Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03560-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03560-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-03560-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
24 de octubre de 2024
Demandante: Esneda Lasso de Morán
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-03560-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03560-01
Demandante: ESNEDA LASSO DE MORÁN
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
1
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo del 30 de agosto de 2024, a través del cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, declaró improcedente el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 10 de julio de 2024, la señora Esneda Lasso de Morán, a través de apoderado
judicial, promovió acción de tutela contra la Sección Segunda, Subsección B y la
Sala Quinta Especial de Decisión del Consejo de Estado, con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad.
Estimó que dichas garantías fueron vulneradas por la Sección Segunda,
Subsección B, al emitir la sentencia del 8 de julio de 2010 en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho (radicado 76001-23-31-000-2000-02873-02) y por
la Sala Quinta Especial de Decisión al dictar el fallo del 22 de mayo de 2024 en el
recurso extraordinario de revisión (radicado 11001-03-15-000-2012-02117-00).
2. Pretensiones
En concreto, solicitó a esta Corporación:
«1. Primero: Se tutele los derechos fundamentales invocados en esta acción a
favor de mi procurada.
2. Segundo: Declarar la nulidad de las resoluciones Nº 2373 del 28 de febrero de
1 Sala Quinta Especial de Decisión del Consejo de Estado, integrada por los consejeros Milton
Chaves García, Gloria María Gómez Montoya, Nubia Margoth Peña Garzón, Jorge Iván Duque
Gutiérrez y Nicolás Yepes Corrales.
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2000, 3775 del 18 de abril de 2000 y 404 del 28 de junio de 2000, mediante la
cual le niegan el derecho a mi mandante.
3. Tercera: Se revoque la decisión adoptada tanto por el H. Consejo de Estado
Sección Segunda Consejera Ponente Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez, quién
mediante .la sentencia de segunda instancia adiada 8 de julio de 2010 con
referencia de expediente 76001233100020000287302 y con Nº interno 1412-07,
negó el derecho con dirección a mi procurada
4. Cuarta: Como consecuencia de lo anterior, se solicita el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes prorrata en una cuota parte pensional
proporcional al tiempo de convivencia, así:
• La señora Esneda Lasso de Moran por haber convivido con el causante por un
periodo mínimo de veinticinco (25) años tendrá un equivalente al 80% de la
cuota parte que este en discusión
• La señora Elba Ruby Gálvez Álvarez por haber convivido con el causante por
un periodo de cinco (5) años a un 20% de esa misma cuota parte pensional
5. Quinta: Que la prestación reclamada se pague de manera retroactiva, esto es,
desde la causación del derecho (01 de noviembre de 1999)
6. Sexta: Que a la prestación aquí reclamada se le reconozcan y paguen las
mesadas de junio y diciembre.
7. Séptima: Al reconocimiento y pago de los intereses moratorios, por el no pago
oportuno de la prestación, como lo ordena el Artículo 177 del C.C.A.
8. Octava: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo
previsto en el Artículo 178 del C.C.A., aplicando los ajustes de valor (indexación)
desde la fecha de causación del derecho.»2
3. Hechos
Del escrito de tutela, y los anexos que lo acompañan, se extraen los siguientes
hechos que, a juicio de la Sala, resultan relevantes para la decisión que se va a
adoptar en el presente asunto:
El apoderado de la parte actora expuso que, la señora Esneda Lasso de Morán
contrajo matrimonio católico con el señor Sigifredo Morán Salcedo el 4 de enero
de 1964 en Tuluá (Valle), y que juntos procrearon cinco hijos, hoy mayores de
edad: Julieta, Lucy Yaneth, Haumer Silvio, Julieth Consuelo y Sigifredo.
Relató que, el señor Sigifredo Morán Salcedo disfrutaba de una pensión de
jubilación otorgada mediante la Resolución No. 1538 del 16 de junio de 1988, la
cual cobró hasta noviembre de 1999, con una asignación mensual de $3’555.473.
Indicó que, el señor Sigifredo Morán Salcedo falleció el 1º de noviembre de 1999
en Tuluá (Valle) y que, hasta su muerte, convivía con la señora Esneda Lasso de
Morán sin romper la unidad marital ni el afecto mutuo, siendo él quien le
proporcionaba los alimentos necesarios para su subsistencia.
2 Transcripción literal del texto original que puede contener errores. Página 10. Escrito de tutela.
Actuación cargada en el índice 2 del aplicativo Samai.
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Manifestó que, durante los cuatro años previos a su fallecimiento, el señor
Sigifredo Morán Salcedo había mantenido relaciones extramatrimoniales con la
señora Elba Ruby Gálvez Álvarez.
Señaló que, tras el fallecimiento del señor Sigifredo Morán Salcedo, varias
personas se presentaron ante la Secretaría de Desarrollo Institucional del
Departamento del Valle del Cauca para solicitar la sustitución de la pensión de la
que gozaba el causante. Entre los solicitantes figuraban las siguientes personas:
Elba Ruby Gálvez Álvarez como compañera permanente; la señora Martha Cecilia
Herrera Melo en representación de Juan Felipe Morán Herrera; la señora María
Fabiola Mateus Buenahora en representación de Diego Fernando y Juliana Morán
Mateus; y, su mandante, la señora Esneda Lasso de Morán.
Expuso que, la Secretaría de Desarrollo Institucional, mediante la resolución 2373
del 28 de febrero del 2000, negó el derecho a la pensión de sobrevivientes a su
prohijada.
Aclaró que, ante dicha decisión, la señora Esneda Lasso de Morán interpuso
recurso de reposición y, en subsidio, apelación. El primero de ellos, fue desatado
por la Secretaría de Desarrollo Institucional, que, mediante la Resolución 3775 del
18 de abril de 2000, confirmó la decisión de negar la prestación solicitada; el
segundo, es decir, el recurso de alzada, fue dirimido por la Subsecretaría de
Recursos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Institucional del Departamento
del Valle del Cauca, que, a través de la Resolución 404 del 28 de junio del 2000,
confirmó lo dispuesto en las resoluciones 2372 del 28 de febrero del 2000 y, 3775
del 18 de abril del 2000.
Explicó que, su mandante decidió iniciar la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, la cual, fue conocida, en sede de primera instancia, por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.
Dijo que, a través de la sentencia del 3 de noviembre de 2006, el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca ordenó reconocer y pagar una
cuota parte pensional del 50% a favor de la señora Lasso de Morán.
La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación, motivo por el cual, el
proceso fue estudiado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
que, en sentencia del 8 de julio de 2010 revocó la decisión del Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, declarando la legalidad de las
resoluciones expedidas por la Secretaría de Desarrollo Institucional y
reconociendo el 50% de la sustitución pensional a favor de la señora Elba Ruby
Gálvez Álvarez como compañera permanente del señor Sigifredo Morán Salcedo.3
Señaló que, el 2 de noviembre de 2012 se interpuso un recurso extraordinario de
3
En el escrito de la parte actora no se precisaron las consideraciones que cimentaron la decisión
de la sentencia; motivo por el cual, resulta valioso destacarlos para efectos de contextualizar. En
este sentido, el tribunal evaluó las pruebas presentadas por la compañera permanente, que
demostraron que Elba Ruby Gálvez Álvarez había compartido los últimos años de vida con
Sigifredo Morán Salcedo, brindándole apoyo constante hasta su fallecimiento. Al considerar la
naturaleza y duración de esta convivencia, el alto tribunal concluyó que era determinante para
establecer el derecho a la pensión, lo que llevó a revocar la sentencia del Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca.
3
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revisión, que fue repartido a la Sala Quinta Especial de Decisión del Consejo de
Estado, la cual, a través de sentencia del 22 de mayo de 2024, negó el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la señora Esneda Lasso de Morán
debido a que no se configuraron las causales previstas para su procedencia,
conforme a los artículos 250 numerales 6 y 8 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (En adelante, CPACA).
El apoderado de la parte actora presentó un extracto de la sentencia de revisión,
en el cual se explican las razones por las que se negó el recurso. Al respecto, se
destaca:
● Primero, la Sala rechazó la causal invocada según el numeral 6 del artículo
250 del CPACA. La norma exige que exista una situación sobreviniente donde una
persona con un mejor derecho aparezca después de la sentencia objeto de
reproche. Sin embargo, la señora Esneda Lasso de Morán no cumplía con este
criterio, ya que es la demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
● Segundo, la señora Lasso de Morán invocó la causal del numeral 8 del
artículo 250 del CPACA, es decir, que la sentencia sea contraria a otra que
constituye cosa juzgada. Para ello, se apoyó en una sentencia de la Corte
Suprema de Justicia que reconocía derechos al cónyuge separado de hecho en
casos de pensión de sobrevivientes. No obstante, la Sala indicó que esta decisión
no aplicaba a su caso, ya que provenía de una jurisdicción distinta, fue emitida
después de la sentencia objeto de reproche, y no involucraba a las mismas partes.
Por los motivos anteriores, la Sala no encontró vocación de prosperidad en los
cargos, y, en consecuencia, declaró infundado el recurso.
4. Sustento de la vulneración
Según la parte actora, la sentencia del 8 de julio de 2010, dictada por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, y el fallo del 22 de mayo de 2024,
proferido por la Sala Quinta Especial de Decisión, al desatar un recurso
extraordinario de revisión, vulneraron sus derechos a la igualdad y al debido
proceso.4
Sostuvo que, la jurisprudencia consolidada permite determinar que,5 para que un
cónyuge tenga derecho a la pensión de sobrevivientes, es necesario que exista
una relación jurídica vigente al momento del fallecimiento del causante. En este
sentido, la actora afirmó que, durante todo el proceso ordinario, probó de manera
fehaciente que mantuvo una convivencia real y efectiva con el causante durante
más de 25 años.
Explicó que, pesar de presentar pruebas como: Declaraciones extrajudiciales y
testimonios de terceros que corroboran la convivencia y el vínculo afectivo con el
4 Si bien, en el escrito de tutela no se observa de forma clara, los motivos por los cuales considera
agraviadas las señaladas garantías; la Sala realizará una extracción de los argumentos que se
expusieron en el acápite denominado «HECHOS».
5 No mencionó a qué decisiones hace referencia.
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señor Sigifredo Morán de Salcedo; el Consejo de Estado desestimó estas
evidencias y otorgó mayor credibilidad a los argumentos presentados por la
señora Elba Ruby Gálvez Álvarez, quien, a su juicio, tuvo una relación de
convivencia inferior en tiempo con el causante.
Finalmente, indicó que, las decisiones acusadas no consideraron que la señora
Esneda Lasso de Morán y el causante convivieron durante más de 25 años,
tuvieron cinco hijos y contrajeron matrimonio católico el 4 de enero de 1964, sin
que nunca se hubiera liquidado la sociedad conyugal. Por lo tanto, a pesar de las
relaciones extramatrimoniales del señor Sigifredo Morán de Salcedo, su vínculo
matrimonial con la señora Lasso de Morán se mantuvo incólume, lo que
demuestra una convivencia ininterrumpida hasta el momento de su muerte.
Es importante destacar que, la parte actora se limitó a señalar que eleva la
presente acción de tutela, por «violación a la constitución y a la ley sustancial»6;
sin expresar sustentación alguna al respecto.
5. Trámite, contestaciones e intervenciones
A través de auto del 15 de julio de 20247, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A admitió la acción de tutela, dispuso notificar a las entidades
accionadas y vinculó al departamento del Valle del Cauca, a Elba Ruby Gálvez
Álvarez, Juan Felipe Morán Herrera, Diego Fernando y Juliana Morán Mateus,
como terceros con interés directo en el resultado del proceso.
Realizadas las notificaciones de rigor, se allegaron al proceso las siguientes
intervenciones:
5.1. Sala Quinta Especial de Decisión del Consejo de Estado
Teniendo en cuenta que se notificaron a los cinco magistrados que integran la
Sala Especial de Decisión, se explicarán los pronunciamientos elevados por cada
uno de los que atendieron el llamado del juez constitucional.
El magistrado Milton Chaves García8 solicitó que la acción de tutela sea declarada
improcedente, por no cumplir el requisito de relevancia constitucional. Explicó que,
en primer lugar, los argumentos presentados en el escrito de tutela no se dirigían
contra la ratio decidendi de la providencia que resolvió el recurso extraordinario de
revisión, pues, la parte actora no cuestionó las razones por las cuales se declaró
infundado el recurso, que se basaron en la falta de requisitos para las causales 52
y 63 del artículo 250 del CPACA invocadas, lo que llevó a su improsperidad.
En segundo lugar, señaló que, los argumentos de inconformidad expuestos se
enfocaron en la decisión que negó el reconocimiento de la sustitución pensional
como cónyuge supérstite, una cuestión que ya había sido resuelta en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
6 Página 1 del escrito de tutela. Actuación cargada en el índice 2 del aplicativo Samai.
7 Notificado el 19 de julio del 2024.
8 Actuación cargada en el índice 9 del aplicativo Samai.
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Finalmente, precisó que la solicitud de amparo no cumplía con la carga mínima
argumentativa, ya que no presentaba argumentos claros contra la sentencia del 22
de mayo de 2024.
En el mismo sentido, el magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera indicó
que la presente acción de tutela debe ser declarada improcedente, o, en su
defecto, negada por inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales
alegados. Asimismo, precisó que en el escrito petitorio no se señalaron ni
sustentaron las causales específicas de procedencia de la acción de tutela, motivo
por el cual, no cumple con el criterio de carga argumentativa.
5.2. Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado9
El despacho accionado solicitó que la acción de tutela sea declarada
improcedente. Explicó que la acción de tutela no debía utilizarse para reabrir
debates legales ya resueltos por los jueces competentes, ya que no está
concebida como una tercera instancia, ni como un mecanismo para modificar
decisiones judiciales firmes.
Asimismo, el despacho señaló que la controversia no cumplía con el requisito de
inmediatez, dado que la solicitud buscaba revocar una decisión del Consejo de
Estado que había quedado ejecutoriada hace más de 13 años. En este sentido,
mencionó que la decisión que la parte actora cuestiona la sentencia de segunda
instancia dictada el 8 de julio de 2010, dentro del expediente
76001233100020000287302, la cual quedó ejecutoriada ese mismo año. Así,
teniendo en cuenta que la acción de tutela se interpuso el 10 de julio de 2024 y
que la parte actora no presentó un motivo que justifique su inactividad, la autoridad
accionada consideró que en este caso no se satisface el mencionado requisito.
5.3. Departamento del Valle del Cauca10
La entidad señaló que la tutelante buscaba la anulación de los actos
administrativos que le negaron la sustitución pensional, actos que ya habían sido
objeto de un juicio de legalidad en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que ella misma promovió. Es decir, la autoridad judicial ya había resuelto
el debate sobre si la actora tenía o no derecho a esa prestación social.
En consecuencia, dado que la inconformidad de la actora se relacionaba con la
negativa a otorgar dicha prerrogativa, la cual había sido declarada legal por una
decisión judicial, la entidad concluyó que el juez constitucional debía declarar la
falta de legitimación en la causa por pasiva. De igual forma, solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela.
5.4. Por aviso11, la Secretaría General de la Corporación notificó a Juan Felipe
Morán Herrera, Diego Fernando y Juliana Morán Mateus; sin embargo, guardaron
silencio.
9 Actuación cargada en el índice 10 del aplicativo Samai.
10 Actuación cargada en el índice 11 del aplicativo Samai.
11
Actuación cargada en el índice 23 del aplicativo Samai.
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En igual forma, los demás vinculados no rindieron informe, pese a haber sido
notificados en debida forma.
6. Sentencia de primera instancia12
La Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia del
30 de agosto de 2024 declaró improcedente el amparo tutelar solicitado por la
señora Esneda Lasso de Morán.
Arribó a la mencionada conclusión, tras explicar que, la solicitud de amparo tenía
como objetivo la reapertura de un debate ya resuelto por el juez natural, quien
actuó con independencia y sin arbitrariedad. A juicio del a quo, la parte actora no
presentó argumentos suficientes para demostrar los defectos alegados y no podía
recurrir a la acción de tutela por inconformidad con la decisión judicial, ya que este
mecanismo no es una instancia adicional en la jurisdicción contenciosa
administrativa.
Además, señaló que, a pesar de que la sentencia cuestionada fue notificada el 29
de octubre de 2010, la tutela se interpuso el 10 de julio de 2024, superando el
plazo razonable de seis meses establecido por la jurisprudencia, motivo por el
cual, la parte actora tenía el deber de justificar los motivos que forzaban la
flexibilización de este requisito.
Para finalizar, también explicó que, aunque la accionante había presentado un
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia que culminó el proceso
ordinario; lo cierto es que no se cuestionó la decisión de ese trámite mediante la
tutela ni se encontró relación entre lo impugnado y la censura constitucional
planteada.
7. Impugnación13
Inconforme con la decisión de primera instancia, el apoderado de la parte actora
impugnó el fallo del 30 de agosto de 2024. Argumentó que el amparo
constitucional había sido declarado improcedente debido a la falta de evidencia
sobre un defecto fáctico y la violación de precedentes constitucionales. Según
criterio de la actora, la cuestión central del proceso ordinario giró en torno a la
existencia de una unión marital vigente al momento del fallecimiento del causante,
así como la duración de esta convivencia y la falta de liquidación de la sociedad
conyugal.
Además, destacó que la sentencia de segunda instancia no solo violó el
precedente constitucional contenido en diferentes sentencias del Consejo de
Estado14, sino que también infringió derechos fundamentales de la actora, como
12
Actuación cargada en el índice 27 del aplicativo Samai.
13
Actuación cargada en el índice 34 del aplicativo Samai
14
En esta oportunidad si se precisaron las sentencias «Por último, se hará una relación de las
sentencias tanto del H. Consejo de Estado (2013-00036/2018, 2013-00530/2018, 2014-
00074/2021, 2017-02535/2020, 2018-00028/2020,), H. Corte Suprema de Justicia (STC9194/2018,
STC8017/2019, SL33860/2008, SL 359/2021, SL85825/2022) y la H. Corte Constitucional (C-
515/2019, SU453/2019, T-128/2016, SU 149/2021, T-401/2021, T-371/2022, T-228/2023) donde se
exponen los mismos presupuestos de hecho y derecho al casi sub judice y; como las anteriores
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su derecho a la seguridad social y a la igualdad ante la ley.
En este orden de ideas, el apoderado de la parte actora solicitó la revocatoria de la
sentencia de primera instancia y que, en consecuencia, se conceda el amparo de
solicitado.
8. Trámite en segunda instancia
Mediante auto de 24 de octubre de 2024, se declaró fundado el impedimento
manifestado por la magistrada Gloria María Gómez Montoya, tras encontrarse
configurada la causal prevista por el artículo 56, numeral 6º del Código de
Procedimiento Penal, aplicable por disposición del artículo 39 del Decreto 2591 de
1991; y, en consecuencia, se le separó del conocimiento del presente asunto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por los Decretos 2591
de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2. Cuestión previa
El departamento del Valle del Cauca mencionó que el juez de tutela debía
declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, en lo relacionado con la
institución. Esta solicitud será denegada, toda vez que, a la entidad se le
comunicó la existencia del presente asunto en atención al posible interés que le
asiste en las resultas de este trámite, más no como aquella contra la cual se
dirijan los reparos expuestos.
3. Problema jurídico
Corresponde en este caso establecer si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
el fallo de primera instancia, a través del cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A declaró improcedente el amparo solicitado.
Por lo anterior, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sección
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.
En este sentido, en caso de encontrar superados los requisitos de procedencia de
la acción de tutela, se analizará si, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado y la Sala Quinta Especial de Decisión de la misma corporación,
hay innumerables sentencias que establecen la pensión de sobrevivientes con dirección a la
cónyuge con unión marital vigente y sin disolución de la sociedad conyugal, con lo cual queda de
plano demostrado que la juez colegiada de segunda instancia violo todos y cada uno de los
precedentes jurisprudenciales, la constitución y la ley, al no otorgarle el derecho a mi procurada»
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vulneraron los derechos a la igualdad y al debido proceso, al proferir la sentencia
del 8 de julio de 2010, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
(radicado 76001-23-31-000-2000-02873-02); y, el fallo del 22 de mayo de 2024, en
el trámite de un recurso extraordinario de revisión (radicado 11001-03-15-000-
2012-02117-00), respectivamente.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos mil doce
(2012)15, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación
tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales16,
conforme al cual:
«De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido
el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes
y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-
10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical
y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.»17.
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan
origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva–
y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia
15
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
16
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
17
Idem.
9
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adjetiva–.18
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que el asunto
sea relevante desde el punto de vista constitucional, ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos estos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva
En lo referente al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional
en la sentencia SU-215 de 26 de junio de 2022 explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «...el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada
señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y
exhaustivo de la providencia reprochada’».
En ese sentido, el alto tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del
fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para
verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
«...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
18
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de 2004
y C-590 de 2005.
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Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
(ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.»19
En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «…el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada
señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y
exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se
cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser
más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de
cierre…».
El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito son
las siguientes:
«(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal»20 (Énfasis de la Sala).
Así mismo, luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo
que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este
postulado, en estos eventos:
i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,
ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,
iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,
iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
19
Destacado por la Sala.
20
Sentencia SU 573 de 2019.
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En concordancia, dicha Corte indicó en la sentencia SU-573 de 27 de noviembre
de 2019 que «la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico» y que según la jurisprudencia constitucional,
las discusiones de orden legal y las relativas a un derecho de índole económico 21
deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su
trámite22, comoquiera que «le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario» 23, so pena
de involucrarse en cuestiones que le corresponde definir al juez natural.
Descendiendo al caso concreto, se observa que, en el escrito de tutela, el
apoderado judicial de la señora Esneda Lasso de Morán cuestionó la sentencia del
8 de julio de 2010, dictada por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento seguido con el radicado
76001-23-31-000-2000-02873-02; y, el fallo del 22 de mayo de 2024, proferido por
la Sala Quinta Especial de Decisión de la misma Corporación, en el trámite de un
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia dictada en el proceso
ordinario.
En el trámite del proceso ordinario, el Tribunal Contencioso Administrativo del
Valle del Cauca, a través de sentencia del 3 de noviembre de 2006 ordenó
reconocer y pagar una pensión sustitutiva a la señora Lasso de Morán; sin
embargo, en sede de segunda instancia, la Sección Segunda del Consejo de
Estado revocó dicha decisión; y, en su lugar, declaró la legalidad de los actos
administrativos que reconocieron la pensión sustitutiva a la compañera
permanente del causante.
La Corporación arribó a dicha conclusión tras afirmar que, las pruebas aportadas
por la señora Elba Ruby Galvez Alvarez en calidad de compañera permanente del
señor Sigifredo Morán Salcedo, demostraron que fue ella la persona que había
compartido los últimos 4 años de vida con el fallecido; que, durante este tiempo
compartieron techo; y, que, ella fue la persona que le brindó acompañamiento en
las diligencias médicas. Aunado a lo anterior, la autoridad judicial encontró
acreditado que, durante este tiempo, el señor Sigifredo Moran Salcedo no convivió
con la señora Esneda Lasso de Morán, motivo por el cual, pese a existir un vínculo
jurídico vigente, se reconoció que, «es el criterio material de convivencia y no el
formal de un vínculo, el factor determinante reconocido por la reciente
jurisprudencia de la Sala para determinar a quién le asiste el derecho a la
sustitución pensional»24.
En contra de la señalada decisión, la señora Lasso de Morán interpuso recurso
extraordinario de revisión. Dicho trámite fue repartido a la Sala Quinta Especial de
Decisión del Consejo de Estado, que, en sentencia del 22 de mayo de 2024,
21
«No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al acceso a la
administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante constitucionalmente,
pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de una pretensión de contenido
económico, la discusión carecerá de tal relevancia.»
22
Sentencia T-606 de 2000.
23
«Ibid.2»
24
Véase: Página 26 de la sentencia. Actuación 16.
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declaró infundado el recurso, debido a que no se configuraron los supuestos de
procedencia establecidos en el artículo 250 del CPACA.
En esta providencia se expuso que no se configuraba la causal del numeral 6, ya
que, señora Lasso de Morán, al ser la demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, no cumplía con el requisito de ser una persona
distinta a las partes procesales reconocidas en el proceso. En segundo lugar,
sobre la causal del numeral 8, la Sala aclaró que la sentencia invocada por la
parte activa no era aplicable a su situación, ya que provenía de una jurisdicción
diferente, fue emitida posteriormente a la sentencia en cuestión y no involucraba a
las mismas partes.
En cuanto a la primera instancia de este trámite constitucional, en sentencia del 30
de agosto de 2024, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela solicitada por la señora Esneda Lasso de
Morán. En ella argumentó que el amparo pretendía reabrir un debate ya resuelto
por el juez natural, quien actuó de manera independiente y sin arbitrariedad.
También, la Sala explicó que la parte actora no presentó argumentos suficientes
para demostrar los defectos alegados y la presunta violación de derechos
fundamentales.
Además, destacó que la tutela fue interpuesta el 10 de julio de 2024, a pesar de
que la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, objeto de reproche,
había sido notificada el 29 de octubre de 2010, de modo que, la acción no supera
el plazo razonable de seis meses establecido por la jurisprudencia, para el estudio
del requisito de inmediatez.
Frente a la decisión del juez constitucional, el apoderado de la parte actora
presentó escrito de impugnación, en el que, argumentó que el amparo
constitucional había sido declarado improcedente porque el a quo no estudió de
forma adecuada el defecto fáctico y la violación de precedentes constitucionales.
Sostuvo que la cuestión central del proceso ordinario se centró en la existencia de
una unión marital vigente al momento del fallecimiento del causante, así como en
la duración de esta convivencia y la falta de liquidación de la sociedad conyugal,
enfatizando que había mantenido una unión conyugal durante más de 35 años sin
que se hubiera realizado dicha liquidación, lo cual, considera prueba suficiente
para el reconocimiento de la sustitución pensional. Para soportar su argumentó,
citó diversas sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre
la materia. En este contexto, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera
instancia y el otorgamiento del amparo solicitado.
En el presente caso, la Sala considera que la acción de tutela interpuesta por la
señora Esneda Lasso de Morán carece de relevancia; pues, en el escrito de tutela,
la actora no indicó cuáles eran las causales específicas de procedencia que
invocaba, ni presentó una justificación de los motivos por los cuales encontraba
agraviados sus derechos fundamentales.
Este aspecto es importante, ya que la acción de tutela debe estar debidamente
sustentada desde su presentación inicial. Si bien en sede de impugnación la
actora intentó subsanar este yerro; tal procedimiento no es aceptable en el ámbito
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de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues, este recurso tiene como
finalidad, enunciar y explicar los yerros de la sentencia de tutela de primera
instancia, de modo que no puede ser utilizada como un instrumento para remediar
las propias faltas argumentativas de la parte actora.
En este orden de ideas, es preciso resaltar que, al tratarse de una tutela contra
sentencias de altas cortes, la exigencia de demostrar la carga argumentativa se
torna aún mayor. En este contexto, el accionante debe acreditar, con un criterio de
suficiencia, que la providencia enjuiciada es realmente arbitraria, caprichosa y
contraria a la Constitución, a la ley y a la jurisprudencia establecida. En el caso
que nos ocupa, la parte actora no ha cumplido con este requisito, limitándose a
presentar argumentos de reproche respecto a la decisión, sin advertir una
transgresión efectiva a garantías fundamentales.
Esta falta de justificación suficiente para calificar las decisiones cuestionadas
como violatorias de derechos fundamentales, impide la intervención del juez
constitucional, en la medida que no puede, de oficio, inmiscuirse en la
interpretación de la argumentación, so pena de generar un desequilibrio respecto
de los principios de cosa juzgada de las decisiones judiciales, y autonomía de las
autoridades.
No se debe olvidar que, la acción de tutela contra providencias judiciales es un
medio excepcionalísimo por medio del cual se revalúan decisiones que recaen en
la arbitrariedad, al sobrepasar los principios rectores de la autoridad judicial, y, no
debe ser vista como una tercera instancia para insistir en los argumentos
expuestos al interior del proceso ordinario y ante el juez natural.
En similar sentido, la sección ha señalado lo siguiente:
«[I]ndica la Sala que la parte actora no identificó, individualizó ni precisó,
cuáles fueron las pruebas del proceso penal que supuestamente fueron
indebidamente valoradas por el juez contencioso administrativo, toda vez que
se limitó a hacer un reproche genérico y señaló simplemente la vulneración a
los principios de cosa juzgada, juez natural y presunción de inocencia. (…) Lo
anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una
tutela contra una providencia judicial, están en juego valores
importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada,
los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de
los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.»
Una vez advertido que el accionante no elevó otros argumentos que permitan
determinar que las decisiones en cuestión son caprichosas y abiertamente
contrarias a la constitución, la sala confirmará la sentencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Confírmase la sentencia de 30 de agosto de 2024, a través de la cual
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el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, declaró improcedente la
acción de tutela.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes al de la ejecutoria de esta
providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
15
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