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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02158-00

Fecha
13 de mayo de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02158-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones expuestas en esta providencia. 11 Expediente: 11001-03-15-000-2025-02158-00 Actor: Eduar Fernando Daza Moreno Acción de tutela 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02158-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

13 de mayo de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, trece (13) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02158-00
Demandante: EDUAR FERNANDO DAZA MORENO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y OTRO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
DISCUSIÓN SOBRE CADUCIDAD DEL MEDIO DE
CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA EN CASO DE
LESIONES PADECIDAS POR SOLDADOS.
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CUANDO
SE EMPLEA COMO UNA INSTANCIA ADICIONAL.

Síntesis del caso: los accionantes, en su condición de demandantes dentro de un proceso de
reparación directa, cuestionaron los autos proferidos por las autoridades judiciales demandadas
que declararon la caducidad del medio de control instaurado para reclamar la responsabilidad del
Estado por las lesiones sufridas por un soldado profesional del Ejército Nacional que sufrió un
ataque armado perpetrado por la guerrilla de las FARC. Sin embargo, la Sala declarará
improcedente el mecanismo, por cuanto se constató que los reparos formulados en sede de tutela
coinciden con los que fueron planteados en el recurso de apelación y que fueron resueltos de
manera expresa en la providencia que puso fin al proceso, sin que la presente acción pueda
convertirse en una instancia adicional al proceso ordinario de reparación directa.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por los señores Eduar Fernando Daza
Moreno y Angélica Andrea Ardila Lozada (su compañera permanente) y sus hijos
menores2, en contra del Juzgado Segundo Administrativo de Popayán y el Tribunal
Administrativo del Cauca, para la protección de sus derechos fundamentales del debido
proceso y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 29 y 229
de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de los autos del 5 de
junio y 18 de noviembre de 2024, mediante los cuales se declaró la caducidad del medio
de control de reparación directa promovido por los actores.

1
Mediante escrito radiado el 10 de abril de 2024 (índice 01 de Samai).
2
En aras de proteger su derecho a la intimidad la Sala se reservará los nombres de los menores.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02158-00
Actor: Eduar Fernando Daza Moreno
Acción de tutela

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 17 de agosto de 2014, durante un ataque armado perpetrado por integrantes del
grupo guerrillero FARC, en zona rural del municipio de Belalcázar (Cauca), el soldado
profesional Eduar Fernando Daza sufrió heridas de consideración mientras cumplía
funciones de seguridad y defensa en el marco del conflicto armado interno.

2) Como consecuencia del ataque, el señor Daza Moreno fue diagnosticado con trastorno
por estrés postraumático y una pérdida de capacidad laboral del 48.98%, según consta
en el dictamen emitido por la Junta Médico Laboral del Comando de Personal del Ejército
Nacional.

3) El 29 de diciembre de 2022, él y su núcleo familiar radicaron solicitud de conciliación
prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, la cual fue declarada fallida el 8 de
marzo de 2023.

4) El 2 de abril de 2024, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional para
que se declarara la responsabilidad patrimonial y administrativa del Estado por no
garantizar adecuadamente la seguridad de sus tropas frente al ataque perpetrado por el
grupo insurgente.

5) Mediante auto del 5 de junio de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Popayán rechazó la demanda, tras advertir que el término de caducidad de
dos (2) años previsto para el aludido medio de control debía contarse desde el día
siguiente a la ocurrencia del hecho dañoso, esto es, desde el 18 de agosto de 2014, sin
embargo, la conciliación se radicó en diciembre de 2022, cuando ya se encontraba
expirado.

6) El juzgado también desestimó el argumento según el cual el caso se trataba de una
violación grave a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario, con

3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02158-00
Actor: Eduar Fernando Daza Moreno
Acción de tutela

base en que el ataque ocurrió en desarrollo de un enfrentamiento armado regular, sin que
se configuraran elementos de sistematicidad, generalización o intencionalidad contra
población civil que permitieran calificarlo como crimen de lesa humanidad o ejecución
extrajudicial, de ahí que no existía justificación para inaplicar los términos generales de
caducidad.

7) Contra dicha decisión los accionantes interpusieron recurso de apelación, en el cual
señalaron que el análisis del juzgado fue excesivamente formalista y desconoció el deber
de aplicar los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad, en
particular, aquellos relativos a la protección de víctimas del conflicto armado interno,
además, el señor Daza Moreno debió recibir una protección reforzada y un tratamiento
especial por haber sido víctima directa de un ataque insurgente durante el cumplimiento
del deber.

8) Asimismo, sostuvieron que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, entre otros, el caso “Patascoy”, los jueces deben valorar con enfoque diferencial
los hechos derivados del conflicto armado y aplicar una interpretación más flexible del
término de caducidad cuando se alega un daño de esa naturaleza.

9) Sin embargo, mediante auto del 18 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo
del Cauca confirmó la decisión y sostuvo que la acción fue presentada fuera del término
legal y que, conforme con la jurisprudencia vigente en la materia, la ocurrencia de un
ataque por parte de un grupo armado ilegal contra un militar activo no constituye, por sí
sola, una grave violación a los derechos humanos, salvo que se acredite que se trató de
una conducta que reúna los elementos propios de los crímenes de guerra o de lesa
humanidad establecidos en el Estatuto de Roma.

10) No se acreditó un patrón de sistematicidad ni una intención dirigida contra la
población protegida, ni se aportaron elementos que demostraran que el hecho enjuiciado
debía sustraerse del régimen común de caducidad por constituir una violación del ius
cogens.

11) Los términos procesales son de orden público y su inobservancia conlleva la pérdida
del derecho sustancial, salvo casos claramente excepcionales no demostrados en el sub
examine.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02158-00
Actor: Eduar Fernando Daza Moreno
Acción de tutela

Fundamento de la vulneración

La parte actora alegó que el Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en los defectos i)
procedimental absoluto (sin especificar por qué); ii) fáctico, por valorar de manera
indebida los medios que, a su juicio, acreditaban que se trataba de un delito de lesa
humanidad; iii) sustantivo, por haber interpretado las nomas de manera contraria a la
Constitución y al bloque de constitucionalidad y, iv) desconocimiento del precedente de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Estado3, la Corte
Constitucional4 y la Corte Suprema de Justicia.

Se desconoció la naturaleza de los hechos expuestos como delitos de lesa humanidad
por no valorarse adecuadamente las pruebas que acreditaban la gravedad de los mismos
ni analizar la posibilidad de inaplicar el término de caducidad frente a la imprescriptibilidad
de tales conductas conforme con lo dispuesto en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

Como apoyo, citó la sentencia de tutela del 4 de abril de 2024 de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado proferida en el proceso con el radicación no.
11001-03-15-000-2024-00113-01, en la cual se estableció que la jurisprudencia nacional
debe aplicarse conforme al precedente vigente al momento de presentación de la
demanda, especialmente si la sentencia de unificación invocada no ha sido objeto de
modulación de efectos.

De igual manera, alegó la vulneración del derecho fundamental de igualdad, por
considerar que hubo un trato diferenciado injustificado frente a casos similares en los que
sí se admitió el conocimiento en el proceso de reparación directa, como es el caso del
proceso con radicación no. 11001-33-36-036-2013-00248-00, en el cual el Tribunal

3
Consejo de Estado, Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del 7 de julio
de 2022, rad.11001-03-15-000-2022-0164-01, MP Rafel Francisco Suárez Vargas.
4
En sentencia SU-312 de 2020 de la Corte Constitucional se estableció que “...(i) Los interesados en la
reparación patrimonial cuentan con un plazo razonable de dos años para acudir al aparato jurisdiccional y
satisfacer sus pretensiones, el cual no se cuenta necesariamente desde el momento del daño que origina
el perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar cuando el afectado tenga conocimiento de que el
menoscabo fue causado por el Estado y se encuentre en la capacidad material de imputarle el mismo ante
el aparato jurisdiccional; (ii) La procedencia de la demanda de reparación debe ser analizada por el juez
contencioso administrativo competente, atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; y
(iii) La desestimación del medio de control de reparación directa por caducidad, no le impide al perjudicado
obtener la compensación económica del daño causado por otras vías, como el incidente de reparación
integral en el marco del proceso penal que se adelante en contra del responsable material del delito de lesa
humanidad o el trámite de indemnización administrativa (…)”.

5
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02158-00
Actor: Eduar Fernando Daza Moreno
Acción de tutela

Administrativo de Cundinamarca optó por aplicar directamente la Convención Americana,
en lugar de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 expedida por el pleno de
la Sección Tercera de esta Corporación, en consideración a la gravedad de los hechos
alegados.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“PRIMERA.- AMPARAR a los suscritos nuestros derechos fundamentales al
debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la indemnización de víctimas de
violaciones graves a los Derechos Humanos e igualdad, vulnerados con el
proferimiento (sic) de las providencias judiciales aquí acusadas.

SEGUNDA.- Consecuencialmente, ORDENAR al Tribunal Administrativo del
Cauca, que dentro del término improrrogable de diez (10) días contados a partir
de la notificación del fallo que así lo disponga, profiera nueva providencia
revocando la decisión de primer grado, y admita a trámite la demanda de
reparación directa por ese medio de control”. (fls. 5 y 6 de la demanda de tutela).

Actuación procesal

Mediante auto del 21 de abril de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del
Cauca y, como terceros con interés, se dispuso la vinculación del Ministro de Defensa
Nacional, del comandante general del Ejército Nacional y del titular del Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, con el fin de que allegaran un informe
sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (índice 04 de Samai).

Intervenciones de las autoridades demandadas

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Cauca solicitó que se declare
improcedente la acción por cuanto evidenció que la parte actora pretende reabrir el
debate respecto de una situación particular que desfavorece sus intereses, pues, de la
lectura de la demanda se demuestra la intención de utilizarla como un medio alternativo,
adicional o complementario al proceso ordinario (índice 10 de Samai).

Las demás autoridades guardaron silencio, pese a que fueron notificadas en debida
forma (índice 12 de Samai).

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02158-00
Actor: Eduar Fernando Daza Moreno
Acción de tutela

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero 1) finalidad de la acción de tutela, 2) delimitación del asunto y, 3) el
caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

Delimitación del asunto

En primer lugar, la Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió indistintamente
contra las providencias del Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, lo cierto es que los argumentos de
reproche de la parte actora se dirigieron a controvertir el contenido de la providencia de
segunda instancia, siendo aquella la que definió el marco de decisión de la presente
providencia.

Lo anterior, aunado a que la providencia de segunda instancia fue la que finalizó el
proceso y ante la eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad
judicial encargada de cumplir la orden y dictar una de reemplazo sería el Tribunal
Administrativo del Cauca, por lo tanto, el análisis de la Sala se circunscribirá a lo decidido
por dicha autoridad judicial.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02158-00
Actor: Eduar Fernando Daza Moreno
Acción de tutela

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Cauca con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con ocasión del auto del 18 de noviembre de 2024.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las
siguientes razones:

1) En el presente caso, la parte actora fundamentó la solicitud de amparo en la supuesta
configuración de varios defectos en la providencia judicial cuestionada, los cuales, si bien
fueron enunciados como procedimental absoluto, fáctico, sustantivo y desconocimiento
del precedente, en realidad se dirigen a cuestionar la supuesta omisión por parte del
Tribunal Administrativo del Cauca de valorar adecuadamente la naturaleza de los hechos
como graves violaciones a los derechos humanos que, en su criterio, exigía inaplicar el
término legal de caducidad en virtud del principio de imprescriptibilidad previsto en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2) A su juicio, dicha omisión derivó en la falta de control oficioso de convencionalidad y
en la inaplicación del derecho internacional de los derechos humanos, con base en los
cuales se han proferido los precedentes invocados.

3) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos con ocasión del recurso de apelación
presentado en contra del auto 5 de junio de 2024, mediante el cual el juzgado rechazó la
demanda por extemporánea.

4) En efecto, en aquella oportunidad, la parte demandante indicó, en similares términos
a los que ahora plantea, que se vulneró el derecho de acceso a la administración de
justicia, ya que se rechazó la demanda de reparación directa sin considerar que los
hechos en los que se produjo el ataque armado del que fue víctima el señor Eduar
Fernando Daza Moreno el 17 de agosto de 2014, mientras prestaba sus servicios como

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soldado profesional del Ejército Nacional, constituían una grave violación a los derechos
humanos, lo que derivó en una inaplicación del precedente jurisprudencial, así:

“Dos son los motivos de inconformidad o reparos que estimo vician la
providencia aquí cuestionada. En primer lugar, la inaplicación del
precedente jurisprudencial por el a quo contenido en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 emitida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado en concordancia con lo dispuesto en el artículo 164 de la
ley 1437 de 2011; y en segundo y último lugar, a la inaplicación del control
de convencionalidad, como estándar interamericano de garantía de los
Derechos Humanos en el ámbito interno.
En cuanto al primer reparo, consistente en la inaplicación del precedente
jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación 29 de enero de
2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pese a que los hechos
generadores del presente proceso acaecieron antes de la entrada en vigencia
de ese nuevo criterio jurisprudencial respecto el tema del conteo de la
caducidad, respetuosamente estimo que ese nuevo precedente no debió
aplicarse; ya que, cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han
generado situaciones consolidadas ni derechos adquiridos al momento de
entrada en vigencia del nuevo criterio, éste entra a regular la situación en el
estado en que esté, obviamente respetándose la postura jurisprudencial
anterior; o sea, se debe acatar el criterio judicial anterior que prescribía que en
los casos de graves violaciones a los derechos humanos el término de
caducidad quedaba atado a la decisión final dentro del proceso penal.

Frente al segundo y último reparo; es decir, consistente en la inaplicación
del control de convencionalidad, como estándar interamericano de
garantía de los Derechos Humanos en el ámbito interno, respetuosamente
estimo que el juez a quo, desestimó la aplicabilidad de la Convención
Americana de Derechos Humanos, particularmente los artículos 1.1, 2 y 29, y
la jurisprudencia interamericana reiterada en esa temática; pues, la Convención
se debe interpretar de manera que no se limite el goce y ejercicio de cualquier
derecho o libertad, sin excluir otros derechos y garantías que son inherentes al
ser humano, ni excluir o restringir el efecto de los derechos establecidos en la
misma en atención al principio pro persona.

Por lo anterior, en el presente asunto, la argumentación del juez de
instancia en relación con la declaratoria de caducidad, basado
exclusivamente en el derecho interno como una justificación para
cercenar los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos, no es de recibo a la luz de los estándares internacionales,
máxime que es de resorte de los jueces nacionales adecuar
interpretativamente las normas nacionales para asegurar la efectividad de
los derechos y libertades cuando no estén garantizados, y como
operadores judiciales criollos no están habilitados para apartarse de los
efectos interpretativos de las sentencias interamericanas cuando ello
implica restringir su obligatoriedad o el alcance de un derecho a partir de
criterios hermenéuticos ajenos a dicho sistema, por lo que los juzgadores
no pueden justificar sus decisiones en la existencia de normas nacionales
o en la reiteración de una práctica judicial doméstica contraria a la que
demanda el estándar convencional vigente, ya que va en contravía del
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que:
i) cuando se trata de crímenes de lesa humanidad es desproporcionado negar
el derecho a una reparación bajo el argumento de la prescripción y ii) que la
aplicación de la prescripción o la caducidad a acciones de reparación

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administrativa impide que las víctimas de los hechos cometidos en el marco de
un conflicto o irregularidad sistémica estatal accedan materialmente a la justicia
para hacer efectivos sus derechos fundamentales e imprescriptibles”.

5) Para resolver esos planteamientos, en auto del 18 de noviembre de 2024, el Tribunal
Administrativo del Cauca se pronunció de manera expresa en cuanto a la alegada
vulneración del derecho de acceso a la justicia con las siguientes consideraciones al
respecto:

“En este orden de ideas, encuentra la Sala que el hecho dañino que se pretende
reparar, ocurrió el día 17 de agosto de 2014, por lo que, el término de caducidad
de dos (2) años establecido en el literal i) del numeral 2) del artículo 164 del
CPACA fenecía el 18 de agosto de 2016.

Asimismo, dentro del plenario se encontró acreditado que el accionante
presentó solicitud de conciliación extrajudicial el día 29 de diciembre de 2022,
la constancia de la conciliación fallida fue expedida el día 8 de marzo de 2023
y la demanda fue presentada el día 2 de abril de 2024, por lo que se concluye
que la misma fue presentada por fuera del término previsto en la norma,
encontrándose afectada del fenómeno jurídico de la caducidad.

En relación a los cargos de apelación encuentra la Sala que no están
llamados a prosperar, pues según lo expuesto en la demanda, las lesiones
sufridas por el accionante el día 17 de agosto de 2014, ocurrieron cuando
prestaba sus servicios como soldado profesional del Ejército Nacional
como resultado de confrontamientos con un grupo armado ilegal.

Así las cosas, no es posible identificar que dicha situación se enmarque
como un delito de lesa humanidad, tal como lo pretende la parte actora en
su recurso de alzada, pues según lo dispuesto en el artículo 7 del Estatuto
de Roma determina que un crimen de lesa humanidad corresponde a
diferentes actos cometidos “como parte de una ataque generalizado o
sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

Por lo expuesto, las lesiones que aduce el señor EDUAR FERNANDO
DAZA sufrió en su calidad de soldado profesional del Ejército Nacional en
cumplimiento de sus funciones como militar, no pueden ser entendidas
como un delito de lesa humanidad, según la definición antes relacionada,
por tal razón, no es posible estudiar la caducidad del hecho dañoso como
si se tratara de un crimen de lesa humanidad, tal como lo pretende,
equivocadamente, la parte actora.

En ese orden de ideas, es claro que la norma aplicable al caso en concreto
corresponde al literal i) del numeral 2) del artículo 164 de la Ley 1437 de
2011, según la cual, cuando se pretenda la reparación directa, la demanda
deberá ser presentada dentro de los dos (2) años, contados a partir del día
siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, y,
según se vio en precedencia, la demanda fue presentada por fuera del
término antes señalado, encontrándose afectada del fenómeno jurídico de
la caducidad, tal como lo señaló la A quo”. (resaltado de la Sala)

6) De acuerdo con lo expuesto, es claro que para sustentar la vulneración de los derechos
invocados en el mecanismo constitucional los demandantes expusieron similares

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argumentos a los planteados en el recurso de apelación con base en los cuales
cuestionaron la aplicación del término de caducidad sin valorar el contexto del conflicto
armado interno ni efectuar el control de convencionalidad requerido.

7) No obstante, frente a tales argumentos la autoridad judicial accionada se pronunció
expresamente para desestimar que no se trató un crimen de lesa humanidad o de graves
violaciones a los derechos humanos, ni había lugar a considerar que eran
imprescriptibles, por lo cual había lugar a aplicar el término bienal de caducidad de acción
de reparación directa previsto en el literal i) del numeral 2) del artículo 164 de la Ley 1437
de 2011, de ahí también que efectuó un análisis del asunto de conformidad con el
precedente invocado.

8) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicios o defectos a
dicha situación, es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la
acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el
recurso de apelación y que fueron resueltos de manera suficiente y exhaustiva en la
providencia de segunda instancia que puso fin al proceso.

9) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
meramente legal y probatorio que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.

10) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones hasta aquí
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones expuestas en
esta providencia.

11
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02158-00
Actor: Eduar Fernando Daza Moreno
Acción de tutela

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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