Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03706-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03706-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-03706-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
9 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202403706-00
Actor: Instituto Nacional de Metrología
Demandado: Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el Instituto Nacional de Metrología
contra la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
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Núm. único de radicación: 110010315000202403706-00
Actor: Instituto Nacional de Metrología
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor1 presentó acción de tutela contra la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 22 de marzo de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 110013342051202100013-01, vulneró su derecho
fundamental invocado supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, el señor Juan Alberto Arias Prieto presentó en su contra demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el
fin de que se declarara: i) la nulidad del Oficio de 23 de abril de 2020, mediante el
cual se negó la petición encaminada a obtener el reconocimiento y pago de las
diferencias generadas al omitir la reserva especial del ahorro en la liquidación de
los siguientes factores salariales: bonificación por recreación, prima de actividad,
viáticos, horas extras, prima de dependientes, bonificación por servicios prestados,
prima de junio, vacaciones, prima de vacaciones, prima de diciembre, prima de
navidad y cesantías; y ii) la nulidad del Oficio de 6 de julio de 2020, a través del
cual se resolvieron los recursos de apelación y reposición presentados en contra
del acto administrativo antes mencionado, confirmando lo resuelto.
3.1. Precisó que, a título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) cancelar la
diferencia o reajuste generados al omitir la reserva especial del ahorro como parte
integral de la asignación básica mensual devengada, retroactiva desde el 1.° de
enero de 2017 y hasta cuando se hiciere efectivo el reconocimiento, relacionada
con los conceptos de bonificación por recreación, prima de actividad, viáticos,
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “7ED_ANEXOS_14_56pdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo
aportado en forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202403706-00
Actor: Instituto Nacional de Metrología
horas extras, prima de dependientes, bonificación y servicios prestados, prima
semestral de junio, vacaciones, prima de vacaciones, prima semestral de
diciembre, prima de navidad y cesantías; y ii) cancelar la diferencia entre la
asignación del cargo que ostentaba en ese momento en encargo y el salario
asignado para el cargo dentro de la planta de personal de esa entidad al liquidar
los factores relacionados con los conceptos de bonificación por recreación, prima
de actividad, viáticos, horas extras, prima de dependientes, bonificación y servicios
prestados, prima semestral de junio, vacaciones, prima de vacaciones, prima
semestral de diciembre, prima de navidad y cesantías.
4. Manifestó que, el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de
Bogotá, mediante sentencia de 21 de abril de 2022, resolvió negar las pretensiones
de la demanda.
5. Indicó que, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 22 de marzo de 2024,
resolvió:
“[…] Primero: Revocar la sentencia del veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós
(2022), proferida por el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Administrativo Oral del Circuito
de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso instaurado por
el señor Juan Alberto Arias Prieto contra el Instituto Nacional de Metrología de
Colombia (INM), para en su lugar:
Segundo: Declarar la nulidad de los Oficios de fechas 10 de marzo de 2020 y 23 de
abril de 2020, con los cuales se negó el reajuste de unos factores salariales teniendo
en cuenta para su liquidación la reserva especial del ahorro a favor del señor Juan
Alberto Arias Prieto, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.
Tercero: Como restablecimiento del derecho del derecho, condenar al Instituto.
Nacional de Metrología de Colombia (INM) a reajustar la prima por dependientes y la
prima semestral de junio y diciembre devengadas por el señor Juan Alberto Arias
Prieto, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.109.099, teniendo en cuenta
la reserva especial del ahorro para la liquidación de las mismas, desde el 10 de marzo
de 2017, por prescripción trienal, y en adelante mientras la continúe devengando.
[…]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…]estima la Sala que teniendo en cuenta lo dispuesto en el marco normativo y
jurisprudencial de esta providencia se puede concluir a grandes rasgos, lo siguiente:
i) a través del Decreto 1695 del 27 de junio de 1997, se suprimió y ordenó la
liquidación de Corporanónimas, atribuyéndole la obligación del pago de los beneficios
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Actor: Instituto Nacional de Metrología
económicos de las Superintendencias afiliadas a la misma a las propias
superintendencias; sin embargo, los empleados que ya eran beneficiarios del régimen
especial de prestaciones económicas con anterioridad a la supresión de
Corporanónimas, continuaban gozando de los mismos a cargo de la respectiva
Superintendencia; ii) la Reserva Especial del Ahorro constituye “salario”, comoquiera
que al retribuir directamente la prestación del servicio de los empleados de las
Superintendencias, no puede ser confundido con una prestación social; iii) se
entiende por salario, suma que habitual y periódicamente recibe el empleado como
retribución por sus servicios, tales como primas, sobresueldos, bonificaciones, gastos
de representación, etc., además de la asignación básica fijada por la ley para los
diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio. Así, no todo lo devengado por el
trabajador en forma habitual constituye asignación básica sino salario, concluyéndose
que la Reserva Especial del Ahorro constituye salario y forma parte de la asignación
básica devengada por los empleados que estuvieron afiliados a “Corporanónimas” y
iv) los servidores trasladados de la SIC al INM conservarán el régimen salarial y
prestacional que vienen percibiendo en los empleos de que son titulares en la planta
de personal de la Superintendencia de Industria y Comercio, mientras permanezcan
en el empleo en el cual fueron incorporados y en caso de darse un cambio de empleo
permanente por haber participado en concurso de ascenso, y una vez se realice la
posesión en el nuevo empleo, éste asumirá el régimen salarial y prestacional previsto
para el empleo al cual ascienda, es decir se despojará del derecho a recibir la Reserva
Especial del Ahorro del cual era beneficiario en el régimen especial que se encontraba
el empleo del que era titular al momento de la incorporación a la planta de personal
del INM. No siendo así respecto de los empleados que fueron encargados o
comisionados en una vacante dentro del mismo INM, comoquiera que no se genera
una separación permanente del cargo.
Ahora, de conformidad con el acervo probatorio obrante en el expediente, se concluye
por la Sala que el demandante i) ostenta el cargo en carrera de profesional
universitario, código 2044, grado 09 y ocupa el cargo de profesional especializado,
código 2028, grado 15 en encargo mientras de (sic) surte el concurso de forma
definitiva el mismo desde el 15 de junio de 2012 (Resolución No. 051 del 15 de junio
de 2012); ii) ha devengado en el cargo que ostenta en encargo los siguientes factores
salariales asignación básica mensual, encargo, reserva especial del ahorro,
retroactivo, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados,
bonificación por recreación, prima de actividad, prima semestral de junio y diciembre,
prima de navidad y prima por dependientes; iii) que el demandante presentó derecho
de petición el 10 de marzo de 2020, solicitando tener en cuenta la reserva especial
del ahorro para liquidar unos factores salariales; iv) mediante Oficio del 23 de abril de
2020, se dio respuesta negativa a la anterior petición, contra el cual se presentaron
los recursos de reposición y apelación y fueron confirmados por el Oficio del 6 de julio
de 2020.
Así las cosas, de conformidad con lo señalado anteriormente, procede la Sala a
establecer si la denominada reserva especial del ahorro debe tenerse en cuenta como
ingreso base de liquidación de (i) bonificación por recreación, (ii) prima de actividad,
(iii) viáticos y horas extras, (iv) prima dependientes, (v) bonificación por servicios
prestados, (vi) prima semestral de junio y diciembre, (vii) vacaciones y prima de
vacaciones, (viii) prima de navidad y (ix) cesantías, devengados por el demandante
en su calidad de empleado de la Superintendencia de Industria Comercio y trasladado
el INM. […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, esta Sala concluye que el señor Juan Alberto Arias Prieto tiene
derecho a que se reajusten únicamente los factores salariales denominados prima
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Actor: Instituto Nacional de Metrología
semestral de junio y diciembre y prima por dependientes, teniendo en cuenta la
reserva especial del ahorro y conforme a la normativa aplicable para cada caso,
cancelando a favor del actor las diferencias de los valores que resulten de la
reliquidación ordenada y las sumas pagadas.
De la prescripción. Si bien se accede al reajuste de los factores salariales de prima
semestral de junio y diciembre y prima por dependientes, la Sala precisa que se debe
analizar si se configuró el fenómeno de la prescripción de que trata el artículo 41 del
Decreto 3135 de 19686. Así, comoquiera, que el demandante presentó reclamación
el día 10 de marzo de 2020 (fs. 22 a 26, pdf. 03) y la demanda fue radicada el 22 de
enero de 2021 (pdf. 04), sin que hayan transcurrido más de tres (3) años entre la
petición y la presentación de la demanda, razón por la cual en virtud de que ha
operado el fenómeno de la prescripción trienal, se reajustarán los factores salariales
con efectos fiscales a partir del 10 de marzo de 2017, por prescripción trienal y en
adelante mientras la continúe devengando. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso, vulnerado por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “B”.
2. En consecuencia, se revoque la Sentencia de segunda instancia proferida el 22 de
marzo de 2024, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B”, y en su lugar, se confirme la sentencia
del veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022), proferida por el Juzgado
Cincuenta y Uno (51) Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, que negó las
pretensiones de la demanda. […]”.
6.1. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente2:
“[…] Ahora bien, en atención a la Sentencia proferida en el presente caso, es acertada
la naturaleza que el Despacho le otorgó a la Reserva Espacial del Ahorro calificándola
como salario y NO como sueldo o asignación básica, encontrándose alineada con la
jurisprudencia y la normatividad, no obstante, al momento de evaluar la base de
liquidación de cada una de las prestaciones de las que el demandante solicitó
reliquidación, el Despacho incurrió en un yerro que se explicará a continuación, toda
vez que su fundamento desarrolla el sentido del fallo en lo referente al punto tercero
del resuelve cuando ordena el ajuste de la Prima por dependientes con inclusión de
la Reserva Especial del Ahorro […]”.
[…]
“[…] En cuanto al Defecto fáctico encontrado en la providencia objeto de reproche,
basta con realizar una lectura de la Sentencia proferida el 22 de marzo de 2024 por
2 Transcripción literal del texto.
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Actor: Instituto Nacional de Metrología
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “B”,
para evidenciar que no tuvo en cuenta los soportes de pagos y certificaciones de
liquidación de los emolumentos de los cuales se pretendía su liquidación y sobre todo,
de las primas semestrales sobre las cuales accedió a su reliquidación […]”.
[…]
“[…] DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL, en el sentido de pasar
por alto decisiones que fueron tomadas por la misma Corporación en procesos con
identidad de supuestos fácticos y jurídicos, en los cuales se analizó de una manera
pormenorizada la situación con debida aplicación de la norma y tomando como
fundamento la ratio decidendi definida en sentencia del veintiséis (26) de noviembre
de dos mil dieciocho (2018) proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, proceso con radicado 11001-03-24-000-2014-00032-00 (3007-2014),
M.P. César Palomino Cortés, definida en control abstracto de nulidad sobre el
parágrafo segundo del artículo primero del Decreto 4887 de 2011 […]”.
[…]
“[…] Cabe destacar que el INM ha realizado la liquidación de las prestaciones
correspondientes a los funcionarios que fueron incorporados desde la SIC de manera
acertada – lo cual se pone en evidencia en las providencias expuestas -. Esto
atendiendo a que los empleados que fueron incorporados desde la Superintendencia
de Industria y Comercio al Instituto Nacional de Metrología mantienen el régimen
salarial y prestacional con el que venían desde la SIC “mientras permanezcan en el
empleo en que son incorporados”, tal y como lo dispuso el parágrafo 2o del artículo
1o del Decreto 4887 de 2011, por lo que el INM ha realizado lo pertinente para sal
aguardar ese derecho, tan es así que en los periodos en los cuales los funcionarios
han sido nombrados en encargo en empleos propios de la planta de personal del INM,
se les ha seguido reconociendo dichos beneficios, claro está, liquidados con base en
el salario del empleo original en el cual ostentan derechos de carrera, toda vez que
como lo señaló el Consejo de Estado, las prerrogativas no se pueden extender a los
empleos propios del INM por cuanto estos cuentan con un régimen salarial y
prestacional distinto.
De conformidad con lo anterior, el criterio jurisprudencial reiterado reconoce que
aunque es cierto que los funcionarios incorporados de la SIC al INM deben continuar
con los beneficios salariales y prestacionales con los que contaban en la SIC, estos
deben reconocerse en virtud del cargo original al cual fueron incorporados y sobre el
que ostentan derechos de carrera, por lo que no se pueden hacer extensivos a
empleos propios de la planta de personal del INM ejercidos en encargo.
No obstante, es de reconocerse que el precedente no constituye una obligatoriedad
absoluta, pues en razón del principio de la autonomía judicial, el juez puede apartarse
de aquellos, siempre y cuando presente (i) de forma explícita las razones por las
cuales se separa de aquellos, y (ii) demuestre con suficiencia que su interpretación
aporta un mejor desarrollo a los derechos y principios constitucionales, no obstante,
en este caso el Tribunal, a pesar de hacer sido informado por el INM de manera
oportuna sobre la jurisprudencia reciente emitida por otras salas de la misma
Corporación que utilizaron como insumo el criterio establecido por el Consejo de
Estado, falló de una manera evidentemente disímil, sin justificación alguna.. […]”.
[…]
“[…] En el presente caso, se vulnera el derecho al debido proceso del INM como
quiera que en la decisión que se controvierte, se han evidenciado la concurrencia de
defectos como el sustancial, fáctico y desconocimiento del precedente, lo cual incide
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directamente en la emisión de una providencia sin una motivación adecuada, lo que
condujo a la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
efectivo a la administración de justicia, teniendo en cuenta que de haberse realizado
una debida valoración probatoria, de haber encontrado argumentos congruentes
entre la motivación y la decisión cuando se hizo referencia a la naturaleza de la
reserva especial del ahorro para incluirla o no en la prima por dependientes, y de
haberse tenido en cuenta la jurisprudencia aplicable al caso como precedente, se
hubiese hecho un estudio legal, de contenido y alcance sustancial que
necesariamente daba como resultado una conclusión distinta a la manifestada por el
Tribunal en la providencia contra la cual se dirige la presente acción constitucional.
[…]”.
Actuación
7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 22 de julio de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó, como
terceros con interés legítimo, al Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del
Circuito de Bogotá y a Juan Alberto Arias Prieto, concediéndoles el término de tres
(3) días para rendir informe.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
8. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rindió informe en los siguientes términos:
“[…] Con el acostumbrado respeto le informo que, el 21 de abril de 2022 el Juzgado
Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito de Bogotá, emitió fallo de primera
instancia dentro del proceso identificado con el número 11001-33-42-051-2021-
00013-01, y decidió negar las pretensiones de la demanda, decisión revocada por
esta corporación mediante proveído de 22 de marzo de 2024, al considerar que “el
señor Juan Alberto Arias Prieto, tiene derecho a que se reajusten únicamente los
factores salariales denominados prima semestral de junio y diciembre y prima por
dependientes, teniendo en cuenta la reserva especial del ahorro y conforme a la
normativa aplicable para cada caso, cancelando a favor del actor las diferencias de
los valores que resulten de la reliquidación ordenada y las sumas pagadas” […]”.
[…]
“[…] Sin perjuicio de lo anterior, me atengo a lo que se demuestre durante el trámite
de la referencia, y en cuanto cualquier inconformidad frente la providencia, estimo que
las razones que sirvieron de fundamento están consignadas en la parte motiva de
este.
En cuanto a la orden contenida en el numeral sexto (6), allego link del expediente
magnético del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo estudio
[…]”.
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Actor: Instituto Nacional de Metrología
9. El Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá allegó
copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 110013342051202100013-01.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
10. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20214 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20195, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
11. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
12. Corresponde a la Sala establecer: si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Núm. único de radicación: 110010315000202403706-00
Actor: Instituto Nacional de Metrología
13. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se
dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental al debido proceso; iv) análisis del caso concreto y
finalmente las v) conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
14. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
15. Esta Sección adoptó7 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20058, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
16. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
8 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos parámetros.
18. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
20. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
9 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Núm. único de radicación: 110010315000202403706-00
Actor: Instituto Nacional de Metrología
Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional
21. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201411, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [12]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [13].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [14].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [15].
11 Ut supra página 6.
[12] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[13] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [16]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [17].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [18]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
[16] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[17] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[18] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Actor: Instituto Nacional de Metrología
22. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado19:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”20
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”21
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
23. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
19 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
20 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
21 Ibidem.
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Actor: Instituto Nacional de Metrología
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.
24. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202222 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
22
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
25. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
26. Atendiendo a que, la Corte Constitucional23 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
23 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Análisis del caso concreto
27. El actor presentó acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 22 de marzo de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 110013342051202100013-01, vulneró su derecho fundamental
invocado supra.
28. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
29. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
30. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
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Actor: Instituto Nacional de Metrología
30.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 110013342051202100013-01.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional
31. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente24:
“[…] Ahora bien, en atención a la Sentencia proferida en el presente caso, es acertada
la naturaleza que el Despacho le otorgó a la Reserva Espacial del Ahorro calificándola
como salario y NO como sueldo o asignación básica, encontrándose alineada con la
jurisprudencia y la normatividad, no obstante, al momento de evaluar la base de
liquidación de cada una de las prestaciones de las que el demandante solicitó
reliquidación, el Despacho incurrió en un yerro que se explicará a continuación, toda
vez que su fundamento desarrolla el sentido del fallo en lo referente al punto tercero
del resuelve cuando ordena el ajuste de la Prima por dependientes con inclusión de
la Reserva Especial del Ahorro […]”.
[…]
“[…] En cuanto al Defecto fáctico encontrado en la providencia objeto de reproche,
basta con realizar una lectura de la Sentencia proferida el 22 de marzo de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “B”,
para evidenciar que no tuvo en cuenta los soportes de pagos y certificaciones de
liquidación de los emolumentos de los cuales se pretendía su liquidación y sobre todo,
de las primas semestrales sobre las cuales accedió a su reliquidación […]”.
[…]
“[…] DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL, en el sentido de pasar
por alto decisiones que fueron tomadas por la misma Corporación en procesos con
identidad de supuestos fácticos y jurídicos, en los cuales se analizó de una manera
pormenorizada la situación con debida aplicación de la norma y tomando como
fundamento la ratio decidendi definida en sentencia del veintiséis (26) de noviembre
de dos mil dieciocho (2018) proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, proceso con radicado 11001-03-24-000-2014-00032-00 (3007-2014),
M.P. César Palomino Cortés, definida en control abstracto de nulidad sobre el
parágrafo segundo del artículo primero del Decreto 4887 de 2011 […]”.
[…]
24 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202403706-00
Actor: Instituto Nacional de Metrología
“[…] Cabe destacar que el INM ha realizado la liquidación de las prestaciones
correspondientes a los funcionarios que fueron incorporados desde la SIC de manera
acertada – lo cual se pone en evidencia en las providencias expuestas -. Esto
atendiendo a que los empleados que fueron incorporados desde la Superintendencia
de Industria y Comercio al Instituto Nacional de Metrología mantienen el régimen
salarial y prestacional con el que venían desde la SIC “mientras permanezcan en el
empleo en que son incorporados”, tal y como lo dispuso el parágrafo 2o del artículo
1o del Decreto 4887 de 2011, por lo que el INM ha realizado lo pertinente para sal
aguardar ese derecho, tan es así que en los periodos en los cuales los funcionarios
han sido nombrados en encargo en empleos propios de la planta de personal del INM,
se les ha seguido reconociendo dichos beneficios, claro está, liquidados con base en
el salario del empleo original en el cual ostentan derechos de carrera, toda vez que
como lo señaló el Consejo de Estado, las prerrogativas no se pueden extender a los
empleos propios del INM por cuanto estos cuentan con un régimen salarial y
prestacional distinto.
De conformidad con lo anterior, el criterio jurisprudencial reiterado reconoce que
aunque es cierto que los funcionarios incorporados de la SIC al INM deben continuar
con los beneficios salariales y prestacionales con los que contaban en la SIC, estos
deben reconocerse en virtud del cargo original al cual fueron incorporados y sobre el
que ostentan derechos de carrera, por lo que no se pueden hacer extensivos a
empleos propios de la planta de personal del INM ejercidos en encargo.
No obstante, es de reconocerse que el precedente no constituye una obligatoriedad
absoluta, pues en razón del principio de la autonomía judicial, el juez puede apartarse
de aquellos, siempre y cuando presente (i) de forma explícita las razones por las
cuales se separa de aquellos, y (ii) demuestre con suficiencia que su interpretación
aporta un mejor desarrollo a los derechos y principios constitucionales, no obstante,
en este caso el Tribunal, a pesar de hacer sido informado por el INM de manera
oportuna sobre la jurisprudencia reciente emitida por otras salas de la misma
Corporación que utilizaron como insumo el criterio establecido por el Consejo de
Estado, falló de una manera evidentemente disímil, sin justificación alguna.. […]”.
[…]
“[…] En el presente caso, se vulnera el derecho al debido proceso del INM como
quiera que en la decisión que se controvierte, se han evidenciado la concurrencia de
defectos como el sustancial, fáctico y desconocimiento del precedente, lo cual incide
directamente en la emisión de una providencia sin una motivación adecuada, lo que
condujo a la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
efectivo a la administración de justicia, teniendo en cuenta que de haberse realizado
una debida valoración probatoria, de haber encontrado argumentos congruentes
entre la motivación y la decisión cuando se hizo referencia a la naturaleza de la
reserva especial del ahorro para incluirla o no en la prima por dependientes, y de
haberse tenido en cuenta la jurisprudencia aplicable al caso como precedente, se
hubiese hecho un estudio legal, de contenido y alcance sustancial que
necesariamente daba como resultado una conclusión distinta a la manifestada por el
Tribunal en la providencia contra la cual se dirige la presente acción constitucional.
[…]”.
32. Para la Sala el asunto controvertido por el actor ya fue objeto de estudio por la
autoridad judicial accionada, y la acción de tutela contra providencia judicial no
constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez
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Actor: Instituto Nacional de Metrología
natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada incurrió en
la vulneración del derecho fundamental.
33. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea la afectación del derecho
fundamental indicado supra que tiene su origen en últimas en un debate
estrictamente legal y probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa,
por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento
adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo
en una instancia adicional.
34. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.
35. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales cuya competencia se encuentran
en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
36. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce del derecho
fundamental indicado supra.
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37. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate legal y probatorio concluido que escapa
de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, el actor alega
la vulneración del derecho fundamental indicado supra, el criterio de la relevancia
constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante la
acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración del
mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
38. Los supuestos de vulneración del derecho fundamental al debido proceso,
enunciado por el actor, no se evidencia en el caso sub examine, toda vez que el
proceso de nulidad y restablecimiento de derecho se adelantó ante el juez
competente, en respeto de las formas propias del proceso, y se respetó el derecho
de presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además, no concurre una
situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite la actuación
del juez constitucional, no se trata de amparar el derecho fundamental de un sujeto
de especial protección constitucional.
39. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.
40. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor
enuncia la trasgresión del derecho fundamental al debido proceso, esa presunta
afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.
Conclusiones de la Sala
41. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.
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Actor: Instituto Nacional de Metrología
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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