Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03706-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03706-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-03706-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
21 de octubre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03706-01
Accionante: Instituto Nacional de Metrología - INM
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03706-01
Accionante: Instituto Nacional de Metrología, INM
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B
Temas: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: nulidad y restablecimiento
del derecho. Subtema 2: reliquidación de prestaciones sociales. Subtema 3:
presupuestos generales y específicos. Subtema 4: defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente y defecto fáctico.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por el Instituto Nacional de Metrología, INM, en contra
de la sentencia del 9 de agosto de 2024 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Primera, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela de
la referencia.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El Instituto Nacional de Metrología presentó acción de tutela1 con la pretensión de
amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que consideró vulnerado
con la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, el 22 de marzo de 2024, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 11001-
33-42-051-2021-00013-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
La entidad accionante expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se
resumen a continuación:
1 índice 2 de SAMAI.
1
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Juan Alberto Arias Prieto se vinculó a la Superintendencia de Industria y Comercio 2
desde el 24 de marzo de 1994 y hasta el 29 de febrero de 2012, en el cargo de
profesional universitario, código 2044-05 de la planta global de la entidad, como
servidor de carrera administrativa.
El Gobierno Nacional, mediante Decreto 4887 del 23 de diciembre de 20113,
dispuso la supresión de unos empleos en la SIC con funciones de metrología
científica e industrial, los cuales se incorporaron a la planta de personal del Instituto
Nacional de Metrología4. En consecuencia, el señor Arias Prieto ingresó a esta
última entidad, a partir del 1 de marzo de 2012 en el cargo que ocupaba en la SIC.
Juan Alberto Arias Prieto le solicitó al INM, con escrito del 10 de marzo de 2020, la
reliquidación de diversos emolumentos prestacionales, con la inclusión de la reserva
especial del ahorro5 equivalente al 65% del sueldo básico devengado y la diferencia
de la asignación percibida durante el periodo que ocupó el empleo de profesional
especializado, código 2028, grado 15 en encargo. Sin embargo, la entidad, con
oficio del 23 de abril de 2020, negó lo requerido por el actor, decisión confirmada a
través del oficio del 6 de julio siguiente, que resolvió los recursos de reposición y
apelación interpuestos contra el primero.
Juan Alberto Arias Prieto presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con la que pretendió la nulidad de los oficios
del 23 de abril y 6 de julio de 2020 y el reconocimiento y pago de las prestaciones
reclamadas.
El Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 21
de abril de 2022, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el
demandante se incorporó al INM en el cargo de profesional universitario, código
2044-05, y desde el 4 de abril de 2013 se ha venido desempeñando como
profesional especializado código 2028 grado 15 de la planta globalizada del INM
bajo la figura de encargo, cuyo empleo se rige por un régimen salarial y prestacional
distinto. Contra dicha decisión propuso recurso de apelación.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, con
sentencia del 22 de marzo de 2024, revocó la providencia y, en su lugar, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, al concluir que el actor tenía
derecho al reajuste de la prima semestral de junio y diciembre y de la prima por
dependientes, con la inclusión de la reserva especial del ahorro.
2 En adelante SIC.
3 Por el cual se modifica la planta de personal de la Superintendencia de Industria y Comercio.
4 En adelante INM.
5 Según el Acuerdo 040 de 1991 «Por el cual se modifica el Acuerdo No.003 de 17 de Julio de 1.979 de la
extinta Sala de Gobierno de la Corporación de Empleados de la Superintendencia de Sociedades» en cuyo
artículo 58 se establece que: «[…] Corporanónimas contribuirá con sus aportes al Fondo de Empleados de la
Superintendencia de Sociedades y Corporanónimas, Entidad con Personería Jurídica reconocida por la
Superintendencia Nacional de Cooperativas. Para tal fin pagará - mensualmente a sus afiliados forzosos
una suma equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) del sueldo básico, prima de antigüedad, prima
técnica, y gastos de representación; […].»
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2.2. Pretensiones
El Instituto de Metrología -INM solicitó revocar la sentencia que profirió el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, el 22 de marzo
de 2024 y, en consecuencia, se le ordene emitir una nueva providencia que confirme
el fallo del 21 de abril de 2022 que negó las pretensiones de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho dentro del proceso con radicado número 11001-33-
42-051-2021-00013-01.
2.3. Fundamentos de la solicitud
La parte accionante consideró que la accionada trasgredió sus garantías
constitucionales, pues incurrió en la sentencia del 22 de marzo de 2024, en los
defectos: (i) sustantivo, (ii) fáctico y (iii) de desconocimiento del precedente judicial.
Frente al defecto sustantivo, precisó que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, realizó una interpretación
indebida del artículo 33 del Acuerdo 040 del 13 de noviembre de 1991 que regula el
régimen prestacional aplicable a los servidores de la SIC, en tanto le otorgó al
concepto de reserva especial del ahorro la naturaleza de asignación básica para
determinar que este emolumento debía incluirse para liquidar la prima de
dependientes, sin tener en cuenta que «la Reserva Especial del Ahorro constituye
salario y no asignación básica».
En lo que respecta al defecto fáctico, mencionó que la autoridad judicial accionada
omitió valorar adecuadamente los soportes de pagos y certificaciones de liquidación
de emolumentos reclamados por Juan Alberto Arias Prieto, con los que se
demostraba que el INM realizó la liquidación y el pago de las primas semestrales,
tal y como lo establece el artículo 59 del Acuerdo 040 de 1991, es decir, con
inclusión de la reserva especial del ahorro.
En cuanto al desconocimiento del precedente, afirmó que el accionado no tuvo en
cuenta providencias del mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca6, en las
que se desestimó la inclusión de la reserva especial del ahorro para liquidar la prima
de dependientes a favor de los empleados de carrera de la SIC, incorporados al
INM, en atención a su naturaleza salarial; y, a su vez, desconoció que la primas
semestrales de junio y diciembre se han pagado adecuadamente por la entidad, de
conformidad con lo dispuesto en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2018
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B7, que declaró la nulidad
parcial del parágrafo segundo del artículo 1° del Decreto 4887 del 23 de diciembre
de 20118.
6 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 15 de septiembre
2022, radicado: 11001333501420150014201.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, Sentencia del 18 de abril 2023,
radicado: 11001-33-35-012-2020-00355-01.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, Sentencia del 13 de Julio de 2023,
radicado: 11001-33-35-021-2021-00001-01. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, Sentencia del 28 de noviembre de 2023. radicado: 11001-33-35-014-2015-00489-01.
7 Radicado 11001-03-24-000-2014-00032-00 (N.I. 3007-2014).
8 Por el cual se modifica la planta de personal de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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2.4. Trámite procesal
El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante auto de 22 de julio de 20249,
admitió la demanda; ordenó la notificación del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B; y dispuso comunicar el escrito de
tutela al Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá y a Juan Alberto Arias
Prieto10, en calidad de terceros interesados.
2.5. Intervenciones
2.5.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B11 realizó un recuento de las actuaciones procesales surtidas al
interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho e informó que las
razones que sirvieron de fundamento a la providencia cuestionada en sede de tutela
están consignadas en la parte motiva de la decisión.
2.5.2. El Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá y los terceros
con interés guardaron silencio12.
2.6. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Primera13, con sentencia del 9 de agosto de 2024
declaró improcedente la solicitud de tutela al considerar que no se acreditó el
requisito de relevancia constitucional, porque los argumentos presentados por la
tutelante, si bien plantearon la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, están sustentados en un debate estrictamente legal y probatorio.
Agregó que los supuestos de vulneración del derecho al debido proceso, planteados
por la parte actora, no se evidencian en el caso objeto de estudio, toda vez que el
proceso de nulidad y restablecimiento de derecho se adelantó ante el juez
competente, con el respeto de las formas propias del medio de control judicial, y se
garantizó el derecho a presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además, no
concurre una situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite
la intervención del juez constitucional.
2.7. Escrito de impugnación
El Instituto Nacional de Metrología impugnó14 la decisión del Consejo de Estado,
Sección Primera, para lo cual argumentó que el requisito de relevancia
constitucional se encuentra superado, toda vez que su derecho fundamental al
debido proceso resultó afectado al ordenar la autoridad judicial accionada la
reliquidación prestacional incluyendo emolumentos a los que el demandante no
tenía derecho.
9 índice 4 de SAMAI, documento: «16Auto que admite» del expediente de tutela con radicado 11001-03-15-000-
2024-03706-00.
10 Índices 7 y 12 de SAMAI expediente de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-03706-00.
11 Índice 13 de SAMAI documento: «25RECIBE PRUEBAS_20243706pdf(.pdf) NroActua 13» del expediente de
tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-03706-00.
12 Índice 9 de SAMAI.
13 Índice 16 de SAMAI.
14 índice 20 de SAMAI del expediente de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-03706-00.
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Adujo que, en casos similares, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se
pronunció sobre la reserva especial del ahorro para liquidar las prestaciones de los
servidores de la SIC incorporados al INM, y concluyó que la entidad ha calculado y
pagado las prestaciones de sus empleados adecuadamente, con base en el salario
del cargo que ocupan por derecho de carrera y la reserva especial del ahorro, para
las primas semestrales.
Resaltó que Juan Alberto Arias Prieto se incorporó desde la SIC al INM desde el 1
de marzo de 2012 para ejercer el cargo de Profesional Universitario, código 2044,
grado 09, con derechos de carrera, y durante el tiempo en que estuvo vinculado al
INM se le nombró bajo la figura del encargo en el empleo de profesional
especializado, código 2028, grado 15, de la planta global del INM desde el 4 de abril
de 2013, por lo que sus beneficios salariales y prestacionales se pagaron según el
Acuerdo 040 de 1991 y el Decreto 4887 de 2011.
Consideró que la decisión impugnada no realizó un estudio de fondo del asunto,
que le permitiera constatar que la providencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca omitió efectuar una debida valoración probatoria del caso, acorde
con las circunstancias fácticas acreditadas en el proceso ordinario, la normativa y la
jurisprudencia del Consejo de Estado, así como los demás antecedentes
jurisprudenciales del mismo tribunal sobre la materia.
Por lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnado y se acceda a la
pretensión de amparo.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en segunda instancia, el recurso
de impugnación interpuesto contra la sentencia del 9 de agosto de 2024 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera.
3.2. Legitimación en la causa
3.2.1. La legitimación en la causa por activa del Instituto Nacional de Metrología,
INM se encuentra acreditada, por cuanto actuó como parte demandada en el
proceso ordinario en el que fue expedida la sentencia de segunda instancia que
acusó de desconocer sus derechos fundamentales.
3.2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en la medida en
que fue la autoridad que emitió la providencia que, afirmó el tutelante, vulneró su
derecho fundamental al debido proceso.
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3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado15 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional16.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe
acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales17 y, por tanto,
constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, una de las siguientes causales o defectos: i) orgánico;
ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución18.
Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
3.3.1. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte
Constitucional19 ha sentado jurisprudencia sobre el deber que le asiste al juez de
tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por
las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los
lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
18 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
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Así pues, la jurisprudencia constitucional20 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»21 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»22;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y,
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las que la providencia judicial afectó graves
derechos fundamentales.
En el caso particular, la cuestión es relevante, ya que la parte accionante, más allá
de indicar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, expuso que
en el fallo tutelado se configuraron vicios relacionados con la interpretación de la
normativa aplicable y la ausencia de valoración probatoria, concretamente la
certificación de pagos expedida por la oficina de talento humano de la entidad,
determinante para la decisión.
Así, resulta notorio que el yerro fáctico en el que adujo incurrió la decisión judicial
objeto de tutela, lejos de estar enmarcado en un supuesto de legalidad, podría incidir
sustancialmente en la definición de la controversia.
3.3.2. La entidad accionante no tiene otros mecanismos ordinarios y/o
extraordinarios para proteger su derecho fundamental al debido proceso, pues
agotó las instancias respectivas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho de decisión objeto de tutela.
3.3.3. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la sentencia
proferida el 22 de marzo de 2024, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, se notificó a las partes por correo electrónico el 3
de abril de 202423, y la demanda de tutela se presentó el 18 de julio de 202424dentro
de un plazo de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia Constitucional 25 y
el Consejo de Estado26 como razonable.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
23 Índice 21 SAMAI, documento denominado: «Soporte notificación SENTENCIA» - expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho, radicado 11001334205120210001301, Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
24 índice 1 de SAMAI.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-466 de 2022.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado
No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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3.3.4. La parte actora, en el escrito de tutela, expuso de forma clara y concreta
los hechos y argumentos en que sustentó la afectación de sus derechos
fundamentales. Finalmente, la providencia reprochada no se emitió en un trámite de
tutela.
De acuerdo con lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los
requisitos generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales
específicas en los términos que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
La Sala deberá definir si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, al proferir la sentencia del 22 de marzo de 2024 incurrió
en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente y, en
consecuencia, vulneró el derecho fundamental al debido proceso del Instituto
Nacional de Metrología.
Para el efecto se estudiará: (i) generalidades de los defectos invocados, y (ii) el
caso en concreto.
3.5. Las causales específicas de procedibilidad
La parte actora en el escrito de tutela consideró que la accionada transgredieron
sus garantías constitucionales, porque incurrieron en los defectos: (i) fáctico, (ii)
sustantivo, y (iii) desconocimiento del precedente.
3.5.1 El defecto fáctico
De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»27. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión»28 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia y
da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»29. Por su parte, la dimensión negativa
se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran
los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución
del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes
que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en
aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»30.
En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
27 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
28 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
30 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso31.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el análisis
del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia
judicial32, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta, por qué el
juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede convertirse en
una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia»33.
Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica, por
lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente
opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de
los materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas.
3.5.2. El defecto sustantivo
Conforme con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o, porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado34.
31 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
32 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
33 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
34 Corte Constitucional, sentencia T-474 de 2008.
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De este modo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la
acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación
de una norma legal o reglamentaria, en razón a que los jueces son autónomos para
escoger entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren
más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo
230 de la Constitución Política.
La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 2006 se pronunció sobre la
limitación del principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las
normas, en los siguientes términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]35.
En este sentido, la Corte ha precisado que la interpretación que hace el juez de las
normas que aplica a un caso concreto, encuentra límite en el carácter normativo de
la Constitución (artículo 4º de la CP), en la obligación de dar eficacia a los derechos
fundamentales (artículo 2º superior), en la primacía de los derechos humanos
(artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP), y en la garantía al acceso a
la administración de justicia (artículo 228 Superior)36.
3.5.3 El desconocimiento del precedente judicial
El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
deben garantizar el respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y
relevantes, pues estas decisiones garantizan la efectividad de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación de la
interpretación de las normas jurídicas.
La Corte Constitucional37 ha considerado que el precedente se define como «la
sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su
pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo».
Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede clasificar
en dos clases a saber: «(i) el precedente horizontal, el cual hace referencia a las
decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por el
35 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006.
36 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
37 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015.
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mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical, que se refiere a las decisiones
adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la
jurisprudencia38.»
Así, el precedente horizontal supone que, en principio, un juez individual o colegiado
no puede separarse del fijado en sus propias sentencias, por lo que su carácter
vinculante se deriva del respeto por la línea argumentativa y decisoria que ha
establecido previamente en sus providencias, en atención a los principios de buena
fe, seguridad jurídica y confianza legítima e igualdad39, lo cual no impide que los
jueces según al asunto sometido a su conocimiento puedan exponer de forma clara,
suficiente, y razonable los argumentos que justifican separarse del sentido de sus
decisiones previamente proferidas.
Por su parte, el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de unificar
la jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía
judicial del juez, comoquiera que debe respetar la postura del superior, ya sea de
las altas cortes o de los tribunales.
En este orden, toda decisión previa adoptada por los órganos de cierre de las
diferentes jurisdicciones que se dirija a resolver un problema jurídico originado con
similares circunstancias fácticas y jurídicas, al que debe resolver el juez, debe ser
tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad,
especialmente, el contenido de la ratio decidendi, «ya que además de ser el
fundamento normativo de la decisión judicial, define, frente a una situación fáctica
determinada, la correcta interpretación y, por ende, la correcta aplicación de una
norma»40, salvo que existen razones jurídicas particulares que impongan
modificarlo.
Según lo expuesto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el
desconocimiento del precedente consiste en aquella circunstancia por la que una
autoridad judicial modifica su posición frente a determinado asunto, o se separa del
criterio establecido por su superior jerárquico, sin cumplir con la carga
argumentativa correspondiente en esos casos, ya que con ese proceder se
desconocen principios de relevancia constitucional como la igualdad, la seguridad
jurídica, la confianza legítima, entre otros, relacionados con el respeto del
precedente.
Por ello, la Corte Constitucional41 ha referido que un cambio de la postura
jurisprudencial resulta viable siempre y cuando se justifique de manera razonada la
decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de autonomía,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así
pues, en caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se
produce una violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de
la acción de tutela.
38 Corte Constitucional, sentencia T-460 de 2016.
39 Corte Constitucional, sentencia T-489 de 2013.
40 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
41 Corte Constitucional, sentencia T- 446 de 2013.
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3.6. El caso concreto
El Instituto Nacional de Metrología impugnó la sentencia del 9 de agosto de 2024
proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, al considerar que no efectuó
una valoración de fondo sobre los defectos en los que incurrió el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en la
providencia del 22 de marzo de 2024, en la que ordenó la reliquidación de la prima
de dependientes y las primas semestrales de junio y diciembre, devengadas por
Luis Alberto Arias Prieto, con la inclusión de la reserva especial del ahorro.
La entidad afirmó que, el juez del proceso ordinario incurrió en defecto sustantivo
por indebida interpretación del artículo 33 del Acuerdo 040 de 199142 porque
concluyó que la reserva especial del ahorro tiene naturaleza de asignación básica
y, por lo tanto, constituye factor para liquidar la prima de dependientes, sin tener en
cuenta que «la Reserva Especial del Ahorro constituye salario y no asignación
básica».
El instituto tutelante manifestó que el tribunal accionado desconoció el precedente
horizontal, al no considerar las providencias de la misma autoridad judicial en las
que se desestimó la inclusión de la reserva especial del ahorro para liquidar la prima
de dependientes, y reconocieron los pagos del instituto respecto de las primas
semestrales de junio y diciembre, y de los dependientes de los empleados de
carrera de la SIC, incorporados al INM.
De igual manera, el accionante expresó que se configuró un defecto fáctico por falta
de valoración probatoria porque la sentencia objeto de tutela no se pronunció sobre
el alcance de la certificación expedida el 17 de abril de 2020 por el coordinador de
Gestión de Talento Humano del Instituto Nacional de Metrología, con la que, en su
criterio, se demostró que la entidad liquidó las primas semestrales, incluyendo la
reserva especial del ahorro en los pagos efectuados a Luis Alberto Arias Prieto, en
cumplimiento de lo que establece el artículo 5943 del Acuerdo 040 de 1991.
42 Normativa a través de la cual se establecen las prestaciones sociales, económicas y médico-asistenciales a
su cargo de La Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades, CORPORANÓNIMAS.
En este sentido, se aclara que el artículo 2° del Decreto 2156 de 1992 «por el cual se reestructura la Corporación
Social de la Superintendencia de Sociedades, CORPORANÓNIMAS», define el objeto de la corporación en los
siguientes términos: «La Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades, CORPORANÓNIMAS,
como entidad de previsión social, tendrá a su cargo el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales,
económicas y médico asistenciales consagradas en las normas vigentes para los empleados públicos de las
Superintendencias de Industria y Comercio, de Sociedades y Valores, de la misma Corporación, en la forma
que disponga sus estatutos y reglamentos internos, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias».
[Negrilla y subrayado fuera de texto original]
43 «ARTICULO 59. PRIMAS Y RECONOCIMIENTOS. - Corporanónimas reconocerá y pagará las primas y
demás reconocimientos determinados por la ley.
PARAGRAFO 1.- Corporanónimas reconocerá a sus afiliados forzosos una prima semestral equivalen te a un
mes del sueldo que tuvieren el 30 de junio y el 31 de diciembre respectivamente, pagaderas dentro de los quince
(15) primeros días de Junio y Diciembre de cada año.
Para la liquidación de estas primas se tendrá en cuenta además del salario la prima de antigüedad, los gastos
de representación, la prima técnica, la prima de alimentación y transporte, bonificación por servicios prestados
y la reserva especial del ahorro.
Cuando el afiliado forzoso no hubiere servido durante el semestre completo, tendrá derecho a la mencionada
prima en pro porción al tiempo servido a razón de una sexta parte por cada mes o fracción de mes laborado.
[…]».
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3.6.1. El defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente propuesto
por la actora
Para examinar el defecto sustantivo por la indebida interpretación de las normas y
el desconocimiento del precedente judicial formulado por el tutelante, esta
subsección estima necesario precisar los fundamentos expuestos por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en la decisión
objeto de tutela, para luego exponer las consideraciones de la Sala sobre el asunto.
Fundamentos de la sentencia objeto de tutela
Al respecto, la autoridad judicial accionada en la sentencia del 22 de marzo de 2024
concluyó que Juan Alberto Arias Prieto tiene derecho a que se reajusten,
únicamente, dos de los «factores salariales44» reclamados, esto es, las primas
semestrales de junio y diciembre y la prima por dependientes. En consecuencia,
condenó al Instituto Nacional de Metrología a pagar a favor del demandante la
reliquidación de dichas primas incluyendo la mencionada reserva especial del
ahorro, desde el 10 de marzo de 2017, por prescripción trienal.
Para lo anterior, el tribunal analizó la naturaleza del concepto denominado «reserva
especial del ahorro», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 del Acuerdo 040
de 1991 de cuyo contenido infirió que se trata de una prestación económica de pago
mensual a los afiliados forzosos de «CORPORANÓNIMAS», en un porcentaje
equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) de lo devengado por concepto de
sueldo básico, prima de antigüedad, prima técnica y gastos de representación.
En este sentido, la autoridad accionada indicó que el Consejo de Estado, Sección
Segunda45 en distintas providencias analizó el alcance de dicha norma, y consideró
que la reserva especial del ahorro constituye «salario», pues al retribuir
directamente la prestación del servicio de los empleados de las superintendencias,
no puede ser confundido con una prestación social.
Más adelante, el tribunal aclaró la diferencia entre los conceptos de salario y
asignación básica o sueldo, a partir de una interpretación integradora entre la Ley
83 de 1931, el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, el artículo 127 del Código
Sustantivo del Trabajo y el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado46 del 18 de julio de 2002, para deducir lo siguiente:
[…] el salario, es una noción: amplia que para el sector público comprende todas
las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por
sus servicios, tales como primas, sobresueldos, bonificaciones, gastos de
representación, etc., además de la asignación básica fijada por la ley para los
diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio. Así, no todo lo devengado por el
trabajador en forma habitual constituye asignación básica sino salario y en ese
mismo sentido se puede concluir que la Reserva Especial del Ahorro constituye
44 Así las denominó el tribunal.
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado Interno No. 13910, sentencia del 26 de marzo de 1998.
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado S-822 sentencia del 14 de marzo de 2000.
46 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicado No. 1393 del 18 de julio de 2002.
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salario y forma parte de la asignación básica devengada por los empleados que
estuvieron afiliados a «Corporanónimas» [negrilla fuera del texto original].
Conforme este contexto normativo, la jurisprudencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
corporación, citados, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca procedió a
determinar el alcance de la reserva especial del ahorro, para liquidar las
prestaciones reclamadas por el señor Juan Alberto Arias Prieto. En consecuencia,
examinó la regulación establecida para: (i) la bonificación especial de recreación47;
(ii) la prima de actividad48; (iii) la bonificación por servicios prestados49; (iv) las
vacaciones y prima de vacaciones50; (v) la prima de navidad51, y (vi) las cesantías52;
lo cual le permitió concluir que estas prestaciones se liquidan con fundamento en la
asignación básica o sueldo básico; por tanto, no debían ser liquidadas con la
inclusión de la reserva especial del ahorro, dado que este último concepto tiene la
connotación de salario.
En lo que respecta a la prima de dependentes53, el tribunal afirmó que según el
artículo 33 del Acuerdo 040 de 1991 dicha prestación es «devengada por los
empleados afiliados a Corporanónimas, en cuantía del 15% del sueldo básico, y
tal como se explicó, la reserva especial del ahorro constituye el 65% del sueldo
básico, por lo tanto, debe ser tenida en cuenta para liquidar la prima por
dependientes» [Negrilla fuera de texto original].
Por lo anterior, consideró que Juan Alberto Arias Prieto tenía derecho a que la prima
de dependientes, que devengaba, se liquidara con la inclusión de la reserva especial
del ahorro.
Las consideraciones de la Sala sobre el defecto sustantivo
Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió
en un defecto sustantivo, la Sala debe precisar que la prima de dependientes, como
se indicó en la providencia cuestionada, fue creada en el artículo 33 del Acuerdo
040 de 1991 como un reconocimiento prestacional a favor de los empleados de las
superintendencias que acrediten tener beneficiarios que dependan
económicamente de ellos, en los siguientes términos:
Artículo 33. Prima por dependientes. Los afiliados forzosos que adscriban
beneficiarios que les dependan económicamente y que cumplan con lo dispuesto en
el artículo 15 y siguientes de este Reglamento, tendrán derecho a recibir
mensualmente una prima por dependientes en cuantía equivalente al quince por
ciento (15%) del sueldo básico. [Subrayado y negrilla fuera de texto original].
47 Artículo 14 del Decreto 708 de 2009.
48 Artículo 44 del Acuerdo No. 040 de 1991.
49 Artículo 45 del Decreto 1042 de 1978.
50 Artículos 18 y 24 del Decreto 1045 de 1978.
51 Artículos 32 y 33 del Decreto 1045 de 1978.
52 Artículos 40 y 45 del Decreto 1045 de 1978.
53«Acuerdo 040 de 1991 - Artículo 33. Prima por dependientes. Los afiliados forzosos que adscriban
beneficiarios que les dependan económicamente y que cumplan con lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes
de este Reglamento, tendrán derecho a recibir mensualmente una prima por dependientes en cuantía
equivalente al quince por ciento (15%) del sueldo básico».
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La anterior norma, indica expresamente que la prima de dependientes corresponde
al 15% del sueldo básico, es decir, la remuneración ordinaria que recibe
mensualmente el empleado público y que fija Gobierno Nacional a través de sus
decretos anuales, sin incluir otros emolumentos salariales, como se define en el
numeral 1.254 del artículo 1° del Decreto 190 de 2003 «Por el cual se reglamenta la
Ley 790 de 2002».
Sin embargo, el tribunal accionado al analizar la situación concreta de Juan Alberto
Arias Prieto ordenó la reliquidación de la prima de dependientes con la inclusión de
la reserva especial del ahorro, que como quedo visto, constituye salario y no
asignación básica, concepto este último que de acuerdo con el artículo 33 citado,
constituye la base de liquidación de la prima en comento.
Sobre el particular, se debe resaltar que la providencia objeto de tutela, al estudiar
los conceptos de prima de actividad, bonificación por servicios prestados,
vacaciones y prima de vacaciones, prima de navidad, desestimó la inclusión de la
reserva especial del ahorro para liquidar dichos emolumentos, bajo la consideración
que las normas que regulan estas prestaciones disponen que se tendrá en cuenta
la «asignación básica» o «sueldo básico mensual» y concluyó que: «[…] la
asignación básica es diferente al salario, y la Reserva Especial del Ahorro constituye
salario y no asignación básica».
En este orden de ideas, se observa que las consideraciones expuestas por el
tribunal accionado respecto del alcance de la reserva especial del ahorro para
liquidar la prima de dependientes a favor del señor Juan Alberto Arias Prieto, parten
de una interpretación particular que le otorga efectos distintos a la premisa
expresamente consignada en el artículo 33 del Acuerdo 040 de 1991, pues realiza
una exégesis que se aparta de los postulados normativos y jurisprudenciales
desarrollados en el ordenamiento jurídico sobre la materia, e incluso por la misma
sentencia objeto de tutela.
Cabe recordar que el defecto sustantivo se configura cuando «la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del
margen de interpretación razonable o «la aplicación final de la regla es inaceptable
por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes»55 o cuando
se aplica una norma jurídica de forma manifiestamente errada, sacando de los
parámetros de la juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la decisión
judicial»56.
Así las cosas, la autoridad accionada incurrió en defecto sustantivo y, en
consecuencia, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la tutelante, en
la medida en que no realizó una adecuada interpretación del supuesto fáctico
descrito en el artículo 33 del Acuerdo 040 de 1991, para determinar el alcance de la
54 «1.2 Asignación básica: Remuneración fija u ordinaria que recibe mensualmente el empleado público sin
incluir otros factores de salario y que, por ley, es la que corresponde a cada empleo según la denominación y
grado dentro del sistema de nomenclatura y clasificación de empleos».
55 Corte Constitucional, sentencia T-125 de 2012.
56 Corte Constitucional, Sentencias T-1101 de 2005, T-1222 de 2005 y T-051 de 2009.
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reserva especial del ahorro a efectos liquidar la prima de dependientes solicitada
por Juan Alberto Arias Prieto.
Las consideraciones de la Sala sobre el desconocimiento del precedente
La parte actora mencionó que algunos pronunciamientos57 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsecciones A, D y F58 con
similitud de supuestos fácticos y jurídicos han considerado que «[…] es el propio
Acuerdo 040 de 1991 el que determina que el sueldo básico es un emolumento que
no involucra la reserva especial del ahorro, pues, […], justamente el primero es uno
de los factores para liquidar la segunda.». En tal virtud, precisó que la prima de
dependientes «se paga en el equivalente al quince (15%) del sueldo básico, esto
es, a la remuneración asignada al empleo, sin incluir lo que se percibe a título de
salario, por lo que la reserva especial del ahorro no puede ser incluida.».
Lo anterior, impone aclarar que, las discrepancias existentes entre las sentencias a
las que se hizo referencia en el párrafo precedente, dictadas por distintas
subsecciones de una misma corporación judicial sobre un mismo tema, no permiten
inferir la existencia de un desconocimiento del precedente jurisprudencial en virtud
de los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, que le
asiste a las autoridades judiciales para pronunciarse en los asuntos sometidos a su
conocimiento.
3.6.3. El defecto fáctico propuesto por la actora
Para la parte actora, se configuró un defecto fáctico porque el tribunal omitió valorar
la certificación expedida el 17 de abril de 2020 por el coordinador de Gestión de
Talento Humano del Instituto Nacional de Metrología, con la que se demostraba que
la entidad liquidó las primas semestrales, incluyendo la reserva especial del ahorro
en los pagos a Luis Alberto Arias Prieto, por lo que tal documento exigía un ejercicio
consciente y razonable de valoración de parte de la autoridad judicial accionada.
Al respecto se debe mencionar que el instituto Nacional de Metrología, con el escrito
de contestación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, allegó
una certificación59 expedida el 17 de abril de 2021 por el Coordinador de Gestión
del Talento Humano de la entidad, en la que consta lo siguiente:
Que el señor JUAN ALBERTO ARIAS PRIETO, identificado con la cédula de
ciudadanía número 79.109.099, presta sus servicios en el Instituto Nacional de
Metrología – INM desde el 01 de marzo de 2012, por incorporación de funcionarios
de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC según Decreto 4887 de 2011;
ostenta derechos de carrera en el cargo de Profesional Universitario código 2044
grado 09 y en la actualidad ocupa en calidad de encargo de la planta de personal del
INM el cargo de Profesional Especializado código 2028 grado 15 de la Subdirección
57 Índice 18 de SAMAI, expediente de tutela 11001-03-15-000-2024-03706-00.
58 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, Sentencia del 18 de abril de
2023, radicado N° 11001-33-35-012-2020-00335-01, Demandante: Luis Carlos Castro Camacho, Demandado:
Instituto Nacional de Metrología, M.P. Luis Alfredo Zamora Acosta, radicado N° 11001-33-35-014-2015-00489-
01, Demandante: Alexander Martínez López, Demandado: Instituto Nacional de Metrología, M.P. Luis Alfredo
Zamora Acosta.
59 Índice 13 de SAMAI, documento denominado: «29RECIBE PRUEBAS_11001334205120210001(.zip)
NroActua 13», expediente de tutela 11001-03-15-000-2024-03706-00.
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de Metrología Física del INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA –INM. El citado
funcionario ha devengado, en el ejercicio del cargo ocupado en encargo, las
siguientes sumas desde el mes de febrero del año 2017: […]
En este documento, se relacionaron los emolumentos devengados durante los años
2017 a 2020, y se discriminaron las sumas pagadas a Juan Alberto Arias Prieto, por
concepto de: asignación básica mensual, encargo, reserva especial del ahorro,
retroactivo, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por recreación, prima de
actividad, prima semestral de junio y diciembre, prima de navidad, bonificación por
servicios y prima de dependientes.
El carácter relevante de la certificación fue un argumento que expuso el Instituto
Nacional de Metrología, en la contestación de la demanda, y le informó al juez de
conocimiento que la constancia permitía deducir que la entidad pagó los salarios y
prestaciones a Juan Alberto Arias Prieto con fundamento en el régimen salarial y
prestacional de la Superintendencia de Industria y Comercio, incluyendo la reserva
especial del ahorro, que no solo se reconocía como parte del salario, sino que se
tomó para liquidar las primas semestrales de junio y diciembre.
Así pues, al examinar las actuaciones surtidas al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, se observa que el mencionado documento fue
allegado oportunamente por la parte demandada, lo cual le permitió al Juzgado
Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá, en la sentencia del 21 de abril de 2022,
referir lo percibido por el demandante, pero sin hacer el análisis pertinente para
constar la inclusión o no de la reserva especial del ahorro en las primas de
dependiente y semestrales que como argumento de defensa planteó la entidad.
Por el contrario, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, en el fallo del 22 de marzo de 2024, dentro del acápite de elementos
probatorios relacionó la certificación del 17 de abril de 2020 allegada por el Instituto
Nacional de Metrología, únicamente, para identificar los conceptos laborales
percibidos por Juan Alberto Arias Prieto, entre estas, las primas de junio y diciembre.
A partir de lo anterior, el tribunal en el texto de la providencia concluyó que este
emolumento60 «fue efectivamente devengado por el actor» y, en consecuencia, «se
debe reajustar por parte de la entidad demandada dicho factor teniendo en cuenta
la tan mencionada reserva especial del ahorro».
Sin embargo, esta Sala considera, que la conclusión a la que arribó la autoridad
judicial accionada para determinar el reconocimiento del derecho reclamado por el
demandante se soportó en un insuficiente análisis probatorio, toda vez que en
ninguno de los apartes de la providencia objeto de tutela, realizó un juicio de
valoración de la totalidad de los elementos de prueba allegados al proceso ordinario,
para definir las razones fácticas que justificaran la aplicación de la consecuencia
jurídica del supuesto de hecho descrito en el parágrafo del artículo 59 del Acuerdo
040 de 1991, a favor del señor Arias Prieto.
En este sentido, se advierte, que los argumentos desarrollados en la providencia
cuestionada, en modo alguno refieren un análisis claro, preciso y completo de la
60
Reserva especial del ahorro.
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certificación de 17 de abril de 2021 suscrita por el Coordinador de Gestión del
Talento Humano, y que constituyó el fundamento de la defensa de la entidad pues,
con dicho documento pretendía demostrar que lo reclamado por el demandante le
había sido reconocido y pagado y, en ese orden, la demanda carecía de sustento.
Lo anterior si se tiene en cuenta que, prima facie, la certificación del 17 de abril de
2021 no solo se limitaba a relacionar los conceptos laborales devengados por Juan
Alberto Arias Prieto durante los años 2017 a 2020, sino que, además, mostraba las
sumas pagadas al demandante por conceptos de asignación básica mensual,
reserva especial del ahorro, primas semestrales de junio y diciembre y la
bonificación por servicios prestados, cuyos valores resultaban determinantes para
constatar, si efectivamente, el Instituto Nacional de Metrología pagó correctamente
las prestaciones reclamadas por el actor.
Así las cosas, para esta Sala, la certificación del 17 de abril de 2021 merecía un
mayor análisis del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, para aclarar el alcance de los hechos y pretensiones aducidos por
Juan Alberto Arias Prieto, y por la entidad demandada para definir la prosperidad o
no del reconocimiento y pago del derecho laboral reclamado.
No obstante, la autoridad judicial omitió la valoración de contenido de dicho
documento, y se limitó a describir el texto de la norma (Acuerdo 040 de 1991), para
concretar el derecho a favor del demandante, sin siquiera, examinar el proceder del
área de Talento Humano del Instituto Nacional de Metrología, frente al pago de las
prestaciones laborales del demandante.
Dicho esto, la Sala estima pertinente recordar que una de las modalidades en las
que se manifiesta el defecto fáctico, de acuerdo con lo expuesto por la Corte
Constitucional, es por la no valoración del material probatorio allegado al proceso
judicial «[…] Esta hipótesis tiene lugar, cuando la autoridad judicial a pesar de que
en el respectivo proceso existen elementos probatorios, “omite considerarlos, no
los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la
decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado
su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría
sustancialmente”» 61.
En ese orden, esta Sala considera que la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en una falta de valoración
probatoria, y en consecuencia, vulneró el derecho al debido proceso de la tutelante,
por cuanto omitió analizar el contenido de la certificación del 17 de abril de 2020,
allegada, oportunamente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y con
la cual la entidad demandada, hoy actora, pretendió demostrar el pago de lo
reclamado y la legalidad del acto administrativo demandado.
IV. CONCLUSIÓN
Por las razones anotadas, la Sala concluye que la providencia adoptada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, de un
61 Corte Constitucional, sentencia Su-453 de 2019.
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lado, efectuó una interpretación ajena al supuesto de hecho descrito en el artículo
33 del Acuerdo 040 de 1991, para determinar el alcance de la reserva especial del
ahorro para liquidar la prima de dependientes reclamada por Juan Alberto Arias
Prieto, y de otro, omitió valorar la certificación del 17 de abril de 2020 allegada por
el Instituto Nacional de Metrología, al proceso ordinario.
En virtud de lo anterior, la Subsección revocará la sentencia del 9 de agosto de 2024
proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, en su lugar, amparará el
derecho fundamental al debido proceso del Instituto Nacional de Metrología; y
dejará sin efectos la sentencia del 22 de marzo de 2024 que revocó la providencia
del 21 de abril de 2022, proferida por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de
Bogotá.
En consecuencia, se ordenará a la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que emita una nueva providencia, en la
que decida la apelación interpuesta por la parte demandante dentro del expediente
con radicado 11001-33-42-051-2021-00013-01, y valore en su integridad el
contenido de la certificación expedida el 17 de abril de 2021 por el Coordinador de
Gestión del Talento Humano del Instituto Nacional de Metrología, INM.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 9 de agosto de 2024 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera. En su lugar, CONCEDER el amparo del
derecho fundamental al debido proceso del Instituto Nacional de Metrología, INM,
por los motivos expuestos en esta decisión.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 22 de marzo de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del expediente con radicado
núm. 11001-33-42-051-2021-00013-01, en atención a las razones expresadas en
esta decisión.
TERCERO: ORDENAR a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, en el término de veinte (20) días hábiles
contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión
en la que atienda lo indicado en la parte considerativa de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
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La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JLAS/SEJV
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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