al omitirse la valoración de las pruebas que
demuestran el elemento de la subordinación laboral que fue sometida la
suscrita.

-Finalmente, el fallo de instancia cuando desiste del análisis de fondo que
implica acometer el problema jurídico-constitucional que se le propuso, esto
es, al dar por establecido el principio de coordinación, sin revisar si quiera
las prueba documentales Y testimoniales que lograron acreditar los
elementos que denuncian la existencia del contrato realidad, que han venido
siendo configurados por la jurisprudencia laboral y estructurados también
por la OIT en la Recomendación 198 de 2006 y la jurisprudencia
constitucional y del mismo Consejo de Estado […]”. (Mayúsculas, negrillas
y subrayas originales).

5.2. Por auto del 23 de octubre de 202425, el Consejero Luis Eduardo Mesa Nieves
indicó que “(…) a partir del 21 de octubre de 2024, me encuentro encargado del
despacho que correspondía al consejero Rafael Francisco Suárez Vargas, quien
terminó su periodo constitucional, ante quien, en su momento, presenté
manifestación de impedimento para conocer de esta demanda de tutela, el 18 de
junio de 2024, invocando la causal prevista en el artículo 56, numeral 5° del C. P.P
(…)”, el cual se declaró fundado; por lo tanto, dispuso “(…) [r]emitir, por Secretaría
General de esta corporación, el expediente de la referencia con destino a la
conjuez, doctora Carmen María Anaya de Castellanos, siguiendo el turno por
estricto orden alfabético, para que avoque conocimiento de esta causa con el fin de
que se tramite la solicitud de impugnación presentada por la señora Adriana Patricia
Ballena Santos (…)”.

5.3. Por auto del 16 de junio de 202526, la Conjuez Carmen María Anaya de
Castellanos ordeno remitir el expediente al despacho del doctor Jorge Iván Duque
Gutiérrez, para lo cual explicó que “(…) [e]n Sala de 23 de enero del presente año,
se dispuso la reconfiguración de la lista de Conjueces reduciendo el número de
integrantes de 24 a 12, con fundamento en el artículo 115 del CPACA. Y se dio por
terminada mi labor como conjuez de la Sección Segunda de esta corporación (…)
se hace necesario remitir el presente asunto al despacho del consejero Jorge Iván
Duque Gutiérrez, a quien inicialmente se repartió el proceso de la referencia. Ello
con el fin de que asuma el trámite del asunto y tome las determinaciones a que
haya lugar. (…)”.

25
Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02857 00.
26 Visto en el índice 53 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2024 02857 00.
10

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Accionante: Adriana Patricia Ballena Santos

5.4. Por auto del 21 de julio de 202527, se concedió la impugnación y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 1 de agosto de 202528.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad
con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 29,
en concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26
de mayo de 201530, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de
202131, así como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo
nro.080 del 12 de marzo de 201932, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de
diciembre de 2024 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente33:

6.2.1. La señora Adriana Patricia Ballena Santos, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, pretendiendo lo siguiente:

“[…]PRIMERA: Que es Nulo el Acto Administrativo contenido en el Oficio N°
E-2021-58400000008682-1 de fecha 23 de junio de 2021, recibido el 25 de
junio de 2021, vía correo electrónico a las 10:11 am suscrito por el Directora
(sic) de "ICBF" Doctor JHONY ENRIQUE BUELVAS VERGARA, mediante
el cual se le niega el reconocimiento y pago de prestaciones sociales y
demás emolumentos, a mi poderdante ADRIANA BALLENA SANTOS.

27 Visto en el índice 53 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2024 02857 00.
28 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2024 02857 01.
29 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente

la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma,
cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá
solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes
a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo
cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
30 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
31 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de

2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la
acción de tutela".
32
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
33
Lo que se desprende del expediente correspondiente al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 70001 33 33 002 2021
00194 00/01. Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 02857 00.
11

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Accionante: Adriana Patricia Ballena Santos

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, la entidad
demandada a reconocer condene a actora Ο a Y (sic) quien represente sus
derechos, a pagar a título de indemnización equivalente a todas las sumas
correspondientes a: Auxilio de cesantías, intereses, compensación en dinero
de vacaciones, primas de navidad, primas semestrales, y demás
emolumentos dejados de percibir inherentes a su cargo previstos en la
demandada "ICBF", como sobre remuneraciones; con los correspondientes
ajustes legales anuales.

TERCERA: Que se reembolsen a mi defendida, los aportes que debieron
hacerse a la seguridad social (pensión y salud), por todo el tiempo de
servicios y/o que se pongan a disposición de las entidades de previsión
social que disponga la demandante.

CUARTA: Se disponga que para todos los efectos legales no ha existido
solución de continuidad de los servicios prestados por mi defendida desde
el 4 de octubre de 2012 hasta 12 de septiembre de 2019.

QUINTA: Que se ordene, a la Demandada, al pago de los intereses
previstos en el Artículo 192 del C.P.A.C.A. a favor de mi representada.

SEXTA: Que se ordene, al Demandado, al pago del ajuste de valor a favor
de mi defendida.

S[É]PTIMA: Que se ordene dar cumplimiento al fallo que le dé fin al proceso
dentro de los términos establecidos en el artículo 192 del C.P.A.C.A.

OCTAVA: Que se condene a la entidad Demandada en Costas (expensas
judiciales y agencias en derecho) que se causen como resultado de la
iniciación y trámite el proceso (C-539/99, Jul. 28) […]”. (Mayúsculas,
negrillas y subrayas originales).

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Sincelejo que, en sentencia del 28 de septiembre de 2023,
dispuso lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARASE la nulidad del acto administrativo No.
202158000000012221 de fecha 23 de junio de 2021, por medio del cual, se
le negó al demandante el reconocimiento de la relación laboral, por lo dicho
en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: En consecuencia, de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho DECLARAR que existió una relación laboral
entre Adriana Patricia Ballena Santos y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar “ICBF”, el cual, deberá reconocer y pagar en el tiempo comprendido
del 5 de abril de 2013 hasta el 3 de diciembre de 2019, sin solución de
continuidad, según lo motivado.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar “ICBF”, deberá reconocer y pagar a la señora Adriana
Patricia Ballena Santos, las prestaciones sociales dejadas de percibir entre el
5 de abril de 2013 hasta el 3 de diciembre de 2019, liquidadas conforme al
valor pactado en los contratos suscritos, sin solución de continuidad,
debidamente indexadas de acuerdo con la siguiente fórmula:

(…)
12

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Accionante: Adriana Patricia Ballena Santos

En la que Ra (valor presente) se determina multiplicando el valor histórico Rh,
que es lo que corresponde al valor de los aportes pensionales de cada mes,
por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE (vigente al mes anterior a la ejecutoria de esta
sentencia) entre el índice inicial (vigente para la fecha en que se causaron las
sumas adeudadas).

La totalidad del tiempo laborado se computará para efectos pensionales, para
lo cual la entidad hará las correspondientes cotizaciones.

CUARTO: CONDÉNESE al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
“ICBF”, a título de restablecimiento del derecho, tomar el ingreso base de
cotización o IBC pensional del demandante, dentro de los periodos laborados
por contrato de prestación de servicios, mes a mes, y si existe diferencia entre
los aportes realizados por la señora Adriana Patricia Ballena Santos como
contratista y los que se debieron efectuar, deberá cotizar al respectivo fondo
de pensiones la suma faltante en concepto de aportes, pero solo en el
porcentaje que le correspondía como empleador.

En ese sentido, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó
al Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que
duró su vinculación, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o
existiese diferencia en su contra, deberá cancelar o completar, según sea el
caso, el porcentaje que le correspondía como trabajadora.

QUINTO: ABSTÉNGASE de condenar en costa en esta instancia, según lo
expuesto.

SEXTO: DECLÁRESE no probada la tacha planteada por la parte
demandada, según se motivó.

SÉPTIMO: NEGAR las demás súplicas de la demanda.

OCTAVO: La entidad demandada DARÁ cumplimiento a este fallo dentro del
término previsto en el artículo 192 del C.P.A.C.A. y si así no lo hiciere, se
condena al pago de los intereses previstos en el artículo 195 ibídem.

NOVENO: En firme este fallo, CANCÉLESE su radicación y ARCHÍVESE el
expediente, previa anotación en el Sistema Informático de Administración
Judicial Siglo XXI y para su cumplimiento […]”. (Mayúsculas y negrillas
originales de la providencia).

6.2.3. Inconforme con la anterior decisión, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar – ICBF interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de
Sucre, en sentencia del 21 de febrero de 202434 dispuso lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de fecha 28 de septiembre de
2023, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Sincelejo, por lo dicho en la parte motiva. En su lugar, se decide NEGAR
las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

34 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

70001 33 33 002 2021 00194 01.
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 02857 01
Accionante: Adriana Patricia Ballena Santos

TERCERO: Ejecutoriado este proveído, envíese el expediente al Juzgado de
origen para lo de su competencia […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de
la providencia).

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, el a quo descendió al estudio de los defectos alegados
por la accionante al indicar que los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial estaban cumplidos.

Sin embargo, la Sala estima necesario determinar, en primer lugar, si en este evento
se cumple el requisito general de relevancia constitucional, y para ello, se detendrá
en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar
que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para
luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En
ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”35.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las
razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro
modo, si no lo hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver
al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen
del requisito de relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional
ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la
sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades36:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

35 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
36 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
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(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben
estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 37. De
manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será
improcedente por no superar la relevancia constitucional.

6.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el
tercer criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces.

Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que38 “la tutela no es una
instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según
la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias judiciales no da lugar
a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la
competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se
enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)”. (Se destaca).

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto
del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión
de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial. Como se
expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el
mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una
instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la
acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o
reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la
interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente
que este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate

37 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia

del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente
nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
38 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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surtido en el proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría
desconociendo la autonomía e independencia del juez natural.

La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento, esto es, impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.

Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo y el escrito de impugnación,
la accionante pretende reabrir el debate resuelto por el juez natural de la causa en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto que controvierte la
manera en la que tribunal valoró las pruebas obrantes en el proceso y de las cuales
estima se evidenciaba la existencia de un contrato realidad, al señalar que “(…) se
pudo demostrar dentro del proceso que desarrolló mis funciones en las instalaciones
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF”, cumpliendo un horario de
trabajo, órdenes impartidas por sus superiores y acatando el deber de solicitar
permiso para ausentarse del desarrollo de sus labores, como se desprende de los
testimonio[s] de las señoras Katia Marcela Soto Herazo, Rocío Estela Ayazo Moreno
y Luz María Gómez Balmeceda. Y todas las probanzas aportadas, en conexidad
con respeto de la salvaguarda de los derechos y principios fundamentales arriba
enunciados (aplicación del principio Constitucional de Primacía de la Realidad
(art.53 C.N.) sobre las formas Debido Proceso, Acceso a la Administración de
Justicia, igualdad, derecho al trabajo, Confianza Legitima…) (…)”.

Frente a los reparos de la accionante, el Tribunal Administrativo de Sucre, en la
sentencia del 21 de febrero de 2024 que resolvió el recurso de apelación interpuesto
en contra de la sentencia de primera instancia, explicó lo siguiente39:

“[…] 6.4. Caso Concreto:

(…)

Pues bien, el A quo declaró la existencia de una relación laboral entre la
señora Adriana Patricia Ballena Santos y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar – ICBF del 5 de abril de 2013 hasta el 3 de diciembre de 2019.

En desacuerdo con lo anterior, la entidad demandada en su recurso de
apelación centra su inconformidad, aduciendo que en el asunto no se
configura una relación laboral, toda vez que la señora Ballena Santos no
desempeñó de manera subordinada las labores que desarrolló en el tiempo
de que se viene haciendo alusión.

Pues bien, con el fin de determinar la existencia del elemento subordinación
se observa que en el expediente se recibieron los testimonios de las señoras
Katia Marcela Soto Herazo, Rocío Estela Ayazo Moreno y Luz María
Gómez Balmaceda.

39 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

70001 33 33 002 2021 00194 01.
16

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Revisado el dicho de la testigo Katia Marcela Soto Herazo se advierte que
señaló haber ingresado al “ICBF” en el mismo año que la demandante -2012,
“estado juntas en el Grupo Asistencia Técnica”, constarle el cumplimiento de
horarios por parte de la demandante e identificar los coordinadores que
fungieron como supervisores de los contratos suscritos por ella; no obstante,
no ofrece certeza sobre la existencia de un vínculo subordinado, ya que no da
detalles claros y específicos de cómo era el cumplimiento de las labores de la
demandante a fin de establecer si las mismas permitían o no independencia
y requerían órdenes de algún superior inmediato diferentes a las de la
coordinación propia de las labores contratadas, tampoco especificó la testigo
en qué consistían las órdenes que supuestamente le impartían a la contratista.

Es más, señaló que el “ICBF” sacaba “unos memorandos de trabajo
obligatorio, sábados y domingos,… a Adriana le tocaba ir sábados y domingos
y laborar, muchas veces, se extendía en las noches…”, pero dichos
memorandos no aparecen en el proceso; ni los permisos que afirmó solicitaba
la demandante para ausentarse de sus labores.

En lo que atañe a la testigo Rocío Estela Ayazo Moreno se tiene que ésta
también manifestó que la demandante recibía órdenes relativas al
cumplimiento del objeto contractual. Y puntualmente al ser interrogada sobre
las supuestas órdenes recibidas a través de correo electrónico señaló: No le
entiendo la pregunta. No, de los mismos no, si no que estábamos en la misma
oficina y nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando”; es decir, de dicha
afirmación no se puede deducir la existencia de las órdenes mediante correos
y el contenido de los mismos.

En lo que respecta a la testigo Luz María Gómez Balmaceda se observa que
ella igualmente indicó que la demandante recibía orientaciones o sugerencias
sobre cómo desarrollar su trabajo, pero en sí no se refirió a órdenes impartidas
por algún superior y si bien dijo que, para ausentarse, debía solicitar permiso
al coordinador, éstos no se observan en el expediente como atrás se indicó.

En este punto cabe precisar que en los contratos de prestación de servicios
está presente el principio de coordinación, según el cual debe existir
sincronización de las actividades del contratista con las directrices que
imparte el contratante con el fin de lograr conjuntamente la ejecución eficaz
del contrato; en otras palabras, el contratista cumple sus funciones con
independencia, pero en armonía con las condiciones impuestas por su
contratante, respecto de las cuales se ejerce un seguimiento.

Diferente a este principio es la subordinación, respecto de la cual existe
dependencia del trabajador hacia su empleador, quien cuenta con la
posibilidad de disponer del trabajo de aquel. El empleador impone
condiciones de tiempo, modo y lugar para que el trabajador desarrolle sus
labores, sin que exista ningún tipo de independencia (…).

En efecto, en el caso bajo estudio, no puede hablarse de subordinación como
atrás se explicó si no de coordinación, natural del contrato de prestación de
servicio, habida cuenta de que el desempeño de las funciones de la
demandante no estuvo totalmente dominado por las directrices impartidas por
la demandada tal punto que se ejerciera “… una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual”.

(…)

Ahora, no pasa por alto la Sala el número sucesivo de contratos suscritos
entre las partes, pero de ello lo que puede inferirse es la permanencia que si
17

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bien es un indicativo de la existencia de la relación laboral, no implica por sí
sola subordinación; nótese que en la Sentencia de Unificación del 9 de
septiembre de 2021 se habló de otros indicios como "iii) La dirección y control
efectivo de las actividades a ejecutar" que en el asunto, no aparece acreditada
se insiste- "... una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a
cabo el cumplimiento de su objeto contractual".

Entonces, no se desconoce la labor desarrollada por la demandante; su
importancia en el objeto misional dado que la demandante fue vinculada para
prestar sus servicios profesionales en el grupo jurídico regional para apoyar y
asesorar en el trámite de los procesos contractuales que se adelantaran por
parte del "ICBF"; asímismo para prestar sus servicios profesionales en el
grupo de asistencia técnica para apoyar y asesorar en el trámite de los
mencionados procesos contractuales relacionados todos con atención a la
primera infancia; pues estas actividades se encuentran directamente
relacionadas con la misión de la entidad; sino que, no fueron probados los
aspectos relacionados con la forma en que la demandante prestó sus
servicios durante el tiempo de la vinculación, ni ello puede inferirse del objeto
contractual donde claramente se dejó establecido de que el contrato estaría
sujeto a supervisión.

Aunado a ello, las labores contratadas, en este caso, profesional abogado,
corresponden a empleos que implican saber intelectivo propio de la formación
profesional; sin que ello signifique que en todos los casos la ejecución y
aplicación del mismo se realice de manera autónoma; pero en el asunto no
obra prueba documental, diferente a los contratos celebrados, que demuestre
la subordinación, como sería por ejemplo alguna comunicación interna o
memorando exigiendo el cumplimiento de horario laboral.

En suma, en el proceso no aparecen directrices, ordenes por escrito, llamados
de atención y en general ningún documento que dé sustento al dicho o
afirmaciones de las testigos, ni prueba que Coordinadores impartieran
órdenes a la demandante […]”. (Mayúsculas, negrillas y subrayas originales).

Bajo dicho contexto, la Sala observa que la parte actora está utilizando la acción de
tutela como una instancia o recurso adicional para cuestionar lo resuelto por el juez
natural de la causa, e insistir que el tribunal accionado debió confirmar la sentencia
de primera instancia, ya que a su juicio se encontraban acreditados todos los
elementos de la relación laboral como lo evidenció el juez de primera instancia, por
lo que se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional aludida en
precedencia, la petición de amparo no cumple con el tercer criterio de la relevancia
constitucional.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones,
las excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la
decisión del juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de
la contestación, las pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en los
casos excepcionales que la ley prevé, de conformidad con las facultades oficiosas
que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes,
simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la
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Accionante: Adriana Patricia Ballena Santos

Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier
desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le corresponden,
utilizando además el trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese
propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia,
entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del
juez competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley
para pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto,
con el evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga
decirlo, no tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre
las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le
fueron planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido
sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales; y no es el juez de
constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular,
rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido
el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando
ella está por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han
formulado demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede
comprometer el núcleo fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho
a la defensa, en la medida en que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina.

En consecuencia, se revocará el fallo proferido el 12 de septiembre de 2024 por la
Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado que negó la solicitud de
amparo por considerar que no estaban configurados los defectos invocados por la
accionante, para en su lugar, declararla improcedente, comoquiera que no se
supera el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 12 de septiembre de 2024 por
la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado que negó la solicitud de

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amparo y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las
razones señaladas en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en los
artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de estado (E)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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