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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02914-00

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02914-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de los establecimientos bancarios Scotiabank Colpatria S.A., el Banco Caja Social y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas, y en consecuencia, desvincularlos del presente trámite constitucional, conforme a los argumentos expuestos. 2. Amparar el derecho fundamental de petición del señor Julián David Peña Martínez, por las razones expuestas en la motivación precedente. 3. En consecuencia, ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Archivo Central que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia proceda con el desarchivo del expediente Nro. 11001-40-03-071-2017-00493-00, solicitado por el señor Julián David Peña Martínez mediante las peticiones del 8 de noviembre de 2021 (Radicado Nro. 21-40115); del 24 de junio de 2022 (Radicado Nro. 22-57297); del 11 de octubre de 2023 (Radicado Nro. DESCLF23-0013192, número de pago: 14646, transacción/CUS: 213593490), y del 5 de septiembre de 29 En casos como los que se relacionan a continuación: 11001-03-15-000-2023-06728-00, 11001-03-15-000- 2023-07201-00, 11001-03-15-000-2023-07544-00, 11001-03-15-000-2024-02119-00 y 11001-03-15-000- 2024-00578-00. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-02914-00 Demandante: Julián David Peña Martínez 2023; y para que una vez surtido el desarchivo del expediente le notifique al peticionario tal actuación en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011. En el evento que no sea posible cumplir con el desarchivo del expediente en el término de días (10) días hábiles otorgado, el Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá deberá informar tal situación al peticionario y, además, informarle el plazo en el que procederá con el desarchivo, el cual no podrá superar el doble del inicialmente concedido (20 días). 4. Por intermedio de la Secretaría General de la Corporación, remitir copia de la presente providencia: (i) a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02914-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

25 de julio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02914-00
Demandante: Julián David Peña Martínez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-02914-00
Demandante JULIÁN DAVID PEÑA MARTÍNEZ
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas Derecho de petición. Núcleo esencial del derecho. Ausencia de
respuesta a petición. Solicitud de desarchivo de expediente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por el señor Julián David Peña Martínez de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 6 de junio de 20241, el señor Julián David Peña Martínez interpuso acción de
tutela contra la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, Oficina de Archivo Central y el Banco de Occidente, por estimar
vulnerados sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, al buen
nombre y al habeas data.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Se solicita respetuosamente se acceda a la petición y se en consecuencia el amparo de los
derechos fundamentales aquí involucrados se ordene en concreto:
4.1. ORDENAR a la OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ –
CUNDINAMARCA, dentro del término de (48) horas siguientes a la notificaciones de la
admisión de la tutela para que se realicen o tramiten todos los recursos o actuaciones
legales para que el expediente sea desarchivado. Para esto, deberán tener en cuenta
que al no existir ningún otro mecanismo para la defensa de mis derechos, y al haber
ejecutado todas las actuaciones posibles se solicita se desarchive y se expida ratificación
del archivo.
4.2. ORDENAR a la entidad accionada DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL – OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL en amparo a los derechos fundamentales
al derecho de petición, al debido proceso, al buen nombre y al habeas data en el manejo
de información financiera y crediticia propia, resolver de fondo la petición de desarchive
del proceso Ejecutivo Singular No. 110014003071 2017 00493 00 seguido en mi contra,
siendo demandante el COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES – COASMEDAS y
como consecuencia de ello se me expidan dentro del mismo término en caso de ser de
su competencia los oficios dirigidos al Banco de Occidente, informando del levantamiento
de la medida cautelar decretada respecto de la cuenta de ahorros N° 285855953

1 Samai, índice 2.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02914-00
Demandante: Julián David Peña Martínez

4.3. REMITIR AL DESPACHO DE ORIGEN, una vez el expediente sea desarchivado,
teniendo en cuenta que nos encontramos ante las situaciones contenidas en el artículo
597 del Código General del Proceso (núm. 4), para que se adelante el procedimiento de
levantamiento de embargo de la Cuenta de Ahorros del Banco de Occidente N°
285855953, a nombre de Julián David Peña Martínez con CC 80167701, por lo
anteriormente expuesto y para lo cual adjunto los documentos relacionados, la cual me
fue embargada en el desarrollo del citado proceso o en su defecto se remita el expediente
en forma inmediata al Despacho de conocimiento para que dentro del mismo término se
emitan los citados oficios.
4.4. ORDENAR al BANCO DE OCCIDENTE la remisión del oficio por medio del cual dio
respuesta al Juzgado Setenta y Uno (71) Civil Municipal de Bogotá, respecto de indicar
que no aplicaría el embargo ordenado por ser una cuenta de ahorros y no reunir los
requisitos para ejecutar lo ordenado, así como la justificación por la cual después de
archivado el proceso aplicó el embargo y marcó en Centrales de Riesgo en estatus
“embargada” la cuenta de ahorros 285855953, a nombre de Julián David Peña Martínez
con CC 80167701.” (Sic a toda la cita)

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogotá conoció del proceso
ejecutivo Nro. 11001-40-03-071-2017-00493-00 promovido por la Cooperativa
de los Profesionales Coasmedas contra el señor Julián David Peña Martínez.
Proceso que, con posterioridad, le fue asignado al Juzgado Cuarenta y Cuatro
Civil Municipal de Bogotá, en razón a una medida de descongestión.

2.2. El 4 de agosto de 2017, el Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogotá
elaboró los oficios de embargo, luego de decretar las medidas cautelares que
fueron solicitadas en la demanda.

2.3. El accionante afirmó que, el 7 de noviembre de 2017, al momento de la
expedición de los Oficios el Banco de Occidente indicó que al tratarse de una
cuenta de ahorros con ingresos menores no había acatado la instrucción del
embargo. Razón por la cual, el Juzgado no expidió el oficio ordenando el
correspondiente desembargo ya que no se había materializado tal medida.

2.4. Mediante auto del 26 de marzo de 2019, el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil
Municipal de Bogotá decretó la terminación del proceso Nro. 11001-40-03-071-
2017-00493-00 por desistimiento tácito, y ordenó el levantamiento de las
medidas cautelares.

2.5. El 29 de marzo de 2019, se dictaron los Oficios Nro. 743 y 744 dirigido al
Registrador de Instrumentos Públicos y a la Secretaría de Movilidad,
respectivamente, en donde se solicitaba cancelar la orden de embargo emitida
por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá.

2.6. El 29 de mayo de 2019, el proceso ejecutivo pasó a archivo definitivo en la
Caja 12-2019 del Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá.

2.7. Pasado el tiempo, el actor necesitó desarchivar el expediente Nro. 11001-40-
03-071-2017-00493-00, al advertir que la medida cautelar que se decretó en
el proceso ejecutivo sobre la cuenta de ahorros Nro. 28****953 del Banco de
Occidente, seguía activa. Para ello diligenció el formulario de desarchivo en
línea y pagó el arancel en tres oportunidades, así: (i) el 8 de noviembre de
2021, Radicado Nro. 21-40115, (ii) 24 de junio de 2022, Radicado Nro. 22-
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02914-00
Demandante: Julián David Peña Martínez

57297 y (iii) el 11 de octubre de 2023, Radicado Nro. DESCLF23-0013192,
número de pago: 14646, transacción/CUS: 213593490. Sin obtener respuesta.

2.8. Dado el silencio, el señor Julián David Peña Martínez presentó, en dos
oportunidades, peticiones a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, Archivo Central, en las siguientes fechas: (i) 5 de
septiembre de 2023, y (ii) 10 de octubre de 2023, sin haber obtenido
respuesta.

3. Fundamentos de la acción

En el escrito de tutela se acusó la vulneración de los derechos fundamentales de
petición, al debido proceso, al buen nombre y al habeas data de la parte actora
comoquiera que, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, Oficina de Archivo Central no ha dado respuesta a las tres solicitudes de
desarchivo del expediente Nro. 11001-40-03-071-2017-00493-00 (que se ubica en la
caja 12 2019 del Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá), presentadas a
través del formulario virtual, y a las dos peticiones radicadas por el señor Julián
David Peña Martínez, en donde reitera su solicitud de desarchivo.

El actor manifestó, que la razón para solicitar el desarchivo del proceso ejecutivo
Nro. 11001-40-03-071-2017-00493-00, que terminó por desistimiento tácito en el
año 2019, es que actualmente existe una medida cautelar de embargo sobre su
cuenta de ahorros Nro. 28****953 del Banco de Occidente, respecto de la cual, en
su momento, se omitió expedir el oficio que ordenara cancelarla pues el Juzgado
creía que el Banco no había materializado la medida.

Mencionó que se le está generando varios perjuicios por la existencia de la medida
cautelar de embargo, pues no le permite adquirir productos financieros y le registra
una baja calificación en centrales de riesgo. Explicó que toda esta situación se
generó a raíz de que el Banco de Occidente, cuando el proceso estaba activo,
informó al Juzgado que no practicaría el embargo, que en efecto sí se practicó.
Como fundamento de su acción citó varias sentencias de la Corte Constitucional
para explicar los derechos fundamentales que considera se le están vulnerando.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 13 de junio de 20242, el despacho ponente admitió la acción de
tutela presentada por el señor Julián David Peña Martínez, quien actúa en
nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá Cundinamarca, el
Banco de Occidente y la Oficina de Archivo Central del Centro de Servicios
Administrativos para Juzgados Civiles, Laborales y de Familia; se vinculó en
calidad de tercero con interés a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, a la Oficina de Archivo de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá, a la Cooperativa de los Profesionales
Coasmedas, al Banco Caja Social, al Banco Scotiabank Colpatria, al Banco
Popular, al Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogotá y al Juzgado
Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá; se solicitó a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Oficina de Archivo Central un
informe sobre el estado actual de la solicitud de desarchivo del expediente Nro.

2 Samai, índice 4.
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Demandante: Julián David Peña Martínez

11001-40-03-071-2017-00493-00 y de las actuaciones que se han surtido al
respecto; y se dispuso a efectuar las notificaciones correspondientes.

4.2. El Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogotá3, remitió contestación
en la que realizó un recuento del trámite que le impartió al proceso ejecutivo
Nro. 2017-00493-00. Mencionó que el 7 de julio de 2017, libró mandamiento
de pago, se decretó las medidas cautelares y se dispuso la notificación del
extremo pasivo de la litis; el 4 de agosto de esa misma anualidad se elaboraron
los oficios de embargo; el 4 de septiembre de 2017 se decretó el embargo, y
el oficio se elaboró el 13 de ese mismo mes y año.

Dijo que, en razón a unas medidas de descongestión implementadas por el
Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo PCSJA18-11127 de
octubre 12 de 2018, el expediente fue enviado en físico el 1° de febrero de
2019 al Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá. El cual mediante
auto del 26 de marzo de 2019 decretó la terminación del juicio por
desistimiento tácito, y elaboró los oficios de desembargo el 12 de abril de esa
anualidad. Para el 29 de mayo de 2019, el expediente fue ubicado en la Caja
Nro. 12 de 2019, en archivo definitivo (como se observa en la página de la Rama
Judicial según captura de pantalla que se adjuntó).

Precisó que las pretensiones de esta acción giran en torno al desarchivo del
proceso ejecutivo, por lo que no le corresponde a esta autoridad judicial
responder al respecto, pues ese expediente no se encuentra en su custodia.
Añadió que tampoco es posible hacer un análisis exhaustivo de las
actuaciones que se desplegaron al interior del proceso al no contar con él. Y
solicitó que se negara esta acción al considerarla improcedente.

4.3. El Banco de Occidente4 rindió dos informes, en los que manifestó que
actualmente la cuenta de ahorros Nro. 28****953, de la cual es titular el señor
Julián David Peña Martínez, se encuentra embargada, por oficio que les fue
allegado el 17 de octubre de 2017.

Precisó que el Banco de Occidente es un mero ejecutor de las órdenes
judiciales, en este caso de la emitida por el Juzgado Setenta y Uno Civil
Municipal de Bogotá, mediante el Oficio Nro. 2418 del 13 de septiembre de
2017, en la que se ordenó el embargo y retención de los dineros que se
encontraran por cualquier concepto.

Dijo que como entidad financiera genera reporte del estado de las cuentas ante
las centrales de riesgo, por lo que confirmó que no existía inconsistencia en la
información aportada en esta contestación.

Añadió que para el levantamiento de las medidas cautelares se debe aportar
la radicación de los oficios, para poder ejecutar la orden impartida por la
autoridad judicial, por lo que, en este caso no se advierte ningún oficio enviado
por parte del Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogotá.

Solicitó ser desvinculado de este proceso constitucional al considerar que esta
entidad financiera no se encuentra vulnerando ningún derecho fundamental.

3 Samai, índice 8.
4 Samai, índice 9 y 10.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02914-00
Demandante: Julián David Peña Martínez

4.4. El establecimiento bancario Scotiabank Colpatria S.A.5, manifestó que no
tiene vínculo comercial o contractual con el accionante, por lo tanto, no fue
notificado de ninguna orden de embargo, ni tampoco de desembargo. En
consecuencia, solicitó su desvinculación del proceso, al existir falta de
legitimación en la causa por pasiva.
4.5. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca -
Amazonas6, mencionó que mediante el Acuerdo PCSJA22-12033 del 29 de
diciembre de 2022, se creó la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Cundinamarca – Amazonas (tras la escisión de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá respecto de la de Cundinamarca).

Dijo que realizó la verificación correspondiente y advirtió que no hay solicitud
que, de acuerdo con sus competencias, debiera ser atendida. Precisó que no
vulneró directa ni indirectamente los derechos fundamentales del accionante,
toda vez que esta entidad carece de competencia para efectuar el trámite
requerido por el señor Peña Martínez y señaló que en su caso existe falta de
legitimación en la causa por pasiva. Finalmente, solicitó que se declarara la
improcedencia de esta acción.
4.6. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura7, rindió informe en el
que solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva de
esa dependencia y se le desvincule del proceso, porque las acciones y
omisiones vulneradoras de derechos recaen únicamente en la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá. Esto, porque la oficina de
archivo se encuentra adscrita a dicha Corporación de conformidad con el
artículo 3° del Acuerdo PCSJA17-10784 del 26 de septiembre de 2017.
Añadió que el Consejo Superior de la Judicatura no es el llamado a cumplir las
órdenes que se expidan con el fin de amparar las garantías constitucionales
del accionante, más aún cuando el actor no aportó pruebas que permitieran
colegir que radicó una solicitud a través de los canales de esa Corporación. Y
puso de presente que en caso de pérdida total o parcial el legislador había
previsto el artículo 126 del Código General del Proceso para la reconstrucción.
4.7. El Banco Caja Social8, solicitó su desvinculación de esta acción de tutela por
falta de legitimación en la causa por pasiva por inexistencia de conductas
transgresoras de los derechos fundamentales del actor. Esto en razón a que
el accionante no tiene vínculo comercial con esta entidad, tampoco se advirtió
la existencia de peticiones presentadas, y no se han allegado oficios de
embargo relacionados con el señor Peña Martínez.
4.8. El Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá9, manifestó que
en ese juzgado se adelantó el proceso ejecutivo Nro. 2017-00493-00
promovido por la Cooperativa de los Profesionales contra Julián David Peña
Martínez, señaló que terminó por desistimiento tácito con auto del 26 de marzo
de 2019, y fue archivado en la Caja 12 de 2019, por lo que se encuentra en
custodia del Archivo Central. Finalmente pidió la desvinculación del trámite de
la referencia.

5 Samai, índice 11.
6 Samai, índice 12 y 17.
7 Samai, índice 13.
8 Samai, índice 14.
9 Samai, índice 15.
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4.9. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
y la Oficina de Archivo Central no dieron respuesta a la acción de tutela10,
aunque fueron debidamente notificadas sobre su existencia a los siguientes
buzones de notificación: solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co,
jguzmansa@cendoj.ramajudicial.gov.co 11, notificacioncsjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co,
archivocentralbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co, desajbtanotif@cendoj.ramajudicial.gov.co.
De igual forma, la Oficina de Archivo Central del Centro de Servicios
Administrativos para Juzgados Civiles, Laborales y de Familia, guardó
silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199112, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Cuestión previa
El establecimiento bancario Scotiabank Colpatria S.A., el Banco Caja Social, la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas, el
Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá y la Presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura, solicitaron que se declarara su falta de legitimación en la
causa por pasiva.
Al respecto, estudiados los argumentos presentados por cada uno de ellos, se
observa que al establecimiento bancario Scotiabank Colpatria S.A., al Banco Caja
Social y a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca –
Amazonas les asiste razón, toda vez que estas autoridades no se encuentran
encargadas del manejo y funcionamiento del Archivo Central de la ciudad de
Bogotá. A su vez, se advierte que la petición, no la remitió el accionante a esas
autoridades, por lo que se dispondrá en la parte resolutiva la respectiva
desvinculación.
De otro lado, respecto del Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá y
el Consejo Superior de la Judicatura, se debe indicar que el primero no será
desvinculado dado que en un eventual amparo sería la autoridad judicial que
recibiría el expediente una vez sea desarchivado, y el segundo tampoco, pues se le

10 Samai, índice 7. Notificación del auto admisorio. De igual forma estas autoridades guardaron silencio al
segundo requerimiento que realizó la Secretaría General para que informaran sobre el estado actual de la
solicitud de desarchivo del expediente Nro. 11001-40-03-071-2017-00493-00 y de las actuaciones que se
han surtido al respecto, como obra en el índice 16 de Samai.
11 Correo electrónico del Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bogotá, doctor José Camilo
Guzmán Santos.
12 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02914-00
Demandante: Julián David Peña Martínez

remitirá copia de la presente providencia para su conocimiento, como se
mencionará más adelante.

3. Planteamiento del problema jurídico

Es del caso precisar que el sujeto pasivo del derecho fundamental de petición objeto
de análisis es la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
dado que las múltiples solicitudes de desarchivo, que afirma haber presentado el
señor Julián David Peña Martínez del expediente Nro. 11001-40-03-071-2017-
00493-00, que se enumeran a continuación: (i) solicitud de desarchivo a través del
aplicativo, del 8 de noviembre de 2021, Radicado Nro. 21-40115, (ii) solicitud de
desarchivo a través del aplicativo, del 24 de junio de 2022, Radicado Nro. 22-57297,
(iii) solicitud de desarchivo a través del aplicativo, del 11 de octubre de 2023,
Radicado Nro. DESCLF23-0013192, número de pago: 14646, transacción/CUS:
213593490, (iv) petición de desarchivo del 5 de septiembre de 2023, (v) petición de
desarchivo del 10 de octubre de 2023, incumben a un proceso cuyo conocimiento
correspondió a los Juzgados Setenta y Uno Civil Municipal de Bogotá y Cuarenta y
Cuatro Civil Municipal de Bogotá.

Esto quiere decir que el encargado de la gestión pretendida es la Oficina de Archivo
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, tal como
lo dispone el Acuerdo PCSJA17-10784 del 26 de septiembre de 201713. Por lo que,
le corresponde a la Sala determinar si la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá incurrió en vulneración del derecho fundamental
de petición del señor Julián David Peña Martínez.

4. Núcleo esencial del derecho fundamental de petición

De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta
resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de
la Carta.

La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.

El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia constitucional14, que ha dispuesto
que son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho, a saber: (i) la pronta
resolución; (ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara,

13 “Por el cual se establecen las políticas generales de gestión documental y archivo para la Rama Judicial y
se dictan reglas para asegurar su implementación, en un solo acto administrativo”.
14 Dentro de las providencias recientes se remite a lo dispuesto en la sentencia T-167 de 2013 (M.P. Nilson
Pinilla Pinilla), en la que se hace una presentación integral de este derecho y de una de sus especies, el
derecho de acceso a los documentos públicos (consagrado en el Art. 74 CP). Dentro de las providencias
iniciales, sin duda, debe tenerse presente lo dispuesto en la sentencia T-426 de 1992 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz), en la que se hace un estudio preciso acerca de la determinación del núcleo esencial de
los derechos fundamentales y, en especial, del núcleo del derecho de petición.
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Demandante: Julián David Peña Martínez

precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la decisión adoptada
se le notifique al peticionario15.

En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición, por ello se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa
vulneración del derecho fundamental de petición, ya que “existe una diferencia entre el
derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido.”16.

En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido17.
De conformidad con el inciso 2º del artículo 13 del CPACA18, “Toda actuación que inicie
cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras
actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o
funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información,
consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y
reclamos e interponer recursos”.

En lo que respecta a la notificación de la respuesta al derecho de petición, la Corte
Constitucional indicó que corresponde a la administración actuar con diligencia para
que la respuesta sea conocida por el interesado, gestión que denota lealtad y
publicidad de las actuaciones de la administración y permite materializar el derecho
al debido proceso del administrado, ya que es condición necesaria para que el
interesado ejerza su derecho de defensa y contradicción.
Además, la Corte Constitucional hace énfasis en que, “la administración tiene la carga
probatoria de demostrar que notificó al solicitante su decisión, pues el conocimiento de esta hace
parte del intangible de ese derecho que no puede ser afectado” 19.

5. Del contenido de la petición y el trámite impartido por la autoridad
accionada
5.1. Se tiene que, el señor Julián David Peña Martínez, en su escrito de tutela,
aseguró que diligenció el formulario de desarchivo en línea del expediente Nro.
11001-40-03-071-2017-00493-00 y pagó el arancel en tres oportunidades, así:
(i) el 8 de noviembre de 2021, Radicado Nro. 21-40115, (ii) 24 de junio de
2022, Radicado Nro. 22-57297 y (iii) el 11 de octubre de 2023, Radicado Nro.
DESCLF23-0013192, número de pago: 14646, transacción/CUS: 213593490.
Sin obtener respuesta.
A su vez, presentó dos peticiones a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, Archivo Central, pidiendo información del

15 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
16 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
17 Sentencia T-587 de 2006, Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería, providencia del 27 de julio de 2006.
18 Sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental
de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
19 Corte Constitucional. Sentencia T-149 de 2013.
8

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desarchivo en las siguientes fechas: (i) 5 de septiembre de 2023, y (ii) 10 de
octubre de 2023, sin que le hubieran contestado.
5.2. De la revisión del escrito de tutela, de los anexos y de las contestaciones
allegadas, se advierte que, el 14 de julio de 2021 a las 18:1020, el señor Julián
David Peña Martínez presentó una primera solicitud de desarchivo y
desembargo del proceso Nro. 11001-40-03-071-2017-00493-00, dirigida al
Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá
(cmpl44bt@cendoj.ramajudicial.gov.co). De la cual no se observa respuesta.

El 8 de noviembre de 2021 a las 12:4821, la Oficina de Archivo Central Bogotá
le remitió una comunicación electrónica al hoy accionante en donde le
informaron que había diligenciado con éxito una solicitud de desarchivo del
expediente Nro. 2017-00493-00, la cual quedó radicada bajo el Nro. 21-40115,
por lo que esa oficina procedería a realizar la búsqueda, y el peticionario podría
realizar la consulta del trámite después de 30 días, así:

El 24 de junio de 2022, a las 12:0822, la Oficina de Archivo Central de Bogotá,
le informó al accionante que su petición de desarchivo del proceso ejecutivo
fue radicada con el Nro. 22-5729723, y que en un término aproximado de 90
días hábiles podría realizar la consulta del estado de su solicitud al correo
electrónico: consultaacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co indicando en el asunto
“Consulta radicado Nro. 22-57297”.
El 24 de febrero de 2023 a las 2:44 p.m.24, el señor Peña Martínez remitió un
correo electrónico a la Oficina de Archivo Central a la dirección:
consultaacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, en el que pidió información del estado

20 Samai, índice 2. Archivo “5_EXPEDIENTEDIGI_PRUEBA_6_6_202414_15_2_20240611111226043. Pdf”
Folio 36 y 47.
21 Samai, índice 2. Archivo “5_EXPEDIENTEDIGI_PRUEBA_6_6_202414_15_2_20240611111226043. Pdf”
Folio 27, 31 y 34.
22 Samai, índice 2. Archivo “5_EXPEDIENTEDIGI_PRUEBA_6_6_202414_15_2_20240611111226043. Pdf”
Folio 20, 33 y 35.
23 Del encabezado de los correos electrónicos el número de radicado varió a 21-57297.
24 Samai, índice 2. Archivo “5_EXPEDIENTEDIGI_PRUEBA_6_6_202414_15_2_20240611111226043. Pdf”
Folio 43.
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de su solicitud de desarchivo Nro. 22-57297. Respecto de esta no se advierte
respuesta alguna en el expediente.
El 5 de septiembre de 2023 a las 12:3225, el señor Julián David dirigió un
derecho de petición al Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados
Civil Laborales y de Familia de Bogotá, solicitando el desarchivo del
expediente Nro. 11001-40-03-071-2017-00493-00, y manifestando que “[…]
solicito y ante las permanente solicitudes inatendidas de desarchivo del proceso, y con el fin
de lograr sin acudir a la tutela, que se desarchive el proceso que se encuentra en Archivo
Definitivo, en la caja 12 2019, del Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Civil Municipal de Bogotá,
habiéndose realizado las consignaciones, diligenciamiento del formato virtual sin que se
lograra que el proceso nuevamente llegará al despacho del juzgado, situación que escapa al
dominio del Despacho y del suscrito. […] he solicitado por medio de los diferentes mecanismos
el desarchive del proceso, sin haber tenido éxito, por lo cual acudo al derecho de petición a fin
de que se ordene a quien corresponda el desarchivo del proceso […]”, esta última
dependencia redirigió la petición, el 6 de septiembre de 2023 a las 8:00 a.m.,
a la Oficina del Archivo Central de la DESAJ Bogotá a la dirección:
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, y esta última remitió la
solicitud, ese mismo día, al Archivo Central Santo Domingo (de esta petición no
se advierte respuesta), a continuación se observa la última remisión de esa
petición:

De fecha 11 de octubre de 202326, se advierte una confirmación de transacción
aprobada por PSE, cuyo ticket corresponde al Nro. 14646, con concepto de
desarchivo por valor de $6.900, así:

25 Samai, índice 2. Archivo “5_EXPEDIENTEDIGI_PRUEBA_6_6_202414_15_2_20240611111226043. Pdf”
Folio 4 a 8 y 32.
26 Samai, índice 2. Archivo “5_EXPEDIENTEDIGI_PRUEBA_6_6_202414_15_2_20240611111226043. Pdf”
Folio 30.
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Ese mismo 11 de octubre a las 11:10 a.m.27, se remitió un correo electrónico
desde el Aplicativo de Registro Nacional de Abogados Bogotá
(regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co) a la Dirección Seccional de Administración
Judicial Bogotá (desajbtanotif@cendoj.ramajudicial.gov.co), cuyo asunto era
“solicitud desarchivo proceso 110014003071 2017 00493 00”. Correo que fue
reenviado el 12 de octubre de 2023 a las 8:00 a.m. por la Dirección Seccional
de Administración Judicial Bogotá al correo electrónico del Archivo Central
DESAJ (solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co) por
considerarlo de su competencia y con copia al Aplicativo Registro Nacional de
Abogados Bogotá, este último le remitió ese mismo 12 de octubre a las 8:54
a.m. al señor Julián David Peña Martínez un correo en donde le puso de
presente que su solicitud había sido trasladada al Archivo Central DESAJ
Bogotá, así: “Se reenvía correo donde dieron traslado de su solicitud a: Archivo Central
DESAJ - Bogotá - Bogotá D.C. y a donde puede hacer trazabilidad de su solicitud, sin que
medie esta cuenta correo.”. De esta petición no se advierte ninguna respuesta.

5.3. Los elementos de convicción aportados a esta acción de tutela dan cuenta de
que en efecto el señor Julián David Peña Martínez, solicitó el desarchivo en
línea del expediente Nro. 11001-40-03-071-2017-00493-00 en tres
oportunidades y presentó una petición a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, Archivo Central. De cada una de ellas se
concluye:

Solicitud (8 de noviembre de 2021, Radicado Nro. 21-40115), no se
evidencia del diligenciamiento del formulario ni del pago del arancel, sin
embargo, sí se observó que en esa fecha la Oficina de Archivo Central Bogotá
le remitió una comunicación electrónica al accionante informándole que su
solicitud de desarchivo del expediente Nro. 2017-00493-00 quedó radicada
bajo el Nro. 21-40115, y para consultar el estado del trámite debería hacerlo
después de 30 días. De esta primera solicitud no se advierte que el accionante
hubiera consultado el resultado de la búsqueda pasado el tiempo que se le
indicó, ni de la eventual respuesta que esa oficina pudo haberle brindado.

Solicitud (24 de junio de 2022, Radicado Nro. 22-57297), no se advierte el
diligenciamiento del formulario ni del pago del arancel, sin embargo, sí se
observó que la Oficina de Archivo Central de Bogotá, le informó al accionante
que su petición de desarchivo del proceso ejecutivo fue radicada con el Nro.

27 Samai, índice 2. Archivo “5_EXPEDIENTEDIGI_PRUEBA_6_6_202414_15_2_20240611111226043. Pdf”
Folio 1 a 3.
11

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22-57297, y que en un término aproximado de 90 días hábiles podría realizar
la consulta del estado de su solicitud al correo electrónico:
consultaacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. Razón por la cual, también se
advierte que el accionante remitió un correo electrónico, el 24 de febrero de
2023, a la mencionada dirección pidiendo información del estado de su
solicitud Nro. 22-57297. Frente a esta última consulta no se observa que la
Oficina de Archivo Central le hubiera dado respuesta alguna.

Solicitud (11 de octubre de 2023, Radicado Nro. DESCLF23-0013192,
número de pago: 14646, transacción/CUS: 213593490), se ve que está
coincide con la fecha en la cual manifestó el accionante que había presentado
el segundo derecho de petición (10 de octubre de 2023). De esta solicitud se
cuenta con la confirmación del pago del desarchivo por valor de $6.900, y los
correos electrónicos mediante el cual la Dirección Seccional de Administración
Judicial Bogotá remitió, el 12 de octubre de 2023, al Archivo Central DESAJ
(solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co) la solicitud. De esta
petición no se advierte que la Oficina de Archivo Central haya brindado alguna
respuesta.

Adicionalmente, el actor manifestó que presentó dos peticiones a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Archivo Central,
pidiendo información del desarchivo en las siguientes fechas: (i) 5 de
septiembre de 2023, esta petición fue dirigida al Centro de Servicios
Administrativos para los Juzgados Civil Laborales y de Familia de Bogotá,
autoridad que la redirigió, el 6 de septiembre de 2023 a las 8:00 a.m., a la
Oficina del Archivo Central de la DESAJ Bogotá a la dirección:
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, y esta última remitió la
solicitud, ese mismo día, al Archivo Central Santo Domingo. De esta petición
tampoco se advierte ninguna respuesta. Finalmente, de la petición del (ii) 10
de octubre de 2023, se debe decir que corresponde a la misma solicitud del
11 de octubre de 2023, mencionada anteriormente.

Por lo que se observa que desde el año 2021, el señor Peña Martínez ha
venido presentando solicitudes y peticiones, encaminadas al desarchivo del
expediente Nro. 11001-40-03-071-2017-00493-00 sin que se observe que la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Archivo
Central, le hubiera dado respuesta, al ser la autoridad encargada del trámite
de desarchivo de proceso que fue de conocimiento del Juzgado Setenta y Uno
Civil Municipal de Bogotá y Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá.

Razón por la cual, las fechas mencionadas en cada una de las solicitudes son
el parámetro para computar los términos de respuesta del derecho de petición,
que, para solicitudes de carácter general, como la que nos ocupa, es de 15
días hábiles, conforme lo dispuesto en el inciso primero del artículo 14 de la
Ley 1755 de 2015. Plazos que se cumplieron sin que el señor Peña Martínez
hubiera obtenido respuesta.

5.4. Ahora, dado que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá y la Oficina de Archivo Central no respondieron la acción de tutela,
ni remitieron alguna comunicación posterior en la que informaran el estado
actual de las solicitudes del señor accionante, como tampoco se allegaron
prueba de que se le hubiera informado al actor el estado actual de las
peticiones, debe aplicarse la presunción de veracidad establecida en el artículo
12

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20 del Decreto 2591 de 1991 y tener por cierta la omisión de respuesta a las
cuatro solicitudes presentadas por el señor Julián David Peña Martínez en las
que pedía el desarchivo del expediente Nro. 11001-40-03-071-2017-00493-00.
En consecuencia, se encuentra acreditada la vulneración del derecho
fundamental de petición del accionante.

Como se indicó en apartes anteriores,la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha establecido que el derecho de petición se concreta con la
respuesta clara, precisa, de fondo y congruente respecto a los asuntos
planteados por el peticionario y cuando se cumple con la obligación de notificar
al particular sobre la respuesta.

La Corte Constitucional en la sentencia C-951 de 2014, al efectuar el control
de constitucional al proyecto de ley estatutaria que, posteriormente, fue
sancionado como Ley 1755 de 2015, declaró la constitucionalidad de ese
marco normativo, con la precisión de que “Para garantizar el efectivo ejercicio del
derecho de acceso a la información resulta esencial que los sujetos obligados por este
derecho actúen de buena fe, aseguren la satisfacción del interés general y no defrauden
la confianza de los ciudadanos en la gestión estatal”.

En ese sentido, el derecho fundamental de petición del accionante continúa
siendo transgredido por parte de la autoridad accionada, pues solo mediante
el efectivo desarchivo del expediente la petición quedará satisfecha, salvo que
por alguna circunstancia sea imposible adelantar tal actuación, la cual
igualmente deberá ser informada al interesado.

En este punto, la Sala debe precisar que en varias oportunidades se ha
concedido el amparo del derecho fundamental de petición por la ausencia de
respuesta y de acciones efectivas frente a solicitudes similares a las que hoy
ocupan la atención de la Sala y también se ha instado a la misma autoridad
administrativa para que responda con prontitud las solicitudes de desarchivo;
sin embargo, tales medidas no han resultado eficaces. De allí, que se justifique
impartir una orden más comprehensiva del derecho fundamental de petición,
con el fin de no socavar también el debido proceso, como lo habilitó la Corte
Constitucional al resolver una acción de tutela con contornos fácticos
similares28.

Lo anterior se sustenta en que la Oficina de Archivo Central de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá es la que tiene la
obligación de garantizar la administración y custodia de los procesos
archivados definitivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°
del Acuerdo PCSJA17-10784 del 26 de septiembre de 2017, “Por el cual se
establecen las políticas generales de gestión documental y archivo para la Rama Judicial
y se dictan reglas para asegurar su implementación, en un solo acto administrativo”.

6. Conclusión

Dado este contexto, la Sala amparará el derecho fundamental de petición del señor
Julián David Peña Martínez, vulnerado por el Archivo Central de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá.

28 Sentencia T-425 de 2011
13

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02914-00
Demandante: Julián David Peña Martínez

En consecuencia, se ordenará a dicha autoridad que, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia proceda con el
desarchivo del expediente Nro. 11001-40-03-071-2017-00493-00, solicitado por el
señor Julián David Peña Martínez mediante las peticiones del 8 de noviembre de
2021 (Radicado Nro. 21-40115); del 24 de junio de 2022 (Radicado Nro. 22-57297); del
11 de octubre de 2023 (Radicado Nro. DESCLF23-0013192, número de pago: 14646,
transacción/CUS: 213593490), y del 5 de septiembre de 2023; y para que una vez
surtido el desarchivo del expediente le notifique al peticionario tal actuación en los
términos previstos en la Ley 1437 de 2011.

En el evento que no sea posible cumplir con el desarchivo del citado expediente en
el término de días (10) días hábiles otorgado, el Archivo Central de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá deberá informar tal
situación al peticionario y, además, informarle el plazo en el que procederá con el
desarchivo, el cual no podrá superar el doble del inicialmente concedido (20 días).

Finalmente, en consideración a las múltiples acciones de tutela de que ha conocido
la Sala con similares contornos a la presente acción29, promovidas contra el Archivo
Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Política y los artículos 85 y 99
de la Ley Estatutaria 270 de 1996, la Sala considera pertinente remitir copia de esta
decisión a la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y a la dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, para su conocimiento y fines que estime
pertinentes.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de los establecimientos
bancarios Scotiabank Colpatria S.A., el Banco Caja Social y la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas, y en
consecuencia, desvincularlos del presente trámite constitucional, conforme a
los argumentos expuestos.

2. Amparar el derecho fundamental de petición del señor Julián David Peña
Martínez, por las razones expuestas en la motivación precedente.

3. En consecuencia, ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, Archivo Central que, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia proceda con
el desarchivo del expediente Nro. 11001-40-03-071-2017-00493-00, solicitado
por el señor Julián David Peña Martínez mediante las peticiones del 8 de
noviembre de 2021 (Radicado Nro. 21-40115); del 24 de junio de 2022 (Radicado
Nro. 22-57297); del 11 de octubre de 2023 (Radicado Nro. DESCLF23-0013192,
número de pago: 14646, transacción/CUS: 213593490), y del 5 de septiembre de

29 En casos como los que se relacionan a continuación: 11001-03-15-000-2023-06728-00, 11001-03-15-000-
2023-07201-00, 11001-03-15-000-2023-07544-00, 11001-03-15-000-2024-02119-00 y 11001-03-15-000-
2024-00578-00.
14

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02914-00
Demandante: Julián David Peña Martínez

2023; y para que una vez surtido el desarchivo del expediente le notifique al
peticionario tal actuación en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011.

En el evento que no sea posible cumplir con el desarchivo del expediente en
el término de días (10) días hábiles otorgado, el Archivo Central de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá deberá informar tal
situación al peticionario y, además, informarle el plazo en el que procederá con
el desarchivo, el cual no podrá superar el doble del inicialmente concedido (20
días).

4. Por intermedio de la Secretaría General de la Corporación, remitir copia de la
presente providencia: (i) a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura
y (ii) a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para su conocimiento
y fines que estime pertinentes.

5. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

6. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

7. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

15

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