Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02919-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02919-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02919-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
29 de agosto de 2024
Demandante: Ángela María Gutiérrez Londoño
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02919-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02919-01
Demandante: ÁNGELA MARÍA GUTIÉRREZ LONDOÑO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Revoca. Declara
improcedente por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra la
providencia del 3 de julio de 2024, proferida por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado mediante la cual negó las pretensiones
de la acción de amparo presentada por la señora Ángela María Gutiérrez
Londoño.
ANTECEDENTES
1.1 Solicitud de amparo
La señora Ángela María Gutiérrez Londoño, por intermedio de apoderado,
formuló acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Oralidad con el objeto que le sean amparados sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia en condiciones
de igualdad.
Consideró vulneradas dichas garantías con ocasión de la providencia del 24
de octubre de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B que confirmó la sentencia del 26 de noviembre de 2021
dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las
pretensiones de la demanda dentro del medio de control de reparación
directa instaurado contra la Nación- Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con radicado 05001-23-33-000-2021-00710-00.
1.2 Pretensiones
En concreto, solicitó lo siguiente:
1
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Demandante: Ángela María Gutiérrez Londoño
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro
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Con todo respecto, solicito al HONORABLE CONSEJO DE ESTADO
que mediante el procedimiento constitucional y legalmente establecido
para el efecto, TUTELE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL
DEBIDO PROCESO y a la IGUALDAD de la señora ÁNGELA MARÏA
GUTIÉRREZ LONDOÑO y, en consecuencia, deje sin efectos el fallo
emitido por LA SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO, el 24 de octubre de 2023, y ordene a dicha
Sala emitir un nuevo pronunciamiento en el cual se decida de fondo
el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 26 de
noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
incluyendo en la decisión lo relativo a la condena en costas en primera
y en segunda instancia, con la debida adecuación a la normatividad
vigente.
La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes:
1.3 Hechos
La accionante en su calidad de presunta compañera permanente del
pensionado fallecido señor Jorge Luis Pulgarín Cardona, instauró proceso
ordinario laboral en contra del Instituto de Seguros Sociales para que se le
otorgara la pensión de sobrevivientes; trámite en el cual se ordenó la citación
de la señora Sonia Angélica Calle Martínez en calidad de cónyuge
sobreviviente.
En sentencia de 29 de abril de 2011 el Juez Primero Adjunto al Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, absolvió al Instituto de Seguros
Sociales del reconocimiento prestacional impetrado, al no acreditar, por parte
ninguna de las reclamantes, la convivencia con el fallecido.
Interpuesto el recurso de apelación por la parte demandante, Sala Tercera
Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín en
providencia del 30 de enero de 2013 revocó la proferida en primera instancia,
para en su lugar condenar al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y
pagar a la señora Sonia Angélica Calle Martínez la pensión de sobrevivientes
por la muerte del señor Jorge Luis Pulgarín Cardona y negarla para la señora
Ángela María Gutiérrez Londoño.
Formulado recurso extraordinario de Casación, la Honorable Corte Suprema
de Justicia Sala de Descongestión 2 de la Sala de Casación Laboral en
sentencia del 9 de octubre de 2018, dispuso no casar la providencia proferida
por el Tribunal Superior de Medellín.
La señora Ángela María Gutiérrez Londoño por intermedio de apoderado
judicial presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa en contra de la Nación- Rama Judicial Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con el fin de obtener la declaratoria de
responsabilidad administrativa y pago de los perjuicios causados como
consecuencia de error jurisdiccional en el que presuntamente incurrieron la
Sala Tercera Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de
2
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Medellín y la Sala de Descongestión 2 de la Sala de Casación Laboral de la
Honorable Corte Suprema de Justicia.
El proceso fue conocido en primera instancia por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad1 autoridad judicial que en sentencia
del 26 de noviembre de 2021 negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte demandante.
Expuso que el artículo 67 de la Ley 270 de 1996- Estatutaria de
Administración de Justicia establece que el error jurisdiccional materializado
en una providencia contraria a la ley para su prosperidad requiere como
presupuestos que (i) el afectado deberá haber interpuesto los recursos de
ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de
privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de
una providencia judicial y (ii) que la providencia contentiva de error esté en
firme.
Además de los requisitos descritos en la mencionada ley, el juez
administrativo debe cerciorarse no solo de la existencia del yerro en la
decisión revisada en sede del título de imputación sino también su
trascendencia para modificar el sentido de todos los fundamentos o la ratio
decidendi del pronunciamiento cuestionado, para que se pueda declarar la
existencia de un error jurisdiccional.2
Estableció que el trámite procesal en cuanto a la calificación de litisconsorte
necesario o tercero ad-excludem de la señora Sonia Angélica Calle Martínez
como cónyuge del pensionado que sirve de fundamento para la configuración
del error jurisdiccional no fue reprochada por la actora en el trámite de las
instancias, por el contrario, la expuso en el escrito del recurso extraordinario
de casación ante la Corte Suprema de Justicia, lo que conlleva a establecer
que la hoy demandante no interpuso los recursos ordinarios para procurar
corregir el posible yerro cometido en la labor jurisdiccional , lo que constituye
incongruencia con lo alegado como error en el proceso de reparación directa
y por tanto no cumplir uno de los requisitos contemplados en el artículo 67 de
la Ley 270 de 1996.
Indicó que el régimen de responsabilidad aplicable al error jurisdiccional es
de carácter subjetivo lo que obliga a la demandante acreditar en qué
consistió el yerro alegado, pudiendo alegar entre otros defectos 3 que la
autoridad i) no valoró un hecho debidamente probado que era fundamental
para adoptar una decisión de fondo; ii) consideró que un hecho era
fundamental, cuando realmente no lo era; iii) no decretó una prueba
conducente para determinar un hecho relevante y solucionar el caso
concreto; iv) adoptó la decisión judicial con fundamento en un hecho que era
falso; v) aplicó una norma que no era aplicable al caso concreto; vi) dejó de
1 Radicado 05001-23-33-000-2021-00710-00
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de diciembre de 2019, expediente 44852.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 7 de octubre de 2020.C.P. Nicolás Yepes Corrales. Radicado 25000-23-26-
000-2008-00556-01 (44720).
3
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aplicar una norma que era necesaria para solucionar la litis; vii) aplicó una
norma inexistente o derogada o, viii) actuó sin competencia.
Concluyó que los argumentos expuestos por la parte demandante denotan
un desacuerdo con la valoración que hizo la Sala Tercera Dual de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín con la aplicación de
las normas que regulaban los requisitos para el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes a favor de la cónyuge y/o compañera permanente del
causante fallecido, asunto que no corresponde al juez de la responsabilidad
civil, por lo que pretende que se juzgue la decisión adoptada en cuanto a la
valoración de las pruebas y aplicación de la ley.
En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas
a la parte demandante.
Interpuesto recurso de apelación por la demandante, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B en sentencia del 24 de octubre de 2023
confirmó la sentencia recurrida condenando en costas a la apelante.
Manifestó que la actora pretende reclamar en el proceso de reparación
directa las mismas peticiones que formuló en el proceso ordinario laboral sin
que la parte demandante haya solicitado una pretensión específica y
diferente sobre el daño que ocasionó la decisión judicial que adolece de
error, lo que denota reabrir el debate del juez ordinario laboral y constituir el
asunto en una tercera instancia del otro proceso judicial.
A pesar de lo expuesto, indicó que los requisitos consagrados en los
artículos 65, 66 y 67 de la Ley 270 de 19904 para la prosperidad de la
responsabilidad como consecuencia de error jurisdiccional requiere que
previamente se precise el daño derivado de la providencia cuestionada por
ser el primer elemento de la responsabilidad de conformidad con el artículo
90 de la Constitución Política.
1.4. Sustento de la vulneración
La accionante señaló que las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia en condiciones de igualdad como consecuencia de defecto fáctico,
procedimental absoluto, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente.
En cuanto al defecto fáctico expresó que la negativa a resolver de fondo el
recurso de apelación por parte del Consejo de Estado es consecuencia de
una indebida apreciación y valoración de las pretensiones involucradas en la
demanda del proceso laboral con las vinculadas en el medio de control de
reparación directa, lo que comporta denegación de justicia, pues de la
transcripción se establece que no existe similitud alguna por cuanto ningún
pago de mesadas pensionales se solicitó.
4 Ley 270 de 1996
4
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De igual manera reprocha el argumento de no haber individualizado y
probado “un daño autónomo y cierto derivado de la providencia acusada de
contener error jurisdiccional,” lo que considera no debió efectuarse ya que el
no resolver de fondo el recurso, impide tal conclusión.
En cuanto al defecto procedimental absoluto expresó que la condena en
costas impuesta en segunda instancia, y la de primera como consecuencia
de confirmar la recurrida, desconoció lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021 que adicionó el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en el
sentido de establecer de manera previa que la demanda fue presentada con
manifiesta carencia de fundamento legal.
En cuanto a la violación directa de la Constitución Política y desconocimiento
del precedente5 indicó que no existe un límite indivisible entre alguna
causales de procedibilidad de la tutela contra sentencias por cuanto el
desconocimiento del precedente puede conllevar irrespeto de los
procedimiento legales, pues muchas veces el desconocimiento del
precedente puede derivar en un irrespeto por los procedimientos legales, lo
mismo que la falta de aplicación de las normas relevantes para la solución de
un caso específico lo que conlleva vulneración de derechos fundamentales y
violación directa de la Constitución, por cuanto no se resolvió de fondo el
recurso de apelación en unas pretensiones y solicitud de pago de mesadas
pensionales inexistentes.
1.5. Trámite de la acción de amparo en primera instancia
Mediante auto del 12 de junio de 2024, el magistrado ponente de la Sección
Segunda Subsección B del Consejo de Estado, admitió la acción de tutela y
ordenó notificar a la demandante y como accionados al Tribunal
Administrativo de Antioquia y al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B.
Así mismo vinculó como tercero con interés a la Nación, Rama Judicial.
Para los accionados y tercero con interés otorgó el término de dos (2) días
para que rindieran informe sobre los hechos de la acción.
De igual manera reconoció personería al abogado Luis Herney Monroy
Escudero como apoderado de la parte actora, conforme al poder allegado.
Efectuadas las notificaciones respectivas6, se presentaron las siguientes:
1.6. Intervenciones
1.6.1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
En escrito del 17 de junio de 2024 remitido a la Secretaría General del
Consejo de Estado, el magistrado ponente de la segunda instancia del
5 Sentencias T-701 de 2004 y T-751 de 2011.
6 Mediante comunicación del 14 de junio de 2024 enviada a los correos electrónicos. Índice 7
Samai.
5
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proceso de reparación directa, manifestó que en la sentencia cuestionada se
estableció que la parte actora no individualizó ni probó un daño autónomo y
cierto derivado de las providencias proferidas por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín Sala Laboral ni en la dictada por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo cual conllevó a
confirmarla con la condena en costas efectuada, así como también en la
instancia tramitada conforme al artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del
artículo 365 del CGP.
Expuso que la providencia de manera clara indicó que previo al análisis del
error jurisdiccional era necesario estudiar si se cumplió con la carga de
individualizar con precisión el daño cuya indemnización se pretendía, por ser
el primer elemento de la responsabilidad consagrado en el artículo 90 de la
Constitución Política, el cual no podía coincidir con la pretensión del ordinario
laboral como era el el pago de las mesadas pensionales, lo que constituye
cosa juzgada, y por ende una instancia adicional frente a la jurisdicción
contenciosa por carecer de competencia para hacerlo.
Solicitó la improcedencia de la acción constitucional por cuanto no cumple el
requisito de la relevancia constitucional, debido a que pretende reabrir el
análisis fáctico, probatorio y jurídico de la controversia definida de manera
razonada e integral con base en las pruebas obrantes al proceso, lo cual
conlleva a convertir la acción de amparo en una tercera instancia.
1.6.2. La Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva Seccional de
Medellín.
La directora ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Medellín
advirtió el abuso del derecho y desgaste de la administración judicial para lo
cual se refirió las sentencias no sólo del proceso ordinario laboral sino
también del proceso de reparación directa.
De manera concreta indica que en las providencias judiciales cuestionadas
no se evidencia equivocación alguna, las que de manera clara indicaron que
la demandante no solicitó una pretensión específica y diferente sobre el daño
que ocasionó la decisión judicial que adolece de error, argumentos con los
cuales se pretendió reabrir el debate ya definido en el proceso ordinario
laboral, sin que sea procedente su reestudio por haber operado la cosa
juzgada.
En consecuencia, también solicitó la improcedencia de la acción
constitucional por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional,
al pretender revivir las instancias ya agotadas no sólo en el proceso ordinario
laboral sino también en el ordinario del contencioso administrativo.
1.7 Sentencia de primera instancia
La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en sentencia del
3 de julio de 2024, negó la acción de tutela al establecer que no se demostró
la configuración de los defectos alegados por la accionante.
6
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Expuso que se encontraban acreditados los presupuestos generales
adjetivos para la formulación de la acción de amparo, motivo por el cual
procedió a resolver de fondo la posible vulneración de derechos
fundamentales como consecuencia de la violación directa de la Constitución
Política, desconocimiento del precedente judicial, defecto procedimental
absoluto y defecto fáctico en los que presuntamente incurrió la autoridad
judicial accionada que puso fin a la controversia.
En cuanto a la violación directa de la Constitución Política, desconocimiento
del precedente y defecto fáctico, luego de extractar apartes de la sentencia
objeto de amparo, determinó que no se desconocieron las normas que
regulan el error jurisdiccional y la responsabilidad patrimonial extracontractual
del Estado ya que conforme a lo dispuesto en la Ley 270 de 1996, se
estableció que el requisito previo de comprobar la existencia de un daño
concreto causado por la sentencia enjuiciada no se acreditó, lo que llevó al
juzgador a no continuar con el estudio de los restantes.
Con relación al defecto procedimental absoluto al condenar en costas a la
parte demandante desconociendo el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, el a-
quo expuso que la autoridad accionada aplicó el criterio objetivo contenido en
los artículos 188 del CPACA y numeral 1 del artículo 365 del CGP,
razonamiento que obedeció al libre ejercicio de la autonomía judicial que se
predica de las providencias judiciales, sin que se vislumbre vulneración de
derecho fundamental alguno.
Concluyó que la decisión cuestionada no incurrió en ninguno de los defectos
alegados por la accionante por cuanto fue proferida de conformidad con las
normas que regulan el error jurisdiccional, la jurisprudencia vigente y el
material probatorio aportado al proceso ordinario. Por el contrario, se
evidencia inconformidad con la valoración efectuada por el juez natural que
no es atacable vía tutela, mecanismo que no puede convertirse en una
tercera instancia del proceso ordinario laboral que ya hizo tránsito a cosa
juzgada, para insistir en el reconocimiento pensional pretendido.
1.8. Impugnación
Mediante escrito enviado al correo electrónico de la Secretaría General del
Consejo de Estado, el apoderado de la accionante expuso que, al
fundamentarse la sentencia de primera instancia en los argumentos
expuestos por la autoridad accionada en la providencia cuestionada en la
acción de amparo, se remite al escrito de tutela en el cual se plantearon los
elementos por los cuales se considera se le violaron a su mandante los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
Consideró que la conclusión del a-quo en el sentido de que no se concretó el
daño como presupuesto para estudiar el error jurisdiccional, constituye
consideración que debió realizar la autoridad de segunda instancia siempre y
cuando hubiere estudiado el fondo del asunto, actividad que no realizó a
pesar de que acreditó ese daño derivado de las decisiones de la jurisdicción
ordinaria, sino que también se tasó.
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Afirmó que no es posible sostener que existe falta de concreción del daño,
cuando luego de acreditado con las pruebas acompañadas el derecho a una
pensión de sobrevivientes hoy de manera irregular se niegue, pues dicho
daño se concreta en que la beneficiaria ya no recibirá la prestación.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer la impugnación presentada por la
parte demandante contra la providencia del 3 de julio de 2024, proferida por
la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto
Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o
modificar el fallo adoptado en primera instancia, que negó la acción de
amparo.
Para el efecto, se estudiará: i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) el estudio de la relevancia constitucional y, iii) el caso
concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20127, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema8.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales9.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.
7 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN
DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
9 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
8
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410,
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.
2.4. Estudio sobre la relevancia constitucional
En relación con la relevancia constitucional, la Sala cita como antecedente la
sentencia de tutela del 29 de septiembre de 202211, mediante la cual se
declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de
relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico
en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía
era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la
causa.
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-573 del 2019, al momento de
estudiar los requisitos de procedibilidad en sede de revisión, encontró que la
acción de tutela carecía de relevancia constitucional.
En el citado anterior fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga
un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “…el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo,
enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre…”.
El tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del
fallo cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que las finalidades de este requisito
son las siguientes:
“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
11 Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01.
Demandante: Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.
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legal12” (Énfasis de la Sala).
El alto órgano de cierre, luego de abordar los criterios que debe reunir una
solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el
requisito de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de
tutela no cumplía con este postulado, puesto que:
i) No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,
ii) involucraba un debate eminentemente legal,
iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,
iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.
2.5. Caso concreto
La parte actora cuestionó la providencia del 24 de octubre de 2023 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B mediante la cual
confirmó la sentencia del 26 de noviembre de 2021 dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda dentro
del medio de control de reparación directa instaurado contra la Nación- Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con radicado 05001-
23-33-000-2021-00710-00.
La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en sentencia del
3 de julio de 2024 negó la acción de tutela al establecer que no se acreditó
que la providencia cuestionada haya incurrido en violación a la Constitución,
desconocimiento del precedente y defecto fáctico, ya que la autoridad
accionada efectuó, con base en el material probatorio una valoración jurídica
a la luz de las normas que regulan el error jurisdiccional, en cuya actividad
determinó que el primer elemento de la responsabilidad consiste en la
existencia de un daño derivado de la sentencia debatida no lo acreditó la
parte demandante, lo que impidió estudiar los demás presupuestos.
Lo anterior al corroborar que las pretensiones del proceso ordinario laboral y
contencioso administrativo son de igual contenido al pretender con base en
el reconocimiento fallido de la pensión de sobreviviente percibir las mesadas
pensionales bajo el concepto de daño, lo que conlleva reabrir la controversia
ya definida por la jurisdicción ordinaria, sentencia que constituye cosa
juzgada.
12 Sentencia SU 573 de 2019.
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En cuanto al defecto procedimental absoluto con relación a la condena de
costas impuesta al considerar que no actuó sin fundamento legal, se expuso
que la providencia obedeció al criterio objetivo contenido en los artículos 188
del CPACA y numeral 1 del artículo 365 del CGP, aplicación en ejercicio de
la autonomía judicial que se predica de las providencias judiciales.
En ese orden, la Sala resolverá la instancia con base en los argumentos
esbozados por la accionante por intermedio de su apoderado en los escritos
de tutela y de impugnación en cuanto a los defectos de violación directa de la
Constitución Política, desconocimiento del precedente, fáctico y
procedimental absoluto.
En cuanto al defecto fáctico expuso que no existe identidad de pretensiones
en el proceso ordinario laboral y el proceso de reparación directa por cuanto
en este último ninguna petición de pago de mesadas pensionales se indica,
por el contrario, se tasó el daño derivado de lo que la parte actora señaló
como error jurisdiccional.
Afirmó que la Corte Constitucional ha indicado13 que no existe límite
indivisible en las causales de procedibilidad de la tutela contra sentencia, ya
que muchas veces el desconocimiento del precedente puede derivar en un
irrespeto de los procedimientos legales, lo mismo que la falta de apreciación
de una prueba en una aplicación indebida o falta de aplicación de las
disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso específico,
lo que conduce a una violación directa de la Constitución defecto en el que
incurrió la accionada al no resolver de fondo el recurso de apelación con
fundamento en una identidad inexistente de pago de mesadas pensionales.
Indicó que se incurrió en defecto procedimental absoluto al no establecer la
autoridad judicial previo a la condena en costas impuesta, que la demanda
presentada lo fue con manifiesta carencia de fundamento legal; como lo
ordena el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 que adicionó en un inciso el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
El requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de la
acción de tutela tiene tres finalidades, a saber:
“… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional14 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad15; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales16 y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces17”.
13 Sentencias T-701 de 2004 y T-751 de 2011.
14 “Sentencia C-590 de 2005.”
15 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
16 “Sentencia C-590 de 2005.”
17 “Sentencia T-102 de 2006.”
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Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de
tutela debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario,
el juez constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan
su competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial
de la solicitud de amparo.
La Sala considera que, en el presente caso, la accionante pretende reabrir la
controversia planteada en el proceso de reparación directa, al involucrar,
bajo la óptica de daño generado por el error jurisdiccional derivado de la
sentencia cuestionada, las mesadas pensionales a que tenía derecho la
demandante hasta la edad probable de vida; cuyo derecho había sido
negado en sentencia debidamente ejecutoriada proferida por la jurisdicción
ordinaria laboral.
De igual manera, la actora no argumentó su solicitud en el sentido de
demostrar que la decisión de la condena en costas fue consecuencia de una
conducta caprichosa o arbitraria que contraríe la autonomía e independencia
que se predica de las providencias judiciales y que constituya lesión a sus
derechos fundamentales; la cual además constituye controversia económica
o legal que escapa a control constitucional.
La Sala disiente de lo manifestado por el juzgador de primera instancia en el
sentido de superar la acción constitucional los requisitos adjetivos generales
de procedibilidad, de manera concreta la relevancia constitucional, ya que del
escrito de tutela se establece que la accionante pretende utilizar el amparo
como una instancia adicional para reabrir bajo su criterio de interpretación el
debate ya definido por el juez natural; cuestión que no impacta la garantía de
los derechos fundamentales invocados.
En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada para en su lugar
declarar la improcedencia por falta de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley.
FALLA
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 3 de julio de 2024, proferida por la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.
SEGUNDO: DECLÁRASE improcedente la acción constitucional instaurada
por la señora Ángela María Gutiérrez Londoño por intermedio de apoderado
judicial por falta de relevancia constitucional.
TERCERO: Notifíquese esta providencia en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
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CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los 10 días siguientes al de la ejecutoria de esta
providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”
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