Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-02158-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-02158-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-02158-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
14 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02158-01
Accionantes: Eduar Fernando Daza Moreno y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Rechazo de demanda
por caducidad. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 13 de mayo de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
Los señores Eduar Fernando Daza Moreno, actuando en nombre propio y en
representación de sus hijos menores Erick Camilo Daza Salazar y Brayan Santiago
Daza, y Angélica Andrea Losada Ardila pretenden que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los
cuales consideran vulnerados por el Juzgado Segundo Administrativo de Popayán
y el Tribunal Administrativo del Cauca, con la expedición de los autos del 5 de junio
y 18 de noviembre 2024, respectivamente, en el medio de control de reparación
directa, al que se le asignó el radicado 19001-33-33-002-2024-00074-00/01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Señalaron que el 2 de abril de 2024 instauraron demanda de reparación directa en
contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, con el fin de que se
declarara la responsabilidad por las lesiones padecidas el 17 de agosto de 2014 por
el señor Eduar Fernando Daza Moreno en su condición de soldado profesional,
producto del combate sostenido con las Farc en la zona rural del municipio de
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Belalcázar (Cauca), durante la operación militar de mantenimiento y
restablecimiento del orden público.
Que el 5 de junio de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo de Popayán rechazó
la demanda por caducidad, por lo cual interpusieron recurso de apelación, con
fundamento en que el asunto no estaba sometido a dicho término, al tratarse de
violaciones a derechos humanos, pero el 18 de noviembre de 2024, el Tribunal
Administrativo del Cauca confirmó el proveído recurrido.
Que en los autos proferidos se incurrió en defecto procedimental absoluto; fáctico,
por indebida valoración probatoria sobre la oportunidad para demandar; sustantivo,
por efectuarse una interpretación de la ley contraria a la Constitución y al bloque de
constitucionalidad; y desconocimiento del precedente judicial de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, del Consejo de Estado (sentencias
proferidas por la Subsección A de la Sección Segunda: i) 7 de julio de 2022, rad.
11001-03-15-000-2022-00164-01; ii) rad. 11001-03-15-000-2024-00113-01; y iii) 7
de julio de 2022, rad. 11001-03-15-000-2022-02106-01), de la Corte Constitucional
(Sentencia SU-312/20), de la Corte Suprema de Justicia y de la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sentencia del 13 de
febrero de 2020, rad. 11001-33-36-036-2013-00248-00).
Que las autoridades judiciales no realizaron el control oficioso de convencionalidad
frente a la gravedad de los delitos de lesa humanidad de que fue víctima, pese a
que en otros casos no se ha aplicado la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020 del Consejo de Estado.
PRETENSIONES
Solicitó que se ordene al Tribunal Administrativo del Cauca que, en el término
improrrogable de 10 días contados a partir de la notificación de la decisión judicial,
profiera una nueva providencia, en la que revoque el auto de primera instancia y
admita la demanda de reparación directa.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 21 de abril de 2025, se admitió la acción; se vinculó al Ministerio de Defensa
Nacional, al Ejército Nacional y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Popayán, como tercero con interés; y se corrió el respectivo traslado.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán adujo que se
agotaron las instancias judiciales del medio de control de reparación directa, sin que
la decisión de rechazar la demanda pueda ser considerada por ese solo hecho como
vulneradora de los derechos fundamentales de los accionantes.
Que los argumentos planteados en el escrito de tutela constituyen argumentos de
inconformidad, pero no la incursión en algún defecto que haga procedente el
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amparo, por lo cual solicitó que se declare la improcedencia de la acción o, en su
defecto, se nieguen las pretensiones.
El Tribunal Administrativo del Cauca manifestó su oposición a las pretensiones y
pidió su desestimación, pues no ha transgredido los derechos fundamentales
reclamados; la totalidad de actuaciones se ajustaron al ordenamiento jurídico; la
tutela fue instaurada por fuera del plazo previsto; y la pretensión de la parte actora
es crear una tercera instancia en relación con el debate sobre la caducidad del
medio de control de reparación directa, alegando indebidamente la vulneración de
sus derechos fundamentales y desconociendo las previsiones jurisprudenciales
aplicables. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción o,
subsidiariamente, negar las pretensiones.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
Los vinculados guardaron silencio.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 13 de mayo de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción porque no encontró demostrado el requisito
de relevancia constitucional, en la medida que la parte actora fundamentó la
solicitud de amparo en la supuesta configuración de varios defectos, pero estos se
dirigieron a cuestionar la supuesta omisión por parte del Tribunal accionado de
valorar adecuadamente la naturaleza de los hechos como graves violaciones de
derechos humanos, lo que, en su criterio, exigía inaplicar el término de caducidad,
pese a que dichos argumentos fueron debidamente debatidos, analizados y
resueltos con ocasión del recurso de apelación interpuesto contra el auto mediante
el cual se rechazó la demanda por caducidad.
Que la autoridad judicial accionada desestimó que se tratara de un crimen de lesa
humanidad o de graves violaciones de derechos humanos, por lo que había lugar a
aplicar el término previsto en el ordenamiento jurídico para acudir ante la
jurisdicción.
Concluyó que lo pretendido por los solicitantes del amparo es reabrir un debate
meramente legal y probatorio, propio del trámite del proceso ordinario, por lo que al
juez le estaba vedado pronunciarse, pues desbordaría su competencia.
IMPUGNACIÓN
La parte actora manifestó impugnar la sentencia sin manifestar argumento alguno
como fundamento del recurso.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
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temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales; y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción
de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse
que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene
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Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el
juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de
3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
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Sentencia SU-074 de 2022.
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una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela 6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Caso concreto
A esta Subsección corresponde definir si se encuentra cumplido el requisito de
relevancia constitucional, que no se halló satisfecho en la sentencia recurrida, pues
solo de ser así, habría lugar a analizar un estudio de fondo sobre las
inconformidades expuestas por los accionantes, quienes alegaron la configuración
de los defectos procedimental absoluto, fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial en los autos del 5 de junio y 18 de noviembre 2024 proferidos
por las autoridades judiciales accionadas.
Los argumentos de inconformidad de la parte actora contra la decisión de rechazo
de la demanda permiten evidenciar que no se cumplen las finalidades de la
relevancia constitucional, esto es, mantener la independencia y autonomía judicial,
así como evitar que la tutela se convierta en una instancia adicional y que la
controversia verse sobre un asunto de mera legalidad.
Lo anterior si se tiene en cuenta que el accionante pretende que este juez
constitucional realice un examen general de los fundamentos jurídicos y probatorios
que llevaron a los jueces administrativos a rechazar la demanda porque, en su
criterio, no valoraron debidamente las pruebas y realizaron una interpretación de la
ley contraria a la Constitución y al bloque de constitucionalidad sobre la oportunidad
para demandar, lo cual no puede ser admitido pues ello equivaldría a desconocer el
carácter excepcional de esta acción cuando se dirige contra providencias judiciales
y a hacer las veces de juez natural de la causa.
En efecto, los solicitantes del amparo invocaron causales específicas de
procedibilidad para sustentar la acción, pero no especificaron las pruebas que, en
su criterio, fueron incorrectamente valoradas ni las normas puntuales que se
interpretaron indebidamente para resolver el asunto, así como tampoco la razón por
la que, a su juicio, las autoridades judiciales se apartaron completamente del
procedimiento legal, lo que impide un análisis concreto en esta sede, pues aceptar
dicha argumentación para proceder al examen de fondo conllevaría un estudio
general del caso, convirtiendo esta acción en una tercera instancia, con el fin de
analizar un aspecto meramente legal y probatorio.
Si bien frente al desconocimiento del precedente judicial, la parte accionante aludió
a algunas sentencias, lo cierto es que no explicó por qué consideraba que fueron
inobservadas por los jueces o cuál regla fijaron de obligatorio acatamiento, que fuera
desatendida. De hecho, en relación con la Corte Interamericana de Derechos
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Sentencia SU-072 de 2018.
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Humanos y la Corte Suprema de Justicia no identificó algún pronunciamiento
puntual.
Adicionalmente, se evidencia que no discutió la línea argumentativa del Tribunal
Administrativo del Cauca, pues se limitó a insistir en que su caso constituyó un
crimen de lesa humanidad, por lo cual no le era aplicable la exigencia de la
caducidad, pese a que la autoridad judicial expuso los motivos por los cuales
consideraba que los hechos que dieron lugar a la instauración de la acción no tenían
esa naturaleza, contrario a lo señalado por la parte demandante en el recurso de
apelación que interpuso contra el auto de rechazo de la demanda. En efecto, sobre
el particular, el Tribunal precisó:
«(…) no es posible identificar que dicha situación se enmarque como un
delito de lesa humanidad, tal como lo pretende la parte actora en su
recurso de alzada, pues según lo dispuesto en el artículo 7 del Estatuto
de Roma determina que un crimen de lesa humanidad corresponde a
diferentes actos cometidos “como parte de una ataque generalizado o
sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Por lo expuesto, las lesiones que aduce el señor EDUAR FERNANDO
DAZA sufrió en su calidad de soldado profesional del Ejército Nacional
en cumplimiento de sus funciones como militar, no pueden ser
entendidas como un delito de lesa humanidad, según la definición antes
relacionada, por tal razón, no es posible estudiar la caducidad del hecho
dañoso como si se tratara de un crimen de lesa humanidad, tal como lo
pretende, equivocadamente, la parte actora.
En ese orden de ideas, es claro que la norma aplicable al caso en
concreto corresponde literal (sic) i) del numeral 2) del artículo 164 de la
Ley 1437 de 2011 (…)»
Lo expuesto lleva a concluir que el debate planteado no versa sobre el alcance,
goce o contenido de derechos fundamentales que permita un análisis desde una
perspectiva constitucional, sino que se basó en una simple inconformidad con la
decisión adoptada, que además no se sustentó cumpliendo con una carga
argumentativa mínima, pese a que se busca dejar sin efectos decisiones judiciales
que se encuentran en firme.
En consecuencia, se confirmará la sentencia del 13 de mayo de 2025 proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual
declaró improcedente la acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia del 13 de mayo de 2025 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual
declaró improcedente la acción, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
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Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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