Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2019-00024-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2019-00024-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 15001-23-33-000-2019-00024-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
11 de abril de 2019
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / AUSENCIA DE PODER ESPECIAL
[El actor] no es el titular de los derechos fundamentales cuya protección se solicita, pues en el proceso de reparación directa no figuraba como parte demandante sino como apoderado judicial de los estos últimos. Por lo anterior, la Sala declarará la falta de legitimación por activa del [actor], para actuar en nombre propio en la acción de tutela de la referencia. (...) tanto para la interposición de la acción de tutela a través de apoderado judicial, como para la representación de cualquiera de las partes o terceros con interés en las resultas del proceso, se requiere que el interesado otorgue un poder especial a su abogado. (...) para la Sala es claro que el [actor] no cuenta con un poder especial por parte del señor [C.A.P.B.], la señora [F.A.B.M.] quienes actuaron en nombre propio como padres de quien en vida se llamó [O.F.P.B.] (q.e.p.d.) y en representación de sus hijos [C.E.P.B., C.A.P.B. y D.P.P.B.] así como la señora [A.Y.T.B.] para actuar dentro del trámite constitucional en tanto lo que reposa en el expediente es el poder conferido por estos para actuar dentro del trámite ordinario. (...) en el sub judice tampoco se encuentra configurada la agencia oficiosa, por cuanto no se indicaron los motivos por los cuales los señores demandantes en el proceso ordinario están en imposibilidad de promover por ellos mismos la acción constitucional. Para que sea admisible la figura de la agencia oficiosa, debe estar debidamente comprobado que los agenciados no se encuentran en condiciones de asumir la defensa de sus propios derechos, requisito que es desarrollo de la Carta Política en relación con el respeto a la autonomía personal, expuesto en el artículo 16.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 16 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 2591 DE 1991 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 74 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 10 / DECRETO 306 DE 1992 - ARTÍCULO 4 / DECRETO 1069 DE 2015 / DECRETO 1983 DE 2017
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 15001-23-33-000-2019-00024-01(AC)
Actor: LUIS VICENTE PULIDO ALBA
Demandado: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE DUITAMA, BOYACÁ
Temas: Revoca la sentencia que declaró la improcedencia de la acción por el requisito adjetivo de subsidiariedad y declara la falta de legitimación en la causa por activa.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra el fallo del 29 de enero de 2019, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 1, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
1.1. Mediante escrito presentado el 18 de enero de 2019, en la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja el señor Luis Vicente Pulido Alba, presentó acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Duitama, Boyacá, con el fin de reclamar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, en conexidad con el principio de favorabilidad “PRO HOMINE”, de acceso a la administración de justicia, al derecho de defensa, a la igualdad, al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio.
1.2. Los referidos derechos los considera vulnerados con ocasión de los autos del 1° de noviembre de 2018 y 29 del mismo mes y año a través de los cuales el Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Duitama, Boyacá, declaró en el primero, la falta de competencia para conocer del proceso de reparación directa con radicado No. 15238-3333-003-2018-00427-00 y en consecuencia, lo remitió al Consejo de Estado y en el segundo, declaró improcedente el recurso de apelación y negó la reposición interpuesto contra el primero.
1.3. A título de amparo constitucional solicitó:
“SEGUNDA.- En consecuencia de la anterior pretensión, dejar sin ningún efecto jurídico el “auto de fecha 14 de noviembre de 2018 por el cual R E S U E L V E (sic): PRIMERO.- DECLARAR la falta de competencia de este Despacho para conocer el asunto de la referencia… SEGUNDO.- REMITIR el presente proceso al Consejo de Estado… y el auto de Noviembre 29 de 2018 que RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación” decisiones judiciales proferidas por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO TRANSITORIO ORAL DE CIRCUITO JUIDICIAL DE DUITAMA, a cargo del Juez NILSON IVAN (sic) JIMÉNEZ LIZARAZO dentro del Medio de Control Reparación Directa, expediente No 15238-3333-003-2018-00427-00 de CARLOS ALBERTO PEÑA BENAVIDES Y OTROS contra la NACIÓN COLOMBIANA- AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y OTROS”.
2. Hechos probados y/o admitidos
2.1. La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
2.2. Los señores Carlos Alberto Peña Benavides, Flor Alba Buitrago Moreno (padres) quienes actúan en nombre propio y representación de sus hijos menores Carlos Eduardo Peña Buitrago, Cristian Alejandro Peña Buitrago y Diana Patricia Peña Buitrago así como de la señora Aura Yolanda Tocarruncho Buitrago (hermana), a través de apoderado judicial, quien actúa en el presente proceso de tutela como accionante , presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Agencia Nacional de Minería y otros bajo el radicado No. 15238-3333-003-2018-00473-00, el cual tiene por objeto que se declare la responsabilidad de las entidades demandadas por el presunto desconocimiento de la normatividad de la actividad minera que causaron el fallecimiento del señor Omar Fabián Peña Buitrago (q.e.p.d.).
2.3. El 1° de noviembre de 2018 el Juzgado Tercero Administrativo Transitorio Oral del Circuito Judicial de Duitama declaró la falta de competencia para avocar conocimiento del medio de control y en consecuencia lo ordenó remitir el proceso al Consejo de Estado. Lo anterior, por cuanto consideró que en virtud de lo previsto el artículo 295 de la Ley 685 de 2001 al encontrarse demanda la Agencia Nacional de Minería, que corresponde a una entidad del orden nacional, el proceso debía ser conocido en única instancia por el máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa.
2.4. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora presentó recurso de apelación. Mediante providencia del 29 de noviembre de 2018 el mismo juzgado declaró improcedente dicho recurso por cuanto a la luz del artículo 242 del C.P.A.C.A. la decisión solo era susceptible del recurso de reposición, motivo por el cual, dio trámite a este último y decidió no reponer la decisión cuestionada.
3. Fundamentos de la vulneración
3.1. El actor considera que las providencias cuestionadas incurren en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, en tal sentido solicitó como medida provisional la suspensión de las providencias atacadas.
3.2. En relación con el defecto sustantivo manifestó que el mismo se configuró pues no se tuvo en cuenta el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011 y se le dio prevalencia a las normas contenidas en la Ley 685 de 2001, Código de Minas.
3.3. Por otra parte, expuso que los autos incurren en desconocimiento del precedente pues existen procesos de la misma naturaleza fallados en primera instancia por los juzgados administrativos y la segunda instancia por parte de los Tribunales Administrativos, por lo que se debió tramitar el recurso de apelación interpuesto.
3.4. Para ilustrar este cargo, refirió los medios de control de reparación directa identificados con los radicados Nos. 2007-226 de Sixta Tulia Parra, 2007-064 de Dioselina Corredor de Síchaca y otros, 2007-064 de Clementina del Carmen y la acción popular No. 2007-137 de la misma señora Clementina del Carmen .
3.5. Aseguró que la acción de tutela es el único mecanismo judicial con el que cuenta para proteger los derechos fundamentales incoados dado que los autos se encuentran debidamente ejecutoriados.
4. Trámite de la acción de tutela
4.1. Con auto del 21 de enero de 2019, el despacho ponente del Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la solicitud de amparo, negó la medida provisional, ordenó notificar al Juzgado Tercero Administrativo Transitorio Oral del Circuito Judicial de Duitama y vincular al trámite como terceros interesados a la Agencia Nacional de Minería, al departamento de Boyacá, a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, al municipio de Socotá y a la empresa C.I. Bulk Trading Sur América S.A.S.
4.2. Luego de admitida la acción de tutela, mediante escrito radicado en la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá el actor, Luis Vicente Pulido Alba quien, manifestó que dentro del proceso de reparación directa actúa en calidad de apoderado de la parte actora, los señores Carlos Alberto Peña Benavides, Flor Alba Buitrago Moreno quienes actúan en nombre propio y representación de sus hijos menores Carlos Eduardo Peña Buitrago, Cristian Alejandro Peña Buitrago y Diana Patricia Peña Buitrago así como de la señora Aura Yolanda Tocarruncho Buitrago, y en consecuencia, presentó poder “que me ha sido otorgado dentro de la ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA donde me fue reconocida personería judicial para actuar y por cuya virtud se acciona la referida tutela”.
4.1. Intervenciones
4.1.1. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles a folios 38 a 41 del expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:
4.1.1.1 Juzgado Tercero Administrativo Transitorio Oral del Circuito Judicial de Duitama.
4.1.1.1.1. Mediante escrito radicado en la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá el 24 de enero de 2019 el titular del despacho solicitó que se negara el amparo constitucional de la referencia, en consideración a que los defectos alegados no se configuraban y por tal motivo, no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales alegados.
4.1.1.1.2. Adicionalmente, solicitó al despacho que se requiera al accionante para que en lo sucesivo del trámite de la acción de tutela se abstenga de utilizar lenguaje peyorativo y adjetivos ofensivos.
4.1.1.2. Departamento de Boyacá.
4.1.1.2.1. Por escrito del 22 de enero de 2019, la apoderada del departamento pidió que se despachara desfavorablemente la acción de tutela por cuanto la misma se tornaba improcedente al no reunirse el requisito de inmediatez en tanto transcurrieron más de 2 meses desde que las providencias cuestionadas fueron dictadas y no se acredita un perjuicio irremediable que habilite su procedencia.
4.1.1.3. Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corporboyacá.
4.1.1.3.1. La apoderada de la entidad, contestó la acción de tutela el 23 de enero de 2019 y pidió que denegara el amparo constitucional toda vez que el accionante no ha ejercido las acciones legales ante el juez natural y no se presenta vulneración alguna de los derechos fundamentales alegados.
4.1.1.4. C.I. Bulk Trading Sur América S.A.S.
4.1.1.4.1. Con comunicación remitida a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá el 24 de enero de 2019, el asesor de la compañía señaló que no realizaría ningún pronunciamiento respecto a la acción de tutela en tanto carece de legitimación en la causa por pasiva.
4.1.1.5. Agencia Nacional de Minería.
4.1.1.5.1. El 29 de enero de 2019 el apoderado de la Agencia consideró que la acción debe ser declarada improcedente por el requisito de subsidiariedad al existir otros mecanismos de defensa judicial y por cuanto no se evidencia una vulneración de los derechos fundamentales invocados.
4.1.1.5.2. Así mismo, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva debido a que no es la entidad llamada a satisfacer las pretensiones de la acción.
5. Fallo impugnado
5.1. En decisión del 29 de enero de 2019, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 1, declaró improcedente la acción por no cumplir con el requisito de subsidiariedad en tanto a la fecha el actor cuenta con otros mecanismos de defensa judicial y ello evidencia que la acción no tiene relevancia constitucional para pronunciarse de fondo.
5.2. Indicó que el juez natural de la causa es el Consejo de Estado quien hasta el momento no se ha pronunciado luego el trámite se encuentra en curso y no se advierte la configuración de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia de la acción.
5.3. Finalmente, hizo un llamado de atención para que en futuras ocasiones el accionante se abstenga de utilizar frases ofensivas que no corresponden a argumentos de defensa sino a manifestaciones irrespetuosas.
6. Impugnación
6.1. El fallo de tutela fue notificado el 29 de enero de 2019 y el 31 de enero de 2019 el señor Luis Vicente Pulido impugnó la decisión de primera instancia para los cual reiteró los argumentos expuestos de la demanda.
6.2. Respecto al requisito de subsidiariedad, señaló que las providencias cuestionadas se encuentran ejecutoriadas y por ello no cuenta con otros medios de defensa judicial, razón por la cual la acción de tutela es procedente.
7. Trámite en la segunda instancia: En esta etapa procesal se presentaron las siguientes actuaciones:
7.1. Auto de vinculación por indebida integración del contradictorio.
7.1.1. El despacho ponente, mediante auto del 14 de febrero de 2019, en aras de garantizar el derecho de defensa y debido proceso dentro del trámite ordenó la vinculación de la parte demandante dentro del proceso de reparación directa con radicado No. 15238-3333-003-2018-00427-00 por considerarlo como tercero con interés en las resultas del proceso.
7.1.2. Por lo tanto, en aplicación de los artículos 136 y 137 del Código General del Proceso, se ordenó a la Secretaría de la Corporación poner en conocimiento al señor Carlos Alberto Peña Benavides, la señora Flor Alba Buitrago Moreno quienes actuaron en nombre propio como padres de quien en vida se llamó Omar Fabián Peña Buitrago (q.e.p.d.) y en representación de sus hijos Carlos Eduardo Peña Buitrago, Cristian Alejandro Peña Buitrago y Diana Participa Peña Buitrago así como la señora Aura Yolanda Tocarruncho Buitrago en calidad de hermana del causante, de la nulidad saneable para que dentro de los 3 días siguientes a su notificación: (a) alegara la nulidad si así lo consideraban; (b) se pronunciara sobre la solicitud de amparo sin alegar la nulidad; o, (c) guardara silencio. En estos dos últimos eventos, se informó que aquella se entendería saneada.
7.2. Intervenciones: efectuadas las notificaciones visibles a folios 105 a 115 del expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:
7.2.1. Parte actora.
7.2.1.1. A través de correo electrónico del 12 de marzo de 2019, el señor Luis Vicente Pulido señaló como “Accionante dentro de la referida Tutela, con el debido respeto me permito allegar las direcciones de CARLOS ALRBERTO PEÑA BENAVIDES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74’359.593; FLOR ALBA BUITRAFO MORENO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46’450.075, AURA YOLANDA TOCARRUNCHO BUITRAGO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.030.641.283, mayores de edad, civilmente hábiles domiciliados y residentes en Paipa en la vereda de Cruz de Murcia, celulares No. 3142759761-3134245955.- No poseen correo electrónico.”
7.2.1.2. Adjunto, presentó un escrito, sin firma de las personas que figuran como demandantes dentro del medio de control de reparación directa.
7.2.3. Parte demandante en el medio de control de reparación directa.
7.2.3.1. Por escrito radicado el 14 de marzo de 2019, en la Secretaría General de la Corporación los señores Carlos Alberto Peña Benavides, Flor Alba Buitrago Moreno y Aura Yolanda Tocarruncho Buitrago solicitaron “AMPARAR NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES reclamados en la referida tutela”.
7.2.3.2. Manifestaron que la autoridad judicial accionada desconoce que en otro proceso como 2018-00473 de la señora Jenny Andrea Amador, se admitió la demanda de reparación directa y en ella también figuraba como demandada la Agencia Nacional de Minería y en ese sentido la decisión atacada es injusta y los perjudica en tanto desconoce las leyes vigentes.
7.2.4. Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá.
7.2.4.1. A través de correo electrónico del 13 de marzo de 2019, la apoderada de la entidad informó que no tiene conocimiento del proceso de reparación directa identificado con el radicado No. 2018-00427-00 ni ha sido constituida como parte dentro del mismo.
7.2.4.2. De otra parte, aseguró que desconoce el escrito de tutela y se abstuvo de realizar pronunciamiento alguno al respecto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la petición de amparo constitucional presentada por la parte accionante, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2017 y el artículo 2 del Acuerdo 377 de 2018 de la Sala Plena de esta Corporación.
2. Cuestión previa
2.1. La Agencia Nacional de Minería y la entidad C.I. Bulk Trading Sur América S.A.S. alegaron la falta de legitimación en la causa por pasiva debido a consideran que no son las entidades llamadas a satisfacer las pretensiones de la acción.
2.2. Al respecto, la Sala manifiesta que aquellas fueron vinculadas al presente trámite constitucional en calidad de terceros con interés, debido a que conformaron la parte demandada en el proceso de reparación directa que dio origen a la acción de tutela de la referencia, razón por la cual les asiste interés en la decisión que se adopte.
2.3. En ese sentido, esta Sección negará las solicitudes de desvinculación propuestas por las entidades referidas.
3. Problema jurídico
3.1. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca el fallo del 29 de enero de 2019, proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 1, que declaró la improcedencia de la acción por el requisito de subsidiariedad, para lo cual la Sala responderá los siguientes problemas jurídicos:
¿Tiene legitimación en la causa el señor Luis Vicente Pulido Alba en la acción de tutela de la referencia para solicitar la protección de los derechos fundamentales invocados?
¿Tiene legitimación en la causa por activa el señor Luis Vicente Pulido Alba para actuar como apoderado judicial del señor Carlos Alberto Peña Benavides, la señora Flor Alba Buitrago Moreno quienes actuaron en nombre propio como padres de quien en vida se llamó Omar Fabián Peña Buitrago (q.e.p.d.) y en representación de sus hijos Carlos Eduardo Peña Buitrago, Cristian Alejandro Peña Buitrago y Diana Participa Peña Buitrago demandantes del medio de control de reparación directa?
3.2. De resultar positiva las respuestas a las preguntas anteriores, la Sala analizará el siguiente punto:
¿La presente acción de tutela supera el requisito de procedibilidad adjetiva de subsidiariedad? De ser así ¿se vulneraron los derechos fundamentales del actor al incurrir en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente alegados?
4. Razones Jurídicas de la decisión
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) la legitimación en la causa en las acciones de tutela; y (iii) análisis del caso concreto.
4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
4.1.1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.
4.1.2. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
4.1.3. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
4.1.4. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590/2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
4.1.5. A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.
4.1.6. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
4.1.7. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que se dice vulnerado o amenazado. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental.
4.2. Legitimación e interés respecto de la acción de tutela
4.2.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona puede acudir a la acción de tutela “para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
4.2.2. En el mismo sentido el Decreto 2591 de 1991,“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/CONS_P91.HTM" \l "86" 86 de la Constitución Política”, en los artículos 1°, 10, 46 y 49, precisa que esa acción puede ser presentada por cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los personeros municipales.
4.2.3. De esa manera el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en las casos que señale este Decreto”. (Subrayado fuera de texto).
4.2.4. El artículo 10 de la disposición anotada consagra que la “acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
4.2.5. La Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 2003, que se tendrá como criterio de interpretación para el caso concreto, manifestó que la acción de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las personas y que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada, quien podrá ejercerla directamente o por quien actúe en su nombre. Por consiguiente, no se “requiere ser abogado, ni tener conocimientos jurídicos, ni mucho menos saber escribir, es decir, la Constitución y la ley no exigen calidad alguna para el sujeto activo de la acción. Inclusive, no es requisito esencial presentarla por escrito, la ley consagra la posibilidad de que la misma se pueda incoar verbalmente en casos de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad”.
4.2.6. En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño, señaló:
“La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha establecido la Corte en anteriores oportunidades, a partir de las normas de la Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en los procesos de tutela. (Subraya fuera de texto)
En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el ejercicio directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas). (iii) El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso, o en su defecto el poder general respectivo, y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso”. (Subrayado fuera del texto).”
4.2.7. En relación con el caso de la agencia oficiosa, la Corte Constitucional ha establecido que:
“Cuando la acción de tutela es interpuesta por intermedio de agente oficioso, la jurisprudencia constitucional ha señalado los siguientes elementos normativos: (i) el agente oficioso debe manifestar que está actuando como tal; (ii) del escrito de tutela se debe poder inferir que el titular del derecho está imposibilitado para ejercer la acción de tutela, ya sea por circunstancias físicas o mentales; (iii) la informalidad de la agencia, pues esta no implica que deba existir una relación formal entre el agente y los agenciados; (iv) la ratificación de lo actuado dentro del proceso.”
4.2.8. Es importante recordar que la Corte Constitucional estableció unas reglas para el apoderamiento en materia de tutela. Sobre el punto estableció lo siguiente:
“(...) Dentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala señala que el mismo es (i) un acto jurídico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume auténtico. (iii) El referido poder para promover acciones de tutela debe ser especial. En este sentido (iv) El poder conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional (...)”.
4.2.9. De lo anterior se desprende que quien manifieste que actúa como apoderado de una persona natural o jurídica en una acción de tutela, ha de estar investido de poder especial que así lo acredite, pues el mismo se otorga “…para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión”. .
4.2.10. Sobre el punto esta Sección se pronunció al respecto en los siguientes términos:
“Es por esto que tanto para la interposición de la acción de tutela a través de apoderado judicial, como para la representación de cualquiera de la partes o terceros con interés en las resultas del proceso, se quiere que el interesado otorgue un poder especial a su abogado.
Además de lo anterior, se descarta la posibilidad de que los poderes otorgados para la promoción de otros procesos se extiendan para la “representación judicial” del poderdante en asuntos diferentes, como lo puede ser la contestación de una acción de tutela, así, los hechos que le den fundamento a esta tengan origen en el proceso inicial”.
4.3. De la legitimación en la causa por activa en el caso concreto
4.3.1. Del análisis del expediente, la Sala encuentra que el señor Luis Vicente Pulido Alba, en nombre propio, presentó acción de tutela con miras a obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, en conexidad con el principio de favorabilidad “PRO HOMINE”, de acceso a la administración de justicia, al derecho de defensa, a la igualdad, al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio, razón por la cual la Sala analizará si (i) el señor Luis Vicente Pulido Alba tiene legitimación en la causa por activa; y (ii) si está acreditado para representar en la acción de tutela de la referencia, como apoderado judicial, al señor Carlos Alberto Peña Benavides, la señora Flor Alba Buitrago Moreno quienes actuaron en nombre propio como padres de quien en vida se llamó Omar Fabián Peña Buitrago (q.e.p.d.) y en representación de sus hijos Carlos Eduardo Peña Buitrago, Cristian Alejandro Peña Buitrago y Diana Participa Peña Buitrago así como la señora Aura Yolanda Tocarruncho Buitrago.
4.3.1.1. A nombre propio
4.3.1.1.1. Como se indicó en el acápite 3.2. de la parte motiva de esta providencia, la legitimación en la acción de tutela se predica del titular de los derechos fundamentales.
4.3.1.1.2. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que la presente solicitud de amparo se instauró con el fin de que se dejaran sin efecto los autos del 1° y 29 de noviembre de 2018 proferidos por el Juzgado Tercero Administrativo Transitorio Oral del Circuito Judicial de Duitama, a través de los cuales, en el primero, se remitió por falta de competencia el medio de control de reparación directa bajo el radicado No. 15238-3333-003-2018-00427-00 al Consejo de Estado y, en el segundo, se declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el primero y resolvió no reponer la referida decisión.
4.3.1.1.3. Así las cosas, para esta Sección es claro que el señor Luis Vicente Pulido Alba no es el titular de los derechos fundamentales cuya protección se solicita, pues en el proceso de reparación directa no figuraba como parte demandante sino como apoderado judicial de los estos últimos.
4.3.1.1.4. Por lo anterior, la Sala declarará la falta de legitimación por activa del señor Luis Vicente Pulido Alba, para actuar en nombre propio en la acción de tutela de la referencia.
4.3.1.2. Como apoderado judicial
4.3.1.2.1. De la revisión del expediente, la Sala advierte que el señor Luis Vicente Pulido Alba allegó a folios 35 y 36 del expediente, el poder que le fue otorgado por la parte demandante dentro del proceso de reparación directa.
4.3.1.2.2. Al respecto, la Sala considera que, de conformidad con lo expuesto en el acápite 3.2. de la parte motiva de esta providencia, la representación judicial tanto del demandante como del demandado y de los terceros, en el trámite de un recurso constitucional de amparo debe ser especial, pues se otorga “…para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión”
4.3.1.2.3. Así lo establece el artículo 74 del CGP, aplicable al trámite de la acción de tutela por disposición del artículo 4º del Decreto 306 de 1992, que prevé:
“Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados.
El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas”.
4.3.1.2.4. Es por esto que, tanto para la interposición de la acción de tutela a través de apoderado judicial, como para la representación de cualquiera de las partes o terceros con interés en las resultas del proceso, se requiere que el interesado otorgue un poder especial a su abogado.
4.3.1.2.5. Teniendo en cuenta lo expuesto, para la Sala es claro que el señor Luis Vicente Pulido Alba no cuenta con un poder especial por parte del señor Carlos Alberto Peña Benavides, la señora Flor Alba Buitrago Moreno quienes actuaron en nombre propio como padres de quien en vida se llamó Omar Fabián Peña Buitrago (q.e.p.d.) y en representación de sus hijos Carlos Eduardo Peña Buitrago, Cristian Alejandro Peña Buitrago y Diana Participa Peña Buitrago así como la señora Aura Yolanda Tocarruncho Buitrago para actuar dentro del trámite constitucional en tanto lo que reposa en el expediente es el poder conferido por estos para actuar dentro del trámite ordinario.
4.3.1.2.6. Si bien el juez constitucional de primera instancia, por auto del 21 de enero de 2019 admitió la acción de tutela, lo cierto es que en el referido auto no le reconoció personería para actuar como apoderado judicial de las personas a quienes pretende representar.
4.3.1.2.7. Adicionalmente, si bien es cierto, existe un pronunciamiento como se advirtió en el trámite de la segunda instancia por parte del señor Carlos Alberto Peña Benavides, la señora Flor Alba Buitrago Moreno y Aura Yolanda Tocarruncho Buitrago, con ocasión al auto de vinculación proferido por el despacho ponente, para conformar en debida forma el contradictorio, también lo es, que el escrito fue presentado en nombre propio, lo que deja demostrado que no existe representación alguna del señor Luis Vicente Pulido Alba en el presente trámite en tanto hablan directamente de la protección de sus derechos fundamentales como titulares de estos.
4.3.1.2.8. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera necesario aclarar que quien tiene legitimación por activa, en la acción de tutela, es el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, y de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991 la acción puede ser presentada (i) por el titular de las garantías constitucionales; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa.
4.3.1.2.9. No obstante, en el caso de actuar a través de abogado, el profesional en derecho debe contar con el respectivo poder especial que lo acredite como apoderado judicial de los titulares de los derechos fundamentales cuya protección se solicita.
4.3.1.2.10. Finalmente, la Sala observa que en el sub judice tampoco se encuentra configurada la agencia oficiosa, por cuanto no se indicaron los motivos por los cuales los señores demandantes en el proceso ordinario están en imposibilidad de promover por ellos mismos la acción constitucional. Para que sea admisible la figura de la agencia oficiosa, debe estar debidamente comprobado que los agenciados no se encuentran en condiciones de asumir la defensa de sus propios derechos, requisito que es desarrollo de la Carta Política en relación con el respeto a la autonomía personal, expuesto en el artículo 16.
5. Deber de respeto
5.1. Finalmente, la Sala considera necesario aclararle al señor Luis Vicente Pulido Alba que, en la presentación de futuras acciones de tutela, debe morigerar los términos en que se refiere respecto de las autoridades accionadas pues llama la atención de la Sala que el tutelante presentó su solicitud de amparo con calificativos y acusaciones contra dichas autoridades.
5.2. Sobre el particular, debe advertirse al actor que en virtud del artículo 78 del C.G.P., es deber de los sujetos procesales “(…) 4. Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones orales, y guardar el debido respeto al juez, a los empleados de este, a las partes y a los auxiliares de la justicia (…)”. Por lo tanto, aun cuando se presente una inconformidad contra las actuaciones de las autoridades demandadas, el actor, como usuario de la administración de justicia, debe respetar los términos en que las decisiones de la administración se profieren, así no resulten favorables a sus intereses.
6. Conclusión
6.1. En concordancia con todo lo anterior, la Sala de Decisión de la Sección Quinta de Consejo de Estado, negará las solicitudes de desvinculación propuestas por la Agencia Nacional de Minería y la entidad C.I. Bulk Trading Sur América S.A.S. y se revocará la sentencia del 29 de enero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 1, para en su lugar, declarar la falta de legitimación en la causa por activa del señor Luis Vicente Pulido Alba, por las razones señaladas en esta providencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por la Agencia Nacional de Minería y la entidad C.I. Bulk Trading Sur América S.A.S., de conformidad con las los motivos expuestos en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 29 de enero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 1, para en su lugar, DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA del señor Luis Vicente Pulido Alba, por las razones señaladas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada
ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado
Anverso del folio 13 del expediente de tutela.
El actor es apoderado en el proceso ordinario, de reparación directa, de los señores Carlos Alberto Peña Benavides, Flor Alba Buitrago Moreno quienes actúan en nombre propio y representación de los sus hijos menores Carlos Eduardo Peña Buitrago, Cristian Alejandro Peña Buitrago y Diana Patricia Peña Buitrago así como de la señora Aura Yolanda Tocarruncho Buitrago.
Folio 2 del expediente.
El radicado de este proceso se repite.
La demandante en la acción popular se repite con la referida en el proceso ordinario anterior.
Folios 32 y 33 del expediente de tutela.
Folios 42 a 45 del expediente de tutela.
Folios 46 a 58 del expediente de tutela.
Folios 59 a 63 del expediente.
Folios 69 y 70 del expediente.
Folios 71 a 85 del expediente.
Folios 86 a 90 del expediente.
Folio 91 del expediente.
Folio 92 del expediente.
Folios 116 a 118 del expediente.
Folios 124 y 125 del expediente.
A diferencia del escrito presentado por el actor que presuntamente proviene de los terceros, aquellos allegaron, de forma independiente y en nombre propio, un memorial dando respuesta a la solicitud de amparo.
Folios 131 y 132 del expediente.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 2009-01328-01. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. M.P. María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia” (Negrillas dentro del texto).
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández
“Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-018 del 25 de enero de 1993, M.P. Alejandro Martínez Martínez.”
Corte Constitucional, Sentencia T- 1020 del 30 de octubre de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño
“Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991.”
“Ver sentencia T-531 del 4 de julio de 2002, M.P, Eduardo Montealegre Lynett.”
Corte Constitucional, Sentencia T-552 del 14 de julio de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño
Corte Constitucional, Sentencia T-004 del 11 de enero de 2013. M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo
Corte Constitucional, Sentencia T-531 del 4 de julio de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett
Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 1997 del 21 de enero de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo
Consejo de Estado, Sentencia del 27 de enero de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate Rad. 2016-00196-00
Corte Constitucional. T-001 de 1997. M.P. la Corte afirmó que por las características de la acción “todo poder en materia de tutela es especial, vale decir se otorga una vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión.”
Artículo 4o. De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el Decreto 2591 de 1991. Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto.
Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado del 23 de junio de 2016 C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 73001-23-33-000-2015-00637-01
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