Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03453-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03453-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03453-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03453-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
9 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 9 de septiembre de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03453-00
Demandante: Luis Prada Acosta
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto fáctico – Relevancia
constitucional | Defecto procedimental – Niega
Síntesis del caso: El accionante cuestionó la providencia que confirmó la declaratoria de
responsabilidad disciplinaria y la sanción impuesta en su contra.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Luis Prada Acosta
contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 5 de junio de 2025, Luis Prada Acosta, en nombre propio, presentó
una acción de tutela y solicitud de medida provisional2 en contra de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, con ocasión de la Sentencia de 30 de abril de 2025, proferida en el
proceso disciplinario Rad. 15001-11-02-000-2020-00356-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte accionante solicitó (se
trascribe):
“1. Tutelar los derechos fundamentales constitucionales del derecho al debido
proceso constitucional y administrativo (art. 29 C.N.) y acceso a la
administración de justicia y principio de seguridad jurídica, como consecuencia
de la transgresión de derechos fundamentales por parte de la accionada.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Mediante el Auto de 11 de junio de 2025, el despacho ponente negó la medida provisional solicitada porque no
se acreditó que fuera urgente ni necesaria, pues no se aportó ninguna prueba que demostrara que la sanción
objeto de controversia se encontrara en etapa de ejecución.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03453-00
Demandante: Luis Prada Acosta
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
2. Como consecuencia de lo anterior declaración, ordenar a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial., para que en un término de cuarenta y ocho
(48) horas, se proceda a emitir una nueva decisión en la cual se incorporen y
se reconozcan los derechos fundamentales desconocidos y que provocaron la
irregular decisión de fecha treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2025)
(SIC), notificada por vía electrónica el lunes veintisiete (27) de mayo de dos mil
veinticinco (2025), decisión que confirmó la de fecha veintiocho (28) de
septiembre del dos mil veintitrés (2023) que profirió sanción por cuatro (4) meses
por supuestos actos derivados irregulares del ejercicio de la profesión.
3. Los demás que el señor Magistrado estime convenientes para conservar el
estado de derecho”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) El 17 de septiembre de 2020, el Juzgado 1 Promiscuo Municipal de
Boyacá remitió copias en contra del abogado Luis Prada Acosta porque él
tenía registrada una sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio de la
profesión, comprendida entre el 9 de julio y el 8 de septiembre de 2020 y, a
pesar de ello, realizó actuaciones como profesional entre el 14 y el 18 de julio
de 2020 en el proceso verbal de pertenencia Rad. 2018-057.
5. 2) El 18 de abril de 2020, se ordenó la apertura del proceso disciplinario
y se convocó a audiencia de pruebas y calificación provisional. El 13 de julio
de 2022, el abogado rindió versión libre, en la que manifestó que la
compulsa de copias obedecía a una retaliación por sus actuaciones
judiciales. Sostuvo que el Registro Nacional de Abogados no efectuó la
notificación de la sanción y, en consecuencia, no estaba obligado a lo
imposible, pues desconocía el momento en que esta empezaría a regir; por
tal razón, continuó con su ejercicio profesional. Posteriormente, en sus
alegatos de conclusión reiteró la falencia atribuida al Registro Nacional de
Abogados al no notificar la fecha en que comenzaba a regir la sanción
impuesta.
6. 3) El 28 de septiembre de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Boyacá declaró responsable a Luis Prada Acosta por actuar
como abogado a pesar de encontrarse suspendido del ejercicio de la
profesión por el término de 2 meses, comprendido entre el 9 de julio y el 8 de
septiembre de 2020 y, con ello, inobservar, de manera dolosa, el deber
establecido en el numeral 14 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 e incurrir
en la falta descrita en el artículo 39 en concordancia con el numeral 4 del
artículo 29 de la misma normativa, y lo sancionó con 4 meses de suspensión
en el ejercicio de la profesión.
7. Determinó que la sanción con la que ya contaba fue debidamente
notificada mediante mensaje enviado el 3 de julio de 2020 a las direcciones
2 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03453-00
Demandante: Luis Prada Acosta
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
de correo electrónico multijuros@hotmail.com y j.c.rubiano@outlook.com,
suministradas por el abogado para efectos de notificación, según constaba
en el certificado de la Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la
Justicia, y que él tenía el deber de permanecer atento y apartarse del
proceso durante 2 meses. No obstante, se acreditó que el abogado
contestó la demanda el 16 de julio de 2020 y solicitó la práctica de
testimonios dentro de ese proceso. Igualmente, se estableció que el 17 de
julio de 2020 radicó, en calidad de abogado, una denuncia ante la Fiscalía
General de la Nación por los delitos de fraude procesal y perturbación de la
posesión agravada, y el 27 de julio de 2020 informó al juzgado de ello.
8. 4) Contra la decisión anterior, la parte demandante interpuso recurso
de apelación. Alegó falta de congruencia entre el pliego de cargos y la
sentencia, así como una valoración defectuosa de las pruebas, pues no se
analizó integralmente el material documental. Afirmó que, de haberse
hecho, se habría concluido que el abogado no estaba obligado a lo
imposible, ya que, aunque fue notificado de la sanción, nunca se le informó
el momento en que debía empezar a regir. Por ello, consideró vulnerado su
derecho de defensa y agregó que en primera instancia no se precisaron las
actuaciones supuestamente realizadas durante el periodo de suspensión.
9. 5) En Sentencia de 30 de abril de 2025, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial confirmó la responsabilidad disciplinaria del abogado y
mantuvo la suspensión en el ejercicio de la profesión por 4 meses. Concluyó
que no se acreditó la alegada falta de congruencia entre el pliego de
cargos y la sentencia. Señaló que el artículo 47 de la Ley 1123 de 20073
contempla las reglas de la ejecutoria de las decisiones disciplinarias y no
exige notificar expresamente el momento exacto en que inicia la sanción,
por lo que su ausencia no constituye una irregularidad procesal.
10. Determinó, además, que resultaba inadmisible que, pese a haber sido
notificado el 3 de julio de 2020, pretendiera continuar ejerciendo la profesión
en contravía de la sanción. El dolo se configuró “pues un abogado
sancionado no puede excusarse en desconocimiento o falta de notificación
adicional para continuar ejerciendo la abogacía, cuando desde la
ejecutoria de la providencia ya recaía sobre él la obligación de cesar en el
ejercicio profesional y ajustar su actuar a las disposiciones legales y
disciplinarias vigentes”. En esa medida, precisó que la omisión no podía
trasladarse a la oficina de registro, pues el deber de abstenerse de ejercer
3 Ley 1123 de 2007. “Artículo 47. Ejecución y registro de la sanción. Notificada la sentencia de segunda instancia,
la oficina de Registro Nacional de Abogados anotará la sanción impuesta. Esta comenzará a regir a partir de la
fecha del registro. Para tal efecto, la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura, luego de la referida notificación hará entrega inmediata de copia de la sentencia a la oficina
de registro”.
3 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03453-00
Demandante: Luis Prada Acosta
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
la profesión surgió desde la notificación del fallo de segunda instancia, y no
desde la anotación formal en el registro.
11. Finalmente, descartó que las pruebas allegadas por la Oficina de
Registro Nacional de Abogados tuvieran incidencia en el fallo. Concluyó
que el disciplinado fue informado con suficiente anticipación de la sanción
y debía organizar su situación jurídica, sustituyendo o renunciando a los
mandatos asumidos. El cumplimiento de la sanción dependía
exclusivamente de su conducta, y no de la actualización en el registro.
12. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora
argumentó que la providencia enjuiciada incurrió en los siguientes defectos:
13. Defecto fáctico, dado el manejo arbitrario de las pruebas y la omisión
de valorar el material aportado, lo que afectó la presunción de inocencia.
Señaló que el debate debía centrarse en: (1) si la sanción fue notificada y
(2) si sus efectos eran automáticos desde el fallo de 13 de mayo de 2020.
Afirmó que, bajo esa interpretación, el lapso sancionatorio se extendía hasta
el 12 de julio de 2020, período durante el cual no actuó como abogado en
el proceso de pertenencia 2018-057, pues las actuaciones se surtieron con
posterioridad al 14 de julio. Por ello, concluyó que no era procedente la
sanción.
14. Agregó que la notificación de la providencia sancionatoria era
distinta de la notificación del período de cumplimiento de la sanción,
conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado4. Sostuvo que la
decisión desconoció que el inicio de la sanción debía notificarse a partir del
registro en el Registro Nacional de Abogados. En consecuencia, la
notificación debió surtirse el 9 de julio de 2020.
15. Sostuvo que las pruebas aportadas demostraban la falta de
notificación de la ejecución de la sanción y que, pese a haber sido
reiteradas en apelación, fueron ignoradas. Señaló responsabilidad de los
funcionarios del Registro por incumplir su deber profesional e incluso los
acusó de falsedad documental. Indicó que el oficio 1212 de 6 de julio de
2020 nunca fue anexado al expediente ni recibido en su correo electrónico.
También cuestionó inconsistencias en el oficio 1230, cuya fecha aparecía
alterada, lo que restaba legitimidad a su contenido. Agregó que, al solicitar
la guía de envío, la empresa de correos certificó el 28 de abril de 2023 que
no existía registro asociado a su nombre.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 31 de
mayo de 2021, Radicado 11001-03-15-000-2021-02252-00 (AC).
4 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03453-00
Demandante: Luis Prada Acosta
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
16. Defecto sustantivo porque se desconocieron las normas aplicables
sobre la obligación de valorar las pruebas y de respetar la presunción de
inocencia. Resaltó, además, que la sentencia no contó con la firma de los
magistrados Carlos Arturo Ramírez Vásquez, Magda Victoria Acosta
Walteros, Alfonso Cajiao Cabrera, Julio Andrés Sampedro Arrubla y Diana
Marina Vélez Vásquez, lo que reforzaba la irregularidad.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados5
17. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial6 manifestó que la acción
de tutela era improcedente por constituir una reiteración del debate de la
instancia ordinaria y reflejar la inconformidad del accionante frente al fallo,
aspectos ya expuestos en el recurso de apelación. Añadió que, incluso si se
considerara procedente, no se acreditaba la vulneración de derecho
fundamental alguno. Precisó que la anotación de la suspensión
correspondía a un acto administrativo de ejecución cuya finalidad era
materializar una decisión judicial ejecutoriada.
18. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá7 alegó falta
de legitimación pasiva en la causa, pues no profirió la decisión cuestionada.
Aseguró que no se vulneró derecho fundamental alguno durante el proceso
y que se actuó conforme con la Ley 1123 de 2007. Destacó que la sanción
fue debidamente notificada, lo que otorgó al disciplinado pleno
conocimiento de la ejecutoria y sus efectos.
19. El Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Boyacá 8 también invocó la falta
de legitimación pasiva en la causa, al no haber emitido la decisión
enjuiciada ni guardar relación con sus actuaciones como autoridad judicial.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Cuestión preliminar. 2.2. Solicitudes de desvinculación. 2.3. Procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Verificación de defectos alegados y/o
afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusiones.
2.1. Cuestión preliminar
20. Aunque la acción de tutela alude a un defecto sustantivo por
desconocer las reglas de valoración del material probatorio y, con ello, la
presunción de inocencia, la Sala advierte que este planteamiento es
5 Mediante de 11 de junio de 2025, el despacho ponente (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como
demandado a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y (3) vinculó a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Boyacá y al Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Boyacá como terceros con interés en el asunto.
6 Índice 13 de Samai.
7 Índice 12 de Samai.
8 Índice 15 Samai.
5 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03453-00
Demandante: Luis Prada Acosta
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
compatible con el defecto fáctico alegado, pues ambos persiguen la
misma finalidad en relación con la interpretación de las pruebas del caso.
Por otra parte, el argumento relativo a la ausencia de la firma de todos los
magistrados de la sala de decisión encaja realmente en un defecto
procedimental, razón por la cual se estudiarán los requisitos generales y
específicos frente a dichos defectos.
2.2. Solicitudes de desvinculación
21. En relación con las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y el Juzgado 1
Promiscuo Municipal de Boyacá, la Sala las resolverá de manera
desfavorable, ya que, aunque no se alega una presunta vulneración de
derechos fundamentales respecto de dichas entidades, las decisiones que
eventualmente se adopten podrían resultarles de interés, por haber estado
involucrados en el proceso disciplinario. Por esta razón, fueron vinculadas
desde el auto admisorio de la acción de tutela.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
22. En este caso, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela respecto del defecto fáctico, por falta de relevancia constitucional9,
por las siguientes razones:
23. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que el accionante
pretendió reabrir un debate que ya fue objeto de pronunciamiento por el
juez natural del asunto. Precisamente, el accionante alegó un defecto
fáctico para cuestionar la valoración probatoria sobre la notificación de la
anotación en el registro de sanciones y la incidencia de dicho análisis en la
determinación de su responsabilidad disciplinaria.
24. Durante el proceso ordinario, el accionante sostuvo la misma línea de
defensa que ahora reproduce en la acción de tutela. Existe identidad entre
9 Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional) encuentra su razón de ser en el carácter
residual de esta acción, la especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los jueces
ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se convierta en una instancia adicional para
reabrir debates de carácter legal. En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la autonomía e independencia los jueces,
restringir la acción de tutela a asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional (Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de
2022). Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, el estudio debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige, adicionalmente,
que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o arbitraria de un derecho fundamental (También puede
verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024). Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en
Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el requisito
que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su
intervención en el asunto; (2) que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario y (3) que se trate de una controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos
de simple legalidad.
6 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03453-00
Demandante: Luis Prada Acosta
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
los argumentos expuestos en el recurso de apelación10 contra el fallo de
primera instancia y los planteados en este trámite.
25. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al decidir el recurso de
apelación, concluyó que el abogado no podía excusarse en la falta de
notificación sobre la anotación en el Registro Nacional de Abogados, ya
que la obligación de cesar en el ejercicio profesional surgió desde la
ejecutoria de la sentencia. Determinó que los documentos aportados por la
Oficina de Registro no eran determinantes, pues estaba probado que el
disciplinado conocía la sanción y debía regularizar de inmediato su situación
profesional. Su incumplimiento obedeció exclusivamente a la inobservancia
de sus deberes éticos y disciplinarios, configurándose así la falta prevista en
el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007.
26. Además, destacó que el abogado Luis Prada Acosta fue notificado el
3 de julio de 2020 de la sanción impuesta en la providencia de 13 de mayo
de 2020, la cual no admitía recursos, por lo que desde esa fecha quedó
ejecutoriada y produjo efectos inmediatos. Pese a ello, el disciplinado
continuó ejerciendo la profesión, aspecto que desconoció abiertamente el
régimen disciplinario y generó un impacto negativo en la administración de
justicia y en la confianza de sus clientes.
27. Por lo anterior, la Sala concluye que no se justifica la intervención del
juez de tutela en un asunto ya resuelto por el juez natural, frente al cual el
10 Recurso de apelación “(…)Adviértase a esta altura dos situaciones inadvertidas por la instancia en la decisión
que nos ocupa, la primera, que tiene ver con la supuesta notificación efectuada por la Dirección Nacional de
Abogados supuestamente efectuada según lo advertido por la funcionaria de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia LUZ MYRIAM ROZO TORRES con fecha doce (12) de octubre del dos mil veintidós
(2022), quien en documento de fecha once (11) de octubre de dos mil veintidós (2022) indicó al despacho, en
primer lugar, que el procedimiento de notificación de las sentencias y las sanciones derivadas de éstas, son dos
procedimientos independiente con resultados procesales totalmente diferentes. // En segundo lugar, informó al
despacho acerca de las comunicaciones supuestamente generadas como consecuencia de la confirmación de
la sentencia de primera instancia, oficios que fueron remitidos comunicando el lapso durante el cual debía
cumplirse la sanción, así: oficio 1213 de fecha seis (6) de julio de dos mil veinte (2020) al correo
multijuris@hotmail.com, oficio 1221 dirigido a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de fecha seis (6) de julio
de dos mi veinte (2020) y el oficio 1230 dirigido a la Comisión Seccional. (…) Lo anterior permite concluir en forma
certera, al contrario de lo manifestado por el ad quo que afirma que no existe prueba que derrumbe la tesis
inculpatoria construida irregularmente por la instancia, que NO ES CIERTO que dicho oficio me haya sido remitido
para mi conocimiento a través de mi cuenta de correo, razón por la cual es pertinente colegir que
desafortunadamente la Unidad Nacional de Registro de Abogados MINTIÓ al despacho para tratar de inducirlo
en error (así la instancia no quiera reconocerlo y pretenda achacarme un injusto ataque a tan eficiente entidad),
al manifestar que la comunicación en cita me fue entregada vía electrónica, argumentación falaz que puede
comprobarse con la captura del documento que a renglón seguido se pone a su consideración, mismo que obra
como consecutivo catorce (14) dentro de la numeración de control del expediente. (…) Lo anterior permite tener
por ciertos dos eventos trascendentales y concluyentes en la interpretación debida del material probatorio
aportado, el primero, que la información suministrada por la Unidad Nacional de Registro de Abogados al señor
Magistrado es absolutamente falsa, y el segundo, que a pesar de estar enterado el instructor de este evento, por
razones que se desconocen decidió apartarse de la materialidad de la prueba puesta a su consideración, la cual
le permitía tener pleno del conocimiento de la justificación que consolida la presunción de inocencia que jamás
pudo destruir a pesar de sus esfuerzos que se materializó no solo con este documento, sino de toda la prueba en
general, a la cual le colocó un manto para hacerla pasar por desapercibida, incluso bajo la órbita de las
descalificaciones y de la interpretación errónea al dar a actuaciones y documentos calidades que no
corresponden bajo una falsa valoración probatoria con la cual creó hipótesis totalmente equivocadas que incluso,
como se dijo, le dio calidad de notificación del lapso de la sanción a la notificación del fallo de segunda instancia,
interpretación marginada de la realidad que permite establecer que nos encontramos frente a un defecto fáctico
por indebida valoración probatoria, y si no traigamos a este estudio lo afirmado por el instructor en el fallo que se
critica (…)”.
7 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03453-00
Demandante: Luis Prada Acosta
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
accionante conocía la posición e interpretación de las dos instancias sobre
el alcance de la anotación en el registro de sanciones, pero insistió en
reiterar los mismos argumentos para cuestionar esa interpretación
probatorio y jurídica11.
28. Asimismo, no se puede pasar por alto que el accionante señaló de
manera expresa que la acción de tutela buscaba “establecer si
efectivamente le asiste razón al funcionario, o si por el contrario los
argumentos son abiertamente violatorios al debido proceso”, es decir,
pretendía auscultar el razonamiento interpretativo del juez natural del
asunto. También, reconoció la argumentación insistente sostenida durante
el proceso y de hecho señaló que “ya sabemos que si es obligatoria la
notificación al sancionado del lapso durante el cual se debe cumplir la
sanción, tal como se ha indicado por el Consejo de Estado, hecho que en
este asunto no se surtió como incansablemente se ha demostrado a lo largo
del proceso e incluso al sustentar el recurso de apelación”. Esto confirma
que la acción de tutela se utilizó como una tercera instancia para revalidar
su posición probatoria y jurídica.
29. En ese sentido, se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen,
por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones
del juez ordinario. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial,
pues este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos
fundamentales de carácter excepcional12.
30. Respecto del defecto procedimental, la Sala encuentra que se
cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela,
porque no existe medio de defensa judicial idóneo y eficaz que permitiera
a la parte accionante alegar el reparo planteo vía tutela y procurar la
defensa de los derechos presuntamente vulnerados. Hubo un plazo
razonable entre la fecha de notificación de la Sentencia de 30 de abril de
2025 (30/5/2025)13 y la interposición de la presente acción de tutela
11 En un caso similar, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 5
de septiembre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-03261-01, determinó que “(…) descendiendo al estudio de
los requisitos generales de procedibilidad, especialmente el requisito general de la relevancia constitucional, la
Sala advierte que la controversia que propone el actor implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en
sede ordinaria y del cual se pretende constituir una instancia adicional. En efecto, la divergencia surge del hecho
según el cual las autoridades judiciales accionadas realizaron una defectuosa valoración de las pruebas
aportadas al plenario, pues pasaron por alto que nunca le fue comunicado del inicio de la ejecución de la sanción
impuesta en otro proceso disciplinario, por lo que así conociera de la sanción por medio del fallo de segunda
instancia, se basaron en especulaciones para declararlo responsable disciplinariamente. Dichos aspectos, además
de que carecen de una perspectiva constitucional, en la medida en que su solución deriva de la interpretación
que la parte actora pretende que se dé a las pruebas obrantes en el expediente, fueron puestos de presente en
el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia (…)”.
12 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
13 De acuerdo con la información que reposa en el expediente el edicto se publicó el 30 de mayo de 2025 y en
constancia secretarial se indicó que la providencia enjuiciada quedó ejecutoriada el 10 de junio de 2025.
8 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03453-00
Demandante: Luis Prada Acosta
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
(5/6/2025)14. No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se
relacionó con una sentencia de segunda instancia dictada en el marco de
un proceso disciplinario. Se identificaron de manera clara, detallada y
comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. Por
último, la controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la
presunta afectación del derecho fundamental al debido proceso del
accionante, con ocasión de una providencia cuyo debate gira en torno al
defecto procedimental, argumento que no podía plantearse en instancias
anteriores, pues lo que se reprocha es que la sentencia de segunda
instancia no fue suscrita por algunos magistrados de la sala de decisión. En
consecuencia, no se busca reabrir una nueva instancia judicial sobre ese
aspecto.
2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales
31. La Sala negará el amparo solicitado, al no encontrar acreditado el
defecto procedimental respecto de la Sentencia de 30 de abril de 2025, por
las razones que se explican a continuación:
32. A diferencia de lo sostenido por el accionante, la providencia fue
suscrita por los magistrados Alfonso Cajiao Cabrera, Magda Victoria Acosta
Walteros, Juan Carlos Granados Becerra, Diana Marina Vélez Vásquez,
Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo (con salvamento de voto) y Julio
Andrés Sampedro Arrubla (con salvamento de voto). El magistrado Carlos
Arturo Ramírez Vásquez no firmó la sentencia, pero se dejó constancia
expresa de su ausencia.
33. El artículo 288 del Código General del Proceso, aplicable al proceso
disciplinario por la remisión expresa del artículo 1615 de la Ley 1123 de 2007,
dispone que la falta de firmas constituye una irregularidad formal
subsanable de oficio o a petición de parte. Lo anterior, porque cuando la
providencia ha sido notificada, la irregularidad se entiende saneada
siempre que haya sido firmada por la mayoría de los integrantes de la sala16.
14 Según acta Individual de reparto.
15 ” ARTÍCULO 16. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS E INTEGRACIÓN NORMATIVA. En la aplicación del régimen
disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en la Constitución Política y en esta ley. En lo no previsto
en este código se aplicarán los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y deontología de los abogados,
y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo que
no contravenga la naturaleza del derecho disciplinario.”
16 ” ARTÍCULO 288. IRREGULARIDADES EN LA FIRMA DE LAS PROVIDENCIAS. Cuando un juez colegiado profiera una
providencia que no haya sido suscrita por todos sus integrantes, mientras conserve el expediente deberá subsanar
la irregularidad de oficio o a petición de parte.
Una vez notificada la providencia, la irregularidad se entenderá saneada siempre que haya sido firmada por la
mayoría de los integrantes de la sala respectiva. De lo contrario, se enviará el expediente o sus copias a la sala
que la profirió, para que subsane el defecto o la profiera nuevamente.”
9 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03453-00
Demandante: Luis Prada Acosta
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
34. En este caso, la única ausencia correspondió al magistrado Carlos
Arturo Ramírez Vásquez, y la providencia fue suscrita por 6 magistrados de la
Sala, quienes respaldaron mayoritariamente la ponencia que confirmó la
declaratoria de responsabilidad disciplinaria. La Sala desconoce si la
ausencia del magistrado estaba justificada, pero ello no resulta relevante,
pues la firma mayoritaria garantizó la validez de la decisión. En
consecuencia, no se configuró un defecto procedimental que alterara el
sentido del fallo ni que afectara el derecho al debido proceso de la parte
actora.
2.5. Conclusiones
35. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela respecto del defecto fáctico y negará el
amparo solicitado en relación con el defecto procedimental.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
Luis Prada Acosta respecto del defecto fáctico, por las razones aquí
señaladas.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por Luis Prada Acosta
en relación con el defecto procedimental, por los motivos dados.
TERCERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial y el Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Boyacá, por las
razones expuestas.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 17.
17 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
10 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03453-00
Demandante: Luis Prada Acosta
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
QUINTO: De no se impugnada esta providencia, por Secretaria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
11 de 11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.