Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02940-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02940-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-02940-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
4 de julio de 2024
Demandantes: Luis Alberto Cataño Ramírez
Demandados: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02940-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02940-00
Demandantes: LUIS ALBERTO CATAÑO RAMÍREZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de la relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por Luis Alberto
Cataño Ramírez contra el Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado Sexto
Administrativo de Manizales.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El señor Luis Alberto Cataño Ramírez, instauró acción de tutela contra el
Juzgado Sexto Administrativo de Manizales y el Tribunal Administrativo de Caldas.
Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales
a la seguridad social, vida digna, igualdad y debido proceso.
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la sentencia
del 1.º de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.
Mediante esta decisión se confirmó el fallo del 13 de diciembre de 2023 emitido por
el Juzgado Sexto Administrativo de Manizales y mediante cual se negó las
pretensiones de la demanda. Tales decisiones fueron dictadas en el trámite del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la parte
actora contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Aportes
Parafiscales de la Protección Social – UGPP1.
1 El proceso ordinario se identificó con el número de radicación 17001-33-39-006-2018-00492-
00/01/02.
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Demandantes: Luis Alberto Cataño Ramírez
Demandados: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
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1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, el accionante solicitó que:
1.Se tutelen los derechos fundamentales del accionante a la seguridad social, vida
digna, debido proceso e igualdad.
2.Se deje sin efecto la sentencia del Juzgado Sexto Administrativo Oral de
Manizales y la confirmada por el Tribunal Administrativo de Caldas.
3.Se ordene emitir una nueva decisión que valore integralmente las pruebas
aportadas y se ajuste a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
4. El señor Cataño Ramírez nació el 25 de marzo de 1957 de la relación
conyugal entre Luis Eduardo Cataño Alarcón y Silvia Ramírez de Cataño. Al señor
Cataño Alarcón, quien falleció el 7 de julio de 2003, se le reconoció pensión de vejez
por medio de la Resolución 10977 del 10 de marzo de 1993.
5. Mediante la Resolución 14893 del 27 de julio de 2004, la Caja Nacional de
Previsión Social EICE reconoció el 50% de la pensión de sobrevivientes a la señora
María Graciela Brandón Herrera, en calidad de compañera permanente del señor
Cataño Alarcón, y el otro 50% a la señora Silvia Ramírez de Cataño, como su
cónyuge. La señora Ramírez de Cataño falleció el 16 de agosto de 2011.
6. El 10 de febrero de 2014, el señor Cataño Ramírez solicitó ante la UGPP el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional por el fallecimiento del padre del
actor, dada su pérdida de capacidad laboral (53,85%). A través de la Resolución
RDP 007880 del 6 de marzo de 2014, la UGPP negó lo pedido porque el actor omitió
realizar la respectiva reclamación al momento en que se constituyó el derecho
pensional. Esta decisión fue confirmada en la Resolución RDP 012570 del 21 de
abril de 2014.
7. Por tanto, el señor Cataño Ramírez promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP con el fin de que se declarara la
nulidad de la Resolución RDP 012570 del 21 de abril de 2014. A su vez, solicitó que,
a título de restablecimiento del derecho, se ordenara a tal autoridad el
reconocimiento y pago a su favor de la sustitución pensional en calidad de hijo en
situación de discapacidad en lo correspondiente al 50% de la prestación que venía
disfrutando la señora Ramírez de Cataño.
8. En fallo del 13 de diciembre de 2023, el Juzgado Sexto Administrativo de
Manizales negó las pretensiones de la demanda. Consideró que el derecho
pensional que se originó en cabeza del señor Cataño Alarcón se trasladó y, por
tanto, se agotó en favor de las personas que asistieron al llamado que por ley se
hace a sus beneficiarios.
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Demandantes: Luis Alberto Cataño Ramírez
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9. Agregó que no era admisible pretender que se concediera la sustitución
pensional en cabeza del demandante, puesto que había transcurrido un tiempo
considerable entre el deceso del titular de la pensión hasta la presentación de la
solicitud objeto del trámite judicial. Sostuvo que esto cuestionaba «si realmente el
actor dependía económicamente de su padre al ser este el causante del derecho
pensional, toda vez que dejó pasar la oportunidad de hacerse sustituto cuando él
falleció».
10. Inconforme con dicha decisión, el actor apeló la decisión de primera instancia.
Cuestionó que no se hubiera recurrido a las máximas de la experiencia según las
cuales los hijos con discapacidad suelen ser responsabilidad de sus padres. Agregó
que el derecho a solicitar el reconocimiento a la sustitución pensional no prescribe
y que el reclamo tardío de este no desvirtuaba la dependencia económica.
11. Argumentó que la relación filial entre el causante y el beneficiario se acreditó
mediante el registro civil de nacimiento aportado y que, a su vez, estaba probado
que el actor se encontraba en una condición que le había generado una pérdida de
más del 50% de la capacidad laboral. Añadió que la dependencia económica estaba
probada cuando el hijo en situación de discapacidad no cuenta con otro tipo de
ingresos. Aunado a lo anterior, aportó prueba testimonial según la cual se probaba
la dependencia económica del beneficiario reclamante.
12. Mediante sentencia del 1.º de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de
Caldas, Sala Tercera de Decisión confirmó la decisión de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda. Precisó que la dependencia económica se
caracteriza por el hecho de que, una vez fallecido el causante y, por consiguiente,
terminada la relación de aporte económico hacia el supuesto beneficiario, la
estabilidad financiera se ve comprometida al punto de poner en peligro su calidad
de vida digna. Esto, dado que el propósito de la pensión de sobrevivientes es
compensar la falta material de apoyo económico que se produce en la familia
cuando uno de sus miembros fallece.
13. Resaltó que, según la jurisprudencia especializada en la materia2, la
dependencia económica se intuye de los aportes concretos, regulares y periódicos
de los padres hacia sus hijos, los cuales deben ser significativos y proporcionales
en relación con los ingresos totales del familiar que busca obtener la prestación.
Agregó que esto implicaba que los hijos en condición de discapacidad debían,
mediante los medios de convicción, acreditar «i) su imposibilidad de autosuficiencia
en la generación de fuentes de ingresos, ii) la sujeción material a los ingresos del
hijo fallecido al momento del fallecimiento del mismo».
14. Describió a detalle lo relatado por medio de los testimonios de los señores
Javier Cataño Ramírez y Fernando Augusto Cataño Ramírez, hermanos del
2 La autoridad judicial accionada citó la sentencia del 27 de noviembre de 2019 de la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral. Radicado: 72610. M.P. Fernando Castillo Cadena.
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demandante. Al respecto, argumentó que, a pesar de que brindaron información
sobre la imposibilidad de autosuficiencia del actor en la generación de fuentes de
ingresos, dada su condición de salud, «no fueron claros en señalar la relación de
dependencia económica entre el padre fallecido y el demandante». Al respecto,
señaló:
el testigo Javier Cataño Ramírez se limitó a afirmar que, el padre no vivía con ellos,
y que la madre recibía una cuota de alimentos del causante y con esta ayudaba al
demandante; el testigo Fernando Augusto Cataño Ramírez señaló que, hasta la
muerte del padre del demandante, era este quien mantenía al demandante, luego,
la madre quedó con la mitad de la pensión del causante y se encargó de sostener
al demandante; fuera de lo anterior no aportan otra información acerca de las
condiciones de tiempo y modo en que se desarrollaba esa relación de dependencia
económica.
Los testigos principalmente se refieren a la ayuda económica que sus hermanos,
entre ellos los declarantes, prestan al demandante.
15. Sostuvo que esto, aunado al análisis del juez de primera instancia
relacionado con el tiempo que transcurrió entre el fallecimiento del titular de la
pensión (7 de julio de 2003) y la petición de sustitución pensional objeto del proceso
judicial (21 de febrero de 2014), «pone en duda si realmente el actor dependía
económicamente de su padre, y conlleva a afirmar que, el demandante no acreditó
la relación de dependencia económica con su padre fallecido».
16. Finalmente, indicó que no era «de recibo el argumento del apelante según el
cual, las máximas de experiencia indican que los hijos con discapacidad suelen ser
responsabilidad de sus padres». Advirtió que en estos asuntos se debía demostrar
efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida al presunto
beneficiario y no se puede pretender el reconocimiento del derecho con
suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro
de los hijos hacia los padres.
17. La sentencia de segunda instancia se notificó vía correo electrónico el 4 de
marzo de 2024.
1.4. Fundamentos de la vulneración
18. La parte actora señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en un defecto fáctico ante la falta de valoración de las pruebas presentadas que
acreditaban su situación de invalidez y dependencia económica. De tal forma,
aseguró que «no consideraron adecuadamente las pruebas testimoniales
presentadas».
19. Transcribió algunos apartados textuales de los testimonios de los señores
Fernando Cataño Ramírez y Javier Cataño Ramírez y arguyó que ambas pruebas
«corroboran que […] dependía económicamente de su padre debido a su invalidez».
Agregó que sus limitaciones físicas detalladas en los testimonios le impidieron ser
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autosuficiente, lo que confirmaba la necesidad de apoyo económico de su padre y,
posteriormente, de su madre hasta su fallecimiento.
20. Afirmó que se incurrió en defecto sustantivo al aplicar «incorrectamente las
normas sobre dependencia económica, exigiendo formalismos adicionales no
previstos en la ley». Puso de presente que la «jurisprudencia de la Corte
Constitucional permite una interpretación más flexible en la presentación de pruebas
en casos de derechos fundamentales, especialmente cuando se tratan de personas
en situación de discapacidad».
21. Argumentó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente de la sentencia SU-332 de 2019, según el cual
«no deben imponerse formalismos adicionales que no están previstos en la ley».
Expuso que se incurrió en tal defecto al «concluir que no existía dependencia
económica» por el tiempo transcurrido entre la muerte de su padre y la solicitud del
reconocimiento pensional. Al respecto, agregó lo siguiente:
Contrariando todas las máximas de la experiencia esto es que el padre como lo dijo
la prueba testimonial es el que sostiene el hogar, que una vez fallecido los recursos
obtenidos por la madre como pensión de sobreviviente o sustitución pensional
permiten seguir entrando alimento a la casa y compra de medicamento como en
este caso para beneficio del hijo invalido que aun hoy sigue viviendo en la casa
paterna bajo el cuidado de sus hermanos, por no tener ningún tipo de posibilidad de
auto sostenerse.
22. Alegó que no se atendió a la sentencia T-567 de 2014, según la cual, «la
pensión de sobreviviente es un derecho cierto, indiscutible, irrenunciable e
imprescriptible». Señaló que, de conformidad con la sentencia T-527 de 2014, «los
beneficiarios pueden reclamar el pago de las mesadas derivadas de la pensión en
cualquier tiempo y que el derecho a determinada pensión es imprescriptible y no se
pierde por no haberla reclamado inmediatamente después del fallecimiento del
causante».
23. A su vez, expuso que el tribunal asumió que «la falta de solicitud en el
momento oportuno implica la pérdida irrevocable del derecho a reclamar
posteriormente, lo cual no se aplica necesariamente a todos los casos». Agregó que
«la Corte Constitucional ha señalado que la tardanza en la solicitud no implica la
pérdida del derecho, especialmente en casos de personas en situación de
vulnerabilidad».
24. De tal forma, insistió que se estableció «una causalidad incorrecta entre la
omisión de la reclamación y la justificación para negar la pensión, sin considerar
que la dependencia económica y el derecho a la pensión son independientes del
momento de la reclamación». Sostuvo que se concluyó indebidamente que tal
tiempo transcurrido entre la muerte de su padre y la solicitud de pensión ponía en
duda la dependencia económica, pues esta «puede existir independientemente del
tiempo transcurrido».
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1.5. Trámite de la acción de tutela
25. En auto del 11 de junio de 2024, el magistrado ponente de esta decisión
admitió la acción de tutela y ordenó notificar Tribunal Administrativo de Caldas y al
Juzgado Sexto Administrativo de Manizales como autoridades judiciales
accionadas. Además de lo anterior, vinculó como tercero con interés a la UGPP y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo previsto
en el artículo 610 del Código General del Proceso.
1.6. Intervenciones
26. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Caldas
27. La autoridad accionada solicitó declarar la improcedencia de la acción de
tutela y, en subsidio, que se nieguen las pretensiones de la demanda. Sostuvo que
al actor se le respetaron todas las garantías procesales y constitucionales, motivo
por el cual no se vulneraron sus derechos fundamentales y tampoco se le ha
impedido acceder a la administración de justicia.
28. Aseguró que las pretensiones formuladas corresponden a una inconformidad
«frente a valoraciones probatorias que ya fueron resueltas de fondo en el trámite
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho». Agregó que, de
conformidad con los argumentos del escrito inicial, se puede concluir que el actor
está en desacuerdo con las conclusiones adoptadas por el tribunal al no encontrar
acreditada la relación de dependencia económica entre el padre fallecido y el
tutelante en situación de discapacidad.
1.6.2. UGPP
29. La autoridad vinculada al presente trámite rindió informe mediante el cual
expuso a detalle las actuaciones surtidas tanto en el procedimiento administrativo
como en el trámite judicial y alegó que no ha vulnerado ningún derecho fundamental.
30. Sostuvo que el actuar de la entidad en vía administrativa se ajustó a derecho
pues no existía prueba relativa al dictamen de pérdida de capacidad laboral
debidamente emitido por una IPS o EPS, ARL u otra entidad que pudiera certificar
ello. Agregó que, al no contarse con la fecha de estructuración de la invalidez, no
era posible establecer una dependencia económica ni establecer si el tutelante
requería o no ayuda de terceros.
31. Argumentó que las pretensiones formuladas en el escrito de tutela son
improcedentes dado que el actor pretende usar la tutela como una nueva instancia
del trámite judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, al manifestar su
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desacuerdo con las decisiones adoptadas allí. Por tanto, afirmó que no se cumplen
con los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra fallos judiciales,
pues «lo pretendido por la parte accionante es sustituir una decisión judicial
ejecutoriada proferida por el juez natural de la causa, por encontrarse inconforme
con la decisión de los despachos».
32. Agregó que el actor no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable o
afectación al mínimo vital, pues no aportó una prueba al menos sumaria para probar
esto. Indicó que tampoco demostró cómo la autonomía del juez de la causa y las
providencias cuestionadas vulneran su derecho al debido proceso.
33. Señaló que no se configuró un defecto sustantivo pues las accionadas no
desconocieron las normas que regulan el caso en concreto ni las aplicaron
indebidamente pues, contrario a ello, las decisiones censuradas estuvieron
fundamentadas en las disposiciones y en la jurisprudencia que rige el asunto
estudiado.
34. Argumentó que no se incurrió en el defecto fáctico alegado pues las
demandadas tuvieron en cuenta las pruebas aportadas al proceso contencioso y las
cuales, de conformidad con la valoración del juez natural de la causa, no permitieron
acreditar el requisito de dependencia económica del actor respecto del causante.
1.6.3. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
35. La apoderada judicial de la entidad solicitó la aclaración del auto admisorio
de la presente acción constitucional, en el sentido de especificar si a la entidad se
le vinculó al presente proceso de conformidad con lo dispuesto por el artículo 610
del Código General del Proceso o en calidad de tercero con interés. Al respecto,
manifestó:
en la parte considerativa se le vincula con fundamento en el artículo 610 del CGP,
no obstante, en la parte resolutiva se le vincula como tercero con interés y se fija un
plazo de 3 días para intervenir, lo que podría interpretarse como que la vinculación
e intervención no es discrecional sino imperativa y se limita al referido plazo, en
posible discordancia con el precepto mencionado.
Por ello, con el fin de tener claridad sobre el alcance de la decisión adoptada por su
despacho y ante la existencia de verdadero motivo de duda acerca de si su
intervención es obligatoria o discrecional en los términos del artículo 610 del CGP,
solicita de manera muy respetuosa aclaración.
36. El Juzgado Sexto Administrativo de Manizales envió copia digital del
expediente solicitado, sin que remitiera pronunciamiento alguno frente a las
pretensiones de la acción constitucional.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
37. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Manizales. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto
Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
38. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
39. La Sala advierte que el señor Luis Alberto Cataño Ramírez está legitimado
en la causa por activa. Esto, pues es el demandante del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se profirieron las providencias reprochadas
a través de este mecanismo constitucional.
40. Por su parte, esta colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo de
Caldas y el Juzgado sexto Administrativo de Manizales están legitimados en la
causa por pasiva. Esto, porque son las autoridades judiciales que profirieron las
decisiones reprochadas en esta oportunidad.
41. Sin embargo, la sala advierte que el estudio respectivo se limitará al fallo del
1.º de marzo de 2024 proferido por el juez de la segunda instancia del proceso
ordinario, dado que esta decisión fue la que finalizó el trámite.
42. Finalmente, se aclara que la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado se realizó en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 610
del Código General del Proceso y no como tercera con interés.
2.3. Problemas jurídicos
43. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, en especial el de relevancia constitucional.
44. De encontrarse superados, la sala analizará lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Caldas vulneró los derechos fundamentales
invocados con ocasión del fallo proferido el 1.º de marzo 2024 en el que
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confirmó la decisión de primer grado que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la parte
actora contra la UGPP?
45. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial, y (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad,
en especial relevancia constitucional.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
46. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20123. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales4.
47. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 5. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia6 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial7.
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
7 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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48. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
49. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.
50. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
51. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad y solo en el caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Análisis sobre el requisito general de relevancia constitucional
52. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que
los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional8.
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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53. De esta manera, esta Sala de Decisión en esta oportunidad, se planteó que
el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios
establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales
fueron acogidos por esta corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren
a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.
54. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene «vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
55. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda
de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía,
en la materialización del principio de igualdad».
56. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución”.
57. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir
si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional, de
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conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por
la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.6. Relevancia constitucional en el caso concreto
58. La sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia por no acreditarse el requisito general de la relevancia constitucional,
pues la parte actora presentó argumentos tendientes a buscar una instancia
adicional del proceso, con lo que se pretende reabrir las etapas procesales y
probatorias de la controversia ya zanjada por el juez natural de la causa. Lo anterior,
ante la evidente falta de carga argumentativa en clave de derechos fundamentales,
al formular razones de índole legal cuyo estudio es propio de la labor de los jueces
ordinarios.
59. En efecto, los reproches que sustentan el defecto fáctico están dirigidos a
manifestar una simple inconformidad con respecto a la valoración probatoria
efectuada por el Tribunal Administrativo de Caldas. Esto, pues el señor Cataño
Ramírez no presentó razón alguna que permita entrever alguna arbitrariedad o
capricho por parte de la autoridad judicial accionada al momento de valorar las
pruebas que, a su juicio, fueron estudiadas indebidamente.
60. El actor simplemente se limitó a transcribir algunos apartados textuales de
algunas pruebas testimoniales y expuso que estas acreditaban su dependencia
económica en relación con su padre fallecido, dada su condición de discapacidad.
61. En este orden de ideas, de lo desarrollado en el escrito de tutela en relación
con el defecto fáctico es posible concluir que la intención del señor Cataño Ramírez
es reabrir un debate probatorio ya zanjado en el proceso ordinario y, con ello, que
el juez de tutela trascienda la órbita de su competencia y lleve a cabo una nueva
valoración de los testimonios allegados al expediente con el fin de obtener una
decisión favorable a sus intereses. Por tanto, este cargo carece de relevancia
constitucional.
62. En el mismo sentido, el defecto sustantivo invocado por el actor tampoco
logra superar el requisito general de procedibilidad objeto de examen, pues en el
escrito inicial se limitó a afirmar que las demandadas aplicaron «incorrectamente las
normas sobre dependencia económica, exigiendo formalismos adicionales no
previstos en la ley». De tal forma, no cumplió con la carga mínima de señalar las
normas que, a su juicio, fueron desconocidas o estudiadas de manera arbitraria. En
tal sentido, cualquier análisis de fondo al respecto implicaría un proceder oficioso
por parte del juez constitucional que, en materia de tutelas contra providencias
judiciales, le está vedado, en virtud de los principios de seguridad jurídica y
autonomía judicial.
63. En este orden, para la Sala es evidente que lo pretendido por el tutelante es
utilizar este mecanismo de amparo constitucional como una instancia adicional del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Incluso, sus reproches
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pretenden reabrir una tercera instancia para debatir nuevamente los argumentos
que fueron despachados de manera desfavorable por las autoridades judiciales
accionadas.
64. No sobra agregar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica,
cosa juzgada y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra
providencias judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos
generales de procedibilidad. En específico, cuando se pretenden cuestionar por
esta vía las decisiones de los jueces naturales y valoraciones realizadas al acervo
probatorio.
65. Ahora bien, en relación con el defecto por desconocimiento del precedente
judicial, se evidencia que no cuenta con la carga argumentativa mínima para ser
estudiado. Lo anterior porque el actor se limitó a referenciar algunas sentencias de
la Corte Constitucional y los temas que, a su juicio, fueron allí abordados, sin
exponer mínimamente alguna regla o subregla de derecho aplicable a su caso y que
hubiera sido desconocida por el tribunal demandado, en consideración a las
particularidades del caso en concreto. En efecto, el actor simplemente expuso de
forma general y abstracta los asuntos tratados en tales sentencias, sin cumplir con
la carga requerida para que exista un pronunciamiento de fondo por parte de la sala.
66. Sobre este cargo es preciso resaltar que esta Sección ha considerado que la
parte que invoca este defecto debe cumplir con la carga mínima de identificar: (i)
la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la solución del nuevo
caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la
incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
67. Los anteriores criterios no fueron desarrollados por el actor en los
fundamentos de este cargo, por lo que no se satisface el deber de una carga mínima
que permita superar la relevancia constitucional.
68. Por último, el actor expuso algunos argumentos por medio de los cuales
pretendió evidenciar algunas inconsistencias en la argumentación desarrollada por
el tribunal en la sentencia cuestionada; no obstante, estas razones corresponden a
cuestionamientos de índole simplemente legal que evidencian una mera
inconformidad con el proceder hermenéutico del juez natural de la causa.
69. En este orden de ideas, se evidencia que el objetivo de la parte actora es
manifestar su discrepancia respecto de las conclusiones adoptadas en la segunda
instancia del medio de control. De tal forma, pretende que el juez de tutela lleve a
cabo una nueva valoración probatoria de los testimonios que relacionó y, con ello,
profiera una decisión favorable a sus intereses. A su vez, el señor Cataño Ramírez
pretende usar el mecanismo de amparo con el fin de que el juez constitucional
efectúe un estudio oficioso de un asunto que ya surtió las etapas procesales
previstas por el ordenamiento.
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70. En otras palabras, la ausencia de la carga mínima argumentativa en clave de
derechos fundamentales requerida para controversias de esta naturaleza permite
concluir que el objetivo de la presente demanda es reabrir una controversia ya
zanjada por el juez natural de la causa y, con ello, una simple corrección del fallo
cuestionado vía tutela, lo que evidencia la intención de usar el mecanismo de amparo
como una tercera instancia del trámite ordinario.
71. Por último, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela
revista necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos, se requiere que
en el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.
Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la protección efectiva de las
garantías constitucionales y no a problemas de carácter económico, legal o
patrimonial o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por
los jueces naturales.
72. En conclusión, la sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo,
al no encontrar acreditado el presupuesto de la relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: ACLARAR que la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado a esta acción de tutela fue en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 610 del Código General del Proceso.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por el
señor Luis Alberto Cataño Ramírez por no encontrarse acreditado el requisito de
procedibilidad de la relevancia constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991
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OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente.
Usted puede consultarlo con el número de radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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