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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2023-01211-01

Fecha
16 de mayo de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2023-01211-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confirmar la sentencia de 4 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, que negó la nulidad de la elección de Diego León Torres Sánchez, como alcalde Itagüí, periodo 2024-2027, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 05001-23-33-000-2023-01211-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

16 de mayo de 2024

Demandante: Sandra Milena Becerra Jaramillo
Demandado: Diego León Torres Sánchez, alcalde de
Itagüí, Antioquia, periodo 2024-2027
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01211-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Ricaurte (Cundinamarca), dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01211-01
Demandante: Sandra Milena Becerra Jaramillo
Demandado: Diego León Torres Sánchez, alcalde de Itagüí, Antioquia,
periodo 2024-2027
Tema: Doble militancia modalidad apoyo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver los recursos de apelación, presentados por la
demandante y el coadyuvante1, contra el fallo de 4 de marzo de 2024 del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, que negó la nulidad de la
elección de Diego León Torres Sánchez, como alcalde de Itagüí, Antioquia, periodo
2024-2027.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. Sandra Milena Becerra Jaramillo presentó demanda, en ejercicio del medio
de control de nulidad electoral, contra el acto de elección de Diego León Torres
Sánchez, como alcalde de Itagüí, Antioquia, periodo 2024-2027, contenido en el
formulario E-26 ALC, del 4 de noviembre de 2023, expedido por la Comisión
Escrutadora Municipal de Itagüí.

2. Fundamentos fácticos

2. La parte actora afirmó que, para las elecciones de las autoridades
territoriales, realizadas el 29 de octubre de 2023, el grupo significativo de
ciudadanos Itagüí Somos Todos2 apoyó a Diego León Torres Sánchez, como
alcalde Itagüí, en coalición con el Partido Conservador Colombiano.

1
Carlos Mario Arango de la Pava.
2
El cual, de acuerdo con el formulario E-26 CON, inscribió lista de candidatos al Concejo Municipal
de Itagüí, para el mismo proceso eleccionario.

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www.consejodeestado.gov.co
1

Demandante: Sandra Milena Becerra Jaramillo
Demandado: Diego León Torres Sánchez, alcalde de
Itagüí, Antioquia, periodo 2024-2027
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01211-01

3. Sostuvo la accionante, que Diego León Torres Sánchez incurrió en doble
militancia por apoyar y recibir respaldo de los aspirantes, al Concejo Municipal de
Itagüí, Juan Fernando Zapata Sánchez y Shirley Natalia Ortíz Ossa, Cristian David
Osorio Agudelo, Jhon Alejandro Otálvaro Arenas y María Elena Ramírez Ossa,
avalados, en coalición, por Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y
Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), colectividades que no hicieron
parte del acuerdo de coalición que avaló la candidatura del demandado.3

4. Adujo que al demandado no le estaba permitido brindar y recibir apoyo de los
referidos aspirantes al concejo del MAIS, pues dicho movimiento conformó coalición
con Alianza Social Independiente (ASI), para coavalar la candidatura de León Mario
Bedoya López a la alcaldía del municipio.

5. Mencionó que, en reunión política, Diego León Torres Sánchez y Juan
Fernando Zapata se manifestaron apoyo mutuo. Para lo cual, aportó capturas de
pantalla de la red social Facebook y fotografías.

6. Asimismo, anexó pantallazos e imágenes, que, a su juicio, dan cuenta de la
asistencia del demandado y de Shirley Natalia Ortiz Ossa en evento político, lo cual
vulnera «el coaval con el candidato LEÓN MARIO BEDOYA».

7. Por otra parte, afirmó que el demandado también manifestó y recibió apoyo
del candidato al concejo de Itagüí, Elkin Zuleta (del Partido Liberal) y de Julián Pérez
Zabala de la coalición JUNTOS, conformada por «PARTIDOS DE LA U, CAMBIO
RADICAL Y MIRA».4

8. Finalmente, indicó que, conforme con la Ley 1475 de 2011, Diego León
Torres Sánchez solo podía acompañar a los candidatos del grupo significativo Itagüí
Somos Todos y del Partido Conservador Colombiano, los cuales conformaron la
coalición que apoyó su aspiración.

9. Por último, en archivo Word, aportado con la demanda, la accionante anexó
fotografías, sobre las cuales hizo mención5 a los candidatos al Concejo Municipal
de Itagüí, avalados por la Coalición MAIS – AICO, Jesús Antonio Colorado Díaz
Bernardo de Jesús Duarte, Elizabeth Carvajal Zapata, por la coalición JUNTOS
Lorena Barreto Carranza y por el Partido Liberal Colombiano, Sebastián Urán Pérez
recibieron apoyo del demandado.

3
Para lo cual, aportó videos y fotografías.
4 Para lo cual, aportó fotografías y videos que comprueban el apoyo del demandado a esos
aspirantes, en eventos públicos.
5
Ni en el escrito de demanda ni en el documento de Word anexo, se hizo manifestación adicional,
respecto de los mencionados candidatos.

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Demandante: Sandra Milena Becerra Jaramillo
Demandado: Diego León Torres Sánchez, alcalde de
Itagüí, Antioquia, periodo 2024-2027
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01211-01

3. Normas violadas y concepto de la violación

10. La accionante funda su demanda en la causal de nulidad electoral, prevista
en el numeral 8 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).

11. Indicó que, con el acto de elección, se vulneraron el inciso 2 del artículo 107
de la Constitución Política y 2 de la Ley 1475 de 2011, en lo relativo a «quienes […]
hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular,
no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento
político al cual se encuentren afiliados».

12. Hizo referencia a pronunciamientos de la Sección Quinta6 del Consejo de
Estado, sobre el desarrollo de la prohibición de la doble militancia, las
generalidades, modalidades y presupuestos para su configuración.

4. Coadyuvancia

13. Carlos Mario Arango de la Pava, en calidad de coadyuvante7, manifestó que
se cumplen todos los presupuestos normativos y jurisprudenciales para la
configuración de la doble militancia en la modalidad, apoyo, pues ninguno de los
candidatos al concejo de Itagüí, a los que respaldó el demandado, estuvieron
avalados por el Partido Conservador Colombiano ni por el grupo Itagüí Somos
Todos, los cuales, avalaron a Diego León Torres, como aspirante a la alcaldía del
municipio.

14. Se refirió a las conductas de apoyo del accionado, a favor de candidatos al
concejo del municipio de Itagüí, Shirley Natalia Ortiz Ossa y Elkin Zuleta.

6
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de diciembre de 2020, M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 19001-23-33-003-2019-00368-01; Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa,
Sección Quinta, sentencia del 24 de noviembre de 2016, MP. Alberto Yepes Barreiro, Exp. 52001-
23-33-000-2015-00841-01.
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del de 20 de noviembre de 2015, Exp. 11001-03-28-
000-2014-00091-00, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.; Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 20 de noviembre de 201512 de noviembre de 2015, Exp. 11001-03-28-000-2014-
00088-00, MP Lucy Jeannette Bermúdez.; Consejo de Estado, Sección Quinta sentencia del 28 de
septiembre de 2015, Exp. 1001-03-28-000-2014-00057-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta sentencia del 4 de agosto de 2016, Exp. 63001-23-
33-000-2016-00008-01, MP. Alberto Yepes Barreiro.; Consejo de Estado, Sección Quinta sentencia
del 18 de agosto de 2016, Exp. 50001-23-33-000-2015-00653-01, MP. Alberto Yepes Barreiro;
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 8 de septiembre de 2016, Exp. 63001-23-3-000-
2015-00361-01 (Acumulado) MP. Alberto Yepes Barreiro. y Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 29 de septiembre de 2016, Exp. 730001-23-33-000-2015-00806-01, MP. Alberto Yepes
Barreiro.
7
Admitido como tal, en la audiencia inicial, en el trámite de primera instancia.

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Demandante: Sandra Milena Becerra Jaramillo
Demandado: Diego León Torres Sánchez, alcalde de
Itagüí, Antioquia, periodo 2024-2027
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01211-01

15. Sostuvo que Diego León Torres Sánchez también respaldó a Wilson
Saldarriaga Ortiz, aspirante al concejo del municipio, por el Partido Político Gente
en Movimiento.

16. Asimismo, aportó enlaces contentivos de videos publicados en redes sociales
y pruebas documentales, con el fin de demostrar las referidas conductas.

5. Trámite en primera instancia

17. Mediante providencia de 5 de diciembre de 20238, el Tribunal Administrativo
de Antioquia admitió la demanda, ordenó las respectivas notificaciones y negó la
solicitud de suspensión provisional del acto de elección, por no advertir la
vulneración alegada, en dicha etapa del proceso

6. Contestaciones

18. Las partes se pronunciaron en los siguientes términos:

6.1. Demandado

19. Su apoderado judicial manifestó que, contrario al dicho de la demandante, su
representado no transgredió la Constitución Política, la Ley 1475 de 2011, la
jurisprudencia del Consejo de Estado, el acuerdo de coalición, suscrito entre Itagüí
Somos Todos y el Partido Conservador Colombiano, ni otra norma, pues no apoyó
a candidatos inscritos por colectividades distintas a las mencionadas.

20. Indicó que no es cierto que el MAIS hubiera otorgado aval al candidato a la
Alcaldía de Itagüí, León Mario Bedoya. Manifestó que el referido movimiento le
otorgó «coaval» al demandado, para lo cual, aportó certificaciones que así lo
demuestran

21. En ese sentido, afirmó que su poderdante, en efecto, fue inscrito como
candidato a la alcaldía del municipio, por el grupo significativo de ciudadanos Itagüí
Somos Todos, en coalición con el Partido Conservador Colombiano, como consta
en el formulario E-6 AL, y, posteriormente, recibió el «coaval» del MAIS, entendido
como un respaldo de la colectividad a su aspiración.

22. Agregó que el candidato a la Alcaldía de Itagüí, León Mario Bedoya López,
fue inscrito por el Partido Alianza Social Independiente (ASI), de acuerdo con el
formulario E-6 AL y certificación de la Registraduría Especial del Estado Civil, la cual
aportó.

23. Mencionó que Diego León Torres Sánchez no incurrió en doble militancia,
pues no asistió a reuniones públicas en donde hubiera «acompañado, entregado

8
Contra la cual no se presentó ningún recurso.

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Demandante: Sandra Milena Becerra Jaramillo
Demandado: Diego León Torres Sánchez, alcalde de
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apoyos a candidatos al Concejo Municipal de Itagüí de los Movimientos MAIS y
AICO», «a los del Grupo Significativo de Ciudadanos ITAGÜÍ SOMOS TODOS,
como, supuestamente a los candidatos del Partido Liberal Elkin Zuleta, [de la
coalición] Juntos, Julián Pérez Zabala, el Mira, y Gente en Movimiento».

24. Manifestó desconocer y tachar de falsas «las fotos de pantallazos de redes
sociales en supuestas reuniones con supuestos candidato (sic)» y videos, porque
se desconoce su autenticidad, quien registró la imagen y las circunstancias de
tiempo, modo y lugar de las mismas, «además de la evidente manipulación de estas
imágenes y videos».

25. Agregó que, para la configuración de la doble militancia por apoyo, es
necesario que el candidato hubiera respaldado, con actos positivos y concretos a
aspirantes de partidos o movimientos políticos distintos al que lo inscribió.

26. Aseguró que Diego León Torres Sánchez no brindó su respaldo a candidatos
al concejo municipal, distintos a los inscritos por el grupo Itagüí Somos Todos.

27. Indicó que, de acuerdo con la parte demandante, el accionado recibió apoyo
de candidatos al concejo de Itagüí, pertenecientes a organizaciones políticas que
no contaban con candidato propio a la alcaldía del municipio. Sin embargo, precisó
que esa circunstancia no da lugar a la configuración de la prohibición de doble
militancia.

28. Conforme lo anterior, concluyó que no existe causal para decretar la nulidad
de la elección de Diego León Torres Sánchez, como alcalde de Itagüí, pues no
incurrió en doble militancia, por apoyo. En ese sentido, pidió negar las pretensiones
de la demanda.

29. En escrito posterior a la contestación de la demanda, se pronunció,
específicamente, sobre los argumentos y pruebas de la coadyuvancia.

30. Al respecto, se opuso a las afirmaciones del interviniente, pues, a su juicio,
no incurrió en la prohibición de doble militancia alegada.

31. Asimismo, desconoció las pruebas aportadas, «por no tener certeza de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar», en las que se registraron las mismas, y
afirmó tacharlas de falsas, por estar «evidentemente manipuladas».

32. Finalmente, frente a los medios de prueba, tomados de las redes sociales,
sostuvo que no cumplen con los requisitos de la Ley 527 de 1999 y la sentencia C-
604 de 2016, para tenerse en cuenta dentro del proceso

6.2. Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)

33. Mediante apoderado judicial, solicitó «se decrete respecto de la Registraduría

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Demandante: Sandra Milena Becerra Jaramillo
Demandado: Diego León Torres Sánchez, alcalde de
Itagüí, Antioquia, periodo 2024-2027
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Nacional del Estado Civil, su carácter de imparcial», pues su labor en el proceso
electoral es secretarial y de apoyo logístico.

34. Indicó que no tiene, dentro de sus funciones, verificar las calidades
personales de los candidatos postulados, no le compete estudiar si los mismos se
encuentran incursos en causales de inhabilidad e incompatibilidad, así como
tampoco participa en los resultados de las elecciones o en aspectos, relacionados
con el número de votos válidos.

35. Asimismo, pidió que, de encontrarse probada cualquier otra excepción,
dentro del proceso, la misma fuera declarada a favor de la RNEC.

6.3. Consejo Nacional Electoral

36. La funcionaria, delegada para su representación, se opuso a la prosperidad
de las pretensiones de la demanda, porque no se configura la causal de doble
militancia, invocada.

37. Advirtió que, frente a la candidatura de Diego León Torres Sánchez, no se
presentó solicitud de revocatoria de inscripción por lo que el CNE no tuvo
conocimiento, en sede administrativa, del asunto objeto de estudio, entonces,
«corresponde al Contencioso Administrativo decidir el fondo de las pretensiones hoy
planteadas en instancias jurisdiccionales, decisión a la que esta Corporación se
atendrá en su integridad».

38. A su juicio, no se encuentra probado el apoyo brindado, por parte de Diego
León Torres Sánchez, a candidatos de otras colectividades, pues se trata de
apreciaciones personales del demandante, que deben ser probadas dentro del
proceso.

39. En relación con el valor probatorio de las fotografías, indicó que de las
mismas no depende de la autenticidad formal sino de «establecer si la imagen
representa los hechos que se le atribuyen, y no otros diferentes en razón del tiempo,
del lugar o del cambio de posición de los elementos dentro de la escena capturada»,
razón por la cual, el juez debe analizar otros medios de prueba, para una
apreciación razonable, en conjunto.

7. Audiencia inicial

40. El 5 de febrero del 2024 se celebró la audiencia inicial. En esta diligencia se
saneó el proceso, se advirtió que no fueron presentadas excepciones previas y se
fijó el litigio en los siguientes términos:

De conformidad con los fundamentos fácticos y jurídicos, corresponde a la Sala
determinar, si hay lugar a declarar la nulidad de la elección del demandado DIEGO
LEÓN TORRES SÁNCHEZ como alcalde de Itagüí contenida en el acta E-26, por

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presuntamente haber incurrido en la causal de inhabilidad establecida en el numeral
8° del citado artículo 275 y el inciso 2° del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011,
relacionado con el apoyo a candidatos distintos al partido político que se encuentra
afiliado.

41. Además, se decretaron, como pruebas, los documentos allegados con la
demanda, la contestación y por el coadyuvante y los testimonios solicitados por el
demandado9, para lo cual, citó a las partes, para efectos de realizar la audiencia de
pruebas, para el 13 de febrero del 2024.

42. En la fecha citada, se recibieron los testimonios de Cristian David Osorio
Agudelo, Guillermo León Restrepo Ochoa, Vanessa Olaya Mejía y Shirley Natalia
Ortiz Ossa y se prescindió del de Juan Fernando Zapata Sánchez, decisión que no
fue recurrida.

8. Alegatos de conclusión

8.1. Demandante

43. A través de apoderada judicial, afirmó que, de las pruebas presentadas, se
evidencia que Diego León Torres Sánchez apoyó, acompañó, asistió y compartió
publicidad con candidatos al concejo, inscritos por partidos y movimientos distintos
al grupo significativo de ciudadanos, Itagüí Somos Todos, al cual pertenecía el
demandado.

44. Aseguró que se cumplen los elementos que configuran la doble militancia,
pues el demando, como candidato a la alcaldía de Itagüí, respaldó a los aspirantes
avalados por las colectividades «MAIS, AICO, LIBERAL, CONSERVADOR, LA
COALICIÓN JUNTOS conformada por los partidos MIRA, PARTIDO DE LA U y
CAMBIO RADICAL y GENTE EN MOVIMIENTO».

45. Advirtió que el demandado, al contestar la demanda (hechos 2 y 8), afirmó
haber apoyado a candidatos al Concejo Municipal de Itagüí, inscritos por el Partido
Conservador Colombiano, a lo cual se refirió como «confesión ficta».

46. Ello es relevante, en la medida en que, a juicio de la demandante, el
demandado fue avalado, de manera principal, por el movimiento mencionado y no
por dicho partido. Por tanto, es evidente que incurrió en la prohibición alegada.

47. Indicó que, de las pruebas, se puede concluir que el MAIS otorgó «coaval» a
dos candidatos a la Alcaldía de Itagüí, pues se aportaron documentos que certifican
que el movimiento avaló al demandado y a León Mario Bedoya. Respecto del
desconocimiento y la tacha, manifestados por el demandado, señaló que no fueron

9
Guillermo León Restrepo Ochoa, Juan Fernando Zapata Sánchez, Shierly Natalia Ortiz Ossa,
Cristian David Osorio Agudelo y Vanessa Olaya Mejía.

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demostrados «ni presentó prueba si quiera sumaria para que se considerara la
falsedad».

48. Asimismo, afirmó que se acreditó, con el testimonio del candidato al concejo,
Cristian Osorio, que el demandado realizó manifestaciones positivas, a favor de
candidatos a la corporación pública, avalados por la coalición, conformada por el
MAIS y AICO.

49. Por su parte, con la prueba testimonial, practicada a Guillermo León
Restrepo, Cristian Osorio y Shirley Natalia Ortiz, es posible demostrar que el alcalde
electo apoyó a candidatos de múltiples partidos y movimientos políticos y asistió a
reuniones, manifestándoles su respaldo.

50. Sostuvo la demandante, que las pruebas recaudadas fueron tomadas de
publicaciones de redes sociales, abiertas y públicas, de candidatos al concejo y a la
Alcaldía de Itagüí, en las que se pueden corroborar circunstancias de tiempo, modo,
lugar y las personas que asistieron a las reuniones efectuadas con aspirantes a la
corporación publica, de varios partidos.

51. Mencionó que los eventos públicos, en los que el demandado apoyó a
candidatos al concejo de Itagüí, de otros partidos, se realizaron en «la sede política
de DIEGO TORRES, el colegio CRISTO REY y el colegio EL ROSARIO».

52. Agregó que los videos aportados en la demanda se presumen auténticos, de
acuerdo con el artículo 243 del Código General del Proceso (CGP) y, en
consecuencia, deben ser valorados dentro del presente asunto. Al respecto dijo lo
siguiente:

Es así como puede evidenciarse con los videos aportados y fotografías con fecha y
hora de los eventos, que existió publicidad compartida entre candidatos al Concejo
de distintos partidos y movimientos diferentes al del candidato a la Alcaldía, donde
asistió a reuniones masivas con publicidad compartida, dio apoyo, acompañamiento
y asistió a pedir apoyo a los candidatos al Concejo como se ve en los videos, pidiendo
que voten por candidatos al concejo de los partidos MAIS, AICO, LIBERAL,
CONSERVADOR, indicando su número de manera verbal y con gestos corporales y
manifestando en sus discursos “hacemos equipo”, siendo estos elementos
probatorios recopilados legalmente y sin existir ni una prueba en contrario.

Las gesticulaciones no solo fueron verbales, sino con gestos corporales como indicar
el número con las manos, ponerse la camiseta de otro partido, compartir publicidad
como vallas, pendones de balcón, afiches y volantes con candidatos al Concejo
diferentes a la lista de los candidatos al Concejo del movimiento significativo de
ciudadanos ITAGÜÍ SOMOS TODOS. (Sic a la cita)

53. Realizó un recuento de las pruebas aportadas, que demuestran la alegada
conducta de doble militancia del demandado, y reiteró algunos precedentes
judiciales de la Sección Quinta del Consejo de Estado, expuestos en la demanda.

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54. Indicó la accionante, que era deber del demandado, respaldar, de manera
solidaria, a los candidatos al concejo, inscritos por su grupo significativo de
ciudadanos y no por otras colectividades. Y advirtió que, de acuerdo con la
jurisprudencia de esta Sección y de la Corte Constitucional, «también en coaliciones
se debe apoyar a candidatos de su partido o movimiento y que solo a falta de esto
podría apoyar a candidatos de otro partido o movimiento».

55. Así las cosas, consideró cumplidos los presupuestos normativos y
jurisprudenciales para decretar la doble militancia y, en consecuencia, pidió declarar
la nulidad de la elección.

8.2. Demandado

56. Su defensa consideró que, de acuerdo con el problema jurídico de la fijación
del litigio, no hay lugar a declarar la nulidad de la elección de Diego León Torres
Sánchez, pues no incurrió en la conducta de doble militancia, prevista en el artículo
2 de la Ley 1475 de 2011, porque no quedó demostrado que apoyó a candidatos
distintos a los del grupo significativo de ciudadanos Itagüí Somos Todos.

57. Manifestó que el demandado se inscribió como candidato a la alcaldía por el
grupo significativo de ciudadanos Itagüí Somos Todos, por tanto, no le son
aplicables las normas relativas a la doble militancia, al no ser un partido o
movimiento político. Lo anterior, porque solo es militante quien pertenece a estos
últimos.

58. Con todo, afirmó que el demandado solo apoyó la lista de candidatos del
grupo significativo por el que se inscribió.

59. A juicio del demandado, en las fotografías aportadas al proceso no se logra
demostrar el aludido apoyo a candidatos de distintas colectividades. Contrario a ello,
lo que sí podría evidenciarse es el respaldo de dichos aspirantes al concejo al
demandado en su aspiración a la Alcaldía de Itagüí.

60. Indicó desconocer las referidas imágenes porque no hay certeza de su
autenticidad, no se logra determinar quién las registró, ni las circunstancias de
tiempo modo y lugar de las mismas.

61. Explicó que los testimonios de los candidatos al Concejo Municipal de Itagüí,
Cristian Osorio y Shirley Natalia Ortiz dan cuenta que estos manifestaron su apoyo
hacia el señor Diego León Torres Sánchez, como aspirante a la alcaldía y no
viceversa.

62. Asimismo, se refirió a los testimonios de Vanessa Olaya Mejía, candidata a
la Alcaldía de Itagüí por AICO, y de Guillermo León Restrepo Ochoa, directivo de
campaña del demandado, de cuyas declaraciones se demostró que el señor Diego

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Demandado: Diego León Torres Sánchez, alcalde de
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León Torres Sánchez no apoyó ni patrocinó a los aspirantes que se señalan en la
demanda.

63. Respecto de las fotografías que contiene el «archivo No 27 […] ANEXOS DE
LA DEMANDA», indicó que la mayoría están manipuladas, alteradas y editadas y
las desconoce, a pesar de que no muestren actos positivos de apoyo, a favor de
candidatos de distintos partidos y movimientos políticos.

64. En el mismo sentido, manifestó su desconocimiento frente a los videos
anexados, porque, a su juicio, fueron manipulados, algunos «regrabados» de un
celular del cual no se conoce el propietario, no se puede determinar la autoría de la
videograbación, ni quién habla en ella. En todo caso, señaló que su contenido no
prueba el indebido apoyo directo.

65. Por otra parte, advirtió que las pruebas aportadas por el coadyuvante, antes
de realizada la audiencia inicial, son extemporáneas, pues la oportunidad prevista
para allegarlas es la misma de la parte actora, es decir, que el interviniente tenía
«hasta la presentación de la demanda para presentar y solicitar pruebas».

66. En todo caso, desconoció y tachó de falsos los medios probatorios, allegados
por el coadyuvante, con los mismos argumentos expuestos frente a las pruebas
aportadas con la demanda.

67. Finalmente, solicitó negar las pretensiones de la demanda.

8.3. Registraduría Nacional del Estado Civil

68. La representante de la entidad reiteró su imparcialidad en los litigios en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Lo anterior, debido al carácter
secretarial y de apoyo logístico de sus funciones, asignadas en el proceso
eleccionario.

69. En ese sentido, manifestó acatar la decisión que tome el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

8.4. Consejo Nacional Electoral10

70. Reiteró que no fueron presentadas solicitudes de revocatoria de inscripción
en relación con el demandado, por lo que no conoció del asunto, en sede
administrativa. En consecuencia, precisó que será el despacho quien valore el
material probatorio, en aras de determinar si Diego León Torres Sánchez apoyó, de
alguna forma, a candidatos de otras organizaciones políticas.

10
Se advierte que los mismos fueron presentados, luego de las 5:00 pm, del último día previsto para
alegar de conclusión.

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10

Demandante: Sandra Milena Becerra Jaramillo
Demandado: Diego León Torres Sánchez, alcalde de
Itagüí, Antioquia, periodo 2024-2027
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01211-01

71. Con todo, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al
no cumplirse con los parámetros constitucionales y legales para la configuración de
la causal de nulidad.

8.5. Coadyuvante

72. A su juicio, del material probatorio que obra en el plenario, es evidente que el
demandado incurrió en doble militancia, por haber apoyado a candidatos distintos a
los inscritos por la lista de Itagüí Somos Todos.

73. Manifestó que, uno de los videos que obran en el expediente, da cuenta del
apoyo comprobado que realizó el demandado, a favor de la candidata Shirley
Natalia Ortiz Ossa, pues afirmó: «es la energía que necesitamos para que Shirley
sea la próxima concejala de Itagüí».

74. Además, señaló que, en esa misma prueba el demandado manifestó «esto
es lo que les pedimos que el 29 de octubre con la ayuda de dios con la ayuda de
ustedes logremos que MAIS AICO número 3 sea concejala de la ciudad».

75. En su criterio, esto demuestra, sin duda, el elemento objetivo de la prohibición
de doble militancia, porque la mencionada candidata era de otra lista diferente a la
del grupo significativo de ciudadanos, Itagüí Somos Todos.

76. Reiteró que Diego Torres Sánchez también apoyó a Wilson Saldarriaga, de
la colectividad Gente en Movimiento. Lo cual se encuentra probado en un video de
redes sociales en el que el demandado manifestó su respaldo.

77. Lo mismo indicó respecto del apoyo de Elkin Zuleta, candidato del Partido
Liberal Colombiano, pues, en un evento público, en el que el demandado se
encontraba con el mencionado candidato, afirmó que «con la ayuda de dios y la
ayuda de ustedes vamos a ganar». Por tanto, es evidente la configuración del apoyo
a este aspirante distinto del movimiento que lo avaló.

78. Además, puso de presente que, en los hechos 2 y 8 de la contestación de la
demanda, Diego León Torres Sánchez afirmó que apoyó a candidatos del Partido
Conservador, lo cual, en su criterio, resulta una confesión que estructura, sin dudas,
la prohibición de doble militancia.

9. Concepto del Ministerio Público

79. El procurador 114 judicial II para asuntos administrativos consideró que
no está probado, dentro del proceso, si el demandado incurrió en doble militancia,
puesto que, de los videos y fotografías aportados, donde aparece Diego León Torres
con otros candidatos, no se evidencia apoyo contundente y decidido de su parte,
hacia la campaña de aspirantes al concejo, distintos a los inscritos por el grupo
significativo de ciudadanos Itagüí Somos Todos.

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11

Demandante: Sandra Milena Becerra Jaramillo
Demandado: Diego León Torres Sánchez, alcalde de
Itagüí, Antioquia, periodo 2024-2027
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01211-01

80. Indicó que «la naturaleza de los apoyos debe ser de tal naturaleza (sic)
que lleve a convicción plena de que efectivamente el demandado está apoyando a
candidatos de otra colectividad distinta al que lo apoyó».

81. Añadió que las pruebas testimoniales practicadas dieron cuenta de que el
demandado no apoyó a ninguno de los candidatos de colectividades políticas
distintas a la del alcalde del municipio de Itagüí.

82. Por lo anterior, concluyó que se deben negar las pretensiones de la
demanda.

10. Fallo de primera instancia

83. Mediante sentencia de 4 de marzo de 2024, la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia negó la nulidad de la elección de Diego León
Torres Sánchez, como alcalde de Itagüí, periodo 2024-2027.

84. En primer lugar, en cuanto a las pruebas aportadas, indicó que, conforme al
artículo 272 de la Ley 1564 de 2012, no es posible desconocer las reproducciones
de voz o de la imagen de la parte, contra la cual se aducen y lo que procede es
proponer tacha de falsedad.

85. En ese sentido, señaló que, a pesar de que el demandado desconoció las
imágenes y videos, allegados al expediente, se valorarán en contexto con las
pruebas practicadas, al presumirse auténticos y, teniendo en cuenta, que los
requisitos para presentar tacha, previstos en el artículo 270 del CGP, no se
cumplieron por el accionado.

86. Respecto de las fotografías, indicó que ilustraban la asistencia del
demandado a reuniones políticas, donde se encontraban candidatos al concejo de
Itagüí y publicidad de estos, a saber, Shirley Ortiz Ossa, Cristian Osorio, Elkin
Zuleta, Jesús Antonio Colorado, Bernardo de Jesús Duarte, Alejandro Otálvaro,
María Elena Ramírez Ossa, Sebastián García Rojas, Juan Fernando Zapata
Sánchez, Elizabeth Carvajal Zapata, Julián Pérez, Lorena Barreto, Sebastián Urán,
Wilson Saldarriaga.

87. Sin embargo, de algunos de ellos, no se observan manifestaciones directas
de Diego León Torres Sánchez hacia los candidatos al concejo municipal, y no es
posible concluir actos directo de apoyo. Agregó que:

En uno de los videos aportados se observa al entonces candidato a la Alcaldía de
Itagüí, Diego León Torres Sánchez, abrazado con el entonces candidato al Concejo,
Juan Fernando Zapata, en el que se escucha a este último manifestar su invitación a
las personas de Itagüí a votar por ambos a la Alcaldía y al Concejo en las elecciones
del 29 de octubre de 2023; de igual manera, se escucha al demandado expresar que

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Demandante: Sandra Milena Becerra Jaramillo
Demandado: Diego León Torres Sánchez, alcalde de
Itagüí, Antioquia, periodo 2024-2027
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01211-01

eran la dupla ganadora, MAIS-AICO # 1 y Diego Torres a la Alcaldía, que iban a
ganar porque eran el equipo de las obras y de la continuidad.

Similares manifestaciones se observan en diferentes videos en los que aparece
grabado el candidato Diego León Torres Sánchez, junto con otros candidatos inscritos
al Concejo, tales como Elkin Zuleta del Partido Liberal, Wilson Saldarriaga del Partido
Gente en Movimiento y Shirley Ortiz Ossa de la Coalición MAIS-AICO.

88. Asimismo, señaló que «los testimonios practicados logran acreditar que el
demandado apoyó a los candidatos al concejo de la lista de Itagüí Somos Todos y
que las reuniones políticas, promovidas por otros aspirantes, a las que asistió,
obedecen a las adhesiones a su campaña como alcalde, con el fin de recibir su
apoyo y que sus votantes lo conocieran».

89. Mencionó que los testigos aseguraron que a la campaña de Diego León
Torres Sánchez, como alcalde de Itagüí, se adhirieron, entre otros, el Partido Liberal
Colombiano, Gente en Movimiento, AICO, MAIS y que el demandado no brindó
apoyo a aspirantes al concejo, no inscritos por el grupo significativo de ciudadanos,
Itagüí Somos Todos.

90. Advirtió que «es apenas lógico que una persona que aspira a ser elegido
como Alcalde de un Municipio (sic) por una coalición, asista a múltiples reuniones
con diferentes actores políticos de diversas organizaciones, con el fin de recibir
respaldos a su candidatura».

91. Concluyó el tribunal, que no está prohibido, para un candidato, recibir apoyo
de otros, con los que se haya logrado hacer consensos, en razón a sus proyectos
políticos, así como asistir a reuniones donde otros aspirantes lo presentan a sus
electores, con el fin de obtener nuevos simpatizantes. Adicionalmente, afirmó que:

En este sentido, ningún reproche puede hacerse a la asistencia a reuniones donde
fuera invitado el señor Diego León Torres Sánchez, por candidatos de otros
movimientos o partidos políticos, en las cuales hubo adhesión de los candidatos a su
aspiración a la Alcaldía, reuniones en las que por razones lógicas se expresaban
manifestaciones de admiración mutuas e inclusive en la efusividad del momento
pudieron realizarse sugerencias de votación recíprocas, sin que ello pueda implicar
que haya dejado de apoyar a los candidatos del movimiento político que lo avaló.

[…]

Una expresión de afecto o empatía, expresada en la reunión a la que generosamente
se le ha invitado por un líder que busca presentarle sus electores y destacar entre
ellos la identidad de criterios en punto a los programas de gobierno, para lograr
adherentes a su proyecto común, no solo es propia de las reuniones políticas, sino
que está enmarcada por este tipo de manifestaciones y emociones, que precisamente
contagian o pretenden hacerlo a quienes asisten a las mismas y motivan a tomar sus
decisiones.

92. En consecuencia, resolvió negar las pretensiones de nulidad de la demanda,
por no acreditarse la prohibición endilgada, que configure la causal de doble

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Demandante: Sandra Milena Becerra Jaramillo
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militancia.

11. Apelaciones

a) De la demandante

93. Solicitó revocar la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, para que,
en su lugar, se concluya que el demandado incurrió en doble militancia y, en
consecuencia, se anule su elección.

94. Advirtió que, contrario a lo dicho en la sentencia recurrida, esto es, que «las
demás partes e intervinientes guardaron silencio», la demandante sí presentó
alegatos de conclusión, por lo que solicitó, únicamente, tenerlos en cuenta.

95. Señaló que, a pesar de que todas las pruebas aportadas se incorporaron al
proceso, sin tener en cuenta la tacha de falsedad propuesta por el demandado, las
mismas no fueron valoradas en contexto con las demás y conforme a la sana crítica.
Aunado a ello, se les dio mayor valor a los testimonios practicados.

96. En la sentencia se advierte que los elementos probatorios dieron cuenta que
las reuniones del demandado con candidatos de otros partidos11.

97. Además, reiteró que el demandado, en su contestación, confesó haber
apoyado a los candidatos al concejo del Partido Conservador Colombiano, sin que
este fuera el que le otorgó el aval principal a su candidatura.

98. Afirmó que, resulta claro, de las fotografías que obran en el proceso, que
Diego León Torres Sánchez apoyó a candidatos al concejo de Itagüí, de distintas
colectividades, a saber, Elkin Zuleta del Partido Liberal Colombiano, María Elena
Ramírez Ossa, John Alejandro Otalvaro y Bernardo De Jesús Duarte, de la
Coalición MAIS- AICO, frente a los que indicó:

Existieron acciones positivas del candidato, donde asistió, acompañó y apoyó en las
reuniones del candidato al Concejo de la coalición MAIS-AICO, haciendo publicidad
electoral de ambos con vallas, pasacalles mutuos, con la aquiescencia del candidato
TORRES, quien en las reuniones se vio y participó en ellas, aunado a que en estas
reuniones se subió a la tarima e intervino públicamente, en la tarima apoyó y pidió
apoyo para el candidato con número y partido específicamente, como se observa y
escucha en las fotos y videos.

11
«Shirley Ortiz Ossa de la coalición MAIS-AICO, Cristian Osorio de la coalición MAIS-AICO, Elkin
Zuleta del Partido Liberal Colombiano, Jesús Antonio Colorado de la coalición MAIS-AICO, Bernardo
de Jesús Duarte de la coalición MAIS-AICO, Alejandro Otálvaro de la coalición MAIS-AICO, María
Elena Ramírez Ossa de la coalición MAIS-AICO, Sebastián García Rojas del Partido Gente En
Movimiento, Juan Fernando Zapata Sánchez de la coalición MAIS-AICO, Elizabeth Carvajal Zapata
de la coalición MAIS-AICO, Julián Pérez de la coalición JUNTOS, conformada por los partidos
Cambio Radical, de la U y MIRA, Lorena Barreto de la coalición JUNTOS, conformada por los
partidos Cambio Radical, de la U y MIRA, Sebastián Urán del Partido Liberal y Wilson Saldarriaga
del partido Gente En Movimiento».

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99. Frente al apoyo manifestado hacia el candidato Eduardo Marmolejo, de la
coalición MAIS-AICO, precisó que, «aunque la prueba reporta dice (sic): Apoyo al
Liberal Zuleta, el de la foto es el candidato al Concejo de Itagüí por la lista de GENTE
EN MOVIMIENTO».

100. Mencionó que hay evidencia de que Diego León Torres Sánchez, en el marco
de una reunión política, dio y recibió apoyo del candidato al concejo Cristian Osorio,
pues, según las imágenes, en su camisa «se puede ver el apoyo a DIEGO TORRES
y la coalición de MAIS-AICO». Agregó que en dicho evento hubo publicidad conjunta
de los dos aspirantes.

101. Asimismo, que el demandado realizó «manifestaciones corporales como
levantar las dos manos mostrando los diez dedos, en señal de apoyo activo al
candidato de la coalición MAIS- AICO, que participó en las elecciones con el número
10 de esta colectividad».

102. En cuanto a la candidata al Concejo Municipal de Itagüí, Shirley Natalia Ortiz
Ossa, por la coalición MAIS-AICO, aseguró que en una de las fotografías se
observa, en una reunión política, al demandado, quien, junto a «la multitud» «con
sus manos, apoyan el número 3, el cual le partencia a la señora ORTIZ».

103. En relación con el video aportado, denominado «video diego torres juan fdo
(sic) zapara dando y recibiendo apoyo mutuo. # 1.mp4», la recurrente sostuvo que
el tribunal no tuvo en cuenta la grabación completa, pues, entre otras cosas, el
demandado indicó «Somos la dupla ganadora MAIS-AICO numero uno (1) y DIEGO
TORRES […]».

104. Agregó que dicha videograbación fue publicada en la red social de Instagram
del candidato Juan Fernando Zapata Sánchez y, al final de la misma, se indica «para
votar por diego torres a la alcaldía de Itagüí marque en el tarjetón la casilla con el
logo de Itagüí somos todos partido conservador, Diego Torres […]».

105. Consideró que, respecto de los demás videos, en los que aparece Diego
León Torres Sánchez, la sentencia recurrida no los tuvo en cuenta completos, ni los
valoró de forma integral.

106. En ese orden, se refirió a la prueba denominada «WhatsApp Video 2023-11-
15 at 3.50.18 PM (2).mp4», indicando que el evento del cual da cuenta la prueba
ocurrió días antes de las elecciones, en el que se encuentran, entre otros, el
candidato Sebastián García Rojas y el demandado, quien manifestó:

[…] [F]ui presidente del barrio la Hortensia y como presidente sebas
(refiriéndose al candidato del partido gente en movimiento con el número ocho
(8), el señor SEBASTIÁN GARCÍA ROJAS) tenemos ese ADN, ese ADN de la
sensibilidad social, ese ADN de trabajar por la gente, ese ADN y ese perrenque

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para seguir trabajando por Itagüí, porque Itagüí lo amamos, a Itagüí lo
queremos y a Itagüí le entregamos nuestra vida. Otorgando un reconocimiento
y apoyo a viva voz, siendo directo, respecto al señor SEBASTIÁN GARCÍA
ROJAS.

107. Asimismo, frente al video, identificado en el expediente como «WhatsApp
Video 2023- 11-15 at 3.50.18 PM (2).mp4», mencionó que no fue valorado, pues en
el fallo solo se tuvo en cuenta uno de los tres videos aportados por el coadyuvante.
Advirtió que, en dicha grabación, se escucha al demandado pedir que concurran a
las urnas a votar por la candidata Shirley Natalia Ortiz Ossa, número tres (3) en el
tarjetón, de la coalición MAIS-AICO.

108. En cuanto al video «WhatsApp Video 2023-11-15 at 3.53.19 PM.mp4», afirmó
que se evidencia el apoyo de Diego León Torres, al candidato Sebastián García
Rojas.

109. Expuso que, en el video denominado «WhatsApp Video 2023-11-15 at
4.08.12 PM.mp4», se da cuenta del respaldo del demandado a la candidatura del
aspirante al concejo, Julián Pérez Zabala, pues se observan «muestras corporales
y confirman dicha alianza reciproca. El video finaliza con una imagen publicitaria
que contiene imágenes de “DIEGO TORRES ALCALDE” y JULIÁN PÉREZ ZABALA
juntos podemos más, número uno (1)».

110. Por su parte, respecto de la prueba «WhatsApp Video 2023-11-27 at 4.43.11
PM.mp4», afirma la recurrente que se trata de una publicación en las redes sociales
del candidato al concejo, Sebastián Urán, en la que agradece el apoyo del
demandado y se observa, a este, brindando respaldo a dicho candidato.

111. Agregó que los videos contenidos en los enlaces
https://www.instagram.com/reel/CxTodvsuBAj/?utm_source=ig_web_co,
https://fb.watch/pXsK28YzYX/, no fueron analizados, y que demuestran el apoyo
brindado por el demandado a los candidatos al Concejo Municipal de Itagüí, Elkin
Zuleta del Partido Liberal Colombiano y Wilson Saldarriaga Ortiz, del Partido Político
Gente en Movimiento.

112. Se refirió a que, contrario a lo concluido en la providencia de primera
instancia, Diego Torres Sánchez no recibió adhesión de otros partidos y
movimientos políticos, distintos a la coalición que lo avaló, conformada por el grupo
significativo de ciudadanos Itagüí Somos Todos y el Partido Conservador
Colombiano.

113. Advirtió que, a pesar de que en la sentencia se habla de adhesiones a la
candidatura del demandado, lo cierto es que no hay evidencia, dentro del proceso,
que dé cuenta de dicho aspecto, pues solo se aportó el acuerdo de coalición entre
Itagüí Somos Todos y el Partido Conservador Colombiano, que lo apoyó.

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114. Afirmó que, aunque los partidos que avalaron a los mencionados candidatos
al concejo se hubieran adherido a la campaña de Diego León Torres Sánchez, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado12, el
demandado debía apoyar, en primer lugar, a los aspirantes que pertenecen a su
misma colectividad y, a falta de estos, a los inscritos por los movimientos que
conformaron la coalición que lo avaló.

115. Mencionó que, contrario a lo dicho en la decisión de primera instancia, sí se
acreditó el elemento objetivo de la conducta de doble militancia, pues quedó
demostrado que el demandado invitó a votar por concejales que no son del grupo
significativo de ciudadanos al que pertenece, manifestó gestos corporales a su
favor, los apoyó en reuniones políticas y en redes sociales e influyó sobre la decisión
de los electores, para apoyar a dichos candidatos.

116. Agregó que el demandado también manifestó su apoyo al «[s]ubirse a la
tarima […], [i]nvitar a votar por los concejales a viva voz y de manera pública,
compartir piezas publicitarias con candidatos al concejo diferentes a su movimiento
significativo de ciudadanos ITAGÜÍ SOMOS TODOS, saludar a los asistentes,
abrazado con el candidato al concejo».

117. Adicionalmente, manifestó que se probó el elemento modal de la conducta
prohibida, pues el demandado apoyó a candidatos al concejo, distintos a los de la
lista del grupo significativo de ciudadanos Itagüí Somos Todos, y que MAIS, AICO,
Partido Cambio Radical, MIRA, Partido Político Gente en Movimiento, el Partido de
La U y el liberal no avalaron al señor Diego León Torres Sánchez en su aspiración
a la alcaldía.

118. Aseguró que, lo concluido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en
relación a que las conductas desplegadas por el demandado no constituyen actos
positivos de apoyo, a candidatos de otros partidos «cuando invita a votar por estos»,
«y que ellos corresponden a actos de mutua empatía naturales de la campaña y
que no pueden ser censurados» es erróneo, toda vez que, justo dichos
comportamientos, son los que configuran la prohibición.

119. Concluyó que el demandado tenía el deber de apoyar, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, a la lista de candidatos
al concejo municipal, presentados por el grupo significativo de ciudadanos Itagüí
Somos Todos, por el que fue inscrito, sin embargo, de acuerdo con las pruebas
aportadas, respaldó a aspirantes de otras colectividades políticas.

12
«CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA,
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA, Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos
mil veintitrés (2023), Referencia: NULIDAD ELECTORAL, radicación: 11001- 03-28-000-2022-
00198-0011001-03-28-000-2022-00271-00 (Acumulados), 11001-03-28-000-2022-00277-00».

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b) Del coadyuvante

120. En primer lugar, su apoderado alegó desconocimiento, por parte del Tribunal
Administrativo de Antioquia, de la presentación de sus alegatos dentro del proceso.
En consecuencia, solo pidió que los mismos sean tenidos en consideración.

121. Asimismo, indicó que la prueba aportada13 por el coadyuvante no fue
valorada correctamente, a pesar de que todas fueron incorporadas el proceso.

122. En cuanto al video que demuestra el apoyo del señor Diego León Torres
Sánchez, al candidato Juan Fernando Zapata, señaló que:

[S]e escucha al demandado expresar que eran la dupla ganadora, MAIS-AICO # 1 y
Diego Torres a la Alcaldía, que iban a ganar porque eran el equipo de las obras y de
la continuidad.” no son un acto positivo invitando a votar por el candidato de la
coalición MAIS-AICO # 1, que corresponde al candidato JUAN FERNANDO ZAPATA
SANCHEZ y que no pertenece al movimiento ITAGUI SOMOS TODOS incurriendo
en la causal de DOBLE MILITANCIA por dar apoyo a un candidato diferente a los de
su partido. Ahora bien, si estas expresiones gramaticalmente no indican que es una
invitación a votar, sería importante darle cuenta a la real academia de la lengua
española – RAE - sobre cómo han cambiado el significado de las palabras en nuestro
idioma.

123. De acuerdo con el coadyuvante, no fueron analizadas, en la providencia
recurrida, los videos aportados, mediante los enlaces
https://www.facebook.com/reel/1366067110685841?s=yWDuG2&fs=e&mibe
xtid=2JQ9oc, https://fb.watch/pXsK28YzYX/ y
https://www.instagram.com/reel/CxTodvsuBAj/?utm_source=ig_web_copy_li, que
demuestran el apoyo brindado por el demandado a los candidatos al concejo,
Shirley Natalia Ortiz Ossa, Wilson Saldarriaga Ortiz y Elkin Zuleta, respectivamente.

124. Manifestó que, «no entiende esta coadyuvancia, como el A QUO manifiesta
tener una DUDA RAZONABLE sobre la inexistencia del elemento MODAL», dado
que es claro que Diego Torres Sánchez incurrió en la causal de doble militancia, al
apoyar «de lleno» a candidatos al concejo, distintos a los inscritos por Itagüí Somos
Todos. En ese orden, consideró que:

Yerra el A QUO, cuando indica que es apenas lógico que un candidato asista a
múltiples reuniones con diferentes actores políticos de diversas organizaciones con
el fin de buscar respaldos a su candidatura, lo que no es lógico, es que sean partidos
políticos que presentaron listas al concejo de Itagüí, al igual que su movimiento
significativo de ciudadanos ITAGÜÍ SOMOS TODOS, y el precisamente lo que
proscribe la ley como conducta de incursión en doble militancia. (Sic a la cita).

13
La cual no precisa.

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18

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125. Expuso su desacuerdo con la conclusión del juez de primera instancia, al
considerar que las conductas desplegadas por el demandado no constituyen actos
de apoyo total a candidatos de agrupaciones políticas distintas a la suya, y que los
mismos son «de mutua empatía naturales de la campaña y que no pueden ser
censurados», pues la norma no castiga las mencionadas expresiones, sino las
manifestaciones inequívocas de apoyo, que están probadas dentro del proceso.

126. A su vez, solicitó tener en cuenta algunas decisiones14 del Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional.

127. Finalmente, solicitó revocar la sentencia de primera instancia del Tribunal
Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se declare la doble militancia del señor
Diego León Torres Sánchez, por haberse demostrado, con total certeza, el apoyo
del demandado a candidatos del Concejo Municipal de Itagüí, que no pertenecían
al grupo significativo de ciudadanos Itagüí Somos Todos.

12. Trámite en segunda instancia

128. El 21 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió la
apelación presentada.

129. Mediante providencia de 5 de abril de 202415, el despacho ponente dispuso
admitir el medio de impugnación interpuesto y poner el expediente a disposición de
las partes, para presentar alegatos de conclusión y del Ministerio Público, para emitir
concepto.

13. Alegatos de conclusión

130. Dentro del término de traslado16, se allegaron los siguientes:

14
«SENTENCIA DE UNIFICACION SU- 213 DE 2022. CORTE CONSTITUCIONAL. SENTENCIA
DE LA SECCION QUINTA, C.P. ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E), Bogotá D.C., primero (1°) de julio de
dos mil veintiuno (2021), Referencia: NULIDAD ELECTORAL, Radicación No.: 05001-23-33-000-
2020-00006-01. SENTENCIA, DE LA SECCION QUINTA M.P., LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD
ELECTORAL Radicado: 11001-03-28-000-2022-00258-00 Demandante: FREDY MAURICIO
GARZÓN RAMÍREZ Demandado: ALEXANDER LÓPEZ MAYA – SENADOR DE LA REPÚBLICA
2022-2026. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
QUINTA Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Bogotá, D.C., nueve (9) de
noviembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicado: 11001-03-28-
000-2022-00258-00 Demandante: FREDY MAURICIO GARZÓN RAMÍREZ Demandado:
ALEXANDER LÓPEZ MAYA – SENADOR DE LA REPÚBLICA 2022-2026 Temas: Doble militancia
en la modalidad de apoyo. Obligatoriedad de los acuerdos de coalición. MAGISTRADO PONENTE,
ALBERTO MONTAÑA PLATA, 2 DE FEBRERO DE 2024 RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-28-
000-2022-00258-00, DEMANDADO EL SEÑOR ALEXANDER LÓPEZ MAYA, PROCESO DE
NULIDAD ELECTORAL.»
15
Índice 5, Samai.
16
Que corrió del 17 al 21 de abril de 2024, según constancia secretarial. Índice 10, Samai.

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Demandante: Sandra Milena Becerra Jaramillo
Demandado: Diego León Torres Sánchez, alcalde de
Itagüí, Antioquia, periodo 2024-2027
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01211-01

13.1. Demandado

131. Por medio de su apoderado, pidió confirmar la sentencia de primera instancia,
al no existir prueba que acredite que el accionado brindó apoyo, positivo y concreto
a candidatos de organizaciones distintas a la que lo avaló, por lo que no se configura
la causal de nulidad de doble militancia.

132. En primer lugar, presentó los siguientes reparos, al recurso de apelación de
la demandante.

133. Indicó que la afirmación de la recurrente, según la cual, el demandado
confesó haber incurrido en la conducta de doble militancia al afirmar, «No es cierto
que mi prohijado haya incurrido en causal de nulidad electoral por doble militancia
al dar y “recibir” apoyo de candidatos distintos al acuerdo de coalición entre el Grupo
Significativo de Ciudadanos ITAGÜÍ SOMOS TODOS y el Partido Conservador
Colombiano», es una postura subjetiva de la apoderada, que tiende a confundir e
inducir a error.

134. Agregó que la defensa ha tratado de demostrar, por medio de pruebas y
alegaciones, que no es cierto que el alcalde de Itagüí, hubiera apoyado a candidatos
al concejo del municipio, inscritos por movimientos diferentes Itagüí Somos Todos.

135. Indicó que, contrario a la tesis de la apelante, las fotografías aportadas por la
parte actora no demuestran actos positivos y concretos del referido apoyo, tal como
lo concluyó el fallo de primera instancia.

136. Mencionó que la demandante, en su recurso, interpretó subjetivamente la
prueba identificada como «video diego torres juan fdo zapara (sic) dando y
recibiendo apoyo mutuo #1», pues, de acuerdo con ella, la expresión del
demandado «Somos la dupla ganadora, (…) vamos a ganar porque somos el
equipo de las obras y el equipo de la continuidad (…)», es una manifestación clara,
concreta y positiva de apoyo a la candidatura del concejal Juan Fernando Zapata.

137. Al respecto, manifestó el demandado que quedó acreditado, a través de los
testimonios, que fue Diego León Torres Sánchez, quien recibió apoyo del concejal
Juan Fernando Zapata, y que el citado video se dio en el contexto del respaldo, por
parte del aspirante al concejo, al accionado.

138. Agregó que es evidente que la referida expresión no constituye acto positivo
y concreto de apoyo, tal como lo ha dispuesto la jurisprudencia del Consejo de
Estado.

139. Se refirió al video «WhatsApp Video 2023-11-15 at 3.50.18 PM (2)», sobre el
cual, la demandante, en su apelación, transcribió algunas frases, «sin decir quien
hace el discurso, dando a entender que fue Diego Torres, e induciendo a error al

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Demandado: Diego León Torres Sánchez, alcalde de
Itagüí, Antioquia, periodo 2024-2027
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afirmar que hubo un “reconocimiento y apoyo a viva voz, siendo directo, respecto al
señor SEBASTIAN GARCIA ROJAS”».

140. Al respecto, en esta oportunidad, indicó que, en el mencionado video, se
escucha una voz que no es posible identificar, «además no se evidencia del mismo
que se esté solicitando el apoyo para algún candidato, ni que se esté haciendo algún
reconocimiento y apoyo a viva voz al señor García Rojas como lo afirma la
recurrente».

141. Por otra parte, sostuvo que, revisada la prueba «WhatsApp Video 2023-11-
15 at 3.50.18 PM», Diego León Torres no aparece en la grabación, por lo que «no
entiende esta defensa», como la demandante llega a la conclusión de que se
evidencia alianza recíproca.

142. Respecto del medio de prueba «WhatsApp Video 2023-11-15 at 3.53.19
PM», cuestionó las afirmaciones de la demandante, al indicar que, del mismo, se
observa apoyo activo del demandado al candidato al concejo, Sebastián García,
pues no indica la apelante, cuáles fueron las manifestaciones del, entonces,
aspirante a la Alcaldía de Itagüí, que le permitieron llegar a dicha conclusión.

143. Manifestó que, revisado el video «WhatsApp Video 2023-11-15 at 4.08.12
PM», solo se observa, como único interviniente, al candidato al concejo Julián
Pérez, por lo que no se avizoran actos de apoyo del demandado, ni la alianza
reciproca que aduce la apelante.

144. Señaló que la demandante, en su impugnación, sostuvo que, en la prueba
«WhatsApp Video 2023-11-27 at 4.43.11 PM», aparece el demandado
«aplaudiendo y brindando apoyo al candidato al Concejo del Partido Liberal», sin
embargo, lo que se observa es, lo que parece, una reunión, con numerosas
personas, sin que nadie intervenga, en la que no es posible determinar si se
encontraba el demandado.

145. Insistió en considerar subjetivas las apreciaciones de la parte actora, en
relación con videos «evidentemente manipulados», frente a los que la recurrente
concluyó apoyo «directo, contundente, concreto y continuado», por parte de Diego
León Torres a candidatos de otros partidos, «por asistir a reuniones, invitado por
estos, por un abrazo, por un reconocimiento, por un gesto, porque bailan, etc (sic)»,
situaciones que, según el accionado, no constituyen doble militancia, de acuerdo
con la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

146. Adicionalmente, sostuvo que el juzgador de primera instancia sí valoró, en
conjunto, y de forma integral, las pruebas aportadas por la demandante, así como
los testimonios practicados, por lo que concluyó que la asistencia de Diego León
Torres Sánchez, a reuniones lideradas por candidatos al concejo, de diferentes

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Demandado: Diego León Torres Sánchez, alcalde de
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partidos, se debía a la adhesión de estos a la candidatura a la alcaldía del
demandado, situación que no es reprochable.

147. En ese orden, concluyó que no se debieron valorar los videos allegados por
la parte actora, «por no tener certeza respecto de la persona que los grabó, ni de
donde se obtuvieron, ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron
registradas las imágenes, al no haberse aportado por parte de la demandante el link
de las redes sociales en que supuestamente fueron publicados los mismos y al
notarse los mismos evidentemente manipulados».

148. Sin embargo, destacó que, de los referidos videos, no se evidencian actos
positivos y concretos de apoyo de Diego León Torres Sánchez, a candidatos al
concejo municipal, de organizaciones políticas, distintas al grupo significativo de
ciudadanos Itagüí Somos Todos, como lo concluyó el tribunal, en la providencia
recurrida.

149. En cuanto al recurso presentado por el coadyuvante, consideró el
demandado, que no se deben tener en cuenta las pruebas aportadas por dicho
sujeto procesal, ni los argumentos de impugnación, relacionadas con los
mencionados medios de prueba. Tal como lo hizo el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en el fallo de primera instancia.

150. Al respecto, hizo referencia a providencia del 29 de febrero de 202417 de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que se concluyó que «la facultad de
aportar elementos probatorios reside únicamente en las partes demandante y
demandada, sin que sea posible que dicha potestad pueda ser suplida por el
coadyuvante, quien debe limitarse a enriquecer argumentativamente las
postulaciones del coadyuvado».

151. Consideró que los testimonios practicados a los señores, Cristian David
Osorio Agudelo, Guillermo León Restrepo Ochoa, Vanessa Olaya Mejía y Shirley
Natalia Ortiz Ossa no fueron tachados de falsos o sospechosos, por lo que, lo
declarado tiene plena validez.

152. A su vez, precisó que, para las elecciones, en las que fue elegido el
demandado, algunas de las listas al concejo de Itagüí, no tenían candidato propio a
la alcaldía del municipio, por lo que decidieron, libre y espontáneamente, apoyar la
candidatura de Diego León Torres Sánchez. A su juicio, esto explica el contenido
de las fotografías y videos de reuniones, organizadas por dichos candidatos, a las
que asistió el accionado.

153. Por último, puso de presente que, de acuerdo con la sentencia de primera
instancia, no se cumplieron los elementos objetivo y modal de la conducta de doble

17
Consejo de Estado, Sección Quinta. Auto del 29 de febrero de 2024. Radicado núm. 11001-03-
28-000-2023-00123-00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.

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militancia por apoyo, los cuales solo pueden acreditarse con el ejercicio de actos
positivos y concretos de respaldo a candidatos de organizaciones políticas,
diferentes a la del demandado, los cuales no fueron demostrados dentro del
proceso.

13.2. Demandante

154. Por medio de apoderada, reiteró que, en la sentencia de primera instancia, el
Tribunal Administrativo de Antioquia no valoró, de forma precisa, las fotografías,
videos y publicaciones en redes sociales, pues es evidente el apoyo directo y
contundente del señor Diego Torres Sánchez, manifestado «con su propia voz y
gestos corporales», a candidatos al concejo, inscritos por movimientos distintos al
grupo significativo de ciudadanos Itagüí Somos Todos.

155. Aseguró que, dado que Diego León Torres Sánchez acompañó, asistió y
apoyó a candidatos al concejo de Itagüí, de las organizaciones MAIS, AICO, del
Partido Liberal y Conservador Colombiano, Gente en Movimiento y de la Coalición
Juntos (conformada por MIRA, Partido de La U y Cambio Radical), se configuró el
elemento subjetivo de la doble militancia.

156. Reiteró que la sentencia de primera instancia no tuvo en cuenta los alegatos
presentados por la parte actora, para lo que adjuntó soportes de envío de los
mismos.

157. En relación con la valoración probatoria de la sentencia recurrida, manifestó
los siguientes cuestionamientos:

I. A pesar de que no fue tenida en cuenta la falsedad alegada por el
demandado, frente a las pruebas aportadas, y, en consecuencia, todas fueron
incorporadas al expediente, las mismas no fueron valoradas con suficiencia, ni
acuerdo con la sana critica.
II. En la providencia no se tuvo en cuenta la confesión del apoderado del
demandado, frente a que, Diego León Torres Sánchez, apoyó a candidatos al
concejo, inscritos por el Partido Conservador Colombiano.
III. «Se dejó entredicho (sic)» que las fotos y videos aportados no eran prueba
razonable y suficiente para declarar la nulidad de la elección.
IV. El tribunal no se pronunció sobre la totalidad de las pruebas.

158. Precisó que, no obstante, en la sentencia de primera instancia, se refieren a
adhesiones a la candidatura del demandado, distintas a la coalición que lo avaló,
dichos respaldos no están probados en el expediente.

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159. Con todo, mencionó que, conforme a la jurisprudencia de la Sección Quinta
del Consejo de Estado18, Diego León Torres Sánchez solo podía brindar y recibir
apoyo de la lista de candidatos al concejo, inscrita por Itagüí Somos Todos.

160. Igual que en su escrito de apelación, manifestó su desacuerdo con lo
concluido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, relativo a que las conductas
del demandado correspondían a actos de mutua empatía, naturales de la campaña,
los cuales no pueden ser censurados.

161. Por otro lado, reiteró varios de los argumentos expuestos en su apelación,
respecto de la acreditación de los elementos de la conducta de doble militancia por
apoyo.

162. Aseguró que quienes rindieron su testimonio hacen parte de la estructura
política del demandado, «unos como concejales de coalición los señores SHIRLEY
NATALIA ORTIZ OSSA Y CRISTAN DAVID OSORIO, otro como Secretario de
Educación el señor GUILLERMO LEON RESTREPO OCHOA y funcionarios
cercanos a la administración como VANESSA OLAYA, quien incluso hace o hizo
parte de la UTL del congresista DANIEL RESTREPO cuota política del equipo de
Antioquia, del cual hace parte DIEGO TORRES» (sic a toda la cita).

163. Señaló que el demandado realizó actos positivos, tendientes a otorgar y
recibir apoyo de otros partidos, lo cual se evidencia en las múltiples reuniones de
candidatos al concejo de las organizaciones, liberal, AICO, MAIS, conservador, tal
como lo aseguró, en su testimonio, Guillermo León Restrepo, quien manifestó haber
acompañado al accionado a dichos eventos, como su gerente de campaña.

164. Asimismo, indicó que los candidatos al concejo, Shirley Natalia Ortiz y
Cristian David Osorio, al testificar, sostuvieron que el demandado «asistió a sus
reuniones, habló y pidió apoyo para ambos».

165. Agregó que, en los videos y fotografías aportadas se observa publicidad
compartida entre los candidatos al concejo de organizaciones políticas diferentes al
del demandado. Además, indicó:

En sus discursos expresaba “vote por esta mujer” refiriéndose a una candidata del
MAIS - “hacemos equipo” refiriéndose a Sebastián García candidato del partido
GENTE EN MOVIMIENTO – “invito a votar por ELKIN” candidato del partido LIBERAL,
estas expresiones se pueden corroborar con los videos que hacen parte del
expediente y que fueron radicados como anexos a la demanda, siendo estos
elementos probatorios recopilados legalmente y sin existir prueba en contrario.

166. Solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar la
nulidad de la elección de Diego León Torres Sánchez, como alcalde de Itagüí.

18
Consejo de Estado, Sección Quinta. Providencia de 10 de agosto de 2023. Radicado núm. 11001-
03-28-000-2022-00198-0011001-03-28- 000-2022-00271-00 (Acumulados), 11001-03-28-000-2022-
00277-00. MP: Luis Alberto Álvarez Parra.

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167. Lo anterior, dado que el demandado solo podía apoyar a candidatos inscritos
por el grupo significativo de ciudadanos, Itagüí Somos Todos, por el cual fue inscrito,
sin embargo, brindó respaldo a candidatos al concejo, por los partidos, conservador
(el cual hizo parte de la coalición que lo avaló), liberal, MAIS, AICO, Gente en
Movimiento, coalición Juntos (conformada por MIRA, el Partido de la U y Cambio
Radical).

168. Finalmente, allegó anexo, que contiene «los elementos probatorios
explicados, que dan cuanta del cumplimiento del elemento modal, configurado en
cada prueba aportada, información que también fue aportada en los alegatos de
conclusión de primera instancia, pero que no fueron valorados».

13.3. Coadyuvante

169. Carlos Mario Arango de la Pava, por medio de apoderado judicial, consideró
que el demandado transgredió la prohibición de doble militancia por apoyo.
Asimismo, quebrantó el acuerdo de coalición, suscrito entre Itagüí Somos Todos y
el Partido Conservador Colombiano.

170. Manifestó que el demandado ejerció actos positivos de apoyo a candidatos
al concejo municipal, de movimientos distintos al que pertenecía, esto es, al grupo
significativo de ciudadanos Itagüí Somos Todos.

171. Mencionó que Diego León Torres Sánchez confesó, en la contestación de la
demanda, haber apoyado a candidatos al Concejo Municipal de Itagüí, inscritos por
el Partido Conservador Colombiano, a pesar de que el aval fue otorgado por el grupo
significativo de ciudadanos Itagüí Somos Todos.

172. Se refirió a los presupuestos para la configuración de la conducta de doble
militancia, en la modalidad de apoyo, expuestos en la sentencia de 1 de julio de
2021, de la Sección Quinta del Consejo de Estado19, a saber, el sujeto activo,
conducta prohibitiva y elemento temporal.

173. Indicó que, en este caso, se acreditaron los elementos, subjetivo, objetivo,
temporal, territorial y modal, necesarios para incurrir en la prohibición de doble
militancia.

174. En cuanto al elemento modal, afirmó que el señor Diego León Torres
Sánchez fue candidato, inscrito por la coalición, conformada por el grupo
significativo de ciudadanos Itagüí Somos Todos (del cual recibió «el aval principal»)
y el Partido Conservador Colombiano, los cuales presentaron listas de aspirantes al
Concejo Municipal de Itagüí.

19
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 1 de julio de 2021. Radicado núm. 05001-23-
33-000-2020-00006-01. MP. Rocío Araújo Oñate.

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175. A pesar de ello, el demandado apoyó a los candidatos a dicha corporación,
inscritos por el Partido Conservador Colombiano, por lo que incurrió en doble
militancia, así como a los avalados por MAIS, AICO, partido liberal, conservador y
Gente en Movimiento.

176. Frente al elemento objetivo, expuso que, el video del enlace
«https://www.facebook.com/reel/1366067110685841?s=yWDuG2&fs=e&mibextid=
2JQ9oc», da cuenta de que la candidata al concejo, Shirley Natalia Ortiz Ossa, y el
demandado asistieron a reunión en la que cada uno solicitó votar por el otro.

177. Asimismo, que el demandado manifestó su apoyo al candidato Wilson
Saldarriaga, al indicar «[…] que mi amigo WILSON SALDARRIAGA sea concejal de
la ciudad y DIEGO TORRES sea alcalde juntos vamos a ganar […]», lo que se
demuestra en el video contenido en el enlace, https://fb.watch/pXsK28YzYX/.

178. Por su parte, hizo referencia al enlace,
«https://www.instagram.com/reel/CxTodvsuBAj/?utm_source=ig_web_copy_link&ig
sh=MzRlODBi NWFlZA==», en el que se observa que el demandado expresa su
apoyo al candidato Elkin Zuleta, al manifestar «(…) con la ayuda de dios y la ayuda
de ustedes vamos a ganar (…)», aunado a expresiones corporales entre ellos.

179. En conclusión, pidió revocar la sentencia de primera instancia, del Tribunal
Administrativo de Antioquia, y, entre otras, declarar la nulidad de la elección
acusada, al estar configurados, con total certeza, los presupuestos de la doble
militancia por apoyo.

13.4. Ministerio Público

180. No rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

181. De conformidad con los artículos 15020 y 152, numeral séptimo, literal a) 21
del CPACA, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo

20
«Artículo 150 <Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de
vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)”.
(Negrillas fuera del texto)
21
«Artículo 152 <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen
de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […]

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de Estado, esta corporación es competente para conocer de la apelación
interpuesta contra el fallo proferido en primera instancia por un tribunal
administrativo, por tanto, es la Sección Quinta, en este caso, quien debe resolver el
asunto porque se refiere a la sentencia que negó la nulidad del acto de elección del
alcalde del municipio de Itagüí, materia que es la especialidad de la Sala Electoral
(art. 13 del Reglamento).

2. Acto demandado

182. Se demanda la nulidad de la elección de Diego León Torres Sánchez, como
alcalde del municipio de Itagüí, periodo 2024-2027, formulario E-26 ALC del 4 de
noviembre de 2023, por incurrir en la causal de nulidad de doble militancia por
apoyo, contenida en el numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

3. Cuestión previa

183. Anterior a decidir el presente asunto, la Sala considera necesario
pronunciarse sobre lo advertido por la demandante y el coadyuvante, en sus escritos
de apelación, referente a que, en la sentencia de primera instancia no se tuvieron
en cuenta los alegatos de conclusión por ellos presentados.

184. Revisado el expediente, se advierte que, en el fallo de 4 de marzo de 2024,
en el acápite de alegatos de conclusión, el tribunal relató los presentados por la
RNEC y el concepto del Ministerio Público, e indicó «las demás partes e
intervinientes guardaron silencio».

185. No obstante, de acuerdo con los escritos presentados22, en primera instancia,
la demandante, el demandado, el coadyuvante y la RNEC, allegaron sus
alegaciones finales, dentro los diez (10) días, contados a partir del día siguiente a
la celebración de la audiencia de pruebas, donde se corrió traslado a los sujetos
procesales, para presentar sus conclusiones.

186. En ese sentido, se concluye que, en efecto, las partes e intervinientes sí
presentaron alegatos de conclusión, en primera instancia, los cuales se encuentran
descritos en los antecedentes de la presente providencia.

187. Ahora, si bien en el fallo de primera instancia no se relataron las referidas
alegaciones, lo cierto es que dicha situación, por sí sola, no vicia el trámite surtido,
pues no se omitió la etapa para alegar y en la sentencia se tuvieron en cuenta los
argumentos propuestos en dicha oportunidad.

7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
[…]
a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados
de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes
municipales y distritales, […].»
22
De acuerdo con el aplicativo SAMAI, índice 3.

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188. Aunado a ello, la demandante y el coadyuvante se limitaron a solicitar que
dichos pronunciamientos fueran tenidos en cuenta en segunda instancia.

189. Por lo que, esta Sala tendrá en cuenta la presentación de alegaciones por las
partes e intervinientes, en la presente providencia, las cuales, se reitera, fueron
presentadas en oportunidad.

4. Problema jurídico

190. Se debe resolver si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la decisión que
negó la nulidad del acto de elección de Diego León Torres Sánchez, como alcalde
de Itagüí, periodo 2024-2027, al no encontrar acreditados actos de apoyo del
demandado, frente a candidatos al concejo municipal, distintos del grupo
significativo que inscribió su candidatura, que configuren la causal de nulidad de
doble militancia.

191. Para resolver la anterior cuestión, la Sala analizará los siguientes temas: i)
de la doble militancia; ii) la modalidad de la doble militancia por apoyo; iii) los grupos
significativos de ciudadanos iv) caso concreto.

4.1. De la doble militancia

192. La prohibición de doble militancia fue establecida al interior del ordenamiento
jurídico, con el fin de imprimir seriedad y fortalecer las instituciones de las
agrupaciones políticas, para evitar que sus militantes desplegaran conductas
contrarias a los principios y lineamientos propios de cada uno de ellos.23

193. En tal sentido, en el artículo 107 de la Constitución Política de 1991, se
dispuso:

Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar
partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de
un partido o movimiento político con personería jurídica.

Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán
como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de
género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por
coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que
coincidan o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo
previsto en sus Estatutos y en la ley.

23
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 23 de junio de 2022, Rad. 70001-23-33-000-
2020-00004-03, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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28

Demandante: Sandra Milena Becerra Jaramillo
Demandado: Diego León Torres Sánchez, alcalde de
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Radicación: 05001-23-33-000-2023-01211-01

En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y
publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen
para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o
movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el
mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio […].

194. Posteriormente, con la Ley 1475 de 201124, se fijaron presupuestos taxativos
para poder estructurar dicha prohibición, para lo cual, en su artículo 2° se dispone:

Prohibición de doble militancia. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos
pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia
o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que
haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de
identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse
conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control,
dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en
cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a
los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los
candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o
movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la
investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o
movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses
antes del primer día de inscripciones.

Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en
cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos
o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de
estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la
nueva designación o ser inscritos cómo candidatos.

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de
conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la
revocatoria de la inscripción.

Parágrafo. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los
miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de
sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones
previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con
personería jurídica sin incurrir en doble militancia.

195. Ahora bien, en relación con la prohibición de doble militancia, esta Sala de lo
Electoral reiteró lo sostenido por la jurisprudencia, en sentencia del 10 de marzo de
202225, e indicó que existen 5 modalidades en las que esta se puede configurar, de
las cuales se destaca la que se propone en este asunto:

Mod. Sujeto Conducta Elemento temporal
1. Quienes ostenten Apoyar candidatos Desde el momento
cargos de dirección, distintos a los inscritos en el que la persona
24
«Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos
políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones.»
25
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 10 de marzo de 2022, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil radicado No. 76001-23-33-000-2019-01141-01.

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gobierno, por el partido o inscribe su
administración o control movimiento político al candidatura hasta el
o hayan sido o aspiren cual se encuentren día de las
ser elegidos en cargos o afiliados. elecciones.
corporaciones de
26
elección popular .

4.2. La modalidad de la doble militancia por apoyo

196. Como se expuso, la doble militancia se presenta en diferentes modalidades,
una de ellas, se configura cuando se apoya a un candidato distinto de la
organización política a la cual se pertenece, la cual el inciso 2° del artículo 2° de la
Ley 1475 del 2011, define en los siguientes términos:

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control,
dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en
cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos
a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren
afiliados […]. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

197. Respecto de los elementos para que se configure esta prohibición, esta
Sección ha establecido27:

En este contexto, se han identificado los siguientes elementos para su configuración:

a) Sujeto activo: los directivos de los partidos y los candidatos a cargos o curules en
corporaciones de elección popular.

b) Conducta prohibida: la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento, a través
de uno o varios actos positivos y concretos, a favor de un candidato inscrito por una
colectividad distinta a aquel al que se pertenece, salvo los casos en que el partido no
tenga aspirante para el mismo cargo o curul o cuando apoyo al candidato de otra
organización política obedezca a una instrucción del propio partido. Así mismo, se ha
precisado que la conducta prohibida se estructura sobre el apoyo ofrecido, pero no
se extiende al que recibe el candidato cuestionado.

c) Elemento temporal: durante la campaña política, que parte del momento de la
inscripción hasta el día de la elección.

198. De igual forma, esta Sala se ha pronunciado sobre la doble militancia cuando
el apoyo se da a favor de candidatos que son inscritos en la misma coalición y así
como lo ha dicho Corte Constitucional, ha considerado que se debe respaldar a
aquellos que hacen parte de la misma colectividad que los avaló y solo a falta de

26
Inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011. Y frente a los candidatos elegidos establece: «los
candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político,
deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden
presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a
la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones».
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 26 de
enero del 2023, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-28-000-2022-00196-00.

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estos, es posible ejercer lo propio respecto de aspirantes de las otras agrupaciones
que suscribieron el acuerdo:

(…) tanto la Corte Constitucional28 como esta Sala29 han perfilado la doble militancia,
tratándose de candidatos inscritos en coalición. En este ámbito, teniendo en cuenta
que cada partido coaligado otorga avales individuales a sus candidatos, se ha
considerado, de acuerdo con la finalidad de la prohibición, que deben favorecer, en
primer término, a los que pertenecen a su misma colectividad y solo a falta de
estos, es posible respaldar a alguno de los inscritos por las demás
organizaciones que suscriben el acuerdo, siempre que se les haya dejado en
libertad para hacerlo30 (Negrilla fuera de texto original).

4.3. Los grupos significativos de ciudadanos

199. La Constitución Política estableció la posibilidad de que a los partidos,
movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos se les reconozca
personería jurídica, siempre que obtengan «votación no inferior al tres por ciento
(3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de
Cámara de Representantes o Senado».

200. En consonancia con lo anterior, Ley 130 de 199431, si bien no definió el
concepto y alcances de los grupos significativos de ciudadanos, en su artículo 9
precisó que sí podrían postular candidatos, siempre que cumplan con ciertas
condiciones:

Artículo 9. Designación y postulación de candidatos. Los partidos y movimientos
políticos, con personería jurídica reconocida podrán postular candidatos a cualquier
cargo de elección popular sin requisito adicional alguno.

La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo
representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.

Las asociaciones de todo orden, que por decisión de su asamblea general resuelvan
constituirse en movimientos u organismos sociales, y los grupos de ciudadanos
equivalentes al menos al veinte por ciento del resultado de dividir el número de
ciudadanos aptos para votar entre el número de puestos por proveer, también
podrán postular candidatos. En ningún caso se exigirán más de cincuenta mil firmas
para permitir la inscripción de un candidato.

Los candidatos no inscritos por partidos o por movimientos políticos deberán otorgar
al momento de la inscripción una póliza de seriedad de la candidatura por la
cuantía que fije el Consejo Nacional Electoral, la cual no podrá exceder el
equivalente al uno por ciento del fondo que se constituya para financiar a los partidos
y movimientos en el año correspondiente. Esta garantía se hará efectiva si el

28
Corte Constitucional, sentencias SU-213 de 2022 y T-263 de 2022.
29
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1º de julio de 2021, Rad. 11001-03-28-000-
2020-00018-00, MP. Rocío Araújo Oñate. Auto de 27 de octubre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-
2022-00271-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 10 de
agosto del 2023. Rad. 11001-03-28-000-2022-00198-00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
31
«Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas
sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones».

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candidato o la lista de candidatos no obtiene al menos la votación requerida para tener
derecho a la reposición de los gastos de la campaña de acuerdo con lo previsto en el
artículo 13 de la presente ley. Estos candidatos deberán presentar para su inscripción
el número de firmas al que se refiere el inciso anterior.

201. Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia C-089 de 199432, al revisar
la constitucionalidad del, entonces, proyecto de la referida ley, definió el concepto y
propósito de los grupos significativos de ciudadanos, así:

El grupo significativo de ciudadanos, en cambio, es una manifestación política
coyuntural que recoge una voluntad popular cualitativamente importante. El
término significativo sólo puede ser sopesado en términos sociológicos y teniendo en
cuenta la importancia de la manifestación política del grupo dentro de unas
circunstancias específicas.

[…] La idea de incluir los grupos sociales significativos refleja esta intención de
proteger el derecho a la participación política, incluso en aquellos niveles en
los cuales su manifestación carece de una clara organización que le asegure su
institucionalidad y permanencia. (Negrillas fuera del texto).

202. Posteriormente, la misma corporación diferenció los partidos y movimientos
políticos y los grupos de ciudadanos, en los siguientes términos:

[…] [C]omo notas distintivas de los partidos políticos su vocación de permanencia, el
propósito declarado de acceder al poder y a los cargos de elección popular para influir
en las decisiones políticas y democráticas de la nación, y el propósito de ser
organizaciones que “simbolizan el pluralismo político, promueven y encauzan la
participación de los ciudadanos y contribuyen en la formación y manifestación de la
voluntad popular.”

Los movimientos políticos, por su parte, son asociaciones de ciudadanos constituidas
libremente que se proponen influir en la formación de la voluntad política y/o participar
en las elecciones. Los movimientos políticos comparten con los partidos políticos una
cualidad que los diferencia de las demás organizaciones avaladas por la
normatividad: la posibilidad de ostentar personería jurídica.

La característica esencial que identifica y asimila a los partidos políticos y a los
movimientos políticos, de acuerdo con los acercamientos conceptuales hechos por la
ley y por la sentencia de la Corte, es el rasgo de organización que ambos comparten.

No ocurre lo mismo con las demás agrupaciones a las que se refieren la
Constitución y la Ley Estatutaria. Las organizaciones sociales, los movimientos
sociales y los grupos significativos de ciudadanos, no tienen vocación de
permanencia desde el punto de vista del activismo político. Su propósito central
en el escenario público no es el de participar en la contienda electoral de
manera continua, sino el de obtener resultados concretos de orden social y/o
económico.
[…]

En síntesis, la diferencia que existe entre partidos, movimientos políticos y
grupos significativos de ciudadanos se encuentra en los fines fundantes de los
mismos, en cuanto son completamente diferentes entre sí; en el caso de los partidos
políticos estos buscan acceder al poder, a los cargos de elección popular e influir en

32
Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 3 de marzo de 1994. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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las decisiones políticas y democráticas de la Nación, mientras que los movimientos
políticos buscan influir en la formación de la voluntad política o participar en las
elecciones; por su parte los grupos significativos de ciudadanos recogen una
manifestación política coyuntural. 33

203. A su turno, la Ley 1475 de 201134, en su artículo 28, estableció, entre otras
cosas, los requisitos que deben cumplir los grupos significativos de ciudadanos:

Los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos serán inscritos por un
comité integrado por tres (3) ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la
correspondiente autoridad electoral cuando menos un (1) mes antes de la fecha
de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la
recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista. Los nombres de los
integrantes del Comité, así como la de los candidatos que postulen, deberán
figurar en el formulario de recolección de las firmas de apoyo. (Negrillas fuera de
texto original)

204. La Corte Constitucional35 determinó la exequibilidad de dichos requisitos, al
concluir que la Constitución Política prevé un régimen diferencial para el ejercicio
del derecho de postulación entre los partidos y movimientos con personería jurídica
y los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos.

En lo que se refiere al procedimiento establecido en la norma estatutaria para
la inscripción de candidatos postulados por grupos significativos de
ciudadanos, además del respaldo popular, acreditado mediante la recolección
de firmas de apoyo a la candidatura o lista, es preciso seguir un procedimiento
consistente en que: (i) la inscripción debe efectuarse por un comité conformado por
tres ciudadanos, el cual debe registrarse ante la autoridad electoral correspondiente;
(ii) este registro debe efectuarse cuando menos con un mes de antelación a la fecha
prevista para el cierre de la inscripción respectiva, y en todo caso, antes del proceso
de recolección de firmas; y (iii) los formularios de recolección de firmas deben
contener tanto las fotos de los integrantes del comité, como las de los candidatos a
inscribir, siendo del caso aclarar que se trata de unos requisitos exigibles a los grupos
significativos de ciudadanos que no hubieren obtenido la personería jurídica;
requisitos éstos que la Corte no encuentra desproporcionados o irrazonables,
comoquiera que están orientados a cumplir propósitos y finalidades legítimas
como la seriedad la inscripción, reemplazar el aval y el presupuesto de
representatividad establecido como requisito para los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica y rodear de seriedad y transparencia la
postulación sin que constituyan exigencias excesivas o desproporcionadas
que obstaculicen el ejercicio de los derechos políticos.

205. Por su parte, esta Sección ha reiterado que los grupos significativos de
ciudadanos no cuentan con las mismas prerrogativas de los partidos y movimientos
políticos, pues solo, en la medida que obtengan personería jurídica, contarán con
los mismos derechos y obligaciones que los primeros.

33
Corte Constitucional. Sentencia C- 955 de 6 de septiembre de 2001. MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
34
«Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos
políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones».
35
Corte Constitucional. Sentencia C-490 de 23 de junio 2011. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.

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En atención a la norma en cita, es claro que los grupos significativos de ciudadanos
contarán con los mismos derechos y obligaciones que los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica una vez adquieran ese atributo, de manera que, si
bien antes se le reconocen algunos derechos para permitir su participación en las
contiendas electorales, de estas agrupaciones no se puede predicar la aplicación de
todas las prerrogativas, como si contaran con esta cualidad.

Al respecto, esta Sección ha dicho «de la lectura del articulado de la mencionada ley
estatutaria que, cuando ha sido voluntad del legislador conceder facultades a los
grupos significativos de ciudadanos, lo hace de manera expresa»36, tal como se
evidencia del artículo 5 de la Ley 1475 de 2011, en el que se indica que pueden
acceder a mecanismos como la consulta, entre otros.37

206. En conclusión, queda claro que los GSC carecen de vocación de
permanencia y se conforman para inscribir candidatos, cumpliendo las exigencias
legales previstas y su vigencia se limita a participar en la respectiva contienda
electoral.

5. Caso concreto

207. La candidatura del demandado Diego León Torres Sánchez a la alcaldía de
Itagüí, Antioquia, fue inscrita por el grupo significativo de ciudadanos, Itagüí Somos
Todos.

208. Asimismo, dicho GSC celebró acuerdo de coalición con el Partido
Conservador Colombiano «con el propósito de apoyar la candidatura avalada por el
grupo significativo de ciudadanos, Itagüí Somos Todos a las elecciones de
autoridades locales que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre de 2023», de
Diego León Torres Sánchez.

209. En ese orden, es necesario precisar que, en principio, la prohibición de doble
militancia resulta aplicable a los grupos significativos de ciudadanos. Así lo concluyó
la Corte Constitucional, en sentencia C- 490 de 201138:

[…] [T]anto las agrupaciones políticas con personería jurídica como sin ella están
habilitadas para presentar candidatos a elecciones, las segundas supeditadas al
apoyo ciudadano a través de firmas, y siendo uno de los ámbitos de justificación
constitucional de la doble militancia la preservación del principio democrático
representativo, mediante la disciplina respecto de un programa político y un
direccionamiento ideológico, carecería de todo sentido que la restricción solo se
aplicara a una de las citadas clases de agrupación política.

36
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 21 de julio de 2016. Radicado núm. dentro del
expediente 05001-23-33-000-2015-02451-01. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Con
aclaración de voto de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
37
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 18 de abril de 2024. Radicado núm. 11001-03-
28-000-2023-00059-00. MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.
38
Corte Constitucional. Sentencia C-490 de 23 de junio de 2011. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.

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210. En el mismo sentido, se pronunció la Sección Quinta en sentencia de 11 de
octubre de 201839, al concluir que «se ha reconocido que los candidatos inscritos
por grupos significativos de ciudadanos también están incursos en las causales de
doble militancia, aunque respecto de aquellos aplica la excepción consagrada en el
parágrafo del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011».

211. Sin embargo, debe precisarse que, en dicha oportunidad, la Sala negó la
nulidad de la elección de una representante a la cámara que se inscribió a dicha
corporación por un partido político, pese a que, en las elecciones anteriores, había
sido elegida con la postulación de un grupo significativo de ciudadanos.

212. Al respecto, se concluyó que, dada la carencia de la vocación de
permanencia de estas organizaciones políticas, no le era posible a la demanda,
«renunciar dentro de los doce meses anteriores al primer día de las inscripciones
de la siguiente elección, a un grupo significativo de ciudadanos inexistente»,
pues el mismo desapareció, dado que no postuló candidatos para la siguiente
elección, por lo que debía aplicarse la excepción prevista en el parágrafo 2º de la
Ley 1475 del 2011.

213. En este punto, es necesario resaltar que, como ya se precisó, los grupos
significativos de ciudadanos tienen carácter coyuntural, pues son conformados sólo
con el objeto de postular candidaturas, en aras de garantizar la participación política
de quienes pretenden aspirar a cargos de elección popular, de forma independiente,
y no por partidos o movimientos políticos.

214. Es pertinente señalar que, recientemente, la Sección Quinta, en sentencia de
18 de abril de 202440, se pronunció sobre la finalidad de los grupos significativos de
ciudadanos y su carácter coyuntural y expuso:

[…] [L]a Sala ha dicho en varias oportunidades que como los grupos significativos
de ciudadanos tienen una finalidad coyuntural, no tienen vocación de
permanencia.

215. En ese sentido, contrario a los partidos y movimientos políticos, que tienen
como fines, el acceso al poder y a cargos de elección popular; influir en las
decisiones y voluntad política y participar en las elecciones, los grupos significativos
de ciudadanos, solo fueron previstos con la finalidad de postular candidatos a los
respectivos cargos de elección popular, para un determinado periodo electoral.

216. Esta Sección se ha pronunciado en similares términos, así:

De esta manera, los grupos significativos de ciudadanos se entienden como
manifestaciones políticas coyunturales que carecen tanto de vocación de

39
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 11 de octubre de 2018. Radicado núm. dentro
del expediente 11001-03-28-000-2018-00021-0. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
40
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 18 de abril de 2024. Radicado núm. 11001-03-
28-000-2023-00059-00. MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.

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permanencia como de un nivel de organización tal, que les permita asegurar
algún nivel de institucionalidad. De todas formas, estos grupos recogen una
voluntad popular cualitativamente importante, cuya finalidad puede ser la de
obtener resultados concretos sociales y/o económicos o simplemente
participar en un proceso electoral determinado.41

217. En ese orden, resulta claro que «la intención de la constituyente y la
normatividad reglamentaria de los grupos significativos fue consolidar
mediante mecanismos concretos la democracia participativa mediante la
ampliación de este principio constitucional no exclusivamente a los partidos y
movimientos con personería jurídica»42.

218. Asimismo, esta Sala de lo electoral se ha referido a los grupos significativos
de ciudadanos, como una herramienta para la participación política, esto es, inscribir
candidaturas, por medio de recolección de firmas y otros requisitos, lo que lo
diferencia de los partidos y movimientos con personería jurídica:

En efecto, la inscripción de candidaturas a cargos de elección popular tiene dos
grandes puntos de partida, por una parte, el aval que se permite solo a los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica e incluso constituye un elemento
diferenciador entre éstos y las demás colectividades, en las que se encuentran
los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales. Por otra,
los apoyos por firmas, posibilidad que se da como garantía de una mayor
participación democrática del conglomerado, pues se deja de lado la exigencia
de los requisitos y el engranaje propio de aquellos y se les permite inscribir
candidaturas bajo exigencias de determinado número de firmas válidas y la
constitución de una póliza de cumplimiento.

Lo anterior se concibe dentro del marco de un presupuesto sine qua non dentro de lo
que se puede calificar como requisito de la esencia en toda inscripción de
candidaturas, al punto que si no se cuenta con ninguna –aval o apoyo por firmas-
resulta imposible ser candidato y, en consecuencia, entrar a la competencia electoral
con la potencialidad de ser elegido.43

219. Así las cosas, la jurisprudencia de esta Sección ha sido enfática en
diferenciar los movimientos y partidos políticos de los grupos significativos de
ciudadanos, pues estos últimos se constituyen con el propósito de inscribir
candidatos, para lo que se requiere, principalmente, la recolección de un
determinado número de firmas válidas, como lo prevé el artículo 9 de la Ley 130 de
1994.

220. En este marco, la mencionada recolección de firmas, necesaria para inscribir
candidatos, a un cargo uninominal o a corporaciones públicas, tiene como único fin,

41
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 15 de julio de 2021. Radicado núm. 11001-03-
28-000-2019-00098-00, acumulado con 11001-03-28-000-2020-00019-00 y 11001-03-28-000-2020-
00020-00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
42
Ibidem.
43
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 15 de julio de 2021. Radicado núm. 11001-03-
28-000-2019-00098-00, acumulado con 11001-03-28-000-2020-00019-00 y 11001-03-28-000-2020-
00020-00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.

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el de postular la respectiva aspiración. Lo que significa que cada el grupo
significativo de ciudadanos que pretenda inscribir varias candidaturas (como
sucedió en este caso para la alcaldía y para el concejo de Itagüí) deberá recolectar
y aportar las respectivas firmas, adelantando procesos diferentes para cada
aspiración.

221. Así las cosas, cada aspiración electoral requiere de los apoyos legalmente
exigidos, pues, recordemos, que la finalidad de los GSC es coyuntural, sin
vocación de permanencia; es decir, con el único propósito de inscribir a la persona
o lista de personas a las cuales el conglomerado decidió apoyar, pero, se insiste, la
recolección de firmas y su inscripción requiere de procesos diferentes, lo que
equivale a afirmar que así compartan nombre, uno es el GSC que inscribe
candidatos para cargos uninominales y otro el que acuda a postular miembros a
corporaciones públicas.

222. En este orden, partiendo de la premisa que la prohibición de doble militancia,
en palabras de la Corte Constitucional, encuentra su «justificación constitucional
[en] la preservación del principio democrático representativo, mediante la disciplina
respecto de un programa político y un direccionamiento ideológico»44, para esta
Sala la modalidad de apoyo de esta prohibición no resulta aplicable para los GSC.

223. En efecto, el deber de lealtad y obediencia que reclama la doble militancia,
en la modalidad apoyo, resulta inexistente ante un grupo que tiene, como única
finalidad, la de apoyar a determinado candidato o lista de ellos, pues, de acuerdo
con lo expuesto, su existencia carece de vocación de permanencia, ante lo cual,
resulta necesario preguntarse ¿cómo se exige la disciplina «partidista» frente a
quien fue postulado gracias a la recolección de firmas?, acaso ¿ese apoyo lo vincula
respecto a otros candidatos que también fueron inscritos por un GSC que, a su vez,
procuró por conseguir las firmas necesarias para su respectiva inscripción?

224. Para esta Sala, la respuesta a los anteriores interrogantes debe despacharse
de manera negativa, pues, como ya se expuso, cada GSC, por más que puedan
compartir su nombre o denominación o incluso los integrantes del comité, no es
posible desconocer que se crearon con una única finalidad, que, en este preciso
caso, fue la de avalar la inscripción del demandado para la Alcaldía de Itagüí, para
el periodo 2024-2027. Sin que sea posible sostener que le debía lealtad al GSC que
se creó para inscribir la lista de aspirantes al concejo de esa misma municipalidad.

225. Nótese que la creación o configuración de los GSC no viene acompañada de
un programa político o ideológico propio, por el contrario, es la ciudadanía la que
decide, con su firma, apoyar las ideas o propuestas del potencial candidato.

226. Lo mismo ocurre con las personas que acuden a este mecanismo (GSC), en
procura de integrar una respectiva lista para ser candidatos de alguna corporación

44
Corte Constitucional. Sentencia C-490 de 23 de junio de 2011. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.

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37

Demandante: Sandra Milena Becerra Jaramillo
Demandado: Diego León Torres Sánchez, alcalde de
Itagüí, Antioquia, periodo 2024-2027
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01211-01

pública, en este escenario no existe identidad entre las candidaturas, por ejemplo,
a la alcaldía y al concejo, así el grupo guarde identidad en su denominación, de la
cual se deba desprender alguna lealtad «partidista», pues se reitera, sus
candidaturas son completamente diferentes. Lo anterior, teniendo en cuenta que
no hay pertenencia de dichos aspirantes a un partido o movimiento político.

227. Entonces, como en este caso, el demandado fue inscrito, mediante firmas,
los ciudadanos que manifestaron su apoyo, a través de ellas, lo hicieron,
específicamente, para su aspiración y no para la postulación de candidatos a otros
cargos o a corporaciones públicas.

228. Ello es así, teniendo en cuenta que la lealtad partidista que fundamenta la
prohibición de la doble militancia por apoyo, solo es exigible, respecto de quienes
pertenecen a los partidos y movimientos políticos, como lo dijo esta Sala, en
sentencia de 4 de mayo de 202345:

Sumado a lo anterior, conviene destacar que la Corte Constitucional46 fue clara en
señalar que como destinatarios de la prohibición de doble militancia, se encuentran,
entre otros, los integrantes de partidos y movimientos políticos y afirmó que los
mismos «están vinculados jurídicamente tanto con la totalidad de las normas
estatutarias del partido, como con los preceptos constitucionales y legales que
establecen las distintas esferas de la disciplina de partidos, en especial el régimen de
bancadas, aplicables a los integrantes de corporaciones públicas».

229. Incluso, la Corte Constitucional en la sentencia C-303 de 2010, indicó que
«la prohibición de doble militancia y del transfuguismo político constituyen
herramientas de primera línea para la consecución del fin constitucional de
fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, basado en el aumento
del estándar de disciplina de sus miembros e integrantes».

230. Aunado a ello, la Sección Quinta, en consonancia con el tribunal
constitucional, atribuyó la prohibición de doble militancia a los integrantes de los
partidos políticos:

«[P]uesto que (i) una concepción diferente configuraría una interdicción
desproporcionada al derecho político al voto libre; y (ii) son esos integrantes,
en virtud del régimen jurídico que les es aplicable, quienes tienen un deber más
específico y de mayor peso en lo que refiere a la disciplina de partido. Ello en el
entendido que la vinculación con los objetivos programáticos, principios ideológicos y
decisiones políticas internas democráticamente adoptadas, tiene una mayor
vinculación para los servidores elegidos como parte de listas avaladas por partidos y
movimientos políticos que se definen –y obtienen respaldo electoral entre los
ciudadanos-, en razón de su adscripción a tales parámetros47. (Negrillas fuera de
texto)

45
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 4 de mayo de 2023. Radicado núm. 11001-03-
28-000-2022-00193-00 acumulado. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
46
Corte Constitucional. Sentencia C-303 de 28 de abril de 2010.MP. Luis Ernesto Vargas Silva
47
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 4 de mayo de 2023. Radicado núm. 11001-03-
28-000-2022-00193-00 acumulado. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Demandante: Sandra Milena Becerra Jaramillo
Demandado: Diego León Torres Sánchez, alcalde de
Itagüí, Antioquia, periodo 2024-2027
Radicación: 05001-23-33-000-2023-01211-01

231. Sin embargo, no pasa lo mismo con los grupos significativos de ciudadanos,
los cuales, si bien se constituyen como una forma típica de participación política,
tienen carácter ocasional, y su grupo de electores se concreta, únicamente, al
momento de solicitar la inscripción de determinada candidatura, para un proceso
electoral específico.

232. Asimismo, no hay restricciones constitucionales o legales, frente a los
ciudadanos que manifiesten su apoyo, a grupos significativos, a través de sus
firmas, por ejemplo, frente a la circunscripción a la que pertenecen, o si pueden
apoyar distintas candidaturas en un mismo proceso electoral. Lo cual significa que,
en la mayoría de los casos, estos grupos de ciudadanos carecen de una estructura
u organización delimitada, con excepción de su comité.

233. En sentencia de 14 de agosto de 200948, esta Sección, frente los grupos
significativos de ciudadanos concluyó que, en los mismos:

[N]o existe un pacto previo de asociarse y mucho menos que ese grupo ha obtenido
el reconocimiento de su personería jurídica, puesto que lo imperante en los mismos
es el acompañamiento espontáneo pero razonado de una candidatura por las
personas que sienten cierta afinidad ideológica o política con los proyectos de
quien pone su nombre a consideración de los ciudadanos aptos para votar. Es
cierto que se requiere un grupo de promotores, pero ellos no existen como una
entidad jurídica distinta de las personas que lo integran, pues se trata de
quienes atienden la logística de la recolección de firmas y están atentas al
recaudo del número mínimo de firmas requeridas para inscribir una
candidatura.

234. Dicho esto, en lo relativo a la conducta de doble militancia, modalidad apoyo,
sobre la que versa este asunto, el inciso segundo del artículo 2 de la Ley 1475 de
2011 prohíbe que «quienes […] hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o
corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los
inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados.

235. Se colige de lo anterior, que es necesario que el sujeto activo de la prohibición
de doble militancia, en modalidad apoyo, se hubiera inscrito o avalado por un partido
o movimiento político, por lo que no es posible su aplicación sobre los candidatos
elegidos, gracias al apoyo de determinado grupo significativo de ciudadanos, en
cuanto, en este caso, no hay afiliación o militancia, dada la naturaleza de dichas
organizaciones políticas, y mucho menos lealtad «partidista», pues, se recuerda,
carece de vocación de permanencia.

236. Con base en lo anterior, esta Sala advierte que, tratándose de grupos
significativos de ciudadanos, la prohibición de doble militancia, en la modalidad
apoyo, no es aplicable, comoquiera que el sujeto activo de la conducta debe estar

48
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 14 de agosto de 2009. Radicado núm. 44001-
23-31-003-2008-00007-01 MP. María Nohemí Hernández Pinzón.

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Demandante: Sandra Milena Becerra Jaramillo
Demandado: Diego León Torres Sánchez, alcalde de
Itagüí, Antioquia, periodo 2024-2027
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afiliado a un movimiento o partido político, disposición que encuentra su fundamento
en que, en este tipo de colectividades, sí es posible exigir lealtad y disciplina frente
a determinado programa político o ideológico, a los cuales busca proteger la causal
de nulidad a la que refiere el artículo 275.8 del CPACA.

237. Sumado a lo anterior, no puede la Sala desconocer el carácter restrictivo,
dada su limitación de los derechos políticos, de la prohibición de doble militancia,
en la modalidad apoyo, y con ello, dar un amplio alcance al contenido del inciso 2
del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, para concluir que resulta aplicable también a
los candidatos inscritos por un grupo significativo de ciudadanos, pues dicha norma
solo alude a partidos y movimientos políticos y exige la afiliación del respectivo
candidato.

238. Ahora bien, se reitera, que esta misma Sección, para efectos de la
configuración de otros eventos de doble militancia, como el contenido en la segunda
parte del inciso 2, artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, ha señalado su aplicación,
cuando los candidatos elegidos se hubieran inscrito por un partido o movimiento
político y se presenten a la siguiente elección por uno distinto o a través de un grupo
significativo de ciudadanos.

239. Pues bien, se trata de una situación distinta, a la acá analizada, que no
requiere de la filiación política del destinatario de la prohibición, a un partido o
movimiento político, sino que, implica haberse inscrito a un cargo o corporación
pública, quedar elegido y presentarse a una nueva elección por una organización
política distinta, sin renunciar con los doce meses de anticipación, previstos en la
ley.

240. Así las cosas, por lo expuesto en párrafos precedentes, concluye esta Sala,
que no están dados los presupuestos para la configuración de la doble militancia,
en la modalidad apoyo, dado que Diego León Torres Sánchez fue inscrito por el
grupo significativo de ciudadanos Itagüí Somos Todos, como candidato a la alcaldía
del municipio, colectividad no enunciada en inciso 2 del artículo 2 de la Ley 1475 de
2011, y a la cual no es dable exigir la disciplina y lealtad que sí deben atender los
afiliados a partidos y movimientos políticos.

241. En ese orden, está acreditado que no se cumple con el primer presupuesto
para la configuración de la conducta de doble militancia, esto es, el sujeto activo, lo
que hace inocuo el estudio de los demás requisitos de esta prohibición y, en
consecuencia, es lo procedente confirmar la negativa de las pretensiones de la
demanda.

6. Conclusión

242. Dado que Diego León Torres Sánchez fue postulado, como candidato a la
Alcaldía de Itagüí, por el grupo significativo de ciudadanos, Itagüí Somos Todos, al
no estar afiliado a un partido o movimiento político, no es sujeto de la prohibición y,

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Demandante: Sandra Milena Becerra Jaramillo
Demandado: Diego León Torres Sánchez, alcalde de
Itagüí, Antioquia, periodo 2024-2027
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por consiguiente, la Sala no encuentra configurada la conducta de doble militancia
por apoyo.

243. En consecuencia, al no incurrir el demandado en la causal de nulidad
electoral, contenida en numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, la Sala
confirmará el numeral primero de la sentencia de 4 de marzo de 2024, del Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó la nulidad de la elección del accionado, como
alcalde del municipio de Itagüí, pero por las razones expuestas en la presente
providencia.

FALLA:

PRIMERO: Confirmar la sentencia de 4 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, que negó la nulidad de la
elección de Diego León Torres Sánchez, como alcalde Itagüí, periodo 2024-2027,
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Salva voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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