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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03401-00

Fecha
24 de julio de 2024
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03401-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NIÉGASE el amparo solicitado por los accionantes. 11 Corte Constitucional, sentencia T 615 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos. 10 Radicado: 11001-03-15-000-2024-03401-00 Accionantes: Orielson de Jesús Vega Navarro y otros Se niega el amparo SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación elevada por el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03401-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

24 de julio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03401-00
Accionantes: Orielson de Jesús Vega Navarro y otros
Se niega el amparo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03401-00
Accionantes: Orielson de Jesús Vega Navarro y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Reparación directa / Falta de legitimación
en la causa por activa / Registro civil de nacimiento / Medio de prueba conducente / Partida de
bautismo / Se niega la solicitud de amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela presentada contra la sentencia del 24 de
abril de 2024 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
dentro del proceso de reparación directa con radicado 54001-23-33-000-2016-00203-01.
En esa providencia: (i) se revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
accedió parcialmente a las pretensiones; y (ii) se declaró la falta de legitimación en la
causa por activa de los accionantes.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017, 333 de 2021 y en
el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 3 de julio de 2024 los señores Orielson de Jesús Vega Navarro, Hernando Vega
Navarro, Adrián Vega Navarro, Martha Cecilia Vega Navarro, Georgina Vega Navarro,

1

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Accionantes: Orielson de Jesús Vega Navarro y otros
Se niega el amparo

Rosalba Vega Navarro, Gloria Vega Navarro, Gustavo Vega Navarro, y Aracely Navarro
Peñaranda presentaron, en nombre propio, una acción de tutela con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia. A su juicio, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas por la
sentencia del 24 de abril de 2024 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa con radicado 54001-23-
33-000-2016-00203-01.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones (se transcriben):

<<PRIMERA: Solicito Honorable Magistrado, se tutelen nuestros derechos fundamentales
al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA,
vulnerados y/o amenazados por el accionado.

SEGUNDA: Como consecuencia a lo anterior, se nos amparen los derechos
Constitucionales, los cuales Subsección C del Consejo de Estado, con ocasión de la
sentencia proferida de segunda instancia de fecha 24 de abril de 2024, dentro del proceso
54001-23-33-000-2016-00203-01 (62405), en la cual se incurrió́ en un DEFECTO
PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO, y en un DEFECTO FACTICO,
al no recurrirse a la facultad oficiosa del juez para el decreto de pruebas que le permitieran
aclarar puntos que considerara oscuros y/o confusos.

TERCERA: A causa del amparo solicitado, se ordene a la Sección Tercera, Subsección
C del Consejo de Estado, dejar parcialmente sin efectos la sentencia del 24 de abril de
2024, en lo que atañe a la declaratoria de FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR
ACTIVA como accionantes y en su lugar, profiera o modifique, o en su defecto (lo que
resulte procedente),un nuevo pronunciamiento en el cual se nos efectúe el reconocimiento
de los perjuicios morales, como hermanos y madre de la víctima directa el señor
ASTOLFO VEGA NAVARRO (Q.E.P.D.) con ocasión de la declaratoria de responsabilidad
del Ejército Nacional, de acuerdo a la realidad material que permite verificar íntegramente
el parentesco como demandantes con la víctima directa y en aplicación del postulado de
la justicia material>>.

B. Hechos

3.- Los accionantes basaron su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El 12 de mayo de 2016 los señores Orielson de Jesús Vega Navarro, Aracely
Navarro Peñaranda, Hernando Vega Navarro, Adrián Vega Navarro, Martha Cecilia Vega
Navarro, Georgina Vega Navarro, Gustavo Vega Navarro, Martha Vega Acosta, Claudia
Lorena Vega Vega, Rosalba Vega Navarro, Gloria Vega Navarro, Camilo Andrés Vega
Vega y Manuel Benjamín Vega Guerrero presentaron demanda de reparación directa

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contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional para que se declarara su
responsabilidad patrimonial por el secuestro, desaparición y muerte de su familiar, el
señor Astolfo Vega Navarro.

3.2.- Mediante sentencia del 26 de julio de 2018 el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander negó las pretensiones de la demanda. La parte demandante (integrada por los
accionantes y los señores Camilo Andrés Vega Vega, Martha Vega Acosta y Claudia
Lorena Vega Vega1) interpusieron recurso de apelación contra esa decisión.

3.3.- En sentencia del 24 de abril de 2024 la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda: declaró patrimonialmente responsable a
la entidad demandada, pero declaró la falta de legitimación en la causa por activa de los
señores Manuel Benjamín Vega Guerrero, Aracely Navarro Peñaranda, Orielson de
Jesús Vega Navarro, Hernando Vega Navarro, Adrián Vega Navarro, Martha Cecilia Vega
Navarro, Georgina Vega Navarro, Rosalba Vega Navarro, Gloria Vega Navarro y Gustavo
Vega Navarro2.

3.3.1.- Lo anterior, porque dichas personas (quienes alegaron ser la madre y hermanos
de la víctima directa) no acreditaron en debida forma su parentesco con el señor Astolfo
Vega Navarro, pues no allegaron al proceso su registro civil de nacimiento, sino
únicamente la partida de bautismo.

3.3.2.- En consecuencia, la indemnización de perjuicios se hizo solamente en favor de
los señores Camilo Andrés Vega Vega, Martha Vega Acosta y Claudia Lorena Vega
Vega, quienes sí acreditaron en debida forma su parentesco con el señor Astolfo Vega
Navarro.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- Los accionantes alegan que la sentencia del 24 de abril de 2024 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en los defectos
procedimental y fáctico.

1
Cónyuge e hijos del señor Astolfo Vega Navarro.
2
Quienes fungen como accionantes en el presente proceso, salvo el señor Manuel Benjamín Vega Guerrero.

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4.1.- En relación con el defecto procedimental, aseguran que la autoridad judicial
accionada incurrió en un exceso ritual manifiesto porque consideró que la partida de
bautismo del señor Astolfo Vega Navarro no tenía valor probatorio, y que la prueba
conducente para acreditar su parentesco con la víctima directa era el registro civil de
nacimiento. Alegan que, en el plano de la realidad, sí son familiares de la víctima directa,
y allegan su registro civil de nacimiento que así lo acredita. Señalan que no se pueden
anteponer las formalidades sobre la realidad material, pues ello implicaría una
vulneración a sus derechos fundamentales y una denegación de justicia.

4.2.- Agregan que, en todo caso, los artículos 18 y 19 de la Ley 92 de 19383 establecen
expresamente que si bien el registro civil de nacimiento es la prueba principal para
acreditar el parentesco, lo cierto es que la partida de bautismo es un medio de prueba
supletivo para probarlo, pues el mismo ordenamiento jurídico señala que dicha prueba
es conducente para tal efecto. Así las cosas, ante la ausencia del registro civil de
nacimiento, se le debió otorgar pleno valor probatorio a la partida de bautismo.

4.3.- Frente al defecto fáctico, señalan que si la autoridad judicial accionada consideraba
que la partida de bautismo no resultaba suficiente para acreditar el parentesco entre ellos
y la víctima directa, debió hacer uso de sus facultades oficiosas para recaudar los
documentos que considerara idóneos para probar su legitimación en la causa por activa,
conforme a los parámetros impartidos por la Corte Constitucional en sentencia T-113 de
2019. Lo anterior, máxime si se considera que la misma Corte ha señalado que se incurre
en un exceso ritual manifiesto cuando el juzgador omite el decreto de pruebas de oficio
para aclarar un punto oscuro del debate.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado (accionado) solicitó
que se declarara la improcedencia de la acción o, en su defecto, que se negara el amparo.
Aseguró que no se satisface el requisito de relevancia constitucional porque los

3
<<ARTICULO 18. A partir de la vigencia de la presente Ley solo tendrán el carácter de pruebas principales, del estado
civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones que se verifiquen con
posterioridad a ella, las copias auténticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por los funcionarios de
que trata la presente Ley.
ARTICULO 19. La falta de los respectivos documentos del estado civil podrá suplirse, en caso necesario, por otros
documentos auténticos, o por las actas o partidas existentes en los libros parroquiales, extendidas por los respectivos
curas párrocos, respecto de nacimientos, matrimonios o de defunciones de personas bautizadas, casadas o muertas
en el seno da la Iglesia Católica, por declaraciones de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del
estado civil de que se trata, y, en defecto de estas pruebas, por la notoria posesión de ese estado civil>>.

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accionantes pretenden hacer de la acción de tutela una instancia adicional del proceso
ordinario para revivir el debate probatorio acerca de su legitimación en la causa por activa,
pese a que ese asunto ya fue zanjado por el juez natural de la causa.

5.1.- Explicó que el reproche consistente en que debió decretar pruebas de oficio con el
fin de acreditar en debida forma el parentesco entre los accionantes y la victima directa
desconoce el principio de la carga de la prueba, según el cual les incumbe a las partes
probar los supuestos de hecho que ellas persiguen.

5.2.- Señaló que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 92 de 1938, el estado civil
de las personas se prueba con el respectivo registro civil y, de manera supletiva, con
otros documentos previstos en la norma, entre ellos, la partida de bautismo. Sin embargo,
aseguró que como en el caso concreto no se acreditó la ausencia del registro civil, la
partida de bautismo no resultaba suficiente para establecer el parentesco entre los
accionantes y la víctima. Así mismo, sostuvo que tampoco existían testimonios o
documentos que demostraran la relación familiar y que permitieran legitimar a los
accionantes como damnificados.

5.3.- Indicó que, junto con el escrito de tutela, los accionantes aportaron el registro civil
de nacimiento del señor Astolfo Vega Navarro, por lo que era claro que lo que pretendían
era reabrir la oportunidad procesal para aportar la prueba omitida en la instancia procesal
oportuna. En todo caso, explicó que, según ese registro civil de nacimiento, la Notaria
Única de Ocaña, hoy Primera de Ocaña, expidió la copia auténtica del registro civil el 24
de mayo de 2024, fecha para la cual se acababa de notificar la providencia objeto de
reproche. Por consiguiente, los accionantes tenían pleno conocimiento de la existencia
del documento y podían tener acceso a él, de donde se infiere que aquel no fue allegado
al proceso por olvido o desidia.

6.- Los señores Camilo Andrés Vega Vega, Martha Vega Acosta y Claudia Lorena Vega
Vega (terceros con interés) solicitaron que se accedan a las pretensiones. Alegaron que,
en efecto, los accionantes son la madre y hermanos del señor Astolfo Vega Navarro. En
síntesis, replicaron los mismos argumentos que se expusieron en el escrito de tutela.
Agregaron que el señor Manuel Benjamín Vega Guerrero, quien fue vinculado al presente
proceso en calidad de tercero con interés, falleció el 12 de septiembre de 2020 y
aportaron copia de su registro de defunción.

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7.- El Ministerio de Defensa - Ejército Nacional (tercero con interés) solicitó su
desvinculación del proceso. Indicó que los accionantes pretenden utilizar la acción de
tutela para reabrir el debate acerca de su parentesco con la víctima directa, pese a que
en el proceso ordinario se definió que no acreditaron dicho parentesco. Adujo que si bien
el Consejo de Estado ha establecido que la partida de bautismo puede ser valorada
únicamente cuando se acredita que no existe el registro civil correspondiente, en este
caso, al no haberse aportado la certificación de inexistencia del registro civil, la partida
de bautismo no podía ser considerada como prueba suficiente para acreditar el
parentesco alegado.

8.- El Tribunal Administrativo de Norte de Santander (tercero con interés) y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado (interviniente) guardaron silencio, pese a estar
debidamente notificados.

II. CONSIDERACIONES

9.- La Sala negará la solicitud de amparo porque no se configuraron los defectos
invocados por los accionantes. También negará la solicitud de desvinculación elevada
por el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, en tanto esa autoridad fue vinculada al
proceso en calidad de tercero con interés y no como accionado.

E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales

10.- Los requisitos se cumplen así: i) los accionantes indicaron de manera clara los
hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el asunto es de evidente
relevancia constitucional porque se afirma la vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, y se identificaron los vicios o
defectos en los que habría incurrido la providencia acusada (procedimental y fáctico).
Además, porque los reproches alegados en sede de tutela se originaron con ocasión de
la sentencia de segunda instancia, pues en ella se declaró la falta de legitimación por
activa en la causa de los accionantes; iii) se encuentra cumplido el requisito de
subsidiariedad porque la actora utilizó todos los mecanismos judiciales a su alcance para
obtener la protección de sus derechos fundamentales; iv) la solicitud se presentó en un
término prudencial (inmediatez), puesto que la decisión de segunda instancia se notificó
el 16 de mayo de 2024 y la tutela se interpuso el 3 de julio de 2024, es decir, dentro del

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término de los seis meses precisado tanto por esta Corporación 4 como por la Corte
Constitucional5; y v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.

F. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos alegados por los
accionantes

11.- La Sala analizará los defectos invocados en conjunto porque estos se encuentran
íntimamente relacionados, y se resuelven al determinar si la sola partida de bautismo era
el medio de prueba conducente para acreditar el parentesco entre los accionantes y la
víctima directa, así como si la autoridad judicial accionada incurrió en un exceso ritual
manifiesto al no decretar pruebas de oficio tendientes a probar dicho parentesco.

12.- De entrada, la Sala precisa que si bien los accionantes aportaron al proceso de tutela
el registro civil de nacimiento del señor Astolfo Vega Navarro, esa prueba no se tendrá
en cuenta porque no fue allegada al proceso ordinario y no le cabe al juez constitucional
pronunciarse sobre pruebas nuevas, pues se estarían omitiendo los mecanismos y
escenarios ordinarios para el ejercicio y la defensa de los derechos fundamentales;
adicionalmente, la acción de tutela no se orienta a revivir oportunidades procesales
precluidas.

13.- En la providencia objeto de reproche, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado determinó que, según la partida de bautismo del señor Astolfo Vega
Navarro, este nació el 24 de octubre de 1966, por lo que le era aplicable la Ley 92 de
1938 que establece la posibilidad de acreditar el estado civil de las personas con pruebas
principales y supletivas.

13.1.- En efecto, el artículo 18 de la Ley 92 de 1938 prevé que las pruebas principales
serán las <<copias auténticas de las partidas del registro del estado civil>>. Por su parte,
el artículo 19 de la mencionada ley establece que, en caso de no contarse con copias del
registro civil, podrá suplirse su acreditación con otros documentos, entre ellos, las
partidas de bautismo.

13.2.- No obstante a lo anterior, la autoridad judicial accionada sostuvo que, en el caso
concreto, los accionantes no acreditaron la ausencia de la prueba principal para probar

4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201- 01(IJ), C.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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su parentesco con la víctima directa, esto es, el registro civil de nacimiento, por lo que no
era procedente darle pleno valor probatorio a la prueba supletiva de la partida de
bautismo.

13.3.- Al respecto, la Sala resalta que el régimen contenido en la Ley 92 de 1938 fue
modificado por el Decreto 1260 de 1970, el cual señaló que a partir de 1938 la prueba
única para acreditar el estado civil de las personas es el registro civil. Sobre el particular,
la Corte Constitucional indicó:

<<A partir de la vigencia del Decreto 1260 de 1970 todos los estados civiles y sus
alteraciones deben constar en el registro civil, el cual es llevado por funcionarios
especiales del Estado. Todos los nacimientos, matrimonios, defunciones, separaciones
de cuerpos o de bienes, interdicciones jurídicas, etc., deben inscribirse en el registro civil.

Como consecuencia de esto, para las personas nacidas a partir de 1938, los estados
civiles solo pueden probarse mediante el correspondiente registro civil según el
Decreto 1260 de 1970. Este nuevo estatuto introdujo innovaciones con respecto al
antiguo sistema de la Ley 92 de 1938, que distinguía entre pruebas principales y
pruebas supletorias del estado civil. Las primeras se vinculaban al registro civil, no así
las segundas (partidas eclesiásticas de matrimonios, bautismos y defunciones)>> 6 (se
destaca).

13.4.- En ese mismo sentido, el Consejo de Estado7 ha señalado en numerosas
providencias que, de conformidad con el Decreto 1260 de 1970, las personas nacidas
con posterioridad a 1938 deben acreditar su estado civil únicamente a través del registro
civil. Por ejemplo, en sentencia del 6 de noviembre de 2020 señaló:

<<El Decreto 1260 de 1970 estableció una regla de conducencia en lo que se refiere a la
prueba del Estado Civil, así, el registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción
es el único documento que posee la idoneidad legal para demostrar este atributo de
la personalidad (...) Las personas nacidas antes de 1938 tienen la posibilidad de acreditar
su Estado Civil con las respectivas certificaciones expedidas por los párrocos
pertenecientes a la Iglesia Católica, pero, a partir de la vigencia del Decreto 1290 de
1970, todas las demás personas tienen la obligación de demostrar su Estado Civil a
partir del correspondiente registro>>8 (se destaca).

6
Corte Constitucional. Sentencia T 584 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de septiembre de 2019, expediente 43681, con
ponencia de este despacho; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de febrero de 2020,
expediente 51065. C.P. Nicolás Yepes Corrales.
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de noviembre de 2020, expediente 65001. C.P.
María Adriana Marín.

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13.5.- Así las cosas, como según la partida de bautismo, el señor Astolfo Vega Navarro
nació el 24 de octubre de 1966, es decir, con posterioridad a 1938, su estado civil
solamente podía acreditarse a través del registro civil, de conformidad con el Decreto
1260 de 1970. En consecuencia, es claro que los accionantes no demostraron
adecuadamente su parentesco con la víctima directa, pues la partida de bautismo
allegada no es una prueba conducente ―ni siquiera de manera supletiva―, y tampoco
se suplió dicha falencia con otras pruebas que sugirieran que, en efecto, los accionantes
eran familiares del señor Astolfo Vega Navarro.

14.- Ahora bien, en relación con el cargo consistente en que la autoridad judicial
accionada debió decretar pruebas de oficio con el fin de determinar el parentesco entre
los accionantes y la víctima directa, la Sala considera que ese reproche no está llamado
a prosperar por las siguientes razones:

14.1.- Si bien el juez de lo contencioso administrativo puede decretar pruebas de oficio
según lo establecido en el artículo 213 del CPACA, esa situación no implica que con ello
se deba suplir la carga de la prueba que está en cabeza de las partes.

14.2.- El Consejo de Estado ha precisado que es <<al interesado a quien le corresponde
acreditar el supuesto de hecho que persigue, sin que ello resulte vulneratorio de sus
derechos y garantías; el decreto de pruebas oficioso por parte de un juez tiene como
propósito aclarar puntos oscuros de las controversias, no suplir la carga probatoria de las
partes>>9. Igualmente, en reciente sentencia de tutela señaló que <<la carga probatoria
a cargo de la parte demandante no puede trasladarse al juez para que en uso de sus
facultades oficiosas subsane las omisiones de la demanda>> 10.

14.3.- En la sentencia T-615 de 2019, la Corte Constitucional señaló:

<<En caso de incumplimiento de la carga probatoria por alguna de las partes, se traduce
en la imposibilidad de reconocer los derechos alegados en las pretensiones o las
excepciones, salvo, que el juez con el fin de establecer la verdad de lo sucedido decrete
las pruebas de oficio. Sin embargo, en respeto de los principios de igualdad real entre las
partes, lealtad procesal y el principio de la carga dinámica de la prueba, el decreto la
práctica oficiosa de los medios de convicción deber ser justificada para que la contraparte

9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de marzo de 2021, expediente 53853. C.P.
Alberto Montaña Plata.
10
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Subsección A, sentencia del 6 de mayo de 2021, expediente 11001-03-15-000-
2020-04690-01(AC) C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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pueda pronunciarse sobre las mismas. Además, no debe suplir la inactividad de las partes,
pues generaría una ruptura los mandatos mencionados>>11.

14.4.- En sentencia SU-635 de 2015, la Corte precisó que la omisión de las facultades
oficiosas no configura un defecto procedimental cuando la parte: (i) no se encuentra en
situación de indefensión o debilidad manifiesta, y (ii) no enfrenta obstáculos demostrables
para cumplir con su carga probatoria.

14.5.- En el caso concreto, los accionantes en la demanda ordinaria no justificaron razón
alguna para no allegar el registro civil de nacimiento de la víctima directa, y tampoco
solicitaron el decreto de dicha prueba de oficio. Además, no adujeron encontrarse en una
situación de indefensión, ni que tuvieran obstáculos para conseguir el aludido documento.

14.6.- Por el contrario, la Sala considera que el hecho de que los actores hubiesen
allegado el registro civil de nacimiento al presente proceso de tutela constituye un indicio
de que conocían y/o tenían acceso a dicho documento, por lo que hubieran podido
aportarlo al proceso de reparación directa, lo que no ocurrió.

14.7.- Lo anterior denota que los accionantes simplemente no cumplieron con su carga
de la prueba, y no podían pretender que la autoridad judicial accionada supliera su
inactividad probatoria para dar por acreditado el parentesco entre ellos y la víctima
directa, entre otras porque, se itera, no existía ningún otro medio probatorio que
respaldaran sus afirmaciones de que eran la madre y hermanos de la víctima directa,
luego no era un punto oscuro de debate.

14.8.- Entender que en este caso se debía decretar pruebas de oficio rompería, a todas
luces, el principio de imparcialidad, y desconocería el principio de la carga de la prueba
y el equilibrio entre los extremos procesales.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NIÉGASE el amparo solicitado por los accionantes.

11
Corte Constitucional, sentencia T 615 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03401-00
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SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación elevada por el Ministerio de Defensa
• Ejército Nacional.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

11

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