Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03106-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03106-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03106-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
25 de julio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03106-00
Demandante: José Oswaldo Ochica Suárez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03106-00
Demandante: JOSÉ OSWALDO OCHICA SUÁREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de cumplimiento de
requisitos generales de procedencia
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor José Oswaldo Ochica
Suárez y otros contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo
establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 17 de junio de 2024, el señor José Oswaldo Ochica Suárez, en nombre propio y en
representación de sus hijas menores de edad, interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Boyacá por estimar vulnerados los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital y
móvil y los principios de presunción de inocencia y favorabilidad. En consecuencia,
formuló las siguientes pretensiones:
«[…]
SEGUNDO. TUTELAR los derechos fundamentales a la vida, la integridad física,
la salud
y la seguridad social, la alimentación equilibrada, la educación, la cultura y la
recreación, de las niñas […].
TERCERO. REVOCAR y en consecuencia dejar sin efectos la sentencia de
Segunda Instancia proferida el 27 de agosto de 2020 por el Tribunal Administrativo
de Boyacá Sala No. 6, dentro del proceso contencioso administrativo No.
150013333010201500178-01.
CUARTO. CONFIRMAR en todas sus partes, la Sentencia de Primera Instancia
proferida el 06 de febrero de 2018 por el Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Tunja, dentro del proceso contencioso administrativo No.
150013333010201500178-01, mediante la cual declaró la nulidad de la
Resolución No. 046 del 09 de abril de 2015 y ordenó a la Policía Nacional el
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Demandante: José Oswaldo Ochica Suárez
reintegro al servicio activo del señor JOSE OSWALDO OCHICA SUAREZ, entre
otras disposiciones.»
2. Hechos
De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:
Hechos relacionados con la apertura de investigación penal
El 4 de mayo de 2009, el señor Ochica Suárez ingresó a la Policía Nacional y se
desempeñó como patrullero hasta el 10 de abril de 2015.
El 8 de abril de 2015, el Juzgado Tercero Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Bucaramanga profirió Orden de Captura No. C8PG 00007 en contra del
señor Ochica Suárez, por los delitos de peculado por apropiación, favorecimiento por
servidor público, contrabando de hidrocarburos, concierto para delinquir y falsedad
ideológica en documento público.
El 9 de abril de 2015, la Junta de Evaluación y Clasificación del personal de
Suboficiales Nivel Ejecutivo y Agentes del Departamento de Policía de Boyacá
recomendó el retiro del servicio activo del señor Ochica Suárez, por razones del
servicio y en forma discrecional. En la misma fecha, la Policía Nacional – Comando
del Departamento de Boyacá profirió la Resolución 046, mediante la cual, en uso de
las facultades discrecionales previstas en el artículo 62 del Decreto 761 de 2000,
dispuso el retiro del señor Ochica Suárez de la institución policial.
El 10 de abril de 2015, el señor Ochica Suárez, con fundamento en la orden de captura
núm. 06PG-00007, expedida por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Bucaramanga, fue privado de la libertad y puesto a
disposición de la autoridad judicial, el 11 de abril de 2015, el señor Ochica Suárez fue
recluido en la cárcel Modelo de Bucaramanga y el 6 de agosto de 2015, la Fiscalía
General de la Nación presentó escrito de acusación.
Hechos relacionados con el proceso disciplinario radicado GRUTE- 2015-12
El 10 de abril de 2015, la Policía Nacional inició proceso disciplinario, radicado con el
núm. GRUTE-2015-12, en contra del señor Ochica Suárez, con fundamento en la
orden de captura proferida en su contra.
El 12 de abril de 2016, el Inspector General de la Policía Nacional profirió auto en el
que formuló pliego de cargos en contra del uniformado, por la presunta comisión de la
infracción establecida en el numeral 9 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 1, por
considerar que el 11 de marzo de 2015, el señor Ochica Suárez habría participado en
el hurto de quinientos galones de gasolina de contrabando, que fueron incautados en
un procedimiento de policía.
1 Artículo34. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
(…)
9. Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión
o como consecuencia de la función o cargo.
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Demandante: José Oswaldo Ochica Suárez
El 13 de enero de 2017, la Inspección General de la Policía Nacional profirió fallo
dentro del proceso disciplinario, mediante el cual sancionó al señor Ochica Suárez con
destitución e inhabilidad general por el término de 15 años. Esa decisión fue apelada
por la parte actora y el 12 de mayo de 2017, el Director General de la Policía Nacional
resolvió confirmar la decisión inicial.
Hechos relacionados con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 2015-00178, presentada contra la Resolución 046 de 2015
El actor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Policía Nacional, en la que solicitó la nulidad de la Resolución 046 del 09 de abril de
2015, a título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara el reintegro al
servicio activo, el pago de los emolumentos dejados de percibir y el reconocimiento
de perjuicios morales.
El 6 de febrero de 2018, el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja declaró la
nulidad de la Resolución 046 del 9 de abril de 2015, con fundamento en que el acto
administrativo de retiro discrecional demandado no cumplió con las subreglas
previstas en la sentencia SU-053 de 2015. Al respecto, advirtió que la entidad
demandada no efectuó un análisis de los elementos objetivos y razonables para
determinar el retiro2, porque únicamente valoró que el uniformado había sido vinculado
a un proceso penal y que existía orden de captura en su contra, máxime si se tenía
en cuenta que la decisión de retiro fue proferida a tan solo un día del conocimiento de
esos hechos.
Esa decisión fue apelada por la demandada con base en que: (i) la decisión
administrativa demandada se fundamentó en el Acta 074 de 9 de abril de 2015,
expedida por la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales Nivel Ejecutivo
y Agentes del Departamento de Policía de Boyacá, que evaluó la hoja de vida e
historia laboral del uniformado; (ii) si bien no había sido proferida sentencia penal o
decisión definitiva en el proceso disciplinario, hubo una pérdida de confianza en el
uniformado, por lo que existía un motivo legal para hacer uso de la facultad
discrecional, y; (iii) habían sido proferidas decisiones de primera y segunda instancia
en el proceso disciplinario, en los que se encontró que el señor Ochica Suárez incurrió
en falta disciplinaria gravísima a título de dolo.
El 27 de agosto de 2020, el Tribunal Administrativo de Boyacá revocó la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. Señaló que
la jurisprudencia del Consejo de Estado estableció que es procedente la aplicación de
la facultad discrecional para retirar del servicio cuya conducta se juzga de forma
concomitante con procesos disciplinario o penales por los mismos hechos, en la
medida que se adecue a los fines de la norma y resulte proporcional a los hechos que
le sirven de causa, los cuales deben ser de tal entidad que permitan considerarla a
primera vista.
Frente al fondo del asunto, anotó que el acto administrativo demandado se
fundamentó en el acta de recomendación de 9 de abril de 2015, proferida por la Junta
de Evaluación y Clasificación, en la que se evaluó la hoja de vida y trayectoria laboral
del uniformado y se dejó constancia de la pérdida de confianza y credibilidad
2 Resaltó que la Junta en Acta No 074 de 2015, puso en evidencia que no existian antecedentes penal o
disciplinarios y que, por el contrario el señor Ochica Suárez acreditaba 14 felicitaciones en su vida policial.
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institucional por el proceso penal que se adelantaba en su contra, por ello, encontró
que se cumplieron los requisitos establecidos en la jurisprudencia constitucional
atinentes al retiro del servicio. De modo que existía justificación suficiente para hacer
uso de la facultad discrecional de retiro al existir hechos objetivos y suficientes para
tomar esa determinación, máxime si se tenía en cuenta que la Policía encontró que
se vieron afectados elementos de confianza y moralidad para garantizar la prestación
del servicio.
Hechos relacionados con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 2018-00170, presentada contra los fallos proferidos en el proceso
disciplinario
El señor Ochica Suárez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en la que solicitó la nulidad de los fallos proferidos en el proceso disciplinario3.
El 27 de noviembre de 2020, el Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar
declaró la nulidad de los actos demandados. Consideró que la autoridad disciplinaria
emitió su fallo sancionatorio basándose en inferencias que carecían de sustento
probatorio para atribuir la responsabilidad al demandante, debido a que, a su juicio,
las pruebas recaudadas durante la investigación disciplinaria no permitían demostrar
la participación efectiva del señor José Oswaldo Ochica Suárez en la comisión del
cargo imputado.
Esa decisión fue apelada por la parte demandada y el 21 de marzo de 2024, el
Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la sentencia de primera instancia, con
fundamento en que en la apelación no se expusieron argumentos que cuestionaran la
decisión del a quo, lo que le impedía efectuar un análisis de fondo.
3. Argumentos de la acción de tutela
En primer lugar, aclaró que el presente asunto cumple con el requisito de inmediatez
porque, si bien se solicita que se deje sin efecto la sentencia del 27 de agosto de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, lo cierto es que la vulneración de
los derechos fundamentales invocados solo se evidenció con la decisión del 21 de
marzo de 2024, expedida por el Tribunal Administrativo del Cesar.
Al respecto, explicó que esas decisiones están interrelacionadas, porque incidieron en
la pérdida del empleo del señor Ochica Suárez, pues tanto la Resolución 046 del 9 de
abril de 2015, demandada en el expediente 2015-00178, como las decisiones
disciplinarias, demandada en el asunto 2018-00170, se fundamentaron en la orden de
captura proferida por el Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de control de
garantías de Bucaramanga.
Aunado a lo anterior, resaltó que en la sentencia de primera instancia proferida por el
Juzgado Décimo Administrativo de Tunja, del 6 de febrero de 2018, mediante la cual
se accedió a las pretensiones de la demanda, se ordenó el reintegró «con las
3 El proceso fue radicado inicialmente en el Tribunal Adminstrativo de Boyacá, donde fue remitido a la oficina de
reparto de la ciudad de Bogotá y en auto del 18 de abril de 2018, el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de
Bogotá lo remitió por competencia a los Juzgados Administrativos de Valledupar, con fundamento en el numeral 8
del artículo 156 del CPACA, en el entendido que, en los casos de imposición de sanciones la competencia territorial
se determina por el lugar donde se realizó el hecho que originó la sanción, frente a lo cual, precisó que el hecho
habría ocurrido en el municipio de La Paz- César.
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limitaciones que la condición jurídica que ostente en el marco de los procesos disciplinarios y
penales que cursan en su contra le imponga».
Asimismo, aclaró que, si bien, no se encuentra resuelta la situación penal del señor
Ochica Suárez, ese aspecto no era una limitante para el goce de los derechos
laborales que le asistían, pues, a la fecha de interposición de la acción de tutela no
había sido dictada medida de aeguramiento o fallo condenatorio.
Advirtió que debía considerarse que, a causa del retiro discrecional proferido por la
Policía Nacional con fundamento en una orden del captura, le ha sido dificil conseguir
un empleo, situación que ha afectado a sus padres de edad avanzada, sus hijas
menores y su esposa, que dependen economicante de él. Situación de la que da fé
mediante declaración extrajuicio aportada como anexo.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió
en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, porque: (i) desconoció que la
recomendación de retiro del uniformado, prevista en el Acta núm. 074 del 9 de abril
de 2015 de la Junta de Evaluación y Clasificación del personal de Suboficiales, Nivel
Ejecutivo y Agentes del Departamento de Policía Boyacá, se fundamentó en una
presunta responsabilidad penal del señor Ochica Suárez, sin conocer detalles
específicos sobre la conducta; (ii) asumió que los delitos mencionados en la orden de
captura fueron realizados por el patrullero, a pesar de que no había pruebas en el
proceso contencioso que respaldaran esa tesis. Además, que el Tribunal justificó la
decisión de la Junta de Evaluación al mencionar que la Fiscalía contaba con material
probatorio suficiente, aunque se demostró que la Junta no tuvo acceso a este y, (iii)
no tuvo en cuenta que los fallos disciplinarios habían sido demandados ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Anotó que el proceso penal no ha avanzado por razones ajenas al procesado y que,
en razón a ello, estuvo privado de la libertad durante 3 años y 4 meses, pues el escrito
de acusación fue radicado en agosto de 2015 y el caso aún se encuentra en audiencia
preparatoria.
Señaló que se configuró desconocimiento del precedente judicial, porque no se
tuvo en cuenta las sentencias SU-053 de 2015 y SU-172 de 2015, en la que se
estableció que la facultad discrecional de retiro debe contar con una estándar mínimo
de motivación para asegurar que prevalezca la interpretación que más se ajusta a los
postulados del Estado Social de Derecho, el principio de legalidad y el respeto por los
derechos fundamentales de los policías. Sin embargo, a pesar de reconocer la falta
de cumplimiento de los estándares de motivación, el tribunal no dio relevancia a este
hecho, se limitó a reiterar lo expuesto en el acta de la Junta de Evaluación.
Anotó que existió violación directa de la Constitución porque se tuvo como ciertas
los delitos conductas delictivas endilgadas en la orden de captura, lo que conllevó a
que se violara el principio de presunción de inocencia, previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia y en el artículo 8.2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
Además, sostuvo que el Tribunal no pudo demostrar cuáles eran las razones objetivas
que llevaron a la Junta a recomendar el retiro, ni cómo las calificaciones positivas del
patrullero podían justificar dicha decisión.
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4. Trámite previo
El 19 de junio de 2024, el despacho del ponente admitió la acción de tutela, ordenó
notificar a a los magistrados que conforman la Sala de Decisión núm. 6 del Tribunal
Administrativo de Boyacá. Adicionalmente, al titular del Juzgado Décimo
Administrativo Oral de Tunja, a la Nación –Ministerio de Defensa-Policía Nacional-, al
Tribunal Administrativo del Cesar y al titular del Juzgado Octavo Administrativo de
Valledupar, como terceros interesados.
Asimismo, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.
5. Oposiciones
El Tribunal Administrativo de Boyacá pidió que se declare improcedente el amparo
presentado por el actor, porque no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial, pues se evidenciaba que lo
pretendido es reabrir el debate zanjado por el juez natural, con base en circunstancias
que ocurrieron con posterioridad al fallo cuestionado.
De igual forma, resaltó que no se cumple con el requisito general de inmediatez, toda
vez que la tutela fue interpuesta 4 años después de que se profirió el fallo
controvertido.
6. Intervención de los terceros con interés
El Juzgado Décimo Administrativo de Tunja solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva, porque el accionante no cuestiona la sentencia
de 6 de febrero de 2018 proferida por esa autoridad judicial.
El Ministerio de Defensa – Policía Nacional pidió que se declare la improcedencia
de la acción de tutela porque no cumple con el requisito de inmediatez, porque el fallo
controvertido fue notificado el 2 de septiembre de 2022 y la tutela fue radicada 3 años
y 9 meses después.
Indicó que en el proceso judicial se demostró que el retiro del señor Ochica Suárez se
efectuó conforme a las subreglas jurisprudenciales proferidas por la Corte
Constitucional, en uso de la facultad discrecional prevista en el Decreto Ley 1791 de
2000 y la Ley 857 de 2003. Además, que esa decisión se basó en la pérdida de
confianza y el mejoramiento del servicio, justificada por su vinculación a un proceso
penal.
Consideró que el actor no demostró la procedencia de la acción de tutela mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, al no demostrarse la inminencia y
gravedad de este.
El Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Octavo Administrativo de
Valledupar guardaron silencio.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto». Esta acción procede cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional4, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales5 y específicas6 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción el actor pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 27 de agosto de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
que, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de
la demanda de nulidad y restablecimiento interpuesta por el señor Ochica Suárez.
4 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando
al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
5 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial
son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
6 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido
en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece
el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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A juicio de la parte actora, el Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró los derechos
fundamentales invocados por incurrir en defecto fáctico, desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución.
En ese sentido, corresponde a la Sala determinar si la presente solicitud de amparo
cumple con los requisitos generales de procedencia, en particular, el requisito general
de inmediatez y, solo en caso afirmativo, procederá con el estudio de fondo de los
cargos invocados. Sin embargo, de manera previa se pronunciará sobre la falta de
legitimación en la causa que adujo el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja.
De la legitimación en la causa por pasiva
La Sala observa que, en el caso objeto de estudio, el Juzgado Décimo Administrativo
de Tunja alega que carece de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, se
aclara que esta autoridad judicial profirió la decisión de primera instancia en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho del cual se adelanta el estudio, lo cual
justifica su vinculación al presente trámite como tercero con interés. Por esta razón,
se negará su solicitud de desvinculación.
Caso concreto
La Sala anticipa que en el presente caso no se cumple el requisito general de
inmediatez, lo cual hace improcedente el estudio de fondo de los defectos invocados
en la acción de tutela, como se pasa a explicar.
Por un lado, consta que la presentación de la acción de tutela de la referencia tuvo
lugar el 17 de junio de 2024. Por otro lado, la decisión de 27 de agosto de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, fue notificada el 2 de septiembre
de 20207. De modo que, a la fecha de presentación de esta acción, han transcurrido
3 años, 9 meses y 25 días de haber tenido conocimiento de la decisión, lo cual
desvirtúa la urgencia y necesidad de intervención del juez de tutela.
Para esta Sección, por regla general, el plazo razonable para el ejercicio de la acción
de tutela contra providencias judiciales es de seis meses, contado a partir de la fecha
de notificación del proveído acusado. Lo anterior, en atención a la naturaleza del acto
jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios contra aquellos, al derecho a la tutela judicial efectiva y a la necesidad de
que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
En relación con la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en diversas
oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la
vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la demanda8, en la medida en que la naturaleza misma de este medio
de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las
garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la seguridad
jurídica y a los derechos de los terceros afectados.
Lo anterior no implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de
la tutela. La inmediatez es más bien un requisito que busca que la acción se
7 SAMAI, indice 13, expediente 2015-00178.
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 123 de 2007
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presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que se
tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección
pronta y eficaz de tales derechos, es que se requiere que la acción se ejerza en un
tiempo razonable, prudencial.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la
acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, deben
tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada podría
causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a adoptar una
decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno
de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados. Circunstancias que
en el caso concreto no se acreditaron, pues si bien, la parte actora indicó que la
demora en la interposición de la acción de tutela obedeció a conflictos con su
apoderado lo cierto es que este no es un motivo válido para la inactividad dado que la
inconformidad del actor va dirigida inclusive a la decisión de primera instancia y al ser
así contó con la posibilidad procesal de revocar el poder y sustituirlo.
Circunstancias que no se cumplen en el caso objeto de estudio, porque a pesar de
que el actor sostuvo que existe una presunta relación entre el fallo cuestionado y la
sentencia del 21 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar,
la Sala advierte que no existe interdependencia entre estos asuntos. Los temas
tratados y los fundamentos jurídicos analizados en cada caso son distintos, pues
mientras la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 27 de
agosto de 2020 analizó exclusivamente la cuestión administrativa del retiro
discrecional del señor Ochica Suárez, la sentencia del 21 de marzo de 2024 dictada
por el Tribunal Administrativo del Cesar estudió los cargos propuestos frente a los
fallos disciplinarios.
Además, se resalta que en la sentencia controvertida se indicó que la decisión del
retiro discrecional no dependía directamente del resultado de los procesos
disciplinario o penal, pues dicha decisión se fundamentó en la pérdida de confianza y
la necesidad de garantizar la moralidad y el buen servicio institucional.
De modo que, no existe razón para contabilizar el plazo de inmediatez a partir de la
notificación de la sentencia de 21 de marzo de 2024 dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar.
Como lo ha señalado la Sección, el requisito de la inmediatez es una regla
jurisprudencial unánime y pacífica que se ha mantenido en el tiempo, precisamente,
para no inducir a error a los ciudadanos y que, además, garantiza los principios de
seguridad jurídica y confianza legítima de las decisiones judiciales, pues, recuérdese
que la acción de tutela contra providencias judiciales es la excepción a la regla y, en
esa medida, los requisitos de procedibilidad deben ser atendidos en estricto orden.
En suma, en el presente caso la acción de tutela no cumple el requisito general de la
inmediatez y, en esa medida, se impone declarar improcedente la solicitud de amparo
que ejerció el señor Luis Enrique Martínez Afanador contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y
el Consejo de Estado, Sala Veinticuatro Especial de Decisión.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03106-00
Demandante: José Oswaldo Ochica Suárez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció el señor José Oswaldo
Ochica Suárez contra el Tribunal Administrativo de Boyacá .
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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