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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03726-00

Fecha
14 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03726-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Mónica Viviana Toro Cuervo, en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS el numeral segundo de la sentencia proferida el 19 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 05001-33-33-025-2022-00549-01. TERCERO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. CUARTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03726-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

14 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 11001-03-15-000-2024-03726-001
Demandante : Mónica Viviana Toro Cuervo
Demandado : Tribunal Administrativo de Antioquia
Vinculados : Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, municipio de Itagüí
y Juzgado Veinticinco (25) Administrativo de Medellín
Acción : Tutela
Derechos : Debido proceso, acceso a la administración de justicia y
gratuidad
Tema : Tutela contra providencia, condena en costas
Decisión : Sentencia de primera instancia – accede

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela
incoada por Mónica Viviana Toro Cuervo contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la gratuidad.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por la
actora frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a
la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente en torno a
las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

Mónica Viviana Toro Cuervo, quien actúa a través de apoderada judicial, interpuso el
presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la

1
Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-03726-00
Demandante: Mónica Viviana Toro Cuervo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión

gratuidad, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Decisión.

En consecuencia, solicitó dejar sin efectos, el numeral 2 del fallo de 19 de junio de 2024,
por cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión2 la
condenó al pago de costas procesales dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que promovió contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el municipio de Itagüí
(expediente 05001-33-33-025-2022-00549-01), encaminado a que se declarara la
nulidad del acto administrativo a través del cual no se le otorgó el pago de la sanción por
consignación extemporánea de las cesantías consagrada en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990. En su lugar, pidió ordenar a la autoridad accionada emitir una nueva providencia
en la que se revoque la aludida condena en costas impuesta en ese asunto ordinario.

Hechos

La tutelante aduce que promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el municipio de Itagüí (expediente
05001-33-33-025-2022-00549-01), encaminado a que se declare la nulidad del acto ficto
negativo configurado el 27 de noviembre de 2021 frente a la petición formulada el 27
de agosto de ese año, por cuyo conducto le fue negado el reconocimiento de la sanción
por mora pretendida por la consignación no oportuna de las cesantías correspondientes
al año 2020, prevista en la Ley 50 de 1990 y, como consecuencia de esa declaración y
a título de restablecimiento del derecho se conceda dicha prestación, “desde el 15 de
febrero de 2021 […] hasta el día en que se efectúe [su] pago”.

Que, en dicho trámite contencioso administrativo, en primera instancia, el Juzgado
Veinticinco (25) Administrativo de Medellín, con sentencia de 8 de septiembre de 2023
(i) negó las pretensiones, al considerar que, “el carácter especial e integral del marco
normativo previsto por el legislador en la Ley 91 de 1989, impide aplicar a los docentes
el régimen general que abarca a los demás servidores públicos y trabajadores
particulares, pues su implementación parcial tal como se pide en la demanda, numeral 3
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, desconoce el principio de inescindibilidad normativa o

2
M.P. Susana Nelly Acosta Prada.
2

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Demandante: Mónica Viviana Toro Cuervo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión

conglobamento”; y (ii) la condenó en costas.

Expone que, inconforme con esa decisión, interpuso recurso de apelación, desatado el
19 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión,
en el sentido de confirmarla, al estimar que mediante sentencia de unificación proferida
el 11 de octubre de 2023, por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del
radicado 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022), se precisó que los docentes
estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el
numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, toda vez que no es compatible con el
sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989 y, además de
ello, la condenó al pago de costas procesales al resultar vencida dentro de ese proceso3.

Sostiene que la providencia censurada, en lo relativo a la condena en costas que le
impuso, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la gratuidad, dado que no tuvo en cuenta que su actuación
dentro de las diligencias ordinarias no fue temeraria o dilatoria.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 23 de julio
de 2024, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó notificar al
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión; y (ii) dispuso vincular a
la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, al municipio de Itagüí y al Juzgado Veinticinco (25) Administrativo de
Medellín, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Alcaldía de Itagüí4. Solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la
referencia, comoquiera que la actora la utiliza “como una tercera instancia para cuestionar
la decisión de la autoridad competente”.

3
Cabe precisar que el magistrado John Jairo Álzate López, quien conforma la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia formuló salvamento de voto frente a este aspecto, al considerar que “en el presente caso no se debió condenar en costas
a la parte vencida, al no haberse demostrado que [su] apoderado hubiere realizado actuaciones temerarias o dilatorias que dificultaren
el curso normal del proceso, ni tampoco la causación de gastos ordinarios”; además, porque la sentencia reprochada se profirió “en
vigencia de la Ley 2080 de 2021, que establece que se debe valorar la conducta de las partes”.
4
Índice 00009 de Samai.

3

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Demandante: Mónica Viviana Toro Cuervo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión

2.1.2 Juzgado Veinticinco (25) Administrativo de Medellín5. Indicó que, “de los
argumentos expuestos por la […] parte accionante, se observa con claridad que los
mismos no sustentan una presunta vulneración de [sus] derechos fundamentales […], por
el contrario, lo que se controvierte es la motivación y la decisión adoptada en ambas
instancias sobre las costas procesales, lo que, a todas luces pretende convertir la
presente acción de amparo constitucional en una tercera instancia”, aunado al hecho de
que “no reviste relevancia constitucional, ya que lo que acá se [debate] se circunscribe a
un asunto puramente económico”.

2.1.3 Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión6. Sostuvo que
“la decisión adoptada se encuentra conforme a derecho, razón por la cual, no se ha
vulnerado de ningún modo, los derechos fundamentales invocados por la [demandante];
ni se acreditaron los requisitos exigidos para la procedencia de la acción constitucional,
entre los cuales se encuentran la inmediatez y subsidiariedad”.

2.1.4 Nación - Ministerio de Educación Nacional7. Pidió declarar improcedente este
trámite constitucional, puesto que “la pretensión d[e la] accionante es revivir por la vía de
la acción de tutela un debate jurídico que fue zanjado en la jurisdicción correspondiente”,
como si se tratara de una tercera instancia.

2.1.5 Fiduprevisora actuando como vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio8. Adujo que
“[l]a presente tutela resulta improcedente toda vez que las autoridades judiciales que
conoci[eron] el proceso actuaron conforme a la normativa establecida sin que se pueda
aducir que […] hayan desconocido entre otros, los precedentes judiciales relacionados
con el tema objeto de la demanda”.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de
las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de

5
Índice 00010 de Samai.
6
Por conducto de la magistrada ponente de la sentencia objeto de reproche, visible en el índice 00011 de Samai.
7
Índice 00012 de Samai.
8
Índice 00014 de Samai.
4

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Demandante: Mónica Viviana Toro Cuervo
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2021.

3.2 La acción

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico

Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual
quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el numeral 2 del fallo de 19
de junio de 2024, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera
de Decisión condenó a la tutelante al pago de costas procesales dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y el municipio de Itagüí (expediente 05001-33-33-025-2022-00549-
01); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la gratuidad invocadas en la solicitud de
amparo.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte
permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el
reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo
judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía
una vía de hecho.
5

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La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo
vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra
decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento del principio de autonomía
funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia
judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se
determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como
vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos,
uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se
produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece
de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y
(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa
completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-
590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de
tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales
de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una
sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en
aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si
no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los
órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
6

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Demandante: Mónica Viviana Toro Cuervo
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consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias
judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de
procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela
contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga indudable relevancia
constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que
se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-03726-00
Demandante: Mónica Viviana Toro Cuervo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo
de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente
para controvertir decisiones judiciales9, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de
julio de 201210, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente
contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y
la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha
aplicado en los términos antes expuestos11.

3.5 Caso concreto

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la gratuidad
de la tutelante; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías
superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la providencia
atacada quedó ejecutoriada el 28 de junio de 202412 y la solicitud de amparo se presentó
el 19 de julio siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (21 días); y (v) el fallo
acusado no desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del
asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo, pues pese a que la
actora no la alega, su inconformidad se contrae a la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la

9
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín
Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre
de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
10
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
11
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30
de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo
de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
12
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 21 de junio de 2024, motivo por el cual
se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 25 de los mismos mes y año, conforme al artículo 205 (numeral 2) del
CPACA.

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gratuidad con ocasión a la condena en costas que se le impuso en la sentencia
reprochada, por lo que en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez de
tutela está en la obligación de interpretar de manera extensiva el escrito inicial13, resulta
procedente analizar este trámite a partir de la aludida causal de procedencia de tutela
contra providencia judicial.

3.5.1 Defecto sustantivo

Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los
jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las
autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que
regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional14 ha estimado que la providencia judicial proferida con
desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo,
que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una
disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada
inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la
interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla.

Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

“Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en
una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar
a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos constitucionales.” 15

Ahora bien, antes de proceder a realizar el estudio de fondo del presente asunto, resulta
oportuno anotar que, “[e]l concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende
los denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o agencias

13
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela, esta Corte
ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos fundamentales
de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su deber esclarecer los hechos
que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y en esta
medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
14
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
15
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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del derecho, los llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros como son los
necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios
de auxiliares de la justicia como peritos y de secuestres, transporte de expediente al
superior en caso de apelación”16.

El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, sobre la condena en costas, dispone:

ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. (Énfasis propio).

Por su parte, se precisa que, comoquiera que el Código de Procedimiento Civil fue
derogado por el Código General del Proceso, se entiende que el aludido artículo 188 del
CPACA, hace remisión directa al último (Ley 1564 de 2012), el cual, al respecto en su
artículo 365, preceptúa:

ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores
a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente,
la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin
perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar
en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 28 de octubre de 2021, expediente 08001-23-33-000-2015-
80001-01 (6072-2019), C. P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-03726-00
Demandante: Mónica Viviana Toro Cuervo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará
en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán
distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se
les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin
embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o
transacción.

En el asunto sub examine se observa que la autoridad accionada, en la sentencia
censurada, en cuanto a la condena en costas impuesta en el asunto ordinario con
radicado 05001-33-33-025-2022-00549-01, acogió lo previsto en el numeral primero del
artículo 365 del CGP, según el cual “[s]e condenará en costas a la parte vencida en el
proceso […]”, “sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe”, por
ende, el argumento de la actora relacionado con que se debe observar su buena conducta
en dichas diligencias, no es suficiente para dejar sin efectos la aludida determinación.

Sin embargo, para la Sala la autoridad accionada (i) dejó de lado que se debe comprobar
la causación de las costas, lo cual, es un análisis que le corresponde efectuar solo al juez
de conocimiento, “bajo los criterios establecidos en la ley, por tanto, no obedecen al
arbitrio o discrecionalidad de los sujetos procesales ni tampoco al […]”17 suyo, lo cual no
se acreditó en este asunto; y (ii) desatendió que el artículo 188 del CPACA fue adicionado
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que dispone que la condena en costas resulta
procedente “cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia
de fundamento legal”, lo que no ocurrió en este caso, si se tiene en cuenta que la intención
de la actora era lograr el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías del año 2020, lo cual, para el momento en que radicó su demanda no
era pacifico, pues, fue precisamente ello, lo que conllevó a que dicho tema fuera objeto
de decisión por la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de unificación
SUJ-032-CE-S2-2023 proferida el 11 de octubre de 202318, en la que se determinó que
“[l]os docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989”.

17
Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia de 6 de agosto de 2029, expediente 15001-33-33-007-2017-
00036-01, C. P. Rocío Araújo Oñate.
18
CP Juan Enrique Bedoya Escobar. Expediente 66001333300120220001601 (5746-2022).
11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-03726-00
Demandante: Mónica Viviana Toro Cuervo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión

Por consiguiente, para la Sala no es dable que se pueda alegar indebido fundamento
legal en los temas relacionados con las demandas de sanción moratoria por pago tardío
de cesantías de docentes, cuando en el curso del proceso se notificó la sentencia de
unificación de 11 de octubre de 2023 que cambió el criterio y desfavoreció a los
accionantes.

Al respecto, en sentencia de tutela de 25 de julio de 2024, esta Subsección19 dispuso:

“A juicio de la Sala, la autoridad judicial demandada incurrió en defecto sustantivo al condenar
en costas a Claudia Milena Ortega Roldan bajo un criterio objetivo, pese, a que la materia fue
redimensionada por el legislador a través de la Ley 2080 de 2021, en el sentido de que si bien
ello es procedente respecto de la parte vencida en ambas instancias y de quien no se haya
advertido una conducta temeraria o de mala fe, además, deberá establecerse si careció de
fundamento legal para demandar, es decir, la decisión dependerá de un juicio valorativo de
las particularidades del caso.
[…]
Es decir, mal podría considerarse la condena en costas en cuyas controversias se definen
con fundamento en posturas producto de un cambio jurisprudencial o sentencia de unificación
proferida durante el curso del proceso ordinario, situación que a todas luces conllevaría un
desconocimiento del derecho de acceso a la administración de justicia de las partes en
contienda. […]”

De acuerdo con lo anotado, se puede concluir que la providencia censurada incurre en
defecto sustantivo, lo que impone acceder al amparo solicitado.

IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la actora acreditó
que la sentencia de 19 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Decisión, incurrió en defecto sustantivo. Por tal motivo, se
accederá a la solicitud de amparo invocada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

19
Expediente: 11001-03-15-000-2024-03346-00, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-03726-00
Demandante: Mónica Viviana Toro Cuervo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión

FALLA:

PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de Mónica Viviana Toro Cuervo, en los términos indicados en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS el numeral segundo de la sentencia proferida el 19
de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión,
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 05001-33-33-025-2022-00549-01.

TERCERO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

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