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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03722-00

Fecha
16 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03722-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por Yina Paola Castaño Mestra, en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, por los motivos expuestos en las consideraciones de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA a la abogada Laura Ramírez Sierra, como apoderada del distrito de Medellín, en los términos y para los efectos del poder allegado con el escrito de contestación. CUARTO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03722-00

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

16 de agosto de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03722-00
Accionante: Yina Paola Castaño Mestra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-03722-00
Accionante: Yina Paola Castaño Mestra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

Tema: Tutela contra providencia judicial – debido proceso.
Subtema 1: Requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide en primera instancia la acción de tutela incoada por Yina Paola Castaño
Mestra, en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela1.

Yina Paola Castaño Mestra, presentó escrito en el que solicitó el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y principio de gratuidad, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Antioquia con ocasión de la sentencia del 29 de enero de 2024, proferida dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 5001-33-33-029-2022-
00185-01 a través de la cual confirmó el fallo del Juzgado Veintinueve Administrativo
Oral de Medellín que negó las pretensiones de la demanda e impuso condena en
costas y agencias en derecho [en primera instancia].

1.2. Hechos probados del proceso ordinario.

De lo narrado en el escrito de tutela y las pruebas allegadas al expediente, la Sala
resume los siguientes:

1.2.1. La accionante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, y Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín, con la pretensión de reconocer la sanción moratoria prevista
en el artículo 99 de la ley 50 de 1990. Se le asignó el número de radicado 05001-33-
33-029-2022-00185-00.

1.2.2. El Juzgado Veintinueve Administrativo Oral de Medellín profirió sentencia el 29
de junio de 2023, en la que negó las pretensiones y condenó en costas a la
demandante, además, fijó agencias en derecho, a su cargo, en el equivalente a 1
SMLMV. Esta determinación encontró fundamento en lo dispuesto en los artículos 188
de la Ley 1437 de 2011, y 361, 365 y 366 del Código General del Proceso, bajo los
lineamientos del modelo objetivo, y dado que fue vencida en el proceso.

1 Índice 0002 del aplicativo Samai.

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Accionante: Yina Paola Castaño Mestra

1.2.3. La accionante apeló la decisión, y expuso razones por las que consideró que le
asistía derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, sin embargo, no
atacó la condena en costas.

1.2.4. El recurso fue decidido por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Tercera de Decisión en sentencia del 29 de enero de 2024, en la que desestimó los
argumentos presentados, sin embargo, la providencia no abordó el estudio de la
condena en costas de primera instancia. En el título denominado “cuestión previa” del
numeral 2.2. de la providencia, el Tribunal aclaró que la parte actora solicitó la
revocación de la condena en costas en una etapa posterior al recurso de apelación,
por lo que, abordar su estudio sería contrario al principio de congruencia.

Por otro lado, dicha corporación decidió no imponer condena en costas en segunda
instancia (ordinal segundo de la parte resolutiva).

1.3. Pretensiones y argumentos de tutela.

1.3.1. Yina Paola Castaño Mestra, solicitó al juez constitucional amparar sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al
principio de gratuidad, y dejar sin efectos parcialmente la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, concretamente, el ordinal segundo (2°) de la
parte resolutiva “donde no condena en costas en esta instancia” (sic).

1.3.2. La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes argumentos:

1.3.2.1. Indicó que en la decisión cuestionada no estudió la conducta procesal asumida
por la allí demandante para condenarla al pago de las costas y agencias en derecho,
ni comprobó que en efecto estuvieran causadas.

1.3.2.2. Consideró vulnerado su derecho al debido proceso, dado que la sentencia de
unificación del 11 de octubre de 2023 -que reguló lo atinente a la sanción moratoria-
no dispuso la condena en costas quien fungió allí como demandante; además, que, en
oportunidades anteriores, el Consejo de Estado había reconocido el derecho a la
sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para los docentes
oficiales, y, por tanto, contaba con elementos para formular la demanda.

1.3.2.3. Se remitió al contenido del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, para indicar
que en el proceso ordinario no aparecen probados los gastos judiciales dado que se
trata de un asunto de puro derecho, y que no se acreditó temeridad o mala fe de parte
de la demandante. Agregó que, la norma no obliga a la imposición de condena en
costas, sino que prevé que el operador judicial se pronuncie al respecto.

1.4. Trámite de tutela e intervenciones.

1.4.1. El Despacho del magistrado ponente, mediante auto del 23 de julio de 20242,
admitió la acción de tutela, vinculó como terceros con interés a la Nación – Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al
Distrito de Medellín y al Juzgado Veintinueve Administrativo Oral de Medellín, ordenó
las notificaciones. Asimismo, solicitó el expediente digital del proceso ordinario.

2 Índice 0005 del aplicativo SAMAI.

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1.4.2. El Distrito de Medellín3, solicitó desestimar las pretensiones de la parte actora,
al considerar que el Tribunal Administrativo de Antioquia actuó con amparo de las
normas aplicables. Aunado, indicó que la solicitud carece de relevancia constitucional
dado que recae sobre un asunto meramente legal y económico.

1.4.3. Juzgado Veintinueve Administrativo Oral de Medellín4, allegó el link de
acceso al expediente e informó que, para proferir la sentencia de primera instancia
actuó dentro de los parámetros legales, con respeto de los derechos al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, además, destacó que la acción de tutela
no puede convertirse una tercera instancia para definir situaciones consolidadas.

1.4.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia, guardó silencio.

1.4.4. La Fiduprevisora S.A.5-6, sostuvo que la acción de tutela es improcedente, dado
que las autoridades judiciales accionadas actuaron de conformidad con las normas
aplicables, por lo que no se existe vulneración de derechos fundamentales.

1.4.5. Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional aportó escrito de
contestación7 y solicitó se declare improcedente la solicitud de amparo, sin embargo,
esta entidad no fue vinculada en el auto admisorio, como si lo fue el Fondo Nacional
de prestaciones Sociales del Magisterio, quien se pronunció a través de la
Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo del
Fondo.

En consecuencia, no se tendrá en cuenta el escrito aportado por el Ministerio de
Educación Nacional.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2.2. Subsidiariedad.

Al respecto, resulta importante destacar que este requisito está definido expresamente
en el artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de la acción de
tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el
artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 19918.

3Archivos electrónicos ubicado en los índices 10 y 11 del aplicativo SAMAI.
4Archivo electrónico ubicado en el índice 0012 y 0013 del aplicativo SAMAI.
5 En calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones

Sociales del Magisterio
6 Índice 0014 del aplicativo SAMAI, identificado con el certificado
EA64E941CF77966B 01DF046E9172C790 C8732E213D800783 08572D1A80C19DF4
7 Índice 009 de aplicativo SAMAI identificado con el certificado E7BE11BA1FBC66B2
2AE433FEDE2FFFF6 EAF56D744B551E8B FC1F033C0D10E4B5
8“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
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Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el
amparo se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios
que el legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin
de: (i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el
proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos
atiendan un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la
forma de enmendar errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al
interior de un proceso judicial9.

La Corte Constitucional10 ha sostenido que es deber de la parte accionante desplegar
todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de interferir en las
competencias de las distintas autoridades judiciales.

2.3. Caso concreto.

Conforme a la revisión del expediente digital de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el núm. 5001-33-33-029-2022-00185-01, la Subsección encuentra lo
siguiente:

• Yina Paola Castaño Mestra, promovió la demanda con la pretensión de
reconocer de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la ley 50 de 1990.

• A través de sentencia de fecha 29 de junio de 2023, el Juzgado Veintinueve
Administrativo Oral de Medellín negó las pretensiones, y encontró procedente
condenar en costas y agencias en derecho a la accionante, por ser vencida en
el proceso, y con amparo con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, y los artículos 361, 365 y 366 del Código General del Proceso.

• La demandante presentó recurso de apelación, con argumentos a partir de los
cuales consideró que sí le asistía derecho al reconocimiento y pago de la
sanción, no obstante, no expuso reparos frente a la condena en costas, ni
solicitó su revocación.

Posterior al vencimiento del término para apelar, presentó otro escrito en el que
solicitó se revocara la condena en costas.

• El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Decisión, resolvió el
recurso de apelación a través de la sentencia del 29 de enero de 2024, y
confirmó la decisión de primera instancia. En la decisión, como cuestión previa,
se indicó que no se abordaría el estudio de la solicitud de revocación de la
condena en costas, dado que fue presentado por fuera de término.

Por otro lado, abordó el estudio de fondo de los argumentos que la parte actora
expuso para solicitar le fuese reconocido el derecho, y los desestimó.

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante. (…)”.
9 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
10 Sentencia C-590 de 2005.

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La Sala advierte la parte actora incumplió el requisito de subsidiariedad, ya que
contaba con otro mecanismo judicial para la protección de sus derechos
fundamentales, esto es, la interposición del recurso de apelación dirigido en forma
concreta a atacar la decisión del Juzgado Veintinueve Administrativo Oral de Medellín
de imponer a su cargo el pago de las costas y las agencias en derecho. Sin embargo,
las piezas procesales allegadas dan cuenta que este aspecto en particular fue atacado
en forma extemporánea.

Está demostrado que, pese a que interpuso el recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia del proceso ordinario, con posterioridad al vencimiento del
término para apelar, la actora presentó otro escrito en el que atacó la condena en
costas, por lo que este aspecto en particular no fue objeto de estudio por el Tribunal
Administrativo de Antioquia al momento de proferir la sentencia de segunda instancia,
en garantía del principio de congruencia.

Por lo anterior, la Subsección considera que la acción de tutela se torna improcedente,
pues aceptar lo contrario, implicaría reemplazar los mecanismos ordinarios previstos
por el legislador para la protección de los derechos, y suplir la inactividad de la parte
que no hizo uso de los mismos en la oportunidad pertinente. Además, la parte actora
no acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable que permita una flexibilización
de la regla de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por Yina
Paola Castaño Mestra, en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, por los
motivos expuestos en las consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA a la abogada Laura Ramírez Sierra, como
apoderada del distrito de Medellín, en los términos y para los efectos del poder
allegado con el escrito de contestación.

CUARTO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SFGS

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