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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03291-00

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03291-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar fundado el impedimento manifestado por el doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer del asunto de la referencia, por las razones expuestas. Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela que interpuso la señora Sandra Milena Becerra Jaramillo, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-03291-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024).

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03291-00
Accionante: Sandra Milena Becerra Jaramillo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta y otro

Tema: Acción de tutela contra la sentencia que confirmó la decisión de primer
grado que negó la nulidad de la elección de Diego León Torres Sánchez, como
alcalde Itagüí, período 2024-2027. Análisis de los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente.

Decisión: Negar el amparo de tutela porque no se demostraron los defectos
alegados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por la señora Sandra Milena Becerra Jaramillo, actuando en
nombre propio, en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado y del
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad, ocurrida con ocasión de la expedición de
las providencias del 4 de marzo y 16 de mayo ambas de 2024, respectivamente,
dentro del proceso de nulidad electoral bajo el radicado 05001-33-33-000-2023-
01211-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

La señora Sandra Milena Becerra Jaramillo, en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral demandó el acto administrativo que declaró la elección de Diego
León Torres Sánchez como alcalde del Municipio de Itagüí para el período 2024
– 2027, contenido en el formulario E-26 ALC del 4 de noviembre de 2023.

El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Decisión, que mediante sentencia del 4 de marzo de 2024 negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que no se demostró que existiera un apoyo al señor
Diego León Torres Sánchez como candidato a la alcaldía de Itagüí que configure

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Accionante: Sandra Milena Becerra Jaramillo

la causal de doble militancia. En sede de apelación, la Sección Quinta del
Consejo de Estado, a través de la sentencia del 16 de mayo de 2024 confirmó la
anterior decisión.

2.2. Fundamentos jurídicos

La parte accionante sostuvo que las providencias cuestionas adolecen de un
defecto fáctico porque «no se tuvo en cuenta el material probatorio allegado al
proceso por no advertirlo o considerarlo para fundamentar su decisión, que, de
haberse analizado, el resultado sería evidentemente distinto».

Ahora bien, es de advertir que si bien alega un defecto sustantivo, lo cierto es
que los argumentos obedecen a un desconocimiento de precedente. Sobre el
particular indicó que se desconoció lo contemplado en la sentencia C-490 de
2011 y la SU 213 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional. Así como
también, la sentencia del 9 de noviembre de 2023 de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, con radicado 11001-03-28-000-2022-00258-00 relacionadas
con la prohibición de la doble militancia.

Asimismo, se advierte que en la demanda de tutela se enunció el defecto de «falta
de motivación clara», pero no se desarrolló ni siquiera indicó en que consiste, por
lo tanto, de estudiar de fondo el presente asunto advierte la Sala que no abordara
su estudio.

2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«PRIMERA: QUE SE AMPAREN los derechos constitucionales al acceso a
la administración de justicia, unificación y precedentes jurisprudenciales,
igualdad electoral, solidaridad electoral y al debido proceso administrativo,
vulnerado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia
y el Consejo de Estado Sección Quinta, en el medio de control nulidad
electoral con DEMANDANTE: Sandra Milena Becerra Jaramillo,
DEMANDADO: Diego León Torres Sánchez y en el RADICADO: 05001 2333
000 2023 01211 01, vulnerados con las sentencias en las dos instancias.

SEGUNDA: Que como consecuencia se ordene Dejar sin efecto el fallo de
primera instancia y segunda instancia y en su lugar amparar los derechos
fundamentales invocados, ordenando que se anule el fallo en el medio de
control nulidad electoral con DEMANDANTE: Sandra Milena Becerra
Jaramillo, DEMANDADO: Diego León Torres Sánchez y en el RADICADO:
05001 2333 000 2023 01211 01, y se expida nueva sentencia con los
parámetros de las sentencias de unificación y precedentes de la CORTE
CONSTITUCIONAL Y CONSEJO DE ESTADO, identificado en el interior de
la tutela.» (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 2 de julio de 2024, a través
del cual ordenó notificar a la Sección Quinta del Consejo de Estado y al Tribunal

2
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Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión como accionados y al
señor Diego León Torres Sánchez, a la Registraduría Nacional del Estado Civil,
al Consejo Nacional Electoral y a las colectividades políticas Partido Liberal
Colombiano, Gente en Movimiento, AICO, MAIS, Itagüí Somos Todos y el Partido
Conservador Colombiano como terceros interesados en el resultado del proceso.

2.4.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión
manifestó que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados en la
demanda de tutela porque la decisión objeto de cuestionamiento fue proferida
conforme a derecho.

2.4.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado sostuvo que no incurrió en los
defectos alegados, por el contrario, atendió a los preceptos normativos en
materia de doble militancia, sin desconocer la jurisprudencia vigente frente al
tema que da cuenta con suficiencia del porqué no le es aplicable la prohibición
de doble militancia en la modalidad de apoyo a los candidatos inscritos por grupos
significativos de ciudadanos.

Por otra parte, señaló que la acción de tutela carece de relevancia constitucional
en la medida que lo que pretende con su interposición es reabrir debate que ya
fue zanjado por su juez natural.

2.4.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó ser desvinculada del
presente proceso porque carece de competencia para pronunciarse al respecto.
Además, señaló que no ha incurrido en actuación administrativa u omisión alguna
que afecten los derechos invocados por el accionante.

2.4.4. El Consejo Nacional Electoral pidió ser desvinculado del presente
proceso por falta de legitimación en la causa por activa.

2.4.5. El señor Diego León Torres Sánchez indicó que la acción de tutela no
cumple con los requisitos de procedibilidad, particularmente con el de relevancia
constitucional, toda vez que lo que pretende es reabrir un debate que ya surtió
su trámite, razón por la que solicitó se rechace por improcedente.

Asimismo, señaló que las autoridades judiciales accionadas no vulneraron los
derechos fundamentales invocados en protección.

2.4.6. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

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3.2. Impedimento presentado por el doctor Duque

El 25 de julio de 2024, el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó
encontrarse incurso en la causal de impedimento consagrada en el numeral 5.º
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que reza:

“5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial»,

Esto, por cuanto sostiene una amistad íntima de muchos años con la magistrada
Gloria María Gómez Montoya, quien participó en la decisión objeto de
cuestionamiento.

En este orden de ideas, la Sala de Subsección declarará fundado el impedimento
para conocer del presente asunto, en consideración a que la afirmación señalada
por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez se ajusta al presupuesto fijado en el
dispositivo mencionado.

3.3. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si la Sección Quinta del Consejo de Estado, al proferir la sentencia del 16 de
mayo de 20241 incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento de precedente.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,

1
Es de advertir que si bien la parte actora discrepa de la providencia de primera instancia proferida el 4 de marzo
de 2024, lo cierto es que la Sala abordara el estudio de la sentencia del 16 de mayo de 2024, toda vez que
fue la que puso fin al proceso.

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es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Por lo anterior, la Subsección advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde que se profirió la providencia del 16 de mayo de 2024.

3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración ius fundamental
como consecuencia de los defectos fáctico y desconocimiento de precedente en
que presuntamente incurrió la autoridad judicial demandada.

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Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional2 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa3, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva4, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual
y conjunto de los elementos probatorios»5.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el caso
concreto

A pesar de que en el escrito de tutela se invocó un defecto fáctico, lo cierto es
que la parte accionante no argumentó de qué manera la autoridad judicial
accionada incurrió en la referida causal específica de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial, pues solo se limitó a señalar en que consiste

2 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010,

T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
3 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
4 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
5 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.

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el defecto, pero no expuso las razones. Es decir, no precisó qué pruebas
relevantes no fueron decretadas, o de las practicadas cuales fueron valoradas de
forma caprichosa o arbitraria. Por lo tanto, la Sala considera que la decisión
objeto de cuestionamiento no adolece de un defecto fáctico.

3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales

Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde determinar
si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del precedente
vinculante.

En relación con el precedente y su carácter vinculante es necesario indicar que
a pesar de que dicha característica sea más propia del Common Law, inclusive
desde finales del siglo XIX se pretendió buscar cierta uniformidad en la
jurisprudencia y por ello, en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 se consagró la
regla de la doctrina probable.

La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal
disposición6, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior,
los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados
a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y
cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que
justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró
en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del
precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela.

Respecto del precedente vertical7, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el
respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en
especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta
conclusión ha llegado en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es
vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares que
exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por
consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada,
que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y
previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una
ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la
autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión
judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la
eficacia del Estado de Derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima,
que imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las
decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y 5) por

6 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
7 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.

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razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de
coherencia a su interior8.

Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso9. De esta forma, la Corte
Constitucional recordó que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica
el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que
analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe
ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella».

Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la
ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de
petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en
el único posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de
armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la
defensa del precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica
de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea
jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos,
quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia
judicial; por tanto no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni
inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún
género de discriminación10.

Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un
juez unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que
un cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del
ordenamiento jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones
sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente una
interpretación del derecho frente al contexto social actual.

De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado
encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación
objeto de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las
decisiones judiciales previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga
de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando
a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección
decisional y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación
del orden jurídico y, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento
en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al
precedente11.

8 Sentencia C-447 de 18 de septiembre de 1997: magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero.
9 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
10 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
11 En materia Contencioso Administrativo el reconocimiento del precedente como fuente importante de

estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de extensión de la

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En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera
excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen
manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas
la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a
la Ley.

3.6.1. Análisis del presunto desconocimiento del precedente en el caso
concreto

La parte accionante, manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en un
desconocimiento del precedente contenido en las sentencias C-490 de 2011 y
SU 213 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional. Así como también, la
sentencia del 9 de noviembre de 2023 de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, con radicado 11001-03-28-000-2022-00258-00 relacionadas con la
prohibición de la doble militancia.

Sobre el particular, la Sección Quinta del Consejo de Estado en la decisión objeto
de cuestionamiento12 señaló lo siguiente:

«5. Caso concreto

207. La candidatura del demandado Diego León Torres Sánchez a la alcaldía
de Itagüí, Antioquia, fue inscrita por el grupo significativo de ciudadanos, Itagüí
Somos Todos.
(…)
209. En ese orden, es necesario precisar que, en principio, la prohibición de
doble militancia resulta aplicable a los grupos significativos de ciudadanos. Así
lo concluyó la Corte Constitucional, en sentencia C- 490 de 201113.

[…] [T]anto las agrupaciones políticas con personería jurídica como sin ella
están habilitadas para presentar candidatos a elecciones, las segundas
supeditadas al apoyo ciudadano a través de firmas, y siendo uno de los
ámbitos de justificación constitucional de la doble militancia la preservación del
principio democrático representativo, mediante la disciplina respecto de un
programa político y un direccionamiento ideológico, carecería de todo sentido
que la restricción solo se aplicara a una de las citadas clases de agrupación
política.

213. En este punto, es necesario resaltar que, como ya se precisó, los grupos
significativos de ciudadanos tienen carácter coyuntural, pues son conformados
sólo con el objeto de postular candidaturas, en aras de garantizar la
participación política de quienes pretenden aspirar a cargos de elección popular,
de forma independiente, y no por partidos o movimientos políticos.

214. Es pertinente señalar que, recientemente, la Sección Quinta, en sentencia
de 18 de abril de 202414, se pronunció sobre la finalidad de los grupos
significativos de ciudadanos y su carácter coyuntural y expuso:

jurisprudencia, consagrado en el artículo 102 del nuevo CPACA.; y, el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia, artículo 256 y siguientes ibídem.
12 Ver documento 24Sentenciacargar20230121101Fal_20240516150427.pdf
13 Corte Constitucional. Sentencia C-490 de 23 de junio de 2011. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
14 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 18 de abril de 2024. Radicado núm. 11001-03- 28-000-

2023-00059-00. MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.

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[…] [L]a Sala ha dicho en varias oportunidades que como los grupos
significativos de ciudadanos tienen una finalidad coyuntural, no tienen
vocación de permanencia.

215. En ese sentido, contrario a los partidos y movimientos políticos, que tienen
como fines, el acceso al poder y a cargos de elección popular; influir en las
decisiones y voluntad política y participar en las elecciones, los grupos
significativos de ciudadanos, solo fueron previstos con la finalidad de postular
candidatos a los respectivos cargos de elección popular, para un determinado
periodo electoral.

216. Esta Sección se ha pronunciado en similares términos, así:

De esta manera, los grupos significativos de ciudadanos se entienden como
manifestaciones políticas coyunturales que carecen tanto de vocación de
permanencia como de un nivel de organización tal, que les permita asegurar
algún nivel de institucionalidad. De todas formas, estos grupos recogen una
voluntad popular cualitativamente importante, cuya finalidad puede ser la de
obtener resultados concretos sociales y/o económicos o simplemente
participar en un proceso electoral determinado.15
(…)
219. Así las cosas, la jurisprudencia de esta Sección ha sido enfática en
diferenciar los movimientos y partidos políticos de los grupos significativos de
ciudadanos, pues estos últimos se constituyen con el propósito de inscribir
candidatos, para lo que se requiere, principalmente, la recolección de un
determinado número de firmas válidas, como lo prevé el artículo 9 de la Ley 130
de 1994.
(…)
222. En este orden, partiendo de la premisa que la prohibición de doble
militancia, en palabras de la Corte Constitucional, encuentra su «justificación
constitucional [en] la preservación del principio democrático representativo,
mediante la disciplina respecto de un programa político y un direccionamiento
ideológico»16, para esta Sala la modalidad de apoyo de esta prohibición no
resulta aplicable para los GSC.
(…)
227. Entonces, como en este caso, el demandado fue inscrito, mediante firmas,
los ciudadanos que manifestaron su apoyo, a través de ellas, lo hicieron,
específicamente, para su aspiración y no para la postulación de candidatos a
otros cargos o a corporaciones públicas.

228. Ello es así, teniendo en cuenta que la lealtad partidista que fundamenta la
prohibición de la doble militancia por apoyo solo es exigible, respecto de quienes
pertenecen a los partidos y movimientos políticos, como lo dijo esta Sala, en
sentencia de 4 de mayo de 2023.
(…)
231. Sin embargo, no pasa lo mismo con los grupos significativos de
ciudadanos, los cuales, si bien se constituyen como una forma típica de
participación política, tienen carácter ocasional, y su grupo de electores se
concreta, únicamente, al momento de solicitar la inscripción de determinada
candidatura, para un proceso electoral específico.
(…)
234. Dicho esto, en lo relativo a la conducta de doble militancia, modalidad
apoyo, sobre la que versa este asunto, el inciso segundo del artículo 2 de la Ley
1475 de 2011 prohíbe que «quienes […] hayan sido o aspiren ser elegidos en
cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos
distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren
afiliados.

15 1 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 15 de julio de 2021. Radicado núm. 11001-03- 28-

000-2019-00098-00, acumulado con 11001-03-28-000-2020-00019-00 y 11001-03-28-000-2020- 00020-00.
MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
16 Corte Constitucional. Sentencia C-490 de 23 de junio de 2011. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Accionante: Sandra Milena Becerra Jaramillo

235. Se colige de lo anterior, que es necesario que el sujeto activo de la
prohibición de doble militancia, en modalidad apoyo, se hubiera inscrito o
avalado por un partido o movimiento político, por lo que no es posible su
aplicación sobre los candidatos elegidos, gracias al apoyo de determinado
grupo significativo de ciudadanos, en cuanto, en este caso, no hay afiliación o
militancia, dada la naturaleza de dichas organizaciones políticas, y mucho
menos lealtad «partidista», pues, se recuerda, carece de vocación de
permanencia.

236. Con base en lo anterior, esta Sala advierte que, tratándose de grupos
significativos de ciudadanos, la prohibición de doble militancia, en la modalidad
apoyo, no es aplicable, comoquiera que el sujeto activo de la conducta debe
estar afiliado a un movimiento o partido político, disposición que encuentra su
fundamento en que, en este tipo de colectividades, sí es posible exigir lealtad y
disciplina frente a determinado programa político o ideológico, a los cuales
busca proteger la causal de nulidad a la que refiere el artículo 275.8 del CPACA.

240. Así las cosas, por lo expuesto en párrafos precedentes, concluye esta Sala,
que no están dados los presupuestos para la configuración de la doble
militancia, en la modalidad apoyo, dado que Diego León Torres Sánchez fue
inscrito por el grupo significativo de ciudadanos Itagüí Somos Todos, como
candidato a la alcaldía del municipio, colectividad no enunciada en inciso 2 del
artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, y a la cual no es dable exigir la disciplina y
lealtad que sí deben atender los afiliados a partidos y movimientos políticos.
(…)».

Sobre el particular, la Subsección no encuentra configurado el desconocimiento
de precedente judicial, puesto que si bien la providencia SU 213 de 2022
proferida por la Corte Constitucional se trata de una sentencia de unificación, lo
cierto es que los supuestos fácticos difieren del asunto en cuestión, en la medida
que era necesario que el sujeto activo de la prohibición de doble militancia, en
modalidad apoyo, se hubiera inscrito o avalado por un partido o movimiento
político, lo que en el caso concreto no ocurrió, pues se demostró que el señor
Diego León Torres Sánchez no pertenecía a ningún movimiento o partido político,
teniendo en cuenta que fue inscrito mediante firmas por el grupo significativo de
ciudadanos Itagüí Somos Todos, como candidato a la alcaldía del municipio de
Itagüí.

Lo anterior, permite inferir que no se desconoció lo preceptuado en la sentencia
SU 213 de 2022, en la medida que si bien, allí, se analizó la doble militancia en
la modalidad de apoyo, lo cierto es que los supuestos fácticos son disímiles.

Por otra parte, para la Sala no es de recibo cuando la accionante alega que se
desconoció lo preceptuado en la sentencia C- 490 de 2011 proferida por la Corte
Constitucional, toda vez que dicho precedente sirvió de sustento en la decisión
cuestionada.

En cuanto al desconocimiento de lo preceptuado en la providencia del 9 de
noviembre de 2023 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, se advierte de
la providencia objeto de cuestionamiento cuenta con un análisis respaldado en el
criterio jurisprudencial vigente de esta corporación aplicable al asunto bajo
estudio, por lo tanto, no es dable señalar que se incurrió en el aludido defecto.

Así las cosas, por lo expuesto no es factible entender que incurrió en un

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desconocimiento de precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o
caprichosa. En ese sentido, pese a existir similitud al analizarse la doble
militancia, estima la Sala que ello no es suficiente para que en ambos se oriente,
de manera análoga, por cuanto existen elementos de análisis que habilitan al juez
administrativo para abordar una lectura diferente a la controversia.

En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar fundado el impedimento manifestado por el doctor Jorge Iván
Duque Gutiérrez para conocer del asunto de la referencia, por las razones
expuestas.

Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela que interpuso la señora
Sandra Milena Becerra Jaramillo, de acuerdo con los argumentos expuestos en
la parte motiva de la presente providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Con impedimento fundado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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