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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03261-01

Fecha
5 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03261-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-03261-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

5 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03261-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: GUSTAVO ADOLFO QUIROZ CORREA

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIR EL REQUISITO
GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR
EL ACTOR ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO
DISCIPLINARIO Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA TERCERA
INSTANCIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL
TRABAJO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 25 de julio de 2024, mediante la cual la SECCIÓN

QUINTA1 declaró improcedente la solicitud de amparo.

1
En adelante la Sección Quinta.

2

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ACTOR: GUSTAVO ADOLFO QUIROZ CORREA

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor GUSTAVO ADOLFO QUIROZ CORREA, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo, los cuales,

a su juicio, le fueron vulnerados por la COMISIÓN SECCIONAL DE

DISCIPLINA JUDICIAL DE ANTIOQUIA2 y la COMISIÓN

NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL3 al haber proferido las

providencias de 28 de febrero de 2023 y 22 de mayo de 2024,

respectivamente, dentro del proceso disciplinario identificado con el

número único de radicación 05001-11-02-000-2020-00462-01.

I.2.- Hechos

Adujo que el señor JUAN FELIPE LÓPEZ CUBEROS presentó

queja disciplinaria en su contra, por las gestiones llevadas a cabo

2
En adelante Comisión Seccional.
3
En adelante Comisión Nacional.

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mientras fungía como su apoderado judicial dentro de un proceso

penal.

Relató que la queja se formuló con ocasión de la audiencia de

preclusión, la cual a pesar de estar programada para el 19 de

febrero de 2020, fue aplazada en virtud de su solicitud por

encontrarse incapacitado, circunstancia que generó desconfianza en

el señor JUAN FELIPE LÓPEZ CUBEROS, lo que lo llevó a verificar

su información en las bases de datos públicas, encontrando que su

número de tarjeta profesional que aparecía en el contrato de

prestación de servicios suscrito el 18 de octubre de 2019

correspondía a otro abogado y que él tenía una sanción disciplinaria

vigente4, consistente en suspensión para ejercer la profesión por el

término de 3 meses.

Afirmó que al proceso disciplinario le fue asignado el número único

de radicación 2020-00462-00 y le correspondió en primera

instancia a la COMISIÓN SECCIONAL que, en providencia de 28

de febrero de 2023, lo declaró disciplinariamente responsable por

4
Impuesta dentro del proceso disciplinario número 05001-11-02-000-2015-00082-01 mediante
sentencia de 2 de diciembre de 2019, la cual fue ejecutada del 5 de diciembre de 2019 al 4 de marzo
de 2020.

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incurrir en la falta prevista en el artículo 395, en consonancia con el

numeral 46 del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo,

transgrediendo los deberes previstos en los numerales 17, 148 y 199

del artículo 28 ibidem, razón por la cual le fue impuesta sanción de

suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 6

meses.

Comentó que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación, el cual fue desatado por la COMISIÓN NACIONAL que,

en providencia de 22 de mayo de 2024, confirmó la decisión del a

quo.

I.3. Fundamentos de derecho

5
“[…]Artículo 39. También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la
violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio
de la profesión o al deber de independencia profesional […]”.

6
“[…] Artículo 29. Incompatibilidades. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:
[…]
4. Los abogados suspendidos o excluidos de la profesión […]”.

7
“[…] 1. Observar la Constitución Política y la ley. […]”.

8
“[…] 14. Respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el
ejercicio de la profesión […]”.

9
“[…] 19. Renunciar o sustituir los poderes, encargos o mandatos que le hayan sido confiados, en
aquellos eventos donde se le haya impuesto pena o sanción que resulte incompatible con el ejercicio
de la profesión […]”.

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A juicio del actor, la autoridad judicial accionada vulneró sus

derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo, toda vez

que a pesar de que por requerimiento de la COMISIÓN

SECCIONAL la Unidad de Registro Nacional de Abogados y

Auxiliares de la Justicia informó que no existía constancia de la

notificación o guía de envío de la sanción impuesta en el otro

proceso disciplinario de 3 meses de suspensión en el ejercicio de la

profesión, en las decisiones cuestionadas se afirmó que sí tenía

conocimiento de la misma.

Adujo que las autoridades judiciales accionadas desconocieron el

debido proceso, pues nunca le fue comunicado del inicio de la

ejecución de la sanción, por lo que así conociera de la sanción por

medio del fallo de segunda instancia, se basaron en “[…] meras

especulaciones para afirmar que, al momento de remitir el

memorial solicitando la reprogramación de la audiencia de

preclusión era conocedor de que, a esa fecha, se encontraba

operando la sanción aludida […]”.

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Relató que se pasó por alto que el Registro Nacional de Abogados

incumplió con su deber de comunicarle del registro de la sanción,

por lo que desconocía desde qué día empezaba a contabilizarse el

término de la suspensión y la fecha en la cual culminaba,

vulnerando el principio de publicidad.

Para el efecto, alegó que las accionadas incurrieron en defecto

fáctico al pasar por alto las pruebas obrantes en el expediente que

daban cuenta de que, si bien es cierto conocía del fallo disciplinario

en el cual le fue impuesta una sanción, la ejecución de la misma

nunca fue notificada, por lo que era errado afirmar que conocía de

ella al momento de la audiencia de preclusión programada para el

19 de febrero de 2020, lo que desvirtuaba la conducta dolosa y la

postura adoptada dentro del proceso disciplinario objeto de

controversia.

Afirmó que también se incurrió en violación directa de la

Constitución pues “[…] del análisis expuesto por los

sentenciadores sobre el caso objeto de estudio es alejado del

estricto contenido del material probatorio allegado al plenario, lo

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que redunda en vía de hecho frente a las garantías de los tutelantes

y demás demandantes del proceso “[…].

Manifestó que el asunto bajo examen reviste significativa relevancia

constitucional, pues cumple con los presupuestos ponderados para

el efecto.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“… DEJAR SIN EFECTOS, las providencias:

4.2.1. Sentencia de primera instancia de fecha 28 de febrero de
2023 notificada mediante correo electrónico el 3 de marzo de
2023, mediante la cual se me declara disciplinariamente y ordena
la suspensión de la profesión por en periodo de seis (6) meses.

4.2.2. Sentencia de segunda instancia proferida el 22 de mayo de
2024, en la que se dispuso a confirmar en su integridad la
sentencia de primera instancia dejando así en firma la suspensión
de la profesión por un periodo de seis (6) meses.

4.3. Y, ORDENAR, a las Accionadas, que, dentro del término
estipulado por el Despacho, contados a partir de la notificación de
esta sentencia, profiera una nueva decisión en la que tenga en

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cuenta los criterios establecidos en la parte motiva de la
providencia que ampare los derechos acá deprecados …”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La COMISIÓN SECCIONAL destacó que no le asiste razón

al accionante, toda vez que en la investigación disciplinaria se

acreditó con los elementos probatorios aportados que, contrario a

su dicho, sí tuvo pleno conocimiento de la sanción que pesaba en su

contra, pero se alejó del canon ético al actuar a sabiendas de esa

incompatibilidad, por lo que existía certeza sobre la existencia del

ilícito disciplinario y la responsabilidad atribuida, pues con la prueba

testimonial obrante se acreditó que el investigado sostuvo

reuniones en las que manifestó tal hecho.

Así las cosas, afirmó que no incurrió en violación alguna de los

derechos fundamentales invocados, toda vez que se demostró la

comisión de la falta y la consecuente responsabilidad, por lo que

solicitó denegar el amparo deprecado.

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I.5.2.- La COMISIÓN NACIONAL advirtió que el actor no acreditó

ninguno de los requisitos generales ni específicos de procedencia de

la acción de tutela contra providencias judiciales.

Manifestó que el actor no señaló cómo el supuesto fáctico se

configuró, pues únicamente se limitó a reiterar y transcribir los

mismos argumentos presentados en el recurso de alzada contra el

fallo sancionatorio de primera instancia.

En cuanto a la supuesta configuración del defecto por violación

directa de la Constitución, afirmó que el accionante no mencionó el

precepto constitucional omitido, pues solamente señaló el mismo

argumento indicado en el defecto fáctico, lo que demuestra la falta

de argumentación.

Por lo anterior, resaltó que no se trasgredió derecho fundamental

alguno, comoquiera que las decisiones proferidas atendieron el

principio de legalidad y a una valoración integral de las pruebas de

manera imparcial y conforme a la sana crítica, de tal forma que lo

pretendido por el actor es crear una tercera instancia del

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disciplinario bajo los mismos argumentos allí expuestos, lo cual no

resulta válido.

Finalmente, solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la

referencia o, en su defecto, denegar el amparo solicitado.

I.5.3.- La UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS se

limitó a informar que la nueva sanción impuesta al actor en la

providencia acusada fue anotada para empezar a regir el 20 de

junio de 2024 hasta el 19 de diciembre de la presente anualidad, lo

cual fue comunicado al mismo mediante oficio de 17 de junio de

2024, sin realizar pronunciamiento alguno frente a los

cuestionamientos de la acción de tutela de la referencia.

Por último, indicó que su competencia se circunscribe al registro del

inicio de la sanción, el cual solo se puede efectuar con el respectivo

fallo y constancia secretarial.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

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La SECCIÓN QUINTA, mediante sentencia de 25 de julio de 2024,

declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia al

considerar que no se cumplió con el requisito general de la

relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido por el

actor es controvertir las conclusiones asociadas a la valoración

probatoria efectuada por la COMISIÓN NACIONAL en la sentencia

acusada, en la cual se valoraron una serie de pruebas que

demostraban que sí tuvo conocimiento de dicha sanción de

suspensión en el ejercicio de la profesión impuesta en sentencia de

2 de octubre de 2019.

Estimó que el tutelante busca reabrir el debate probatorio y que el

juez de tutela imponga una valoración o una interpretación de las

pruebas distinta a la que asumió el juez ordinario, sin que se

evidencien argumentos de raigambre constitucional, sino de

contenido netamente legal, lo que atenta contra el principio de

autonomía judicial.

Por lo anterior, destacó que la parte actora pretende utilizar la

tutela como un mecanismo para revivir la controversia ya definida,

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cuestión que no impacta en la garantía de los derechos

fundamentales invocados, pues busca convertir el trámite

constitucional en una tercera instancia.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN QUINTA,

en los siguientes términos:

Reiteró que el asunto bajo examen sí reviste de relevancia

constitucional y no se trata, como erróneamente lo sostuvo el a

quo, de una diferencia de criterios personales frente a la valoración

probatoria o que se pretenda reabrir un debate de instancia, pues

existe una clara violación del debido proceso.

Sostuvo que el asunto reviste verdadera relevancia constitucional,

dado que, la acción se dirige contra las sentencias emitidas dentro

de un proceso disciplinario en el cual no solo se vulneró el debido

proceso con un impacto directo al trabajo, sino el principio de

publicidad, lo que afecta el ejercicio de la profesión como abogado

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litigante de donde provienen sus ingresos para el sostenimiento

suyo y el de su familia, viéndose, además, “[…] mancillado mi buen

nombre como abogado […]”.

Adujo que no basta con la existencia del oficio en el cual le iba a ser

notificada la sanción, sino que era carga de la demandada

demostrar que efectivamente le fue informada de la fecha desde la

cual entraba en vigencia la sanción, de tal forma que el

conocimiento de la existencia de la sanción funciona como una

presunción que de manera pronta iniciara su ejecución, pues ello es

un factor incierto y es insuficiente afirmar dicho conocimiento para

endilgar una responsabilidad subjetiva dolosa.

Anotó que las autoridades judiciales accionadas desconocieron el

debido proceso, pues omitieron que nunca le fue comunicado el

inicio de la ejecución de la sanción, de tal forma que si bien conocía

de la sanción impuesta en el fallo, se basaron en meras

especulaciones para afirmar que “[…] al momento de remitir el

memorial solicitando la reprogramación de la audiencia de

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preclusión era conocedor de que, a esa fecha, se encontraba

operando la sanción aludida […]”.

Así las cosas, solicitó que se acceda al amparo solicitado y se dejen

sin efecto las decisiones por medio de las cuales fue sancionado con

suspensión en el ejercicio de su profesión.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de

2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),

en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras

a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción

de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales,

debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el

momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

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Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De

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lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya
que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y
no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se

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presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 28 de febrero de 2023 y 22

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de mayo de 2024, proferidas por la COMISIÓN SECCIONAL y la

COMISIÓN NACIONAL dentro del proceso disciplinario

identificado con el número único de radicación 2020-00462-01.

La controversia tiene origen en la queja disciplinaria formulada por

el señor JUAN FELIPE LÓPEZ CUBEROS contra el actor, proceso

que fue conocido por la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN

NACIONAL y en el que se le declaró disciplinariamente responsable

por incurrir en la falta prevista el artículo 39, en consonancia con el

numeral 4 del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo,

transgrediendo los deberes consagrados en los numerales 1, 14 y

19 del artículo 28 de la misma norma, razón por que se le impuso

sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término

de 6 meses.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo, habida

cuenta que, a juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en los defectos fáctico y violación directa de la

Constitución, pues no se tuvieron en cuenta las pruebas que

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demostraban que, si bien es cierto que conocía del fallo disciplinario

en el cual le fue impuesta sanción, la ejecución de la misma nunca

fue notificada, por lo que era errado afirmar que tenía conocimiento

de ello al momento de la audiencia de preclusión programada para

el 19 de febrero de 2020, lo que desvirtuaba la conducta dolosa y la

postura adoptada dentro del proceso disciplinario.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 25 de julio de

2024, declaró improcedente la solicitud de amparo al estimar que

no se cumplió con el requisito general de la relevancia

constitucional, toda vez que lo pretendido por el actor era reabrir

un debate probatorio ya zanjado por los jueces ordinario del

asunto.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, para lo cual reiteró los argumentos

expuestos en el escrito de tutela, esto es, que se incurrió en

defecto fáctico y en violación directa de la Constitución, pues las

autoridades judiciales accionadas omitieron que nunca le fue

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comunicado el inicio de la ejecución de la sanción, de tal forma que

si bien conocía de la sanción impuesta en el fallo, se basaron en

meras especulaciones para sancionarlo bajo una conducta dolosa;

sumado a ello, sostuvo que contrario a lo afirmado por el a quo, sí

se cumple con el requisito general de la relevancia constitucional en

el caso bajo examen.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y,

de ser así, se establecerá si las autoridades judiciales accionadas

vulneraron los derechos deprecados e incurrieron en los defectos

alegados.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

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especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita,

cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe

discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional».

Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado

que la acción de tutela contra providencias judiciales no está

diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de

reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud

de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad,

sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento

de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional 10,

de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras

de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho

podrán ser examinadas en sede de tutela».11

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,

10
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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la Sala Plena de esta Corporación12, en sentencia de unificación de

5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii)
como requisito de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro,
evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [14].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [15].

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal
atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar
improcedente el amparo constitucional [16].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive
que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061
de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el
Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la
demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral
1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del
Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará
atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su
general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo
en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

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“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la
acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento
de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer
criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo,
basada en los antecedentes originados en la Asamblea
Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la
existencia de dos ámbitos del derecho al debido
proceso. El primero que emerge de la propia
Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor
legislativa, al que se denomina simplemente debido
proceso [18].

En palabras de la Corte, el debido proceso
constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de
las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso.
En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el
derecho al juez natural [19]; el derecho a presentar y
controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que
incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la
segunda instancia en el proceso penal; el principio de

[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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predeterminación de las reglas procesales o principio de
legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y
decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos.
[…]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace
parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos
caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la
inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso,
anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio
procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la
acción, más cuando se trata de atacar las providencias de
las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]”.
(Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades

las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los
jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la
acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la
prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de

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discusiones de naturaleza eminentemente legal […]”.
(Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y

no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de

interpretación que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por

lo que indicó que para determinar si la acción de tutela en concreto

cumplía con el requisito de relevancia constitucional debía

analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de
un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii)
que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente,
cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales
[…]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico

de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

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tiene como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice

para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción

de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales, y (iii) preservar la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, se destaca que de conformidad

con la jurisprudencia de la Corte Constitucional20 las decisiones

emitidas por las COMISIONES SECCIONALES y la COMISIÓN

NACIONAL en desarrollo del procedimiento disciplinario tienen la

naturaleza de providencias judiciales con la fuerza y los efectos que

de ello se derivan, de tal forma que no pueden ser sometidas al

escrutinio de otra jurisdicción, salvo en sede constitucional y a

través de la acción de tutela siempre que se acredite el

cumplimiento de los requisitos generales y específicos y se cumplan

las condiciones dispuestas por la jurisprudencia para el efecto.

Ahora bien, descendiendo al estudio de los requisitos generales de

procedibilidad, especialmente el requisito general de la relevancia

20
Sentencia T-140 de 5 de mayo de 2023, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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constitucional, la Sala advierte que la controversia que propone el

actor implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en

sede ordinaria y del cual se pretende constituir una instancia

adicional.

En efecto, la divergencia surge del hecho según el cual las

autoridades judiciales accionadas realizaron una defectuosa

valoración de las pruebas aportadas al plenario, pues pasaron por

alto que nunca le fue comunicado del inicio de la ejecución de la

sanción impuesta en otro proceso disciplinario, por lo que así

conociera de la sanción por medio del fallo de segunda instancia, se

basaron en especulaciones para declararlo responsable

disciplinariamente.

Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva

constitucional, en la medida en que su solución deriva de la

interpretación que la parte actora pretende que se dé a las pruebas

obrantes en el expediente, fueron puestos de presente en el recurso

de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia,

como se advierte a continuación:

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“[…] Para demostrar este especial elemento subjetivo, esto es;
la intencionalidad con que actúe, el Despacho señala que, pese
a que no fui notificado de la iniciación de la sanción a mi
impuesta en el proceso que se surtió bajo el radicado
050011102000201500082-01, manifesté tener conocimiento
de la sanción, situación que resulta siendo acertada, pues la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, me notificó el fallo por medio del cual se resolvió el
recurso de apelación incoado en contra del fallo inicial, donde
pude advertir que, efectivamente, el mismo fue modificado y
resolvió sancionarme con 3 meses de suspensión de la
profesión. Advirtiendo que, en el fallo a mi notificado, nunca se
menciona el día en el que comenzará a contabilizarse dicho
término y la fecha en la que culmina, pues ello obedece a que,
precisamente, es la Dirección de Registro Nacional de
Abogados quien manifiesta y notifica el día en el que comienza
a computarse la sanción y su finalización.

[…]

Asimismo, en el plenario, se arrimó un oficio de envío No. 5197
de fecha 2 de diciembre de 2019, dirigido al inscrito, del cual
sabemos no me fue notificado porque no aparece la respectiva
constancia de envío del oficio, donde se me informa que se me
registró una sanción disciplinaria de tres (3) meses y multa de
dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero
como puede advertirse en el documento, allí ni siquiera se
establece el periodo en el que debía cumplir la sanción a mi
impuesta.

Es de anotar que, tampoco, aparece la constancia de remisión
e indicación del periodo inicial y final de la sanción que al
momento nos atañe, por parte de la Directora de Registro
Nacional de Abogados tal y como fue requerida mediante el
oficio FRUJ SJ 48004 remitido por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pues allí,
tampoco pudo quedar depositada la fecha para que estos
pudieren actualizar la base de datos.

Lo acá expuesto, no puede traducirse en una infracción del
deber que, como abogado, estoy en la obligación de acatar,

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pues debe entenderse y diferenciarse que el conocimiento que
tenía de la sanción, como reproche disciplinario, es muy disímil
al momento en el que, dicha sanción, debía comenzar a
operar; lo cual reitero, desconocía el momento en el que la
sanción comenzaría a contabilizarse. Pues la Magistratura, solo
basó su figuración bajo la premisa de que yo tenía
conocimiento de la sanción, lo que traduce, lamentablemente,
en un supuesto indicio, que en mi sentir se traduce en una
conjetura o sospecha, lo que deviene en absolutamente falaz.

[…]

Por manera entonces que, desvirtuado el hecho indicador, que
se traduce en el conocimiento de la fecha en la que comenzaría
a operarse la sanción de tres (3) meses a mi atribuida, no cabe
hacer ningún raciocinio o derivar alguna conclusión valida en
aras de demostrar un pretendido dolo, como lo ha querido
hacer ver la primera instancia; pues el momento en el que
radiqué la solicitud de aplazamiento de la audiencia de
preclusión a favor de mi representado, si bien tenía
conocimiento de una sanción, no sabía que en ese preciso
momento la misma se encontraba operando, pues como quedó
establecido en el debate probatorio, la solicitud elevada al
despacho, obedeció a una situación de salud […]”.

Sumado a lo anterior, se observa que tales inconformidades fueron

resueltas de forma admisible por la COMISIÓN NACIONAL en la

sentencia acusada, así:

“[…] El recurrente alega que la primera instancia infirió el
elemento subjetivo dolo, en su actuar, pues si bien conocía,
mediante oficio del veintidós (22) de noviembre de 2019, sobre
la imposición de la sanción consistente en la suspensión del
ejercicio de la profesión por tres (3) meses, no fue notificado
del espacio de tiempo en el cual se encontraría vigente, por lo
cual consideró que este hecho no tenía la calidad de indicador,
y en consecuencia no podría demostrar que su actuar fue

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doloso.

Al respecto, esta Comisión señala que no acoge el
planteamiento presentado por el recurrente, toda vez que,
efectivamente, tal como lo concluyó el a quo, está plenamente
probado que el disciplinado conocía de la ratificación de la
sanción de suspensión impuesta mediante sentencia del dos
(2) de octubre de 2019 y que el continuar con el ejercicio de la
profesión, al radicar memorial de aplazamiento de audiencia
donde fungía como defensor del quejoso, estando la sanción
vigente, configura la comisión de la falta.

[…]
Si bien el encartado en su versión libre y en el recurso de
alzada, afirmó que conocía de la confirmación de la suspensión
aproximadamente desde el mes de noviembre del año 2019, se
pudo corroborar, con base en el testimonio de la colega del
disciplinado, Lina María Zapata Sepúlveda, con quien compartía
oficina, que estuvo presente en el mes de enero de 2020, en
una reunión adelantada entre el quejoso y el disciplinado
GUSTAVO ADOLFO QUIROZ CORREA, en la cual este último le
informó que se encontraba suspendido, pero no se concretó
que dicha profesional fuera a representar al quejoso en la
audiencia de preclusión, a pesar que ya había recibido
sustitución de poder por parte del encartado en otros procesos,
durante la vigencia de la sanción.

[…]

En síntesis, para la Comisión es claro que está plenamente
probado que el disciplinado GUSTAVO ADOLFO QUIROZ
CORREA, conocía de la confirmación de la sanción de
suspensión en el ejercicio de la profesión por tres (3) meses,
impuesta mediante sentencia del dos (2) de octubre de 2019.

Con base en lo anterior, se puede indicar, bajo la regla de la
experiencia, según la cual, si un profesional del derecho es
informado de la imposición de una sanción de suspensión,
puede representarse como probable que su entrada en vigencia
se hará de manera pronta.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, de la simple revisión del
resuelve de la sentencia de segunda instancia, así como del

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contenido del artículo 47 de la Ley 1123 de 2007 aunado al
conocimiento previo que tenía el disciplinado sobre el trámite
de registro de la sanción, al tener antecedentes disciplinarios
previos, y el hecho de haber sustituido poderes en otros
procesos a la abogada Lina María Zapata Sepúlveda, con
ocasión a la sanción en cita, es posible concluir que el
disciplinado GUSTAVO ADOLFO QUIROZ CORREA, se había
representado como probable que si continuaba con el ejercicio
de la profesión, existiendo una sentencia sancionatoria en
firme que se lo prohibía por tres (3) meses, podía incurrir en la
falta contemplaba en el artículo 39 del decálogo disciplinario,
sin embargo, la materialización o no de dicha consecuencia le
fue indiferente y la dejó librada al azar […]”.

De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que

la COMISIÓN NACIONAL al realizar un análisis de las pruebas

aportadas al expediente logró determinar que estaba plenamente

probado que el actor conocía de la ratificación de la sanción

impuesta mediante sentencia de 2 de octubre de 2019, por lo que

continuar con el ejercicio de la profesión y presentar solicitud de

aplazamiento de la audiencia en el proceso penal, estando vigente

la sanción, configuraba la falta endilgada.

Para lo anterior sostuvo que, de conformidad con el oficio remitido

por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la

Justicia, se logró determinar que mediante sentencia de 2 de

octubre de 2019, al surtirse el grado de consulta, se confirmó la

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sanción impuesta de 3 meses de suspensión en el ejercicio de la

profesión, la cual tuvo vigencia desde el 5 de diciembre de 2019 al

4 de marzo de 2020, situación que le fue notificada al actor en

oficio núm. 5197 de 21 de diciembre de 2019 a la dirección que

coincide con la registrada por aquel.

Significa lo precedente que lo pretendido por el accionante es que el

juez de tutela haga un nuevo examen integral de las pruebas que

fueron allegadas al proceso disciplinario, con la finalidad de que se

haga una corrección al análisis que hicieron las autoridades

judiciales accionadas y se acoja la interpretación que propone,

como si el mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso

adicional a los previstos en el trámite ordinario.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

una divergencia que obedece a la interpretación dada por el juez

natural del asunto a las pruebas obrantes en el expediente, en el

cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la

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acción de tutela el carácter de un recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a

quo que declaró improcedente el amparo solicitado por carencia del

requisito general de la relevancia constitucional, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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ACTOR: GUSTAVO ADOLFO QUIROZ CORREA

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad

con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de

septiembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03261-01
ACTOR: GUSTAVO ADOLFO QUIROZ CORREA

SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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