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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03374-01

Fecha
18 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03374-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 31 de julio de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. En su lugar, declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por Claudia Patricia Salazar Ramírez en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión judicial. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 22 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 23 Artículo 328 del CGP 9 Radicado: 11001-03-15-000-2024-03374-01 Demandante: Claudia Patricia Salazar Ramírez Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03374-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

18 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03374-01
Demandante: Claudia Patricia Salazar Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho para reclamar el reconocimiento y pago de sanción
moratoria por la no consignación de cesantías anualizadas en
favor de docente / Condena en costas en primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Claudia Patricia Salazar Ramírez
contra la sentencia proferida el 31 de julio de 2024 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A mediante la cual se decidió la solicitud de amparo
de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Claudia Patricia Salazar Ramírez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión del numeral
segundo de la sentencia proferida el 30 de enero de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 05001333302520220011502.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) Presentó, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, demanda en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio2 y el Distrito de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín, con el fin de cuestionar la legalidad del Oficio
202130441128 del 6 de octubre de 2021 que le negó el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_TUTELAANDRESFELIPEPU(.pdf) NroActua 2»
2
En adelante FOMAG
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03374-01
Demandante: Claudia Patricia Salazar Ramírez

correspondientes al año 2020, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
y de la indemnización por el pago inoportuno de los intereses a las cesantías, de
acuerdo con el artículo 1 de las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990, y el Decreto
Nacional 1176 de 1991.

ii) El Juzgado Veinticinco del Circuito Judicial de Medellín en sentencia proferida el
30 de junio de 2023 negó las súplicas de la demanda y condenó en constas a la
parte vencida. En contra de esta decisión la demandante interpuso recurso de
apelación.

iii) El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 30 de enero de 2024
confirmó lo resuelto por el a quo al considerar que, tal como definió el Consejo de
Estado, Sección Segunda en sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023
proferida el 11 de octubre de 2023 3, «[l]os docentes estatales afiliados al FOMAG no
tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50
de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989». Asimismo, resolvió no condenar en costas.

iv) La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto sustantivo4 por indebida aplicación del artículo 188 de la Ley 1437
de 2011, adicionado por el 47 de la Ley 2080 de 2021, que dispone la condena en
costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal», lo cual no ocurrió en el asunto contencioso-administrativo
cuestionado, sin contar con que al tratarse de una controversia de puro derecho, no
se acreditó que la entidad demanda hubiera sufragado gastos judiciales.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÒN DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD, y conforme a esto se
REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA MAGISTRADO PONENTE
ADRIANA BERNAL VELEZ radicado: 05001333302520220011502 el numeral segundo
donde no condena en costas en esta instancias […]» (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1 El Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito Judicial de Medellín5
solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela o, en su defecto, se niegue el
amparo, en razón a que la decisión proferida por ese despacho y el Tribunal
Administrativo de Antioquia no incurrió en los defectos endilgados ni vulneró los
derechos fundamentales del demandante.

3
Expediente 66001333300120220001601 (5746-2022)
4
Aunque no se identifica de forma expresa, la motivación efectuado permite establecerlo
5
Ver índice 10 de Samai en el expediente 11001031500020240337400. Archivo
denominado « 11RECIBE MEMORIAL_Memorial_04ContestacionTutela(.pdf) NroActua 10
2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03374-01
Demandante: Claudia Patricia Salazar Ramírez

1.2.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia6 si bien allegó el link de consulta
del expediente contencioso-administrativo cuestionado, guardó silencio respecto de
la solicitud de amparo.

1.2.3. El Distrito de Ciencia y Tecnología e Innovación de Medellín7 solicitó que
se desestimen las pretensiones de amparo, pues el actuar del Tribunal
Administrativo de Antioquia se encuentra enmarcada en la ley y la jurisprudencia;
además, de que «la disposición establecida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 de
no se trata de un requisito sine qua non para la condena en costas, sino que esta es una
excepción a la excepción consagrada en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011» (sic).

1.2.4. La Fiduprevisora S.A. y el Ministerio de Educación Nacional guardaron
silencio.

1.4. Sentencia impugnada8

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A mediante sentencia del 31
de julio de 2024 declaró a falta de legitimación de la abogada Diana Carolina Alzate
Quintero para presentar la solicitud de tutela en nombre y representación de Claudia
Patricia Salazar Ramírez, en razón a que el poder aportado para ello «no se precisó
la providencia cuestionada y el proceso en el que se profirió» (sic)

1.5. Escrito de impugnación9

La parte demandante impugnó la decisión del a quo, para lo cual insistió en los
argumentos expuestos en la solicitud de tutela.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestiones previas; iii)
procedencia de la tutela contra providencia judicial; iv) problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.

6
Ver índice 9 de Samai en el expediente 11001031500020240337400. Archivo denominado
« 9RECIBE PRUEBAS_MEMO20240337400pdf(.pdf) NroActua 9
7
Ver índice 11 de Samai en el expediente 11001031500020240337400. Archivo
denominado « 12_MemorialWeb_Respuesta-PRONUNCIAMIENTOYPO(.pdf) NroActua
11»
8
Ver índice 20 de Samai en el expediente 11001031500020240341400. Archivo
denominado «25Sentencia_2KC20240341400YEIMJU(.pdf) NroActua 20»
9
28_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 19
3

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03374-01
Demandante: Claudia Patricia Salazar Ramírez

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200010 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201911, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. De la falta de legitimación en la causa por activa

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tiene
derecho a impetrar la solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma
o por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales. Asimismo, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispuso que la
legitimidad o interés en el ejercicio de este mecanismo radica en cabeza del titular
de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados, quien puede actuar por
sí mismo o a través de un representante.

Así pues, la Corte Constitucional entiende que hay legitimación en la causa cuando
existe identidad entre la persona, sea natural o jurídica, a la que la constitución y la
ley han facultado para invocar la acción y aquella respecto de la cual se reclama el
ius fundamental invocado, tan es así que, al referirse frente a esta como requisito
de procedibilidad en el recurso de amparo, mencionó12:

«[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las
partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito
y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo. […]».

En efecto, tanto las normas referidas como la jurisprudencia consideran válidas
cuatro vías procesales para la interposición del amparo constitucional a saber: i)
directamente por quien se considere afectado; ii) por medio de representante legal
o de apoderado judicial; iii) por medio de agente oficioso; y iv) por medio del
defensor del pueblo y los personeros municipales.

Por regla general, la solicitud de tutela se interpone directamente por el titular del
derecho fundamental violado o amenazado, o, por intermedio de apoderado judicial.
Sin embargo, en situaciones excepcionales en las que por circunstancias físicas,
mentales o sicológicas el afectado no pueda ejercerla por sí mismo, se acepta que
sea interpuesta por su representante legal o agente oficioso.

10
Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
11
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
12
Sentencias T-416 de 1997, T-1191 de 2004 y T-799 de 2009 de la Corte Constitucional.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03374-01
Demandante: Claudia Patricia Salazar Ramírez

En el asunto bajo estudio, la profesional del derecho Diana Carolina Alzate Quintero
afirmó presentar la solicitud de tutela en estudio en nombre y representación de
Claudia Patricia Salazar Ramírez, para lo cual adjunto el poder de cuyo contenido
se observa:

En este punto, se observa que el juez constitucional de primera instancia en auto
admisorio del 5 de julio de 202413, entre otros, resolvió reconocer «personería jurídica
a la abogada Diana Carolina Alzate Quintero, con tarjeta profesional núm. 165.819 del
C.S.J., para que actúe en la presente acción», no obstante al proferir la sentencia del
31 de julio de 2024, declaró que carencia de legitimación en la causa por activa para
representar a la demandante, en razón a que en el referido poder no se precisó cuál
era la decisión acusada ni en qué proceso se profirió.

Al respecto, considera la Sala que, contrario a ello, de la lectura del poder y en
concordancia con el escrito de tutela y las pruebas aportadas al expediente, en
especial la decisión judicial que se acusa era evidente establecer el objeto de la
solicitud de amparo, sin que fuera procedente declarar la falta de legitimación en la
causa por activa de la referida profesional del derecho.

Actuación que resulta en un exceso ritual manifiesto en contravía del derecho de
acceso a la administración de justicia de Claudia Patricia Salazar Ramírez, sin
contar, con el hecho que al haberse admitido el conocimiento de la solicitud de
amparo sin reparo alguno respecto del contenido del poder conferido, en el que se
reconoció la personería para actuar de la abogada, y se identificó y solicitó como
prueba el expediente contencioso-administrativo en el que se profirió la decisión
acusada, generaron confianza legitima en las partes en el sentido de que la tutela
fue presentada en debida forma.

Por lo anterior, la Sala revocará la decisión del a quo para en su lugar, continuar
con el estudio del asunto en aras de establecer si superó los requisitos generales
de procedencia y de ser así, emitir una decisión de fondo.

2.2.2. Delimitación del asunto a decidir

13
Ver índice 5 de Samai en el expediente 11001031500020240337400. Archivo
denominado «6Auto que admite_720240337400CLAUDIAP(.pdf) NroActua 5»
5

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03374-01
Demandante: Claudia Patricia Salazar Ramírez

Si bien la pretensión de amparo elevada por el demandante se dirige a cuestionar
el numeral segundo de la sentencia del 30 de enero de 2024 en cuanto resolvió no
condenar en costas en segunda instancia, sin perjuicio de la forma en que se
planteó, entiende la Sala que lo que realmente se objeta es la condena en costas
ordenada en primera instancia, confirmada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia; razón por la cual, bajo tal perspectiva se abordará el estudio del asunto.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo14 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que
en su interior se habían desarrollado sobre el tema.15 Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala].

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo16 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-
000-2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
15
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala
Plena antes reseñada.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03374-01
Demandante: Claudia Patricia Salazar Ramírez

Ahora bien, la Corte Constitucional17 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos18, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales19.

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿la solicitud de tutela presentada por Claudia Patricia
Salazar Ramírez es procedente, de conformidad con el requisito de la
subsidiariedad?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la subsidiariedad

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

17
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto
de 2004 y C-590 de 2005.
18
Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
19
Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
7

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03374-01
Demandante: Claudia Patricia Salazar Ramírez

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia20, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.5.2. Caso concreto

Claudia Patricia Salazar Ramírez acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia del 30 de enero de 2024, a través de la cual el Tribunal Administrativo
de Antioquia confirmó la condena en costas impuesta en primera instancia.

Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto sustantivo por indebida
interpretación y aplicación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por
el 47 de la Ley 2080 de 2021, que dispone la condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal», lo
cual no ocurrió en el asunto contencioso-administrativo cuestionado, sin contar con
que al tratarse de una controversia de puro derecho, no se acreditó que la entidad
demandada hubiera sufragado gastos judiciales.

Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda las actuaciones adelantadas en el
referido medio de control según consta en el aplicativo Samai21, así:

• Claudia Patricia Salazar Ramírez, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, impetró demanda en contra de la Nación, Ministerio
de Educación Nacional y otros, con el fin de cuestionar la legalidad del acto
administrativo a través del cual se le negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías correspondientes al año
2020.

• El Juzgado Veinticinco del Circuito Judicial de Medellín en sentencia proferida el 8
de septiembre de 2023 negó las súplicas de la demanda y condenó en costas a la
parte vencida En contra de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de
apelación, pero sin objetar lo pertinente a la condena en costas.

• El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 30 de enero de 2024
confirmó lo resuelto por el a quo, y negó la condena en costas en segunda instancia.

Como se observa, la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra

20
Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003
y T-1121 de 2003.
21
Visible en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 05001333302520220053101.
8

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03374-01
Demandante: Claudia Patricia Salazar Ramírez

de la sentencia del a quo, mecanismo que se encuentra regulado en los artículos
243 y 247 de la Ley 1437 de 201122; trámite en el cual, de cara a la discusión traída
por Claudia Patricia Salazar Ramírez ante el juez de tutela, el Tribunal
Administrativo de Antioquia confirmó la condena en costas proferida por el Juzgado
Veinticinco del Circuito Judicial de Medellín.

Al respecto, se encuentra que dicho punto de la litis no fue objeto de discusión a
través del recurso de apelación interpuesto, por lo que, al ser vencido en juicio el
demandante, la consecuencia lógica era que la decisión de primera instancia fuera
confirmada en su integridad, sin realizar análisis alguno respecto de la condena en
costas allí impuesta; pues, «el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley»23.

A partir de lo expuesto, encuentra la Sala que la solicitud de tutela presentada por
Claudia Patricia Salazar Ramírez no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda
vez que la condena en constas impuesta en primera instancia no fue apelada, sin
perjuicio del recurso que interpuso respecto de los demás aspectos resueltos; frente
a lo cual se advierte que en el sistema jurídico no puede permitirse el paralelismo o
la concurrencia de competencias entre el juez natural del asunto y el de tutela, ni el
ciudadano puede elegir entre uno y otro, como aquí se propone.

De acuerdo con lo expuesto, en el caso bajo estudio no se satisface el requisito de
procedencia general de la subsidiariedad; razón por la cual, la Sala revocará la
decisión del a quo para, en su lugar, declarar improcedente la solicitud de tutela
presentada por Claudia Patricia Salazar Ramírez en contra del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 31 de julio de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A. En su lugar, declarar improcedente la
solicitud de tutela presentada por Claudia Patricia Salazar Ramírez en contra del
Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta decisión judicial.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

22
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
23
Artículo 328 del CGP
9

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03374-01
Demandante: Claudia Patricia Salazar Ramírez

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

10

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