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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02981-01

Fecha
20 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02981-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- REVÓCASE la sentencia de 5 de julio de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado. En su lugar, Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por las señoras María Isabel Mejía Marulanda y María Dora Victoriana Mejía Marulanda, quienes actúan mediante apoderada judicial, contra la Sección Primera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones aquí expuestas. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02981-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

20 de septiembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02981-01
Demandante: María Isabel Mejía Marulanda y otra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02981-01
Demandantes: MARÍA ISABEL MEJÍA MARULANDA Y MARÍA DORA
VICTORIANA MEJÍA MARULANDA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Decisiones proferidas en el trámite
de una acción popular. Defectos procedimental absoluto, sustantivo
y fáctico. Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por las señoras María Isabel Mejía Marulanda y María Dora Victoriana
Mejía Marulanda, quienes por conducto de apoderada judicial, contra la sentencia
de 5 de julio de 2024, dictada por la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado, en la que negó las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Las accionantes relataron que pretendían desarrollar el proyecto urbanístico
condominio campestre Los Pinos - Santa Elena, en la vereda “El Manzano” del
área rural del municipio de Pereira, que colinda en un tramo con la autopista del
Café.

Sostuvieron que adquirieron “las autorizaciones administrativas para desarrollar
aquel proyecto urbanístico, tales como: disponibilidad del servicio de acueducto y
aseo de la Asociación de Suscriptores de la Empresa de Servicios Públicos
Tribunas-Córcega (marzo 2.007); permiso ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Risaralda (CARDER), a través de Resolución #1909 del 2.015 (julio
21), prorrogada por Resolución #0008 del 2.019 (enero 9); y licencia urbanística
de la Curaduría Urbana Segunda de Pereira, mediante Resolución #4467 del
2.015 (octubre 16), prorrogada por Resolución #000031 del 2.017 (octubre 13) y
Resolución #000090 del 2.018 (noviembre 15), y revalidada por Resolución
#000017 del 2.019 (noviembre 28)”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02981-01
Demandante: María Isabel Mejía Marulanda y otra

Afirmaron que la Procuraduría 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira
presentó el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
contra la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (en adelante Carder) y el
municipio de Pereira, en la que solicitó el amparo de los derechos colectivos al
goce de un ambiente sano, moralidad administrativa, existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y,
en consecuencia, se ordenara la no ejecución del proyecto denominado
condominio campestre Los Pinos-Santa Elena.

Indicaron que el Tribunal Administrativo de Risaralda en sentencia de 13 de enero
de 2022, declaró vulnerados los derechos colectivos “al goce de un ambiente
sano; a la moralidad administrativa; a la existencia del equilibrio ecológico y el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación
de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial
importancia ecológica, así como los demás intereses de la comunidad
relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; y a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes”.

Finalmente, manifestaron que contra la anterior decisión interpusieron recurso de
apelación que fue resuelto por la Sección Primera del Consejo de Estado en
sentencia de 13 de diciembre de 2023, en el sentido de modificar lo relacionado
con la condena en costas que fueron negadas en primera instancia para reconocer
la causación de las agencias en derecho a favor de la parte demandante. En lo
demás, confirmó íntegramente la decisión, al considerar que existe una restricción
que recae sobre el área donde se desarrollará el proyecto condominio campestre
Los Pinos – Santa Elena, lo cual obedece a la necesidad de conservación de los
ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de
poblaciones viables de especies que habitan en dicho entorno natural.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la propiedad privada y a la “iniciativa económica privada”,
supuestamente vulnerados por la Sección Primera del Consejo de Estado y el
Tribunal Administrativo de Risaralda, con las sentencias de 13 de diciembre de
2023 y de 13 de enero de 2022, en su orden, por medio de las cuales se
accedieron a las pretensiones del medio de control de protección de los derechos
e intereses colectivos con radicado No. 66001-23-23-000-2021-00103-02.

En primer lugar, se refirió a los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, específicamente, respecto a la relevancia
constitucional manifestó que “la Teoría Constitucional del Estado enseña que la
creación de este fue determinada por la necesidad de evitar la resolución
particular, y generalmente violenta, de los conflictos entre ciudadanos, así que la
administración de justicia y el Debido Proceso -derechos constitucionales
fundamentales cuyo amparo es deprecado-, se encumbran, respectivamente,
como la función teleológica del Estado, y como la garantía de su adecuado
funcionamiento”.
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Demandante: María Isabel Mejía Marulanda y otra

De otro lado, afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto procedimental, pues no se pronunció sobre la presunción de legalidad
de los actos administrativos relacionados con las licencias otorgadas para el
desarrollo del proyecto urbanístico e impusieron esa carga a las entidades
demandadas.

Indicó que en las sentencias objetadas se incurrió en defecto sustantivo, pues no
estaba demostrado que las accionantes tuvieran conocimiento previo del proyecto
que se materializó con la expedición del Acuerdo No. 010 de 2015 de la Carder,
por medio del cual se declaró el distrito de conservación de suelos Barbas
Bremen, además que esto no reemplaza los medios legales de publicidad de ese
acto administrativo de carácter general.

Agregó que el proyecto urbanístico condominio campestre Los Pinos - Santa
Elena comenzó su desarrollo a partir del año 2007 y, en todo caso, los actos
preparatorios para pedir las licencias ambientales y urbanísticas, la radicación de
la solicitud de su concesión, y su otorgamiento por parte de las entidades
competentes, son anteriores a la publicitación del Acuerdo No. 010 del 2015.

Resaltó que las autoridades judiciales accionadas “conminan a las entidades
accionadas a revocar dichas decisiones, con fundamento en actos administrativos
que NO se encontraban publicados y que no habían sido inscritos en los
correspondientes folios de matrícula inmobiliaria de los predios involucrados, por
lo tanto no se podía predicar su validez y oponibilidad”.

Aseguró que en las sentencias objetadas no se pronunciaron sobre la eficacia y
oponibilidad de los actos administrativos, lo que desconoce los derechos
adquiridos de la parte actora, lo cual sustentó en la sentencia de 5 de noviembre
de 20131 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

Por otra parte, afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto fáctico, pues la “Procuraduría 28 Judicial II Ambiental y Agraria de
Pereira NO allegó evidencia documental que acreditara la veracidad y magnitud de
la presunta amenaza al derecho colectivo al goce de un ambiente sano, mientras
que el Juez Constitucional NO decretó de oficio la realización de una experticia
que demostrara aquellos aspectos, relevantes para la decisión del asunto
sometido a la Judicatura”.

Sostuvo que las señoras María Isabel Mejía Marulanda y María Dora Victoriana
Mejía Marulanda allegaron un dictamen pericial, en el que se describió e ilustró el
área que ocuparía el proyecto urbanístico condominio campestre Los Pinos -
Santa Elena y en el que se explicó su impacto para la flora, la fauna y el recurso
hídrico de la zona.

Indicó que la Sección Primera del Consejo de Estado pretendió desvirtuar el
dictamen pericial con los testimonios, los que no ofrecieron fundamentos técnicos
objetivos.

Finalmente, manifestó que “el Ad quem, carente de conocimiento en ciencias
ambientales, proclama que “aun cuando se aportaran pruebas técnicas” de que el
proyecto “Condominio Campestre Los Pinos-Santa Elena” no crea un riesgo
ecológico para el Distrito de Conservación de Suelos Barbas-Bremen, su

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Radicado No. 25000-23-25-000-2005-00662-03, C.P.: María Claudia Rojas Lasso.
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Demandante: María Isabel Mejía Marulanda y otra

ejecución está restringida, argucia que lo único que acredita es su propio prejuicio,
su desprecio por las pruebas y su confusión semántica: restringir no es sinónimo
de prohibir, y en el Plan de Manejo de aquella área protegida, concebido ese sí
por una autoridad ambiental, no se prohíbe la actividad de construcción”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“Basada en los fundamentos fácticos, probatorios, normativos y jurídicos expuestos en
precedencia, estimo haber acreditado que en el asunto sub examine se cumplen los
presupuestos generales y específicos de procedibilidad del amparo judicial que consagra el
artículo 86 de la Constitución, razón por la cual respetuosamente pido a los honorables
Consejeros:

5.1. CONCEDER la TUTELA a favor de MARÍA ISABEL MEJÍA MARULANDA y MARÍA DORA
VICTORIANA MEJÍA MARULANDA, amparando sus derechos constitucionales fundamentales a
la administración de justicia, al Debido Proceso y a la propiedad e iniciativa económica privadas,
infringidos por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA y el
CONSEJO DE ESTADO dentro del Proceso Constitucional de Acción Popular con radicación
#660012323000-2021-00103-00.

5.2. ORDENAR a la SECCIÓN PRIMERA de la SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO del CONSEJO DE ESTADO que, dentro del perentorio término judicial que se
le conceda, DEJE SIN EFECTOS el fallo de segundo grado que dictó el trece (13) de diciembre
del año dos mil veintitrés (2.023) en el citado proceso judicial, y en su lugar emita una sentencia
ajustada a los lineamientos jurídicos que en el fallo de Tutela especifique el Juez Constitucional,
en especial: (i) la revisión de la procedencia de la acción judicial incoada, conforme sus
fundamentos fácticos y probatorios; (ii) la apreciación conjunta del acervo probatorio conforme al
sistema de valoración probatoria de la persuasión racional, y bajo el estándar probatorio más
adecuado para dirimir la tensión de derechos en conflicto; y (iii) la aplicación del precedente
jurisprudencial concerniente a los derechos adquiridos en el contexto de promoción de derechos
colectivos”.

4. Pruebas relevantes

El Tribunal Administrativo de Risaralda allegó el link de acceso al expediente No.
66001-23-33-000-2021-00103-02, que contiene las actuaciones del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos que inició la
Procuraduría 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira contra la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda y el municipio de Pereira.

5. Trámite procesal

Por auto de 13 de junio de 2024, la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante, a la
Procuradora 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira, a la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda, al municipio de Pereira, a la Curaduría Urbana
No. 2 de Pereira, a la Empresa de Servicios Públicos de Tribunas Córcega ESP, a
Óptimo Inversiones y Proyectos S.A.S. y a la señora Cotty Morales Caamaño.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Sección Primera del Consejo de Estado

En escrito de 19 de junio de 2024, la consejera ponente de la sentencia objetada
solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir
con el requisito de la relevancia constitucional.

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Demandante: María Isabel Mejía Marulanda y otra

Afirmó que lo que se vislumbra del escrito de tutela es la intención de las
accionantes de reabrir el debate judicial que ya fue objeto de decisión y que no
presenta una valoración defectuosa o irrazonable del material probatorio que haya
dado lugar a errores en la actividad judicial, como da cuenta la sentencia de 13 de
diciembre de 2023.

Señaló que los argumentos referidos a la oponibilidad de los actos administrativos
y la garantía de los derechos adquiridos fueron cuestiones ampliamente debatidas
en las sentencias reprochadas, razón por la cual es dable concluir que la solicitud
de amparo no supera el examen de procedibilidad, en tanto no cumple con el
requisito de relevancia constitucional debido a que se centra en reabrir un debate
judicial debidamente clausurado.

Finalmente, resaltó que no se advierte la existencia de una cuestión que sea de
verdadera relevancia constitucional que conlleve la presunta transgresión de los
derechos fundamentales que invocan las accionantes, sino una divergencia
dirigida a cuestionar una decisión judicial, acudiendo al mecanismo constitucional
de amparo como si se tratase de un recurso o instancia adicional.

6.2. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación

En oficio de 19 de junio de 2024, la Procuradora 28 Judicial II Ambiental y Agraria
de Pereira pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela, por no
cumplir con el requisito de la inmediatez.

Indicó que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 13 de diciembre de
2023, y notificada a la demandada el 16 de enero de 2024, es decir, hace más de
cinco meses, circunstancia que impone a la parte actora la necesidad de informar
y demostrar las razones jurídicamente validas por las cuales el presente recurso
constitucional no fue presentado con antelación.

Por último, señaló que las demandantes no cumplieron con su deber de presentar
una argumentación fáctica y jurídica suficiente que permita establecer el
cumplimiento de los requisitos enunciados por la jurisprudencia constitucional para
que proceda la acción de tutela, especialmente el de la inmediatez, pues la parte
actora no especifica las razones que justifican la tardanza en la utilización de este
recurso judicial.

6.3. Respuesta de la Carder

En escrito de 27 de mayo de 2024, el apoderado de la entidad informó que la
entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales de las accionantes y que han
dado cumplimiento de las sentencias proferidas en la acción popular.

Afirmó que en la acción de tutela no se demuestra la configuración de un perjuicio
irremediable por parte de esa entidad, toda vez que realizó las gestiones
administrativas correspondientes para la expedición de las licencias ambientales
solicitadas por las accionantes, y en el mismo sentido es claro que ha dado
cumplimiento a los fallos y a las decisiones emitidas en el marco de la acción
popular.

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Para terminar, resaltó que no existe el perjuicio causado a las accionantes y que
no se encuentra demostrado el nexo causal o la relación existente entre el daño
alegado y la actuación activa u omisiva de su parte.

6.4. Respuesta del municipio de Pereira

En correo electrónico de 19 de junio de 2024, el apoderado de la entidad territorial
pidió que fuera desvinculada por falta de legitimación en la causa por pasiva, a lo
que agregó que no se cumple con el requisito de inmediatez.

6.5. Respuesta de la Curaduría No. 2 de Pereira

En escrito de 17 de junio de 2024, el curador mencionó que se acogía a las
pretensiones de las accionantes.

Afirmó que en las sentencias objetadas no se tuvieron en cuenta que las licencias
para elaborar el proyecto en el distrito de conservación de suelos Barbas Bremen,
se habían otorgado con anterioridad, es decir, cuando no tenían el carácter de
suelo de protección ambiental.

Resaltó que al ordenar la revocatoria de los actos administrativos que contienen
las licencias se desconoció la situación jurídica consolidada de las demandantes,
al igual que el derecho de defensa y contradicción del curador que expidió el acto
y que debe asumir la carga económica de la revocatoria.

Finalmente, manifestó que lo que se pretendía con la acción popular era dejar sin
efecto la licencia legalmente otorgada, por lo que el mecanismo adecuado era el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

6.6. La Empresa de Servicios Públicos de Tribunas Córcega ESP, la sociedad
Óptimo Inversiones y Proyectos S.A.S., y la señora Cotty Morales Caamaño,
guardaron silencio a pesar de que se les notificó en debida forma el auto
admisorio de la acción de tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado por sentencia de 5 de
julio de 2024, negó las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que las
demandantes no demostraron que las autoridades judiciales incurrieran en el
defecto fáctico alegado.

Afirmó que en las sentencias objetadas ya se habían pronunciado sobre la
inconformidad de las accionantes relacionadas con la supuesta indebida
valoración del dictamen pericial aportado, lo cual denota que su intención, más allá
de exponer la afectación a sus derechos fundamentales, es utilizar este
mecanismo constitucional como una reclamación adicional o una tercera instancia
con el fin de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.

Sostuvo que las autoridades judiciales accionadas efectuaron un análisis frente a
la aludida prueba que se alega desatendida, distinto es que, con base en ella,
dedujeran que no se podía afirmar que con el desarrollo del proyecto urbanístico
no se afectarían poblaciones de especies de fauna, así como ecosistemas

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forestales, debido a que no se aportaron documentos, estudios o algún soporte
técnico que lo demostrara y, aunque los hubiera, es imposible ignorar el hecho de
que se trata de la construcción de 12,63 hectáreas con diversas viviendas dentro
de un área protegida.

Aseguró que las providencias objetadas no devienen de una interpretación
caprichosa de las autoridades accionadas, toda vez que sus afirmaciones
estuvieron debidamente motivadas y se encuentran en armonía con los medios de
prueba adosados al trámite de la acción popular. Por el contrario, aquellos le
permitieron determinar que era necesario proteger los derechos colectivos allí
invocados.

Resaltó que el hecho de que las autoridades judiciales accionadas no hayan
valorado las pruebas en el sentido que pretendían las demandantes, no conlleva la
existencia de un defecto fáctico, por cuanto en acatamiento de sus competencias
jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia
de los elementos de convicción obrantes en el expediente, así como la de
otorgarle diferentes grados de certeza, siempre que lo haga de manera integral y
bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció en el asunto materia de
controversia.

Finalmente, manifestó que las conclusiones de las accionadas están precedidas
de una valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que
imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente
contrarias a las garantías superiores, supuesto que no se configura.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, las
demandantes impugnaron la sentencia de primera instancia, con el fin de que se
revocara y se accediera a las pretensiones de la acción de tutela.

Afirmaron que la “carga argumentativa que cumplí denunciando un defecto
procedimental, por malear una acción popular instrumentalizándola para anular, de
facto, un acto administrativo de carácter particular; sendos defectos sustantivos,
por desconocer precedente acerca de derechos adquiridos, y por omisión y
suplantación de los mecanismos de publicidad de un acto administrativo de
carácter general -en cuanto esa publicidad tenía incidencia en el proceso judicial
dentro del cual fue dictado el fallo objeto de acción de tutela-; y un defecto fáctico,
por omisión de adecuada valoración probatoria de dictamen pericial”.

Indicó que en la sentencia impugnada se aplicó el principio de oficiosidad para
resolver solo un cargo de los propuestos en el escrito de tutela, lo que es contrario
al artículo 55 de la Ley Estatutaria 270 de 1996.

Sostuvo que el a quo no solo erró por omisión, sino que también exhibió falencias
jurídicas en el asunto que sí examinó, esto es, en el análisis de la indebida
apreciación probatoria del dictamen pericial, pues la Ley 472 de 1998, que
gobierna las acciones populares, se aprecia que la reglamentación del dictamen
pericial es mínima, por lo que se remite al artículo 228 del Código General del
Proceso.

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Señaló que “como entidad pública demandante en el ilegítimo Proceso de Acción
Popular que degeneró en el fallo demandado en este Proceso Constitucional de
Tutela, la Procuraduría General de la Nación tenía la posibilidad de acceder a
servicios de otros agentes estatales especializados en el medio ambiente, a fin de
controvertir la experticia inicial presentada por las demandadas -aquí accionantes-,
pero no lo hizo”.

Resaltó que el acto administrativo de carácter general no prohíbe actividades de
construcción dentro del distrito de conservación de suelos Barbas Bremen y,
contrario sensu, las permite con restricciones basadas en la protección del medio
ambiente.

Afirmó que el dictamen pericial estuvo dirigido a cumplir con la carga probatoria de
acreditar que el proyecto condominio campestre Los Pinos - Santa Elena, es
armonizable con esas limitaciones proteccionistas.

Mencionó que “la experticia presentada por el ingeniero Villota Echeverry no tiene
por qué ser considerada infalible, pero no es menos cierto que, tratándose de un
estudio técnico acerca de un aspecto académicamente complejo, su contradicción
probatoria ameritaba una exposición a cargo de un individuo con conocimientos
homogéneos -incluidos los que brinda el trabajo de campo especifico-, y, en todo
caso, su refutación no puede considerarse cumplida con la argucia genérica
formulada por un Juez de que “…aun cuando se aportaran pruebas técnicas que
respaldaran el dicho del perito, -que no fue así-, no se puede desconocer la
restricción que pesa sobre dicha área (…)”.

Por último, manifestó que el fallo de tutela impugnado adolece de i) indebida
motivación, por omisión arbitraria de la decisión acerca de tres defectos
endilgados a la sentencia primigenia que propiciaron esta acción de tutela y por
convalidación del injustificado desconocimiento del valor probatorio del dictamen
pericial no desvirtuado con base en el acervo probatorio, sino en la opinión de las
autoridades judiciales accionadas y ii) falta de motivación por pretermisión de
pronunciamiento respecto a las pretensiones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 5 de julio de 2024, dictada por la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la
acción de tutela y, en su lugar, si la Sección Primera del Consejo de Estado y el
Tribunal Administrativo de Risaralda con las sentencias de 13 de diciembre de
2023 y de 13 de enero de 2022, en su orden, vulneraron los derechos

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fundamentales al debido proceso, así como al principio de la seguridad jurídica, al
incurrir en defectos i) procedimental absoluto, porque no se pronunció sobre la
presunción de legalidad de los actos administrativos relacionados con las licencias
otorgadas para el desarrollo del proyecto urbanístico, ii) sustantivo, en razón a
que no se pronunciaron sobre la inoponibilidad del Acuerdo No. 010 de 2015 y iii)
fáctico, por indebida valoración de la prueba pericial allegada por las
demandantes a la acción popular.

De manera previa, la se verificará el cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, el cual es susceptible de revisión oficiosamente por el juez
constitucional de segunda instancia, aun cuando no hubiera sido objeto de
impugnación, en tanto prima facie se deben privilegiar los principios de autonomía
e independencia judicial.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para
el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para
cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la
obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las
decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de
los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no
se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado por medio de
sentencia de 5 de julio de 2024, negó las pretensiones de la acción de tutela, al
considerar que los argumentos expuestos por la parte actora lo que pretende es
propiciar una instancia adicional, pues lo relacionado con la prueba pericial ya fue
objeto de pronunciamiento por las autoridades judiciales accionadas.

En el escrito de impugnación, la parte actora insistió en los argumentos expuestos
en la acción de tutela, particularmente que las decisiones objeto de reproche
constitucional incurrieron en los defectos procedimental absoluto, sustantivo y
fáctico.

4.2. La Sala anticipa que revocará la sentencia impugnada que negó las
pretensiones y, en su lugar, se declarará la improcedencia de la acción de tutela
porque no cumple el requisito de relevancia constitucional.

Al respecto, se procederá a realizar un breve recuento de las diferentes
actuaciones surtidas por las autoridades judiciales accionadas en el curso del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, a saber:

La Procuraduría 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira en ejercicio del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos presentó

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Demandante: María Isabel Mejía Marulanda y otra

demanda6 contra la Carder y el municipio de Pereira, con el objeto de que
protegieran los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la moralidad
administrativa, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los
demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración
del medio ambiente, la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada,
y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y los
derechos de los consumidores y usuarios.

En el auto admisorio se procedió a vincular a las partes interesadas. Por
consiguiente, las señoras María Isabel Mejía Marulanda y María Dora Victoriana
Mejía Marulanda allegaron escrito de contestación, en el que resaltaron i) que el
proyecto que adelantan es anterior al Acuerdo No. 010 de 2015, razón por la cual
dicho acto le resultaba inoponible, más aún cuando ya contaba con los actos
administrativos que les otorgaba las licencias, ii) que a la demanda se le dio un
trámite diferente al que le corresponde, pues lo que se pretende es la suspensión
de un proyecto que cuenta con sus licencias otorgadas mediante actos
administrativos que se encuentran ejecutoriados, razón por la cual el órgano de
control debió acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento y no a la
acción popular y iii) finalmente, aportaron con la contestación de la demanda un
dictamen pericial elaborado por un ingeniero forestal.

El Tribunal Administrativo de Risaralda en sentencia de 13 de enero de 2022,
declaró vulnerados los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la
moralidad administrativa, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la
preservación y restauración del medio ambiente, y a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes7.

Las señoras María Isabel Mejía Marulanda y María Dora Victoriana Mejía
Marulanda interpusieron recurso de apelación8 contra la anterior decisión, en la
que se indicó que las licencias otorgadas para el proyecto se expidieron durante
la vigencia del Acuerdo No. 18 de 2000 modificado por el Acuerdo No. 23 de 2006
del Concejo Municipal de Pereira, es decir, que fue con anterioridad al Acuerdo
No. 010 de 2015. Adicionalmente, afirmaron que de las pruebas no se evidencia

6
Con sustento en que la ejecución del proyecto condominio campestre Los Pinos – Santa Helena, que se pretende
desarrollar en predios ubicados en el sector Laguneta, se encuentran ubicados en el área protegida distrito de conservación
de suelos Barbas Bremen y ha provocado consecuencias negativas para su manejo y administración.
7
Ordenó i) a la Carder revisar todas las licencias otorgadas relacionadas con el Condominio Campestre Los Pinos – Santa
Elena, ii) al municipio de Pereira que iniciara las actuaciones administrativas relacionadas con la revocatoria de las licencias
urbanísticas, con sus respectivas prorrogas, otorgadas al mencionado proyecto y iii) a las señoras María Isabel y María
Dora Victoria Mejía Marulanda no adelantar trabajos en el área protegida del distrito de conservación de suelos Barbas
Bremen.
8
La Curaduría No. 2 de Pereira, la Carder y la sociedad Óptimo Inversiones y Proyectos S.A.S., también interpusieron
recurso de apelación, en los que insistieron en la excepción de indebida escogencia de la acción o medio de control y la
indebida valoración de la prueba pericial.
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la vulneración de los derechos e intereses colectivos protegidos en la sentencia
de primera instancia, más aún cuando se contaba con una prueba pericial en la
que se precisó el tamaño del proyecto y que no representaba una amenaza para
las especies de flora y fauna existente en la zona.

La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 13 de diciembre de
2023, modificó lo relacionado con la condena en costas, al considerar que se
causaron las agencias en derecho en primera y segunda instancia a favor de la
parte demandante. En lo demás, confirmó la decisión del a quo, para lo cual, en
primer lugar, se refirió a la excepción de indebida escogencia de la acción, toda
vez que de acuerdo con el inciso 2 del artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 -
CPACA-, a través del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos no es posible declarar la nulidad o invalidez de contratos ni de los actos
administrativos. Sin embargo, agregó, esto no priva al juez que encuentre que un
acto administrativo vulnera derechos e intereses colectivos para que adopte las
medidas necesarias con el fin de que cese la vulneración9. Adicionalmente,
precisó que el fallo de primera instancia no desconoció lo anterior, pues “no
implicó pronunciamiento sobre la presunta ilegalidad de actos administrativos por
configuración de las causales del artículo 137 del CPACA y, menos aún, la
anulación de los mismos”. En segundo lugar, procedió a estudiar el marco
normativo de la licencia ambiental, para lo cual estableció los instrumentos
ambientales en el área del proyecto condominio campestre Barbas Bremen, los
cuales estaban a cargo de la Carder. Finalmente, se refirió al Sistema Nacional de
Áreas Protegidas y distritos de conservación de suelos.

Posteriormente, resaltó que no era de recibo el argumento de avalar un permiso
ambiental en zona de uno de suelo restringido, contrariando el plan de manejo y
la normativa ambiental, pues la Carder “adoptó las determinantes ambientales
para el ordenamiento territorial de los municipios de Risaralda, mediante la
Resolución 1796 de 14 de septiembre de ese mismo año, en la cual estableció
como criterios para restringir la extensión máxima de los corredores viales
suburbanos respecto del perímetro urbano, que éstos no podrían extenderse
sobre áreas naturales protegidas”. Igualmente, señaló que no se pueden
desconocer las consecuencias de los propios actos de la Cardes al recategorizar
el parque Barbas – Bremen, pues esto conllevó a que “los objetivos de
conservación de áreas protegidas y los cuales no emanan únicamente de normas
de reconocimiento de carácter local, sino de normas de rango superior que
establecen la protección de la diversidad, tales como el Convenio sobre
Diversidad Biológica, la Constitución Política y el Decreto compilatorio 1076 de
2015, que recoge el Decreto 2372 de 2010 relativo a la creación y regulación del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.

En lo relacionado con el cargo de la indebida valoración pericial, se precisó en la
sentencia de segunda instancia lo siguiente:

“A juicio del Tribunal, el dictamen no presenta fundamentos técnicos que permitan afirmar que con
el desarrollo del proyecto urbanístico en el área protegida no se afectan poblaciones de especies
de fauna, así como ecosistemas forestales, debido a que no se aportaron documentos, estudios o
algún soporte de sus afirmaciones. De igual manera, para el a quo no es de recibo el argumento
del ingeniero ambiental, según el cual los predios objeto de análisis, así como los vecinos, ya
tuvieron impactos por las actividades ganaderas y agrícolas sin restricción, pues esa es
precisamente la razón por la cual el área está definida como distrito de conservación de suelos,

9
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de septiembre de 2023, radicado No. 25000-23-41-000-2014-
00593-02.
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con el fin de recuperar suelos alterados o por fenómenos físicas o climáticas o por la clase de
utilidad que en ella se desarrolla.

Con la contestación de la demanda, las terceras interesadas allegaron dictamen rendido por el
Ingeniero Forestal Nelson Villota Echeverri, en el que el perito destacó que las 12,63 has.
Destinadas al desarrollo del proyecto urbanístico son acordes al Plan de Manejo en zona de uso
sostenible, que permite actividades habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad
de ocupación y la construcción y ejecución de proyectos de desarrollo, bajo un esquema
compatible con los objetivos de conservación del área protegida, de acuerdo con el Acuerdo 010
de julio 6 de 2015; y que además, no afecta poblaciones de especies de flora y fauna, ya que
mantiene la cobertura natural o hábitats, así como tampoco la calidad y la cantidad del recurso
hídrico para la población ubicada en el área sub urbana y rural del MUNICIPIO.

El dictamen también destaca cuál sería el impacto de la actividad ganadera sobre la zona y
concluye que “el proyecto urbanístico no deberá tener ningún tipo de impacto negativo [sobre las
especies] por cuanto su desarrollo se tiene previsto en las áreas que históricamente han sido
destinadas para la ganadería de tipo extensivo y para la infraestructura propia del predio”.

Debe anotarse que, conforme lo concluyó el Tribunal, el dictamen aportado con la contestación se
centra en señalar el uso histórico que se le ha dado a la zona objeto del proyecto urbanístico
(actividad ganadera), y la ubicación de especies vegetales que corresponden a “especies comunes
o generalistas para la zona características de procesos sucesionales de segundo crecimiento y del
gremio ecológico de las heliófitas o efímeras”, pero deja de lado las implicaciones del desarrollo de
un proyecto inmobiliario dentro de un área protegida, cuyo plan de manejo limita la destinación a
vivienda rural no nucleada, con restricciones en la densidad de ocupación y construcción,
condición que no cumplen los predios en controversia, como se desprende del Oficio núm. 17272
de 20 de abril de 202162, suscrito por el Director Operativo de Control Físico del municipio, en el
que indicó que:

(…)

Específicamente, en relación este aspecto, el dictamen aseveró que el proyecto se ajustaría al
Plan de Manejo Ambiental que permite “actividades habitacionales no nucleadas con restricciones
en la densidad de ocupación y la construcción y ejecución de proyectos de desarrollo, bajo un
esquema compatible con los objetivos de conservación del área protegida”. El perito agrega que
“este proyecto se clasifica como de uso residencial no densificado [conforme con] los objetivos de
conservación del Distrito de Conservación de Suelos -DCS Barbas-Bremen”.

Nótese que el dictamen da relevancia a la condición de vivienda de uso residencial no densificado,
pero omite la calidad de vivienda rural nucleada que es la que prohíbe la norma aplicable, que se
entiende como la réplica de varias unidades habitacionales, expresamente prohibida en el Plan de
Manejo Ambiental del DCS, el cual solo autoriza una subzona para actividades “habitacionales no
nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y la construcción y ejecución de
proyectos de desarrollo, bajo un esquema compatible con los objetivos de conservación del área
protegida”, esquema que necesariamente debe ajustarse a los objetivos de conservación de las
áreas protegidas los cuales, como quedó demostrado en el proceso, no se cumpliría con un
proyecto de 32 viviendas en un espacio de 12, 65 has.

Este hecho, también quedó acreditado con los diferentes testimonios recaudados en el proceso,
que fueron reseñados en el fallo apelado, así:

(…)

De manera que aun cuando el dictamen que aportan las terceras interesadas concluye que “el
proyecto no afectaría bosque denso ni bosque fragmentado, se establecería en una matriz de
pastos limpios y suelo transformado, las especies detalladas anteriormente no van a sufrir
alteraciones o afectaciones dado que su área de actividad está definida dentro de las coberturas
de bosque denso y fragmentado existente en otros sectores del área protegida muy alejados de la
zona del proyecto”, es un hecho cierto y demostrado que la construcción de un proyecto de 12,63
has. se efectuaría dentro de un área protegida, razón por la cual aun cuando se aportaran pruebas
técnicas que respaldaran el dicho del perito, -que no fue así-, no se puede desconocer la
restricción que pesa sobre dicha área, porque ello, precisamente, obedece a la necesidad de
conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de
poblaciones viables de especies que habitan en dicho entorno natural.

Ahora, la recurrente también reprocha que la prueba pericial aportada por las terceras interesadas
haya sido descartada por falta de soporte en conceptos técnicos y, en su lugar, se haya dado
credibilidad a los testimonios recaudados en el proceso, frente a lo cual es menester precisar que
durante la audiencia de pruebas el Tribunal recepcionó los testimonios de funcionarios de la

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CARDER, de la Dirección de Control Físico de la Alcaldía de Pereira y de un ingeniero geólogo,
consultor geológico y ambiental, de los cuales pudo concluir que:

• El proyecto de parcelación de vivienda campestre no era compatible con las disposiciones del
Plan de Manejo adoptados por la CARDER.
• Los permisos se expidieron desde la subdirección de Gestión Ambiental Sectorial, a pesar de que
en el documento que expidió la CURADURÍA sobre usos del suelo se menciona que está
parcialmente en el DCS Barbas Bremen y que el corredor ambiental de la doble calzada no aplica
para el interior del área protegida.
• En los planes de manejo del año 2011, 2015 y 2021, para el caso de Barbas – Bremen se indicó
el área de zonificación de área protegida, dentro de los cuales se indican los usos permitidos y los
que no, advirtiendo que en ninguno de los tres planes de manejo se encuentran autorizadas las
parcelaciones.
• La licencia había tenido en cuenta los permisos otorgados por la Curaduría, pero no así el Plan
de Manejo del DCS que categoriza al predio dentro de la ficha normativa núm. 5, la cual no permite
construcciones, ni parcelaciones menores de 4 hectáreas.

Las mencionadas conclusiones, además, se encuentran también soportadas en las diferentes
pruebas documentales allegadas al proceso, por lo que la Sala estima que la sentencia de primera
instancia valoró adecuadamente las pruebas recaudadas y, por tanto, no se acogen los
argumentos de la apelación en este aspecto”.

Por último, se refirió a lo expuesto en el recurso de apelación de la señora Cotty
Morales Caamaño, en calidad de coadyuvante, quien solicitó que se reconociera
las costas integrales por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante
el proceso, las cuales fueron negadas, en razón a que estas se reconocen a las
partes del proceso. Sin embargo, consideró que había lugar a las agencias en
derecho en favor de la Procuraduría Judicial II, con sustento en que fue parte
vencedora en el proceso, quien fue diligente en orden a obtener la protección de
los derechos colectivos.

4.3. Descendiendo al caso concreto, la accionante afirma en el escrito de
impugnación que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
procedimental absoluto, sustantivo y fáctico, al acceder a las pretensiones del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos con
radicado No. 66001-23-23-000-2021-00103-02.

Al respecto, la Sala advierte que los argumentos expuestos por las demandantes
en los escritos de tutela e impugnación se limitan a cuestionar la presunción de
legalidad de los actos administrativos que otorgaron la licencia y que el
mecanismo adecuado era el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Asimismo, aluden a la inoponibilidad del Acuerdo No. 010 de 2015 y a la
indebida valoración del dictamen pericial, lo cual fue objeto de estudio por las
autoridades judiciales accionadas.

Adicionalmente, se observa que los cargos desarrollados en el párrafo anterior
fueron objeto de pronunciamiento por la Sección Primera del Consejo de Estado y
del Tribunal Administrativo de Risaralda, quienes concluyeron que el juez de la
acción popular, si bien no puede analizar la presunción de legalidad de un acto
administrativo, en razón a que no es el mecanismo adecuado, lo cierto es que en
el presente asunto no se realizó estudio de los actos administrativos que
otorgaron la licencia, por lo que era posible seguir adelante con la acción popular.

Adicionalmente, se refirieron a la prueba pericial, la cual mencionó un tipo de
vivienda que no era la que se iba a desarrollar en el proyecto, aunado al hecho de
que fue valorada en conjunto con los testimonios de funcionarios de la Carder, de
la Dirección de Control Físico de la Alcaldía de Pereira y de un ingeniero geólogo,
consultor geológico y ambiental, de las cuales concluyeron que el mencionado
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proyecto no era compatible con las disposiciones y restricciones desarrolladas por
la Carder.

Cuestión diferente, es que las accionantes, bajo la supuesta configuración de los
defectos procedimental absoluto, sustantivo y fáctico, desarrolle los mismos
cargos que ya fueron resueltos por las autoridades judiciales accionadas en sus
dos instancias, lo que, para la Sala, evidencia la intención de la parte actora de
utilizar la solicitud de amparo para instituir una instancia adicional10.

Aunado a lo anterior, como quiera que una de las providencias objetadas fue
dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, la verificación del requisito
de la relevancia constitucional adquiere mayor importancia y se torna más estricto,
teniendo en cuenta que se trata de una providencia emitida por una Alta Corte.

En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que este presupuesto es más
riguroso cuando se trata de providencias judiciales proferidas por una Alta
Corporación. Al respecto, en la sentencia SU-917 de 201011, expresó lo siguiente:

“La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida
en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la
imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e
independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun
cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra
conclusión”.

Lo anterior, fue reiterado por la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de
202212, en la que se afirmó que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con
especial rigurosidad, razón por la cual “se requiere demostrar que en la
providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental, producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con
mencionar una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su
existencia, (ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para
entender acreditado el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional. Se destaca que este requisito no se traduce en la demostración
efectiva de la vulneración de los derechos fundamentales, sino en que se aporten
elementos suficientes que permitan advertir tal situación a primera vista
especialmente, cuando se trata de una tutela contra una sentencia de una alta
corte”.

Lo expuesto es razón suficiente para concluir que la parte actora acudió a la
acción de tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la

10
La Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 2019 , estableció que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y,
por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”.
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
11
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en las sentencias SU-131 de 2013, M.P. (E) Alexei Egor Julio Estrada, SU-050
de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-217 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
12
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
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propiedad privada y a la “iniciativa económica privada”, es este caso, a la manera
de una instancia adicional, toda vez que insiste en el mismo debate litigioso
relacionado con la presunción de legalidad de los actos administrativos que
expidieron las licencias y la indebida valoración de la prueba pericial.

Finalmente, se precisa a las demandantes que la consecuencia de declarar la
improcedencia de la acción de tutela, es que no se estudian de fondo lo cargos
que se plantean en la solicitud de amparo.

Así las cosas, la Sala revocará la decisión impugnada que negó las pretensiones
de la acción de tutela y, en su lugar, declarará su improcedencia por no cumplir
con el requisito de la relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- REVÓCASE la sentencia de 5 de julio de 2024, proferida por la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado. En su lugar,

Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por las
señoras María Isabel Mejía Marulanda y María Dora Victoriana Mejía Marulanda,
quienes actúan mediante apoderada judicial, contra la Sección Primera del
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones aquí
expuestas.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

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(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

17
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