Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03008-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03008-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03008-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
1 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., primero (1°.) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03008-00
Demandante: José Oswaldo Ochiva Suárez1
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Temas: Tutela contra providencia judicial / Medio de nulidad y
restablecimiento de derecho / Cosa Juzgada
Decisión: Declarar improcedente
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud formulada por José Oswaldo Ochiva Suárez, en nombre
propio y en representación de sus hijas MJOS y JMOS, en ejercicio de la acción de
tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada en los
decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud2
1. José Oswaldo Ochiva Suárez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la presunción de
inocencia, a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social y al mínimo vital, los cuales
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 27 de agosto de 2020
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 15001-33-33-010-2015-
00178-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
1 En nombre propio y en representación de sus hijas menores de edad.
2
Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «3ED_DemandayCorreo(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03008-00
Demandante: José Oswaldo Ochiva Suárez
Nacional con la finalidad de cuestionar la legalidad de los actos administrativos
mediante los cuales se ordenó su retiro de la institución, por voluntad y discreción
de la Dirección General, y presuntamente, ante la existencia de la orden de captura
06PG-00007 expedida por el Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de
Control de Garantías de Bucaramanga, dentro de la investigación penal adelantada
en su contra.
2.2. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja en sentencia del
6 de febrero de 2018 accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó a la entidad
demandada su reintegro al servicio, al considerar acreditada la existencia de un
nexo entre la decisión de desvinculación y el conocimiento de la institución del
proceso penal, pues el retiro se produjo un día después, circunstancia que permitía
inferir que la decisión obedeció principalmente a la orden de captura y no a un
análisis integral de la situación. En contra de esta decisión la parte demandada
interpuso recurso de apelación.
2.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá en providencia del 27 de agosto de 2020,
revocó la decisión del a quo, y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda,
al concluir que «[…] en uso de la facultad discrecional a la entidad demandada, le
asistieron razones objetivas basadas en hechos ciertos, y que fue proporcional y razonable
la decisión del retiro del servicio activo del patrullero OCHICA SUAREZ con estos hechos,
pues la medida se encamino al mejoramiento del servicio conforme se explicó en
precedencia, y que el demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de que goza el
acto impugnado […]» [sic].
2.4. Con ocasión de la mencionada providencia judicial, promovió solicitud de tutela3
al considerar que el tribunal incurrió en defecto fáctico por indebida valoración
probatoria, un desconocimiento del precedente judicial4 y una violación directa de la
Constitución Política. Su conocimiento correspondió, en primera y segunda
instancia, a las Secciones Cuarta y Segunda del Consejo de Estado,
respectivamente, las cuales, mediante sentencias del 25 de julio y 4 de septiembre
de 2024, declararon improcedente el amparo al concluir que no se satisfacía el
requisito general de inmediatez.
2.5. Sin embargo, con posterioridad a las anteriores decisiones, el Juzgado Cuarto
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, dentro del
proceso con radicado 215-00115, declaró la prescripción de la acción penal en su
contra. Al respecto, consideró que era un hecho nuevo que ameritaba el estudio de
esta circunstancia vía tutela.
3 Identificada con el radicado 11001-03-15-000-2024-03106-00.
4 Al respecto citó: SU-053 de 2015 y SU-172 de 2015.
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Demandante: José Oswaldo Ochiva Suárez
2.6. La autoridad demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en
defecto fáctico por indebida valoración probatoria, al sustentar su decisión en
pruebas inexistentes y posteriores a la expedición del acto administrativo de retiro.
2.7. Endesconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional5,
mediante el cual se ha establecido que la facultad discrecional de retiro debía contar
con un estándar mínimo de motivación, en relación con el respeto de los derechos
fundamentales de los policías, pues el suyo no contaba con un análisis suficiente.
2.8. En violación directa de la Constitución Política al vulnerar los derechos
fundamentales al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la igualdad, al
trabajo, a la seguridad social y al mínimo vital.
1.2. Pretensiones
3. Como fundamento de la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, presunción
de inocencia, igualdad, trabajo, seguridad social, mínimo vital del señor JOSE
OSWALDO OCHICA SUAREZ
SEGUNDO. TUTELAR los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud
y la seguridad social, la alimentación equilibrada, la educación, la cultura y la recreación,
de las niñas MARIA JOSE Y JOSELLE MARIAM OCHICA SUAREZ
TERCERO REVOCAR, en consecuencia, dejar sin efectos la sentencia de Segunda
Instancia proferida el 27 de agosto de 2020 por el Tribunal Administrativo de Boyacá
Sala No. 6, dentro del proceso contencioso administrativo con radicado No.
150013333010201500178-01.
CUARTO. CONFIRMAR en todas sus partes, la Sentencia de Primera Instancia
proferida el 06 de febrero de 2018 por el Juzgado Decimo Administrativo del Circuito de
Tunja, dentro del proceso contencioso administrativo No. 150013333010201500178-01,
mediante la cual declaró la nulidad de la Resolución No. 046 del 09 de abril de 2015 y
ordenó a la Policía Nacional el reintegro al servicio activo del señor JOSE OSWALDO
OCHICA SUAREZ, entre otras, disposiciones […]» [sic].
1.3. Informes rendidos en el proceso
4. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja6 solicitó que
se declarara improcedente la solicitud de amparo por no acreditar el requisito
general de inmediatez, comoquiera que la sentencia de segunda instancia fue
emitida hace más de cinco años.
5 Al respecto citó las sentencias SU-053 y SU-175 del 2015.
6 Ver índice 19 de Samai. Actuación denominada
169RECIBEPRUEBAS_CONTESTACIONTUTELACE (.pdf) NroActua19».
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Demandante: José Oswaldo Ochiva Suárez
5. El Ministerio de Defensa, Policía Nacional7 requirió que se negara el amparo
solicitado ante la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales
invocados. Máxime, cuando no había un perjuicio irremediable o una amenaza
inminente e injustificada que ameritara la intervención de la solicitud de tutela.
6. El Tribunal Administrativo de Boyacá8 pidió que se declarara improcedente la
petición de amparo por no acreditar el requisito general de inmediatez en tanto la
decisión enjuiciada fue proferida cerca de 6 años atrás. Además, el demandante ya
había interpuesto una solicitud de tutela con las mismas pretensiones, cuyo
conocimiento también correspondió al Consejo de Estado.
7. Los demás terceros con interés guardaron silencio.
2. Consideraciones
8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 del 6
de abril de 20219 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
10. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado10, unificó el criterio de la Corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
7 Ver índice 20 de Samai. Actuación denominada
«17_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaGS2026013525SEGEN(.PDF) (.pdf)NroActua20».
8 Ver índice 21 de Samai. Actuación denominada «21_Memorialweb_ContestaciOnDemanda-
20260300800ATC (.pdf) NroActua22».
9 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
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Demandante: José Oswaldo Ochiva Suárez
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 11. Al
respecto señalo lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical
y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias
de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]»
11. Como consecuencia de lo anterior, esta Corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
12. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo12, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela, como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
13. Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004
y C-590 de 2005.
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Demandante: José Oswaldo Ochiva Suárez
14. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos14, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. Para la prosperidad del amparo, debe
verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos
alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que
implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales15.
15. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
16. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si la solicitud de tutela
presentada por José Oswaldo Ochiva Suárez configura cosa juzgada o comporta
una actuación temeraria al haber acudido ante el juez constitucional en oportunidad
anterior, presuntamente, bajo idénticos supuestos de hechos y causa pretendi?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. La cosa juzgada en la solicitud de tutela y la actuación temeraria
17. En cuanto a la cosa juzgada, recuérdese que «es una institución jurídico procesal
mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras
providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se
conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica»16.
18. Lasolicitud de tutela como mecanismo preferencial, idóneo y efectivo para
salvaguardar los derechos fundamentales constitucionales, se caracteriza por ser
un procedimiento sumario, garante del debido proceso, cuya instancia final
corresponde a la Corte Constitucional ante quien opera un proceso de selección
cuya decisión, en todo caso, les imprime a las providencias de las instancias fuerza
de cosa juzgada constitucional.
19. La Corte Constitucional en sentencia T-089 de 201917 respecto de la cosa
juzgada consideró:
14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
16 C-100 de 2019.
17 MP Alberto Rojas Ríos.
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Demandante: José Oswaldo Ochiva Suárez
«[…] Ahora bien, la cosa juzgada se configura cuando existe la triple identidad
mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que se evidencie la
configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar engañar a las
autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutela. Al respecto, la
Corte Constitucional, ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito a cosa juzgada,
en el evento en que esta Corporación se pronuncia sobre una determinada acción de
tutela ya sea mediante fallo o a través del auto de selección que notifica la no
selección de la misma. Lo anterior, de conformidad con el artículo 243 de la
Constitución Política de Colombia18. La figura de cosa juzgada constitucional prohíbe
“(…) que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues ello
desconocería la seguridad jurídica que brinda este principio de cierre del sistema
jurídico”19 .
Sin embargo, aun cuando estos tres supuestos se evidencien, el juez constitucional
deberá hacer un análisis material entre las acciones de tutela presentadas, con el fin
de identificar si existen nuevos elementos que llevaron al actor a presentar la solicitud
de amparo y que habiliten al juez para realizar un nuevo pronunciamiento.
Por lo que, la cosa juzgada no es otra cosa que “los efectos jurídicos de las
sentencias, en virtud de los cuales éstas adquieren carácter de inmutables,
definitivas, vinculantes y coercitivas, de tal manera que, sobre aquellos asuntos
tratados y decididos en ellas, no resulta admisible plantear litigio alguno ni emitir un
nuevo pronunciamiento”20 […]».
20. En concordancia con lo anterior, se tiene que el uso de la solicitud de tutela debe
ser racionalizado y atender el hecho de que, una vez resuelto el caso por un juez
constitucional, éste no puede ser puesto en conocimiento -bajo los mismos
supuestos y con idénticas pretensiones y partes- ante otra autoridad, pues ello
implicaría el quebrantamiento del principio de cosa juzgada constitucional e,
inclusive, se podría incurrir en una actuación temeraria, en los términos del artículo
38 del Decreto 2591 de 1992 que regula:
«[…] Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los
mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional
al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional,
sin perjuicio de las demás sanciones que haya lugar […]».
21. Como se observa, al presentarse dos o más solicitudes de amparo bajo
supuestos similares deberán ser rechazadas o decididas desfavorablemente; sin
embargo, hay que tener en cuenta que para que se configure una actuación
temeraria, además, deben concurrir los requisitos establecidos por la jurisprudencia
constitucional, tales como:
18 Artículo 243 de la Constitución Política de Colombia: “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del
control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”.
19 Sentencia T-001 de 2016.
20 Sentencia C-622 de 2007.
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Demandante: José Oswaldo Ochiva Suárez
«[…] Para deducir que una misma demanda de tutela se ha interpuesto varias veces,
con infracción de la prohibición prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es
indispensable acreditar: (i) la identidad de partes, es decir, que ambas acciones de
tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo
sujeto en su condición de persona natural, ya sea obrando a nombre propio o a través
de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus
representantes legales. (ii) la identidad de causa pretendi, o lo que es lo mismo, que
el ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos
que le sirvan de causa. (iii) la identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen
la satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho
fundamental. (iv) Por ultimo, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un
caso en concreto los tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud
de tutela, el juez constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente
dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que
permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción […]».
22. Es decir, los jueces de tutela deben verificar de manera rigurosa los citados
requisitos a partir de la presunción de buena fe del demandante, pues no es
suficiente con el cumplimiento formal de estos, sino que se hace necesario examinar
las razones por las cuales se interponen las demandas y evaluar si los motivos están
plenamente justificados, para determinar la existencia o no de una actuación
temeraria.
2.5. Sobre el caso concreto
23. De acuerdo con lo analizado por la Sala, existió una solicitud de tutela identificada
con el radicado 11001-03-15-000-2024-03106-00, la cual se fundamentó bajo
supuestos fácticos, jurídicos y probatorios similares a los traídos en esta
oportunidad.
24. Para mayor claridad del asunto, al revisar ambos asuntos constitucionales se
tiene que:
Radicado 11001-03-15-000-2024-03106- 11001-03-15-000-2026-03008-00
00
Partes Demandante: José Oswaldo Demandante: José Oswaldo Ochica
Ochica Suarez; María José Suarez; María José Ochica Sánchez
Ochica Sánchez y Joselle y Joselle Mariam Ochica Sánchez.
Mariam Ochica Sánchez.
Demandado: Tribunal Demandado: Tribunal Administrativo
Administrativo de Boyacá. de Boyacá.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03008-00
Demandante: José Oswaldo Ochiva Suárez
Causa Se alegó la vulneración de los Se alegó la vulneración de los derechos
pretendi derechos fundamentales al fundamentales al debido proceso,
debido proceso, presunción de presunción de inocencia, igualdad,
inocencia, igualdad, trabajo, trabajo, seguridad social, mínimo vital,
seguridad social, mínimo vital, a la vida, integridad física, seguridad
a la vida, integridad física, social, alimentación equilibrada,
seguridad social, alimentación educación, la cultura y la recreación,
equilibrada, educación, la con ocasión de la sentencia proferida el
cultura y la recreación, con 27 de agosto de 2020 por el Tribunal
ocasión de la sentencia Administrativo de Boyacá, en el medio
proferida el 27 de agosto de de control de nulidad y restablecimiento
2020 por el Tribunal de derecho con radicado
Administrativo de Boyacá, en el 150013333010201500178-01.
medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho
con radicado
150013333010201500178-01.
Objeto Lograr el amparo de los Lograr el amparo de los derechos
derechos fundamentales fundamentales invocados y, como
invocados y, como consecuencia, se deje sin efectos la
consecuencia, se deje sin sentencia de segunda instancia
efectos la sentencia de proferida en el medio de control de
segunda instancia proferida en nulidad y restablecimiento de derecho
el medio de control de nulidad identificado con el radicado:
y restablecimiento de derecho 150013333010201500178-01.
identificado con el radicado:
150013333010201500178-01.
25. A juicio de la Sala, es evidente que entre las acciones de tutela con radicados
11001-03-15-000-2024-03106-00 y 11001-03-15-000-2026-03008-00 existe una
identidad de partes, causa pretendi y objeto, en tanto las mismas están dirigidas a
cuestionar en idénticos términos la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, configurándose así la cosa juzgada en la solicitud de tutela bajo estudio;
sin embargo, no por esto puede hablarse de la existencia de una actuación
temeraria pues, para ello, se requiere que haya una actuación dolosa o de mala fe
contra la administración de justicia, por parte de la demandante.
26. Ahora bien, no se puede desconocer que en la presente solicitud se invocan
circunstancias posteriores a la sentencia cuestionada, en particular, la declaratoria
de prescripción de la acción penal en el proceso con radicado 215-00115 por parte
del Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Valledupar. No obstante, la Sala considera que dicho acontecimiento no modifica la
controversia planteada, pues esta continúa dirigida a cuestionar la legalidad de la
Resolución No. 046 del 2015, que decretó el retiro de José Oswaldo Ochiva Suárez
por voluntad discrecional de la Dirección General de la Policía Nacional, así como
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Demandante: José Oswaldo Ochiva Suárez
la sentencia del 27 de agosto de 2020 que declaró acorde al ordenamiento jurídico
la desvinculación.
27. En ese sentido, si bien la decisión de declarar la prescripción de la acción
penal constituye un hecho posterior a la providencia judicial, no configura, per se,
una circunstancia que modifique el objeto de la solicitud de amparo o la convierta
en un proceso distinto al ya analizado por el juez de tutela. Pues lo cierto es que «no
cualquier pronunciamiento puede tomarse como un hecho nuevo, pues para ello se
requiere, por un lado, que tenga vocación de universalidad como las sentencias de
constitucionalidad y las de unificación y de otro lado que, en efecto, el nuevo fallo aborde
situaciones jurídicas novedosas que no se hubiesen desarrollado con anterioridad»21.
28. En consecuencia, la Sala encuentra que el hecho posterior invocado, no
desvirtúa la identidad existente entre la solicitud de amparo y la tutela promovida
con anterioridad contra la misma providencia judicial. Pues, en esencia, se reitera
que el fundamento de ambos trámites constitucionales es el cuestionamiento de la
legalidad del retiro discrecional dispuesto en la Resolución No. 046 de 2015 y de la
sentencia del 27 de agosto de 2020.
29. Ahora, si bien José Oswaldo Ochiva Suárez y otros, presentaron, por
segunda vez, una solicitud de amparo idéntica a la identificada con el radicado
11001-03-15-000-2024-03106-00, la cual fue desatada de manera desfavorable
mediante las sentencias proferidas el 25 de julio y 4 de septiembre de 2024 por las
Secciones Cuarta y Segunda del Consejo de Estado, lo cierto es que su actuación
no da lugar a imponer una sanción, pues, de acuerdo con sus condiciones
personales y el contenido del amparo pretendido, es clara su ausencia de
conocimientos en técnica jurídica y el convencimiento de la existencia de un hecho
nuevo.
30. En efecto, al analizar el principio de buena fe y la posible configuración de
un hecho nuevo, la Corte Constitucional22 ha sostenido:
«[…] a pesar de que las dos acciones constitucionales comparten las mismas partes,
hechos y pretensiones, la accionante actuó de buena fe al interponer la segunda tutela.
Esto ocurre porque, en el escrito de interposición del amparo, en la adición y en las
distintas intervenciones allegadas al trámite, manifestó directamente que existió una
primera tutela y explicó por qué considera que existe un hecho nuevo que habilitaba al
juez para estudiar nuevamente el problema jurídico que fue objeto de análisis en la
primera acción de tutela que interpuso.
Así pues, la actuación de la demandante no pretendió defraudar al juez de tutela ni
respondió a un interés doloso para que se estudie nuevamente el mismo caso.
Simplemente, presentó una nueva solicitud, sobre la base de lo que ella considera es un
hecho nuevo […]» [sic].
21 Sentencia SU027-21. M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
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Sentencia SU012/20. Conjuez ponente: Esteban Restrepo Saldarriaga.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03008-00
Demandante: José Oswaldo Ochiva Suárez
3. Conclusión
31. En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente, por existir cosa
juzgada, la solicitud de amparo presentada por José Oswaldo Ochiva Suárez contra
el Tribunal Administrativo de Boyacá.
32. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley.
FALLA:
Primero. Declarar improcedente, por existir cosa juzgada, la solicitud de amparo
presentada José Oswaldo Ochiva Suárez contra el Tribunal Administrativo de
Boyacá.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CJE/LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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