RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2012-02117-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2012-02117-00

Fecha
22 de mayo de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2012-02117-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Esneda Lasso de Morán contra la sentencia del 8 de julio de 2010, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nro. 76001233100020000287302, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 25 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. 26 El referido Acuerdo indica que, para los asuntos tramitados por la Jurisdicción Contencioso Administrativa relacionados con el recurso extraordinario de revisión se concede un margen de movilidad dentro del cual el Juez debe fijar la condena por concepto de agencias en derecho, y que en el caso de este tipo de procesos se debe tener en cuenta lo siguiente: “Sin cuantía: Hasta seis (6) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el diez por ciento (10%) del valor de las pretensiones de la demanda de revisión”. Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx 16 Radicado: 11001 03 15 000 2012 02117 00 Demandante: Esneda Lasso de Morán Segundo: Condenar en costas a la parte recurrente y a favor del departamento del Valle del Cauca, de la señora Elba Ruby Gálvez Álvarez, así como la designación del curador ad litem de los señores Diego Fernando Morán Mateus y Juliana Morán Mateus, las cuales se liquidarán por Secretaría. Tercero: Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por el recurrente. Tercero: En firme la providencia, archívese la actuación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2012-02117-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

22 de mayo de 2024

Radicado: 11001 03 15 000 2012 02117 00
Demandante: Esneda Lasso de Morán

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINTA ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicado: 11001 03 15 000 2012 02117 00
Demandante: ESNEDA LASSO DE MORÁN
Demandado: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causales 6ª y 8ª del artículo
250 del CPACA

Recurso extraordinario de revisión

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto mediante apoderado
judicial por la señora Esneda Lasso de Morán, contra la sentencia del 8 de julio de
2010, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, que revocó el fallo del 3
de noviembre de 2006, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
en su lugar, declaró la legalidad de los actos administrativos demandados1.

I. ANTECEDENTES

1. Antecedentes administrativos y demanda

Mediante Resolución nro. 1538 del 16 de junio de 1988, el departamento del Valle
del Cauca reconoció una pensión de jubilación a favor del señor Sigifredo Morán
Salcedo.

El señor Sigifredo Morán Salcedo falleció el 1° de diciembre de 1999.

Ante la Secretaría de Desarrollo Institucional del Departamento del Valle del Cauca
se presentaron: (i) la señora Elba Ruby Gálvez Álvarez, en condición de compañera
permanente; (ii) la señora Esneda Lasso de Morán, en condición de cónyuge
sobreviviente; (iii) la señora Martha Cecilia Herrera Melo, en representación del
menor Juan Felipe Morán Herrera; y, (iv) la señora María Fabiola Mateus Buenahora,
en representación de los menores Diego Fernando y Juliana Morán Mateus, con el
fin de solicitar la sustitución pensional del señor Sigifredo Morán Salcedo.

1
«Resoluciones No. 2373 del 28 de febrero, 3775 de 18 de abril, 404 de 28 de junio de 2000 expedidas por la
Secretaría de Desarrollo Institucional del Departamento del Valle del Cauca, mediante las cuales:

• Reconoció y ordenó pagar a favor de ELBA RUBY GALVEZ ALVAREZ en calidad de compañera
permanente del extinto SIGIFREDO MORÁN SALCEDO el 50% de la sustitución pensional,
• Negó la solicitud presentada por la señora ESNEDA LASSO DE MORAN, en condición de cónyuge
supérstite del causante,
• La sustitución pensional se pagará a partir del mes de febrero de 2000, se descontará el 12% con
destino al servicio médico,
• Los hijos menores de edad al cumplir la mayoría de edad, deberán acreditar su condición de estudiantes
para seguir continuando disfrutando del otro 50% de la sustitución pensional, hasta los 25 años.»

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
1

Radicado: 11001 03 15 000 2012 02117 00
Demandante: Esneda Lasso de Morán

Mediante Resolución nro. 2373 del 28 de febrero de 2000, la Secretaría de
Desarrollo Institucional del Departamento del Valle del Cauca concedió la sustitución
pensional a favor de la señora Elba Ruby Gálvez Álvarez, en su condición de
compañera permanente, en una proporción del 50%; a los menores hijos del
causante, Juan Felipe Morán Herrera, Diego Fernando Morán Mateus y Juliana
Morán Mateus, el otro cincuenta por ciento (50%), repartido en partes iguales entre
los mismos; y, negó la solicitud de la señora Esneda Lasso de Morán.

Contra la anterior decisión se interpusieron los recursos de reposición y en subsidio
apelación, los cuales se resolvieron en Resoluciones nro. 3775 del 18 de abril de
2000 y nro. 0404 del 28 de junio del mismo año, en las cuales se confirmó la
Resolución nro. 2373 del 28 de febrero de 2000.

La señora Esneda Lasso de Morán promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el departamento del Valle del Cauca, con el fin de que se
declarara la nulidad de los anteriores actos administrativos y, en consecuencia, se
ordenara a su favor la sustitución pensional de Sigifredo Morán Salcedo, en
proporción del cincuenta por ciento (50%), con efectos retroactivos a partir del mes
de febrero de 2000.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 3 de noviembre de
2006, accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que la actora y el
causante contrajeron matrimonio católico y no había prueba de la disolución o
cesación de sus efectos legales, que la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1889 de 1994,
favorecía a la conyugue supérstite y no a la compañera permanente, pues la última
solo sustituiría a la primera cuando falte.

El departamento del Valle del Cauca interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, al considerar que la señora Esneda Lasso de Morán no acreditó los
requisitos exigidos para la sustitución pensional, mientras que la señora Elba Ruby
Gálvez Álvarez sí lo hizo y, que expidió los actos administrativos conforme a la ley y
al criterio jurisprudencial desarrollado por la Corte Constitucional, sobre la igualdad
de la compañera permanente respecto de la sustitución pensional.

2. Sentencia recurrida en revisión

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 8 de julio
de 2010, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró la legalidad de
los actos administrativos demandados, por las siguientes razones:

Indicó que, de las pruebas aportadas al proceso, se observaba que la señora Esneda
Lasso de Morán solo contrajo matrimonio con el causante, pero no probó que
convivieran bajo el mismo techo hasta el momento de su muerte, ni que existiera
colaboración económica.

Refirió que, la señora Lasso de Morán presentó ante el ente previsional una
declaración jurada, en la cual afirmó que nunca hubo separación matrimonial, pero
que tal documento era contradictorio con las pruebas aportadas al proceso, porque
en la afiliación al Instituto de los Seguros Sociales – ISS, el cotizante Sigifredo Morán
Salcedo identificó como beneficiaria a la señora Elba Ruby Gálvez Álvarez, en

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
2

Radicado: 11001 03 15 000 2012 02117 00
Demandante: Esneda Lasso de Morán

calidad de compañera, de lo cual concluyó que «… si nunca se hubiesen separado y
convivido bajo el mismo techo y lecho, no es lógico que el extinto tuviera afiliada a
otra mujer al Sistema de Seguridad Social».

Precisó que, de las pruebas aportadas por la señora Elba Ruby Gálvez Álvarez, se
podía inferir que compartió los últimos años de vida del causante de manera
permanente y hasta el momento de su muerte, siendo su apoyo, como ejemplo citó
una certificación médica del médico tratante del señor Sigifredo Morán Salcedo, de
visitas de control domiciliario, donde se puso de presente que vivía con la señora
Gálvez Álvarez, de lo cual infirió que «…ella le prestó su incondicional apoyo que los
cuidados post-operatorios requerían».

Aunado a ello, trajo a colación un documento relacionado con una investigación ante
un Juzgado Penal, en el cual el señor Morán Salcedo manifestaba que: era casado y
separado, reportó la misma dirección de domicilio referida en la certificación médica y
que convivía con la señora Gálvez Álvarez, a quien denominó como «…su
compañera y señora». Que ese documento constituía plena prueba de la convivencia
en los términos exigidos por ley, lo cual le permitía concluir que realmente
compartían el mismo techo.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

1. Escrito del recurso extraordinario de revisión

La señora Esneda Lasso de Morán, el 2 de noviembre de 2012, interpuso recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 8 de julio de 2010, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, porque consideró que se
encuentra incursa en «…la causal No.3 y subsidiariamente la causal 8 del artículo
188 C.C.A.», que preveían “Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de
una persona, otra con mejor derecho para reclamar” y “Ser la sentencia contraria a
otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella
fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».

Lo anterior, al considerar que en la decisión cuestionada se usó como argumento la
aplicación exegética del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, para afirmar que entre el
señor Sigifredo Morán Salcedo (q.e.p.d.) y la señora Esneda Lasso de Morán no
existió una convivencia real y efectiva durante los dos últimos años anteriores al
fallecimiento, situación que afirmó era ajena a la realidad, pues durante el trámite de
primera instancia logró demostrar que la actora y el causante tenían vinculo jurídico
de matrimonio vigente y convivieron por más de 25 años, «…estableciendo una
comunidad de vida con vocación de convivencia real y efectiva hasta el momento de
la muerte, tanto así que el señor Morán Salcedo (q.e.p.d.) siempre hasta el momento
de su muerte le brindo (sic) una asistencia económica como afectiva».

Que, por su parte, la señora Elba Ruby Gálvez Álvarez no demostró de manera
fehaciente la convivencia permanente con el causante, durante el término legal
exigido por la Ley 100 de 1993, pues la certificación entregada por la EPS al ISS
evidencia que la señora en mención fue afiliada a partir del 26 de marzo de 1998 y
las declaraciones que aportó al proceso son idénticas en su contenido a pesar de ser
diferentes los declarantes que las suscribieron.

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
3

Radicado: 11001 03 15 000 2012 02117 00
Demandante: Esneda Lasso de Morán

Indicó que en caso de aceptarse la convivencia permanente entre Elba Ruby Gálvez
Álvarez y Sigifredo Morán Salcedo, la cual no acreditó ser superior a 4 años, la cuota
parte pensional a reconocer deberá hacerse acorde con el tiempo de convivencia con
el causante que se logre acreditar, esto es, «… a mi mandante [Esneda Lasso de
Morán] por haber convivido con el causante por un periodo mínimo de 25 años
tendrá un equivalente al 84% de la cuota parte que este en discusión y la señora
Elba Ruby Gálvez Álvarez un 6% de esa misma cuota parte pensional».

Indicó que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral2 dio una nueva
interpretación al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, según la cual si el causahabiente
demuestra que tiene un vínculo jurídico de matrimonio con el causante y demuestra
que convivió por más de cinco (5) años en cualquier época anterior a su muerte bajo
la vigencia de dicho vinculo, será beneficiaria de la prestación o cuota parte a
prorrata por el tiempo de convivencia.

Aunado a ello, hizo referencia al principio pro homine, según el cual, ante diversas
interpretaciones normativas debe aplicarse la que mejor proteja los derechos
fundamentales del ser humano.

2. Trámite procesal

En auto del 6 de septiembre de 2013, se admitió el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Esneda Lasso de Morán, se ordenó notificar al
departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Desarrollo Institucional, a las
señoras Elba Ruby Gálvez Álvarez, Martha Cecilia Herrera Melo, en representación
del menor Juan Felipe Morán Herrera, María Fabiola Mateus Buenahora, en
representación de su hijo Diego Fernando Morán Mateus y Juliana Morán Mateus,
así como al Ministerio Público.

Ante la imposibilidad de la notificación personal y luego de realizar las gestiones
necesarias para su localización3, se designó al abogado Luis David Durán Acuña,
como curador ad litem de los señores Diego Fernando Morán Mateus y Juliana
Morán Mateus4 y se le notificó del recurso5.
2
Para el efecto, citó la sentencia 40055 del 29 de noviembre de 2011, magistrado ponente Dr. Gustavo José
Gnecco Mendoza.
3
Dentro del trámite se destacan las siguientes actuaciones: (i) en Auto del 12 de septiembre de 2013, se ordenó
librar despacho comisorio al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para dar cumplimiento a los numerales 3
y 4 del auto admisorio; (ii) con proveído del 27 de julio de 2016, se requirió al apoderado de la parte recurrente
para que informara las nuevas direcciones de las personas que debían vincularse como terceros interesados; (iii)
mediante Auto del 27 de octubre de 2016, se libraron despachos comisorios a los Tribunales Administrativos del
Valle del Cauca y del Quindío para notificar a los terceros interesados;(iv) en Auto del 15 de mayo de 2017, se
ordenó librar nuevo despacho comisorio al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en atención a la nueva
dirección de residencia de la señora Juliana Morán Mateus, informada por el apoderado de la parte recurrente; (v)
el apoderado de la parte actora informó una nueva dirección de residencia de los señores Diego Fernando Morán
Mateus y Juliana Morán Mateus, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, por lo que, mediante Auto del 5 de marzo
de 2018, se dispuso la notificación del auto admisorio y se precisó que de no ser viable la misma, se procedería
con el emplazamiento de que trata el numeral 4 del artículo 291 del CGP; (vi) mediante Auto del 18 de abril de
2018, se ordenó el emplazamiento de los señores Diego Fernando Morán Mateus y Juliana Morán Mateus, con el
fin de notificarlos, en forma personal del auto admisorio; (vii) En Auto del 3 de agosto de 2018, se requirió al
apoderado de la señora Lasso de Morán para que, aportara las certificaciones de publicación del Edicto
Emplazatorio No. 001 de 2018, so pena de declarar el desistimiento tácito del recurso extraordinario de revisión.
4
Mediante Auto del 19 de diciembre de 2022, se designó a los abogados Gustavo Adolfo Mosquera Hurtado y
Jaime Orlando Gallón Remolina, como curadores ad litem de los señores Diego Fernando Morán Mateus y
Juliana Morán Mateus, posteriormente, los referidos apoderados manifestaron que no podían aceptar la

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
4

Radicado: 11001 03 15 000 2012 02117 00
Demandante: Esneda Lasso de Morán

Mediante auto del 13 de marzo de 2024, se tuvieron como pruebas los documentos
aportados con la demanda y la contestación.

3. Contestación al recurso

El departamento del Valle del Cauca pidió que se negaran las pretensiones del
recurso extraordinario de revisión, toda vez que se interpuso de manera
extemporánea y no se dan los presupuestos de procedencia de las causales
invocadas.

Lo anterior teniendo en cuenta que, el recurso debe ceñirse por las disposiciones de
la Ley 1437 de 2011, por lo que debía promoverse el recurso dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la sentencia que se cuestiona. Que, en el caso concreto,
la sentencia del 8 de julio de 2010 quedó ejecutoriada el 3 de noviembre del mismo
año y el recurso se interpuso hasta el 2 de noviembre de 2012.

Por otra parte, señaló que en el presente caso, no se acreditó la existencia de una
persona con mejor derecho para reclamar, pues la señora Lasso de Morán fue
vinculada al proceso administrativo en el cual se efectuó la sustitución pensional y
acudió al proceso dentro del cual se profirió la sentencia cuestionada y al interior del
mismo pudo ejercer los derechos de defensa y contradicción.

Frente al argumento de que el causante y la señora Elba Ruby Gálvez Álvarez solo
convivieron por un lapso de cuatro (4) años, indicó que, conforme con lo previsto en
el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, para el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente solo se exigían dos (2) años de convivencia. Que, si bien la referida
disposición fue modificada por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, tal circunstancia
no afectaba a la señora Gálvez Álvarez, porque el derecho pensional fue adquirido
con anterioridad a la modificación referida.

Precisó que, «el factor determinante para establecer que la persona tiene derecho a
la sustitución pensional en casos de conflicto entre cónyuge supérstite y la
compañera o compañero permanente es el compromiso de apoyo efectivo y
comprensión mutua existente entre la pareja al momento de la muerte de uno de los
integrantes, es por ello que la ley ha establecido la pérdida de ese derecho para el
cónyuge supérstite que al momento del deceso del causante no hiciere vida en
común con el causante, salvo la existencia de justa causa imputable a la conducta
del fallecido, la ley acoge el criterio de convivencia efectiva al momento de la muerte
y no simplemente el formalismo del vinculo matrimonial. Factores que fueron
demostrados a través del agotamiento de la actuación administrativa o vía
gubernativa.»

La señora Elba Ruby Gálvez Álvarez, mediante apoderado judicial, pidió que se
declararan imprósperas las pretensiones del recurso extraordinario de revisión,
porque considera que no tienen fundamento fáctico ni jurídico.

designación, con las debidas justificaciones. En consecuencia, mediante Auto del 18 de octubre de 2023, se
ordenó la designación a los abogados que se dispusieron en su remplazo.
5
En auto del 19 de febrero de 2024, se concedió al curador ad litem el término de 10 días para que se
pronunciara sore el recurso extraordinario de revisión.

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
5

Radicado: 11001 03 15 000 2012 02117 00
Demandante: Esneda Lasso de Morán

Indicó que en el presente caso no se dan las condiciones previstas en la norma para
la procedencia de la causal invocada, pues quien alega un mejor derecho no es una
persona que haya aparecido después de dictada la sentencia acreditando un mejor
derecho para reclamar, sino una persona que fue parte en el proceso y a la cual se le
negaron las pretensiones de la demanda, después de valorar los fundamentos
fácticos y jurídicos.

Que el argumento de la recurrente se centra en que una sentencia de otra
jurisdicción, en la cual se analizó una situación disímil a la resuelta en la providencia
cuestionada, le daría a esa persona, en su criterio, un mejor derecho, situación que
es contraria a lo previsto en la causal invocada.

En cuanto a la causal octava, que se alegó como subsidiaria, indicó que no se
configura, toda vez que, la parte recurrente ni si quiera manifestó cuál era la
sentencia anterior o constitutiva de cosa juzgada entre las mismas partes a la que
contrariaba la decisión recurrida. Precisó que, la sentencia de la Corte Suprema que
citó no es anterior a la decisión cuestionada, no se dictó entre las mismas partes y la
situación fáctica que se dirimió es distinta.

El curador ad litem de Diego Fernando Morán Mateus y Juliana Morán Mateus
solicitó que se declararan imprósperas las pretensiones del recurso extraordinario de
revisión, por carecer de fundamento fáctico y jurídico.

Precisó que, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se caracterizaba por ser
rogada y, en esa medida, el derecho otorgado a quien actualmente recibe la pensión
por sustitución fue adquirido de manera ajustada a la ley, de tal forma que,
contundentemente logró la convivencia con el causante, al punto que, en la solicitud
de dicha prestación, allegó la información veraz que permitió la adopción de dicha
decisión.

Aseguró que no se configuró la causal invocada referente a que, llegó a aparecer
“otra persona con mayor derecho a reclamar”, pues si bien sus representados
cumplieron la mayoría de edad, la señora Elba Ruby Gálvez Álvarez no ha
desaparecido ni ostenta derecho de menor categoría frente a la señora Esneda
Lasso de Morán, para alegar la existencia de un mejor derecho.

Que, en la providencia acusada se valoró el material probatorio aportado al proceso,
del cual se infirió que eran falsas las afirmaciones de la señora Lasso de Morán,
referente a que convivió los últimos años de vida con el causante, el señor Sigifredo
Morán Salcedo.

4. Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en el inciso 1° del artículo 249 del CPACA, de los
recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
6

Radicado: 11001 03 15 000 2012 02117 00
Demandante: Esneda Lasso de Morán

del Consejo de Estado, conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin
exclusión de la sección que profirió la decisión.

El Acuerdo 321 del 2 de diciembre de 2014, expedido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, reglamentó la integración y
funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión de que trata el artículo 107 de la
Ley 1437 de 2011.

Por su parte, el numeral 1 del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, asigna la
competencia a las Salas Especiales de Decisión de los recursos extraordinarios de
revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del
Consejo de Estado.

De acuerdo con lo anterior, a la Sala Quinta Especial de Decisión del Consejo de
Estado le corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la señora Esneda Lasso de Morán, contra la sentencia del 8 de julio de 2010,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda.

2. Oportunidad del recurso

Respecto a la oportunidad para promover el recurso extraordinario de revisión, la
Sala encuentra que, la sentencia que se cuestiona se profirió el 8 de julio de 2010 y
quedó ejecutoriada el 3 de noviembre de 20106, a su vez el recurso extraordinario de
revisión se presentó el 2 de noviembre de 20127, ante la Secretaría General del
Consejo de Estado, esto es, en vigencia de la Ley 1437 de 2011, la cual entró a regir
el 2 de julio de 20128.

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe indicar que, el artículo 3089 de la Ley 1437
de 2011 mantuvo el principio general de la irretroactividad de la ley, según el cual
ésta rige para las actuaciones y procedimientos que se inician a partir de su vigencia;
y los procedimientos en trámite se rigen por la ley anterior, ultractividad de la ley.

Respecto a los efectos en el tiempo de la ley procesal, la Corte Constitucional en
sentencia C-619 de 2001, precisó:

“La norma general que fija la ley es el efecto general inmediato de las nuevas
disposiciones procesales, salvo en lo referente a los términos que hubiesen
empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, las
cuales continúan rigiéndose por la ley antigua. Esta norma general, en principio, no
resulta contraria a la Constitución pues no tiene el alcance de desconocer derechos
adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, que es lo que expresamente prohíbe el
artículo 58 superior.” 10,.

6
Según constancia de Edicto No. 327, la sentencia se notificó por edicto desfijado el 3 de noviembre de 2010.
(folio 50 C.1 del expediente del RER).
7
Folio 1 del expediente.
8
Inciso 1 del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.
9
ARTÍCULO 308. Régimen de transición y vigencia. «El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio
del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.»
10
Magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
7

Radicado: 11001 03 15 000 2012 02117 00
Demandante: Esneda Lasso de Morán

(Negrillas de la Sala).

Además, el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 establece que en los aspectos no
regulados por ese código se seguirá el Código de Procedimiento Civil, hoy Código
General del Proceso, el cual en el artículo 624 que modificó el 40 de la Ley 153 de
188711, dispone:

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr,
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las
leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se
iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine
dicha autoridad”
(Negrilla fuera del texto).

En el mismo sentido el Consejo de Estado, en sentencia del 3 de febrero de 2015,
precisó:

«Finalmente, es importante reseñar que ese mismo artículo 40 de la Ley 153 de 1887
modificado por la Ley 1564 de 2012, dispone que las leyes concernientes a la
sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores. Regla que se
compagina con el artículo 308 del CPACA, que señala que las demandas y procesos
iniciados en su vigencia se regirán por este.

Por tanto, salvo el tema relativo a la caducidad, como ya se explicó, ha de entenderse
que la nueva legislación debe aplicarse para el trámite de este recurso, en cuanto la
12
demanda se presentó en su vigencia.» .

Aunado a ello, esta Corporación al analizar la oportunidad para la interposición de
algunos recursos extraordinarios de revisión, en casos similares, señaló que:

“Así las cosas, como los términos que hubieren comenzado a correr se regirán por las
leyes vigentes cuando empezaron aquellos, para decidir si es oportunamente presentado
o no un recurso extraordinario de revisión, se debe verificar en la jurisdicción
contencioso-administrativa si es el CCA o el CPACA el que se encuentra en vigor el día
siguiente en que alcanza su ejecutoria el fallo objeto de dicho mecanismo, de tal forma
que hasta el 1.º de julio de 2011, se tendrán 2 años para incoarlo (CCA) o, de lo
contrario, se contará con tan solo 1 año a partir del 2 de los mismos mes y año, ya que a
partir de esa fecha entró a regir el CPACA.

Visto lo anterior, dado que la sentencia objeto del presente recurso extraordinario de
revisión, alcanzó su ejecutoria el 28 de marzo de 2011 (f. 19 vuelto), es decir, en vigor del
CCA, código que prevé un término de dos (2) años siguientes a la ejecutoria del

11
“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el
momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y
diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.”
12
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015, exp. 11001-03-15-000-2014-00387-00, C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro (E).

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
8

Radicado: 11001 03 15 000 2012 02117 00
Demandante: Esneda Lasso de Morán

respectivo fallo, se tendrá como oportunamente presentado, toda vez que se incoó (sic) el
21 de marzo de 2013 (f. 2)” 13.

Así las cosas, en el presente caso, el término para presentar el recurso extraordinario
de revisión empezó a correr el 3 de noviembre de 2010, en vigencia del Código
Contencioso Administrativo, el cual en su artículo 187 preveía que, «el recurso
deberá interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la
respectiva sentencia», entonces, el plazo vencía el 3 de noviembre de 2012, y el
recurso los presentó la señora Esneda Lasso de Morán, a través de apoderado, el 2
de noviembre de 2012, es decir, dentro de la oportunidad procesal.

3. Legitimación en la causa

Respecto de la señora Esneda Lasso de Morán recae el interés jurídico que se
debate en el sub examine, en tanto que, fue la parte demandante vencida dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de reproche.

Por su parte, el departamento del Valle del Cauca, está legitimado, pues fue parte
demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual se
profirió la sentencia que ahora se cuestiona.

La Sala procede a pronunciarse respecto de: (i) la naturaleza y marco legal del
recurso extraordinario de revisión y, (ii) el alcance y requisitos de las causales 6ª y 8ª
del artículo 250 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

4. Naturaleza y marco legal del recurso extraordinario de revisión

Lo primero que se debe indicar es que, como en este caso el recurso se presentó en
vigencia de la Ley 1437 de 2011, el asunto se tramite y decide conforme a ésta, y
como las causales invocadas son las contenidas en los numerales 3 y 8 del artículo
188 del C.C.A., en términos del C.P.A.C.A. corresponde a las prevista en los numeral
6 y 8 del artículo 250, esto es, «6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor
de una persona, otra con mejor derecho para reclamar» y, «8. Ser la sentencia
contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en
que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo
proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».

En los términos del artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos, en los eventos contemplados en el
artículo 250 del CPACA14.

13
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencias del 9 de
noviembre de 2017 y 28 de septiembre de 2016, C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cueter y Dr. César Palomino Cortés,
radicaciones 11001-03-25-000-2013-00812-00 (1658-13) y 11001-03-25-000-2013-00023-00(0068-13),
respectivamente. Reiteradas en sentencia del 1° de marzo de 2018, C.P. Dr. César Palomino Cortés, exp. 11001-
03-25-000-2013-00838-00 (1763-2013).
14
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
9

Radicado: 11001 03 15 000 2012 02117 00
Demandante: Esneda Lasso de Morán

Respecto de la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, la Corte
Constitucional lo ubica como una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin
de restablecer la justicia material15, en el mismo sentido, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de la Sala Especial
Número Tres16, explicó que, en general, es un medio de impugnación excepcional
contra la sentencia, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada. Se
propone con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del
ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por las sentencias injustas.
Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la
sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario.
Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la
labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material.

De ahí que, el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador
ha determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de
situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten
interpretaciones más allá de lo que en buena ley se deduce de su texto.

Las causales de revisión previstas en el artículo 250 CPACA básicamente tienen que
ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos
decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del
debido proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o
la interpretación errónea de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por
violación de la ley17.

5. Del alcance y requisitos de la causal sexta: -“6. Aparecer, después de
dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para
reclamar”.

De la lectura del numeral 6 del artículo 250 del CPACA, es posible advertir que para
que se configure la causal, deben concurrir los siguientes requisitos: (i) una situación

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos
en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de
cosa juzgada y fue rechazada”.
15
Sentencia C-418 de 1994.
16
Ver, sentencia del 6 de septiembre de 2016, expediente con radicado número: 11001031500020130199800.
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Sala Especial de Decisión número 3.
17
Ibídem.

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
10

Radicado: 11001 03 15 000 2012 02117 00
Demandante: Esneda Lasso de Morán

sobreviniente; (ii) que se haya proferido sentencia a favor de determinada persona; y,
(ii) que exista otra persona con mejor derecho para reclamar lo reconocido.

Respecto a la configuración de esta causal, la Sala Plena del Consejo de Estado ha
indicado que:

“Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso, enlistadas de
manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan cuenta de
la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad
con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía del
recurso extraordinario que se analiza.

[…]

[…] no todas las causales tienen el mismo alcance temporal, pues mientras algunas
cuestionan la validez o suficiencia de las pruebas, determinable al momento del
pronunciamiento de la sentencia, otras causales se refieren a la validez o suficiencia
sobreviniente de las pruebas, es decir, luego de ocurrido un hecho posterior al
pronunciamiento del fallo.

Se advierte que la mayoría de las irregularidades constitutivas de causales de revisión
aluden a situaciones que solo son aceptables y oponibles al aparato jurisdiccional cuando
acontecen en forma posterior a la sentencia. Así ocurre con la invalidez o insuficiencia
sobreviniente de los medios probatorios (numerales 2, 3, 4 segunda hipótesis y 7) […]

El requerimiento entonces de que el hecho sea sobreviniente al fallo presupone que se
recobre la prueba no aportada en su oportunidad (numeral 2), que aparezca la persona
con mejor derecho a reclamar (numeral 3) […]”18.

6. Del alcance y requisitos de la causal octava: - “8. Ser la sentencia contraria
a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo
proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

De la lectura del numeral 8 del artículo 250 del CPACA, es posible advertir que para
que se configure la causal, deben concurrir los siguientes requisitos: i) la existencia
de una sentencia ejecutoriada anterior al fallo recurrido; ii) que las dos sentencias
sean contradictorias; iii) que la sentencia anterior constituye cosa juzgada frente a la
sentencia recurrida, en el entendido que existe identidad de partes y que tienen el
mismo objeto y causa; y iv) que en el proceso ordinario que concluyo con la
sentencia objeto del recurso de revisión se haya propuesto como excepción la cosa
juzgada y esta se haya rechazado19.

El fenómeno de la cosa juzgada busca garantizar los principios de unidad y
seguridad jurídica, igualdad, buena fe, trasparencia, eficacia economía y celeridad,
en tanto que, lo ideal es que exista un pronunciamiento sobre la misma materia y, en
ese sentido, el artículo 303 del Código General del Proceso, prevé que la sentencia
ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre
que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que
el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

18
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de diciembre 1 de 2010.
Radicado: 2008-00480-00 (REV). M.P. Susana Buitrago Valencia.
19
Sentencia del 2 de abril de 2013, radicado número: 11001-03-15-000-2001-00118-01, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo.

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
11

Radicado: 11001 03 15 000 2012 02117 00
Demandante: Esneda Lasso de Morán

Por su parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo señala que la sentencia proferida en procesos de restablecimiento del
derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración
a su favor.

Dicho de otro modo, la cosa juzgada tiene lugar cuando la controversia sometida al
conocimiento del juez ya ha sido definida en otra sentencia judicial que produce
efectos jurídicos, al punto que, impide pronunciamientos en posteriores procesos que
versen sobre el mismo objeto, en virtud del carácter definitivo e inmutable de la
decisión, en la cual, en todo caso, ya se definió la relación jurídica objeto de litigio.

Esta Corporación ha sostenido que el concepto de cosa juzgada “(…) hace
referencia al carácter imperativo a inmutable de las decisiones que han adquirido
firmeza, lo cual implica de suyo la imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados,
para introducir en ellos variaciones o modificaciones mediante la adopción de una
nueva providencia", En consecuencia, es posible “(…) predicar la existencia del
fenómeno de la cosa juzgada, cuando llegue al conocimiento de la jurisdicción un
nuevo proceso con identidad jurídica de partes, causa y objeto”20.

7. Planteamiento del problema jurídico

En los términos del recurso, a la Sala le corresponde estudiar si la sentencia
proferida el 8 de julio de 2010, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con nro.
76001233100020000287302, está incursa en las causales de revisión previstas en
los numerales 6 y 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

Para lo anterior, la Sala establecerá si los argumentos planteados por la parte
recurrente se enmarcan dentro de los presupuestos para alegar las causales
invocadas.

8. De la solución al problema jurídico planteado

La señora Esneda Lasso de Morán pidió que se dejara sin efecto la sentencia del 8
de julio de 2010, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, que revocó
el fallo del 3 de noviembre de 2006, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y en su lugar, declaró la legalidad de las resoluciones en las cuales el
Departamento del Valle del Cauca le negó la sustitución pensional como cónyuge
supérstite del causante Sigifredo Morán Salcedo21.

La petición de la señora Lasso de Morán se funda en que, la sentencia cuestionada
se encuentra incursa en las causales 6ª y 8ª del artículo 250 del Código de

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 5 de marzo de 2009,
radicado número: 11001-03-24-000-2004-00262-01, M.P. Rafael Ostau de Lafont P, reiterada en sentencia del 24
de marzo de 2011, de la Sección Tercera, Subsección A, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz, radicado número
34396 y en la sentencia del 24 de mayo de 2012 de la Sección Tercera, Subsección B, expediente número
23221, C.P. Stella Conto Diaz del Castillo.
21
En los referidos actos administrativos se concedió la sustitución pensional a favor de la señora Elba Ruby
Gálvez Álvarez, en su condición de compañera permanente, en una proporción del 50%; a los menores hijos del
causante, Juan Felipe Morán Herrera, Diego Fernando Morán Mateus y Juliana Morán Mateus, el otro cincuenta
por ciento (50%), repartido en partes iguales entre los mismos.

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
12

Radicado: 11001 03 15 000 2012 02117 00
Demandante: Esneda Lasso de Morán

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al considerar que le
asiste un mejor derecho que a la señora Elba Ruby Gálvez Álvarez, a quien se le
reconoció la sustitución pensional, en condición de compañera permanente y, porque
a la fecha de interposición del recurso había una línea jurisprudencial desarrollada
por la Corte Suprema de Justicia, en la cual se le daba una nueva interpretación al
artículo 47 de la Ley 100 de 1990, según la cual si la cónyuge demuestra que tiene
un vínculo jurídico de matrimonio con el causante y que convivió más de cinco (5)
años en cualquier época anterior a su muerte bajo la vigencia de ese vínculo, será
beneficiaria de la prestación a prorrata del término de convivencia.

Entonces, procede la Sala a analizar la configuración de las causales invocadas en el
caso concreto.

8.1. Configuración de la causal 6ª del artículo 250 del CPACA en el caso
concreto

La Sala advierte que no se configuran los supuestos que exige la causal prevista en
el numeral 6 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, pues como se indicó la causal supone una situación
sobreviniente, esto es, que exista una sentencia a favor de una persona y, que
posteriormente, aparezca otra con un mejor derecho.

En el presente caso, la señora Esneda Lasso de Morán reclama el reconocimiento de
la sustitución pensional, en calidad de cónyuge supérstite. Sin embargo, se advierte
que fue la demandante dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
en la cual se profirió la sentencia cuestionada, por lo tanto, no es una persona con
mejor derecho que haya aparecido con posterioridad a la sentencia, sino que fue la
parte vencida en el proceso.

De los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de revisión se evidencia
que, la pretensión de la parte recurrente es reabrir el debate que ya se dio ante el
juez natural de la causa, como si el recurso extraordinario de revisión constituyera
una tercera instancia.

Lo anterior teniendo en cuenta que, en el concepto de violación la recurrente insiste
en que tiene derecho a la sustitución pensional en calidad de cónyuge supérstite del
causante Sigifredo Morán Salcedo, en atención al vínculo jurídico del matrimonio que
sostenían y al tiempo de convivencia – veinticinco (25) años.

Al respecto se advierte, que la discusión que se plantea en este recurso, se resolvió
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues en la sentencia
cuestionada se concluyó que entre la cónyuge supérstite y el causante no existió
convivencia real y efectiva durante los dos años anteriores a su fallecimiento. Para el
efecto, se valoraron las pruebas aportadas al proceso, entre las que se destacan: (i)
las certificaciones del médico tratante, en el momento de convalecencia del señor
Sigifredo Morán Salcedo; (ii) citaciones de diferentes entidades al causante, que
tenían como dirección de notificaciones el domicilio compartido con la señora Elba
Ruby Gálvez Álvarez; (iii) el contrato de arrendamiento en el cual habitaba con la
compañera permanente; (iv) los testimonios recaudados en el trámite del proceso, en
los cuales se daba cuenta de que no existía una convivencia simultánea del señor
Morán Salcedo con las señoras Esneda Lasso de Morán y Elba Ruby Gálvez

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
13

Radicado: 11001 03 15 000 2012 02117 00
Demandante: Esneda Lasso de Morán

Álvarez, con base en ello, estableció que con la última de las referidas convivió de
forma exclusiva durante los últimos años de vida y, que además, era ella quien se
encontraba inscrita como beneficiaria del señor Morán Salcedo en el sistema de
salud.

Con base en lo anterior, no se advierte que la señora Lasso de Morán pueda
acreditar la existencia de un mejor derecho, pues la procedencia de la causal
conlleva la existencia de una situación exógena que no pudo analizarse dentro del
proceso y, en consecuencia, debe hacerse una revisión extraordinaria de la
providencia, con el fin de salvaguardar los derechos de todos los administrados y,
concretamente de quien no tuvo la oportunidad de un debido proceso, con lo cual
pueda concluir con total certeza que se debe romper el principio de cosa juzgada.

Conviene señalar es que, tal y como lo ha indicado esta Corporación en anteriores
oportunidades, el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación
excepcional de las sentencias, cuyo objeto es el rompimiento de la cosa juzgada,
según la cual, una vez en firme la sentencia no es procedente una nueva discusión
sobre el asunto ya resuelto. Por lo tanto, para que el recurso sea procedente, debe
comprobarse la existencia de un motivo o causal de revisión, que de manera
inequívoca demuestre la aptitud suficiente para variar los resultados de la decisión.

8.2. Configuración de la causal 8ª del artículo 250 del CPACA en el caso
concreto

La Sala anticipa que la causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011 no se configura, por las razones que se pasan a exponer:

En el presente caso la señora Esneda Lasso de Morán hace consistir la causal con
fundamento en la sentencia 40055 del 29 de noviembre de 2011, proferida por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral22, en la cual se determinó el
derecho a la pensión de sobreviviente del cónyuge separado de hecho, donde el
requisito de la convivencia por cinco años en cualquier tiempo es suficiente para que
obtenga un porcentaje de la pensión.

Entonces, se evidencia que, si bien en la anterior providencia se analizó el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente, se trata de una providencia emitida
por otra jurisdicción, la cual es posterior a la decisión recurrida – del 8 de julio de
2010- y, no existe identidad de partes, pues en los nombres que allí se relacionan no
aparece la señora Esneda Lasso de Morán.

De los argumentos expuestos por la recurrente, pareciera que su pretensión es que a
través del recurso extraordinario de revisión se aplique la providencia antes citada a
su caso particular, lo cual resulta a todas luces improcedente. Debe recordarse que,
el desconocimiento del precedente judicial «no constituye un vicio formal de la
sentencia, en el que se pueda sustentar alguna de las causales previstas por el
legislador para la procedencia del recurso extraordinario de revisión”, pues se trata
de una “inconformidad de quien la recurre frente a las consideraciones y decisión

22
Magistrado ponente Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza.

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
14

Radicado: 11001 03 15 000 2012 02117 00
Demandante: Esneda Lasso de Morán

plasmadas por el Ad quem en la sentencia de segunda instancia, como
consecuencia de haber resuelto de manera desfavorable sus pretensiones»23.

Recuérdese que para que este recurso prospere, no solo es imperativo que se
demuestre la existencia de un motivo o causal de revisión que de manera inequívoca
tenga la aptitud suficiente para variar los resultados de la decisión, sino que tal
demostración debe corresponder a las circunstancias fácticas señaladas
taxativamente en la ley como causal de revisión24.

Luego, de ninguna manera las afirmaciones en que la recurrente basó el recurso
extraordinario de revisión pueden ser entendidas como verdaderos argumentos que
se enmarquen dentro de los requisitos de la causal invocada, pues, como se vio, no
cumple con alguno de los presupuestos fácticos que la jurisprudencia de esta
Corporación ha determinado para la procedencia del mismo.

En suma, los cargos no prosperan y, en consecuencia, se impone declarar infundado
el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Esneda Lasso de
Morán, contra la sentencia del 8 de julio de 2010, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda.

9. Condena en costas

Lo primero que debe señalarse es que el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, fue
modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, para prever que “Si se declara
infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.

Sin embargo, el numeral cuarto del artículo 86 de la referida Ley 2080 de 2021, al
referirse sobre su vigencia, precisó “en estos mismos procesos, los recursos interpuestos,
la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los
términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que
se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”

Teniendo en cuenta que, en el caso concreto, el recurso extraordinario de revisión se
encontraba en curso para la fecha en que entró en vigencia la Ley 2080 de 2021, no
sería aplicable la modificación que introdujo al artículo 255 de la Ley 1437 de 2011.

En esa medida, de conformidad con lo previsto en el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “(…) Salvo en los
procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas el Código
de Procedimiento Civil (…)”.

Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso prevé:
23
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 2, sentencia de
4 de agosto de 2020, radicado 11001-03-15-000-2016-03553-00(REV). En igual sentido, Sala Especial de
Decisión No. 13, sentencia de 7 de abril de 2015 (11001-03-15-000-2013-02724-00 REV), y Sección Quinta,
sentencia de 19 de julio de 2012 (13001-23-31-000-2007-00173-01 REV).
24
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 18 de octubre
de 2007, Exp. 16433 (REV), M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
15

Radicado: 11001 03 15 000 2012 02117 00
Demandante: Esneda Lasso de Morán

“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las
siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
(…)”
(Negrillas de la Sala).

Acorde con lo anterior, en el presente caso procede la condena en costas, teniendo
en cuenta que la causal alegada en el recurso extraordinario de revisión no tiene
vocación de prosperidad y por tanto se declarará infundado.

En cuanto a la condena en costas por concepto de expensas, de acuerdo con lo
dispuesto en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, no hay
lugar a ellas porque no se encuentran causadas ni probadas en el expediente.

Como está probada la intervención del departamento del Valle del Cauca, de la
señora Elba Ruby Gálvez Álvarez, así como la designación del curador ad litem de
los señores Diego Fernando Morán Mateus y Juliana Morán Mateus, en
cumplimiento del numeral 4 del artículo 366 del Código General del Proceso, se
condenará en costas por concepto de agencias en derecho, en suma equivalente a
tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha en que se profiere
esta sentencia – un salario para cada interviniente -, atendiendo los criterios y tarifas
establecidos por el Acuerdo 1887 de 2003, de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura2526. Lo anterior, teniendo en cuenta, la naturaleza, calidad y
duración de la gestión desplegada por los apoderados de la demandada en el
trámite del recurso de revisión, la cual se evidencia en el plenario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
señora Esneda Lasso de Morán contra la sentencia del 8 de julio de 2010,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nro.
76001233100020000287302, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
25
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
26
El referido Acuerdo indica que, para los asuntos tramitados por la Jurisdicción Contencioso Administrativa
relacionados con el recurso extraordinario de revisión se concede un margen de movilidad dentro del cual el Juez
debe fijar la condena por concepto de agencias en derecho, y que en el caso de este tipo de procesos se debe
tener en cuenta lo siguiente: “Sin cuantía: Hasta seis (6) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con
cuantía: Hasta el diez por ciento (10%) del valor de las pretensiones de la demanda de revisión”.

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
16

Radicado: 11001 03 15 000 2012 02117 00
Demandante: Esneda Lasso de Morán

Segundo: Condenar en costas a la parte recurrente y a favor del departamento del
Valle del Cauca, de la señora Elba Ruby Gálvez Álvarez, así como la
designación del curador ad litem de los señores Diego Fernando Morán
Mateus y Juliana Morán Mateus, las cuales se liquidarán por Secretaría.

Tercero: Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a tres (3) salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta
providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por el
recurrente.

Tercero: En firme la providencia, archívese la actuación.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente de la Sala

Con aclaración de voto Con salvamento parcial de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

(Firmado electrónicamente)
NICOLÁS YEPES CORRALES

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx
17

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.