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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-03106-01

Fecha
4 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-03106-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 25 de julio de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-03106-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

4 de septiembre de 2024

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 3 10 6- 0 1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03106-01
Accionante: José Oswaldo Ochica Suárez
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá

Tema: Acción de tutela contra sentencia proferida en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la que se revocó la decisión de acceder
parcialmente a las pretensiones consistentes en la declaratoria de nulidad de un
acto de retiro del servicio activo.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante en contra de la
sentencia del 25 de julio de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción.

ANTECEDENTES

El señor José Oswaldo Ochica Suárez, en nombre propio y en representación de
sus hijas menores María José y Joselle Mariam Ochica Suárez, promovió acción de
tutela para que se protejan sus derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, al
trabajo, al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, junto con los
principios de presunción de inocencia y favorabilidad, y los derechos de sus hijas a
la vida, integridad física, salud, seguridad social, alimentación equilibrada,

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educación, cultura y recreación, los cuales considera vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, con ocasión de la sentencia del 27 de agosto de 2020.

HECHOS

La parte actora narró que el 4 de mayo de 2009 ingresó a la Policía Nacional y se
desempeñó como patrullero hasta el 10 de abril de 2015, fecha en la que fue
notificado de la Resolución 046 del 9 de abril de ese año, mediante la cual el
Comando del Departamento de Policía de Boyacá ordenó su retiro de la institución,
por voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional y con base en la Orden
de Captura 06PG-00007 expedida por el Juzgado 6 Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Bucaramanga.

Que la misma institución, con fundamento en la misma orden de captura también
inició un proceso disciplinario en su contra y el 13 de enero de 2017 la Inspección
General de la Policía Nacional profirió fallo de primera instancia, en el que lo
sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 15 años, decisión
que fue confirmada por el director general de esa institución el 12 de mayo de esa
anualidad.

Que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Resolución 046 del 9 de abril de 2015, que correspondió al Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Tunja y este, el 6 de febrero de 2018 declaró la nulidad
del acto administrativo demandado y ordenó a la entidad demandada su reintegro
al servicio activo.

Que la decisión fue apelada por la parte demandada y el 27 de agosto de 2020 el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6, revocó la sentencia
recurrida y negó las pretensiones de la demanda.

Que también instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de los actos administrativos proferidos dentro del proceso disciplinario y el 27 de
noviembre de 2020 el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Valledupar
declaró la nulidad de estos, por lo cual la parte demandada apeló la sentencia y el
21 de marzo de 2024 el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la decisión, la
cual fue notificada el 9 de mayo de este año.

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Considera, inicialmente, que debe tenerse en cuenta, para efectos de verificar el
cumplimiento del requisito de inmediatez, que, si bien la sentencia que discute en
esta sede es la proferida el 27 de agosto de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, lo cierto es que las sentencias proferidas en los dos procesos que instauró,
aunque son independientes, están interrelacionadas, dado que tienen como génesis
un mismo hecho, esto es, la orden de captura en su contra, y la ejecución de las
órdenes emitidas en cada una depende de la otra, de allí que en la sentencia del 6
de febrero de 2018 expedida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de
Tunja se ordenara su reintegro al servicio, pero con las limitaciones que la condición
jurídica ostentada en los procesos disciplinarios y penales le impusieran.

Que para el 27 de agosto de 2020 el Tribunal Administrativo del Cesar no había
emitido pronunciamiento sobre la destitución disciplinaria, por lo cual decidió optar
por evitar un desgaste innecesario del aparato judicial y esperar para la formulación
de la tutela hasta que los fallos disciplinarios fueran declarados nulos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, con mayor razón porque cualquier
eventual decisión favorable a través de este mecanismo no se hubiera podido
materializar, debido a que para ese momento estaba destituido disciplinariamente.

Agregó que la transgresión de sus derechos fundamentales ha permanecido en el
tiempo y el perjuicio causado es actual, conforme a los artículos 50, 51 y 52 del
Decreto 1791 del 2000, pues debería estar afrontando el proceso penal con su
empleo en la Policía Nacional, lo que no ocurre por la arbitrariedad de las
autoridades administrativas y judiciales, a lo cual se suma la dificultad de conseguir
un empleo por los graves antecedentes del retiro discrecional con fundamento en la
Orden de Captura, lo cual afecta a quienes de él dependen.

Adujo que en la sentencia del 27 de agosto de 2020 el Tribunal Administrativo de
Boyacá incurrió en un defecto fáctico porque efectuó una valoración probatoria
indebida, ya que acudió a pruebas inexistentes y a unas producidas con
posterioridad al acto administrativo de retiro para justificar la decisión.

Que en el proceso se probó que la Resolución discutida se fundamentó en el Acta
074 del 9 de abril de 2015 suscrita por la Junta de Evaluación y Clasificación del
Personal de Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes del Departamento de Policía de
Boyacá, mediante la cual se recomendó su retiro del servicio activo por voluntad de

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la Dirección General de la Policía, la que a su vez se basó en el extracto de su hoja
de vida, donde figuran 14 felicitaciones en su trayectoria, el oficio del 8 de abril de
2015 relacionado con la investigación penal en su contra y la Orden de Captura
C8PG 00007 del 8 de abril de 2015.

Que también se acreditó que la mencionada Junta emitió el concepto sin conocer
una mínima información sobre la conducta que supuestamente desplegó; precisó
que los documentos soporte del Acta 074 no refieren fecha, lugar y actividad, por lo
que la Junta no tenía la posibilidad de efectuar un examen de fondo, como se exige
en los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, la Constitución, la
ley y la jurisprudencia.

Que, a pesar de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Boyacá avaló la decisión
de la Policía por la expedición de la Resolución 046 del 9 de abril de 2015 y, además,
lo acusó de atentar contra la seguridad pública con base en los tipos penales
relacionados con la Orden de Captura, pese a que no obraban pruebas de que las
conductas fueron cometidas en ejercicio de sus funciones ni que los demás
investigados también eran policiales.

Que la autoridad judicial justificó la determinación de la Junta aludiendo al material
probatorio producto de la investigación de la Fiscalía, aun cuando aquella no tuvo
acceso a ese supuesto acervo, y, adicionalmente, otorgó valor probatorio a los
resultados de los procesos disciplinarios y penal, pese a que los fallos disciplinarios
fueron demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y sin haber
examinado las pruebas que componen los expedientes.

Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Boyacá también incurrió en
desconocimiento del precedente contenido en las sentencias SU-053/15 y SU-
172/15 de la Corte Constitucional, en relación con el deber mínimo de motivación
de los actos de retiro, pues, aunque hizo referencia a aquellas no las analizó en su
caso concreto, y en violación directa de la Constitución porque vulneró los derechos
reclamados en protección y los derechos fundamentales de los niños.

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PRETENSIONES

Solicitó revocar y dejar sin efectos la sentencia del 27 de agosto de 2020 proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el proceso contencioso administrativo
15001-33-33-010-2015-00178-01 y confirmar la sentencia de primera instancia del
6 de febrero de 2018 expedida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
de Tunja.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

El 19 de junio de 2024 la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción
de tutela de la referencia, mediante auto, en el que ordenó notificar al Tribunal
Administrativo de Boyacá, como accionado; y al Juzgado Décimo Administrativo
Oral de Tunja, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, al Tribunal
Administrativo del Cesar y al Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar, como
terceros con interés.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Boyacá, por conducto del magistrado ponente de
la sentencia cuestionada en esta sede, afirmó que la acción no es procedente, pues
el asunto ya fue objeto de debate jurídico y lo pretendido es reabrirlo a través de
este mecanismo para que se imponga una interpretación favorable a los intereses
de la parte actora con fundamento en unas circunstancias que devinieron
posteriormente a la providencia acusada, como son las sentencias del 27 de
noviembre de 2020 y 21 de marzo de 2024, por medio de las cuales se declaró la
nulidad de los fallos disciplinarios del 13 de enero y 12 de mayo de 2017 proferidos
por el inspector general y el director general de la Policía Nacional.

Indicó que el proveído que ahora se controvierte fue proferido hace
aproximadamente 4 años, lo que demuestra el incumplimiento del requisito de
inmediatez, sin que resulten de recibo los argumentos para justificar la tardanza en
la instauración de esta tutela, pues ello equivaldría a desconocer el principio de
seguridad jurídica.

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Señaló que la decisión adoptada en esa oportunidad contó con el sustento jurídico
y jurisprudencial correspondiente, lo cual le permitió establecer que el retiro del
servicio del demandante fue proporcional y razonable, por lo que no es cierto que
este haya sido víctima de arbitrariedades.

Solicitó declarar improcedente la acción o, en su defecto, desestimar las
pretensiones.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, a través de
su titular, manifestó que en el escrito de tutela no se aludió a la sentencia que profirió
como vulneradora de sus derechos fundamentales, la cual, en todo caso, se cimentó
en la garantía constitucional del derecho sustancial, el debido proceso y la legalidad.

Sostuvo que la acción, en relación con la decisión que adoptó, no cumple con los
requisitos establecidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado frente a
la carga argumentativa que debe exponer el interesado respecto de las causales
específicas de procedibilidad, por lo que solicitó su desvinculación por falta de
legitimación material en la causa por pasiva o, en su defecto, se niegue lo pretendido
por la parte accionante en lo que a esa instancia se refiere.

La Policía Nacional, por medio de la jefe del Área Jurídica de la Secretaría General,
expresó que la solicitud de amparo carece de la exigencia de inmediatez, dado que
fue presentada el 17 de junio de 2024 y la notificación de la sentencia del 27 de
agosto de 2020 se realizó el 2 de septiembre de ese año, lo que evidencia que la
parte actora dejó transcurrir 45 meses para acudir a esta acción, lo cual la invalida.

Sostuvo que el retiro del hoy accionante se produjo por la causal de voluntad del
Gobierno Nacional, delegada al comandante del Departamento de Policía de
Boyacá, y en atención a la recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación
para Suboficiales, personal del Nivel Ejecutivo y Agentes, mediante Acta 074 del 9
de abril de 2015, y a las pautas previstas jurisprudencialmente por el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional frente a la aplicación de esa causal de retiro por el
mejoramiento del servicio y la pérdida de confianza.

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Refirió que el hecho de haberse otorgado felicitaciones o reconocimientos no
constituye una barrera que impida el retiro de la institución del funcionario respectivo
porque el comportamiento íntegro y excelente es lo mínimo que deben profesar
quienes están adscritos a la entidad, especialmente cuando, como en el caso, la
decisión estuvo debidamente sustentada por la incursión en comportamientos
contrarios a esta.

Aseveró que el acto administrativo por el cual se acude a esta acción está revestido
del principio de legalidad, dado que, conforme con lo expuesto y los motivos del
Tribunal Administrativo de Boyacá, queda claro que su expedición se basó en
hechos reales, objetivos, proporcionales y acordes con la responsabilidad del
profesional de la Policía.

Concluyó que las peticiones del accionante no tienen mérito de prosperidad, pues
no gozan de sustento jurídico y lo pretendido es que se realice un juicio de valor,
pese a que ello únicamente corresponde al juez administrativo, por lo cual la acción
es improcedente, máxime cuando se demostró la configuración de un perjuicio
irremediable. Solicitó, en consecuencia, denegar las súplicas, ante la ausencia de
vulneración de derechos fundamentales.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 25 de julio de 2024 la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la tutela porque consideró que no se cumplió el requisito de
inmediatez, en la medida que la decisión del 27 de agosto de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá fue notificada el 2 de septiembre de 2020, por lo
que para la fecha de instauración de la tutela habían transcurrido 3 años, 9 meses
y 25 días, lo cual desvirtuaba la urgencia y necesidad de intervención del juez
constitucional.

Aclaró que a pesar de que el actor afirmó que existe una presunta relación entre el
fallo cuestionado y la sentencia del 21 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, no existe interdependencia entre esos asuntos, pues los
temas tratados y los fundamentos jurídicos analizados en ambos son distintos, en
tanto en la sentencia cuestionada en esta acción se estudió exclusivamente la
cuestión administrativa del retiro discrecional del demandante, mientras que en la

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del 21 de marzo de 2024 se estudiaron los cargos propuestos frente a los fallos
disciplinarios.

Precisó que en la sentencia controvertida se consignó que la decisión del retiro
discrecional no dependía directamente del resultado de los procesos disciplinarios
o penal, pues aquella se fundamentó en la pérdida de confianza y la necesidad de
garantizar la moralidad y el buen servicio institucional, por lo que no existía ninguna
razón para contabilizar el plazo de inmediatez a partir de la sentencia del 21 de
marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.

IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia; para el efecto, solicitó
tener en cuenta los argumentos expuestos en el escrito de tutela, donde se explicó
que los dos procesos contencioso administrativos se encuentran interrelacionados
y que no era posible hacer efectivos los derechos fundamentales reclamados hasta
tanto en ambos se hubieran emitido las sentencias de primera y segunda instancia,
por lo cual para determinar la exigencia de la inmediatez debe tenerse en cuenta la
fecha de notificación de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar, es decir, el 9 de mayo de 2024.

Que de la lectura de la resolución de retiro y del auto de cargos proferido dentro de
la investigación disciplinaria se evidencia que explícitamente se mencionan los
motivos que dieron origen a los dos, como lo determinó el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Tunja en la sentencia del 6 de febrero de 2018, en la
que declaró la nulidad de la Resolución 046 del 9 de abril de 2015 y ordenó su
reintegro condicionado a las limitaciones de las decisiones de los procesos
disciplinarios y penales.

Agregó que no había forma de hacer efectiva la orden de reintegro, en la medida
que estaba vigente la destitución producto del proceso disciplinario y resaltó la
urgencia de disfrutar de los derechos fundamentales transgredidos, debido a que
para el momento del retiro, sus padres de edad avanzada dependían
económicamente de él y actualmente tiene dos hijas menores de edad, y a las
dificultades que ha tenido para conseguir un trabajo digno, lo que exigía un

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pronunciamiento responsable del juez de tutela, el cual, en este caso, en la primera
instancia, aludió a aspectos que no correspondían al asunto bajo estudio.

Mencionó que tiene derecho a un recurso efectivo, por lo que es necesario que se
analice su caso a la luz de los derechos fundamentales, conforme a la jurisprudencia
constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; concretamente,
refirió las sentencias del caso Duque vs. Colombia y Colindres Chonenberg vs.
Salvador.

Solicitó consecuencialmente revocar la decisión recurrida; declarar que la tutela
cumple con la totalidad de los requisitos generales de procedencia; efectuar el
análisis de fondo para concluir que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en
defecto fáctico, desconocimiento del precedente constitucional y violación directa
de la Constitución y acceder a las pretensiones de la tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

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“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

En síntesis, en la impugnación el accionante afirmó que la tutela sí superó el
requisito de inmediatez, puesto que este debe contabilizarse desde que se notificó
la sentencia del 9 de mayo de 2024, en la medida en que la decisión allí adoptada
estaba interrelacionada con la cuestionada en esta sede y no era factible acudir a
la acción hasta que no se hubieran definido los dos procesos, en tanto no podía
haberse materializado una orden de reintegro; sumado a que requiere la protección
urgente de sus derechos fundamentales.

A esta Sala corresponde entonces verificar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela para discutir providencias judiciales,
especialmente, la exigencia de la inmediatez, la cual no se encontró cumplida en
primera instancia.

Al respecto, se considera que, como se concluyó en el proveído recurrido, la acción
de tutela no fue instaurada con inmediatez, dado que la sentencia que aquí se
cuestiona es la que debe tenerse en cuenta para efectos de calcular dicho término
fijado jurisprudencialmente como prudencial para instaurar este mecanismo de
salvaguarda de derechos fundamentales, debido a que la génesis de la supuesta
transgresión de las garantías constitucionales radica en esa providencia y en el
estudio allí realizado.

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Ciertamente, los defectos alegados en esta acción, esto es, el fáctico, el
desconocimiento del precedente judicial y la violación directa de la Constitución,
presuntamente se concretaron en la sentencia del 27 de agosto de 2020 proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por lo cual no puede aceptarse el
argumento de que debía esperarse hasta que se adoptara una decisión de fondo en
otro proceso contencioso administrativo para acudir a esta acción, pues ello no tiene
una afectación directa en lo aquí discutido.

Debe resaltarse que el estudio que realiza el juez de tutela cuando la acción se
dirige a cuestionar una providencia judicial debe limitarse a los supuestos fácticos y
la jurisprudencia vigente para el momento en que se profirió el proveído, así como
a las pruebas obrantes en el expediente del proceso ordinario con las cuales contó
el juez natural para adoptar la determinación cuestionada, sin que resulte válido
acudir a elementos probatorios o situaciones que acaecieron con posterioridad,
pues ello desnaturalizaría la finalidad de este mecanismo y lo convertiría en una
tercera instancia, lo que a su vez implicaría ejercer un juicio de corrección que
escapa de la órbita de competencia en esta sede.

En ese entendido, no resulta relevante para el estudio constitucional si los hechos
que dieron lugar a ambos medios de control están o no relacionados; además,
admitir ese planteamiento conllevaría vaciar las competencias de la autoridad
judicial a quien por ley le competía conocer el asunto y ampliar el alcance del debate
litigioso resuelto en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En ese orden de ideas, el hecho de que ulteriormente a la sentencia controvertida
a través de este medio se profiriera la sentencia del 21 de marzo de 2024, mediante
la cual el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la decisión de declarar la
nulidad de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia, en los que se
sancionó al hoy accionante, no puede aceptarse para ampliar el término de
inmediatez, máxime si se tiene presente que la discusión que dio lugar a la
providencia aquí cuestionada fue el retiro del accionante del servicio activo por
voluntad discrecional de la Dirección General de la Policía Nacional.

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Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 3 10 6- 0 1

Si bien es cierto el actor tiene derecho a un recurso judicial efectivo, como lo indicó
en la impugnación, no lo es menos que también tiene el deber de acudir
oportunamente a las acciones previstas en el ordenamiento jurídico para ese efecto,
por lo que no es dable conocer el fondo del asunto cuando aquel dejó transcurrir
más de tres años desde que se notificó la sentencia del 27 de agosto de 2020, esto
es, el 2 de septiembre de 2020, para instaurar la tutela, lo cual solo ocurrió hasta el
17 de junio de 2024, pues ello atentaría contra el principio de seguridad jurídica.

Por último, se aclara que las situaciones económicas desfavorables a las que alude
el accionante no son razones suficientes para desconocer la firmeza de la sentencia
cuestionada, pues se trata de las consecuencias de un estudio judicial que no fue
objeto de discusión oportunamente.

En consecuencia, se confirmará la sentencia del 25 de julio de 2024 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la
acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 25 de julio de 2024 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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