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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03722-01

Fecha
11 de octubre de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03722-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE 1. Confirmar la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03722-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

11 de octubre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03722-01
Demandante: Yina Paola Castaño Mestra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03722-01
Demandante: YINA PAOLA CASTAÑO MESTRA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Costas procesales. Falta de relevancia
constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por Yina Paola Castaño Mestra contra la
sentencia del 16 de agosto de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 19 de julio de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
la señora Yina Paola Castaño Mestra, pidió la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al principio de gratuidad.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 29
de enero de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Antioquia, Sala Tercera de
Decisión que confirmó la sentencia de primera instancia que denegó pretensiones en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho e impuso costas con radicado 05001-
33-33- 029-2022-00185-01 sin condenar en costas en segunda instancia.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

Solicito que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD y conforme a esto se revoque de manera parcial la sentencia
emitida por el TRIBUNA ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA (sic) MAGISTRADO
PONENTE JAIRO JIMENEZ ARISTIZABAL radicado: 05001333302520220048001 el numeral segundo
donde no (sic) condena en costas en esta instancia.

1 Índice 1 Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-03722-00

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03722-01
Demandante: Yina Paola Castaño Mestra

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 9 de mayo de 2022, la actora presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio FOMAG y el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, para
que le fuera reconocida y pagada la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías
y de los intereses a las cesantías previstas en el artículo 99 de la ley 50 de 1990 y el
decreto 1176 de 1991.

La demanda se adelantó bajo el radicado 05001-33-33-029-2022-00185-00 y
correspondió al Juzgado 29 Administrativo del Circuito de Medellín que, por sentencia del
29 de junio de 2023, denegó las pretensiones de la demanda e impuso condena en
costas.

Inconforme con la decisión, la demandante apeló porque a su juicio el proceso se radicó
en el año 2022, antes de que se expidiera la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-
2023, que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han aplicado el artículo 99 de
la ley 50 para el reconocimiento de la sanción moratoria a docentes, que el régimen
especial docente contenido en el artículo 15 de la ley 91 de 1989 no es más favorable
que el régimen general en relación con la liquidación de los intereses a las cesantías, que
el régimen especial de los docentes no implica que las entidades nominadoras se
sustraigan de la obligación de consignar a tiempo las cesantías y que el hecho que los
docentes sean empleados públicos no justifica que sus prestaciones sociales sean
canceladas de forma extemporánea.

El Tribunal Administrativo del Antioquia, Sala Tercera de decisión, por sentencia del 29
de enero de 20242 confirmó la providencia apelada y no impuso condena en costas en
esa instancia.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la demandante expuso las razones por las que la acción de tutela
cumple los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial.

En cuanto al fondo del asunto, señaló que la sentencia vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia con gratuidad e
incurrió en los siguientes defectos:

Desconocimiento del precedente porque con la condena en costas el Tribunal
Administrativo de Antioquia pasó por alto que en sentencia de unificación SUJ-032-CE-
S2-2023 del 11 de octubre de 2023 (dictada cuando estaba en curso la segunda instancia
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho) no fueron fijadas reglas en torno
a la imposición de condena en costas.

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Notificada el 30 de enero de 2024, con radicado 05001-33-33-029-2022-00185-01

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Demandante: Yina Paola Castaño Mestra

Que, además, desconoce dos sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado3 y
una de la Sección Primera4 de la misma Corporación en las cuales, dice, tampoco se
impuso condena en costas.

Defecto sustantivo pues, a su juicio, la autoridad judicial demandada omitió realizar una
valoración de la conducta procesal asumida por las partes según lo señalado en el
artículo 79 del CGP y tampoco verificó si en el expediente se encontraba acreditada la
causación de gastos.

Que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021, no
impone el deber de condenar en costas, sino de pronunciarse al respecto y señala que
para disponer sobre condena en costas la demanda debió presentarse con manifiesta
carencia de fundamento legal.

Insistió en que no se encontraba probada la causación de gastos judiciales porque se
trataba de un asunto de pleno derecho.

5. Intervenciones

La coordinadora de tutelas de la dirección de gestión judicial de la Fiduprevisora S.A.
quien actúa en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, pidió que se
desvinculara por falta de legitimación en la causa por pasiva. Subsidiariamente, solicitó
que se declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir los requisitos de
procedencia exigidos por la jurisprudencia.

Afirmó que, en todo caso, no hubo vulneración a los derechos fundamentales del debido
proceso y acceso a la administración de la justicia de la accionante porque las
actuaciones desplegadas en el proceso ordinario no están viciadas de nulidad.

El jefe de la oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional solicitó
declarara improcedente por falta de relevancia en la acción constitucional.

Que lo pretendido por la accionante es discutir la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los
docentes, pero ese problema jurídico ya se encuentra resuelto por la sentencia SU-573-
2019. Que el debate no tenía relevancia constitucional por tratarse de una cuestión legal
y de contenido patrimonial.

La apoderada del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín solicitó
que se declarara improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional por tratarse de un asunto meramente legal y económico.

El Juzgado 29 Administrativo de Medellín allegó el expediente digital y solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito general de
relevancia constitucional. Que la demandante pretende usarla como una tercera instancia
del proceso ordinario.

3
Sentencia 2017-01196 del 9 de febrero de 2023, Exp. 05001-23-33-000-2017-01196-01, CP. Wilson Ramos Girón. Sentencia 21873
del 5 de abril de 2018, Exp. 76001-23-33-000-2012-00430-01, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4
Sentencia del 16 de abril de 2015, Exp. 25000-23-24-000-2012-00446-01, CP. Guillermo Vargas Ayala.

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Demandante: Yina Paola Castaño Mestra

Que, en todo caso, con las actuaciones de su despacho no fueron vulnerados los
derechos fundamentales de la accionante.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, guardo silencio.

6. Sentencia Impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 26 de
agosto de 2024, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de
subsidiariedad.

Explicó, la demandante contaba con otro mecanismo judicial para la protección de sus
derechos. Que inicialmente presentó recurso de apelación para controvertir las razones
de la negativa en las pretensiones, y luego, de manera extemporánea, cuestionó la
imposición de la condena en costas.

Que la acción de tutela no puede ser usada como un mecanismo que supla la inactividad
de la parte en el proceso ordinario, máxime cuando la parte actora no adujo la ocurrencia
de algún perjuicio irremediable que permitiera la flexibilización de la regla de
subsidiariedad.

7. Impugnación

La demandante impugnó el fallo de primera instancia. Reiteró la vulneración a sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y
gratuidad porque, a su juicio, no aparecen gastos judiciales probados, ya que se trata de
un asunto de puro derecho y acudió a la justicia de buena fe, razones a que, a su juicio,
son suficientes para prescindir de la imposición a la condena en costas.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Yina
Paola Castaño Mestre para dejar sin efectos la sentencia del 29 de enero de 2024,
dictada por el Tribunal Administrativo del Antioquia, Sala Tercera de Decisión que
confirmó la sentencia de primera instancia que denegó pretensiones en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho e impuso costas con radicado 05001-33-33- 029-
2022-00185-01 sin condenar en costas en segunda instancia.

La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, pero porque la tutela no
cumple el requisito general de relevancia constitucional. La demandante propone un
argumento nuevo que pudo plantear en el recurso de apelación en contra de la sentencia
de primera instancia en el proceso ordinario, pero que formuló de manera extemporánea.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente,
(iii) analizará el caso concreto.

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Demandante: Yina Paola Castaño Mestra

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos6 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-007, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

En cuanto al cuarto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela para proponer
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario, la Sala ha explicado
que la acción de tutela no está concebida como un mecanismo que permita a las partes
adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse
ante el juez natural.

4. Análisis del caso concreto

La Sala entiende que la inconformidad de la demandante contra la sentencia del 29 de
enero de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Oralidad radica en que esa autoridad judicial confirmó la decisión de primera instancia,
en concreto, lo que tiene que ver con la imposición de costas en su contra. Lo anterior
se advierte al revisar que el argumento principal de la parte actora es el acceso a la
administración de justicia y la gratuidad del servicio, así como que las costas solo se
imponen cuando se encuentren probadas en el proceso.

La demandante adujo que la autoridad judicial demandada no advirtió que era
improcedente la condena en costas, toda vez que no se trató de una conducta abusiva
de los instrumentos judiciales o del desgaste procesal innecesario. Que no aparecen

5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
6 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
7 7 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Demandante: Yina Paola Castaño Mestra

probados gastos judiciales a cargo de la entidad demandada por ser un asunto de puro
derecho, además, actuó con buena fe y sin temeridad.

Sin embargo, la Sala encuentra que la acción de tutela no cumple el requisito de
relevancia constitucional, como pasa a explicarse.

En la sentencia de primera instancia dictada en el proceso ordinario por el Juzgado 29
Administrativo de Medellín se resolvió:

Primero. DECLARAR la falta de legitimación en la causa del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO representada legalmente por la FIDUPREVORA SA y la del DISTRITO DE CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.
Segundo. NEGAR la nulidad del acto administrativo No. 202130513007 del 18 de noviembre de 2021, que
resolviera la solicitud de la parte actora y aquellas consecuenciales, en la demanda instaurada por la señora YINA
PAOLA CASTAÑO MESTRA.

Tercero. CONDENAR en costas a la señora YINA PAOLA CASTAÑO MESTRA fijando como agencia en derecho
la suma equivalente a MEDIO (1/2) SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE a favor de cada de cada
demandada esto es FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -representada y por
ello a favor de la Fiduprevisora SA- y el DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN,
por lo que corresponde condena por agencias en derecho a cargo total de la parte actora la suma de UN (1)
SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE.

Cuarto. RECONOCER a la abogada DARLYN MARCELA GARCIA RODRIGUEZ como abogada sustituta de la
parte demandada NACION-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO (FONPREMAG), en los términos del poder a ellos conferidos y de conformidad con el articulo
75 de la Ley 1564 de 2012.

Quinto. RECONOCER a la abogada NATALIA GALLEGO RENDON como abogada del Distrito de Medellín en los
términos del poder conferido y de conformidad con el artículo 75 de Ley 75 de 2564 de 2012.

La decisión fue comunicada por correo electrónico del 7 de julio de 2023, de modo que
fue efectivamente notificada el 11 de julio de ese año. La parte demandante apeló de
manera oportuna la decisión el 21 de julio en el siguiente sentido (se transcriben los
apartes pertinentes del resumen realizado en la sentencia cuestionada):
• La postura jurisprudencial vigente en la Corte Constitucional y el Consejo de Estado es que el artículo 99 de la ley
50 de 1990 es aplicable a los docentes, especialmente refiriéndose a la sentencia SU-098 de 2018.
• El régimen especial docente contenido en el artículo 15 de la ley 91 de 1989 no es más favorable que el régimen
general, en relación con la liquidación de los intereses a las cesantías
• Que los docentes pertenezcan a un “régimen especial”, no implica que las entidades nominadoras y responsables
de sus prestaciones sociales sustraigan de la obligación de consignar los recursos de las cesantías en el FOMAG
al 15 de febrero de cada anualidad, razón que conlleva a un fondo desfinanciado y que siempre presenta déficit
• Los docentes son empleados públicos y legalmente no existe una razón que justifique que no tienen los mismos
derechos que un servidor público o que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo extemporáneo
• La aplicación de la norma general del artículo 99 de la ley 50, no resulta incompatible con el régimen especial que
regula la figura del auxilio de cesantías de los docentes porque no afecta los requisitos, términos y competencia
para su reconocimiento ni afecta el derecho de los docentes a esta prestación, tampoco genera exclusiones entre
los docentes del magisterio
• La aplicación del artículo 99 de la ley 50 no solo es para fondos de cesantías privados, teniendo en cuenta que,
en reiterada y amplia jurisprudencia, se extendió a los servidores públicos, incluyendo docentes oficiales, la sanción
moratoria cesa con la consignación de las cesantías al respectivo fondo prestacional del magisterio FOMAG
• El contenido normativo de la ley 50 que se solicita por aplicación jurisprudencial a los docentes afiliados al FOMAG
que tengan su régimen de cesantías anualizado, se compone también de la indemnización contenida en la ley 52,
la cual hace parte integral del artículo 99 de la ley 50 de 1990, puesto que así se estableció en el artículo 3 del
decreto reglamentario 1176 de 1991
• En los extractos de cesantías individuales de cada docente, se puede evidenciar que en el FOMAG si existe una
cuenta individual de cesantías por cada docente, las fechas en las que depositan el valor de los intereses a las
cesantías, actuación que también se hace por fuera del término legal, pero no de manera efectiva los recursos que
le fueron descontados de las nóminas al SGP y a los propios docentes, lo que los hacen acreedores a una sanción
por mora en las cesantías por consignación inoportuna de las mismas, como lo ha determinado expresamente el
consejo y la corte constitucional.

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Con auto del 10 de agosto de 2023, el juzgado de primera instancia concedió el recurso y el 4 de
diciembre de 2024 el tribunal demandado lo admitió. Sin embargo, solo hasta el 15 de enero de
2024, la señora Yina Paola Castaño Mestra pidió que se revocara la imposición de condena en
costas en primera instancia.

En la acción de tutela, la demandante señala que el Tribunal Administrativo de Antioquia
incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente al confirmar
integralmente la sentencia de primera instancia, que incluye la imposición de condena en
costas.

Como se ve, el cuestionamiento que Yina Paola Castaño Mestra ahora plantea por vía
de tutela no fue propuesto, en oportunidad, en el proceso ordinario, pues en el recurso
de apelación que presentó contra la sentencia del 4 de septiembre de 2023 no hizo
manifestación alguna en contra de la imposición de condena en costas. Solo hasta el 15
de enero del año en curso formuló argumentos en contra de la imposición de condena en
costas, por fuera del término previsto en la ley8 para apelar la sentencia.

Justamente por lo anterior, el Tribunal Administrativo de Antioquia no estaba obligado a
pronunciarse frente a cuestionamientos que no hicieron parte del recurso de apelación,
pues, el campo de acción del ad quem se supedita a las inconformidades que se
propongan en el recurso de apelación.

En consecuencia, la parte actora no puede utilizar este escenario para proponer nuevos
alegatos de inconformidad, bajo los cargos por defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial, pues la tutela contra providencias judiciales no está concebida como
un mecanismo que permita a las partes exponer los argumentos que, por negligencia o
decisión propia, dejaron de proponer oportunamente en los procesos ordinarios.

De ahí que el juez de tutela debe tener en cuenta cuál fue la discusión jurídica que el
demandante de tutela hizo valer en el proceso ordinario y, específicamente en la etapa
procesal correspondiente, de modo que no proponga una nueva o adicione argumentos
no expuestos ante el juez natural, tal y como ocurre en este caso.

Si bien la actora alega que la autoridad judicial demandada desconoció que en la
sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 dictada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado y dos sentencias de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado y una de la Sección Primera de la misma Corporación, en la que,
dice, no se advierte la imposición de condena en costas, lo cierto es que las providencias
dictadas por las secciones Primera y Cuarta de la Corporación no son aplicables al caso
concreto porque estudiaron una situación fáctica diferente a la del accionante.

En cuanto a la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección Segunda, sobre
la aplicación de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales
afiliados al FOMAG, la Sala encuentra que, en lo que interesa, esa providencia señaló
que «No se impondrá condena en costas. Lo anterior, en línea con el criterio acogido por
esta Sección en anteriores oportunidades, en las cuales consideró que, en los casos
resueltos a través de una sentencia de unificación, en aplicación de las reglas allí
definidas no hay lugar a ello, al amparo de los principios de buena fe y confianza

8 El artículo 247 de la ley 1437 señala: «El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la

providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias
dictadas en audiencia.»

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03722-01
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legítima». Es decir, no impuso condena en costas por tratarse de una sentencia de
unificación y, por eso mismo, no puede entenderse que hubiera fijado una regla
unificadora sobre el tema que resulte aplicable al caso objeto de estudio.

Lo anterior es suficiente para declarar improcedente la acción de tutela promovida por el
señor Yina Paola Castaño Mestre, porque no cumple el requisito de relevancia
constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

1. Confirmar la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en esta
providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Aclaración de voto

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