Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2016-00203-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2016-00203-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 54001-23-33-000-2016-00203-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
24 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: ARACELY NAVARRO PEÑARANDA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL
Tema: Responsabilidad del Estado por desaparición forzada y
homicidio. Hecho exclusivo de un tercero. Valor demostrativo de
la información contenida en los sitios oficiales de la Rama
Judicial, Valor probatorio de la partida de bautismo. Valor de la
prueba trasladada. Valoración de los interrogatorios de parte.
Valoración de las entrevistas efectuadas por agentes de policía
judicial. Valor de las declaraciones extrajuicio.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia proferida el 26 de julio de 2018 por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 29 de noviembre de 1994, entre 3:00 y 3:30 a.m., un grupo numeroso de hombres
armados, que vestían prendas militares y tenían sus rostros cubiertos, saquearon la
finca La Fortuna y secuestraron a Astolfo Vega Navarro, en la vereda Guayabal, de
Ocaña – Norte de Santander. Los plagiarios exigieron la suma de $25.000.000 para
la liberación de la víctima y aunque el rescate se pagó el señor Vega Navarro nunca
apareció. El 4 de marzo de 2014, Wilman Rafael Ortiz Guevara - alias El Indio,
desmovilizado del frente Héctor Julio Peinado Bastidas de las AUC, confesó en un
proceso promovido en la justicia transicional, el secuestro, desaparecimiento
forzado y homicidio de Astolfo Vega Navarro, indicando que en estos cruentos
hechos participaron miembros del Batallón Santander.
Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
Los demandantes consideran que el secuestro, desaparición y muerte de Astolfo
Vega Navarro, así como el desmantelamiento y destrucción de la finca La Fortuna,
son imputables a “la falla en el servicio ocasionada por la Nación - Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional, por infracción, extralimitación y trasgresión al deber del
Estado Colombiano de proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes como
lo ordena el artículo 2 de la Constitución Política.”.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 12 de mayo de 20161, Aracely Navarro Peñaranda, Orielson de Jesús Vega
Navarro, Hernando Vega Navarro, Adrián Vega Navarro, Martha Cecilia Vega
Navarro, Georgina Vega Navarro, Gustavo Vega Navarro, Martha Vega Acosta,
Claudia Lorena Vega Vega, Rosalba Vega Navarro, Gloria Vega Navarro, Camilo
Andrés Vega Vega y Manuel Benjamín Vega Guerrero, mediante apoderado judicial
y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de
la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional para que se le declarara
patrimonialmente responsable por el secuestro, desaparición y muerte de Astolfo
Vega Navarro, así como por el desmantelamiento y destrucción parcial de la finca
La Fortuna, de propiedad de Manuel Benjamín Vega Guerrero, en hechos ocurridos
el 29 de noviembre de 1994.
Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la entidad
demandada a pagar, por perjuicio moral, 100 SMLMV para Aracely Navarro
Peñaranda, Martha Vega Acosta, Claudia Lorena Vega Vega y Camilo Andrés Vega
Vega y 50 SMLMV para cada uno de los demás demandantes; por daño emergente,
la suma de $34.000.000, para cada uno de los demandantes; por lucro cesante, las
sumas de $230.998.324,07 para Martha Vega Vega, $89.619.376,34 para Claudia
Lorena Vega Vega y $89.619.376,34 para Camilo Andrés Vega Vega y; por
alteración a las condiciones de existencia, 100 SMLMV para Aracely Navarro
Peñaranda, Martha Vega Acosta, Claudia Lorena Vega Vega y Camilo Andrés Vega
Vega y 50 SMLMV para cada uno de los demás demandantes.
1 Fl. 1 a 17, C.1.
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 29 de noviembre
de 1994, aproximadamente a las 2:00 a.m., un grupo de 40 personas, que portaban
prendas militares y armamento de corto y de largo alcance llegó en un camión, un
jeep truper y una camioneta a la finca La Fortuna, ubicada en la vereda Guayabal
del municipio de Ocaña, sobre la vía que une a los municipios de Abrego y Ocaña,
cerraron dicha vía con la camioneta en que se transportaban, y amarraron y
amordazaron a los hombres de la finca, cortaron el servicio telefónico y esculcaron
la vivienda, encontrando en el lugar a Astolfo Vega Navarro, quien fue secuestrado.
Sostiene que los delincuenciales se llevaron una camioneta Jeep Nissan (sic) de
propiedad de Manuel Benjamín Vega Guerrero, suegro del secuestrado, una moto
Yamaha, así como electrodomésticos, joyas y dinero en efectivo, avaluados en
aproximadamente $9.000.000.
Indica que, aproximadamente 15 días después, los plagiarios enviaron un casete en
el que Astolfo Vega Navarro le suplicaba a sus familiares que pagaran el rescate
solicitado por su liberación.
Advierte que Manuel Benjamín Vega Guerrero vendió una de sus propiedades en
Ocaña y reunió $25.000.000 para pagar el rescate, acordándose la entrega del
plagiado en el sitio denominado La Floresta, ubicado en la carretera que de Ocaña
conduce a Convención.
Declara que se efectuó la entrega del dinero a los secuestradores, pero Astolfo Vega
Navarro nunca fue liberado.
Asevera que los demandantes estaban convencidos de que el E.P.L. había
perpetrado los hechos, pero el 4 de marzo de 2014, dentro del proceso de justicia,
paz y reparación, y ante la Fiscalía 170 Seccional de Apoyo y la 34 Delegada ante
el Tribunal de Fiscalía Especializada de Justicia Transicional, el paramilitar Wilman
Rafael Ortiz Guevara, alias "El Indio" confesó el secuestro, desaparecimiento y
asesinato de Astolfo Vega Navarro, informando que su cuerpo había sido arrojado
al rio magdalena.
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
Señala que, en su confesión, alias "El Indio" sostuvo que los hechos fueron
perpetrados con la participación de la inteligencia del grupo B-2 acantonado en el
Batallón Santander del Ejército Nacional, ubicado en Ocaña, con quienes las AUC
mantenían una estrecha relación delicuencial, por medio de los capitanes y los
cuadros de mando, con quienes, incluso, coordinaban las zonas de patrullajes para
no coincidir.
Aludió que, bajo el radicado 2015-00058-01, en el Juzgado Primero Promiscuo de
Familia de Ocaña, Martha Vega Acosta promovió el proceso declarativo de muerte
presunta de Astolfo Vega Navarro.
Los demandantes sostienen que el secuestro, desaparición y muerte de Astolfo
Vega Navarro, así como el desmantelamiento y destrucción de la finca La Fortuna,
son imputables a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional “por
infracción, extralimitación y trasgresión al deber del Estado Colombiano de proteger
a los ciudadanos en su vida, honra y bienes como lo ordena el artículo 2 de la
Constitución Política.”.
2. Contestación
El 17 de febrero de 20172, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió
la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.
2.1. La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional3 sostuvo que no existían
pruebas para acreditar la falla en la prestación del servicio de la entidad. Asimismo,
advirtió la configuración del hecho del tercero como causal de exoneración de
responsabilidad.
3. Audiencia inicial
El 10 de noviembre de 20174, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las
excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.
2 Fl. 87 a 88, C.1.
3 Fl. 100 a 106, C.1.
4 Fl. 126 a 132, C.1.
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Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría
a determinar “si existe responsabilidad extracontractual de la Nación Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional por el secuestro, desaparición y muerte del señor Astolfo
Vega Navarro en hechos ocurridos el día 29 de noviembre de 1994, en la vereda
guayabal Finca la Fortuna del municipio de Ocaña, Norte de Santander, de
conformidad con la información suministrada a las autoridades el día 4 de marzo del
año 2014 por el señor William Rafael Ortiz Guevara alias “el Indio”.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 22 de febrero de 20185 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
4.1. La parte actora6 y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional7, en su orden,
reiteraron lo dicho en el escrito de demanda y la contestación a la misma.
4.2. El Ministerio Público guardó silencio.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 26 de julio de 20188 el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se acreditó
que el daño fuese imputable a la entidad demandada. Por otra parte, sostuvo que
los hechos eran atribuibles al hecho exclusivo y determinante de un tercero.
Al efecto, sostuvo que: “a la parte accionada no le es endilgable la responsabilidad
por alguna acción irregular u omisión de sus deberes, ya que de las pruebas
obrantes en el proceso no resultan palmarias las omisiones funcionales imputables
a la Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional en lo que respecta al
secuestro, desaparición y muerte del señor Astolfo Vega Navarro, sino que la misma
fue como consecuencia del actuar de grupos subversivos, es decir, los hechos
ocurridos el día 29 de noviembre de 1994, en la vereda Guayabal, Finca la Fortuna
5 Fl. 169 a 171, C.1.
6 Fl. 183 a 193, C.1.
7 Fl. 174 a 179, C.1.
8 Fl. 195 a 206, C.Ppal.
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Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
del municipio de Ocaña, Norte de Santander, que se desencadenaron en el
homicidio del señor Astolfo Vega, fueron por causa exclusiva de un tercero ajeno a
la administración pública.”.
Finalmente, el tribunal se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida porque
no las encontró acreditadas.
5. Recurso de apelación
El 17 de agosto de 2018 la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue
concedido el 23 de agosto de 20189 y admitido el 11 de diciembre de 201810.
5.1. Los demandantes11 insistieron en la responsabilidad del Ejército Nacional en
los hechos ocurridos el 29 de noviembre de 1994, afirmando que ello se encontraba
acreditado con la declaración de versión libre rendida por William Rafael Ortiz
Guevara.
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 30 de abril de 201912 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
6.1. La parte actora13 reiteró lo dicho en instancias anteriores.
6.2. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y el Ministerio Público guardaron
silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la
9 Fl. 213, C.Ppal.
10 Fl. 219, C. Ppal.
11 Fl. 202 a 211, C. Ppal.
12 Fl. 223, C. Ppal.
13 Fl. 233 a 246, C. Ppal.
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Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
sentencia proferida el 26 de julio de 2018 por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, pues la cuantía, dada por la estimación razonada en la demanda14, supera
la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción
de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación15, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 152 numeral 6, 157 y 247 del del
CPACA.
2. Medio de control procedente
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14016 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la Nación - Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional.
14 “Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de la competencia, cuando sea
del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados,
según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ella pueda considerarse
la estimación de los perjuicios inmateriales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen.
La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, que tomará en
cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, causados hasta la
presentación de aquella. Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen
varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor. En el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, no podrá prescindirse de la estimación razonada
de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.
En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por
concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones. Parágrafo. Cuando la cuantía esté
expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes, se tendrá en cuenta aquel que se
encuentre vigente en la fecha de la presentación de la demanda.”
15 La estimación razonada de la cuantía corresponde a $578.877.550.2, lo cual es superior a 500
SMLMV ($344.727.000) del año en que ésta se presentó.
16 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán promover la misma
pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades
públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas,
teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”
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3. Vigencia del medio de control
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue
alegada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia
estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se
presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de éste es un presupuesto
procesal que, por ende, debe examinarse de oficio17.
Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general18, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción19, ofrecer estabilidad del
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto
a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar,
que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al
momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del
Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o
bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el
auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de
fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se
encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.”
18 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
19 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure20 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia21, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.
Ahora bien, por cuanto se pretende la reparación directa derivada del delito de
desaparición forzada, en cuanto al término para ejercer la acción – hoy medio de
control - el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., adicionado por el artículo 8 de la
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos
20 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
21 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
Ley 589 de 2000, establecía que, en los casos de desaparición forzada, la
caducidad debe contarse “a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su
defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin
perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron
los hechos que dieron lugar a la desaparición”.
Sin embargo, esta Sección precisó que no bastaba con la ocurrencia del hecho
dañoso, pues, además, resultaba necesario su conocimiento por parte del afectado,
ya que a partir de ello surgía el interés para ejercer el derecho de acción 22. Esta
regla fue recogida por literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011
según el cual, “cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá
presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente
al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia. Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación
directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha
en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo
adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión
pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar
a la desaparición”.
Así las cosas, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo
en cuenta: i) que Astolfo Vega Navarro desapareció el 29 de noviembre de 1994 y
su cadáver nunca fue hallado; ii) que el 4 de marzo de 2014, ante la justicia
transaccional, Wilman Rafael Ortiz Guevara - desmovilizado de la estructura
paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra –, confesó la ocurrencia de la desaparición
forzada y homicidio de Astolfo Vega Navarro. El postulado puso en conocimiento de
las víctimas e informó que la ejecución del plagio se adelantó con la colaboración y
aquiescencia de miembros del Batallón Santander del Ejército Nacional; iii) que el
26 de febrero de 2016 los demandantes presentaron solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría 97 Judicial I para Asuntos Administrativos. La
audiencia de conciliación se llevó a cabo el 11 de mayo de 2016 y se declaró fallida
22Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de
marzo de 2006, expediente 15785, MP: María Elena Giraldo.
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
al no existir ánimo conciliatorio entre las partes23; y v) que la demanda fue radicada
el 12 de mayo de 2016, es decir, mientras la víctima se encontraba desaparecida,
sin que hubiera un pronunciamiento de la justicia penal y dentro de los dos (2) años
siguientes a la confesión del paramilitar Wilman Rafael Ortiz Guevara.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis24.
4.1, Martha Vega Acosta (cónyuge), Claudia Lorena Vega Vega (hija) y Camilo
Andrés Vega Vega (hijo), son las personas sobre las que recae el interés jurídico
que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, en razón
a que conformaban el núcleo familiar de Astolfo Vega Navarro, según dan cuenta
las copias auténticas de los registros civiles de matrimonio y nacimiento obrantes
en el plenario25.
4.2. Manuel Benjamín Vega Guerrero comparece al proceso en calidad de suegro
de Astolfo Vega Navarro. Sin embargo, esta calidad no está probada, por cuanto en
el plenario no obra el registro civil de nacimiento de la cónyuge de la víctima - Martha
Vega Acosta, que demuestre que ésta es hija de aquel. En tal sentido, Manuel
Benjamín Vega Guerrero no acreditó la calidad alegada. Empero, respecto a las
pretensiones elevadas frente al secuestro, desaparición forzada y fallecimiento de
Astolfo Vega Navarro, Manuel Benjamín Vega Guerrero está legitimado en la causa
por activa como tercero damnificado, toda vez que los testimonios de Lucenid
Vega26 y Carmen Rosa Vega Acosta27 lo reseñan como la persona a la que Vega
23 Fl. 82 a 83, C.1.
24 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la
causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del
libelo petitorio.”
25 Fl. 37 a 39, C.1.
26 “para el rescate, el señor Benjamín hizo todo lo posible para lo del rescate, vendió una casa,
porque pidieron 25 millones de pesos.”
27 “como a los 15 días llamaron, hicieron una llamada, llamaron a mi papá y le dijeron que necesitaban
25 millones de pesos para liberar a Astolfo y mandaron una grabación de Astolfo, de la voz de él, no
sé si ya lo habían matado cuando la grabación o si estaría muerto o estaría vivo, pues mandaron un
casette, lo mandaron y oímos la voz de él, y él le decía a mi papá, venda la casa que tiene en Ocaña,
venda cualquier cosita para que pague este rescate […] mi papá vendió una casa que tenía, eso era
lo único que había quedado […] ellos dijeron a donde les entregaba la plata […] la mandó mi papá
la plata […]”.
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
Navarro, en una grabación prueba de supervivencia, se dirigió y le solicitó que
pagara su rescate. Además, los testigos afirman que Manuel Benjamín Vega
Guerrero pagó la suma $25.000.000 para la liberación de la víctima.
Por otra parte, en atención a que la demanda solicita que se declare la
responsabilidad de la entidad demandada por el “desmantelamiento y destrucción
parcial de la finca La Fortuna, de propiedad de Manuel Benjamín Vega Guerrero, en
hechos ocurridos el 29 de noviembre de 1994”, se advierte la falta de identificación
del inmueble, toda vez que se desconoce el número de folio de matrícula
inmobiliaria o cédula catastral, la dirección u otro dato del bien que permita su
individualización, así como tampoco obra el certificado de libertad y tradición que
acredite la propiedad en cabeza de este demandante.
Al respecto, debe señalarse que con la demanda fue allegado el certificado de
tradición y libertad del folio de matrícula inmobiliaria No. 270-708928 correspondiente
al predio urbano ubicado en la carrera 9 11-31-35 del municipio de Ocaña, frente al
cual no puede interpretarse que corresponda a la finca La Fortuna, en primer lugar,
porque se trata de un predio urbano y no rural y, en segundo lugar, porque este
predio fue enajenado por Manuel Benjamín Vega Guerrero a favor de Departamento
Norte de Santander, mediante escritura pública No. 1917 del 24 de octubre de 1994,
es decir, antes de la ocurrencia de los hechos.
Por otra parte, junto con el proceso penal trasladado de la Fiscalía Novena Unidad
Especializada de Cúcuta se allegaron otros certificados de tradición y libertad de los
que tampoco puede inferirse que correspondan al predio cuya destrucción y saqueo
aduce la demanda. Así se encuentra el predio denominado San Francisco,
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 270-58018, ubicado en la
vereda Guayabal de Ocaña, adquirido por Manuel Benjamín Vega Guerrero el 1 de
diciembre de 1986, mediante escritura pública No. 1216. Sin embargo, no puede
interpretarse que este predio corresponde con el referido en la demanda, toda vez
que, aunque es propiedad del demandante Vega Guerrero y se ubica en la vereda
Guayabal, su denominación no corresponde con el referido en la demanda – finca
La Fortuna.
28 Fl. 72 a 75, C.1.
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Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
Lo propio ocurre con el predio ubicado en la vereda Guayabal de Ocaña, identificado
con el folio de matrícula inmobiliaria No. 270-58018, con fecha de apertura 30 de
abril de 2010, dado que este corresponde a una segregación posterior a la fecha de
los hechos.
Finalmente, con el proceso penal también fue allegado el certificado de tradición y
libertad del folio de matrícula inmobiliaria No. 270-12370, ubicado en la vereda
Guayabal de Ocaña, denominado La Fortuna, adquirido mediante escritura pública
No. 160 del 6 de abril de 1967 de la Notaría Única de Ocaña por Manuel Benjamín
Vega Guerrero, quien lo enajenó en la misma notaría a Juan de Dios Páez Vergel,
mediante escritura No. 290 del 23 de marzo de 1983, esto es, casi 10 años antes
de ocurridos los hechos, de modo que este documento tampoco acredita la
propiedad del predio alegada en la demanda.
De conformidad con lo anterior, se declarará la falta de legitimación en la causa por
activa de Manuel Benjamín Vega Guerrero frente a la pretensión declaratoria de
responsabilidad de la entidad demandada por el desmantelamiento y destrucción
parcial de la finca La Fortuna, toda vez que Manuel Benjamín Vega Guerrero no
demostró la calidad de propietario alegada en la demanda.
4.3. Aracely Navarro Peñaranda, Orielson de Jesús Vega Navarro, Hernando Vega
Navarro, Adrián Vega Navarro, Martha Cecilia Vega Navarro, Georgina Vega
Navarro, Rosalba Vega Navarro, Gloria Vega Navarro, Gustavo Vega Navarro no
están legitimados en la causa por activa, toda vez que aunque alegan la calidad de
madre y hermanos de Astolfo Vega Navarro, al plenario no se allegó el registro civil
de nacimiento que acredite el parentesco entre la víctima y su progenitora, lo cual
impide acreditar los vínculos de consanguinidad indicados en la demanda, en cuyo
caso, dicho sea de paso, tampoco se tiene medio de prueba que acredite la calidad
de terceros damnificados.
Al respecto se advierte que, según la partida de bautismo29 de Astolfo Vega Navarro,
este nació el 24 de octubre de 1966, es decir en vigencia de la Ley 92 de 1938, cuyo
artículo 18 dispuso que “a partir de la vigencia de la presente Ley solo tendrán el
carácter de pruebas principales, del estado civil respecto de los nacimientos […] las
29 Fl. 36, C.1.
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
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copias auténticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por los
funcionarios de que trata la presente Ley [los Notarios, y en los municipios donde
no haya este funcionario el Alcalde Municipal, y los funcionarios consulares de
Colombia en el exterior”, aunados a la Registraduría Nacional del Estado
Civil. Adicionalmente, el artículo 19 ibidem dispuso la posibilidad de suplir “la falta
de los respectivos documentos del estado civil […] por las actas o partidas
existentes en los libros parroquiales, extendidas por los respectivos curas párrocos,
respecto de nacimientos […]”.
De cara a la normativa señalada, de vieja data la Sección Tercera del Consejo de
Estado indicó que “con la entrada en vigencia de la Ley 92 de 1.938 se estableció
la posibilidad de suplir la falta de las pruebas principales [registro civil de nacimiento,
matrimonio o defunción] por supletorias [partidas parroquiales de bautismo,
matrimonio o defunción]. Para acudir a éstas últimas, era necesario demostrar la
falta de las primeras. Esta demostración consistía en una certificación sobre la
inexistencia de la prueba principal, expedida por el funcionario encargado del
registro civil”.
Dicho de otro modo, la partida de bautismo solo adquiere valor probatorio en
ausencia acreditada del registro civil de nacimiento. Sin embargo, en el caso de
autos no obra prueba alguna que acredite la ausencia de la prueba principal, de
suerte que el documento aludido no resulta suficiente para establecer el parentesco
con la víctima30.
4.4. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, pues en la demanda
30 En idéntico sentido ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subseccion C, sentencia de 18 de
enero de 2012, Exp. 21520. “En el sub judice, según la partida de bautismo de ROMULO CALDERON
TOLEDO, éste nació el 5 de septiembre de 1946, esto es en vigencia de la Ley 92 de 1938, la cual
entró a regir el 26 de mayo de ese año; es decir, la partida de bautismo aludida tiene el carácter de
prueba supletoria. Sin embargo, no obra prueba alguna en el plenario que acredite la ausencia de la
prueba principal, de suerte que el documento aludido no resulta suficiente en este caso para acreditar
el parentesco con la víctima, según las normas atrás citadas.
Ahora bien, no obstante obrar en el plenario los registros civiles de nacimiento de YINETH
CALDERON TOLEDO, ALBERTO CALDERON TOLEDO, AMPARO CALDERON TOLEDO, EDGAR
CALDERON TOLEDO, HERMINDA CALDERON TOLEDO, YOLANDA CALDERON TOLEDO, la
Sala no puede considerar acreditado el parentesco de la víctima con sus hermanos, puesto que no
se probó el vínculo de consanguinidad de ROMULO CALDERON TOLEDO con su progenitora, en
primer grado, de donde se derivaría el segundo grado.”
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
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se alega que esta entidad es patrimonialmente responsable por la muerte de Astolfo
Vega Navarro.
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el secuestro, la desaparición y la muerte de
Astolfo Vega Navarro son atribuibles a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional.
6. Solución al problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre: i) la responsabilidad del Estado; ii) el régimen de responsabilidad
del Estado por desaparición forzada y iii) el hecho exclusivo de un tercero.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199131 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho32, que contraría el orden legal33 o que está desprovista de una
causa que la justifique34, resultando que se produce sin derecho al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida
o protegida35, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
31 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
33 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
35 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
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patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo, descripción que sin embargo
ilustra el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado, que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional, con el daño especial,
entre otros36.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
6.2. Responsabilidad del Estado por desaparición forzada
La desaparición forzada ha sido ampliamente desarrollada por la jurisprudencia de
la Corporación como un delito de lesa humanidad, por cuanto involucra, además de
los derechos fundamentales de la víctima, la convivencia social, la paz y la
tranquilidad del género humano. Asimismo, la Sala ha destacado que se trata de
un acto de carácter pluriofensivo, ya que se configura mediante la restricción o
cercenamiento indebido del derecho a la libertad personal y compromete de manera
directa los derechos a la vida, a la integridad y a la dignidad de las personas,
desdoblándose en sus familiares, dado el desconocimiento del derecho a la
información sobre la ubicación o condiciones en que se encuentran las víctimas,
menoscabando en este sentido la dignidad de la familia37.
Así, la desaparición forzada se encuentra definida en la legislación penal como la
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 7 de septiembre de 2015, Exp.
51.388.
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privación de la libertad de la persona, cualquiera que sea la forma, seguida de su
ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información
sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley 38.
Igualmente, la normativa internacional39, en particular el artículo 2° de la
Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada define esta conducta
como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su
forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que
actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de falta
de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de
informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de
recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que
la desaparición forzada constituye un delito contra la humanidad y la violación
múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención, pues
de una parte se tiene el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los
que se ve sometida la víctima que en sí mismos representan formas de tratamiento
cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona y del derecho
de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; y de otra
parte, se tiene establecido que la práctica de desapariciones en su mayoría ha
implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de
juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella
material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que
significa una brutal violación del derecho a la vida40.
38 Artículo 1º de la Ley 589 de 2000. “El particular que perteneciendo a un grupo armado al margen
de la ley someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de
su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero,
sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40) años,
multa de quinientos (500) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes y en interdicción de
derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años. A la misma pena quedará sometido, el
servidor público, o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquel, y realice
la conducta descrita en el inciso anterior”.
39 Entre ellos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de
Derechos Humanos, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, Estatuto
de Roma, Articulo 3 común a los Convenios de Ginebra, Protocolo II adicional a los Convenios de
Ginebra entre otros.
40 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia
de 29 de julio de 1988, párrafos 155 a 157.
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Dados los presupuestos que anteceden, se tiene que la configuración de la
desaparición forzada y su imputación a la responsabilidad del Estado, deben reunir
las siguientes condiciones: i) que se haya privado a una persona de la libertad en
cualquier forma; ii) que dicha privación haya sido cometida por agentes del Estado
o por personas o grupos de personas que actúen con su autorización o
aquiescencia; iii) que haya sido seguida de la falta de información o de la negativa
a reconocer la privación de la libertad o a informar sobre el paradero de la persona;
y iv) que se impida el ejercicio de recursos legales y de las garantías procesales
contenidas en la ley.
Ahora bien, la Sala también ha reconocido que en este tipo de eventos la prueba
indiciaria resulta ser “idónea y única para determinar la responsabilidad”41, de
manera que no es necesario que existan pruebas directas y contundentes que
incriminen a la institución militar, pues la concurrencia de serios indicios de la acción
u omisión del Ejército son suficientes para asignarle responsabilidad a la Nación42.
6.3. Hecho exclusivo de un tercero
El hecho de un tercero supone la actuación exclusiva y determinante de una
persona ajena al juicio de responsabilidad en la realización del injusto 43. Esta
Sección44 ha señalado que el hecho exclusivo y determinante del tercero se
configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es
completamente ajena al servicio y que éste último no se encuentra vinculado en
manera alguna con aquél.
Asimismo, esta Corporación45 ha determinado que para la prosperidad de esta
causal exonerativa de responsabilidad deben reunirse tres requisitos, a saber: i) que
el hecho del tercero sea la causa exclusiva y adecuada del daño, motivo por el cual
la entidad tiene que probar que no hay ningún vínculo causal entre la conducta del
demandado y el daño producido; ii) que el hecho del tercero sea ajeno al servicio,
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de octubre de 2012, Exp.
21806.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2007, Exp. 16337.
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es decir, que el tercero no esté vinculado a la persona de derecho público
demandada ni realice actividades vinculadas al servicio público; y iii) que el hecho
del tercero sea imprevisible e irresistible para la entidad.
Adicionalmente, sobre la revisión del actuar del tercero en la producción del daño,
esta Sección ha precisado que no se requiere que el tercero haya actuado con
culpa, porque la relación causal es un aspecto de carácter objetivo. Empero, para
que excluya la responsabilidad de las entidades demandadas, debe haber
constituido la causa determinante46.
7. El caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 26 de julio de
2018 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó las
pretensiones de la demanda, los demandantes insistieron en la responsabilidad del
Ejército Nacional en los hechos ocurridos el 29 de noviembre de 1994, acreditada,
a su juicio, con la declaración de versión libre rendida por William Rafael Ortiz
Guevara.
En ese sentido, y comoquiera que sólo la parte demandante presentó recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 26 de julio de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
357 del Código de Procedimiento Civil, se resolverá el asunto sub lite en aquello
que reprocha como desfavorable en el recurso47. Por ello, a continuación se
analizará si la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional es
patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la muerte de
Astolfo Vega Navarro.
Se resalta que no se estudiará lo concerniente al daño por el desmantelamiento y
destrucción parcial de la finca La Fortuna, pues en la parte resolutiva se declarará
47 “Artículo 357. Competencia del Superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable
al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto
del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos
íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […] Cuando se hubiere
apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito
aun cuando fuere desfavorable al apelante”.
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la falta de legitimación en la causa por activa de Manuel Benjamín Vega Guerrero,
porque no demostró la calidad de propietario o poseedor del bien, tal como se indico
en precedencia.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
7.1. Hechos probados
Antes de enunciar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
proceso, es necesario precisar que según el artículo 185 del Código de
Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo
dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas
practicadas válidamente en un proceso judicial pueden trasladarse a otro en copia
y son apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se
hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de
ella”.
En el presente asunto, la parte actora solicitó oficiar a la Fiscalía Delegada ante los
Jueces Penales Especializados del Circuito de Cúcuta y a la Fiscalía 34 Delegada
ante el Tribunal Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia
Transicional para que se remitieran las diligencias adelantadas con motivo del
secuestro, desaparición forzada y homicidio de Astolfo Vega Navarro. Las pruebas
fueron decretadas48 y allegadas en debida forma y en copia auténtica49, y de ellas
se corrió traslado a la entidad demandada.
Así las cosas, la Sala valorará sin restricción alguna las pruebas documentales y
testimoniales trasladadas de las actuaciones adelantadas con ocasión de la
desaparición forzada y el homicidio de Astolfo Vega Navarro. Estas pruebas fueron
debidamente solicitadas y decretadas en el plenario y allegadas al proceso, de
manera que ambas partes conocieron su contenido y contaron con la oportunidad
de ejercer la contradicción de las mismas.
48 Fl. 126 a 132, C.1.
49 Fl. 162, 165 y 166, C.1.
20
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Sobre el particular conviene indicar que, la parte actora solicitó la comparecencia
de Wilman Rafael Ortiz Guevara para que ratificara lo dicho en las instancias
penales, especialmente en la audiencia concentrada llevada a cabo el 27 de abril
de 2016 ante la justicia transicional. No obstante, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, en la audiencia inicial, denegó la prueba al considerar que “la
información que est[e] podría aportar al proceso ya reposa dentro de las pruebas
documentales que fueron decretadas y en que se sustenta la demanda”. Así, en su
decreto de las pruebas, el a quo ordenó tener como tales el “CD que contiene la
audiencia concentrada dentro del proceso adelantado por el Tribunal Superior de
Bogotá – Sala Penal en contra de los desmovilizados dentro de la estructura
paramilitar Héctor Julio Peinado Bastidas”, de lo cual corrió traslado a la entidad
demandada que no hizo oposición alguna. De manera que la decisión quedó
notificada y en firme50.
Asimismo, las declaraciones rendidas por los demandantes51 serán valoradas en
conjunto con los demás elementos probatorios y de acuerdo con el principio de la
sana crítica, pues el artículo 16552 del Código General del Proceso cataloga la
declaración de parte como un medio de prueba53, el artículo 191 del mismo cuerpo
50 Fl. 126 a 132, C.1.
51 Fl. 55 a 60, C.1.
52 Artículo 165. “Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión,
el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos,
los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del
convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con
las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los
principios y garantías constitucionales.” (Se resalta)
53 Sobre el particular, la Subsección C, en auto del 4 de abril de 2022, Rad. 67820, dijo: “A diferencia
de lo previsto en el artículo 203 CPC, que prescribe que cualquiera de las partes puede pedir la
citación de la contraria, a fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso, el artículo
198 CGP prevé la posibilidad de que el juez, de oficio o a solicitud de parte, pueda ordenar la citación
de las partes a fin de interrogarlas sobre estos hechos. Esta norma no faculta a las partes a solicitar
su propia declaración. El precepto hace referencia a que el juez cite a las partes, bien sea porque de
oficio considera necesaria su declaración o porque la parte contraria lo solicita. Son dos puntos de
partida distintos. Mientras el artículo 203 CPC dispone que las partes pueden solicitar la citación de
la parte contraria, el artículo 198 CGP prevé que el juez puede ordenar la citación de las partes. Esta
norma no se refiere a la parte contraria, pues regula el interrogatorio de las partes ordenado por el
juez -de oficio o a solicitud de estas- que, como árbitro de la contienda, no tiene una contraparte en
el proceso. Además, es preciso insistir en que quien alega un hecho debe demostrar su ocurrencia
para que produzca el efecto pretendido, pues la sola afirmación de una parte no es suficiente para
acreditarlo. De ahí que, permitir que la misma parte solicite su declaración, no tiene en cuenta lo
previsto en el artículo 167 CGP, ni corresponde a una interpretación armónica de esta norma (artículo
30 CC). Más allá de las discusiones sobre el valor probatorio de la declaración de parte, la posibilidad
de que esta prueba sea solicitada por la misma parte y la valoración de la misma, es claro que la
demostración de la ocurrencia de los hechos no deriva de las afirmaciones de las partes. De ser así,
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normativo dispone que la declaración de parte será valorada por el juez de
conformidad “con las reglas generales de apreciación de las pruebas” y el artículo
198 ibídem no da tratamiento de sospechoso54 a la declaración que rinda una de las
partes del proceso.
Por otra parte, es menester poner de presente que las entrevistas efectuadas por
agentes de policía judicial55 recogen las versiones de personas determinadas que
atestiguan de forma directa o indirecta un hecho sobre el cual se indaga
penalmente, de conformidad con las normas que se consideren infringidas y
constituyan un delito, a fin de obtener información relevante que permita la
reconstrucción de la realidad, adelantar las diligencias y proferir las decisiones
judiciales correspondientes. Sin embargo, como las exposiciones que las personas
rinden ante estos servidores no se realizan bajo la gravedad de juramento, están a
merced de eventuales imprecisiones o tergiversaciones, situación que, en principio,
impide al juez reconocerle a este tipo de medios una capacidad probatoria con
mérito de valoración judicial y, por tanto, no pueden tenerse en cuenta en juicio,
salvo que en este los deponentes de las declaraciones allí vertidas ratifiquen lo
dicho bajo el apremio de manifestar la verdad, en atención a lo dispuesto en los
artículos 22056 y 22257 del Código General del Proceso. Así las cosas, la Sala no
otorgará valor probatorio a las entrevistas recolectadas por los Investigadores del
la demanda y la contestación servirían para acreditar los supuestos de hecho que estas aducen y no
sería necesaria la práctica de pruebas. Por ello, el Despacho debe determinar, además, si la prueba
es útil, pertinente, conducente y no resulta superflua. 4. El artículo 168 CGP, aplicable por remisión
expresa del artículo 306 CPACA, dispone que se deben rechazar, mediante providencia motivada,
las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente
superfluas o inútiles. Las pruebas deben ser conducentes y eficaces para demostrar el hecho o el
acto jurídico objeto del litigio, del que se deriva el derecho o la obligación reclamada, y deben estar
orientadas a demostrar los supuestos de hecho de la demanda o contestación. El juez debe rechazar
las pruebas que no sean conducentes, ni pertinentes y que no lleven a probar un hecho aducido en
el proceso.”
54 Sobre este aspecto: NAIZIR SISTAC, Juan Carlos. Derecho Probatorio: desafíos y perspectivas.
Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2020. Segundo Capitulo: La declaración de parte en el
Código General del Proceso. Páginas 180 y 181.
55 Fl. 50 a 52, C.1.
56 “Artículo 220. Formalidades del interrogatorio. Los testigos no podrán escuchar las declaraciones
de quienes les precedan. […] el juez, este le exigirá juramento de decir lo que conozca o le conste
sobre los hechos que se le pregunten y de que tenga conocimiento, previniéndole sobre la
responsabilidad penal por el falso testimonio. […]”
57 “Artículo 222. Ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso. Solo podrán ratificarse en
un proceso las declaraciones de testigos cuando se hayan rendido en otro o en forma anticipada sin
citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan, siempre que esta lo solicite. Para la
ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el
mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior.”
22
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CTI, en razón a que ellas no fueron ratificadas en el proceso penal trasladado ni
ante el contencioso administrativo.
Se observa, además, que con la demanda se aportaron las declaraciones extrajuicio
rendidas el 2 y 3 de mayo de 2016 por Martha Vega Acosta, Manuel Benjamín Vega
Guerrero y Agustín Mac Gregor Lobo, en la Notaría Segunda del Círculo de
Ocaña58. No obstante, este tipo de declaración, al ser sumaria, también requiere de
ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto el artículo 222 antes
mencionado. Por lo anterior, las referidas declaraciones extraproceso no podrán ser
valoradas en esta instancia, toda vez que no cumplen con los requisitos de la prueba
testimonial por cuanto no fue rendida con audiencia de la parte contraria y no fue
ratificada en el plenario en los términos del artículo 222 del C.G.P.
Así pues, de conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al
proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Está demostrado que el 29 de noviembre de 1994, la Fiscalía Regional de
Cúcuta abrió la investigación Rad. No. 10657, en averiguación de los delitos de
hurto agravado y secuestro extorsivo de Astolfo Vega Navarro, con fundamento en
la denuncia interpuesta por Manuel Benjamín Vega Guerrero. Lo anterior consta en
el original de la certificación expedida el 10 de mayo de 2012 por la Jefe de la Unidad
de Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de
Cúcuta59.
7.1.2. Está acreditado que el 10 de marzo de 2014, con fundamento en los hechos
relatados el 4 de marzo de 2014 en versión libre de Wilman Rafael Ortiz Guevara -
alias El Indio, desmovilizado del frente Héctor Julio Peinado Becerra de las
Autodefensas Unidas de Colombia, la Fiscalía Novena Unidad Especializada de
Cúcuta dio inicio a la investigación Rad. 54-1-170310, en averiguación de la
desaparición forzada y el homicidio agravado de Astolfo Vega Navarro, ocurridos el
29 de noviembre de 1994. De lo anterior da cuenta la copia auténtica de compulsa
de las diligencias No. FGN58000F1160.
58 Fl. 76 a 79 y 81, C.1.
59 Fl. 53, C.1.
60 Fl. 1 a 7, C.3.
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Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
7.1.3. Está demostrado que el 16 de agosto de 1995, la Unidad de Fiscalías
Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Cúcuta resolvió
archivar provisionalmente la investigación Rad. 10657, adelantada en averiguación
del secuestro extorsivo y hurto agravado, donde era víctima Astolfo Vega Navarro y
denunciante Manuel Benjamín Vega Guerrero, hasta que existiera una nueva
prueba que ameritara la reactivación de las diligencias. Lo anterior consta en el
original de la certificación expedida el 10 de mayo de 2012 por la mencionada
Fiscalía61.
7.1.4. Se encuentra acreditado que el 19 de marzo de 2015, el Juzgado Primero
Promiscuo de Familia y Oralidad de Ocaña - Norte De Santander, le dio inicio al
proceso de jurisdicción voluntaria por declaración de muerte presunta por
desaparecimiento de Astolfo Vega Navarro, Rad. No. 2015-00058-01, promovido
por Marta Vega Acosta. De lo anterior da cuenta el original de la certificación emitida
el 11 de febrero de 2016 por el mencionado juzgado62.
7.1.5. Quedó demostrado que el 26 de octubre de 2016, el Juzgado Primero
Promiscuo de Familia y Oralidad de Ocaña declaró la muerte presunta por
desaparición de Astondo Vega Navarro, indicando como fecha de la defunción 24
de noviembre de 1996, según da cuenta la copia auténtica del registro civil de
defunción inscrito el 16 de noviembre de 2016 en la registraduría de Ocaña63.
7.1.6. Está demostrado que el 23 de febrero de 2017, dentro de la investigación
Rad. 54-1-170310, investigadores de la Subdirección Seccional de Policía Judicial
– CTI hicieron presencia el en Batallón No. 15 Santander de Ocaña, con el fin de
identificar plenamente a los militares “capitán Yepes” y “sargento primero Flórez”
referidos por alias El Indio como colaboradores del frente Héctor Julio Peinado
Becerra de las AUC. Una vez efectuadas las diligencias, los investigadores
informaron que, luego de efectuar diferentes labores para la identificación e
individualización del “capitán Yesid Cañón y el sargento primero Flórez […] no se
logró establecer la identidad y por ende la ubicación del mencionado capitán Yesid
61 Fl. 53, C.1.
62 Fl. 49, C. 1.
63 Fl. 164, C.1.
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Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
Cañón y [se encontró] que para la época existía un sargento viceprimero Flórez
Mora Luis Enrique”. Lo anterior consta en la copia autentica del informe No.
54135654 de 31 de marzo de 201764, en el que, además, se advirtió que para la
identificacion de los mencionados militares se consultó la Sección de Lofoscopia65
del CTI, la cual “arrojó resultados negativos respecto a Yesid Cañón” y permitió
establecer la tarjeta de identificación de Luis Enrique Flórez Mora.
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace
necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y
ii) su imputación frente al Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración56-57.
7.2.1. El daño antijurídico
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento; es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que
contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique,
violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta
contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
64 Fl. 148 a 151, C.3.
65 Manual Único de Criminalística, Fiscalía General de la Nación. “Se define como la rama de la
criminalística que tiene por objeto la toma, clasificación, archivo y cotejo de los dibujos formados por
las crestas papilares en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, con fines de
identificación.” Incluye la dactiloscopia, Pelmatoscopia y quiroscopia.
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.
En el caso sub examine se tiene que el daño alegado es la desaparición forzada y
posterior muerte de Astolfo Vega Navarro, acreditada con el correspondiente
registro civil de defunción (hecho probado 7.1.5.). El daño tiene el carácter de
antijurídico, pues se trata de la afectación de un interés legítimo protegido por el
ordenamiento jurídico, cuya lesión no encuentra justificación legal.
Así, con relación a la desaparición forzada, el capítulo 6.2. de esta sentencia dejó
establecido que este hecho constituye un acto de carácter pluriofensivo, ya que se
configura mediante la restricción o cercenamiento indebido del derecho a la libertad
personal y compromete de manera directa los derechos a la vida, a la integridad y
a la dignidad de las personas, derechos estos inherentes e inalienables de la
persona, que se constituyen en presupuesto esencial para la realización de los
demás derechos. Tales derechos se encuentran protegidos en el Preámbulo de la
Constitución Política, que proclama dentro de los fines del Estado asegurar la vida
y la libertad de sus integrantes, y en los artículos 11 y 12 superiores, que en su
orden establecen: "el derecho a la vida es inviolable" y “nadie será sometido a
desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes”.
Lo anterior, aunado, entre otros, al artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos que reconoce el derecho a la vida como inherente a la persona
humana, protegido por la ley, bajo la proscripción expresa, según la cual, “nadie
podrá ser privado de la vida arbitrariamente”, así como el artículo 4.1. de la
Convención Americana sobre Derecho Humanos que expresamente prevé el
derecho de toda persona “a que se respete su vida” bajo la prohibición según la cual
“[n]adie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
Ello, en concordancia con el artículo 93 de la Constitución Política, según el cual los
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen
derechos humanos y que prohíben su limitación, incluso, en los estados de
excepción, prevalecerán en el orden interno, de donde la vulneración de tales
postulados y los daños que sobre ellos se generen resultan antijurídicos.
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Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
7.2.2. La imputación
Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico a la Nación - Ministerio
de Defensa - Ejército Nacional, es menester establecer si este le es atribuible fáctica
y jurídicamente.
Así pues, de los medios probatorios arrimados al proceso se encuentra acreditado
lo siguiente: i) que el 29 de noviembre de 1994, la Fiscalía Regional de Cúcuta abrió
la investigación Rad. No. 10657, en averiguación del secuestro extorsivo de Astolfo
Vega Navarro, el cual fue archivado provisionalmente por falta de pruebas que
permitieran verificar la ocurrencia de los hechos y la individualización de los
responsables (hechos probados 7.1.1. y 7.1.3.); ii) que el 10 de marzo de 2014, con
fundamento en la versión libre de Wilman Rafael Ortiz Guevara - alias El Indio, la
Fiscalía Novena Unidad Especializada de Cúcuta adelantó la investigación Rad. 54-
1-170310 por homicidio agravado y desaparición forzada de Astolfo Vega Navarro,
en la cual efectuaron las labores de individualización de los miembros del Batallón
Santander, “capitán Yepes” y “sargento primero Flórez”, referidos por el postulado
desmovilizado, sin lograr la vinculación de ninguno de estos sujetos a la ocurrencia
de los hechos (hechos probados 7.1.2. y 7.1.6.); iii) que ante la justicia ordinaria se
tramitó el proceso de muerte presunta de Astolfo Vega Navarro, el cual culminó con
sentencia que declaró el fallecimiento a partir del 24 de noviembre de 1996 (hechos
probados 7.1.3. y 7.1.4.).
Aunado a lo anterior, en el plenario se tiene la copia auténtica de la diligencia de
versión libre emitida el 04 de marzo de 2014, ante la Fiscalía 34 de la Unidad
Nacional de Justicia y Paz de Bucaramanga, por Wilman Rafael Ortiz Guevara –
Alias El Indio – desmovilizado del frente Héctor Julio Peinado Becerra de las AUC,
quien al ser indagado sobre la desaparición forzada de Astolfo Vega Navarro,
ocurrida el 29 de noviembre de 1994, en la finca La Fortuna de la verdad Guayabal
de Ocaña, manifestó conocer lo hechos, informando que la retención de Vega
Navarro tuvo lugar en razón a que fue señalado por “Alipio Ibáñez” como
colaborador de la guerrilla. Informó que la víctima fue trasladada al Banco –
Magdalena, donde fue asesinado y tirado al rio Magdalena. En este sentido, el
postulado sostuvo:
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“Yo sí se de la muerte del señor, lo que pasa es que había un señor que le decían
ALIPIO IBAÑEZ que tenía un negocio era un taller eléctrico que arreglaban los
vidrios de los carros, este señor dio información que la vereda EL GUAYABAL era
el señor ASTOLFO VEGA era colaborador de la guerrilla. En la parte de arriba del
taller en el 2° piso ahí vivían unos miembros del grupo de autodefensas. estaba
CHAYAN, CHARLY, otro que le decían MANZANO, había otro que le decían
CALEÑO y otro que le decían TOLIMA; ellos vivían en la parte de arriba del taller; si
recuerdo cuando trajeron a un señor ahí en una camioneta y recuerdo que dijeron
que era de apellido VEGA y que lo habían traído de la vereda GUAYABAL; […] al
señor ALIPIO IBAÑEZ le preguntaron si ese señor era, inclusive yo estaba ahí;
entonces el señor IBAÑEZ dijo que si, […] ellos llegaron como de 10 a 11 de la
mañana; recuerdo que llevaban una moto negra V-80; ellos se fueron con el señor;
iba alias BETO que iba manejando una camioneta estaca azul, o sea HUMBERTO
MORA SUAREZ estaba TOLIMA, ellos se llevaron al señor, ellos lo llevaban en un
trooper color verde oscuro que era del grupo, la camioneta azul de estaca tambien
era del grupo que manejaba humberto mora suarez: al señor se lo llevaron en los
dos carros; la información que tengo es que al señor lo habían matado y lo habían
botado frente al BANCO - MAGDALENA; el cuerpo fue tirado al rio; en ese momento
yo era segundo de LUIS en PAILITAS y MILCIADES manejaba OCAÑA, yo no supe
lo de la plata que pidieron”
Aunado a lo anterior, Wilman Rafael Ortiz Guevara – Alias El Indio – fue interrogado
por las víctimas sobre si los vehículos en los que se transportó a Astolfo Vega
Navarro eran del Ejército Nacional. Al respecto, debe advertirse que con
anterioridad Ortiz Guevara ya había especificado que los vehículos que sirvieron
para transportar a la víctima “eran del grupo”, de manera que ante la pregunta de
las víctimas el postulado aclaró que, aunque las autodefensas y los miembros del
Batallón Santander trabajaban en asocio, la ofensiva contra Astolfo Vega Navarro
“no fue en los vehículos del batallón”. Al respecto indicó:
“entre las autodefensas y el Ejército teníamos un lazo muy familiar, no era con todo
el Ejército. Teníamos lazos con la inteligencia del B-2, era con YESID CAÑON que
era un capitán, los cuadros de mando que eran varios cabos, no me acuerdo de los
apellidos pero ellos andaban con YESID CAÑON, pero todo lo más era con él: para
coordinar donde íbamos a hacer patrullajes para no encontrarnos, o sea en el área
en que estuvieran ellos nosotros no nos íbamos a meter y donde estuviéramos
nosotros ellos no se metían; de lo que se deice (sic) que se tapono la vía para que
no ingresaran las autoridades no tengo conocimiento; nosotros si bien trabajábamos
con ellos no fue en los vehículos del batallón, habían carros parecidos; las carreteras
estaban despejadas y hubo vía libre para trasportarnos. En ese tiempo eran muy
raros los retenes que pusiera el Ejército o la ley en ese tiempo y el grupo de
autodefensas se movilizaba por cualquier sector donde no había ley y cuando había
uno se coordinaba para que levantaran el retén porque íbamos a pasar, se
coordinaba con el Ejército y la Policía […] el sargento primero FLOREZ yo lo
conozco pero no sé qué tendría que ver con este hecho: yo a Él lo conozco, lo que
si se es que el nos sacaba los salvoconductos para las armas cortas.”
Por otra parte, en su intervención, las víctimas indagaron si la desaparición y el
homicidio de Astolfo Vega Navarro estaba conectado con la acreencia que este
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tenía respecto del particular Emiro Ibáñez, ante lo cual Ortiz Guevara reiteró que el
crimen se dio en razón a que Vega Navarro fue señalado por colaborar con la
guerrilla. En este sentido se lee: “INTERVENCIÓN DE LA VÍCTIMA […] mi padre un
año antes le prestó una plata al señor EMIRO IBAÑEZ, él es primo de ALIPIO
IBÁÑEZ […] postulado […] yo no sabía de eso, a la víctima lo sindicaron de ser
subversivo”.
Ahora bien, para ratificar las declaraciones efectuada en la injurada del 4 de marzo
de 2014, el 9 de marzo siguiente, dentro del proceso penal Rad. No. 170309 de la
Fiscalía 9ª Especializada de Cúcuta se llevó a cabo la diligencia de declaración
rendida bajo juramento por Wilman Rafael Ortiz Guevara66, quien reiteró haber
pertenecido a las Autodefensas Unidas de Colombia Campesinas – Frente Héctor
Julio Peinado Becerra y haberse postulado para acogerse a la Ley de Justicia y Paz,
encontrándose detenido desde el 23 de mayo de 1998 por cuenta del Juzgado de
Ejecución de Penas de Cúcuta. Con relación al objeto del proceso penal, referente
a la desaparición forzada y el homicidio de Astolfo Vega Navarro, manifestó haber
visto cuando la víctima fue llevada al taller de electricidad de Alipio Ibáñez, quien lo
señalaba de pertenecer a la guerrilla, por lo que había sido asesinado y echado al
rio. Aunque el declarante trata de sostener que él no participó en los hechos. Al
respecto se lee:
“El grupo de las AUC que en ese tiempo se encargaba y tenían la sede en Ocaña
NS, estaba a cargo de HUMBERTO MORA SUAREZ alias BETO, se encontraba
CHAYAN, TOLIMA, CHARRY, DAVID MANZANO, CALEÑO y BETO, vivían en la
parte de arriba del negocio de ALIPIO IBAÑEZ, un taller de electricidad para ese
tiempo era el año 1994, yo me encontraba de segundo al mando en Pailitas Cesar
finca la Ucrania, los que estábamos encargados de ese corregimiento,
frecuentábamos la ciudad de Ocaña, porque ahí teníamos el resto de gente, en
Abrego también había gente regada de nosotros y en ese tiempo se encontraba
MILCIADES RAMIREZ y yo en horas de la mañana cuando llegaron con un señor,
llegó BETO, con los muchachos CHARRY, TOLIMA, MANZANO, CALEÑO, llegaron
en una, luv de estaca traían una moto negra y llevaban al señor en un trooper verde
oscuro perteneciente a las AUC, entraron con el señor al taller a la parte de adentro,
a ver si el señor ALIPIO, se encontraba ahí […] a él lo llamaron los muchachos que
venían en el carro y le preguntaron que si ese señor era el guerrillero, recuerdo yo
que ALIPIO dijo que si era el que se encontraba en la finca La Fortuna y ellos dijeron
que sí, que ese operativo se había hecho en la noche, luego BETO habló con
MILCIADES de un carro que habían recuperado y una moto y MILCIADES afirmó
que sí. Luego salieron los señores con el detenido que llevaban ahí en el carro. Mire
es que ellos los muchachos entraron con el carro hasta dentro del taller, ellos no se
bajaron del carro y luego salieron en el carro se llevaron al que llevaban detenido
ahí. Luego el señor ALIPIO IBAÑEZ terminó de arreglarnos el vidrio de la camioneta
66 Fl. 8 a 10, C.3.
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y nosotros nos fuimos para Pailitas Cesar, ya eran como las 11 o 12 del día.
Nosotros llegamos de noche a la finca la Ucrania, después aparecieron los
muchachos que se habían llevado al señor y dijeron que lo habían matado y lo
habían tirado al rio frente al Banco Magdalena. Al señor lo mataron porque el señor
ALIPIO IBANEZ, informó que ASTOLFO VEGA, era de la guerrilla, eso se lo informó
a BETO porque ellos vivían ahí mismo, en el negocio de él. Y es que cuando BETO
llegó a la finca la Ucranía nos dijo que la información se la había dado ALIPIO
IBAÑEZ, además yo estaba en el momento en que llevaban a ese señor vivo, dentro
de la camioneta donde iba BETO con los muchachos, no recuerdo las facciones de
ese señor lo que si recuerdo fue que era de la finca La Fortuna, y que ALIPIO les
dijo a los muchachos que sí, que él era, incluso en la parte de arriba en el segundo
piso del negocio de ALIPIO IBAÑEZ, les tiraron un artefacto explosivo porque ahí se
estaban quedando los paramilitares, eso lo pueden investigar. EI día que se
presentaron las víctimas por mi versión en el hotel Tonchalá, una hija del señor
ASTOFO VEGA, eso dijo ella, aseguraba que yo había ido en ese operativo, pero
no fue así porque en esa época estaba con MILCIADES y LUIS que es hermano de
MILCIADES estábamos en el plan del Cesar en la finca la Ucranía cerca a Pailitas
Cesar, yo no operaba en esa época en Ocaña, íbamos de entrada por salida, que
ese día por casualidad me encontraba en el sitio donde llevaron la víctima y escuché
a ALIPIO IBAÑEZ asegurar que ese era el guerrillero. […] No sé del paradero de los
muchachos que participaron en la desaparición del señor ASTOLFO VEGA. […]”
Sin embargo, en la audiencia concentrada para los testimonios de los postulados
desmovilizados del bloque Héctor Julio Peinado Becerra67, adelantada el 27 de abril
de 2016 ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, Wilman
Rafael Ortiz Guevara aceptó su responsabilidad y coautoría en los hechos de
desaparición forzada y homicidio de Astolfo Vega Navarro, informando más
detalladamente la participación de activos de las fuerzas militares.
En esta oportunidad, en primer lugar, la Sala de Justicia y Paz escuchó a las
víctimas Martha Vega Acosta y Claudia Lorena Vega Vega68. Así, en su calidad de
víctima Claudia Lorena Vega Vega, hija de Astolfo Vega Navarro, referido como el
hecho 79 por desaparición y homicidio refirió los hechos que antecedieron la muerte
de su padre69, advirtiendo que estos se dieron en razón a que Astolfo Vega Navarro
le cobró a Emiro Ibáñez la suma de $2.000.000 que le había prestado un año atrás,
luego de lo cual la finca La Fortuna, donde residían la familia y algunos trabajadores,
fue allanada por sujetos encapuchados que golpearon a su padre, lo secuestraron
y hurtaron los dineros y elementos de valor que encontraron. En este sentido, la
deponente manifestó:
67 Fl. 20, C. 1. Acta de Audiencia Concentrada, CD 2.
68 Fl. 20, C. 1. Acta de Audiencia Concentrada, CD 2. Minuto 01:09:26
69 Fl. 20, C. 1. Acta de Audiencia Concentrada, CD 2. Minuto 01:18:42
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
“desea intervenir la señora Claudia Lorena Vega Vega, que es víctima indirecta del
hecho 79 víctimas, Astolfo Vega Navarro. Claudia Lorena Vega Vega. El hecho 79,
Astolfo Vega Navarro. […] Soy hija de la víctima directa, Astolfo Vega Navarro, […]
Vengo ante esta sala para aclarar el homicidio y desaparición forzada de mi padre
Astolfo Vega Navarro, ocurrido en la vereda Guayabal, finca La Fortuna Ocaña,
Norte de Santander. Mi padre Astolfo Vega Navarro le presta una suma de dinero
de 2.000.000 de pesos al señor Emiro Ibáñez. Esta deuda queda representada en
una letra de cambio que quedó a ser cancelada a los 3 meses. Eso fue en el año
1993. Posterior al año, el señor Emiro Ibáñez no le cancela la deuda a mi papá, mi
papá molesto, decide dirigirse hasta la vivienda del señor Emiro Ibáñez a cobrar la
deuda, puesto que él es, era, un humilde agricultor, un humilde agricultor que solo
vivía y trabajaba el día para suplir las necesidades básicas de su familia. […] Mi
padre se encuentra con que el señor Emiro Ibáñez y su hijo. Que lo conozco como
Pocho […] estos dos señores agreden y amarran a mi padre, durante 2 horas. Luego
mi padre sale molesto a esa casa y en horas de la tarde regresa. Bastante molesto,
puesto que fue agredido físicamente y verbalmente por estos dos señores. Saca su
pistola que […] en ese entonces tenía su salvoconducto correspondiente. Y le […]
propina un impacto de bala, quedando herido el señor Pocho Ibáñez. Estos hechos
ocurrieron en el mes de octubre de 1994. El 29 de noviembre de 1994. Llegan
aproximadamente entre 30 y 40 personas. Ocultando su rostro. Vestidos con
prendas militares. A la finca La Fortuna vereda Guayabal, donde residíamos mi
padre, mi madre, mis abuelos, primos y tíos y algunos señores que colaboraban.
Con la Finca. Estos señores se trepan por la pared buscando armamento, porque
mi padre es señalado de ser guerrillero. Mi padre al verse intimidado se esconde en
el closet que teníamos en la casa. Y estos señores lo agreden con la cacha de la
pistola […] en la frente, así mismo agreguen a mi mamá, dejándola inconsciente. No
contentos con esto le exigían a mi mamá y a mi papá que por favor le entregarán la
letra de cambio que era el respaldo de la deuda y Así mismo se hiciera entrega de
las armas que mi papá tenía porque era un supuesto guerrillero […] Estos señores
llegan fuertemente armados a llamar a mi papá, me lo arrebatan de mi mano,
llevándoselo consigo, y no solo eso, se llevan un vehículo de propiedad de mi abuelo
Manuel Benjamín Vega Guerrero. Asimismo, una moto V80 de mi madre Marta Vega
Acosta y las joyas y el dinero correspondiente de toda mi familia, dejándonos
incomunicados, intimidándonos por […] 3 horas. Hasta que se cansaron de buscar
[…] el armamento […] la letra de cambio. […] 7 días después del secuestro de mi
padre, miembros de las autodefensas se comunican con mi familia exigiendo una
alta suma de dinero, a cambio de la libertad de mi padre. Mi abuelo un señor
agricultor logró recoger 25.000.000 de pesos, el cual fue pagado por el rescate de
mi papá, esa plata se llevó a la vereda por los lados de aguas claras, un tío y un
primo llevaron la plata y estos miembros le dijeron que más adelante, unos
kilómetros más adelante iban a encontrar a mi papá. Pero esto era una vil mentira.
Mi papá nunca regresó, mi papá no llegó. El día 4 de marzo del 2014 después de
tanta incertidumbre, después de tantas enfermedades […] el 4 de marzo del 2014 el
señor Wilmer Ortiz Guevara, en presencia del Fiscal 34 […] aceptó la participación
de los hechos ocurridos en el secuestro de mi padre. Y también la participación de
un civil […] llamado Alipio Ibáñez, que tenía vínculos conjuntos con las autodefensas
y con el Ejército Nacional y la policía en Ocaña, Norte de Santander. […] Alipio
Ibáñez es primo de Emiro Ibáñez […] el que tenía la deuda con mi papá, el que lo
llevó a la muerte por ser un pago, por hacer un favor.”70
Asimismo, en la audiencia concentrada ante la Sala de Justicia y Paz, Claudia
Lorena Vega Vega le solicitó a Wilman Rafael Ortiz Guevara, que aclarara las
circunstancias de la muerte de Astolfo Vega Navarro y le indagó sobre la suerte de
70 Fl. 20, C. 1. Acta de Audiencia Concentrada, CD 2. Minuto 01:09:26 a 01:19:14
31
Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
los vehículos, las joyas y el dinero del rescate “25 millones de pesos”71. Le solicitó
al confeso que aclarara lo referente a la colaboración del B-2 del Ejército Nacional
en la consumación de los hechos y la participación de Alipio Ibáñez en la muerte de
su padre72.
En respuesta, Wilman Rafael Ortiz Guevara afirmó la participación de miembros del
“Batallón de Ocaña” en el operativo donde fue retenido Astolfo Vega Navarro. El
postulado afirmó que sí hubo participación del B-2 y señaló los nombres de los
militares implicados, advirtiendo que el operativo en el que se sustrajo a Astolfo
Vega Navarro participaron 14 efectivos del Ejército Nacional y 11 hombres de las
autodefensas73. Igualmente indicó que Astolfo Vega Navarro fue sustraído y
asesinado porque Alipio Ibáñez lo señaló como guerrillero, advirtiendo su detención
en una pieza del taller del mencionado Alipio Ibáñez y la movilización de la víctima
al Banco Magdalena donde su vida fue cegada y el cuerpo arrojado al rio 74. En este
sentido el postulado manifestó:
“Sí tuvo participación el Ejército porque fueron quienes nos dieron las coordenadas
de dónde se encontraba el señor Astolfo. […] unos días antes entonces […] el señor
viceprimero sargento Escalante se reunió con nosotros para poder para hacer (sic)
ese operativo […] eso fue […] el B2 del Batallón de Ocaña que en coordinación de
ellos […] nos informaron que el señor Astolfo Vega pertenecía a la guerrilla […]
nosotros íbamos a hacer ese operativo allá, pero nos dijeron que no fuéramos solos,
que ellos iban a ir con nosotros, entonces ahí fuimos revuelto […] a nosotros nos
entregaron el señor […] el señor estaba sangrado. No sabía por qué motivo, pero ya
que la víctima dice que el señor fue agredido […] en la cabeza, entonces ahí sí caigo
en cuenta que sería por motivo ese motivo. […] lo tuvimos más de 15 días, estuvo
allí donde el señor Alipio Ibáñez, yo le pregunté a él directamente, hasta se
encontraba Milcíades en ese momento también ahí y le preguntamos que si
verdaderamente ese señor era pertenecía (sic) a la guerrilla y dijo que sí, que ese
era. En la parte de arriba, de ahí del taller hay un apartamentico, una piecita, ahí se
tuvo al señor más de 15 días. Después se dio orden para que fuera asesinado y
desaparecido. A él lo cogieron, lo llevaron al tramo frente al Banco Magdalena y fue
tirado al río.[…] y sé que fue por este por satisfacer caprichos de otros […]
verdaderamente a nosotros nos decían es un guerrillero […] ese es un guerrillero[…]
y procedíamos era a matar esa persona porque pensábamos verdaderamente que
era guerrillero, pero con el tiempo se esclarece, como en este tiempo que sabemos
la verdad […] por lo que verdaderamente las informaciones no eran como nos la
daban a nosotros en este tiempo, estamos sabiendo que esas informaciones eran
nulas, que era por capricho diferente, por deudas que se cobraban por esto y
entonces normal informaban que eran guerrilleros.[…] El vehículo. Y la moto fue
llevada a la Hacienda Ucrania. Allá ese vehículo se mantuvo allá para que personas
que llegarán como decir los muchachos que eran integrantes del grupo, aprendieran
a manejar moto y aprendieran a manejar carro, muchas motos y muchos, muchos
71 Fl. 20, C. 1. Acta de Audiencia Concentrada, CD 2. Minuto 01:27:15
72 Fl. 20, C. 1. Acta de Audiencia Concentrada, CD 2. Minuto 01:30:40
73 Fl. 20, C. 1. Acta de Audiencia Concentrada, CD 2. Minuto 01:34:00
74 Fl. 20, C. 1. Acta de Audiencia Concentrada, CD 2. Minuto 01:23:06
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
carros que fueron robados cuando se hacían los operativos y se cometían los
asesinatos iban a parar allá esos carros y esas motos, cuando se dañaban
quedaban botados en cualquier potrero de esos por allá y la gente iba y recogía
esos carros y los vendían por chatarra, de las joyas y del dinero son objetos valiosos
y son objetos pequeños. Ahí como se metieron las personas que hicieron estaban
haciendo los allanamientos fácilmente se podían esconder, el dinero y eso pues
..eh… yo tomo la responsabilidad de eso porque verdaderamente yo fui un gran un
miembro, cabeza visible de ese grupo, entonces pido perdón por eso […] por las
lesiones personales que recibieron las personas esa vez […] verdaderamente eso
no podía pasar, pero desgraciadamente pasó […] El capitán Yesid cañón y los
miembros de inteligencia del Batallón de Ocaña Norte de Santander, ellos daban la
información de en qué parte era y hasta ellos mismos, a veces nos iban y nos
prestaban seguridad porque éramos un grupo muy pequeño, de autodefensas que
operábamos allá y ellos en los vehículos iban y nos prestaban la seguridad para que
nosotros entráramos a las distintas partes donde íbamos a hacer los operativos y se
iban a extraer las personas. En el batallón el B2 del Batallón, es un grupo de
inteligencia, nos daban las informaciones para que nosotros asesináramos a las
personas, principalmente como como (sic) su padre. Eso fue el señor Escalante,
viceprimero, sargento, viceprimero Escalante (sic). […] también se encontraba ahí
[…] mi sargento segundo juicio y mi sargento segundo Canal. […] Ahí el Jessica
Jones hacía parte de esa inteligencia. […] En varias ocasiones que nos daban la
información […] El señor Alipio Ibáñez, él nos prestó el apartamento de él en la parte
de arriba para que tuviéramos al señor Adolfo Vega. En la parte de arriba se tuvo,
se retuvo ahí más de 15 días, y de ahí fue donde se sustrajo nuevamente para que
lo asesinaran y lo desaparecieron y lo tiraron al río Magdalena frente al Banco
Magdalena. El señor Alipio Ibáñez tiene mucho que ver ahí, porque si él no hubiera
dicho que el señor pertenecía a la guerrilla […] nosotros no habíamos hecho ese
hecho, no hubiéramos cometido ese asesinato […] el 29 de noviembre de 1994 en
la finca La Fortuna […] esa incursión también tuvo lugar con integrantes del Ejército
[…] fue una incursión combinada entre el grupo irregular e integrantes del Ejército.
Sí […] eran miembros del B2 del batallón y paramilitares, al cual pertenecía yo a ese
grupo de paramilitares […] del B2 mi sargento viceprimero Escalante, mi sargento
segundo Cano y mi sargento segundo juicio […] y parte de otros miembros ahí, que
eran cabos, pero como todos íbamos con la cara tapada […] nosotros entramos con
pasamontañas, entonces ahí no distinguía bien esos cabos, pero sí hubo varios
cabos que hacían parte de la inteligencia, que eran los que hacían las operaciones
junto con nosotros, los paramilitares. […] integrantes del Ejército que entraron para
aquel día 29 de noviembre del 94 […] junto con nosotros […] aproximadamente 14
y de nosotros íbamos 11. […]”75
Finalmente, es importante resaltar la pregunta del Ministerio Público frente a la
posibilidad de recuperar el cuerpo de la víctima, ante la cual Ortiz Guevara indicó
“yo creo que es imposible. El cuerpo se arrojó para que no flotara.”76.
Por otro lado, se advierte la declaración jurada rendida el 8 de marzo de 1995 ante
Fiscalía Regional Delegada de Ocaña por Jesús Emiro Ibáñez77, quien manifestó
conocer a Astolfo Vega Navarro desde hacía 4 años atrás porque había estado en
una tienda que la víctima tenía en la vereda de Guayabal. Asimismo, el declarante
75 Fl. 20, C. 1. Acta de Audiencia Concentrada, CD 2. Minutos 01:22:18 a 01:35:00
76 Fl. 20, C. 1. Acta de Audiencia Concentrada, CD 2. Minuto 01:43:34
77 Fl. 12 a 15, C.2.
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
manifestó que “Benjamín Vega” le había prestado 2 millones de pesos, de los que
estaba pagado los intereses mensuales. Sin embargo, de manera anticipada Astolfo
Vega Navarro se presentó en la residencia de Ibáñez para cobrarle el dinero
amenazándolo con un arma de fuego. Así lo señaló:
“el señor Benjamín Vega me había prestado dos millones de pesos, y yo le dije a
Benjamín que cuando fuera a necesitar la plata me avisara para yo reunírsela, el día
que se cumplían los intereses, el 24 de cada mes, Benjamin mandó a Astolfo el 24
de octubre del año pasado, él me dijo aquí vengo por la plata, la plata de los
intereses le dije yo, me dijo no es toda la plata que la necesito, yo le dije que el
negocio con Benjamín era que me avisara dos meses antes, me dijo pues yo
necesito la plata, yo le dije, eso fue como a las 9:00 de la mañana, lloviendo la
insistencia del tipo que estaba como tomado le dije que viniera a las 14:30 h de la
tarde a ver qué puedo hacer, entonces no llegó a esa hora sino a las 10:00 de la
mañana, ya llegó con revólver a desafiarme, me decía que yo no le iba a mamar
gallo, yo le respondí que no acostumbraba eso, por eso le dije que viniera a las 2:30
de la tarde porque estaban haciendo la diligencia para conseguir la plata, entonces
me insultó bastante, cuando fui a entrarme para la casa y volteé de una vez sacó el
revólver y me fue a disparar por la espalda y mi hijo Oscar estaba al lado de él,
cuando vio que me iba a disparar le agarró el brazo y le quitó el arma, luego dijo
entrégueme el revólver , Pedrito Páez, estaba ahí y dijo entréguemelo que yo me lo
llevo y se lo doy por allá arriba, por ahí a unos 200 m él se lo llevó en la moto y
Astolfo le quitó el revólver por las malas y que le había hecho un rayonazo en el
estómago, la gente decía que cerramos el negocio porque ese tipo era muy peligroso
y traicionero, eso quedó así calmado y nos quedamos en la casa, por ahí como a
las 4:00 de la tarde del mismo día estaba rodeando ese sector Astolfo, mi hijo y yo
estábamos parados en la puerta y el paso desde un carro y nos disparó y
hiriéndonos a los dos, a Oscar lo llevaron para la Clinica el Divino Niño y a mí para
el hospital, el muchacho había quedado sin movimiento de la cintura para abajo, él
fue trasladado para Bucaramanga, le hicieron otra operación donde le sacaron una
esquirla de la columna y a mí me pegó un tiro por la espalda y me salió adelante
pero no me interesó nada, el iba en un carro Renault 12 de placas venezolanas, el
tipo que iba manejando hizo un semi pare para que disparara Astolfo, a ese tipo lo
detuvieron y dijo que Astolfo le había colocado un revólver en la cabeza y lo había
hecho pasar por allá a la fuerza, a ese muchacho lo soltaron y él anda por ahí
haciendo viajes como carro pirata […] sobre unos hechos ocurridos en la finca de
propiedad del señor Benjamín Vega […] yo de eso no sé nada, dicen que se lo
llevaron, dicen que llegó un grupo como de 45 hombres, se lo llevaron y yo no sé
más nada, yo no sé si allá apareció o no, dicen que le pidieron un rescate a
Benjamín, no sé de cuanto, no sé nada más de eso […]”
Ahora bien, en el plenario se halla la declaración rendida bajo juramento el 24 de
noviembre de 2016, ante la Fiscalía 9ª Especializada de Cúcuta, por Alipio Ibáñez78,
de ocupación electricista, actividad que ejerce en el taller de su propiedad, que
funciona desde 1995, anotando que reside allí, en el segundo piso, desde marzo de
1998. El testigo afirmó no tener conocimiento alguno respecto de los hechos, no
conocer a Astolfo Vega Navarro, niega ser hermano de Emiro Ibáñez. Al efecto,
indicó lo siguiente:
78 Fl. 136, C.3.
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“[mi] residencia, […] en mi apartamento ubicado en el segundo piso de [mi taller],
desde el mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998). El taller lo tengo
en esa misma dirección desde el mes de enero de mil novecientos noventa y cinco
(1995). Ese inmueble lo compré en escombros y poco fui construyendo y en el 1998,
terminé el segundo piso y me pasé a vivir ahí. […] si […] tenía arrendado para el año
de 1994, el segundo piso de esa vivienda, […] en esa fecha del año 1994, yo no era
dueño del lote y por tanto no podía tener arrendado nada. Además en el año 1995
fue que lo compré y estaba en ruinas, porque parece ser que ahí hubo un atentado
con un petardo y eso lo compré totalmente destruido. Yo lo reconstruí nuevamente
cuando lo compre en el año 1995. […] Ese inmueble se lo compré al señor
GUSTAVO DURAN ROZO, por doce millones de pesos ($12.000.000.00). Pero
vuelvo e insisto que yo la compré fue en enero de 1995". […] [¿si Astolfo Vega
Navarro era Guerrillero?] Nunca he escuchado esa pregunta y si me la hubiesen
hecho tampoco la hubiese respondido porque no conozco a ese señor que me
menciona en la pregunta […] [¿si es cierto que mi hermano EMIRO IBANEZ, le pidió
prestada alguna cifra de dinero a ASTOLFO VEGA NAVARRO] No tengo ningún
hermano con ese nombre.”
Asimismo, obran en el plenario los testimonios rendidos dentro de este contencioso,
el 22 de febrero de 2018, en audiencia de pruebas,79 por Lucenid Vega, Edgar Isidro
Duarte Toscano y Carmen Rosa Vega Acosta.
En esta oportunidad, Lucenid Vega manifestó que para la fecha de los hechos, ella
vivía con su abuelita y las tías en la finca La Fortuna, que no tenía relación de
parentesco con Astolfo Vega Navarro y que los hechos ocurrieron a las 3 o 4 de la
mañana, cuando unos sujetos armados golpearon la puerta de la casa, le pidieron
a la abuela que abriera y como ella no accedió tumbaron la puerta, luego de lo cual
requisaron y saquearon todo el lugar y se llevaron a Astolfo Vega Navarro, quien
vivía en la misma finca, en una casa pequeña junto con su esposa Martha Vega
Acosta y sus hijos. En este sentido, la testigo afirmó:
“Fue de tres a cuatro de la mañana más o menos, tocaron la puerta mi abuela fue la
que respondió, ella dijo quién es, no quisieron decir quién era, solamente le decían
señora abra, y ya les decía no, yo no les voy a abrir, volvieron y le dijeron Señora
habrá, ya le hablaron fuerte, ella no les abrió, ella por un ratico que había por la
ventana y se fijó y ella vio las personas que llegaron, los vio tapados y les vio armas,
ella nos dijo muchachas hay gente afuera y vienen armados, entonces nosotros nos
escondimos hacia la parte de atrás, nosotros escuchamos cuando ellos, al ver que
ella no les abrió, pues tumbaron la puerta ,entonces mi abuela le decía no nos vayan
a hacer nada, yo estoy con mis hijas, les decía ella, ya empezaron a entrar,
empezaron a buscar, no sé qué estarían buscando, empezaron a voltean las camas,
a buscar, los chifonieres, empezaron a revolcar todo, nosotros ahí porque en ningún
momento nos dijeron salgan, estamos viendo lo que está pasando, ellos en ningún
momento dijeron porque iban, solamente empezaron a buscar a buscar, no se que
estarían buscando, y empezaron a sacar lo que había, joyas, dinero, lo que había
ahí, paso un rato y mientras ellos hacían eso no sacaron a la parte de afuera, nos
79 Fl. 169 a 171, C.1.
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
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sentaron, ellos eran bastante personas, iban uniformados, unos iban con la cara
tapada, iba bastante gente armada, uno del susto no se percata de muchas cosas,
pero igual estábamos asustados porque había muchísima gente, o sea eran
muchos, más o menos entre unas 30 o 40 personas. estando ahí en eso como son
las dos casas, la casa grande, la casa pequeña, la casa pequeña donde vivía el
señor Astolfo, Martha y sus dos hijos. En la casa grande, nosotros estábamos mi
abuela, las tías, los obreros, los hombres que habían, los primos. A ellos los sacaron,
los tiraron boca abajo. […] mi pensamiento era eso, nos van a matar. Ahí ya tenían
al señor Astolfo, lo habían amarrado, lo habían golpeado, él se sentó a lado de
nosotros. Regresaron a la casa a sacar las cosas, llevaron ropa. Bueno, las cosas
de la casa, sacaron electrodomésticos. En bregaron a sacar el Samsung que había
en la casa. Luego se fueron a la casa pequeña, también la desocuparon toda, […]
Bueno, ya sacamos el Nissan […] En un momento le dijeron al señor Astolfo chamo
nos acompaña, él dijo para qué, le dijeron no, nos acompaña, pero en ningún
momento le dijeron por qué se lo estaban llevando, en ningún momento. Entonces
él le decía a la esposa, a Martha, que lo acompañara. Ellos dijeron que no, que no
lo acompañara, él les dijo que le dejarán llevar la niña que su hija Lorena para que
lo acompañara porque, según le dijeron, no, usted nos acompaña y ahora regresa.
Entonces, nos dio como un alivio. Bueno, yo empezaron a sacar, empezaron a sacar
todo, todo, todo. Ya pasó un rato así, a él lo tuvieron así, los pelados quedaron ahí
boca abajo, que en ningún momento le dijeron que se pararan. […] como ya les
estaba aclarando día, ya habían sacado las cosas, dejaron la casa vuelta nada, o
sea, prácticamente nos desocuparon la casa. A la señora Martha le robaron todos
los electrodomésticos, una moto que tenían. Y ya se llegó la hora, que ya se iban,
le dijeron a Astolfo Usted nos acompaña, la señora Martha los siguió para ver si se
podía ir con él. […] decían nos está cogiendo tarde, nos está cogiendo tarde, pero
la verdad fue que nos desocuparon la casa, se llevaron plata, joyas. Cortaron la línea
de teléfono, eso fue lo primero que cortaron la línea de teléfono, nos dejaron
incomunicados […] Y así pasó, pero sí iban fuertemente armados, iban bastantes,
vestían prendas militares […] fueron groseros, pintaron las paredes […] pintaron las
paredes con pintura roja, […] decía EPL […] después […] ellos recibieron una nota
[…] para el rescate, el señor Benjamín hizo todo lo posible para lo del rescate, vendió
una casa, porque pidieron 25 millones de pesos. Se pusieron de acuerdo, fueron a
llevar la plata al sitio, la entregaron, miraron que él no estaba, lo que les dijeron fue
que más adelante lo iban a encontrar, y nunca llegó porque nunca apareció […]
Esperamos por mucho tiempo, todos teníamos la esperanza que él iba a regresar,
pero nunca llegó, hasta cierto tiempo, pues hubo alguien que llegó y dijo que no, que
él ya no, que no contarán con él porque ya lo habían matado, que lo habían echado
al río […]”80
En similar sentido, rindió su testimonio Carmen Rosa Vega Acosta, hermana de la
demandante Martha Vega Acosta y, en consecuencia, cuñada de la víctima Astolfo
Vega Navarro, quien dijo residir en la finca La Fortuna, que tenía dos casas, una
grande donde vivía ella con su mamá, sobrinos y algunos trabajadores, y una casa
pequeña donde vivían Astolfo Vega Navarro, su esposa Martha Vega Acosta y sus
dos hijos. Respecto a los hechos, la testigo narró que tuvieron lugar a las 3:00 o
3:30 de la mañana, cuando todos estaban durmiendo. Indicó que a esa hora hizo
presencia un grupo de hombres armados, que vestían prendas militares, golpearon
a la puerta de la casa grande y al ver que no se les abrió la derribaron. Los sujetos
80 Fl. 173, C.1. CD Audiencia de Pruebas, minuto 00:12:00 a 00:25:00.
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saquearon las dos casas y se llevaron a Astolfo Vega Navarro. Días después
llamaron solicitando 25 millones de pesos para liberar a la víctima, pero aunque el
valor del rescate se canceló, Astolfo Vega Navarro nunca fue liberado. A la sazón,
la testigo sostuvo:
“Pues eran como a las 3:00 de la mañana o de por ahí 3, 3:30 de la mañana, cuando
mi mamá, estábamos durmiendo, cuando ella sintió pisadas afuera. Entonces ella
de una vez se levantó, miró con un huequito de la ventana y vio que eran hombres
armados y con prendas militares, entonces fue y nos despertó y nos dijo “uy mujeres
llegaron unos hombres, viene una gente muy armada” […] nosotros nos levantamos,
ellos decían vieja abra la puerta, abra la puerta. Nosotros, recostadas a la pared,
esperando ahí. […] creímos que nos iban era a matar, a todas. Entonces le dieron
pata a la puerta, le dieron como 3 o 4 patadas y tumbaron la puerta y entraron, y
nosotras paradas en la pared, recostadas a la pared. Empezaron a saquear la casa.
Ropa, dinero, joyas […] no decían nada y nosotros pues asustados porque iban muy
fuertemente armados […] empezaron a saquear, lleven cosas y echen a los carros
[…] Se llevaron un Nissan de color azul, propiedad de mi papa Benjamín Vega, se
llevaron la moto de Astolfo, el esposo de Martha, le limpiaron la casa de ella también,
la de nosotros la limpiaron lo único que no pudieron llevarse eran las camas y las
neveras que era lo más pesado, de resto se llevaron todo, todo, todo, todo, no
dejaron nada. Hasta la ropa […] Nosotros con mucho miedo que nos iban a matar
era el pensamiento de todos. A los pelaos los sacaron y los pusieron boca abajo,
nosotros esperamos que los mataran. […] había mucha gente y mucha gente,
mucha, de esos militares, para donde uno mirara militares […] les cogió el día
mientras saquearon las casas, aclaró y yo mire para afuera y alcancé a ver unas
camionetas del Ejército, camionetas verdes del Ejército, con esas taponaron la vía,
yo las alcancé a ver, eran del Ejército y vi un truper, los dos truperes (sic) que tenía
el Ejercito los alcancé a ver, los tenían cuadrados ahí, […] cuando ya se fueron a ir
[…] nos encerraron a todas y cerraron la puerta, el teléfono fue lo primero que
cortaron […] cuando lo arreglaron yo llamé a mi papá, mi papá fue y puso el
denunció, que habían saqueado la casa y que se habían llevado a Astolfo […] como
a los 15 días llamaron, hicieron una llamada, llamaron a mi papá y le dijeron que
necesitaban 25 millones de pesos para liberar a Astolfo y mandaron una grabación
de Astolfo, de la voz de él, no sé si ya lo habían matado cuando la grabación o si
estaría muerto o estaría vivo, pues mandaron un casette, lo mandaron y oímos la
voz de él, y él le decía a mi papá, venda la casa que tiene en Ocaña, venda cualquier
cosita para que pague este rescate […] mi papá vendió una casa que tenía, eso era
lo único que había quedado […] ellos dijeron a donde les entregaba la plata […] la
mandó mi papá la plata […] cuando ya entregaron la plata, un muchacho que la
llevaba, un hermano de Astolfo les dijo dónde está mi hermano, entonces ellos
dijeron váyanse que más adelantico lo encuentran pero no lo encontraron, esperaron
hasta que se oscureció y se vinieron para la casa […] ya no supimos más de él, […]
como dos años después ya se dijo que lo habían matado y que lo habían echado al
rio Magdalena […] eran militares, llevaban prendas militares, eran los carros del
Ejército y ellos pintaron la casa y se hicieron pasar por EPL […] hasta se montaron
por la paredes y se montaron al cielo raso, se montaron por las paredes […] Astolfo
Vega […] era un buen muchacho, juicioso, trabajador, tenía cultivo, era trabajador.
No tenía antecedentes de nada […] muchacho normal […] de la muerte del señor
Astolfo Vega nos enteramos porque supimos, porque Lorena la hija de Astolfo ella
descubrió, averiguó hasta que ya supo, un señor le confesó que lo habían matado y
que lo habían echado al rio Magdalena, le confesó y él relató todos los hechos, todo
lo ocurrido […] los sujetos que entraron a la casa llevaban puñales, cuchillos,
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granadas, armamento, a uno le daba miedo mirarlos por todo lo que llevaban,
revólveres, unas escopeticas largas […]”81.
Finalmente, se tiene el testimonio de Edgar Isidro Duarte Toscano, quien dijo haber
conocido a Astolfo Vega Navarro desde pequeño, que era agricultor y “muy amigo”
suyo. Informó que tuvo conocimiento de los hechos porque la familia le contó lo
sucedido. Le contaron que “habían (sic) llegado un grupo de bastantes hombres,
fuertemente armados con prendas militares y con la cara tapada, con carros, entre
ellos carros de color verde del Ejército, nos contaron los mismos familiares. Eso
ocurrió el 29 de noviembre de 1994”82. Sobre la víctima afirmó que era “[…] un
excelente esposo y muy querendón con los hijos y de mucho aprecio con los vecinos
y todo. […]"83.
Ahora bien, a juicio de la Sala y en los términos del artículo 21784 del Código de
Procedimiento Civil, se advierte que los testimonios de Wilman Rafael Ortiz Guevara
son considerados sospechosos en razón a su vinculación directa con la ocurrencia
de los hechos.
Igualmente se considera que los testimonios de Jesús Emiro Ibáñez y Alipio Ibáñez
son sospechoso en razón a la implicación que tienen frente a la ocurrencia de los
hechos. Al respecto, el desmovilizado Ortiz Guevara afirmó que Alipio Ibáñez fue
quien señaló ante las AUC a Astolfo Vega Navarro como miembro o colaborador de
la guerrilla, determinando así el desaparecimiento forzado y la ejecución de la
víctima. Por su parte, Claudia Lorena Vega Vega informó que Alipio Ibáñez es primo
de Emiro Ibáñez quien le debía dos millones de pesos a Astolfo Vega Navarro y el
24 de octubre de 1994, es decir, un mes antes a la retención de Vega Navarro, éste
le exigió el pago de la deuda, generándose una rencilla que, según cuenta el mismo
Emiro Ibáñez, culminó con heridas de arma de fuego que afectaron al deudor y a su
hijo.
81 Fl. 173, C.1. CD Audiencia de Pruebas, minuto 00:39:32 a 00:53:37
82 Fl. 173, C.1. CD Audiencia de Pruebas, minuto 00:30:46 a 00:32:16
83 Fl. 173, C.1. CD Audiencia de Pruebas, minuto 00:33:12 a 00:34:37
84 “Artículo 217. Testigos Sospechosos. Son sospechosas para declarar las personas que en
concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas.”
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
En sentido similar, los testimonios de Lucenid Vega y Carmen Rosa Vega Acosta
son sospechosos en atención a la cercanía de parentesco y afinidad entre las
testigos, la víctima directa y los demandantes. Así, se observa que la víctima, los
demandantes y los testigos residían en un solo lugar, esto es, en la finca La Fortuna
y, aunque Lucenid Vega afirmó no tener parentesco con Astolfo Vega Navarro, dicho
parentesco queda evidenciado frente a la parte actora, toda vez que Lucenid Vega
se refiere como “abuela” a quien Carmen Rosa Vega Acosta, señala como “mamá”.
De manera que Lucenid Vega es sobrina de Carmen Rosa Vega Acosta, quien
expresamente indicó ser hermana de la demandante Martha Vega Acosta e hija del
demandante Manuel Benjamín Vega Guerrero.
De igual modo, el testimonio de Edgar Isidro Duarte Toscano es sospechoso en
razón al vinculo de amistad que él mismo refirió respecto de Astolfo Vega Navarro
y, además, configura un testimonio de oídas.
Sin embargo, los testimonios que anteceden serán valorados conforme lo ha
manifestado esta Corporación, es decir, examinados de cara a las demás pruebas
que reposan en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias del
asunto litigioso. En este punto cabe anotar que frente a los testimonios
sospechosos85 y aquellos considerados como de oídas86, esta Corporación ha
destacado que su valoración deberá efectuarse de manera conjunta con los medios
de convicción acopiados en el proceso, pero con especial cuidado para efectos de
someter la versión del declarante a un tamiz particularmente riguroso con el fin de
evitar que los hechos resulten distorsionados.
Finalmente, la Sala le otorga valor demostrativo a las declaraciones emitidas por la
demandante Claudia Lorena Vega Vega, en su calidad de víctima, dentro de la
audiencia concentrada adelantada el 27 de abril de 2016 en Bogotá. Lo anterior, en
los términos dispuestos por los artículos 194 y 195 del Código de Procedimiento
Civil, es decir, en todo aquello que comporte una confesión que favorezca a la
contraparte o de la que se desprendan consecuencias jurídicas adversas a los
intereses del demandante.
85 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2011, Rad. 20.262.
86 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2009, Rad. 17629.
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
Dicho lo anterior, lo primero que debe advertirse es la acreditación de lo sucedido
el 29 de noviembre de 1994 en la finca La Fortuna, en donde un grupo numeroso
de hombres, fuertemente armados, con las caras tapadas y vistiendo prendas
militares, en horas de la madrugada, entre 3:00 y 4:00 de la mañana, arribaron al
mencionado predio para despojar a sus moradores de sus pertenencias y sustraer
violentamente a Astolfo Vega Navarro de su residencia, siendo esta la última vez
que los demandantes lo vieron, pues luego de esto ni siquiera lograron la ubicación
de su cuerpo sin vida.
De modo que, en el plenario, como antes se había dicho, se encuentra plenamente
establecida la desaparición forzada de Astolfo Vega Navarro, ocurrida el 29 de
noviembre de 1994. Asimismo, el posterior homicidio se tiene acreditado con las
manifestaciones de Wilman Rafael Ortiz Guevara, desmovilizado conforme al
proceso de Justicia y Paz, en los términos de la Ley 975 de 200587, quien en todas
sus deposiciones coincide en informar que Astolfo Vega Navarro fue trasladado de
Ocaña al Banco Magdalena, donde fue asesinado y arrojado al rio Magdalena.
Ello, pese que, en un primer momento, en las diligencias del 4 y 9 de marzo de
2014, es decir, la de versión libre rendida en el proceso de Justicia y Paz y la
declaración juramentada rendida dentro del proceso penal Rad. No. 54-1-170-310,
surtido por el secuestro y homicidio de Astolfo Vega Navarro, Wilman Rafael Ortiz
Guevara trató de evadir su participación personal en la ejecución del ilícito,
afirmando que él vio cuando llegaron con el plagiado y cuando se lo llevaron para
el Banco Magdalena, se itera, sin comprometer su participación.
Sin embargo, se resalta que una vez avanzado el proceso de Justicia y paz, en la
Audiencia Concentrada del 27 de abril de 2016, Ortiz Guevara confesó su
participación directa en la consumación de los hechos, narrando las razones que
dieron lugar al delito, y cómo fue planeado y ejecutado. En esta oportunidad, se
advierte la sinceridad de Wilman Rafael Ortiz Guevara, pues el desmovilizado se
acoge a sentencia anticipada y pide perdón a las víctimas como algo que necesitaba
para continuar con su vida. Aquí, el deponente acredita su conocimiento directo de
87 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz
nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.”
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Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
los hechos y adquiere coherencia frente a los restantes medios de prueba, como se
verá más adelante.
De modo que para esta etapa del proceso de Justicia y Paz, el declarante ya no
tenía interés en ocultar su participación, por el contrario, confesó su coautoría en la
comisión del delito y la voluntad de someterse al proceso de Justicia y Paz, mediante
la narración de todas sus acciones criminales para el esclarecimiento de la verdad
en los términos de la Ley 975 de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan
otras disposiciones para acuerdos humanitarios.), esto es, dando cumplimiento al
artículo 1º ibidem que dispone como objeto del proceso de Justicia y Paz el “facilitar
los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de
miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.”
Adicionalmente, se advierte que a la información contenida en el sitio oficial de la
Rama Judicial se le reconoce el valor probatorio que establecen la jurisprudencia88,
la Ley 527 de 1999, “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso
de los mensajes de datos […]”, en sus artículos 1089 y 1190, y la Ley 1712 de 2014,
“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a
la Información Pública Nacional […]”, en sus artículos 591 y 792, así como se advierte
88 Consejo de Estado, auto de 12 de mayo de 2008, Exp. 150012331000200800192-01.
89 “Artículo 10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes de datos
serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones
del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.
[…] no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en
forma de un mensaje de datos […].”
90 “Artículo 11. […] Para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se
refiere esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos
legalmente para la apreciación de las pruebas. […]”
91 “Artículo 5o. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes
personas en calidad de sujetos obligados: a) Toda entidad pública […]; c) Las personas naturales y
jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto
de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público; […]”
92 “Artículo 7o. Disponibilidad de la información. En virtud de los principios señalados, deberá estar
a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley, a través de medios
físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a
disposición de las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan
obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. […]”
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Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
su carácter de hecho notorio de público conocimiento93, en cuyo efecto conviene
señalar que el 24 de marzo de 2020, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala de Justicia y Paz, profirió sentencia condenatoria94 en contra de
Wilman Rafael Ortiz Guevara y otros, por el hecho No. 79 - víctima directa: Astolfo
Vega Navarro y por los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, destrucción y apropiación de bienes
protegidos, secuestro simple, y secuestro extorsivo todos en las circunstancias de
mayor punibilidad, de que tratan los artículos 58 numerales 2 y 5, 135 No. 1, 137,
154, 163 y 165 de la Ley 599 de 2000, y 269 del Decreto Ley 100 de 1980.
En su providencia, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá
encontró probado que “el 29 de noviembre de 1994, en la finca la Fortuna, ubicada
en la vereda Guayabal de Ocaña, Norte de Santander, llegaron entre 30 o 40
hombres de las AUC, uniformados y armados, se apropiaron de una motocicleta
Yamaha V- 80 de color negro, de un campero, y de bienes que se encontraban
dentro de la casa, además sacaron de forma violenta al señor Astolfo Vega Navarro,
le amarraron las manos, lo obligaron a abordar un campero Nissan de color azul, lo
llevaron hasta el taller de electricidad de propiedad de Alipio Ibáñez, donde estuvo
retenido. Días después el señor Vega Navarro fue trasladado en un vehículo hacia
el Banco, Magdalena, donde fue asesinado y su cuerpo arrojado al rio Magdalena.”
Igualmente, este Tribunal confirmó que a la fecha de su providencia no había sido
posible recuperar el cuerpo de la víctima.
Así, el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá confirmó la materialidad de la conducta
y la responsabilidad de los integrantes de las AUC. De manera que, otro hecho
93 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de noviembre de 1995, Exp. 8045.
Reiterada en providencia de la Sección Tercera – Subsección A, del 14 de septiembre de 2016, Exp.
34.349. “El hecho notorio además de ser cierto es público, y sabido del juez y del común de las
personas que tienen una cultura media. Y según las voces del artículo 177 del C. de P.C. el hecho
notorio no requiere prueba; basta que se conozca que un hecho tiene determinadas dimensiones y
repercusiones suficientemente conocidas por gran parte del común de las personas que tienen una
mediana cultura, para que sea notorio” . En HERNANDO DEVIS ECHANDÍA, “Teoría General
de la Prueba Judicial”, T. I, Ed. Víctor de Zabalía, Buenos Aires, 1970, pág. 231. Existe notoriedad
de un determinado hecho y por lo tanto se debe eximir de prueba a aquél hecho “cuando
en un medio social donde existe o tuvo ocurrencia y en el momento de su apreciación por
el juez, sea conocido generalmente por las personas de cultura media en la rama del ser
humano a que corresponda, siempre que el juez pueda conocer esa general o especial
divulgación de la certeza del hecho, en forma de que no le deje dudas sobre su existencia
presente o pasada” .
94 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-
content/uploads/2020-03-24-Juan-Francisco-Prada.pdf
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Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
plenamente acreditado en el plenario es que el plagio de Astolfo Vega Navarro y su
posterior homicidio fueron ejecutados por miembros del frente Héctor Julio Peinado
Becerra de las Autodefensas Unidas de Colombia, al que pertenecía Wilman Rafael
Ortiz Guevara y los demás desmovilizados condenados en la decisión que viene de
referirse.
Sin embargo, en lo que interesa a este contencioso, resta por esclarecer la
responsabilidad del Ejército Nacional en la consumación de los mencionados
hechos. A la sazón, debe reiterarse que eventos como los que aquí se estudian
encuentran su mayor acreditación en la prueba indirecta, es decir, en la de carácter
indiciario, que construye el juez mediante la inferencia lógica, partiendo de la
existencia de unos hechos debidamente conocidos y acreditados mediante prueba
directa95, normalmente de carácter técnico o testimonial, para que por medio de la
aplicación de la sana crítica, la lógica y las reglas de la experiencia establezca
aquellos supuestos fácticos que no están directamente demostrados y que son
desconocidos en el plenario96.
Así las cosas, de cara a la acreditación de las circunstancias que permitan atribuir
a la entidad demandada el desaparecimiento forzado y la muerte de Astolfo Vega
Navarro, en primer lugar, se tiene lo reseñado por Claudia Lorena Vega Vega, quien
advierte que el homicidio de la víctima se encuentra ligado a la deuda de Emiro
Ibáñez, “primo” de Alipio Ibáñez, con Astolfo Vega Navarro.
Al respecto se probó que, un mes atrás, Vega Navarro había herido al hijo de su
deudor en razón de exigir la cacelación de la deuda, acreditándose así que los
motivos que dieron lugar al desaparecimiento forzado de Astolfo Vega Navarro y su
posterior asesinato no son imputables a la fuerza militar sino a un asunto personal
de la víctima. En este sentido se recuerda que Claudia Lorena Vega Vega atribuyó
a estos hechos lo ocurrido con su papá. Al respecto sostuvo:
“Mi padre Astolfo Vega Navarro le presta una suma de dinero de 2.000.000 de pesos
al señor Emiro Ibáñez. Esta deuda queda representada en una letra de cambio que
quedó a ser cancelada a los 3 meses. Eso fue en el año 1993. Posterior al año, el
95 Artículo 248, Código de Procedimiento Civil. “Para que un hecho pueda considerarse como indicio,
deberá estar debidamente probado en el proceso.”
96 Artículo 249, Código de Procedimiento Civil. “El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo
en consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con las demás pruebas
que obren en el proceso.”
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Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
señor Emiro Ibáñez no le cancela la deuda a mi papá, mi papá molesto, decide
dirigirse hasta la vivienda del señor Emiro Ibáñez a cobrar la deuda, puesto que él
es, era, un humilde agricultor, un humilde agricultor que solo vivía y trabajaba el día
para suplir las necesidades básicas de su familia. […] Mi padre se encuentra con
que el señor Emiro Ibáñez y su hijo. Que lo conozco como Pocho […] estos dos
señores agreden y amarran a mi padre, durante 2 horas. Luego mi padre sale
molesto a esa casa y en horas de la tarde regresa. Bastante molesto, puesto que
fue agredido físicamente y verbalmente por estos dos señores. Saca su pistola que
[…] en ese entonces tenía su salvoconducto correspondiente. Y le […] propina un
impacto de bala, quedando herido el señor Pocho Ibáñez. Estos hechos ocurrieron
en el mes de octubre de 1994 […] también la participación de un civil […] llamado
Alipio Ibáñez, que tenía vínculos conjuntos con las autodefensas y con el Ejército
Nacional y la policía en Ocaña, Norte de Santander. […] Alipio Ibáñez es primo de
Emiro Ibáñez […] el que tenía la deuda con mi papá, el que lo llevó a la muerte por
ser un pago, por hacer un favor.”
Lo anterior fue corroborado por el testimonio de Emiro Ibáñez, quien aceptó la
existencia de la deuda, aunque señaló como acreedor a “Benjamín Vega”,
advirtiendo que el 24 de octubre de 1994, Astolfo Vega Navarro requirió el pago de
la deuda, lo cual desató una rencilla en la que, finalmente, él y su hijo salieron
lesionados, por las heridas con arma de fuego que les propinó Astolfo Vega Navarro.
A la sazón, Emiro Ibáñez afirmó:
“Astolfo el 24 de octubre del año pasado, él me dijo aquí vengo por la plata, […] llegó
[…] a las 10:00 de la mañana, […] con revólver a desafiarme […] sacó el revólver y
me fue a disparar por la espalda y mi hijo Oscar estaba al lado de él, […] le agarró
el brazo y le quitó el arma […] Pedrito Páez, estaba ahí y dijo entréguemelo que yo
me lo llevo y se lo doy por allá arriba, por ahí a unos 200 m él se lo llevó en la moto
y Astolfo le quitó el revólver […] por ahí como a las 4:00 de la tarde del mismo día
estaba rodeando ese sector Astolfo, mi hijo y yo estábamos parados en la puerta y
el paso desde un carro y nos disparó y hiriéndonos a los dos, a Oscar lo llevaron
para la Clinica el Divino Niño y a mí para el hospital, el muchacho había quedado
sin movimiento de la cintura para abajo, él fue trasladado para Bucaramanga, le
hicieron otra operación donde le sacaron una esquirla de la columna y a mí me pegó
un tiro por la espalda […]”
Así las cosas, se itera, la situación que motivó el desaparecimiento y homicidio de
Astolfo Vega Navarro emana de una rencilla personal entre éste y Emiro Ibáñez,
quien según lo informado por Claudia Lorena Vega Vega es primo de Alipio Ibáñez.
Y es Alipio Ibáñez quien reseña a Vega Navarro como miembro o colaborador de la
guerrilla, ante los mandos del frente Héctor Julio Peinado Becerra, procurando su
ajusticiamiento, muy probablemente, en venganza por lo ocurrido a sus parientes.
Sobre este particular, se advierte que en sus tres declaraciones Wilman Rafael Ortiz
Guevara afirma que Alipio Ibáñez es quien acusa a Astolfo Vega Navarro como
miembro de la guerrilla, que en razón a este señalamiento es que las AUC planea
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Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
el operativo para la retención de la víctima y que, inmediatamente después del
plagio, la víctima es llevada al taller de Ibáñez quien en presencia de Vega Navarro
confirma su señalamiento como miembro de la guerrilla. Asimismo, el testigo
manifestó que el taller de Alipio Ibáñez fue el lugar donde Astolfo Vega Navarro
permaneció retenido y que desde allí fue trasladado al Banco Magdalena para
cegarle con su vida.
De esta manera, Wilman Rafael Ortiz Guevara, el 4 de marzo de 1994 sostuvo:
“había un señor que le decían ALIPIO IBAÑEZ que tenía un negocio era un taller
eléctrico […] este señor dio información que en la vereda EL GUAYABAL el señor
ASTOLFO VEGA era colaborador de la guerrilla. […] trajeron a un señor […] de
apellido VEGA […] al señor ALIPIO IBAÑEZ le preguntaron si ese señor era, […] yo
estaba ahí; entonces el señor IBAÑEZ dijo que si […]”.
El 9 de marzo de 1994, Ortiz Guevara indicó: “El grupo de las AUC […] vivían en la
parte de arriba del negocio de ALIPIO IBAÑEZ, un taller de electricidad para ese
tiempo era el año 1994, […] entraron con el señor al taller a la parte de adentro, a
ver si el señor ALIPIO, se encontraba ahí […] a él lo llamaron los muchachos que
venían en el carro y le preguntaron que si ese señor era el guerrillero, recuerdo yo
que ALIPIO dijo que si era el que se encontraba en la finca La Fortuna […] Al señor
lo mataron porque el señor ALIPIO IBANEZ, informó que ASTOLFO VEGA, era de
la guerrilla, eso se lo informó a BETO porque ellos vivían ahí mismo, en el negocio
de él. […] ALIPIO les dijo a los muchachos que sí, que él era […] escuché a ALIPIO
IBAÑEZ asegurar que ese era el guerrillero. […]”.
Finalmente, el 27 de abril de 2016, el desmovilizado afirmó: “nos informaron que el
señor Astolfo Vega pertenecía a la guerrilla […] lo tuvimos más de 15 días, estuvo
allí donde el señor Alipio Ibáñez, yo le pregunté a él directamente, hasta se
encontraba Milcíades en ese momento también ahí y le preguntamos que si
verdaderamente ese señor era pertenecía (sic) a la guerrilla y dijo que sí, que ese
era. En la parte de arriba, de ahí del taller hay un apartamentico, una piecita, ahí
se tuvo al señor más de 15 días. Después se dio orden para que fuera asesinado y
desaparecido. A él lo cogieron, lo llevaron al tramo frente al Banco Magdalena y fue
tirado al río.[…] y sé que fue por satisfacer caprichos de otros […] verdaderamente
a nosotros nos decían es un guerrillero […] ese es un guerrillero […] y procedíamos
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Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
era a matar esa persona porque pensábamos verdaderamente que era guerrillero,
pero con el tiempo se esclarece, como en este tiempo que sabemos la verdad […]
por lo que verdaderamente las informaciones no eran como nos la daban a nosotros
en este tiempo, estamos sabiendo que esas informaciones eran nulas, que era por
capricho diferente, por deudas que se cobraban por esto y entonces normal
informaban que eran guerrilleros.[…] verdaderamente eso no podía pasar, pero
desgraciadamente pasó […] El señor Alipio Ibáñez, él nos prestó el apartamento de
él en la parte de arriba para que tuviéramos al señor Astolfo Vega. En la parte de
arriba se tuvo, se retuvo ahí más de 15 días, y de ahí fue donde se sustrajo
nuevamente para que lo asesinaran y lo desaparecieron y lo tiraron al río Magdalena
frente al Banco Magdalena. El señor Alipio Ibáñez tiene mucho que ver ahí, porque
si él no hubiera dicho que el señor pertenecía a la guerrilla […] nosotros no
habíamos hecho ese hecho, no hubiéramos cometido ese asesinato […]”.
Visto esto, se concluye que la retención, desaparición forzada y homicidio de Astolfo
Vega Navarro, ejecutada por el Frente Héctor Julio Peinado Bastidas de las AUC,
obedeció a la información suministrada por Alipio Ibáñez al grupo de paramilitares
que residía en el segundo piso de su taller. Esto es así, pese a que Ibáñez informara
haber adquirido el inmueble donde funciona el mencionado taller con posterioridad
a la ocurrencia de los hechos, en el año 1995, en cuyo sustento allegó una copia
simple de la escritura pública de compraventa, pues, este solo aspecto no desvirtúa
la existencia de dicho taller en noviembre de 1994.
Ahora bien, este hecho es importante porque indica que los atropellos cometidos
contra Astolfo Vega Navarro no fueron motivados ni obedecieron a información
alguna suministrada por el B-2 grupo de inteligencia del Batallón Santander. Dicho
de otra manera, aunque Wilman Rafael Ortiz Guevara afirmó: “en el batallón el B2
del Batallón, es un grupo de inteligencia, nos daban las informaciones para que
nosotros asesináramos a las personas”, lo cierto es que en el caso de autos la
información que marcó la suerte de Astolfo Vega Navarro no provino del cuerpo
militar sino del particular Alirio Ibáñez.
No obstante, lo anterior no implica la ausencia de responsabilidad de la entidad
demandada, pues, pese a que la raíz de lo ocurrido con Astolfo Vega Navarro se
haya en la disputa personal que este tuviera con Emiro Ibáñez y su primo Alirio
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Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
Ibáñez, queda por analizar lo concerniente a la ejecución del operativo paramilitar
dirigido a la aprehensión de Vega Navarro, en el que sí se evidencia la participación
de miembros del Ejército Nacional.
En este sentido se tiene el dicho de Wilman Rafael Ortiz Guevara, quien en sus
diferentes exposiciones indicó la coparticipación de diferentes miembros del
Batallón Santander, ubicado en Ocaña – Norte de Santander, específicamente del
grupo B2 de inteligencia. Así, pudo verse en la versión del 04 de marzo de 2014,
que Alias El Indio afirmó la manera generalizada cómo operaban “entre las
autodefensas y el Ejército [con] un lazo muy familiar, […] con la inteligencia del B-
2”, con quienes coordinaban su ubicación, los patrullajes y los salvo conductos de
las armas de corto alcance, pero advirtiendo que el día de los hechos Astolfo Vega
Navarro fue movilizado en vehículos del grupo paramilitar.
Sin embargo, fue en la audiencia concentrada del 27 de abril de 2016 que Wilman
Rafael Ortiz Guevara, como se dijo anteriormente, admitió su participación directa
en la consumación del plagio y, además de mencionar la forma general en que
cooperaban militares y paramilitares, detalló la participación de los miembros del
“Batallón de Ocaña” en el operativo donde fue retenido Astolfo Vega Navarro,
indicando expresamente que este se compuso por 14 efectivos del Ejército Nacional
y 11 hombres de las autodefensas. Al respecto se citó:
“Sí tuvo participación el Ejército porque fueron quienes nos dieron las coordenadas
de dónde se encontraba el señor Astolfo. […] unos días antes entonces […] eso fue
[…] el B2 del Batallón de Ocaña […] nosotros íbamos a hacer ese operativo allá,
pero nos dijeron que no fuéramos solos, que ellos iban a ir con nosotros, entonces
ahí fuimos revuelto […] a nosotros nos entregaron el señor […] el señor estaba
sangrado. No sabía por qué motivo, pero ya que la víctima dice que el señor fue
agredido […] en la cabeza, entonces ahí sí caigo en cuenta que sería por motivo
ese motivo. […] el 29 de noviembre de 1994 en la finca La Fortuna […] esa incursión
también tuvo lugar con integrantes del Ejército […] fue una incursión combinada
entre el grupo irregular e integrantes del Ejército. Sí […] eran miembros del B2 del
batallón y paramilitares, al cual pertenecía yo a ese grupo de paramilitares […] del
B2 mi sargento viceprimero Escalante, mi sargento segundo Cano y mi sargento
segundo (ilegible) […] y parte de otros miembros ahí, que eran cabos, pero como
todos íbamos con la cara tapada […] nosotros entramos con pasamontañas,
entonces ahí no distinguía bien esos cabos, pero sí hubo varios cabos que hacían
parte de la inteligencia, que eran los que hacían las operaciones junto con nosotros,
los paramilitares. […] integrantes del Ejército que entraron para aquel día 29 de
noviembre del 94 […] junto con nosotros […] aproximadamente 14 y de nosotros
íbamos 11. […]”.
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Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
Ahora bien, la declaración expuesta en la audiencia concentrada por alias El Indio,
además de las razones indicadas con anterioridad, en este punto especifico
adquiere credibilidad dada la coherencia respecto de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que ocurrieron los hechos y de las declaraciones de los demás
deponentes.
Es así como, se tiene acreditado que los hechos tuvieron lugar en horas de la
madrugada del 29 de noviembre de 1994 cuando, según lo especificaron las testigos
Lucenid Vega y Carmen Rosa Vega Acosta, un grupo numeroso de hombres
asaltaron las viviendas de la finca La Fortuna. Aproximadamente entre 30 y 40
hombres encapuchados.
Esto coincide con el dicho de Ortiz Vega que, en audiencia concentrada anotó la
fecha exacta de los hechos y la participación de “aproximadamente 14” militares y
11 paramilitares que llevaban el rostro cubierto. Lo anterior arroja un total
aproximado de 25 hombres. Cifra que se considera numerosa y concordante con la
informada por las testigos Lucenid Vega y Carmen Rosa Vega Acosta, pues en una
situación de extrema peligrosidad, angustia y miedo, es dable equiparar 25
asaltantes a 30 o a un número superior, pues en esas circunstancias se tiende a
pensar que el sometimiento y el número de los perpetradores es un grupo más
grande de lo que realmente es, aunado a lo cual se advierte que, según lo informó
el mismo Ortiz Guevara, el grupo autodefensa que operaba en Ocaña era pequeño.
De modo que es dable inferir que al grupo de perpetradores de las AUC se sumaron
activos cooperantes del Batallón Santander para cumplir con el cometido delictuoso,
tal como lo da a entender el testigo Ortiz Vega, Wilman Rafael Ortiz Guevara,
confeso partícipe de los hechos.
Entonces, los testigos coinciden en la fecha de los hechos, lo numeroso del grupo
de asaltantes, los rostros cubiertos y, en lo que respecta a los vehículos utilizados
en la acometida a la finca La Fortuna y el plagio de Astolfo Vega Navarro se prevé
el dicho de Carmen Rosa Vega Acosta, quien indicó que aprovechó la luz del día
que comenzaba a aclarar para mirar hacia afuera de la casa, en donde vio los
vehículos del Ejército Nacional. Sobre este punto la testigo mencionada esbozó: “yo
miré para afuera y alcancé a ver unas camionetas del Ejército, camionetas verdes
del Ejército, con esas taponaron la vía, yo las alcancé a ver, eran del Ejército y vi un
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truper, los dos truperes (sic) que tenía el Ejercito los alcancé a ver, los tenían
cuadrados ahí, […] eran los carros del Ejército […]”.
Sobre este aspecto, aunque Wilman Rafael Ortiz Vega sostuvo que la víctima fue
trasladada en dos vehículos del grupo ilegal, lo cierto es que, dada la cantidad de
hombres que asaltaron la heredad, es forzoso concluir que ese operativo, como lo
denomina alias El Indio, requería más de dos vehículos para el transporte de los
agresores militares y paramilitares, así como para el transporte de los elementos
hurtados, siendo, igualmente lógico, inferir que los militares se transportaron en los
vehículos dispuestos por la Nación para su servicio.
Ahora, corrobora aún más el acompañamiento militar el 29 de noviembre de 1994
en La Fortuna, la cantidad y clase de armamento que portaban los perpetradores
también referido por las testigos Lucenid Vega y Carmen Rosa Vega Acosta, en
quienes es evidente el poco conocimiento de estos elementos bélicos pero que
insistieron en señalar que los hombres que irrumpieron en sus moradas iban
“fuertemente armados”, incluso, la testigo Vega Acosta indicó “[…] los sujetos que
entraron a la casa llevaban puñales, cuchillos, granadas, armamento, a uno le daba
miedo mirarlos por todo lo que llevaban, revólveres, unas escopeticas largas […]”.
Ahora bien, es igualmente importante prever que aunque para la época de
interposición de la presente demanda de reparación directa la justicia penal no había
establecido la identidad plena de los militares implicados en la concreción de los
hechos objeto de debate judicial (hechos probados 7.1.6.), esta circunstancia es
irrelevante para establecer la responsabilidad patrimonial de la administración, en
razón a que “La jurisprudencia ha sostenido que el carácter anónimo es un elemento
natural de la falla del servicio, dado que para estructurarla no se requiere identificar
a las personas cuya conducta es constitutiva de la misma. La víctima puede imputar
responsabilidad a la Administración sin tener que designar al funcionario que ha
desarrollado la conducta, pues, la falta del servicio público puede resultar de las
actuaciones de agentes determinados pero no identificados, y el hecho de que los
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agentes sean conocidos o no, no cambia en nada la responsabilidad estatal que
queda comprometida cuando el hecho dañoso es imputable a la Administración.” 97
En este orden de ideas, se encuentra plenamente acreditada la coparticipación de
las fuerzas militares acantonadas en Ocaña – Norte de Santander en los hechos de
plagio de Astolfo Vega Navarro, quien fue desaparecido y asesinado, se itera, por
un asunto personal en el que tomó parte la fuerza militar asignada a esta
municipalidad, en un acto que es vergonzoso y deslegitima la institucionalidad de la
fuerza armada militar, en donde, para quebrantar el orden constitucional y legal, son
usados los bienes y recursos que la Nación asigna a la defensa de la soberanía, el
territorio, el orden público y a la protección de las personas.
Así, la Sala manifiesta el repudio de hechos como los que son objeto de estudio, en
los que la fuerza pública, en alianza con la delincuencia, incurre en toda clase de
actos denegatorios de los derechos más fundamentales del ser humano, atroces y
crueles, cuya arbitrariedad afecta directamente al conglomerado social, extendiendo
y agravando los efectos del conflicto armado.
Situaciones estas que no se presentan de manera aislada sino que son de común
conocimiento de esta jurisdicción. Así, por ejemplo, se tiene el caso de Boris Enrique
Pizarro Insignares, quien el 21 de septiembre de 2000 fue retenido en Palmar de
Varela – Atlántico, por miembros de las AUC en asoció con activos del Gaula de la
Policía Nacional, que lo transportaron hasta el departamento de Magdalena, donde
el comandante Alias Esteban advirtió que se habían equivocado de persona, pero
ordenó que la víctima fuera asesinada y arrojada al rio Magdalena para evitar su
hallazgo. De manera que el conocimiento de lo sucedido sólo fue posible mediante
la confesión de los desmovilizados acogidos al proceso de Justicia y Paz98.
Corolario de todo lo expuesto, en el caso de autos se encuentra acreditada la falla
en el servicio como criterio de imputación del daño antijurídico al Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, anotando, además, que en el plenario no obra prueba
97 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de julio de 2009, Exp. 16911.
“tal como sucede en el caso concreto donde no se identificó por sus nombres a los agentes de policía
que perpetraron el hecho, los elementos que están presentes, muestran que existen indicios serios
que comprometen la responsabilidad de la administración.”
98 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 19 de julio de 2022, Exp. 44839.
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Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
alguna que acredite los elementos de irresistibilidad e imprevisibilidad del hecho del
tercero como causante del daño.
En síntesis, la Sala halla acreditada la responsabilidad patrimonial del Estado, en
razón a que se estableció la falla en el servicio de la Nación – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional y no se demostró la causal de exoneración de responsabilidad
alegada por la entidad demandada.
8. Liquidación de perjuicios
A continuación se realizará la liquidación de perjuicios a favor de los demandantes
teniendo en cuenta únicamente la tipología de aquellos que fueron peticionados en
la demanda, esto es, perjuicio moral, daño emergente, lucro cesante y alteración a
las condiciones de existencia.
8.1. El escrito de demanda solicitó condenar a la entidad accionada a pagar, por
perjuicio moral, 100 SMLMV para Martha Vega Acosta, Claudia Lorena Vega Vega
y Camilo Andrés Vega Vega y 50 SMLMV para Manuel Benjamín Vega Guerrero.
Ahora bien, en sentencia del 28 de agosto de 201499, la Sección Tercera de esta
Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios morales
en caso de muerte. En ella indicó que había lugar a reconocer perjuicios a quienes
habían sufrido aflicción por la muerte de una persona, en atención al grado de
relación afectiva o de consanguinidad que tenían con la víctima, según la siguiente
tabla:
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
Relación Relación Relación
Relación afectiva Relación afectiva
afectiva afectiva del 4° afectiva no
del 2° de del 3er de
conyugal y de familiar
consanguinidad o consanguinidad o
paterno – consanguinidad (terceros
civil civil
filial o civil. damnificados)
Porcentaje 100%
50% 35% 25% 15%
Equivalencia
en salarios
100 50 35 25 15
mínimos
99 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 27709.
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Asimismo, la jurisprudencia unificada estableció la presunción del perjuicio moral
derivado de los niveles 1º y 2º de cercanía afectiva, determinando la necesaria
acreditación de los elementos que componen el daño moral, de quienes se ubiquen
en cada uno de los subsiguientes niveles.
De conformidad con los registros civiles de nacimiento, en el expediente está
acreditado que Martha Vega Acosta, Claudia Lorena Vega Vega y Camilo Andrés
Vega Vega, en su orden, son la cónyuge y los hijos de Astolfo Vega Navarro.
En tal virtud, se presume la existencia del perjuicio moral en cabeza de los
mencionados demandantes y, en consecuencia, les corresponde por concepto de
perjuicios morales la suma de 100 SMLMV, a Martha Vega Acosta, Claudia Lorena
Vega Vega y Camilo Andrés Vega Vega.
8.2. Ahora bien, la demanda solicita por daño emergente $34.000.000 para cada
uno de los demandantes, los cuales se hacen consistir en la pérdida de bienes,
joyas, vehículos, dinero en efectivo y el pago de $25.000.000 para la liberación de
Astoldo Vega Navarro.
Sin embargo, es de anotar que los bienes mencionados no quedaron debidamente
determinados en el plenario ni tampoco se estableció el valor ni la propiedad de los
mismos. De manera que no hay lugar al reconocimiento del perjuicio así
peticionado.
Sin embargo, en lo que respecta al pago de $25.000.000 para la liberación de
Astoldo Vega Navarro, los testimonios de Lucenid Vega y Carmen Rosa Vega
Acosta coinciden en afirmar que este pago lo efectuó Manuel Benjamín Vega
Guerrero.
Así, Lucenid Vega sostuvo: “el señor Benjamín hizo todo lo posible para lo del
rescate, vendió una casa, porque pidieron 25 millones de pesos. Se pusieron de
acuerdo, fueron a llevar la plata al sitio, la entregaron, miraron que él no estaba, lo
que les dijeron fue que más adelante lo iban a encontrar, y nunca llegó porque nunca
apareció”.
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
Carmen Rosa Vega Acosta afirmó: “como a los 15 días llamaron, hicieron una
llamada, llamaron a mi papá y le dijeron que necesitaban 25 millones de pesos para
liberar a Astolfo y mandaron una grabación de Astolfo, de la voz de él, no sé si ya
lo habían matado cuando la grabación o si estaría muerto o estaría vivo, pues
mandaron un casette, lo mandaron y oímos la voz de él, y él le decía a mi papá,
venda la casa que tiene en Ocaña, venda cualquier cosita para que pague este
rescate […] mi papá vendió una casa que tenía, eso era lo único que había quedado
[…] ellos dijeron a donde les entregaba la plata […] la mandó mi papá la plata […]
cuando ya entregaron la plata, un muchacho que la llevaba, un hermano de Astolfo
les dijo dónde está mi hermano, entonces ellos dijeron váyanse que más adelantico
lo encuentran pero no lo encontraron”.
Ahora bien, se dijo con anterioridad que a juicio de la Sala y en los términos del
artículo 217100 del Código de Procedimiento Civil estos testimonios resultaban
sospechosos pero que serían valorados, aunque con mayor rigurosidad, en cuyo
efecto se evidencia que los testimonios son coherentes entre sí, en cuanto indican
la solicitud de un pago dinerario a cambio de la libertad de Astoldo Vega Navarro
por parte de sus captores. Expresamente señala el valor del rescate peticionado por
los delincuentes, la entrega del mismo y la forma como, nuevamente, las víctimas
fueron engañadas y burladas.
Ahora bien, respecto a la viabilidad y legalidad de este concepto como constitutivo
de un daño emergente en las victimas, lo primero que debe advertirse es que esta
erogación tuvo lugar como consecuencia directa del plagio ejecutado el 29 de
noviembre de 1994 por miembros de las AUC, en asocio con activos de la fuerza
militar, concretamente del Batallón Santander con sede en Ocaña.
Asimismo, es importante señalar que el artículo 12 de la Ley 40 de 1993 estableció
la prohibición expresa de efectuar pago alguno por concepto de rescate de un
secuestrado. En este sentido el legislador dispuso: “Quien intervenga en la
celebración de un contrato que asegure el pago del rescate de un posible secuestro
100“Artículo 217. Testigos Sospechosos. Son sospechosas para declarar las personas que en
concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas.”
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
o en la negociación o intermediación del rescate pedido por un secuestrado,
incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años.”
No obstante, de cara a la exequibilidad de la norma, la Corte Constitucional aclaró
que ella resulta absurda en cuanto desconoce el instinto natural de la persona de
proteger la vida y la libertad de sus semejantes, así como el estado de necesidad
en que quedan las víctimas del flagelo. En consecuencia, advirtió que esta norma
solo es constitucional cuando quien pague el rescate obre sin encontrarse en estado
de necesidad, pretendiendo un lucro propio o con el propósito de enriquecer a los
delincuentes o dotarlos de recursos económicos.
En este sentido la Corte señaló:
“Quebranta la Constitución una norma que erige en delito la conducta razonable de
los particulares encaminada a proteger la vida y la libertad, propias o de un
semejante. Además, es claro que la ley no puede hacer a un lado las causales de
justificación, concretamente el estado de necesidad, en que quedan el secuestrado,
sus parientes, amigos y la sociedad en general. […]
Una ley que prohibiera el pago del rescate, aun sin convertirlo en delito, también
sería inconstitucional. Y además, sería absurda, pues sería tanto como prohíbir
morir o enfermarse. Es decir, lo mismo que prohíbir un acto que se realiza contra la
voluntad, o en el cual, al menos, el consentimiento está viciado por la fuerza, lo cual
impide tener en cuenta el objeto o la causa ilícita. El pagar el rescate es, en sí, un
acto indiferente, ni bueno, ni malo. Lo que determina su naturaleza moral es la
finalidad que se busque. Por esto se ha visto que quien interviene en el pago por
necesidad de salvar la vida y recobrar la libertad propias o ajenas, obedece a un
móvil altruista reconocido universalmente por el derecho. Quien obra sin encontrarse
en estado de necesidad, obedeciendo exclusivamente motivos innobles o bajos,
como serían su propio lucro o el propósito de enriquecer a los delincuentes o
dotarlos de recursos económicos, sí incurre en un delito. Y no podría alegar y
demostrar causal alguna de justificación. […]
La solidaridad nos obliga con igual fuerza aun en favor de extraños, con quienes
solamente se comparte la pertenencia a la raza humana. Y nadie podrá negar que
emplear los bienes propios para proteger la vida y la libertad de un semejante, es
acción humanitaria. ¿Cómo, pues, podría ser constitucional la ley que castiga esta
conducta.?”
Asimismo, la jurisprudencia contencioso-administrativa se ha pronunciado para
reconocer este rubro indemnizatorio. Al respecto ha considerado “que debe
accederse a la pretensión pues, como lo ha señalado la Corte Constitucional, el
pago de un rescate solo adquiere objeto ilícito si se analiza desde la perspectiva de
quien lo exige y lo recibe, pero no desde la perspectiva de las víctimas, pues su
conducta se encuentra justificada por la necesidad de defender y proteger un
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
derecho ajeno. En efecto, no puede reprocharse ni juzgarse la conducta de quien
decide disponer de sus propios bienes en procura de obtener la libertad de un ser
amado que ha sido secuestrado. Esa conducta se encuentra protegida por el
ordenamiento jurídico, ya que se trata de una acción humanitaria y solidaria.” 101.
Así las cosas, la Sala encuentra acreditado el daño emergente consistente en el
pago de $25.000.000 erogado por Manuel Benjamín Vega Guerrero con el propósito
de obtener la liberación de Astolfo Vega Navarro y salvaguardar la vida de la víctima.
Para el efecto, se procederá a la indexación del valor reconocido, con aplicación de
la fórmula establecida por la jurisprudencia.
Ra = Rh IPC FINAL (fecha de la sentencia)
IPC INICIAL (fecha de los hechos)
Ra = 25.000.000 141,48 (marzo 2024)
38.72 (noviembre de 1994)
Ra = $91.348.140,49
En consecuencia, corresponde a Manuel Benjamín Vega Guerrero, por concepto de
daño emergente la suma de $91.348.140,49.
8.3. Por otro lado, la demanda solicita condenar a la accionada a pagar por lucro
cesante las sumas de $230.998.324,07 para Martha Vega Vega, $89.619.376,34
para Claudia Lorena Vega Vega y $89.619.376,34 para Camilo Andrés Vega Vega.
En cuanto al lucro cesante, esta Corporación ha sostenido que se trata de la
ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como
consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el daño,
habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima o de los perjudicados.
Asimismo, la Corporación ha considerado que, como todo perjuicio, para que
proceda el reconocimiento y la indemnización por concepto de lucro cesante, éste
101 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 12 de octubre de 2017, Exp.
42098.
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
debe ser cierto y existente102, es decir, debe probarse que la víctima era
laboralmente activa, que devengaba ingresos mensuales, que con ellos otorgaba
ayuda económica a su familia y que a consecuencia del daño dejó de percibir el
salario con el cual sustentaba su propia subsistencia y la de su familia.
En este orden de ideas, de cara al reconocimiento del lucro cesante los testigos
Lucenid Vega, Carmen Rosa Vega Navarro y Edgar Isidro Duarte Toscano son
unánimes en manifestar que Astolfo Vega Navarro laboraba como agricultor en la
finca La Fortuna, así como Duarte Toscano fue enfático en señalar que la víctima,
“era el que aportaba los recursos para el sostenimiento del hogar, ellos vivían
Martha Vega y los dos hijos y lo que él ganaba con los cultivos eso aportaba."103.
Ahora bien, se dijo con anterioridad que a juicio de la Sala y en los términos del
artículo 217104 del Código de Procedimiento Civil estos testimonios resultaban
sospechosos pero que deben ser valorados con mayor rigurosidad, en cuyo efecto
se evidencia que los testimonios son coherentes entre sí y se limitan a mencionar
situaciones objetivas sobre la actividad económica desempeñada por Astolfo Vega
Navarro, sin evidenciar contradicciones o apreciaciones subjetivas. De manera que
estos testimonios acreditan la actividad productiva de la víctima, de la cual derivaba
su sustento y el de su núcleo familiar, aunque no ofrecen información certera sobre
el valor mensual devengado por la víctima en el desempeño de su labor.
En otras palabras, no obra prueba sobre el ingreso base de liquidación devengado
por la víctima, en razón a lo cual se debe dar aplicación a la tesis de hogaño
sostenida por esta Corporación105, presumiendo, con fundamento en el hecho
probado de que la víctima se dedicaba a una labor productiva de la cual derivaba el
sustento para sí y para su familia, que obtenía de su trabajo una suma equivalente
al valor del salario mínimo legal que actualizado corresponde al vigente para la
fecha de esta sentencia, equivalente a $1.300.000.
102 Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 21 de
mayo de 2007. Exp. 15989 y de 1 de marzo de 2006. Exp. 17256.
103 Fl. 173, C.1. CD Audiencia de Pruebas, minuto 00:33:12 a 00:34:37
104 “Artículo 217. Testigos Sospechosos. Son sospechosas para declarar las personas que en
concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas.”
105 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2000, Exp. 11.842.
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
Asimismo, en punto al ingreso base de liquidación se deben aplicar los criterios
expuestos en la sentencia de unificación de 18 de julio de 2019, en los que se
esbozó que el incremento del 25% por concepto de prestaciones sociales procede
siempre que: “i) así se pida en la demanda y ii) [que] se pruebe suficientemente que
el afectado con la medida trabajaba como empleado al tiempo de la detención, pues
las prestaciones sociales son beneficios que operaran con ocasión de una relación
laboral subordinada”106-107.
Igualmente, también debe aplicarse la jurisprudencia de la Corporación en la que se
ha reconocido la presunción según la cual los padres contribuyen al sostenimiento
económico de sus hijos hasta que estos alcanzan los 25 años de edad 108 en virtud
de la obligación alimentaria contenida en el numeral 2 del artículo 411 del Código
Civil109, presunción de hombre que, desde luego, es susceptible de ser desvirtuada
dentro del proceso.
En este orden de ideas, en punto al ingreso base de liquidación se descontará el
25% correspondiente al valor que la víctima destinaba para su propia subsistencia
y no se reconocerá el 25% por prestaciones sociales peticionado en la demanda,
toda vez que Astoldo Vega Navarro no trabajaba como empleado 110-111. Así, se
obtiene un ingreso base de liquidación de $910.000.
Finalmente, el reconocimiento del lucro cesante se efectuará a favor de la cónyuge
de Astoldo Vega Navarro, a quien le corresponde el 50% del salario base de
liquidación ($455.000), y de sus dos hijos, a quienes les corresponde 25% del
106 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de
julio de 2019, expediente 44572.
107 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 11 de noviembre de 2020,
Rad.: 50349; Sentencia del 13 de agosto de 2021, Rad.: 49571
108 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 18 de marzo de 2010. Rad.: 17047, en
Antología Jurisprudencias y Conceptos, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, disponible en
https://bit.ly/3qFJI0n
109 “Artículo 411. Se deben alimentos: […] 2. A los descendientes”.
110 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de
julio de 2019, expediente 44572. “el incremento del 25% por concepto de prestaciones sociales
procede siempre que: i) así se pida en la demanda y ii) [que] se pruebe suficientemente que el
afectado con la medida trabajaba como empleado al tiempo de la detención, pues las pretensiones
sociales son beneficios que operaran con ocasión de una relación laboral subordinada”
111 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 11 de noviembre de 2020,
Rad.: 50349; Sentencia del 13 de agosto de 2021, Rad.: 49571
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
salario base de liquidación ($227.500 para cada uno), con aplicación de las fórmulas
reconocidas por la jurisprudencia, a saber, las siguientes:
Lucro cesante consolidado:
S = Ra (1+ i)n - 1
i
Lucro Cesante futuro:
S = Ra (1+ i)n - 1
i (1+ i) n
S = Suma a calcular
Ra = Renta actualizada
n = número de meses del período indemnizable
i = tasa de interés constante 0,004867
8.2.1. Lucro cesante para la cónyuge Martha Vega Acosta
Para la cónyuge de la víctima se tiene como periodo indemnizable desde la fecha
del desaparecimiento – 29 de noviembre de 1994 – hasta la fecha de vida probable
del mayor de los dos, en este evento de Astolfo Vega Navarro, nacido 24 de octubre
de 1966, quien para la fecha de la muerte contaba 28 años de edad, de manera que
su esperanza de vida era de 48.16 años, esto es, 577,92 meses112, distribuidos
entre el periodo consolidado, este es el transcurrido entre la fecha de los hechos
(29 de noviembre de 1994) y la fecha de la presente sentencia (24 de abril de 2024),
de manera que el periodo consolidado es de 352,86 meses; y el periodo restante o
futuro, liquidado desde el día siguiente a la sentencia y el último día de vida probable
de la víctima que arroja un periodo indemnizable de 220,06 meses.
8.3.1.1. Lucro cesante consolidado para la cónyuge Martha Vega Acosta
S = $455.000 (1+0,004867) 352,86 - 1
0.004867
112 Resolución 0497 de 1997, de la Superintendencia Bancaria.
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
S= $422.895.939,87
8.2.1.1. Lucro cesante futuro para la cónyuge Martha Vega Acosta
S = 455.000 0000(1+0.004867) 220,06 - 10000
0.004867 (1+ 0.004867) 220,06
S= $ 61.369.743,84
Así las cosas, corresponde a Martha Vega Acosta, por concepto de lucro cesante
consolidado y futuro la suma de $484.265.683,7.
8.3.2. Lucro cesante para la hija Claudia Lorena Vega Vega
Claudia Lorena Vega Vega nació el 28 de agosto de 1985. El periodo total
indemnizable cuenta desde la fecha del desaparecimiento forzado de Astolfo Vega
Navarro (29 de noviembre de 1994), hasta la fecha en que la menor adquirió los 25
años de edad (28 de agosto de 2010), para obtener un periodo indemnizable de 189
meses.
S = 227.500 (1+0,004867)189 - 1
0.004867
S= $70.271.875,02
Así las cosas, corresponde a Claudia Lorena Vega Vega, por concepto de lucro
cesante consolidado la suma de $70.271.875,02.
8.3.3. Lucro cesante para el hijo Camilo Andrés Vega Vega
Camilo Andrés Vega Vega nació el 12 de enero de 1988. El periodo total
indemnizable cuenta desde la fecha del desaparecimiento forzado de Astolfo Vega
Navarro (29 de noviembre de 1994), hasta la fecha en que el menor adquirió los 25
años de edad (12 de enero de 2013), para obtener un periodo indemnizable de
217,46 meses.
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Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
S = 227.500 (1+0,004867)217,46 - 1
0.004867
S= $87.611.295,87
Así las cosas, corresponde a Camilo Andrés Vega Vega, por concepto de lucro
cesante consolidado la suma de $ 87.611.295,87.
8.4. Finalmente, se advierte que la demanda peticionó por alteración a las
condiciones de existencia 100 SMLMV para cada uno de los demandantes –Martha
Vega Acosta, Claudia Lorena Vega Vega y Camilo Andrés Vega Vega – y 50
SMLMV para Manuel Benjamín Vega Guerrero.
Con relación a este rubro indemnizatorio, se advierte que los perjuicios reclamados
por los demandantes forman parte de la más reciente categoría de perjuicio
reconocida por la jurisprudencia como afectación relevante a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados113, que establece la compensación,
de oficio o a petición de parte, a través de medidas de reparación no pecuniarias a
favor de la víctima directa y de su núcleo familiar más cercano, o mediante una
medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV única y exclusivamente para la víctima
directa, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para
consolidar la reparación integral del daño.
En este sentido, no es procedente el reconocimiento pecuniario a favor de los
demandantes por concepto de afectación relevante a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados, por cuanto no tienen la calidad de
víctima directa del daño. Lo anterior, aunado a la ausencia de medios de prueba
que determinen la existencia de las alteraciones referidas en la demanda.
En suma, se revocará la sentencia proferida el 26 de julio de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, y
en su lugar se declarará la falta de legitimación en la causa por activa de Aracely
Navarro Peñaranda, Orielson de Jesús Vega Navarro, Hernando Vega Navarro,
113 Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto
de 2014, Exp. 26.251, 28804 y 32988.
60
Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
Adrián Vega Navarro, Martha Cecilia Vega Navarro, Georgina Vega Navarro,
Rosalba Vega Navarro, Gloria Vega Navarro, Gustavo Vega Navarro; se declarará
administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional por la desaparición forzada y muerte de Astolfo Vega Navarro; y se
condenará a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar i) por
concepto de perjuicios morales la suma de 100 SMLMV a cada uno de los
demandantes Martha Vega Acosta, Claudia Lorena Vega Vega y Camilo Andrés
Vega Vega.; ii) por concepto de daño emergente $ 91.348.140,49 para Manuel
Benjamín Vega Guerrero; iii) por concepto de lucro cesante $484.265.683,7 para
Martha Vega Acosta, $70.271.875,02 para Claudia Lorena Vega Vega y $
87.611.295,87 para Camilo Andrés Vega Vega;
8. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso el recurso de apelación, establece las siguientes reglas para
proceder a la condena en costas:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
[…]
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar
a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación”.
Bajo este entendido, se condenará en costas a la entidad demandada, debido a que
fue la parte vencida en el proceso y su liquidación se hará de manera concentrada
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en los términos
61
Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.
En relación con las agencias en derecho en procesos de doble instancia, de
conformidad con lo establecido en los numerales 3114 y 4115 del artículo 366 del
Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 6, numeral 1.1. del
Acuerdo 2222 del 10 de diciembre de 2003, vigente para el momento de la
presentación de la demanda, tratándose de procesos ordinarios que se surten en
dos instancias la tarifa de agencias en derecho será de hasta el 5% de las
pretensiones “confirmadas o revocadas total o parcialmente”.
En este orden, y en atención a que la parte accionada resultó vencida en segunda
instancia, de conformidad con lo previsto en las normas señaladas ut supra se fijan
las agencias en derecho en el 1% del valor de la estimación razonada 116 de la
cuantía en la demanda117, es decir, por la suma de $57.887.755 que se deberá
pagar a favor de Martha Vega Acosta, Claudia Lorena Vega Vega, Carlos Andrés
Vega Vega y Manuel Benjamín Vega Guerrero.
Así las cosas, la Sala condenará a la parte demandante a pagar las costas de
segunda instancia que resulten de su liquidación, junto con las agencias en derecho,
114 “3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos
judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados,
hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado […] Los honorarios de
los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas,
siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los
parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas,
el juez los regulará
115 “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
116 “Artículo 157 del CPCA. Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de la competencia,
cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios
causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ella pueda
considerarse la estimación de los perjuicios inmateriales, salvo que estos últimos sean los únicos
que se reclamen.
La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, que tomará en
cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, causados hasta la
presentación de aquella. Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen
varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.” (se subraya)
117 La estimación razonada de la cuantía de la demanda del medio de control de reparación directa,
sin incluir los perjuicios inmateriales, es de $421.871.718.
62
Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
a favor de Martha Vega Acosta, Claudia Lorena Vega Vega, Carlos Andrés Vega
Vega y Manuel Benjamín Vega Guerrero.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 26 de julio de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la cual quedará
así:
“PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Manuel
Benjamín Vega Guerrero frente a la pretensión declaratoria de responsabilidad de
la entidad demandada por el desmantelamiento y destrucción parcial de la finca La
Fortuna, toda vez que Manuel Benjamín Vega Guerrero no demostró la calidad de
propietario alegada en la demanda.
SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Aracely
Navarro Peñaranda, Orielson de Jesús Vega Navarro, Hernando Vega Navarro,
Adrián Vega Navarro, Martha Cecilia Vega Navarro, Georgina Vega Navarro,
Rosalba Vega Navarro, Gloria Vega Navarro y Gustavo Vega Navarro.
TERCERO: DECLARAR administrativamente responsable a la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional por la desaparición forzada y muerte de Astolfo Vega
Navarro, ocurrida el 29 de noviembre de 1994, en la vereda Guayabal de Ocaña –
Norte de Santander.
CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a
pagar por concepto de perjuicios morales la suma de 100 s.m.l.m.v. a cada uno de
los demandantes Martha Vega Acosta, Claudia Lorena Vega Vega y Camilo Andrés
Vega Vega.
QUINTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a
pagar por concepto de daño emergente $91.348.140,49 para Manuel Benjamín
Vega Guerrero.
SEXTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a
pagar por concepto de lucro cesante $484.265.683,7 para Martha Vega Acosta,
$70.271.875,02 para Claudia Lorena Vega Vega y $87.611.295,87 para Camilo
Andrés Vega Vega.
SÉPTIMO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad demandada,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Risaralda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y
365.8 del Código General del Proceso.
63
Radicación: 540012333000201600203 01 (62405)
Demandante: Aracely Navarro Peñaranda y otros
Fijar por concepto de agencias en derecho en segunda instancia la suma de
$57.887.755 en favor de Martha Vega Acosta, Claudia Lorena Vega Vega, Carlos
Andrés Vega Vega y Manuel Benjamín Vega Guerrero.
SÉPTIMO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.”
SEGUNDO: En firme esta providencia remítase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
VF
64
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