Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03187-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03187-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-03187-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
25 de julio de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 03187 00
Accionante: Manuel Horacio Nieves Mateus
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 03187 00
Accionante: MANUEL HORACIO NIEVES MATEUS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la
controversia planteada por la parte actora pretende
reabrir el debate resuelto por el juez natural.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Manuel Horacio
Nieves Mateus en contra de la sentencia proferida el 5 de octubre de 2023
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro.
25000 23 42 000 2014 02343 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Manuel Horacio Nieves Mateus promovió acción de tutela en
contra de la precitada providencia, y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:
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radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03187 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 03187 00
Accionante: Manuel Horacio Nieves Mateus
“[…] PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales y principios
constitucionales al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social, a
ser protegido como persona de la tercera edad y por mi limitación
física, la seguridad jurídica, buena fe y la confianza legítima,
violentados por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B.
SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, solicito se ordene
REVOCAR la sentencia del 5 de octubre de 2023, proferida por el
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO –
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, bajo
el radicado No. 25000-23-42-000-2014-02343-01 (3434-2021), por
medio de la cual declaró la nulidad de las resoluciones 0673 del 1°
de agosto de 2002 y 0770 del 23 de agosto de 2002 a través de las
cuales se reconoció y ordenó el pago por concepto de la pensión de
jubilación en mi favor, privándome así de mi pensión de jubilación
y, en su lugar, se ordene que las mismas permanezcan en firme.
TERCERO.- ORDENAR al FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL
CONGRESO a que, dentro del término de 48hr siguientes a que se
profiera la sentencia, se sirva reconocer y pagar la pensión de
jubilación en los términos dispuestos en las resoluciones 0673 del
1° de agosto de 2002 y 0770 del 23 de agosto de 2002, así como
ha (sic) pagar el retroactivo de la misma, desde el momento que
dejó de otorgarla […]”.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que tiene 86 años y que en el año de 1998 solicitó
pensión de jubilación al Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República – FONPRECON, la cual fue reconocida en el año 2002 con efecto
retroactivo desde el año 1996.
Manifestó que para obtenerla presentó como soporte las cotizaciones
hechas a diversos fondos, como la Caja Nacional de Previsión Social –
CAJANAL y el Instituto de Seguro Social de Santander, así como tres libros
de su autoría.
Señaló que, contra la resolución que le otorgó la pensión presentó recurso
de reposición, porque consideraba que el valor reconocido debía ser
mayor, sin embargo, FONPRECON resolvió no reponer su acto
administrativo.
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Indicó que, agotada la vía gubernativa, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó sus pretensiones, razón por la cual apeló, sin
embargo, el Consejo de Estado confirmó la decisión. Precisó que, “(…) ni
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ni el Consejo de Estado
dijeron algo, en este proceso, sobre la no idoneidad de los libros
presentados para lograr la pensión (…)”2.
Sostuvo que, en el año 2004, FONPRECON hizo una revisión, de oficio, de
los libros que presentó para obtener la pensión y que, después de dos
años de investigación, concluyó que los libros reunían las condiciones
requeridas para ser homologados como tiempo de servicio, por lo que
podía seguir recibiendo la pensión.
Relató que, en el año 2014, FONPRECON promovió demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad
de las resoluciones que le reconocieron la pensión de jubilación,
argumentando que los libros no cumplían con los requisitos exigidos por
el literal a) del artículo 3 del Decreto 753 de 1974, para ser homologados
como tiempo de servicio para efectos de obtener la pensión.
Anotó que la demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca que, en sentencia proferida el 27 de febrero de 2019
(sic)3 negó las pretensiones de la demanda.
Expuso que, inconforme con la decisión anterior, FONPRECON interpuso
recurso de apelación y que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, la revocó y, en su lugar, declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados, dejándolo sin pensión, sin seguridad social,
sin protección de salud y sin ingresos económicos para mantenerse.
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Al revisar el expediente ordinario, se evidencia que, aunque la providencia indica que
fue proferida el 27 de febrero de 2019, por auto del 3 de diciembre de 2020 se aclaró
que la fecha correcta de la sentencia es 27 de febrero de 2020.
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Aseveró que no tiene otros ingresos, que depende totalmente de su
pensión para poder vivir, pues con el dinero que percibe satisface sus
necesidades. Agregó que necesita un generador de oxígeno permanente,
ya que sus pulmones no saturan bien por la altura de Bogotá, ciudad en
la que reside, y que, por su edad y su limitación física, no puede laborar.
Adujo que la providencia cuestionada vulnera los principios de buena fe y
confianza legítima, así como sus derechos fundamentales al mínimo vital,
a la salud y a ser protegido como persona de la tercera edad.
Resaltó que, “(…) al privarme de la pensión, a estas horas de la vida y
después de veinte y tantos años de disfrutar de ella, me causan un daño
difícil de cuantificar y de reparar, todo por un error de la Administración.
Es injusto que yo tenga que cargar con las nefastas consecuencias de un
error que cometió el FONPRECON, pues si me hubiera negado el derecho
desde el principio- 1.998-, muy bien hubiera podido yo pensionarme con
otra entidad haciendo los aportes que me hicieran falta (…)”4.
Explicó que “(…) el asunto decidido por la entidad accionada es de especial
relevancia constitucional teniendo en cuenta que apareja la violación de
los derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la seguridad
social, a ser protegido como persona de la tercera edad y por mi limitación
física, la seguridad jurídica, buena fe y la confianza legítima, toda vez,
que el CONSEJO DE ESTADO, al proferir la sentencia del 5 de octubre de
2023, privó a un adulto mayor – de 86 años de edad -, y con sendas
afectaciones en su salud, de su pensión de jubilación que venía
percibiendo desde hace más de 20 años, privándole de su único medio de
subsistencia, de su atención en salud y de la posibilidad de tener una vida
digna (…)”5.
Advirtió que, aunque la sentencia cuestionada fue proferida el 5 de
octubre de 2023, los días 21 y 31 de noviembre de 2023 presentó solicitud
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Ibidem.
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Accionante: Manuel Horacio Nieves Mateus
de adición y aclaración, la cual fue resuelta por auto del 14 de marzo de
2024, por lo que aseguró que las anteriores providencias quedaron
debidamente ejecutoriadas el 22 de mayo de 2024.
Alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del
precedente comoquiera que la sentencia proferida el 16 de julio de 2020
por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, en el
proceso identificado con el radicado nro. 25000 23 42 000 2014 02607
01, es un antecedente jurisprudencial aplicable a su caso “(…) en la
medida que, como ocurrió en mi caso, no era dable privarme de mi
pensión de jubilación pues, pese a que el caso sub examine el CONSEJO
DE ESTADO determinó que 2 de los 3 libros presentados para la
homologación de tiempo de servicios, no se encontraban perfeccionados
al momento de la consolidación del derecho, como ocurrió en el
precedente referido, atendiendo mi avanzada edad y mi situación de
salud, debió abstenerse de revocarme mi pensión de jubilación, como lo
hizo en el otro caso (…)”6.
Agregó que la precitada sentencia es un precedente vinculante “(…) en
tanto en dicha sentencia determinó la excepcional forma de decisión en
los casos en los que no se acreditaron los presupuestos de homologación
de libros en tiempo de servicios, para quienes les había sido reconocido,
desde mucho tiempo atrás, la pensión de jubilación, y que se trataran de
sujetos de especial protección constitucional, dado su avanzada edad y
sus afectaciones en la salud (…)”7.
Sostuvo que la autoridad judicial accionada, en la providencia cuestionada
en esta sede constitucional, no hizo consideración alguna frente a su
avanzada edad, ni su estado de salud.
Finalmente arguyó que la sentencia atacada también incurrió en violación
directa de la Constitución, comoquiera que “(…) el CONSEJO DE ESTADO,
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Ibidem.
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Accionante: Manuel Horacio Nieves Mateus
al privarme de mi pensión de jubilación, a los 86 años de edad, desconoce
mi calidad de sujeto de especial protección constitucional y mi seria
situación de indefensión, ya que es un adulto mayor, en los términos del
artículo 7 de la Ley 1276 de 2009 (…)”8.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 20 de junio de 20249 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a esta Sección que por auto del 24 de junio de
202410 la admitió y dispuso notificar11 a los magistrados que integran la
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, como parte
accionada, así como vincular12 al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y al Fondo de Previsión
Social del Congreso – FOPRECON, como terceros interesados en el
resultado del proceso.
De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A y/o al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, para que allegaran copia digital o el hipervínculo
de consulta del proceso identificado con el radicado nro. 25000 23 42 000
2014 02343 00/01, el cual fue remitido13.
3.2. El director encargado del Fondo de Previsión Social del Congreso de
la República – FONPRECON, allegó escrito14 en el que solicitó que se
8
Ibidem.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03187 00.
10
Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03187 00.
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Esta orden se cumplió el 26 de junio de 2024. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03187 00.
12
Ibidem.
13
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03187 00.
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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03187 00.
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Accionante: Manuel Horacio Nieves Mateus
desestime la acción de tutela, comoquiera que el accionante pretende
reabrir etapas ya precluidas y no es posible utilizar este mecanismo
constitucional como una tercera instancia.
Manifestó que la sentencia cuestionada fue suficientemente sustentada y
no es resultado de una posición terca o caprichosa, sino de un estudio
juicioso de las normas que debían ser aplicadas para proceder con el
estudio del derecho pensional del accionante, el cual, como se demostró
en el proceso ordinario, no le asistía.
Indicó que el accionante solicita la protección de presuntos derechos
fundamentales vulnerados, sin tener en cuenta que con los valores que
recibió durante veintiséis años se afectó aún más el Sistema de Seguridad
Social.
3.3. El magistrado ponente de la providencia cuestionada rindió informe15
en el que solicitó se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.
Explicó que el señor Manuel Horacio Nieves Mateus era beneficiario del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
por cuanto para el 1 de abril de 1994, fecha en que entró en vigencia el
sistema general de pensiones, contaba con más de 40 años de edad. Sin
embargo, precisó que, para esa época, ya no ostentaba la calidad de
congresista, pues ejerció como senador entre el 26 de octubre de 1982 y
el 19 de julio de 1986 y como representante a la cámara desde el 20 de
julio 1986 hasta el 19 de julio de 1990, por lo que solo resultó beneficiario
de la transición de la Ley 100, pero no de la correspondiente al artículo 2
del Decreto 1293 de 1994.
Anotó que, para convalidar los 6 años que le faltaban para completar el
requisito pensional de 20 años de servicio, el señor Nieves Mateus
presentó tres obras literarias de las cuales, solo una fue registrada antes
de alcanzar el estatus de pensionado.
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Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Accionante: Manuel Horacio Nieves Mateus
Adujo que, “(…) por lo anterior, y comoquiera que solo uno de los textos
cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 50 de 1886 y en el
Decreto 753 del 30 de abril de 1974, la Sala encontró evidente que Manuel
Horacio Nieves Mateus no colmó las exigencias previstas por la norma
para acceder al reconocimiento pensional (…)”.
Sostuvo que la providencia cuestionada guardó consonancia con
antecedentes jurisprudenciales en los que se señaló que para pretender
el reconocimiento pensional por la homologación de obras literarias es
necesario que el registro de la propiedad intelectual de cada texto suceda
antes de que se alcance el estatus de pensionado, es decir antes de la
consolidación de su situación jurídica.
En cuanto al argumento del accionante planteado en el escrito de tutela,
referente al presunto desconocimiento del precedente por no tener en
cuenta la sentencia del 16 de julio de 2020 proferida por la Subsección A
de la Sección Segunda de esta Corporación, en el proceso identificado con
el radicado nro. 25000 23 42 000 2014 02607 01, expuso que “(…) en
aquella decisión la corporación advirtió que Fonprecon no debió
reconocerle la pensión de jubilación, en la medida en que la producción
intelectual que aportó para homologar los años de servicio, no se produjo
en el ejercicio del magisterio, por lo que no comportaba un texto de
enseñanza propiamente dicho, pero a fin de equilibrar la situación de
vulnerabilidad y comoquiera que solo le hizo falta completar 5 meses y
19 días de servicio, adoptó medidas con el fin de no desconocer su
situación y ordenó al fondo mantener el pago de las mesadas pensionales
con el correspondiente descuento de las cotizaciones que le hacían falta
para alcanzar los 20 años de servicio (…)”.
Aclaró que aun cuando el juez está obligado a seguir sus propias
decisiones, en garantía de los principios de igualdad y buena fe de quien
acude a la administración de justicia, esto solo es exigible cuando le
corresponda decidir casos con supuestos fácticos y jurídicos similares a
otros que ya ha fallado; sin embargo, el caso citado como referente en el
8
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Accionante: Manuel Horacio Nieves Mateus
escrito de tutela difiere de aquel resuelto por la Subsección que hoy es
reprochado, pues, de un lado, la autoridad judicial que profirió la
sentencia fue otra Subsección, y del otro, al señor Nieves Mateus le hacían
falta más de 5 años para completar el tiempo de servicio exigido en la
norma para acceder al beneficio pensional.
3.4. El expediente ingresó al despacho para fallo el 8 de julio de 202416.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199117 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,18 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202119, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201920 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente21:
4.2.1. El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República -
FONPRECON, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
16
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03187 00.
17
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
18
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
19
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
20
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
21
Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado nro. 25000 23 42 000 2014 02343 00/01.
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Accionante: Manuel Horacio Nieves Mateus
derecho (lesividad) en contra del señor Manuel Horacio Nieves Mateus,
pretendiendo lo siguiente22:
“[…] PRIMERA. Que se declare que los libros “ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN MUNICIPAL”, “EL CAMPESINO Y LA TIERRA” y “LA
VÍCTIMA: UN ESTUDIO SOBRE VICTIMOLOGÍA”, cuya autoría es del
señor MANUEL HORACIO NIEVES MATEUS, no cumplen con los
requisitos y condiciones para ser homologados como tiempos de
servicio para efectos de la pensión, por no cumplir con los requisitos
exigidos el (sic) por el literal a) del artículo 3 del Decreto nro. 753
de 1974, que reglamentó la Ley 50 de 1886, y la jurisprudencia del
H. Consejo de Estado sobre el tema.
SEGUNDA. Que se declare que el señor MANUEL HORACIO NIEVES
MATEUS, perdió los beneficios del régimen especial de transición
consagrados en el Decreto 1293 de 1994 por no contar con 20 años
de servicios a la fecha de su retiro definitivo del Congreso de la
República hecho que tuvo ocurrencia el 19 de julio de 1990.
TERCERA. Que se declare que el señor MANUEL HORACIO NIEVES
MATEUS no cumplió con los requisitos legales para el reconocimiento
de la pensión previstos en la Ley 4 de 1992 y los Decretos 1359 de
1993 y 1293 de 1994.
CUARTA. Que se declare la nulidad de las Resoluciones nro. 0673
del 1 de agosto del 2002 y 0770 del 23 de agosto del 2002 “por
medio de la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión
mensual vitalicia de jubilación de conformidad con la Ley 4 de 1992”
y “por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”,
respectivamente, al señor MANUEL HORACIO NIEVES MATEUS, por
cuanto no acreditó los requisitos legales para el reconocimiento de
la prestación económica reconocida y otorgada por el FONDO DE
PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
QUINTA. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y
a título de restablecimiento del derecho, se ordene por parte del H.
despacho al FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA, expedir un acto administrativo adoptando las medidas
necesarias entre otras la exclusión del señor MANUEL HORACIO
NIEVES MATEUS de la nómina de pensionados de la entidad que den
estricto cumplimiento a la decisión contenida en el fallo y que pone
fin a la acción aquí impetrada.
SEXTA. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene por
H. despacho que el señor MANUEL HORACIO NIEVES MATEUS,
reintegre al FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA, las sumas de dinero que recibió por concepto de la
pensión de jubilación, otorgada como consecuencia del acto
administrativo demandado […]”. (Mayúsculas y negrillas originales
de la demanda).
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Accionante: Manuel Horacio Nieves Mateus
4.2.2. El señor Manuel Horacio Nieves Mateus, presentó demanda de
reconvención en contra de FONPRECON, pretendiendo lo siguiente23:
“[…] PRIMERA: Declarar que el demandado en reconvención debe
reconocerme la pensión, por ser la última entidad a que estuve
afiliado.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, condenar
al contrademandado a pagarme la pensión a que tengo derecho de
acuerdo con el régimen que existía antes de la vigencia de la Ley
100 de 1993, debidamente indexada y a partir de la fecha en que se
me dejen de pagar las mesadas que estoy recibiendo […]”.
4.2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, en sentencia proferida el 27 de febrero de 202024 dispuso
lo siguiente25:
“[…] PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda promovida
por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República contra
el señor Manuel Horacio Nieves Mateus, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Negar las pretensiones de la demanda de reconvención
promovida por el señor Manuel Horacio Nieves Mateus contra el
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia
[…]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).
4.2.4. Inconforme con la decisión anterior, FONPRECON interpuso recurso
de apelación y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia proferida el 5 de octubre de 2023, notificada el 23 de noviembre
de 2023, resolvió lo siguiente26:
“[…] Primero. Revocar el ordinal primero de la sentencia del 27 de
febrero de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las
pretensiones de la demanda interpuesta por Fonprecon, en virtud de
23
Ibidem.
24
Aunque la providencia indica que fue proferida el 27 de febrero de 2019, por auto del
3 de diciembre de 2020 se aclaró que la fecha correcta de la sentencia es 27 de febrero
de 2020.
25
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03187 00.
26
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03187 00.
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las razones expuestas en la presente providencia, el cual quedará
así:
«Primero. Declarar la nulidad de las resoluciones 0673 del 1°
de agosto de 2002 y 0770 del 23 de agosto de 2002 a través
de las cuales se reconoció y ordenó el pago por concepto de
la pensión de jubilación de Manuel Horacio Nieves Mateus».
Segundo. Negar la pretensión relativa al reintegro de las mesadas
percibidas por concepto del reconocimiento pensional, por las
razones expuestas en esta decisión.
Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
Cuarto. Sin condena en costas […]”. (Negrillas originales de la
providencia).
Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
“[…] en virtud del material probatorio allegado al expediente y con
el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala advierte que
Manuel Horacio Nieves Mateus era beneficiario del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por
cuanto para el 1° de abril de 1994, fecha en que entró en vigencia
el sistema general de pensiones, contaba con más de 40 años de
edad. Sin embargo, para esa época ya no ostentaba la calidad de
congresista, pues como fue certificado por el secretario del Senado
de la República aquel ejerció como senador entre el 26 de octubre
de 1982 y el 19 de julio de 1986 y como representante a la cámara
desde el 20 de julio 1986 hasta el 19 de julio de 1990, según la
certificación suscrita por el subsecretario general de la Cámara de
Representantes; de manera que solo resultó beneficiario del régimen
de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993, pero no del
correspondiente al artículo 2 del Decreto 1293 de 1994.
Lo anterior, por cuanto el régimen de transición de los congresistas
está dirigido a garantizar las expectativas legítimas de los que
prestaron sus servicios en ejercicio de tal dignidad entre la entrada
en vigencia de la Ley 4ª de 1992 y la de la Ley 100 de 1993, esto
es entre 18 de mayo de 1992 y el 1º de abril de 1994, como viene
de verse del marco normativo expuesto en esta decisión.
(…)
Por todo lo anterior, no es posible acceder al reconocimiento de la
pensión de jubilación del demandado con fundamento en el régimen
especial previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 y los decretos
1359 de 1993 y 1293 de 1994, por cuanto entre el 18 de mayo de
1992 y el 1º de abril de 1994, no ostentaba la calidad de congresista,
máxime si el retiro definitivo del servicio fue el 19 de julio de 1990.
Ahora bien, en el recurso de apelación Fonprecon manifestó que las
obras de las que se pretende su homologación por años de servicios
no cumplen con los requisitos previstos en el literal a) del artículo 3
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del Decreto Reglamentario 753 de 1974, por cuanto no fueron
registradas como propiedad intelectual antes de la consolidación de
la situación jurídica del demandado, esto es, el 19 de julio 1990,
momento de su retiro definitivo del servicio. Además, indicó que el
fallo del 24 de mayo de 1977, a través del cual, según el a quo, el
Consejo de Estado anuló el literal a), es inexistente, tanto así que,
en la sentencia del 17 de febrero de 2011, proferida por esa
Corporación, se citó como parte del fundamento de la decisión.
(…)
Esta Corporación en varias oportunidades ha manifestado que, en el
contexto de pretender el reconocimiento pensional en virtud de la
homologación de obras literarias es necesario que el registro de la
propiedad intelectual de cada texto suceda antes de que se alcance
el estatus, es decir antes de la consolidación de su situación jurídica.
(…)
En cuanto al asunto en estudio, se observa que Manuel Horacio
Nieves Mateus allegó tres obras literarias («Administración y gestión
pública municipal», «El campesino y la tierra» y «La víctima: un
estudio sobre victimología») para convalidarlas por los 6 años de
tiempo laborado faltantes para completar el requisito pensional de
20 años de servicio; no obstante, solo una de ellas «La víctima: un
estudio sobre victimología» fue registrada antes (13 de julio de
1993) del momento de alcanzar el estatus, esto es el 1º de marzo
de 1996, así pues y comoquiera que solo uno de los textos cumplió
con los requisitos establecidos en la Ley 50 de 1886 y en el Decreto
753 del 30 de abril de 1974, para la Sala es evidente que el
demandado no cumplió con los requisitos previstos por la norma
para acceder al reconocimiento pensional de jubilación […]”.
4.2.5. El señor Manuel Horacio Nieves Mateus presentó escrito
manifestando lo siguiente27:
“[…] Como demandado e interesado en el negocio de la referencia,
con todo respeto le pido el favor de dictar sentencia complementaria
en dicho proceso. Mi petición se fundamenta en lo siguiente:
1º: Al descorrer el traslado de la demanda en el negocio citado,
propuse demanda de reconvención para que la entidad demandante
me asignara la pensión que correspondiera, en caso de prosperar las
pretensiones de la demanda principal, pues consideraba y sigo
considerando que a esta edad - voy a cumplir 86 años - no se me
puede privar del único ingreso que tengo, de la cual he disfrutado
durante más de 20 años, confiado en la "buena fe" de las decisiones
del Estado, porque me privarían del derecho al mínimo vital - no
tengo bienes -, me privarían del derecho a la salud, vital en la edad
27
Visto en los índices 31, 32, 34 y 37 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro.
25000 23 42 000 2014 02343 00/01.
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que tengo e iría contra la seguridad jurídica, después de más de 20
años y cuando ya no puedo pensionarme.
2°; La demanda de reconvención, admitida, siguió su trámite legal
junto con la demanda principal y debe ser finalizada
3°: En la sentencia que se está notificando, prosperan las
pretensiones de la demanda; en consecuencia, debe adicionarse la
sentencia dictada para resolver también sobre las pretensiones de
la contrademanda y así terminar la litis […]”.
4.2.6. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en auto del
14 de marzo de 2024, negó la solicitud de aclaración y adición de la
sentencia del 5 de octubre de 2023 por considerar lo siguiente28:
“[…] la Sala considera que en virtud del principio de la no reformatio
in pejus el recurso de apelación se entiende interpuesto en lo
desfavorable al recurrente, por cuanto no le era admisible enmendar
la providencia proferida en primera instancia en el aspecto que no
fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma versa sobre
puntos íntimamente relacionados con ello. De lo contrario se
vulneraría lo establecido en el artículo 31 de la Constitución Política
«El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el
condenado sea apelante único».
En efecto, advierte la Sala, que al tratarse de un aspecto
íntimamente ligado con el reconocimiento de la pensión de jubilación
en la providencia fue objeto de estudio el cumplimiento de los
requisitos para ello sin que estuviera dirigido a otorgar la prestación
para la cual se encontraran satisfechos los requisitos, en el caso de
haberlos cumplido, por no ser objeto del recurso de apelación.
En tal sentido no resulta plausible acceder a la solicitud de adición o
complementación de la sentencia, de la decisión proferida en la
primera instancia en relación con la cual no se presentó recurso de
apelación y, como consecuencia, esta Sala dejó en firme al proferir
la revocatoria de la providencia únicamente respecto del ordinal
primero de la sentencia del 27 de febrero de 2019 […]”.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
28
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03187 00.
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de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar
es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los
criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional29
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”30.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional31.
29
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
30
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
31
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
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A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades32:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia33. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
4.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
32
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
33
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que 34 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”.
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
34
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
17
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como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.
La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.
Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, el accionante
cuestiona la providencia judicial proferida el 5 de octubre de 202335 por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que revocó la
dictada el 27 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y, en su lugar, declaró la
nulidad de las resoluciones a través de las cuales se le había reconocido
y ordenado el pago de la pensión de jubilación.
Lo anterior, con el fin de reabrir el debate resuelto por el juez natural de
la causa, en tanto que alega que “(…) no era dable privarme de mi pensión
de jubilación pues, pese a que el caso sub examine el CONSEJO DE
ESTADO determinó que 2 de los 3 libros presentados para la
homologación de tiempo de servicios, no se encontraban perfeccionados
al momento de la consolidación del derecho (…), atendiendo mi avanzada
edad y mi situación de salud, debió abstenerse de revocarme mi pensión
de jubilación (…)”36.
En igual sentido, argumentó que “(…) el CONSEJO DE ESTADO, al proferir
la sentencia del 5 de octubre de 2023, privó a un adulto mayor – de 86
años de edad -, y con sendas afectaciones en su salud, de su pensión de
jubilación que venía percibiendo desde hace más de 20 años (…)”37.
35
Ejecutoriada el 22 de mayo de 2024, conforme constancia expedida por la Secretaría
de la Sección Segunda del Consejo de Estado aportada por el accionante. Visto en el
índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2024 03187 00.
36
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 03187 00.
37
Ibidem.
18
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Bajo dicho contexto, la Sala observa que la parte actora está utilizando la
acción de tutela como una instancia o recurso adicional al proceso
ordinario para controvertir lo resuelto por el juez natural de la causa, y
solicitar que, atendiendo a su edad, no se le prive de la pensión de
jubilación que venía percibiendo, por lo que se concluye que, de acuerdo
con la jurisprudencia constitucional, la petición de amparo no cumple con
el tercer criterio de la relevancia constitucional.
Ahora, en cuanto al argumento del accionante relacionado con el presunto
desconocimiento del precedente por no tener en cuenta la sentencia
proferida el 16 de julio de 2020 por la Subsección A, Sección Segunda del
Consejo de Estado, en el proceso identificado con el radicado nro. 25000
23 42 000 2014 02607 01, la Sala precisa que la precitada providencia no
constituye precedente porque fue proferida por una autoridad judicial
diferente a la que dictó la sentencia que hoy se ataca en sede
constitucional, esto es, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.
Por último, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
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trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
parte accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o
el derecho propuesto en el proceso.
20
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Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el señor Manuel Horacio Nieves Mateus, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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