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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07201-00

Fecha
22 de febrero de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07201-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, y en consecuencia, desvincularla del presente trámite constitucional, conforme a los argumentos expuestos. 2. Amparar el derecho fundamental de petición del señor Miguel Enrique Cubillos Monroy, por las razones expuestas en la motivación precedente. 3. En consecuencia, ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, Archivo Central que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, proporcione una respuesta clara, congruente y de fondo a la solicitud formulada el 27 de julio de 2023 por el señor Miguel Enrique Cubillos Monroy, radicada a través del formulario de “Radicación de solicitudes de desarchive usuarios externos”, orientada a obtener el desarchivo del expediente Nro. 11001-40-03-014-2017- 01467-00, y para que la notifique al peticionario en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011. 4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 6. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-07201-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

22 de febrero de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07201-00
Demandante: Miguel Enrique Cubillos Monroy

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-07201-00
Demandante MIGUEL ENRIQUE CUBILLOS MONROY
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas Derecho de petición. Núcleo esencial del derecho. Ausencia de
respuesta. Solicitud de desarchivo de expediente ejecutivo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por el señor Miguel Enrique Cubillos Monroy
de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 28 de noviembre de 20231, el señor Miguel Enrique Cubillos Monroy interpuso
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Archivo Central, por
estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la petición y de acceso a la
administración de justicia.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Primero. Se amparen los derechos fundamentales de Petición y de Acceso a la
Administración de Justicia consagrados en los artículos 23 y 229 de la Constitución Política
Nacional, respectivamente.
Segundo: Se ordene al accionado que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de
la presente sentencia realice el respectivo desarchivo del proceso con radicado No.
11001400301420170146700 que se adelantó ante el Juzgado Catorce (14) Civil Municipal de
Bogotá.
Tercero. Se ordene al accionado que, una vez producida la decisión definitiva en cuestión,
remita a su despacho constancia del cumplimiento a lo ordenado, con las formalidades de ley,
so pena de las sanciones por desacato a lo ordenado por sentencia de tutela.”

2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Miguel Enrique Cubillos Monroy actuó como ejecutado en el proceso
Nro. 11001-40-03-014-2017-01467-00, que cursó en el Juzgado Catorce Civil
Municipal de Bogotá. Proceso que finalizó con auto del 28 de febrero de 2019,
por el pago total de la obligación.

1 Samai, índice 2.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07201-00
Demandante: Miguel Enrique Cubillos Monroy

2.2. El 8 de julio de 2019, el expediente fue archivado de forma definitiva, en el
paquete Nro. 2068, de conformidad con la información que obra en la Página
de la Rama Judicial.
2.3. El señor Cubillos Monroy se dirigió al Archivo Central, ubicado en la carrera 10
# 14-33, para solicitar el desarchivo del proceso Nro. 11001-40-03-014-2017-
01467-00. Para ello, el 27 de julio de 2023 diligenció el formulario de “Radicación
de solicitudes de desarchive usuarios externos”, y adjuntó el soporte de pago de
gastos ordinarios del proceso realizado ante el Banco Agrario, por la suma de
$6.900.
2.4. El accionante dijo que, al momento de haber radicado la acción de tutela ya
habían pasado más de cuatro meses sin obtener información alguna, por lo
que había vencido el término legal con el que contaba la autoridad para
resolver la petición.
3. Fundamentos de la acción
En el escrito de tutela se acusó la vulneración de los derechos fundamentales de
petición y de acceso a la administración de justicia de la parte actora comoquiera
que, al momento de interponer la solicitud de amparo, el accionado no había dado
respuesta al trámite de desarchivo del expediente ejecutivo Nro. 11001-40-03-014-
2017-01467-00.

4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 1° de diciembre de 2023, el despacho ponente admitió la acción
de tutela presentada por el señor Miguel Enrique Cubillos Monroy, quien actúa
en nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura, Archivo
Central, y se dispuso a efectuar las notificaciones correspondientes.
4.2. Mediante auto del 26 de enero de 2024, el despacho sustanciador advirtió la
necesidad de vincular en calidad de accionado a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Bogotá y a la Oficina de Archivo de la misma
Dirección ejecutiva; a su vez, se vinculó en calidad de tercero con interés al
Juzgado Catorce Civil Municipal de Bogotá; y finalmente, se solicitó a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá un informe sobre el
estado actual de la solicitud de desarchivo del expediente Nro. 11001-40-03-
014-2017-01467-00 y de las actuaciones que se han surtido al respecto.

4.3. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura2 solicitó que se
declare su falta de legitimación en causa por pasiva de esa dependencia,
porque las omisiones que alegan en la acción de tutela se refieren a funciones
asignadas a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. Esto,
porque la oficina de archivo se encuentra adscrita a dicha Corporación de
conformidad con el artículo 3° del Acuerdo PCSJA17-10784 del 26 de
septiembre de 2017.
Añadió que el Consejo Superior de la Judicatura no es el llamado a cumplir las
órdenes que se expidan con el fin de amparar las garantías constitucionales
del accionante, más aún cuando no aportó prueba de que radicó solicitud de
desarchivo en los canales de comunicación de la Corporación.

2 Samai, índice 8.
2

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Demandante: Miguel Enrique Cubillos Monroy

4.4. El grupo de trabajo de acciones constitucionales de la Dirección
Seccional de Administración Judicial Bogotá3, en una contestación que
denominó “preliminar”, informó que el 7 de febrero de 2024, mediante correo
electrónico, solicitó al área encargada los insumos para poder atender la
presente acción constitucional, para indagar con ellos si se había dado
respuesta al accionante. Dependencia de la cual siguen esperando dicha
información.
Señaló que están realizando las gestiones tendientes para que los grupos de
trabajo atiendan de manera prioritaria las solicitudes de garantías de los
derechos fundamentales del señor Cubillos Monroy, en los siguientes
términos:
“Esta Dirección se encuentra adelantando las gestiones, trámites y verificaciones
necesarias, con el fin de dar cabal cumplimiento a los mandatos constitucionales y
legales, de allí que le estaremos dando alcance a esta manifestación una vez el área
encargada allegue la información acerca del caso en concreto a la mayor brevedad
posible.”.
Finalmente, informó que las personas encargadas de atender el cumplimiento
de esta orden y su eventual fallo son, el señor John Alexander Ramírez Bernal,
Líder del Grupo de Trabajo del Archivo Central, y Marith Elisa Blanchar
Martínez, Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos.
4.5. La Oficina de Archivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Bogotá no dio respuesta a la acción de tutela aunque fue debidamente
notificada sobre su existencia a los siguientes buzones de notificación:
jguzmansa@cendoj.ramajudicial.gov.co, desajbtanotif@cendoj.ramajudicial.gov.co y
notificacioncsjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co .

4.6. El Juzgado Catorce Civil Municipal de Bogotá, guardó silencio a pesar de
haber sido notificado en debida forma.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Cuestión previa
La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se declarara su
falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se le desvinculara
del trámite de la presente acción de tutela.
3 Samai, índice 15.
4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3

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Demandante: Miguel Enrique Cubillos Monroy

Al respecto, estudiados los argumentos presentados, se observa que le asiste
razón, toda vez que no se encuentra encargada del manejo y funcionamiento del
Archivo Central de la ciudad de Bogotá. A su vez, se advierte que la solicitud no la
remitió el accionante a esta autoridad, por lo que se dispondrá en la parte resolutiva
su desvinculación.

3. Planteamiento del problema jurídico

Es del caso precisar que el sujeto pasivo del derecho fundamental de petición objeto
de análisis es la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, dado que
la solicitud de desarchivo corresponde a un proceso cuyo conocimiento
correspondió al Juzgado Catorce Civil Municipal de Bogotá.

Esto quiere decir que el encargado de la gestión pretendida es la Oficina de Archivo
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, tal como lo dispone
el Acuerdo 1213 de 20015. Por lo que, le corresponde a la Sala determinar si la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá incurrió en vulneración del
derecho fundamental de petición del señor Miguel Enrique Cubillos Monroy.

4. Núcleo esencial del derecho fundamental de petición

De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta
resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de
la Carta.

La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.

El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia constitucional6, que ha dispuesto
que son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho, a saber: (i) la pronta
resolución; (ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara,
precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la decisión adoptada
se le notifique al peticionario7.

En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición, por ello se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa
vulneración del derecho fundamental de petición, ya que “existe una diferencia entre el
derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido.”8.

5 "Por el cual se derogan los Acuerdos 992 de 2000 y 1159 de 2001, y se crean las Secciones de Archivo
Central en los Tribunales y Juzgados con sede en Bogotá".
6 Dentro de las providencias recientes se remite a lo dispuesto en la sentencia T-167 de 2013 (M.P. Nilson
Pinilla Pinilla), en la que se hace una presentación integral de este derecho y de una de sus especies, el
derecho de acceso a los documentos públicos (consagrado en el Art. 74 CP). Dentro de las providencias
iniciales, sin duda, debe tenerse presente lo dispuesto en la sentencia T-426 de 1992 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz), en la que se hace un estudio preciso acerca de la determinación del núcleo esencial de
los derechos fundamentales y, en especial, del núcleo del derecho de petición.
7 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
4

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En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido9.

De conformidad con el inciso 2º del artículo 13 del CPACA10, “Toda actuación que inicie
cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras
actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o
funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información,
consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y
reclamos e interponer recursos”.

En lo que respecta a la notificación de la respuesta al derecho de petición, la Corte
Constitucional indicó que corresponde a la administración actuar con diligencia para
que la su respuesta sea conocida por el interesado, gestión que denota lealtad y
publicidad de las actuaciones de la administración y permite materializar el derecho
al debido proceso del administrado, ya que es condición necesaria para que el
interesado ejerza su derecho de defensa y contradicción.

Además, la Corte Constitucional hace énfasis en que, “la administración tiene la carga
probatoria de demostrar que notificó al solicitante su decisión, pues el conocimiento de esta hace
parte del intangible de ese derecho que no puede ser afectado”11.

5. Del contenido de la petición y el trámite impartido por la autoridad
accionada

5.1. Se tiene que, el señor Miguel Enrique Cubillos Monroy aseguró que el 27 de
julio de 2023 diligenció el formulario de “Radicación de solicitudes de desarchive
usuarios externos”, para solicitar el desarchivo del expediente Nro. 11001-40-
03-014-2017-01467-00.

5.2. El accionante adjuntó un soporte de pago de gastos ordinarios del proceso
realizado ante el Banco Agrario, por la suma de $6.900, de fecha 13 de mayo
de 2023 a las 11:39:58 a.m., correspondiente al proceso en mención (Ref. 2),
así:

9 Sentencia T-587 de 2006, Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería, providencia del 27 de julio de 2006.
10 Sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental
de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-149 de 2013.
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5.3. El actor señaló que, al momento de radicar esta acción de tutela, el 28 de
noviembre de 2023 había transcurrido un lapso superior a cuatro meses sin
haber recibido respuesta de la solicitud realizada.

5.4. Ahora bien, los elementos de convicción aportados a esta acción de tutela dan
cuenta de que la solicitud la presentó vía electrónica el accionante el 27 de
julio de 2023, según afirmó, ante la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Bogotá, Archivo Central12, al ser la autoridad encargada del
trámite de desarchivo de procesos que fueron de conocimiento del Juzgado
Catorce Civil Municipal de Bogotá. Luego, ese es el parámetro para computar
los términos de respuesta del derecho de petición, que, para solicitudes de
carácter general, como la que nos ocupa, es de 15 días hábiles, conforme lo
dispuesto en el inciso primero del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. Este
plazo se cumplió el 18 de agosto de 2023, sin que el señor Cubillos Monroy
hubiera obtenido respuesta.

Si bien el Grupo de Trabajo de Acciones Constitucionales de la Dirección
Seccional de Administración Judicial Bogotá, rindió informe en el que
manifestó que se encontraban realizando las gestiones correspondientes, pero
que dependían de la información que aportara el área encargada (la cual guardó
silencio), lo cierto es que, al expediente de la referencia no se remitió ninguna
comunicación posterior en la que se informara el estado actual de la solicitud
de desarchivo del expediente Nro. 11001-40-03-014-2017-01467-00, ni la posible
notificación al solicitante de las actuaciones que se hubieran surtido, como
tampoco se allegó prueba de que se le hubiera informado al actor el estado
actual de la solicitud.

Ahora, dado que la Oficina de Archivo de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Bogotá no respondió la acción de tutela, debe
aplicarse la presunción de veracidad establecida en el artículo 20 del Decreto
2591 de 1991 y tener por cierta la omisión de respuesta frente a la solicitud de
desarchivo del expediente ejecutivo Nro. 11001-40-03-014-2017-01467-00. En
consecuencia, se encuentra acreditada la vulneración del derecho
fundamental de petición del accionante.

6. Conclusión

Dado este contexto, corresponde a la Sala amparar el derecho fundamental de
petición del señor Miguel Enrique Cubillos Monroy, vulnerado por el Archivo Central
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá.

En consecuencia, se ordenará a dicha autoridad que, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia y dentro del ámbito
de su competencia, proporcione una respuesta clara, congruente y de fondo a la
solicitud formulada por el señor Miguel Enrique Cubillos Monroy el 27 de julio de
2023, a través del formulario de “Radicación de solicitudes de desarchive usuarios
externos”, orientada a obtener el desarchivo del expediente Nro. 11001-40-03-014-
2017-01467-00, y para que la notifique al peticionario en los términos previstos en la
Ley 1437 de 2011.

12 Según señaló el accionante en el numeral cuarto del escrito de tutela, él radicó su solicitud utilizando el
formulario digital que está habilitado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, Archivo
Central.
6

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07201-00
Demandante: Miguel Enrique Cubillos Monroy

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura, y en consecuencia, desvincularla del
presente trámite constitucional, conforme a los argumentos expuestos.

2. Amparar el derecho fundamental de petición del señor Miguel Enrique Cubillos
Monroy, por las razones expuestas en la motivación precedente.

3. En consecuencia, ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de Bogotá, Archivo Central que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente providencia, proporcione una
respuesta clara, congruente y de fondo a la solicitud formulada el 27 de julio
de 2023 por el señor Miguel Enrique Cubillos Monroy, radicada a través del
formulario de “Radicación de solicitudes de desarchive usuarios externos”,
orientada a obtener el desarchivo del expediente Nro. 11001-40-03-014-2017-
01467-00, y para que la notifique al peticionario en los términos previstos en la
Ley 1437 de 2011.

4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

6. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

7

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