Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03374-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03374-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03374-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
31 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03374-00
Accionante: CLAUDIA PATRICIA SALAZAR RAMÍREZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – Abogados deben
aportar poder especial que los faculte para presentar una solicitud de amparo constitucional;
el poder, además de ser especial, debe ser específico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por la señora Claudia Patricia Salazar Ramírez, de conformidad con lo consagrado
en el Decreto 333 del 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 2 de julio de 2024 la señora Claudia Patricia Salazar Ramírez, a través de
apoderado2, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de
Antioquia con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
1 Que ingresó para fallo el 15 de julio de 2024.
2 La abogada es Diana Carolina Álzate Quintero cuya tarjeta profesional es la No. 165.819.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03374-00
Accionante: Claudia Patricia Salazar Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Hechos relevantes
2. La señora Claudia Patricia Salazar Ramírez laboraba como docente en el
Municipio de Medellín en los servicios educativos estatales. Se encuentra afiliada al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
3. El 4 de agosto de 2021, la señora Claudia Patricia Salazar Ramírez solicitó al
Municipio de Medellín el reconocimiento y pago de la sanción por mora en la
consignación de las cesantías, de conformidad con lo establecido en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990, quien a través de acto administrativo No. 202130441128 del
6 de octubre de 2021 resolvió de manera negativa.
4. La señora Claudia Patricia Salazar Ramírez, en ejercicio de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la Nación -
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y el Municipio de Medellín con el fin de que se declarara la
nulidad del acto administrativo reseñado, se reconociera su derecho al pago de la
sanción por la mora así como de la indemnización por el pago tardío de los intereses
a las cesantías y se condenara en costas.
5. Mediante sentencia del 30 de junio de 2023, el Juzgado Veinticinco
Administrativo del Circuito de Medellín negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas al accionante. El Juzgador determinó que a los docentes no les
asiste el derecho reclamado que abarca a los demás servidores públicos y
trabajadores particulares, ya que su implementación desconoce el principio de
inescindibilidad normativa, pues la indebida aplicación implica extender
injustificadamente a los docentes las prerrogativas que gozan frente a otros
sectores.
6. Inconforme con esta decisión, la parte demandante presentó recurso de
apelación ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Mediante providencia del 30
de enero de 2024, dicho tribunal confirmó la sentencia de primera instancia.
Específicamente, señaló que los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales gozan de derechos prestacionales explícitamente
reconocidos por la normatividad especial. En cuanto a las cesantías, indicó que su
reconocimiento se rige por un procedimiento establecido en el Acuerdo 039 de 1998,
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03374-00
Accionante: Claudia Patricia Salazar Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
el cual sigue en vigor. Por lo tanto, aplicar el principio de favorabilidad de una norma
general sobre un régimen especial sería contrario a los principios fundamentales del
debido proceso y la legalidad administrativa que la entidad demandada debe seguir
para reconocer las prestaciones de los docentes.
Pretensiones
7. Solicita la parte accionante lo siguiente:
“Solicito que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD, y
conforme a esto, SE REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia
emitida por el TRIBUNA (sic) ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
CUARTA, MAGISTRADA PONENTE ADRIANA BERNAL VELEZ,
radicado: 05001333302520220011502, el numeral segundo donde
condena en costas en esta instancia.”
Fundamentos de la demanda de tutela
8. La parte accionante indicó que se vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y el acceso a la administración de justicia, toda vez de que al
momento de la presentación de la demanda y a la fecha en que fue proferida la
sentencia de primera instancia -30 de junio de 2023- no existía la sentencia de
unificación No. SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 20233.
9. Afirmó que no se respetó el debido proceso en relación con la sanción de la Ley
50 de 1990, ya que no se consideró el caso objeto de revisión en la sentencia de
unificación, donde no se condenó en costas a la parte demandante.
10. Además, indicó que se desconoció el ordenamiento procesal en cuanto a la
condena en costas. Precisó que la “primera regla” desconocida establece que deben
imponerse a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación. La “octava regla” especifica que las
costas solo procederán cuando en el expediente se demuestre su causación y en la
medida en que se comprobó. Por lo tanto, el mandato del ordinal 1° del artículo 365
del CGP está sujeto a las exigencias del ordinal 8 de la misma norma. Esto significa
que las costas se impondrán a la parte vencida solo si se demuestra en el
3 Sentencia que fue notificada el 13 de octubre de 2023.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03374-00
Accionante: Claudia Patricia Salazar Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
expediente que fueron causadas. Dado que en el proceso no hay pruebas que
demuestren la causación de las costas procesales por parte de la demandante,
debió revocarse la condena en costas.
11. Precisó que antes de la sentencia de unificación, el Consejo de Estado
reconocía la sanción moratoria del numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
para los docentes oficiales de manera general, independientemente de su afiliación
al FOMAG. Esto se basaba en los principios de favorabilidad e igualdad, dada la
calidad de servidores públicos que ostentan los docentes oficiales.
12. En relación con la regulación de las costas en materia procesal según la Ley
1437 de 2011, se modificó lo establecido en la Ley 446 de 1998 para garantizar la
independencia de la conducta procesal de los litigantes. El nuevo precepto
establece que, salvo en los procesos de interés público, la sentencia determinará la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución seguirán las normas del Código de
Procedimiento Civil. Además, el artículo 47 de la Ley 2080 del 21 de enero de 2021
añadió el artículo 188 a la Ley 1437 de 2011.
13. Agregó que en el presente caso no se aparecen probados los gastos judiciales
sufragados por la entidad demandada ya que se trata de un asunto de puro derecho
y mucho menos aparece probada la temeridad o mala fe, dado lo anterior, mencionó
una providencia del 16 de abril de 20154. Por último, precisó que, conforme a la
posición asumida por el Consejo de Estado en materia donde se debaten derechos
laborales se tiene que atender la posición de los sujetos procesales.
Trámite procesal
14. A través de auto del 5 de julio de 2024, el despacho admitió la tutela de la
referencia; ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia como accionado;
al Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito de Medellín, a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y al Distrito de Ciencia y Tecnología e Innovación de Medellín
como terceros interesados en las resultas del proceso. Además, requirió al
accionado para que allegara copia digital del expediente con radicado 05001-33-33-
025-2022-00115-00/02.
4 Sentencia 25000-23-24-000-2012-00446-01 C.P. Guillermo Vargas Ayala.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03374-00
Accionante: Claudia Patricia Salazar Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Intervenciones
15. El Tribunal Administrativo de Antioquia remitió el expediente 05001-333-30-
25-2022-00115-02 de manera digital.
16. El Juzgado 25 Administrativo del Circuito de Medellín manifestó que en la
sentencia de primera instancia, fueron consignados los argumentos de hecho y de
derecho que sustentan su posición. Además, el Tribunal Administrativo de Antioquia
respaldó la postura adoptada y discutida en la solicitud de tutela.
Argumentó que los planteamientos de la parte demandante no sustentan una
presunta vulneración de los derechos fundamentales, sino que, por el contrario,
parece más una tentativa de establecer una tercera instancia, ya que la motivación
detrás de la solicitud de tutela es similar a la presentada en la demanda inicial y en
el recurso de apelación.
Agregó que la acción de tutela no cumple con los requisitos generales, ya que el
asunto se centra meramente en lo económico, intentando sustituir los
procedimientos judiciales ordinarios y anular las costas procesales, a pesar de que
se aplicó la normativa vigente y se emitió una sentencia confirmada tanto en primera
como en segunda instancia.
17. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín solicitó
que se desestimaran las pretensiones de la demanda y defendió la interpretación
del artículo 188 del CPACA se estableció que una vez se decidiera la sentencia en
lo relacionado a las costas, a menos de que se trate de un interés público, se le dará
el trámite consagrado del CGP, tal como se menciona en el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021.
Por otro lado, mencionó varias sentencias del Consejo de Estado5 relacionadas con
la aplicación del artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 y el artículo 188 de la Ley 1437
del 2011. Por último, precisó que, de acuerdo con la posición referenciada de esta
Corporación, las actuaciones realizadas por el Distrito de Medellín como parte
5 Mencionó las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en
Sentencia 11001-03-26-000-2019-00011-00; 05001-33-33-025-2022-00115-00/02; 25000-23-42-
000-2013-04941-01, entre otras.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03374-00
Accionante: Claudia Patricia Salazar Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
demandada en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho se demuestra
una participación activa en el proceso.
18. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) no
intervino pese a estar notificado6.
CONSIDERACIONES
19. El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar
la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública y, excepcionalmente de los particulares, en los casos específicamente
previstos por la ley.
20. En consonancia con dicho mandato superior, el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991 establece que:
“ARTÍCULO 10. LEGITIMIDAD E INTERÉS. La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales”.
21. Asimismo, el Decreto 2591 de 1991, señala que los titulares de la acción de
tutela podrán solicitar el amparo constitucional (i) bien sea en forma directa, (ii) por
intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial
(abogado titulado con poder judicial o mandato expreso), (iv) así como a través de
agente oficioso (cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover
su propia defensa). De igual manera, según se dispone en la ley, se encuentran
legitimados para ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los
6 El auto admisorio fue notificado el 8 de julio de 2024 a la siguiente dirección:
tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03374-00
Accionante: Claudia Patricia Salazar Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
personeros municipales (facultados para intervenir en representación de terceras
personas, siempre que el titular de los derechos haya autorizado).
22. De las anteriores normas se desprende que uno de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela es que quien la instaure se encuentre legitimado
en la causa por activa para buscar la protección de sus derechos fundamentales.
Es decir, este presupuesto exige que los derechos objeto de protección estén en
cabeza del accionante y no, en principio, de otra persona.
23. Conforme a lo establecido por la Corte Constitucional, el poder en materia de
tutela tiene las siguientes características: i) se trata de un acto jurídico formal que
se concreta en un escrito, llamado poder, el cual se presume auténtico; ii) cuando
se trata de un poder especial, tiene que ser específico, de modo que aquel conferido
para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no
se entiende otorgado para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que
le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; iii) el destinatario del
acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho y se encuentre
habilitado con la tarjeta profesional. Es decir, que la legitimación por activa se
configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser abogado titulado y se
anexa el poder especial respectivo, por tal motivo no se puede hacer valer un poder
otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional7.
24. Pues bien, de conformidad con lo anteriormente mencionado, la legitimación por
activa se configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser abogado
titulado y anexa el correspondiente poder especial, es decir que no se puede
pretender hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el
amparo constitucional, porque este se confiere para un fin específico y determinado
con la finalidad de representar los intereses del accionante en punto de los derechos
fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos
hechos concretos que dan lugar a unas pretensiones8. Incluso la Corte
Constitucional ha sostenido de manera expresa, que “cuando la acción de tutela se
ejerce a título de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su
interposición. La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo
7 Alguna de las sentencias de la Corte Constitucional en las que se precisa estos argumentos son la
T-020 de 2016, T-417 de 2013, T-531 de 2002, entre otras.
8 Sentencia T-001 de 1997.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03374-00
Accionante: Claudia Patricia Salazar Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
constitucional, no se suple con la presentación del apoderamiento otorgado para un
asunto diferente”9.
25. En el caso bajo estudio, la señora Diana Carolina Álzate Quintero interpuso la
acción de tutela en representación de la señora Claudia Patricia Salazar Ramírez,
por la supuesta vulneración al debido proceso, acceso a la administración de justicia
y principio de gratuidad, con ocasión de la expedición de la providencia del 30 de
enero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia10.
26. Cabe advertir que, la Sala considera que el poder allegado por la abogada
Álzate Quintero no cumple con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional,
tal como se puede ver a continuación:
27. Con base a lo anterior, es preciso colegir que en el mandato no se precisó la
providencia cuestionada y el proceso en el que se profirió, lo que demostraría que
no contiene la totalidad de los parámetros mínimos requeridos que se requieren para
el apoderamiento en esta clase de controversias como son, el acto y/o providencia
que motiva la solicitud de amparo y los derechos fundamentales reclamados.
28. En ese orden de ideas, no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada
la representación de otra persona, ni tampoco la informalidad propia de este
mecanismo de protección constitucional supone que no existan requisitos mínimos
9 Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1997. M.P: Dr. José Gregoria Hernández Galindo.
10 La apoderada de la accionante dentro de la solicitud de tutela, adjuntó la providencia del 30 de
enero de 2024, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Sin embargo, en la petición de amparo solicitó lo siguiente: “Solicito que se protejan los derechos al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE
GRATUIDAD, y conforme a esto, SE REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia emitida por el
TRIBUNA (sic) ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA CUARTA, MAGISTRADA PONENTE
ADRIANA BERNAL VELEZ, radicado: 05001333302520220011502, el numeral segundo donde
condena en costas en esta instancia”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03374-00
Accionante: Claudia Patricia Salazar Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
de procedibilidad como la legitimación en la causa por activa 11, más aún cuando
quien presenta la solicitud es un abogado, lo que resulta inexcusable, pues la misma
Ley y jurisprudencia han facilitado el otorgamiento de un poder a estos profesionales
del derecho y es claro que debe saber que, un poder no se otorga sin mandato o sin
el lleno de los requisitos legales y jurisprudenciales para un proceso determinado
más si se trata de una acción de tutela.
29. Por tal motivo, se declarará la falta de legitimación en la causa por activa de la
abogada Diana Carolina Alzate Quintero.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA de la abogada Diana Carolina Alzate Quintero, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
11 Corte Constitucional, sentencia T-417 de 2013
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03374-00
Accionante: Claudia Patricia Salazar Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
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VF
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