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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03335-01

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03335-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 2 de agosto de 2024, proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en cuanto DECLARÓ IMPROCEDENTE la acción de tutela, pero por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03335-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

26 de septiembre de 2024

Demandante: Esmeralda Ramírez Hinestroza
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03335-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C, veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03335-01
Demandante: ESMERALDA RAMÍREZ HINESTROZA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Condena en costas.
Improcedencia por falta de relevancia constitucional. Asunto
netamente económico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la señora Esmeralda Ramírez
Hinestroza contra la sentencia de 2 de agosto 2024, por medio de la cual la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró
improcedente el mecanismo constitucional.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Esmeralda Ramírez Hinestroza mediante apoderada judicial, radicó el
28 de junio de 2024 la presente acción de tutela, en la que solicitó el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia y al principio de gratuidad.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas por parte
del Tribunal Administrativo de Antioquia con ocasión de la sentencia de 7 de junio
de 2024, por medio de la cual revocó la providencia dictada por el Juzgado 19
Administrativo Oral de Medellín, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado bajo el radicado 05001-33-33-019-
2022-00243-00/01.

1
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Demandante: Esmeralda Ramírez Hinestroza
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03335-01

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

La señora Esmeralda Ramírez Hinestroza presentó demanda dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) y el Distrito de
Ciencia y Tecnologías e Innovación de Medellín, con el fin de que se le
reconociera y pagara la sanción moratoria que establece la Ley 50 de 1990 y la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías.

El conocimiento de la demanda contencioso-administrativa le correspondió al
Juzgado 19 Administrativo Oral de Medellín, autoridad judicial que mediante
sentencia de 29 de noviembre de 2022 resolvió acceder parcialmente a las
pretensiones del medio de control y no condenó en costas a ninguno de los
extremos procesales al considerar que «hecha la revisión en el presente caso,
se encuentra que la parte demandada fundamentó jurídicamente su defensa, por
tanto, no hay lugar a imponerle costas procesales».

Contra la anterior decisión, las partes interpusieron recurso de apelación, el cual
fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia de 7 de
junio de 2024 en el sentido de revocar la decisión del a quo, para en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas en ambas instancias
a la parte demandante obedeciendo al criterio objetivo valorativo1.

1.3. Peticiones del amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

Solicito que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD, y conforme
a esto se REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia emitida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA
MAGISTRADO PONENTE MARTA CECILIA MADRID ROLDAN radicado:
050013333002520220024301 el numeral segundo donde no condena en
costas en segunda instancia.2

1 La autoridad judicial trajo como cita la sentencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Consejero Ponente: William Hernández
Gómez. Sentencia del veintiuno (21) de enero de 2021. Referencia: Nulidad y Restablecimiento
del Derecho. Radicación: 25000-23-42-000-2013-04941-01 (3806-2016).
2 Transcripción original del texto, por lo que puede contener errores.

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1.4. Fundamento de la solicitud

El accionante, manifestó que se le vulneró el derecho al debido proceso con
relación a la condena en costas. Sobre este punto, manifestó que no aparecen
probados gastos judiciales, al ser un asunto de puro derecho y «tampoco
aparece probada la temeridad o mala fe».

A su vez, señaló que la autoridad judicial desconoció la transición jurisprudencial
relativa al tema de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, por lo que «en
igual sentido la sentencia de unificación si bien es cierto es negativa para
nuestras pretensiones también menciona la NO CONDENA EN COSTAS».

Por último, resaltó que la Ley 1437 de 2011 en el artículo 188 no impuso una
obligación perentoria de imponer condena en costas, por lo que en el sub
examine lo que debe prevalecer es el derecho al acceso a la administración de
justicia.

1.5. Trámite de la acción

El 3 de julio de 2024, el ponente de la decisión de primera instancia admitió la
acción y ordenó la notificación de la parte actora, como autoridad accionada al
Tribunal Administrativo de Antioquia, y al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – Fomag, al Ministerio de Educación, al Juzgado 19
Administrativo Oral de Medellín, y al municipio de Medellín, como terceros con
interés.

Además, el funcionario instructor de primer grado también solicitó al Juzgado 19
Administrativo Oral de Medellín, para que remitiera a través de medio magnético,
la copia del expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 05001-33-33-025-2022-00243-00/01.

1.6. Intervenciones

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:

1.6.1. Ministerio de Educación

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad señaló que la inconformidad
del accionante es improcedente, porque no cumple con el requisito de la
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relevancia constitucional, toda vez que la sentencia T-470 de 1998 manifestó
que las controversias por elementos puramente económicos exceden el campo
propio de la acción de tutela.

De igual manera, manifestó que no se evidencia violación alguna a los derechos
del accionante que llevarán al juez de «a examinar de manera rigurosa el caso
para no desvirtuar los principios de autonomía funcional de la jurisdicción y de la
cosa juzgada».

1.6.2. Fiduprevisora S.A.

Mediante la coordinadora de tutelas, solicitó declarar improcedente la solicitud,
bajo los siguientes argumentos:

Explicó que no se cumplen con los requisitos para presentar una tutela contra
providencia judicial a la luz de la sentencia SU128 de 2021, porque lo que
pretende la parte actora es reabrir un debate legal.

Además de ello, señaló que la autoridad judicial ajustó su falla a las reglas
procesales establecidas en el artículo 365 del CGP, por el que dispone «que en
los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia sobre la
condena en costas, se condenará a la parte vencida en el proceso».

1.6.3. Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

La apoderada del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín solicitó que se desestimara la petición de amparo al carecer de
relevancia constitucional por tratarse de un asunto meramente legal y
económico, «como lo son las costas procesales, que aunado a lo anterior
devienen del principio de autonomía judicial».

Finalmente, explicó que no había vulneración al debido proceso por parte del
Tribunal Administrativo de Antioquia, toda vez que su actuación se encuentra
enmarcada en la ley y la jurisprudencia.

1.7. Fallo Impugnado

Mediante sentencia de 2 de agosto de 2024, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado, por
el incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

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En primer lugar, manifestó que el accionante no hizo referencia explícita a las
razones por las cuales se configuró alguno de los defectos previstos como
causales específicas de procedencia de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales, por lo que consideró que era una «falencia que el juez
constitucional no puede entrar a suplir».

Por lo tanto, respecto al requisito del agotamiento de todos los medios de
defensa judicial, estableció que en el recurso de apelación que la accionante
presentó en contra del fallo del a quo del proceso ordinario, no se cuestionó lo
relacionado a la condena en costas , además de que, «en todo caso, cuenta con
la oportunidad de controvertir la futura liquidación de costas, de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 366 del Código General del Proceso, de
manera que, al no evidenciarse la configuración de un perjuicio irremediable».

1.8. Impugnación

La parte accionante solicitó revocar el fallo de primera instancia, bajo los mismos
argumentos expuestos en la solicitud de amparo.

Señaló que, el Consejo de Estado tiene una posición definida respecto a la
condena en costas, en donde el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no impuso
una obligación perentoria, «pues la obligación que de allí se desprende es la de
emitir un pronunciamiento al respecto, de manera que, conforme a la valoración
del discurrir del debate procesal resulta válido prescindir de la imposición de
condena en costas acorde con los derechos fundamentales establecidos en la
carta política donde prevalece el acceso a la administración de justicia».

Por último, reiteró que el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-
administrativa en materia donde se debatan derechos laborales tiene una
postura en la que «se tiene que atender la posición de los sujetos procesales,
que para el caso bajo examen se trata de un docente adscrito al magisterio, parte
débil dentro de la relación laboral entre el Estado y el servidor público, que lo
único que pretendió fue una mejora de sus condiciones laborales, actuando
siempre con la confianza legítima».

1.9. Otras actuaciones

El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo a la Sala, no obstante, la
magistrada Gloria María Gómez Montoya manifestó estar impedida para conocer
del asunto de la referencia con fundamentos en la causal establecida en el
numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

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ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de
impedimento:

[…]
5. Que exista amistad íntima enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.

La razón de ello, la sustentó en que la sentencia de 7 de junio de 2024, contra la
cual se interpone esta tutela, fue suscrita por la magistrada Martha Cecilia Madrid
Roldán con quien sostiene «una relación de amistad íntima y entrañable».

Al respecto, la Sala conformada por los consejeros Luis Alberto Álvarez Parra,
Pedro Pablo Vanegas Gil y Omar Joaquín Barreto Suárez, profirió el auto 26 de
septiembre de 2024 a partir del cual se declaró infundada la referida
manifestación, con fundamento en que no se acreditó la configuración de la
causal invocada al considerar que quien adoptó la decisión de segunda instancia
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 05001-33-33-019-
2022-00243-00/01 fue el Tribunal Administrativo de Antioquia, corporación que
actuó como cuerpo colegiado y no la magistrada Martha Cecilia Madrid Roldán.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
accionante contra la sentencia de 2 de agosto de 2024, de conformidad con el
Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2 Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 2 de agosto de 2024, a través de la cual la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la acción de tutela.

Para el efecto, se abordará el estudio del caso así: (i) la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva,
de superarse y (iii) el caso en concreto.

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2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20123
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema4.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de
la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales5.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados
hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

2.4.1. Relevancia Constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022,
en cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito,
así:

3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.
5 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia».
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].

Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 20147, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración
de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una
vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque
estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la
tutela no puede convertirse en una tercera instancia8.

Sobre el particular, se considera, que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En primera medida, se advierte que el extremo activo planteó la controversia bajo
una cuestión de interpretación legal, por cuanto considera que el Tribunal

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de

septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil.
8 Énfasis de la Sala.

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Administrativo de Antioquia vulneró sus derechos fundamentales al revocar el
fallo de primera instancia, para en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda y se le condenó en costas dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
y el municipio de Medellín.

Por lo que, haciendo una revisión integral del escrito de amparo, se establece
que la tutelante parte de su inconformidad la decisión que el Tribunal
Administrativo de Antioquia tomó respecto a la condena en costas, toda vez que
considera que «en el presente proceso no aparecen probados gastos judicial
sufragados por la entidad demandada por tratarse de un asunto de puro derecho
y tampoco parece probada la temeridad o mala fe».

Así pues, se advierte que la accionante pretende zanjar una discusión de
carácter netamente económico9 y legal, utilizando argumentos encaminados
a replantear una discusión que fue adversa a sus intereses y en procura de una
decisión que resulte favorable, convirtiendo el presente mecanismo
constitucional en una instancia adicional lo que conlleva necesariamente a
concluir que el asunto no supera el requisito de la relevancia constitucional.

Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales
le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita
de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la
parte actora dentro del trámite de tutela.

Así las cosas, se considera que en el presente asunto no se acreditaron los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar
superado este presupuesto, en atención a que no se justificó la presencia de una
posible trasgresión de las garantías constitucionales del tutelante.

De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la
controversia planteada por el accionante, la Sala advierte que esta no se
encuentra ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional,
máxime cuando el escrito de amparo no presenta la configuración del algún yerro

9 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 9 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-

15-00-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (iii) sentencia de
28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra.
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o arbitrariedad que hubiese incurrido la autoridad judicial la proferir la sentencia
cuestionada.

En este sentido, para esta Sección, resulta claro que este asunto se circunscribe
a una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es
«de competencia exclusiva del juez ordinario»10 y por ello, al funcionario
constitucional no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.

2.5. Conclusión

Así las cosas, la Sala confirmará la improcedencia de la acción de tutela, pero
por las razones analizadas en precedencia, toda vez que el reclamo bajo análisis
carece de relevancia constitucional por tratarse de un asunto netamente
económico y legal.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 2 de agosto de 2024, proferido por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en cuanto
DECLARÓ IMPROCEDENTE la acción de tutela, pero por las razones expuestas
en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

10 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-

573 de 2017 y C-590 de 2005.
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

11
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