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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03008-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03008-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 1 de junio de 2026 por el Consejo 9 Radicado: 11001-03-15-000-2026-03008-01 de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas de Estado, Sección Segunda, Subsección B, , de conformidad con la parte - Archivo Central. motiva de esta providencia. Segundo. Notificar, por Secretaría, esta providencia a las partes e intervinientes, en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03008-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., tres (03) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03008-01
Accionante: José Oswaldo Ochica Suárez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá

Tema: Derechos al debido proceso, presunción de inocencia, trabajo y
otros. Existencia de cosa juzgada constitucional. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante, en contra de la
sentencia del 1 de junio de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela
por la configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

ANTECEDENTES

El señor José Oswaldo Ochica Suárez promovió acción de tutela con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, presunción
de inocencia, principio de favorabilidad, igualdad, trabajo, seguridad social, mínimo
vital y móvil y los derechos fundamentales de sus hijas María José y Joselle Mariam,
que considera vulnerados con la decisión de segunda instancia del 27 de agosto de
2020, proferida por la sala de decisión núm. 6 del Tribunal Administrativo de Boyacá
dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que ingresó a la Policía Nacional el 4 de mayo de 2009 y se desempeñó como
patrullero hasta el 10 de abril de 2015, fecha en la que fue notificado de la
Resolución núm. 046 de 2015, acto administrativo por medio del cual el Comando
del Departamento de Policía Boyacá en uso de sus facultades discrecionales y con
fundamento en una orden de captura, dispuso su retiro de la institución policial. Que

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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
igualmente, con fundamento en la precedida orden, se le inició proceso disciplinario.

Que entabló acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Resolución que lo retiró del servicio; le correspondió al Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Tunja y mediante sentencia del 6 de febrero de 2018,
este declaró la nulidad de la Resolución y ordenó reintegrarlo al servicio de la
institución. Que la demandada apeló y el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala
de Decisión núm. 6, mediante sentencia del 27 de agosto de 2020, resolvió revocar
la decisión y, en consecuencia, negar las pretensiones.

Que la Inspección General de la Policía Nacional profirió fallo de primera instancia
el 13 de enero de 2017 dentro del proceso disciplinario que lo sancionó con
destitución e inhabilidad general por el término de 15 de años, decisión que fue
confirmada en segunda instancia por el director general de la Policía Nacional; por
lo que promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los
actos administrativos proferidos dentro del proceso disciplinario.

Que en primera instancia conoció el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Valledupar, quien mediante sentencia del 27 de noviembre de 2020 declaró la
nulidad de los fallos disciplinarios proferidos por el Inspector General y director
general de la Policía Nacional. Que la demandada apeló la decisión y el Tribunal
Administrativo del Cesar mediante providencia del 21 de marzo de 2024 confirmó la
decisión.

Que una vez conoció el resultado favorable de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho frente al proceso disciplinario, interpuso acción de
tutela contra la sentencia del Tribunal que negó las pretensiones de nulidad y
restablecimiento contra el acto administrativo que lo retiró del servicio por la facultad
discrecional. Dicha acción de tutela fue declarada improcedente en primera
instancia en sentencia del 25 de julio de 2024 proferida por el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta y confirmada en sentencia
del 4 de septiembre de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del
mismo alto tribunal.

Que, por el surgimiento de un nuevo hecho como es la sentencia proferida en
diciembre de 2025 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de
conocimiento de Valledupar, que declaró la prescripción del proceso penal, se
encuentra facultado para acudir nuevamente en sede de constitucional.
Además, porque la sentencia de tutela anterior no analizó las pretensiones ni emitió
decisión de fondo.

Que interpone la presente acción de tutela, pues considera que la sentencia del
Tribunal Administrativo de Boyacá contiene 3 defectos, a saber:

Defecto fáctico: Afirma que el Tribunal Administrativo de Boyacá justificó el retiro
apoyándose en elementos probatorios insuficientes o inexistentes. En particular,

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cuestiona la valoración de un acta de la Junta de Evaluación y Clasificación- ArchivoyCentral.
de
información proveniente de la Fiscalía. Sostiene que no existía prueba concreta de
que hubiera cometido conductas delictivas o participado en actividades relacionadas
con hidrocarburos, y que incluso algunos documentos utilizados para sustentar el
retiro no contenían información suficiente sobre las circunstancias de tiempo, modo
y lugar.

Desconocimiento del precedente constitucional: Alega que el Tribunal
desconoció las reglas fijadas, entre otras, en las sentencias SU-053 de 2015 y SU-
172 de 2015, relativas al deber de motivación de los actos de retiro discrecional de
miembros de la Fuerza Pública. Que el Tribunal se limitó a mencionar esos
precedentes, pero no aplicó realmente sus estándares al caso concreto ni explicó
suficientemente por qué la Resolución 046 satisfacía las exigencias constitucionales
de motivación.

Violación directa de la Constitución: Sostiene que la sentencia vulneró,
principalmente, el debido proceso y la presunción de inocencia, porque habría dado
por ciertas conductas delictivas que nunca fueron demostradas mediante una
condena penal. También invoca igualdad, favorabilidad, trabajo, seguridad social y
mínimo vital.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos fundamentales invocados; se deje sin efectos
la sentencia de segunda instancia proferida el 27 de agosto de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá y, en consecuencia, se confirme la sentencia de primera
instancia proferida el 6 de febrero de 2018 por el Juzgado Décimo Administrativo
del Circuito de Tunja, dentro del proceso núm. 150013333010201500178-01

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 4 de mayo de 2026, se admitió la acción de tutela; se vinculó al Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja y a la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional y Policía Nacional, como terceros con interés en el resultado del proceso;
y se ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó que la tutela sea declarada
improcedente; manifestó que su decisión estuvo debidamente sustentada jurídica,
jurisprudencial y probatoriamente. Además, que la tutela se presenta cerca de seis
años después de la providencia. Finalmente, aludió a la existencia de una tutela
anterior, del año 2024 con las mismas pretensiones.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

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El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja manifestó que - Archivo Central.
fue quien
profirió la sentencia de primera instancia del 6 de febrero de 2018, mediante la cual
se declaró la nulidad de la Resolución 046. Solicita que se declare improcedente
debido a la falta de inmediatez, pues han pasado más de cinco años desde la
sentencia cuestionada y considera que los nuevos hechos alegados no son
suficientes para reabrir, mediante tutela, una decisión judicial en firme.

También destaca que el accionante ya había presentado una tutela contra la misma
sentencia objeto del presente cuestionamiento y con las mismas pretensiones. Que
se tramitó ante la Sección Cuarta del Consejo de Estado y fue declarada
improcedente.

Finalmente, expone que el proceso ordinario respetó el debido proceso y contó con
segunda instancia y que no se demuestra vía de hecho, ni defecto fáctico,
procedimental, material o sustantivo.

El Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicitó negar el amparo por
improcedente. Como argumentos expuso:

(i) Inexistencia de vulneración de derechos fundamentales: las decisiones judiciales
cuestionadas no vulneraron los derechos esgrimidos. En particular consideran que
no se acreditó la afectación al mínimo vital.

(ii) Falta de inmediatez: la tutela se presenta 5 años, 7 meses y 19 días después.

(iii) legalidad del retiro discrecional: el retiro del accionante se dio en ejercicio de la
facultad discrecional prevista en el Decreto Ley 1791 del 2000 y con fundamento en
la “pérdida de confianza”. Existían razones objetivas, reales y ciertas para adoptar
la decisión y el retiro fue proporcional y razonable frente a las necesidades del
servicio.

(iv) Se tuvo en consideración los motivos fundados de la Fiscalía 63 Especializada
contra el Crimen Organizado, que vinculaban al accionante con investigaciones por
peculado por apropiación, concierto para delinquir agravado, favorecimiento de
contrabando de hidrocarburos por servidor público y falsedad ideológica en
documento público.

(v) Inexistencia de perjuicio irremediable.

SENTENCIA IMPUGNADA

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del
1 de junio de 2026, declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que se
configuró el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

Sostuvo que la acción de tutela promovida por el accionante reprodujo de manera

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íntegra otra solicitud de amparo presentada con anterioridad, identificada - Archivo
conCentral.
el
radicado 11001-03-15-000-2024-03106-00, decidida mediante sentencia del 25 de
julio de 2024 y confirmada mediante sentencia del 4 de septiembre del mismo año.

Indicó que las partes en ambas tutelas son el señor Chica y sus hijas como
accionantes y el Tribunal Administrativo de Boyacá como accionado; en ambas se
alega la vulneración de los mismos derechos fundamentales derivada de la
sentencia del 27 de agosto de 2020 y se pretende dejar si efectos esa sentencia
para controvertir nuevamente el retiro discrecional. Por ello concluyó que existe
identidad de partes, causa petendi y objeto, lo que en principio configura cosa
juzgada.

Agregó que la declaratoria de prescripción de la acción penal sí es un
acontecimiento posterior a la providencia judicial cuestionada, sin embargo, no es
un hecho nuevo con entidad suficiente para romper la cosa juzgada; pues la
prescripción no modifica la controversia planteada, ya que el accionante continúa
buscando cuestionar la legalidad de la Resolución 046 de 2015 que dispuso su retiro
discrecional.

Además, mencionó que no cualquier pronunciamiento posterior puede considerarse
un hecho nuevo. Para ello, con apoyo en la sentencia SU-027/2021, señaló que
debe tratarse de una decisión con vocación de universalidad -como una sentencia
de constitucionalidad o de unificación- y que aborde una situación jurídica novedosa
no desarrollada anteriormente.

Finalmente, determinó que hay cosa juzgada pero no temeridad, pues el accionante
manifestó expresamente la existencia de la tutela anterior y explicó que presentaba
una nueva acción porque consideraba que la prescripción penal constituía un nuevo
hecho.

IMPUGNACIÓN

El accionante considera que la decisión incurrió en un error al declarar la
improcedencia de la acción de tutela por la configuración de la cosa juzgada
constitucional.

Reitera los argumentos expuestos en el escrito inicial de tutela y sostiene que no se
configuró el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, ya que nunca recibió un
pronunciamiento material o estudio de fondo. Invoca la sentencia T-504 de 2024,
según la cual, cuando en el proceso anterior no se ha emitido un pronunciamiento
de fondo sobre las pretensiones, el juez constitucional puede quedar habilitado para
realizarlo posteriormente.

Insiste en que la prescripción de la acción penal y absolución del proceso
disciplinario como hechos posteriores inciden directamente en los fundamentos
utilizados para justificar el retiro.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03008-01

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El escrito de impugnación busca demostrar una contradicción: unos - Archivo Central.
mismos
elementos probatorios sirvieron al Tribunal de Boyacá para considerar legítimo el
retiro discrecional, mientras que posteriormente fueron considerados insuficientes
para sustentar la responsabilidad disciplinaria.

En consecuencia, solicitó revocar la sentencia impugnada y conceder las
pretensiones.

Se decidirá previa las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) generalidades de la acción de tutela; II) la temeridad y la cosa juzgada
en la acción de tutela y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

La temeridad y la cosa juzgada en la acción de tutela

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece lo siguiente frente a la temeridad
en la acción de tutela:

«(…) ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado,
la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión
de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le
cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que
haya lugar (…)».

Esta disposición normativa pretende proteger el principio de buena fe consagrado
constitucionalmente, que se ve perjudicado en el evento en que se presentan
varias acciones de amparo idénticas, sin motivo justo expresamente probado y sin
que medie un hecho nuevo que justifique acudir nuevamente a la administración
de justicia.

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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
Así las cosas, en el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria- Archivo Central.
se
concreta en la indebida utilización de este mecanismo de protección, y la
jurisprudencia constitucional ha determinado que, para que se configure una
actuación de este tipo deben concurrir los siguientes elementos: i) identidad fáctica
en relación con otra acción de tutela; ii) identidad de demandante, en cuanto la otra
acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante; iii)
identidad del sujeto demandado; y iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción.

Por otro lado, ha dicho la Corte Constitucional que la presentación sucesiva o
múltiple de acciones de tutela puede configurar una actuación temeraria y,
además, comprometer el principio de cosa juzgada constitucional y que constituye
un ejercicio desleal y deshonesto de la acción, que compromete la capacidad
judicial del Estado como también los principios de economía procesal, eficiencia y
eficacia.

De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de la cosa juzgada
constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta
identidad jurídica de partes, objeto y causa. Al efecto, un fallo de tutela queda
amparado por la figura de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que
la Corte Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es
seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia que
expida este Tribunal.

Por otra parte, la Corte Constitucional considera que la actuación no es temeraria
si la acción se fundamenta: a) en la ignorancia o indefensión del actor; b)
el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; c) por el sometimiento
del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender
un derecho y no por mala fe; d) la consideración de eventos nuevos que
aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en
el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como
base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger
los derechos fundamentales del demandante; y e) se puede interponer una nueva
acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de
unificación, cuyos efectos son extensivos a un grupo de personas que se
consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha
sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma
pretensión1.

Análisis del caso concreto

Debe verificar esta Subsección si el análisis y la conclusión a la que arribó la

1 Corte Constitucional, Sentencia SU 027 de 2021

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sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela - Archivo Central.
por la
configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional, resulta acertada. Solo
de llegarse a una conclusión contraria, sería procedente realizar otro tipo de análisis.

En ese contexto la Sala constata que, tal como lo expresó la primera instancia, se
configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, en tanto el accionante
promovió con anterioridad otra acción de tutela en la que cuestionó la misma
sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá que dispuso revocar la decisión de
primera instancia que declaró la nulidad de la Resolución 046 de 2015 que dispuso
su retiro, con fundamento en idénticos supuestos fácticos y jurídicos.

En efecto, se verifica la identidad de partes, objeto y causa, pues en la acción de
tutela decidida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y confirmada por la
Sección Segunda del mismo alto tribunal, actuaron como accionantes José Oswaldo
Ochica Suarez, María José Ochica Sánchez y Joselle Mariam Ochica Sánchez y
como accionado el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión núm. 6.

En la oportunidad anterior, como en la presente, las pretensiones se dirigieron a
dejar sin efectos la sentencia del 27 de agosto de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera
instancia del 6 de febrero de 2018 proferida por el Juzgado Décimo Administrativo
del Circuito de Tunja que declaró la nulidad de la Resolución 046/015 y ordenó el
reintegro al servicio activo del accionante.

La Corte Constitucional en la Sentencia T 427 de 2017 precisó lo siguiente sobre el
análisis de la existencia de la cosa juzgada:

«(…) En efecto, algunas alteraciones parciales a la identidad no necesariamente
excluyen la cosa juzgada, ya que, de lo contrario, accionar a una persona más
o una menos puede significar, en todo caso, una identidad de sujetos. De igual
modo, una variación de los hechos o un nuevo elemento que no tiene incidencia
en las pretensiones ni en la decisión, tampoco puede ser razón per se para
afirmar que no hay identidad de pretensiones, pues, agregar un hecho nuevo
que no tenga incidencia en la decisión no puede justificar reabrir una
controversia que ha cumplido el correspondiente trámite. Finalmente tener un
mismo objetivo y pretensión no significa que deba existir una redacción idéntica
de las pretensiones de las dos acciones, sino, en cambio, que el juez pueda
verificar que materialmente existe una pretensión equivalente».

Ahora bien, estima la Sala en relación con la declaratoria de la prescripción de la
acción penal que se trata de un acontecimiento posterior, sin embargo, no es un
hecho con entidad suficiente para romper la cosa juzgada.

Dicho fenómeno, no modifica la controversia planteada que sigue siendo el
cuestionamiento sobre la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá que
mantuvo la validez de la Resolución 046 de 2015 que dispuso su retiro discrecional.
En consecuencia, aunque la prescripción penal ocurrió después, esto no cambia el
objeto de la tutela ni la convierte en una controversia diferente a la ya decidida en

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2024. - Archivo Central.

No se trata de una absolución, sino de la extinción de la potestad del ius puniendi
del Estado por el paso del tiempo; por lo que la declaratoria de dicho fenómeno de
ningún modo aportaría nuevos elementos decisorios o probatorios frente al acto
administrativo que determinó su retiro del servicio.

Tampoco se da la contradicción que expone el accionante entre el acto de retiro por
parte de la Policía Nacional y los resultados de los procesos disciplinario y penal.
Estos últimos son independientes de la decisión de retiro del servicio; pues se trata
del ejercicio de una facultad discrecional; de manera que, ni el proceso disciplinario
con sus absoluciones, ni el proceso penal con la declaratoria de la prescripción
afectan para nada aquel.

Resulta ilógico pretender que un retiro discrecional del servicio dependa del
resultado de otros procesos, pues perdería su sentido y naturaleza.

Adicionalmente, el actor dio a entender que al resolver la acción de tutela de 2024
no se dio un pronunciamiento de fondo, lo cierto es que ello obedeció a la falta de
un requisito de procedibilidad de la acción constitucional y lo planteado en esta no
cambia la situación.

Era procedente entonces declarar la cosa juzgada, dado que la primera tutela, la
radicada con el número 11001031500020240310601, se encontraba ejecutoriada,
al haber surtido ya la revisión eventual ante la Corte Constitucional -índices 13 y 14
del expediente; con independencia de que se hubiera declarado improcedente por
falta de inmediatez. Los hechos presentados como nuevos por la parte actora no
desvirtúan ni remueven esa decisión.

Por otro lado, pese a la identidad tripartita que estructura la cosa juzgada y a que el
accionante no rebate de ninguna manera tal estructuración, sino que su argumento
es que se trata de un hecho nuevo como la prescripción; de donde considera que
es procedente un nuevo examen del asunto; es claro que se presenta el elemento
de la ignorancia que descarta la temeridad.

En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia del 1 de junio de 2026 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que declaró
improcedente la acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 1 de junio de 2026 por el Consejo

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03008-01

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, , de conformidad con la parte - Archivo Central.
motiva
de esta providencia.

Segundo. Notificar, por Secretaría, esta providencia a las partes e intervinientes, en
la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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