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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00113-01

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00113-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 8 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta que rechazó por improcedente la acción de tutela. En su lugar, Segundo: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva e igualdad de las accionantes. En consecuencia, Tercero: Dejar sin efectos la providencia del 30 de noviembre del 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de reparación directa con radicado núm. 76001-33-33-008-2017-00160-01. Cuarto: Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro del término de veinte (20) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a dictar una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en las consideraciones que anteceden. www.consejodeestado.gov.co 12 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTEL A Radicado: 11001-03-15-000-2024-00113-01 Ac c i o n a n t e : M a yr a A l e j a n d r a C h a u x M o n t e z u m a y o t r o Quinto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Sexto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00113-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

4 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00113-01
Accionante: Mayra Alejandra Chaux Montezuma y otro
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial por la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y tutela judicial
efectiva. Caducidad del medio de control de reparación directa.

Decisión: se revoca el fallo de primera instancia que declaró improcedente la
acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional y, en
su lugar, se accede a las pretensiones de la demanda por la modulación de los
efectos de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ANTECEDENTES

La Subsección decide la impugnación formulada por la parte accionante en
contra de la sentencia del 8 de febrero de 2024 proferida por la Sección Quinta
de esta Corporación que declaró improcedente el amparo solicitado por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00113-01
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1. HECHOS

Las accionantes el día 20 de junio de 2017, promovieron demanda a través del
medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa
y el Ejército Nacional, con la finalidad de que se les declarara patrimonialmente
responsables por los perjuicios causados por la muerte del señor Rubén Darío
Zapata Sánchez en circunstancias de ejecución extrajudicial.

El proceso ordinario en primera instancia le correspondió al Juzgado Octavo
Administrativo de Cali, autoridad judicial que, mediante sentencia del 18 de mayo
de 2021, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control,
decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca en fecha del 30 de noviembre de 2023.

Las actoras sostienen que la autoridad judicial accionada al dar aplicación a la
sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, incurrió
en un defecto procedimental absoluto, muy a pesar que la demanda se había
radicado antes de dicho procedimiento; además, consideran que la providencia
cuestionada desconoció el precedente de la Corte Constitucional, según el cual
no aplica la caducidad en delitos de lesa humanidad.

2. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita:

«PRIMERO: AMPARAR a las suscritas nuestros derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, a la tutela judicial efectiva y a la indemnización de víctimas de
violaciones graves a los Derechos Humanos, vulnerados con el proferimiento de la
providencia judicial aquí acusada.

SEGUNDO: Consecuencialmente, ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que dentro del término improrrogable de diez (10) días contados a partir de la
notificación del fallo que así lo disponga, profiera nueva providencia revocando la decisión
de primer grado, y emita fallo conforme a las pretensiones de la demanda».

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3. INFORMES

La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 18 de enero
de 2024, a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca como accionado y a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cali como
terceros interesados en las resultas del proceso.

3.1. La Magistrada titular del Despacho 014 del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca al contestar la tutela de la referencia, manifestó que no se
ha afectado derecho fundamental alguno. Pues, la decisión de confirmar la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 8 Administrativo de Cali,
se fundamentó en el material probatorio allegado y la jurisprudencia del Consejo
de Estado frente a la caducidad del medio de control de reparación directa y los
delitos de lesa humanidad.

3.2. La señora Jueza que preside el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Cali, mediante el oficio 005 MLF del 23 de enero de los
corrientes, resaltó que la providencia emitida por su despacho, se sujetó al
estricto respeto por el precedente judicial vigente al momento de proferir el fallo
y a los medios de prueba válidamente incorporados al proceso. De igual manera,
precisó que la decisión acató el principio de independencia judicial reglada.

3.3. El Ministerio de Defensa Nacional en la contestación de fecha 25 de
enero del presente año, expresó su preocupación frente al uso desmedido de la
acción de tutela para reabrir procesos judiciales, bajo el pretexto de vulneración
de derechos fundamentales cuando el marco conceptual se deriva de la
aplicación de la sentencia de unificación que trató la caducidad frente a los
delitos de lesa humanidad.

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Destacó que la acción constitucional incumple con la totalidad de los requisitos
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dado que
en el libelo tutelar se omitió el deber de señalar con claridad los defectos en los
que incurrieron los despachos judiciales al momento de proferir las providencias
acusadas; por el contrario, reiteró los argumentos expuestos en el proceso
ordinario.

3.4. El Ejército Nacional guardó silencio frente al requerimiento efectuado en
el auto admisorio de la tutela.

4. SENTENCIA IMPUGNADA

La Sección Quinta de esta Corporación, a través de sentencia del 8 de febrero
de 2024, rechazó por improcedente la presente acción de tutela debido al
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Sostuvo que las
accionantes presentaron argumentos dirigidos a reabrir el debate probatorio
ordinario, sin exponer las razones tendientes a demostrar una vulneración de
derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada.

En ese orden de ideas, indicó que no resulta suficiente, en la tutela contra
providencia judicial, allegar copia del proveído del cual se predica la trasgresión
al derecho a la igualdad, sino que es necesario que se desarrollen las razones
por las que los casos tendrían el mismo resultado, dada la similitud fáctica y
probatoria.

5. IMPUGNACIÓN

Contra la decisión precitada, la parte accionante remitió correo electrónico a
través del cual manifestó que impugna la decisión de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, sin indicar los motivos por los cuales interpone el recurso.

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, la Sala de Subsección considera
que el problema jurídico se circunscribe a establecer si el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, con la expedición de la sentencia del 30 de noviembre de
2023, incurrió en un defecto procedimental, y un desconocimiento del
precedente1 y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva e igualdad de la parte
accionante.

Ante lo anterior, se deberá determinar la procedencia de la acción de tutela
contra la providencia judicial cuestionada.

3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000, y fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados

1
Advierte la Sala que aunque la parte actora en la demanda de tutela alega igualmente un defecto
sustantivo, lo cierto es que los argumentos son los mismos que expone para el desconocimiento de
precedente, por lo tanto, abordara el estudio de este último.

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por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello, se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en
esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar
justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo
constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en
esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:

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(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.

3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la expedición de la última providencia cuestionada (30 de
noviembre de 2023).

3.1.4. Contrario a lo señalado en primera instancia, el asunto a resolver es de
marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una
posible vulneración iusfundamental como consecuencia del defecto
procedimental y el desconocimiento del precedente en que presuntamente

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incurrieron las autoridades judiciales demandadas y frente a la cual, la parte
actora alega la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
tutela judicial efectiva e igualdad.

Así las cosas, conforme lo expuesto en precedencia, la Sala de Subsección
revocará la decisión de primera instancia que rechazó por improcedente la
acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional y, en su lugar, procederá a resolver el fondo de la controversia.

4. Caso concreto

La parte accionante en el escrito tutelar, se duele de la providencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 30 de noviembre de 2023, dentro
del proceso de reparación directa, toda vez que la decisión adolece de un defecto
procedimental absoluto y un desconocimiento del precedente fijado por la Corte
Constitucional para efectos de estudiar la flexibilización de caducidad del medio
de control de reparación directa en casos de delitos de lesa humanidad. Alega
que cuando se presentó la demanda ordinaria, no se había proferido la sentencia
de unificación que fue tomada como argumento central para declarar la
caducidad del medio de control.

Al respecto, de las piezas procesales aportadas al plenario, se observa que la
unidad judicial confirmó la sentencia de primera instancia, precisando que no se
podía inferir que las circunstancias que rodearon la muerte del señor Rubén
Darío Zapata Sánchez adolecen a una acción criminal en su contra, ni mucho
menos que se trate de aspectos relacionados con su nacionalidad o pertenencia
un grupo político, étnico, racial o religioso, conforme lo exige la jurisprudencia
del Consejo de Estado para catalogarlo como delito de lesa humanidad.

Empero, la autoridad judicial accionada en la providencia acusada, explicó que
si en gracia de discusión se hubiera acreditado que el hecho dañoso

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correspondía a un delito de lesa humanidad, lo cierto es que el término de los 2
años de la caducidad, conforme la jurisprudencia de unificación del 29 de enero
de 2020, también es aplicable a los delitos de lesa humanidad.

En ese sentido, aseguró que las personas afectadas tuvieron conocimiento del
hecho generador del daño causado, esto es, las circunstancias en las que el
señor Rubén Darío Zapata Sánchez perdió la vida por enfrentamiento directo con
el Ejército Nacional, el mismo día de su ocurrencia -28 de marzo de 2006-.

Así las cosas, comoquiera que la demanda se presentó el 20 de junio de 2017,
consideró que el término de dos años que tenían las demandantes para acudir a
la jurisdicción y pretender la reparación de los perjuicios se encontraba
ampliamente superado, en virtud de lo dispuesto en el en el literal i) del numeral
2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

Lo anterior, con fundamento en lo definido por la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
torno a la caducidad del medio de control de reparación directa, en casos
relacionados con delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro
asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial
del Estado.

Sin embargo, si bien según dicha posición diluyó que la caducidad del medio de
control de reparación directa debe contabilizarse a partir del momento en que se
tiene conocimiento del daño, la autoridad judicial accionada debe centrar su
estudio en el análisis de las circunstancias particulares del caso concreto 2, y,
teniendo en cuenta que la sentencia de unificación de la Sección Tercera no
moduló sus efectos, se entiende que opera hacia el futuro, por lo que el Tribunal

2
Tal y como lo ha sostenido esta Sala de Subsección en casos similares: Consejo de Estado, Sección
Segunda -Subsección A, providencia de 7 de julio de 2022. Radicación número: 11001-03-15-000-2022-
02106-01, accionante: GUSTAVO DE JESÚS IDÁRRAGA Y OTROS, demandado: TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA.

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Administrativo del Valle del Cauca debió dar aplicación a la jurisprudencia
vigente para el momento de la interposición de la demanda.

Lo anterior, con base en asuntos similares en los que esta Sala de Subsección 3
ha tenido en cuenta la fecha de la presentación del medio de control para efectos
de verificar la aplicabilidad del citado precedente, por lo que no puede
desconocerse que para 20174 el criterio mayoritario de la Sección Tercera del
Consejo de Estado establecía la improcedencia del fenómeno jurídico de la
caducidad para ser aplicado a las acciones de reparación directa con
pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de crímenes de lesa
humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los derechos humanos.

En la providencia de la referencia, esta Sala de Subsección consideró lo
siguiente:
«[…]

Es claro que para la fecha en que se emitió la providencia del 28 de septiembre de 2021
objeto de censura, ya existía un criterio definido en torno a la caducidad del medio de
control de reparación directa, en casos relacionados con delitos de lesa humanidad,
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado, contenido en la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado y, por tanto,
puede concluirse prima facie que la autoridad judicial accionada estaba en la obligación
de aplicarla dado su carácter vinculante, en términos de lo dispuesto en el artículo 270 del
CPACA y en la sentencia C-836 de 2001.

No obstante, en el sub examine debe tomarse en cuenta que, para el año 2018, cuando se
procedió a accionar al Estado para efectos de la reparación por responsabilidad
patrimonial de la administración, el criterio mayoritario de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, apuntaba a que no era procedente aplicar el fenómeno jurídico de la caducidad
a las acciones de reparación directa con pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de crímenes de lesa humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los
derechos humanos, en atención a su naturaleza imprescriptible.

3
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 7 de julio de 2022. Consejero
Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. Radicación: 11001 03 15 000 2022 02106 01.
4
El medio de control se interpuso el 15 de junio de 2017.

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Lo anterior puede corroborarse, entre otras, en las siguientes providencias: i) auto del 17
de septiembre de 20135;ii) sentencia del 7 de septiembre de 20156; iii) auto del 11 de abril
de 20167; iv) sentencia del 5 de septiembre de 20168;y v) sentencia del 31 de julio de
20199 en las que, en aplicación al control de convencionalidad, la Sección Tercera del
Consejo de Estado no tomó en cuenta la caducidad».

De acuerdo con lo expuesto, se encuentra que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca se limitó a aplicar la sentencia de unificación sin advertir que, al
momento de la presentación del medio de control de reparación directa, esta
corporación no tenía una posición unificada que fuese aplicable frente a la figura
de la caducidad cuando se está en presencia de delitos de lesa humanidad.

De esta manera, por tratarse de un caso anterior a la antedicha sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado, la autoridad accionada debió realizar un análisis de los hechos y los
argumentos presentados en la demanda de reparación directa, así como las
demás particularidades de dicho proceso, a fin de tomar una decisión frente al
término de caducidad en un caso relacionado con delitos de lesa humanidad.

Por lo anterior, esta Sala de Subsección revocará la sentencia del 8 de febrero
de 2024 que rechazó por improcedente la acción de tutela por el incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional y, en su lugar, concederá el amparo de
los derechos fundamentales invocados por las señoras Mayra Alejandra Chaux

5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 17 de septiembre de 2013, expediente
radicado núm. 25000 23 26 000 2012 00537 01.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, expediente
radicado núm. 85001 23 31 000 2010 00178 01
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 11 de abril de 2016, expediente radicado
núm.50001 23 31 000 2000 20274 01. En esta decisión se resolvieron los recursos de apelación interpuestos
en tres expedientes acumulados (Nros. 43481, 43626 y 36079), se analizó y decidió de fondo la
responsabilidad patrimonial del Estado derivada de los hechos acaecidos el 3, 4 y 5 de agosto de 1998,
cuando guerrilleros de las FARC atacaron la Base Militar antinarcóticos con sede Miraflores, Guaviare,
donde fueron víctimas los miembros de la fuerza pública que en dicha Toma se configuró una falla en el
servicio significándole la condena indudable a la entidad demandada por los daños antijurídicos causadas
a soldados
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de julio de 2019, expediente radicado
núm. 05001 23 33 000 2016 00587-01.
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2019, expediente radicado
núm. 25000 23 36 000 2018 00109 01.

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Montezuma y Angie Natalia Zapata Chaux en contra del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca. En consecuencia, esta Sala de Subsección dejará sin
efectos la providencia del 30 de noviembre del 2023 proferida dentro del medio
de control de reparación directa con radicado núm. 76001-33-33-008-2017-
00160-01, en su lugar, le ordenará al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
que dicte una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 8 de febrero de 2024, proferida por el
Consejo de Estado – Sección Quinta que rechazó por improcedente la acción de
tutela. En su lugar,

Segundo: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, tutela
judicial efectiva e igualdad de las accionantes. En consecuencia,

Tercero: Dejar sin efectos la providencia del 30 de noviembre del 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de
reparación directa con radicado núm. 76001-33-33-008-2017-00160-01.

Cuarto: Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro del
término de veinte (20) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia,
proceda a dictar una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto
en las consideraciones que anteceden.

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ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00113-01
Ac c i o n a n t e : M a yr a A l e j a n d r a C h a u x M o n t e z u m a y o t r o

Quinto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Sexto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Con salvamento de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el consejero ponente
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.

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