Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03365-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03365-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-03365-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
4 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03365-01
Solicitante: LEYDY PAOLA MURILLO ORDÓÑEZ Y OTROS
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-Los argumentos de la solicitud carecen de carga argumentativa en cuanto a la vulneración
de derechos fundamentales
La Sala decide la impugnación interpuesta por los solicitantes contra el fallo proferido
el 25 de julio de 2024 por el Consejo de Estado-Sección Quinta, que declaró
improcedente la acción de tutela.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 2 de julio de 2024, Leydy Paola Murillo Ordóñez, Michel Fabián Angulo Murillo,
María Marleny Valencia Lugo, Leider Angulo Valencia, Jenny Angulo Valencia y
Gelen Angulo Valencia, interpusieron acción de tutela con el fin de obtener la
protección a sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la tutela
judicial efectiva y a la indemnización de víctimas de violaciones graves a los
Derechos Humanos, que alegaron vulnerados por el Tribunal Administrativo del
Cauca y el Juzgado Primero Administrativo de Popayán al proferir las sentencias del
14 de marzo de 2024 y 22 de junio de 2021, respectivamente, en el marco del
proceso de reparación directa1 que interpusieron contra la Nación-Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional.
1
Identificado con rad. n°. 19001-33-33-001-2019-00133-00/01
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-03365-00
Solicitante: Leydi Paola Murillo Ordóñez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
En virtud del amparo solicitaron tutelar los derechos fundamentales alegados y, en
consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo del Cauca que profiera una nueva
sentencia conforme a las pretensiones de la demanda.
2. Hechos relevantes
El 17 de junio de 2019, la señora Leydi Paola Murillo Ordoñez y otros interpusieron
la demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional para reclamar los perjuicios derivados por la muerte de Yeferson Angulo
Valencia, junto con tres personas más, el día 4 de agosto de 2006, en las
inmediaciones de la finca Abisinia de la Vereda Tierra Dura, ubicada en el municipio
de Miranda-Cauca, por tropas del Gaula Militar del Ejército Nacional que se
encontraban en una operación militar antiextorsión y lo hicieron pasar por insurgente
y extorsionista de las FARC.
En audiencia inicial 22 de junio de 2021, el Juzgado Primero Administrativo de
Popayán profirió sentencia en la que declaró probada la excepción de caducidad del
medio de control de reparación directa y, en consecuencia, negó las pretensiones de
la demanda.
Consideró que conforme al artículo 136.8 del Decreto 01 de 1984 -norma vigente
para la época de los hechos- y la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020,
el término preclusivo se contabilizó desde la fecha del deceso del señor Angulo, esto
es el 4 de agosto de 2006, en atención a que, según los hechos de la demanda, los
accionantes conocían de la posible participación del Estado en la muerte. Además,
que no se demostró situación alguna que impidiera a los demandantes acceder a la
jurisdicción dentro del término de ley y que implicara una ampliación del plazo de 2
años.
Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación al
considerar que el término de caducidad no es aplicable en asuntos que discutan la
violación de derechos humanos como es su caso. Además, que tampoco le es
aplicable la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020,
3
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-03365-00
Solicitante: Leydi Paola Murillo Ordóñez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
pues el proceso inició en vigencia del anterior criterio jurisprudencial según el cual el
término de caducidad quedaba atado a la decisión final dentro del proceso penal. El
14 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo del Cauca confirmó la decisión de
primera instancia.
3. Fundamentos de la solicitud
Los solicitantes adujeron que las providencias reprochadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados, pues incurrieron en los defectos procedimental absoluto,
fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte
Suprema de Justicia.
Consideraron que, las autoridades judiciales no realizaron el control de
convencionalidad y no analizaron el material probatorio allegado al proceso frente a
la gravedad de los delitos de lesa humanidad de los que fueron víctimas directas,
pues adujeron que la fecha en que conocieron de la participación del Estado fue el
día de la muerte de Yeferson Valencia Angulo, sin tener en cuenta que
posteriormente la justicia penal militar fue quien dictaminó la participación de
miembros del Ejército en los hechos.
Sostuvieron que en un fallo de tutela de un caso similar al suyo, la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, rad. nº. 11001031500020240011301,
señaló que «…teniendo en cuenta que la sentencia de unificación de la Sección
Tercera no moduló sus efectos, se entiende que opera hacia el futuro, por lo que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca debió dar aplicación a la jurisprudencia
vigente para el momento de la interposición de la demanda…».
Por último, indicaron que se vulneró su derecho a la igualdad porque la sentencia del
13 de febrero de 2020 que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Tercera-Subsección A dentro del proceso de reparación directa, rad. nº. 11001-33-
36-036-2013-00248-00, mediante el cual Ivonne Maritza Escobar Gómez y otros
interpusieron contra la Nación-Ministerio de Defensa Ejército Nacional, fue favorable
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-03365-00
Solicitante: Leydi Paola Murillo Ordóñez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
a las pretensiones de los demandantes, pues no se aplicó la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020, sino la Convención Americana de Derechos Humanos.
4. Trámite de primera instancia
El 8 de julio de 2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a las
autoridades judiciales accionadas, así como a la Nación-Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional y a las demás partes, personas y/o entidades que hayan participado
en el proceso ordinario con radicado 19001-33-33-001- 2019-00133-00/01, como
terceros interesados en el resultado de esta acción
En el escrito de contestación, el Juez primero Administrativo de Popayán al
oponerse al amparo adujo que la tutela es improcedente, pues el fallo reprochado se
profirió conforme a las normas aplicables y según el criterio jurisprudencial vigente.
La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional sostuvo que no se vulneraron los
derechos fundamentales alegados por los accionantes, pues los argumentos
planteados en el trámite de tutela ya habían sido objeto de estudio durante el trámite
del proceso ordinario.
La Secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca, remitió el enlace virtual de
acceso al expediente ordinario.
Mediante sentencia de 25 de julio de 2024 el Consejo de Estado, Sección Quinta
declaró improcedente la acción de tutela porque no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, en la medida que los accionantes no expusieron con
suficiencia los motivos de su inconformidad.
La parte accionante impugnó la decisión, sin embargo no argumentó las razones de
su inconformidad. El 12 de agosto de 2024 se concedió la impugnación.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-03365-00
Solicitante: Leydi Paola Murillo Ordóñez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
CONSIDERACIONES
5. Cuestión previa
Aunque la parte accionante interpuso la solicitud contra el Tribunal Administrativo del
Cauca y el y el Juzgado Primero Administrativo de Popayán, esta Sala solo analizará
la sentencia del 14 de marzo de 2024, proferido por el Tribunal accionado, en tanto
fue la providencia que puso fin al proceso ordinario.
6. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 25 de julio de 2024 proferida por el Consejo de Estado-Sección Quinta-
que declaró improcedente la acción de tutela.
7. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la C. Pol y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-LEAJ. La
Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de primera instancia
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo
n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que ésta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
2
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-03365-00
Solicitante: Leydi Paola Murillo Ordóñez
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con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
3
Ibidem.
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-03365-00
Solicitante: Leydi Paola Murillo Ordóñez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales;
a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto
La sentencia reprochada confirmó la decisión del a quo que declaró la caducidad del
medio de control de reparación directa que Leydi Paola Murillo Ordóñez y otros
interpusieron contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por la muerte
de Yeferson Angulo Valencia perpetrada por miembros del Ejército, que lo hicieron
pasar como insurgente y extorsionista de las FARC.
La autoridad judicial estimó que conforme a la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020 el término de caducidad de la acción de reparación directa frente a
delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra se debe aplicar desde el momento
en que el afectado tiene conocimiento que el Estado estuvo implicado en la acción u
omisión que causó el daño y que este le resultaba imputable. Asimismo, estimó que
se eximen de esa carga cuando se presentan situaciones que les hubieren impedido
materialmente impetrar la acción, sin embargo, una vez superadas, empieza a correr
el término de caducidad de 2 años.
En virtud de lo anterior, sostuvo que conforme al material probatorio allegado al
proceso, adujo que los accionantes tuvieron conocimiento de los hechos desde el 4
de agosto de 2006, día en que ocurrió el homicidio del señor Yeferson Angulo
Valencia, que según se relata en la demanda era atribuible a miembros del Ejército
Nacional, por ello, estimó que los demandantes conocieron de la participación por
acción u omisión del Estado y de la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial. En consecuencia, los demandantes contaban con dos años, a partir del
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-03365-00
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4 de agosto de 2006 -fecha de conocimiento del hecho- para demandar, esto es,
hasta el 5 de agosto de 2008.
La autoridad advirtió que, si bien Leydi Paola Murillo Ordóñez y su hijo agotaron el
requisito de conciliación extra judicial el 26 de septiembre de 2008 ante la
Procuraduría Judicial II Administrativa de Popayán, a pesar de que no se cuenta con
la prueba de la fecha en que se elevó la solicitud, conforme a lo establecido en los
artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 y el artículo 3º del Decreto 1716 de 2009, la
suspensión del término de caducidad por el trámite de la conciliación prejudicial no
puede prorrogarse más allá de 3 meses. Por ello, teniendo en cuenta que entre la
ocurrencia de los hechos y la presentación de la demanda -17 de junio de 2019-
pasaron más de 12 años, aun en el evento de haberse presentado solicitud de
conciliación prejudicial, esta no suspendía el término de caducidad más allá de los 3
meses mencionados, por lo que resulta clara la falta de oportunidad para el ejercicio
del medio de control.
En relación con los demás demandantes la solicitud de conciliación se radicó el 22
de abril de 2019 ante la Procuraduría 183 Judicial I para asuntos administrativos,
cuando ya se había configurado el fenómeno de la caducidad.
Ahora bien, respecto al argumento planteado por los actores, según el cual no les es
aplicable la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020
porque el proceso inició en vigencia del anterior criterio jurisprudencial y quedaba
atado a la terminación del proceso penal, la autoridad judicial consideró que este no
estaba llamado a prosperar pues los efectos de las sentencias de unificación en el
tiempo, que contienen cambios jurisprudenciales, tienen efectos retrospectivos y son
de obligatorio cumplimiento por los operadores jurídicos y las partes involucradas en
un proceso en curso, aun si incorporan modificaciones importantes en la
comprensión de un determinado problema jurídico.
Asimismo, los accionantes plantearon que no podía entenderse que tuvieron
conocimiento de la participación del Estado el día de la muerte de Yeferson Angulo
Valencia; sin embargo el cuerpo colegiado convocado consideró que no obraba
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-03365-00
Solicitante: Leydi Paola Murillo Ordóñez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
prueba dentro del expediente ordinario que demostrara que conocieron de los
hechos en fecha posterior a la ocurrencia, ya que conforme al artículo 167 del CGP
corresponde a las partes comprobar el supuesto de hecho que alegan, por tanto, la
carga de la prueba no puede ser suplida por el juez, pues únicamente está facultado
para decretar pruebas de oficio con el objeto de esclarecer los hechos objeto de
controversia, más no para sustituir las obligaciones probatorias de las partes. En
consecuencia, el juez tomó como fecha de conocimiento de los accionantes, la de
ocurrencia del hecho.
Por último, la Sala del tribunal advirtió que, contrario a lo afirmado por los
accionantes, la sentencia se dictó en aplicación de las sentencias de unificación de
la Corte Constitucional SU-254 de 2013 y SU-312 del 13 de agosto de 2020 y de la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020,
que son de obligatorio cumplimiento según lo prescribe el artículo 10 del CPACA, y
que regulan el tema de la caducidad de la acción de reparación directa.
En consecuencia, advirtieron que «no es de recibo el argumento de la parte
demandante según el cual se están desconociendo parámetros convencionales con
el actual entendimiento de la caducidad, puesto que este aspecto fue debidamente
sopesado por la Corte Constitucional en sentencia de unificación, de ahí que este
Tribunal deba atenerse a lo considerado por el intérprete autorizado de la
Constitución.»
La Sala advierte que los argumentos presentados por los accionantes no acreditan
una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a
volver sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen
divergencias de carácter netamente legal, como es el desacuerdo con el conteo de
la caducidad del medio de control de reparación directa. Además de ello, revisados
los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, la Sala estima que provienen
de una interpretación razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como
del marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-03365-00
Solicitante: Leydi Paola Murillo Ordóñez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.
Por demás, los solicitantes se limitaron a la enunciación de los derechos
fundamentales que consideran transgredidos y de los defectos en que, alegan,
incurrió el fallo reprochado, sin plantear razones que permitan una revisión del núcleo
esencial de los derechos en contienda o el alcance de disposiciones constitucionales
relativas a esos derechos, con ocasión a la vulneración que los solicitantes
manifiestan. De ahí que la discusión planteada en el escrito de tutela, se reitera, está
motivada en el desacuerdo con el contenido de la providencia dictada por el juez
natural. La vulneración debe estar justificada con la carga argumentativa mínima
suficiente que permita al juez de tutela valorar la procedencia de la solicitud. Esto,
además en procura del respeto por la cosa juzgada, seguridad jurídica y la garantía
de independencia y autonomía de los jueces, como elementos fundamentales para
el cimiento de la actividad judicial del Estado.
Así las cosas, la Sala habrá de confirmar la sentencia del 25 de julio de 2024,
proferida por el Consejo de Estado-Sección Quinta, que declaró improcedente el
amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de julio de 2024 por el Consejo
de Estado-Sección Quinta, que declaró improcedente la solicitud de tutela de Leidy
Paola Murillo Ordóñez y otros contra el Tribunal Administrativo del Cauca.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-03365-00
Solicitante: Leydi Paola Murillo Ordóñez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
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