Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02885-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02885-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02885-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
29 de agosto de 2024
Demandantes: César Leoncio Castillo y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2024-02885-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02885-00
Demandantes: CÉSAR LEONCIO CASTILLO Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBCECCIÓN B.
Tema: Tutela contra providencia judicial - Falta de legitimación en la
causa por activa1.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela del asunto, conforme lo dispuesto en
el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentado mediante el Decreto 2591
de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Los señores César Leoncio Castillo, María Olegaria Angulo Sevillano, Yormary
Yurelly Castillo Ortiz, Narcisa del Rosario Castro Vallejo, y Dubier Alejainer Castillo
Castro, actuando en nombre propio presentaron acción de tutela2, contra el Consejo
de Estado – Sección Tercera – Subsección B, en la que pretenden el amparo de su
derecho fundamental al debido proceso.
En criterio de la parte accionante, la trasgresión de las citadas garantías encontró
sustento en la decisión proferida por la autoridad judicial accionada, calendada el
1 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 16.07.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-01794-00; Sentencia 02.04.20, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00395-00; Sentencia del 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-
15-000-2019-03984-00; Sentencia 23.01.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2019-04833-00; Sentencia 10.10.19, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-
2019-00157-01; Sentencia 23.08.19, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-03336-
00; Sentencia 11.04.19, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 15001-23-33-000-2019-00024-01.
2 La acción de tutela se radicó el 6 de junio de 2024.
1
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Demandantes: César Leoncio Castillo y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
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30 de noviembre de 2023, al interior del proceso ordinario de reparación directa
760012331000201100516013, que modificó los perjuicios que le fueron reconocidos
a los demandantes4 en la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca – Sala Cuarta de Decisión el día 19 de
septiembre de 20145.
1.2. Pretensiones.
Con base en lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:
[…]
1.-DEJAR SIN EFECTOS JURIDICOS EN SU INTEGRIDAD: La sentencia
entutelada, proferidas por el Consejo de Estado, anunciadas en todo cuanto precede.
2.- Que se ordene dictar nuevamente el fallo de casación en el sentido de decidir que
nos tenga como partes sobrevinientes con derecho pleno a la reparación integral
examinada.6
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
Los señores Luz Mery Paz Ramírez, Rolfen César Castillo Angulo, Jefferson David
Sinisterra Paz, Kelly Vanessa Sinisterra Paz, Aura María Paz Ramírez, Alba María
Ramírez Álvarez, Yeison Salazar Paz, Lina María Salazar Paz, Raúl Emilio Trochez
Ramírez, Melba Inés Caicedo Ramírez, y Luis Miguel López Caicedo7, actuando por
conducto de apoderado judicial, presentaron demanda ordinaria en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra el Hospital Universitario del Valle
“Evaristo García”, en la que solicitaron el reconocimiento y pago de los perjuicios
que le fueron ocasionados, en virtud de la muerte del menor Darwin Steven Castillo
Paz ocurrida el día 7 de febrero del año 2009, por la presunta falla médica en la que
incurrió la entidad asistencial mencionada8.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca9, bajo radicado
76001233100020110051600, dictó sentencia el 19 de septiembre de 201410, en la
que accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda, y, en consecuencia,
3 Índice 53 de Samai.
4 Luz Mery Paz Ramírez, Alba María Ramírez Álvarez, Jefferson David Sinisterra Paz, Kelly Vanessa
Sinisterra Paz, Raúl Emilio Trochez Ramírez, Aura María Paz Ramírez, Melba Inés Caicedo Ramírez,
Lina María Salazar Paz, Yeison Salazar Paz, y Luis Miguel López Caicedo.
5 Folios 2 a 40 Cuaderno 5 - índice 26 de Samai – Radicado 11001031500020240288500.
6 Página 23 – índice 002 Transcripción original del texto con posibles errores.
7 Respecto de los cuales se precisa que en el escrito de demanda no se precisó con claridad
quienes asumen la representación legal respecto de quienes aducen ser menores.
8 Folios 138 y siguientes Cuaderno Principal - Índice 26 Radicado 11001031500020240288500.
9 Páginas 152 a 154 Cuaderno Principal - Índice 26 Radicado 11001031500020240288500
10 Páginas 2 a 40 Cuaderno 5 - Índice 26 Radicado 11001031500020240288500
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ordenó al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, reconocer en favor de
las personas que se relacionan a continuación, las siguientes sumas de dinero:
Luego, el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, mediante
providencia del 30 de noviembre de 202311, modificó la decisión anterior y en su
lugar dispuso:
Para el efecto indicó que, aun cuando de los registros civiles de nacimiento
aportados se puede deducir el parentesco con la víctima directa en el grado
manifestado en la demanda, lo cierto es que los señores Raúl Emilio Trochez
Ramírez, Melba Inés Caicedo Ramírez (tíos), Lina María Salazar Paz, Yeison
Salazar Paz y Luis Miguel López Caicedo (primos de la víctima directa), no
11 Índice 53 - proceso ordinario de reparación directa radicado: 76001233100020110051601
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acreditaron con los testimonios la afectación sufrida por la muerte de su familiar, y
argumentó además que la sola afirmación de que todos vivían en la misma casa no
era suficiente para acreditar el perjuicio reclamado.
La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes el 15 de diciembre de
2023, mediante edicto12.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo.
Explicaron que la decisión adoptada por el Cuerpo Colegiado accionado incurrió
en defecto fáctico en sus dimensiones positiva y negativa, por no haber
incorporado las pruebas allegadas al proceso y que permitían demostrar que a los
hoy accionantes les asistía el derecho a ser reparados; además de haberse omitido
el deber de decretar pruebas de oficio conforme lo prevé el numeral 4º del artículo
170 del CGP y 212 del CPACA.
Así mismo, cuestionaron el hecho de no haberse dejado sin efecto el auto previo a
la sentencia a través del cual se negaron sus derechos con relación al menor
Darwin Steven Castillo Paz.
Manifestaron que con la decisión judicial enjuiciada también se incurrió en defecto
sustantivo o material, toda vez que las normas jurídicas que se aplicaron no
fueron precisamente las previstas en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y en el
inciso final del artículo 283 del CGP en lo que respecta a la reparación integral;
además consideró que éstas se interpretaron de manera opuesta a la Constitución
y a la ley, y alejadas de la situación fáctica.
Refirieron que adicional a lo anterior; las normas aludidas debieron ser
interpretadas de manera sistemática dentro del margen de la razonabilidad,
racionalidad y la proporcionalidad, que exige la aplicación de las normas jurídicas.
1.5. Trámite de la acción de tutela.
Por auto del 13 de junio de 202413, la magistrada ponente se manifestó impedida
para conocer del presente asunto al considerar que se encontraba incursa en la
causal establecida en el numeral 5º del Decreto 2591 de 1991, por sostener una
relación de amistad íntima y entrañable con la magistrada Zoranny Castillo Otalora,
quien hace parte de la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y suscribió la decisión de primera instancia del 19 de septiembre de 2014,
que fue confirmada el 30 de noviembre de 2023 en el marco del proceso de
reparación directa, la cual es cuestionada mediante el presente asunto.
12 Índice 55 - proceso ordinario de reparación directa radicado: 76001233100020110051601
13 Índice 05
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Mediante auto del 4 de julio de 202414, se declaró infundado el impedimento, al
considerar que, en el caso sub examine no se advierte la satisfacción de los
supuestos de hecho que concreten el impedimento aludido, dado que la magistrada
Castillo Otálora no figura como parte accionada.
Luego, a través de proveído del 22 de julio de 202415, la magistrada ponente
dispuso: i) admitir la solicitud de amparo constitucional, ii) notificar a la autoridad
judicial accionada, iii) vincular como terceros con interés al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca «a quo ordinario»; al Hospital Universitario del Valle Evaristo
García E.S.E. «entidad demandada del ordinario», a la Previsora S.A., Compañía
de Seguros «llamada en garantías en el ordinario», así como a los señores Luz Mery
Paz Ramírez, Alba María Ramírez Álvarez, Jefferson David Sinisterra Paz, Kelly
Vanessa Sinisterra Paz, Raúl Emilio Trochez Ramírez, Aura María Paz Ramírez,
Melba Inés Caicedo Ramírez, Lina María Salazar Paz, Yeison Salazar Paz, Rolfen
César Castillo Angulo y Luis Miguel López Caicedo «parte activa del ordinario», y
iv) publicar la existencia del presente trámite en el sitio web de esta Corporación.
1.6. Intervenciones.
1.6.1. Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B.16
El magistrado ponente de la sentencia del 30 de noviembre de 2023, proferida al
interior del proceso 76001-23-31-000-2011-00516-01, presentó informe en el que
destacó que mediante auto del 16 de junio de 2016 se negó la apelación adhesiva
interpuesta por los señores César Leoncio Castillo, María Olegaria Angulo Sevillano
(abuelos paternos de la víctima), Yormary Yurely Castillo Ortiz y Narcisa del Socorro
Castro Vallejo, como representante del menor Dubier Alejainer Castillo (hermano de
la víctima), al considerar que no estaban legitimados en la causa por activa, toda
vez que no fueron parte dentro del proceso de reparación directa.
Así mismo, refirió que contra la decisión anterior, las personas que ahora fungen
como accionantes interpusieron recurso de súplica, argumentando que el juez tiene
facultades oficiosas para ordenar una reparación integral a favor de todos los
afectados así no hubieran demandado; ello, al considerar que de las pruebas
aportadas era posible inferir su derecho a ser indemnizados, y en tal virtud,
sostuvieron que, en aplicación de los principios constitucionales, su reconocimiento
como afectados dentro del proceso resultaba procedente.
Por último, refirió que el recurso de súplica fue resuelto mediante auto del 6 de
noviembre de 2018, en el sentido de negar la inclusión de los peticionarios como
demandantes adicionales.
14 Índice 11 de Samai.
15 Índice 18 de Samai.
16 Índice 24 de Samai.
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1.6.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca17, el Hospital Universitario del
Valle «Evaristo García E.S.E.»18, La Previsora S.A. Compañía de Seguros19; así
como los señores Luz Mery Paz Ramírez20, Alba María Ramírez Álvarez21, Jefferson
David Sinisterra Paz22, Kelly Vanessa Sinisterra Paz23, Raúl Emilio Trochez
Ramírez24, y Aura María Paz Ramírez25, pese a ser debidamente notificados de la
existencia del presente asunto, no se pronunciaron sobre la acción de tutela.
De otro lado, y en lo concerniente a las notificaciones ordenadas a los señores
Melba Inés Caicedo Ramírez, Lina María Salazar Paz, Yeison Salazar Paz, Rolfen
César Castillo Angulo y Luis Miguel López Caicedo26, se advierte que por parte de
la Secretaría de esta Corporación se desplegaron diferentes actuaciones tendientes
a realizar de manera fructuosa las mismas, sin que ello hubiere sido posible.
Al respecto, se tiene que mediante oficios del 2927, 3028, y 31 de julio de 202429, la
Secretaria General de esta Corporación ordenó requerir a los accionantes para que
informaran a la mayor brevedad posible las direcciones físicas y electrónicas, en las
que se pudiera notificar a las personas que fungieron como demandantes dentro del
proceso ordinario; requiriéndose de manera posterior a quien actuó como
apoderado de las citadas personas dentro del medio de control de reparación
directa30, sin que hubiere sido posible obtener la ubicación de éstos.
En virtud de lo anterior, el día 2 de agosto de la presente anualidad31, la Secretaría
de esta Corporación publicó a través de aviso la existencia del presente trámite
tutelar, informando a su vez que mediante el mismo se entendía surtida la
notificación del auto admisorio, actuación que además fue publicada en la página
web de la Corporación.
17
Notificación efectuada a los correos electrónicos s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co;
s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co – índice 21 de Samai.
18 Notificación efectuada a los correos electrónicos notificacionesjudiciales@correohuv.gov.co;
pqrsf@correohuv.gov.co – índice 21 de Samai.
19 Notificación efectuada al correo electrónico notificacionesjudiciales@previsora.gov.co – índice
21 de Samai.
20 Notificación efectuada al correo electrónico luis2019@gmail.com – índice 38 de Samai.
21 Notificación efectuada al correo electrónico trochespas@gmail.com – índice 38 de Samai.
22 Notificación efectuada al correo electrónico eidyvanessapazz93@gmail.com – índice 38 de
Samai.
23
Notificación efectuada al correo electrónico leidyvanessapazz93@gmail.com – índice 38 de
Samai.
24 Notificación efectuada al correo electrónico trochespas@hotmail.com – índice 38 de Samai.
25
Notificación efectuada al correo electrónico pazramirezauramaria@gmail.com – índice 38 de
Samai.
26 No ha sido posible la notificación de acuerdo con lo consignado en los índices 43 y 44
27 Índice 25
28 Índice 27
29 Índice 29
30 Índice 33
31 Índice 37
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela formulada por los
señores César Leoncio Castillo, María Olegaria Angulo Sevillano, Yormary Yurelly
Castillo Ortiz, Narcisa del Rosario Castro Vallejo, y Dubier Alejainer Castillo Castro,
contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, en los términos del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de
2019.
2.2. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la sala resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, vulneró los
derechos fundamentales de los accionantes, con ocasión de la sentencia
proferida el 30 de noviembre de 2023, al interior del proceso de reparación
directa 76001233100020110051601, que modificó los perjuicios que le
fueron reconocidos a los demandantes en la sentencia de primera instancia
emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Cuarta de
Decisión el día 19 de septiembre de 2014?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) la legitimación e interés en las acciones de tutela (iii) de los
requisitos de procedibilidad; y (iv) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 32
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7
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Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 33 y declaró su
procedencia.34
Así pues, esta sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Legitimación e interés en las acciones de tutela.
El artículo 86 de la Constitución Política, establece que toda persona puede acudir
a la acción de tutela «para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública».
En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991 «Por el cual se reglamenta la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política», en los artículos 1°, 10, 46
y 49, precisa que dicha acción puede ser presentada por cualquier persona que
encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a
través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa,
cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover
33 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
34 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
8
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su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo
y los personeros municipales35.
De esa manera, el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que «Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto»36. (Subrayas fuera de
texto).
La Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 200337, manifestó que la acción de
tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las personas y
que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada, quien podrá
ejercerla directamente o por quien actúe en su nombre. Por consiguiente, no se
«requiere ser abogado, ni tener conocimientos jurídicos, ni mucho menos saber escribir, es
decir, la Constitución y la ley no exigen calidad alguna para el sujeto activo de la acción.
Inclusive, no es requisito esencial presentarla por escrito, la ley consagra la posibilidad de
que la misma se pueda incoar verbalmente en casos de urgencia o cuando el solicitante no
sepa escribir o sea menor de edad»38.
En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, con ponencia del Dr.
Jaime Córdoba Triviño, señaló:
«La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación
en la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de
los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha
establecido la Corte en anteriores oportunidades39, a partir de las normas de la
Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite
cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los
presupuestos legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro
posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en
los procesos de tutela» (Subraya fuera de texto)
En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el ejercicio
directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de representantes legales
(caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas
jurídicas). (iii) El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el cual el
apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se
35Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-793, 27.09.07, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
36“Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-
018 del 25 de enero de 1993, M.P. Alejandro Martínez Martínez”.
37 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T- 1020, 30.10.03, M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
38“Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo 14
del Decreto 2591 de 1991.”
39“Ver sentencia T-531 del 4 de julio de 2002, M.P, Eduardo Montealegre Lynett.”
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debe anexar el poder especial para el caso, o en su defecto el poder general
respectivo, y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso…»40.
En línea con lo anterior, el alto Tribunal Constitucional, en la sentencia T-697 de
2006, indicó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución, se tiene que «un primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela es
la exigencia de que quien solicite el amparo, se encuentre «legitimado en la causa» para
presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. La legitimación «por
activa» exige que el derecho cuya protección se invoca, sea un derecho fundamental
radicado en cabeza del demandante y no, en principio, de otra persona».
Así las cosas, es importante recordar que, en relación con la legitimación por activa
en la acción de tutela, el Órgano Límite de Interpretación Constitucional en
sentencia de Unificación SU-173 de 2015, estableció lo siguiente:
«La legitimación en la causa es un presupuesto procesal exigido en la acción de
tutela, debido a que los derechos fundamentales son inherentes a las personas y,
además, son intransferibles, aun tratándose de personas jurídicas o entidades
territoriales.
(…)
La legitimación para ejercitar la acción de tutela a favor de terceros es excepcional y
por lo mismo sólo puede intentarse cuando el interesado demuestre que se ven
afectados sus derechos fundamentales y que se halle imposibilitado para deprecar
por sí mismo el amparo constitucional; así los interesados son aquellas personas a
quienes la decisión afecte directamente en sus derechos fundamentales, esto es, las
partes del litigio».41
2.4.1. Legitimación en la causa en el caso concreto.
Antes de verificar los requisitos de procedibilidad, la Sala analizará si en el sub lite
los accionantes cumplen con el referido supuesto procesal.
Revisado el escrito de amparo, se tiene que mediante el presente asunto los
señores César Leoncio Castillo, María Olegaria Angulo Sevillano, Yormary Yurelly
Castillo Ortiz, Narcisa del Rosario Castro Vallejo, y Dubier Alejainer Castillo Castro,
pretenden que les sea amparado su derecho fundamental al debido proceso, el cual
estiman vulnerado con ocasión de la sentencia dictada por el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección B, el día 30 de noviembre de 2023 al interior del
proceso ordinario de reparación directa 76001233100020110051601, que modificó
el fallo de primera instancia emitido por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca – Sala Cuarta de Decisión el día 19 de septiembre de 2014.
40 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-552, 14.07.06, M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
41 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-173, 16.04.15., M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
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Demandantes: César Leoncio Castillo y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2024-02885-00
Ahora bien, analizado de manera integral el expediente correspondiente al medio
de control de reparación directa, y en virtud del cual se emitió la sentencia
cuestionada, la Sala advierte que las personas en mención no se encuentran
legitimadas en la causa por activa para promover el presente mecanismo
constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
De acuerdo con lo señalado en el escrito de demanda, se observa que en el referido
proceso, fungieron como demandantes los señores Luz Mery Paz Ramírez, Rolfen
César Castillo Angulo, Jefferson David Sinisterra Paz, Kelly Vanessa Sinisterra Paz,
Aura María Paz Ramírez, Alba María Ramírez Álvarez, Yeison Salazar Paz, Lina
María Salazar Paz, Raúl Emilio Trochez Ramírez, Melba Inés Caicedo Ramírez, y
Luis Miguel López Caicedo, y como demandado el Hospital Universitario del Valle
“Evaristo García”42, vinculándose de manera posterior al respectivo trámite a La
Previsora S.A. Compañía de Seguros en calidad de llamada en garantía.43 Las
pretensiones incoadas en dicha demanda fueron las siguientes:
«PRIMERA: Que el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE – EVARISTO
GARCÍA es administrativamente responsable por los daños MORALES Y DAÑO EN
VIDA DE RELACIÓN, ocasionados a los señores LUZ MERY PAZ RAMÍREZ Y
ROLFEN CÉSAR CASTILLO ANGULO, LUZ MERY PAZ RAMÍREZ EN
REPRESENTACIÓN DE SUS HIJOS MENORES JEFFERSON DAVID SINISTERRA
PAZ, Y KELLY VANESSA SINISTERRA PAZ, AURA MARÍA PAZ RAMÍREZ, EN
REPRESENTACIÓN DE SUS HIJOS MENORES YEISON SALAZAR PAZ Y LINA
MARÍA SALAZAR PAZ, RAÚL EMILIO TROCHEZ RAMÍREZ, Y MELBA INÉS
CAICEDO RAMÍREZ, en representación de su hijo menor LUIS MIGUEL LÓPEZ
CAICEDO, por el daño antijurídico ocasionado por la negligente atención médica,
consistente en la muerte de su hijo DARWIN STEVEN CASTILLO PAZ.
SEGUNDA: Que el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE – EVARISTO
GARCÍA, pagara a cada uno de los SEÑORES LUZ MERY PAZ RAMÍREZ, ROLFEN
CÉSAR CASTILLO ANGULO, Y LUZ MERY PAZ RAMÍREZ por concepto de
PERJUICIOS MORALES, el equivalente a cien (100) SALARIOS MÍNIMOS
MENSUALES VIGENTES para cada uno, como consecuencia del daño antijurídico y
la irresponsabilidad médica demandada.
TERCERA: Que el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE – EVARISTO
GARCÍA, pagara por concepto de PERJUICIOS MORALES Y DAÑO EN VIDA DE
RELACIÓN, a favor de ROLFEN CÉSAR CASTILLO ANGULO, Y LUZ MERY PAZ
RAMÍREZ (Padre y madre del fallecido), perjuicios éstos que se deberán liquidar en
concreto según las pruebas que se aporten al proceso para tal fin y de no ser posible
la liquidación en concreto se ordenara de acuerdo al Código de procedimiento civil,
en su artículo 307.
CUARTA: Que el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE – EVARISTO GARCÍA,
pagara a cada uno de los señores LUZ MERY PAZ RAMÍREZ Y ROLFEN CÉSAR
CASTILLO ANGULO, LUZ MERY PAZ RAMÍREZ en representación de sus hijos
menores JEFFERSON DAVID SINISTERRA PAZ, Y KELLY VANESSA
SINISTERRA PAZ, AURA MARÍA PAZ RAMÍREZ, ALBA MARÍA RAMÍREZ
ALVAREZ, AURA MARÍA PAZ RAMÍREZ, en representación de sus hijos menores
Yeison Salazar Paz y UNA MARÍA SALAZAR PAZ, RAÚL EMILIO TROCHEZ
42 Folios 138 y siguientes Cuaderno Principal - Índice 26 Radicado 11001031500020240288500.
43 Páginas 245 y 246 Cuaderno Principal - Índice 26 Radicado 11001031500020240288500
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Demandantes: César Leoncio Castillo y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2024-02885-00
RAMÍREZ, Y MELBA INÉS CAICEDO RAMÍREZ, en representación de su hijo menor
LUIS MIGUEL LÓPEZ CAICEDO, por concepto de DAÑO EN VIDA DE RELACIÓN,
el equivalente a cien (100) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES. Para
cada uno, como consecuencia del daño antijurídico y la irresponsabilidad médica
demandada…44»
La primera instancia se adelantó sin ninguna intervención adicional y el proceso
culminó con la sentencia de segunda instancia del 30 de noviembre de 2023, dictada
por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, mediante la cual se
modificó la decisión de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca – Sala Cuarta de Decisión el día 19 de septiembre de 2014, en
cuanto a los perjuicios que le fueron reconocidos a algunos de los demandantes.
En el escrito de tutela los accionantes manifestaron que de acuerdo con lo señalado
por la jurisprudencia de esta Corporación, los perjuicios morales y el daño a la vida
de relación se presumen, por lo que sólo bastará demostrar el parentesco con los
documentos allegados, como por ejemplo, los registros civiles de nacimiento, y en
tal virtud consideraron que en aras del principio a la igualdad, y la prevalencia del
derecho sustancial, el juez del proceso ordinario debió ordenar su incorporación al
expediente, conforme a lo previsto en el artículo 212 del CPACA.
Así mismo, y de acuerdo con lo señalado por el magistrado ponente de la sentencia
objeto de reparo45, a través de auto del 16 de junio de 2016 el respectivo Despacho
decidió negar la apelación adhesiva interpuesta por los señores César Leoncio
Castillo, María Olegaria Angulo Sevillano (abuelos paternos de la víctima), Yormary
Yurely Castillo Ortiz y Narcisa del Socorro Castro Vallejo, como representante del
menor Dubier Alejainer Castillo (hermano de la víctima), al considerar que éstos no
se encontraban legitimados en la causa por activa, toda vez que no fueron parte
dentro del proceso de reparación directa.
Aunado a lo anterior, advierte la Sala que revisadas las diferentes actuaciones
procesales surtidas al interior del proceso 76001-23-31-000-2011-00516-01
(56826), no se avizora que en algún momento las mencionadas personas hubieren
solicitado ser reconocidas como parte dentro del proceso ordinario, como tampoco
se elevaron pretensiones respecto de las mismas en el escrito primigenio.
Acorde con lo expuesto, y si bien es cierto que los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia son garantías propias del
trámite procesal, al no haber sido parte los accionantes del referido medio de control
no es posible afirmar que con la decisión adoptada por la autoridad judicial
accionada se les hubieran vulnerados tales garantías fundamentales, al no existir
ninguna relación respecto de éstos con el proceso ordinario promovido.
44 Folios 139 y 140 Cuaderno Principal - Índice 26 Radicado 11001031500020240288500.
45 Ver escrito de contestación a la demanda - Índice 24 de Samai.
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Rad: 11001-03-15-000-2024-02885-00
En tal sentido, se tiene que los accionantes no acreditaron el interés jurídico que
permita configurar su legitimación en la causa por activa en esta acción de tutela,
toda vez que, por conducto de la solicitud de amparo no puede solicitar la protección
de garantías constitucionales de las cuales no ostenta la titularidad, comoquiera que
al no ser parte del medio de control en virtud del cual se dictó la sentencia
cuestionada, es imposible que la autoridad judicial accionada hubiere vulnerado sus
derechos fundamentales con ocasión de la providencia del 30 de noviembre de
2023.
Así las cosas, habrá que de declararse la falta de legitimación en la causa por activa
de los señores César Leoncio Castillo, María Olegaria Angulo Sevillano, Yormary
Yurelly Castillo Ortiz, Narcisa del Rosario Castro Vallejo, y Dubier Alejainer Castillo
Castro, y en consecuencia, la Sala no continuará con el análisis de los requisitos de
procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial y tampoco
revisará el fondo del asunto.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA de los señores César Leoncio Castillo, María Olegaria Angulo Sevillano,
Yormary Yurelly Castillo Ortiz, Narcisa del Rosario Castro Vallejo, y Dubier Alejainer
Castillo Castro, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, REMITIR el presente asunto a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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